El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 12 años de prisión al que fue director del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, en el que participan decenas de menores de edad y al frente del cual estuvo entre 2015 y 2017. La Justicia ha declarado en este proceso que D.D.G, el condenado, abusó durante meses de la alumna menor de edad, manipuló a la víctima hasta que rompió lazos con su familia y amigos y, en definitiva, consiguió la “despersonalización” de la menor de edad. Los jueces de Madrid explicaron cómo en el proceso la joven relató “una situación descarnada de abuso sexual y manipulación, violencia psicológica y cosificación”.

Las distintas sentencias del caso revelan que el entonces director de este Coro, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, empezó a abusar de esta menor de edad en noviembre de 2016, una joven a la que también había seleccionado para formar parte del Coro de Cámara que igualmente dirigía por designación del gobierno regional. Abusos sexuales y vejaciones que, según dijeron los tribunales madrileños, “tuvieron lugar en condiciones que llevaron a una despersonalización” de la víctima. Si ella se quejaba de las prácticas sexuales que el pedófilo ponía en práctica, él contestaba que ella era “rara”. Siempre supo la edad que tenía, entre otras cosas por su presencia en un coro infantil que él mismo dirigía.

El director del Coro, según las sentencias del caso, “manipuló a la víctima y la sometió a una situación abusiva interpersonal temprana de manera continuada (desde los 14 hasta los 17 años), de tal forma que le hizo romper la relación de confianza que tenía con sus progenitores y le aisló de la relación con las amistades y compañeros de estudios de su edad y le dificultó realizar sus actividades cotidianas”. Un control total sobre una menor de edad que se tradujo en depresión y “quiebra de la personalidad” hasta tener pensamientos suicidas, con consecuencias que la víctima sufre a día de hoy.

Los padres presentaron una querella por estos hechos en febrero de 2017, cuando supieron lo que el director del Coro estaba haciendo con su hija, el año en que D.D.G dejó de dirigir el Coro de la Comunidad de Madrid, aunque ninguna referencia se hizo desde el Gobierno regional o desde la Consejería que dirigía entonces Rafael van Grieken. Este pedófilo, además, ha dirigido otros coros en la Comunidad de Madrid en la última década.

En sus distintos recursos, que fracasaron primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora también ante el Tribunal Supremo, el antiguo director del Coro de Niños ha combatido la cantidad reconocida como indemnización de 22.000 euros para la víctima, o ha cuestionado que no se apliquen atenuantes de dilaciones indebidas por el tiempo en el que el proceso tardó en ser sentenciado. “En el presente caso la existencia de daño moral es patente y el padecimiento psíquico experimentado a consecuencia de los hechos también”, dijo ya por ejemplo el TSJM en segunda instancia.

El Tribunal Supremo, en una sentencia que ha podido examinar este periódico, ha ratificado su condena de 12 años de prisión por delitos de abusos sexuales y también contra la integridad moral. Un proceso en el que los tribunales, además, han constatado el proceso de doble victimización al que fue sometida la víctima: “Su participación en el juicio determina necesariamente elementos de revictimización, especialmente porque en sus sucesivas declaraciones ha tenido que volver a experimentar los hechos”, dijo por ejemplo la Audiencia de Madrid. También han destacado los jueces que el director del Coro tenía el “deber de cuidarla, ayudarla y orientarla” y no lo hizo.

Las psicólogas de la Unidad de Atención a Adolescentes Víctimas de Violencia de Género explicaron durante el juicio que este era “un caso de violencia psicológica y sexual grave, vivido desde una edad temprana, de manera prolongada y por una persona de su entorno y confianza, con la vulnerabilidad que esto provoca”. Añadieron también que “sufrir violencia con este tipo de características puede originar una grave huella emocional”, tal y como ha sucedido en este caso.

Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid cuando estalló el caso Máster, ha defendido este lunes en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga a Cristina Cifuentes que era su “competencia” recabar la documentación sobre el posgrado de la entonces presidenta regional. “Era un tema que afectaba al Gobierno regional y ponía en entredicho a las universidades públicas. Era mi competencia indagar”, ha intentado justificar ante las preguntas de la fiscal Pilar Santos. No obstante, Van Grieken se ha desvinculado de su asesora Maite Feito, a quien señala la Fiscalía como quien presionó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo.

El exconsejero, que volvió a su plaza de catedrático en la URJC, ha admitido que habló en varias ocasiones con el rector, Javier Ramos, el 21 de marzo de 2018, el día que elDiario.es publicó que Cifuentes había obtenido un máster con notas falsificadas. En concreto, dos veces por la mañana, cuando Ramos le trasladó un mensaje de “tranquilidad” y le dijo que todo estaba “normal” en relación al máster de la expresidenta; y varias por la tarde, después de la rueda de prensa en la que el propio rector habló de la existencia del acta del TFM. Ese documento, que fue falsificado, sustenta la acusación por un delito de falsedad documental por el que Cifuentes se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel. 

Según el relato de Van Grieken, fue a partir de entonces que solicitó “reiteradamente” al rector la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. “Era tema importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían esa documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho”, ha afirmado ante el tribunal, ante el que ha negado que esa comparecencia fuera instada por el Ejecutivo regional. Sí ha admitido que después de la rueda de prensa habló con Marisa González, jefa de gabinete de Cifuentes, que le pidió “asesoramiento acerca de la situación” y le dijo que había que conseguir la documentación a la que había hecho alusión el rector para utilizarla en sus declaraciones públicas. 

En un comunicado, Van Grieken afirma que en su momento se sintió “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela. El exconsejero también considera que fue una irresponsabilidad “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía” y resalta que nunca dudó de “la veracidad de las afirmaciones que en primera persona aseguró el rector”. De ahí, su insistencia en solicitar la citada documentación. 

Van Grieken sí se ha desvinculado de las gestiones que Maite Feito hizo supuestamente en la URJC en relación al falso posgrado de Cifuentes. El propio rector explicó el pasado viernes que la asesora se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana del citado 21 de marzo de 2018. Feito también estuvo en la reunión en la que la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la tormenta. Van Grieken, sin embargo, ha negado haber hablado con ella ni ese día ni el anterior, cuando supuestamente la asesora ya estaba haciendo gestiones al respecto. Ella también defiende que actuó por “interés personal” y que no recibió órdenes de sus superiores al respecto. Según Van Grieken, no hablaron hasta el día 22, cuando ella le dijo que había ido a la URJC a un asunto relativo a un congreso que se iba a celebrar en unos meses.

Un profesor señala a la asesora

Sí ha apuntado a la asesora el profesor Pablo Chico de la Cámara, que impartió una de las asignaturas supuestamente cursadas por Cristina Cifuentes. El catedrático la ha situado al frente de la gestión de la crisis del máster falso desde la noche anterior a que elDiario.es revelara el caso. Según Chico de la Cámara, el rector le facilitó el teléfono de Feito la noche anterior a la noticia y, al igual que hizo la profesora Cecilia Rosado, ha dado cuenta de llamadas de Feito exigiendo documentación y evitándole cuando él le trasladó presuntas falsedades en lo que se estaba trasladando a los medios.

Chico de la Cámara estuvo imputado por el falso máster de Cifuentes, pero la causa contra él se archivó cuando la instructora redujo el caso a la falsificación del acta del TFM. Su declaración de este lunes ha confirmado que hay cuestiones que quedaron sin aclarar judicialmente con ese archivo. Antes que él había declarado la funcionaria que cambió las notas, Amalia Calonge, quien ha declarado que fue el profesor quien la llamó para ordenarle modificar la nota de Cifuentes en su asignatura y también la del TFM. Chico de la Cámara le ha acusado de mentir al asegurar que fue ella quien contactó con él y que solo supo que había una nota para la defensa del TFM cuando se desveló el escándalo.

Según el relato del profesor, Calonge le advirtió de que Cifuentes aparecía como no presentada y que él revisó su documentación y que, efectivamente, constaba un notable en sus archivos. Chico de la Cámara, que se ha mostrado nervioso en varios pasajes de su declaración, ha comparecido irreconocible respecto a la rueda de prensa del 21 de marzo de 2018, con el pelo largo y teñido.

El juicio a Cristina Cifuentes sigue sin arrojar una sola prueba consistente de que realizara el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Llegados al ecuador de la vista no hay constancia de que realizara un solo trabajo, no aflora una explicación de por qué pagó la tasa final cuatro meses después de concluir el máster, ni hay rastro de su presencia en la universidad el 2 de julio de 2012 para defender el trabajo final. La falsificación del documento acreditando esa supuesta defensa presencial es la que tiene sentada en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se arriesga a cuatro años de cárcel por esa maniobra para intentar salvar su carrera política.

Además de apuntar a la URJC como responsable de la falsificación, la expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no ha podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que ha tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Estas condiciones tan ventajosas las pactó con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado, y al que todos los miembros de la Universidad, testigos y acusados, han ubicado en el epicentro de la trama. Entre ellas, las tres profesoras que constan en el acta falsificada, que relataron ante el tribunal la relación de “jerarquía muy marcada” que tenían con él, una persona de carácter “difícil” y al que era muy complicado decirle que no. También el rector apuntó al catedrático, que en un primer momento le dijo que Cifuentes había hecho su máster “con normalidad” a pesar de las “inconsistencias” y “errores administrativos graves” que la URJC encontró después.

Álvarez Conde era también el único interlocutor de Cifuentes en el máster, según afirmó la expresidenta. A él le enviaba físicamente los trabajos a través de personas de su gabinete o mensajeros porque no le gustaba comunicarse por email. La profesora Clara Souto, que intervino después de la expresidenta, negó sin embargo que Álvarez Conde tuviera problemas con que los trabajos le fueran enviados a través de correo electrónico.

La manera en que Cifuentes obtuvo el título no era habitual en la URJC, según declararon varias docentes que comparecieron como testigos. Souto también desmintió que la defensa del TFM fuese un acto breve. Según declaró, se reservaba un aula, se conformaba un tribunal y se avisaba con “cierto tiempo” a los alumnos, que tenían unos diez o quince minutos para su exposición inicial y luego se sometían a las preguntas de los profesores. Lo normal es que el trámite se alargase hasta una hora. Nada que ver, por tanto, con la breve exposición de la que habló Cifuentes. 

Souto es una de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que estuvo en su defensa de TFM junto a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. Esta última, también acusada, afirmó haber falsificado el acta que acreditaría esa defensa por presiones de Álvarez Conde y de Maite Feito, que entonces era asesora en su Gobierno. En su interrogatorio declaró que había fijado el 2 de julio como fecha en la que habría tenido lugar esa lectura por orden del catedrático. Ante el tribunal, las tres profesoras han negado que estuvieran presentes el día que la expresidenta afirma que entregó y defendió brevemente ese trabajo. De hecho, no hay hasta el momento ninguna evidencia de que Cifuentes acudiera con ese propósito a la Universidad el 2 de julio de 2012.

Hasta ahora solo la copia de la agenda electrónica que Cifuentes incorporó en la primera jornada de la vista habla de su presencia ese día allí. La fiscal, Pilar Santos, quiso preguntar a la expresidenta cómo es posible que no incorporara esa prueba antes y lo haga tres años después de que salte el escándalo, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, no lo permitió alegando que la ley permite al acusado incorporar elementos en su descargo en cualquier momento del proceso y que ya valorará el tribunal su relevancia. La pericial de parte señala además que la cita se introdujo con tan solo 24 horas de antelación, el 1 de julio.

En estos tres años tampoco ha aparecido ninguna de las personas ante las que Cifuentes dice que expuso las “líneas generales” de su trabajo y entre las que se encontraba un hombre, según declaró en fase de instrucción. Cuando se le ha preguntado a la acusada si no le extrañó que ningún hombre firmara el acta de defensa de TFM que esgrimió, Cifuentes ha respondido que pensaba que unas personas la escucharon y que el tribunal que evaluaba era otro.

La expresidenta tampoco supo explicar otras irregularidades, como el pago de las tasas del TFM cuatro meses después de, supuestamente, haberlo entregado y defendido. Arrojó luz sobre esta cuestión la profesora Pilar Trinidad, jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre el caso. En su declaración como testigo afirmó que no se exigen tasas universitarias a quien ya ha presentado su TFM. “Para qué se va a demandar el pago de un trabajo que ya está entregado y calificado”, aseveró. 

Previamente, durante su interrogatorio, Cifuentes no había sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando supuestamente ya lo había defendido meses antes, en julio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que le llegó el requerimiento para que pagase y así lo hizo, sin preguntarse a qué se debía. Como era una cantidad tan pequeña, afirmó, no le dio más importancia. La profesora Souto también afirmó después que las tasas se pagan siempre antes de presentar el TFM.

El beneficio de la falsificación

La inducción a la falsificación de la que acusa la Fiscalía se ha topado con la declaración de la asesora de la Consejería de Educación en aquel momento, María Teresa Feito, que se defiende asegurando que su interés en los hechos el 21 de marzo en la Universidad era únicamente “personal” y no instruida ni aleccionada por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ni por la propia Cifuentes.

El testimonio del rector, Javier Ramos, ha abierto otro agujero en la declaración de Feito al explicar que la tesis que defendió el mismo día 21 en rueda de prensa de que no había irregularidades fue inducida por Enrique Álvarez Conde y por la propia Feito, que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana, según ha contado.

Los indicios de que las presiones con el acta procedían de la Comunidad de Madrid han crecido cuando Ramos dijo que el propio consejero Van Grieken le había pedido “reiteradamente” el acta el día 21 por la tarde, si bien lo hizo después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía.

Cifuentes, sin embargo, había afirmado por la mañana que no había dado instrucciones a ninguno de sus colaboradores de que solicitaran el acta porque ni siquiera sabía que había un documento específico que recogiera la defensa del Trabajo de Fin de Máster y que fueron otros los que solicitaron a sus colaboradores que “recabaran”.

La falta por ahora de pruebas acerca de que Cifuentes diera instrucciones para la falsificación del acta no afecta a que pueda ser condenada por inducción o falsificación de documento. Como recogía la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, en su auto de pase a procedimiento abreviado, basta con que se beneficiara de esa falsificación para que pueda ser condenada por ella. “Desde el punto de vista de la prueba de acción se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos la autoría o la inducción para la ejecución de la falsedad”, escribió Rodríguez-Medel de acuerdo a una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo.

El consejero de Educación e Innovación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha asegurado este miércoles que “nunca” presionó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, cuando eldiario.es desveló que Cifuentes había obtenido su título de máster con notas falsificadas. Ha mantenido que llamó a Ramos, simplemente, para solicitar la documentación que había utilizado la universidad durante la rueda de prensa que realizó ese día.

Así lo ha detallado a los medios de comunicación tras su comparecencia en calidad de testigo ante la jueza de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez Medel, en el marco del caso Máster. La magistrada pidió su comparecencia al estimar que su testimonio podía facilitar el esclarecimiento de las supuestas presiones que recibieron profesores del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para falsificar el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que Cristina Cifuentes intentó defenderse de las primeras informaciones que apuntaban a que había obtenido un título de forma irregular.

Van Grieken ha indicado que, como titular de la Consejería de Educación, su responsabilidad era “comprobar” y “verificar” la documentación que había empleado la URJC en la rueda de prensa. Además, ha explicado que ese día, el 21 de marzo, no tuvo contacto con la expresidenta regional por el asunto de su máster. Sí ha dicho que lo tuvo con el personal de gabinete de Cifuentes porque tenía que gestionar todo lo relacionado con este asunto para “comprobar” la documentación empleada por la URJC en su comparecencia, donde se aludió en un primer momento a un error administrativo en el cambio de las calificaciones.

Sin embargo, en su declaración ante la jueza, el rector Javier Ramos, aseguró que tanto el consejero como su secretaria lo llamaron en numerosas ocasiones reclamando documentación del máster el día que se publicó la primera información. Van Grieken, que siempre ha negado las supuestas presiones, fue reprobado por este hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras solicitarlo el catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP, el consejero tendrá que declarar como testigo el día 31 de octubre.

No habló con Álvarez Conde

Durante el interrogatorio, que ha durado cerca de 30 minutos, el consejero ha sido preguntado sobre si conocía a Álvarez Conde, y ha detallado a la magistrada que “no habló” con este catedrático (que compareció en rueda de prensa el 21 de marzo junto al rector como responsable de una de las asignaturas de la expresidenta) del máster de Cifuentes, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

A su vez, ha asegurado que no le dijo a la exasesora de la Consejería de Educación Madrid María Teresa Feito para que se personara en la universidad el mismo día en que saltó la polémica del caso máster para recabar información. El propio consejero negó en su día que Feito presionara a la universidad por este asunto.

En su comparecencia como testigo, Van Grieken ha relatado su trayectoria académica en la URJC y ha explicado que solicitó información “genérica” a la universidad sobre la rueda de prensa que ofreció el 21 de marzo. Ha detallado, al igual que ha dicho en declaraciones a los medios, que le correspondía esa responsabilidad como responsable de la cartera autonómica de Educación.

La jueza de caso Máster ha citado a declarar como testigo en esa causa al actual consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Carmen Rodríguez-Medel cree que su testimonio puede facilitar el esclarecimiento de las supuestas presiones que recibieron profesores del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para falsificar el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que Cristina Cifuentes intentó defenderse de las primeras informaciones que apuntaban a que había obtenido un título de forma irregular.

En su declaración ante la jueza, el rector de la URJC, Javier Ramos, aseguró que tanto el consejero como su secretaria lo llamaron en numerosas ocasiones reclamando documentación del máster el día que eldiario.es desveló que Cifuentes había obtenido su título de máster con notas falsificadas. Van Grieken, que siempre ha negado las supuestas presiones, fue reprobado por este hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras solicitarlo el catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP, el consejero tendrá que declarar como testigo el día 31 de octubre.

En otro auto, la magistrada rechaza el recurso que la URJC, que es acusación particular en este caso, presentó contra el archivo de gran parte del caso. Para saber si la mayoría de la investigación sigue adelante o no habrá que esperar a si la universidad decide o no recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tras el carpetazo de Rodríguez-Medel, la causa que investigaba si se dieron títulos regalados a alumnos “escogidos” frente a otros “ordinarios”, quedó reducida a una investigación contra cinco personas –Cifuentes entre ellas– y solo circunscrita a la falsificación de la citada acta.

En la misma resolución, la jueza estima el recurso presentado por Alicia López de los Mozos, la profesora que reconoció en sede judicial que falsificó las notas de otros alumnos además de la expresidenta. Por último, desestima la pretensión de María Mateo Feito y Fernando Suárez Bilbao y mantiene que para ellos el sobreseimiento de la causa siga siendo provisional y no libre como solicitaban en su recurso.

La asesora del Gobierno de Cifuentes Maite Feito contactó con casi todos los implicados en el caso Máster el día que se publicó la primera información. Pasó el día en la Universidad Rey Juan Carlos, habló con el rector y el responsable del posgrado, y mantuvo varias llamadas telefónicas con una de las profesoras de Cristina Cifuentes. Cecilia Rosado dice que en esas conversaciones Feito, en aquel momento colaboradora de la presidenta, la amenazó, pero esta niega esa versión aunque no sabe precisar de qué hablaron en algunas de las llamadas que se produjeron durante aquellas frenéticas horas en la Universidad, después de que eldiario.es publicase la exclusiva sobre el máster de Cifuentes.

Feito declaró el pasado 25 de junio y eldiario.es ha tenido acceso al vídeo de su comparecencia como imputada. La jueza Carmen Rodríguez-Medel la citó después de que la propia Rosado describiese las presiones y amenazas que recibió de ella para que localizase el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes o lo elaborase si no lo encontraba.

“¿Le dijo en algún momento la señora Feito si le estaba trasladando su opinión o que le estuviera trasladando la opinión de la señora Cifuentes?”, pregunta la jueza en un momento del interrogatorio. Y Rosado contesta: “No me dijo en ningún momento eso, pero es verdad (…) que en un momento me dice que si no enviamos el acta del Trabajo de Fin de Máster, que Cifuentes nos va a matar, no solo a nosotros sino también dice del rector”.

Feito, entonces asesora de la consejería de Educación que dirige Rafael van Grieken, estuvo desde el principio en contacto con los responsables del máster, aunque asegura que solo se interesó por lo que ocurría. Durante su declaración, negó tajantemente que hubiese amenazado a Rosado.

Sí reconoce varias llamadas con la profesora, pero asegura que las primeras fueron únicamente para preguntar si sabía dónde estaba el TFM. Rosado le dice que no está en su departamento y que no sabe dónde puede estar. Hablan más veces, pero la profesora le dice que solo atenderá al rector.

Sin embargo, se producen nuevas llamadas. Feito dice que a veces ella llama a Rosado, pero a veces es Rosado quien hace la llamada: “Hay más llamadas por la tarde, ella también me llama, lo que esta claro es que no pueden ser amenazantes”.

Feito dice que en esa conversación no amenaza a Rosado, ni le reclamaba que elabore un TFM o que le busque bibliografía. La jueza le pregunta entonces de qué hablaron. “No recuerdo, no debía ser nada fundamental porque no lo recuerdo”, dice Feito. “Me sorprende que usted hable por la tarde con ella y ahora no recuerde de qué hablaron”, le reprocha la jueza, a lo que Feito insiste en que no debía de ser “trascendente”.

La magistrada le preguntó entonces por qué creía que Rosado le acusaba de haber proferido esas amenazas. “Como yo le llamo, es verdad, pues dirá, 'bueno, ya tengo otra a quien echar la culpa', pero ella sabe que no es verdad”, responde Feito, que añade que no sabe por qué Rosado tiene miedo a que ella cierre el Instituto de Derecho Público, como dijo, porque eso es competencia del rector.

Durante su declaración, Feito también niega que hablase ese día con Cristina Cifuentes, con Marisa González (jefa de gabinete de Cifuentes, con la que si habló la víspera) ni con su jefe, Rafael van Grieken. Este, según declaró el rector Javier Ramos, estaba realizando insistentes llamadas para tratar de conseguir el acta del TFM.

Feito también dijo que no llegó a hablar con Ramos, aunque este da una versión distinta. Declaró que esta exasesora lo tranquilizó, le dijo que no había nada irregular en el máster de Cifuentes y que todo era “un ataque contra la presidenta”. Lo hizo durante su visita a la Rey Juan Carlos, en la que habló con los responsables del máster, estuvo entrando y saliendo del despacho del rector, pero afirma que no trató nada relacionado con el máster de Cifuentes ni presionó para tapar el escándalo.

Los tentáculos del caso Máster siguen hostigando al Gobierno de la Comunidad de Madrid un mes después de la dimisión de Cifuentes. La oposición se une para reprobar el jueves en la Asamblea de Madrid al consejero de Educación por su responsabilidad, “papel activo” y “pésima gestión” en la crisis que se llevó por delante a la presidenta regional. Podemos presentó la propuesta hace dos semanas y este martes PSOE y Ciudadanos han anunciado su respaldo a la reprobación. La tercera a un consejero en esta legislatura. 

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que apoyarán la reprobación de Van Grieken porque la gestión en la Consejería de Educación ha sido “desastrosa”, empezando por la Ley de Gratuidad de Libros de texto, que quedan “cuatro meses para que se inicie el nuevo curso escolar y llega a muy pocas familias madrileñas”.

“Por eso le pido que rectifique y ponga en marcha las garantías necesarias para que llegue a todas las familias madrileñas. Por esa razón y por su pésima gestión por el máster de Cifuentes reprobaremos al consejero de Educación, para que esto le suponga un acicate para rectificar en su planteamiento y en sus políticas”, ha señalado. A juicio del portavoz de la formación naranja, Van Grieken se ha ganado “a pulso” ser reprobado, “después de tres años de poner excusas con una gestión catastrófica”.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha calificado de “necesaria” la reprobación de Van Grieken “que ha actuado como abogado defensor de Cifuentes durante la temporada en la que envió a una de sus asesoras a presionar en la Universidad para que se arreglara la situación de las actas y del máster”.

No obstante, Ruiz-Huerta ha señalado que les “inquieta” la actitud de Ciudadanos, porque es “gracias a ellos” que continúa como consejero de Educación Van Grieken. “Dio el Gobierno de la Comunidad a Ángel Garrido a cambio de ninguna exigencia, ni retirar al que era consejero de políticas Sociales –Carlos Izquierdo– ni al de Educación. Si tienen tanto interés en resolver el problema de las universidades lo tiene sencillo, tiene que dejar de apoyar el texto de la LEMES”, le ha lanzado la portavoz de Podemos a Aguado.

En esta línea, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha asegurado que hay sobrados motivos “para la reprobación” del consejero de Educación ante “la crisis institucional abierta en torno al máster de Cifuentes”.

Sin embargo, el portavoz popular Enrique Ossorio ha lamentado que la política de la oposición tenga “como estrategia” la reprobación de todos los consejeros. “Yo me quedo con la labor de Gobierno seria y responsable, se va a reprobar al responsable de que el informe PISA diga que (Madrid) está por encima de la media nacional, por encima de la Unión Europea y que estemos al nivel de los ocho países más avanzados del mundo”, ha destacado.

Rafael Van Grieken será el tercer consejero reprobado en la Cámara de Vallecas en esta legislatura tras el que era responsable de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ahora en Medio Ambiente, y el exconsejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos, que fue cesado por Cifuentes y recolocado en la Fundación Madri+d. 

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha señalado que pese a la reprobación la “confianza” del presidente en el consejero “se mantendrá intacta”. “Está dentro del nuevo gobierno. Esa es la más clara escenificación de la clara confianza que tiene el presidente de la comunidad en el consejero. Está desarollando una muy brillante labor a lo largo de la presente Legislatura”, ha defendido Rollán en declaraciones a los medios tras al reunión del Consejo de Gobierno.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, presionó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, el día que eldiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, había obtenido su título de máster con notas falsificadas.

Así consta en un documento que el abogado de la URJC envió el pasado 27 de abril a la Fiscalía de Mostoles, según publica este miércoles el diario digital El Independiente.

“Durante todo el día 21 de marzo de 2018, el rector recibió multitud de llamadas desde el móvil personal de D. Rafael van Grieken Salvador (consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid) en las que le solicitaba la totalidad de la documentación correspondiente al Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la Sra. Cifuentes Cuencas y especialmente el acta del Trabajo Fin de Máster”, expone el letrado en el documento que ha remitido a la fiscalía.

El abogado de la URJC señala que las llamadas de van Grieken “se intensificaron” tras la comparecencia de prensa del rector y de los catedráticos Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico de la Cámara. Los tres comparecieron el mismo día que eldiario.es publicó que Cifuentes había obtenido su título con notas falsificadas para negar las irregularidades y atribuirlas a una “mala transcripción”. Según el abogado, las llamadas del consejero de Educación fueron aumentando “según iba avanzando la tarde”.

La presión del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la URJC ya le costó el cargo a la asesora de la consejería de Educación, María Teresa Feito Higueruela. Feito, amiga personal de la expresidenta, fue la enviada de Cifuentes a la universidad para que buscase una coartada que evitase la dimisión. El 21 de marzo, la asesora asignada al consejero van Grieken pasó por el rectorado de la URJC y habló con Javier Ramos antes de la rueda de prensa con la que la Universidad trató de tapar el escándalo.

Van Grieken era el jefe directo de Maite Feito, que ha sido imputada por la jueza y dimitió el pasado 11 de mayo después de que la profesora Cecilia Rosado la señalase como la persona que les amenazó: “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”. La firma de Rosado es la única firma auténtica del acta que certifica que la expresidenta de la Comunidad de Madrid presentó su Trabajo de Fin de Máster ante el tribunal examinador. Un tribunal que nunca llegó a reunirse.

Tras la dimisión de Feito y la dimisión de Cristina Cifuentes, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, decidió mantener a Rafael van Grieken en su cargo, al frente de la consejería de Educación.

Desde la consejería de Educación, un portavoz ha confirmado a El Independiente que el consejero van Grieken llamó al departamento del rector el pasado 21 de marzo, pero han negado “cualquier tipo de presión”. De hecho, según la versión de la consejería fue el propio rector el que llamó primero al consejero de Educación y enmarcó estas conversaciones en “la relación institucional, de cordialidad y de respeto a la autonomía universitaria” que mantienen ambas instituciones. “El tono fue absolutamente normal y las llamadas se hicieron para pedir la documentación después de las explicaciones que habían dado en la rueda de prensa”, señalan.

Podemos llevará al pleno de la Asamblea de Madrid la reprobación del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, por el caso Máster. El grupo parlamentario registrará esta miércoles su petición porque considera que, en este escándalo, varios “cargos de confianza” de su cartera “actuaron bajo su responsabilidad directa y no es plausible que lo hicieran sin su orden y conocimiento expreso”.

Se refieren a la asesora imputada y ya dimitida, Maite Feito, que Cifuentes envió a la universidad para tapar el escándalo y que pertenecía a su consejería; y a la secretaria del mismo Van Grieken, la persona que recibió el correo de la URJC con el acta falsificada de la defensa del Trabajo Fin de Máster.

“El consejero de Educación y su equipo jugaron un papel activo y completamente impropio de sus responsabilidades para presionar, manipular, amedrentar y cuantas acciones fueron necesarias para tapar las irregularidades cometidas en torno al máster de la entonces presidenta Cristina Cifuentes”, apunta Podemos en el texto registrado por el diputado Eduardo Fernández Rubiño en la cámara regional. El grupo subraya también para justificar la reprobación la “defensa cerrada” que Van Grieken hizo “de los intereses de la presidenta, utilizando su cargo institucional”.

“Llamamos a Ciudadanos y a PSOE a apoyar esta reprobación al Consejero. Ha quedado demostrado que el consejero participó a través de sus personas de confianza en las manipulaciones que permitieron la obtención del acta falsificada con la que trató de protegerse Cifuentes. Por lo tanto el Señor Van Grieken debe dimitir o ser cesado de inmediato”, afirma Fernández Rubiño.

En su comparecencia en la Asamblea de Madrid por este escándalo, el consejero acusó a la oposición de “utilizar la universidad como carnaza para cobrarse una cabeza política” y se desvinculó de su responsabilidad de procurar el prestigio de las universidades públicas aludiendo a la autonomía. “En lo que concierne al prestigio, de nuevo, corresponde a las propias universidades, en su conjunto y sobre todo de manera individual, labrarse el mismo”.

Van Grieken fue hasta 2012 el vicerrector encargado de supervisar la investigación en la URJC, lo que incluye los institutos investigadores como el de Derecho Público que organizó el máster de Cifuentes cuando ella estaba matriculada.

El consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, ha tirado de manual durante el escándalo del máster de Cristina Cifuentes: “Respeto a la autonomía universitaria”. Pero Van Grieken ha tenido y tiene responsabilidad sobre el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, el organismo que organizaba el curso cuyo título ostenta la presidenta de Madrid: era el vicerrector encargado de supervisar la investigación, lo que incluye este tipo de institutos investigadores, cuando Cifuentes estaba matriculada. Como consejero desde 2015, está al cargo de revisar la actividad investigadora del IDP y de recibir sus memorias anuales.

Van Grieken estaba en el cargo de vicerrector de Investigación durante el curso en el que estuvo matriculada Cristina Cifuentes y cuando sucedieron las irregularidades, ya que fue nombrado vicerrector por Pedro González Trevijano (hoy magistrado del Constitucional por nombramiento del PP) en 2002 y se marchó en junio de 2012, cuando fue nombrado director de la Aneca (el organismo dependiente del Ministerio de Educación que evalúa al profesorado universitario). Cifuentes acabó supuestamente su máster en julio de 2012, según la versión que ha mantenido. 

El máster de derecho autonómico era impartido y organizado por este instituto, un organismo con gran independencia dentro de la Universidad y dirigido por Enrique Álvarez Conde desde 2001. Precisamente una de las competencias del vicerrector de Investigación de la URJC (el cargo que tuvo Van Grieken durante una década) es estar pendiente, bajo la ''dirección del Rector“ de la actividad de los institutos universitarios, como describe las competencias del vicerrectorado la propia web de la URJC. Es el responsable de la ”creación, organización y apoyo de los institutos universitarios de investigación“, añade la propia universidad en el cargo que ha desarrollado Van Grieken. 

El equipo de Van Grieken explica sin embargo que ''como vicerrector no tenía entre sus competencias'' esta misión. Y añade que ''la propuesta de creación de este instituto universitario fue presentada en el Consejo de Gobierno por el Vicerrectorado de Coordinación y Campus. Durante los años posteriores, debido a su actividad docente de posgrado el Vicerrectorado encargado de su seguimiento fue el que tenía competencias en Institutos y Centros Univeritarios''.  

El mismo equipo ha ampliado más tarde sus explicaciones para añadir que “el Vicerrectorado concreto que tenía competencias sobre el IDP durante los años en los que cursa el máster la presidenta Cifuentes es el de Relaciones Internacionales, Institutos y Centros Universitarios. Durante los diferentes mandatos de los rectores, se cambian los vicerrectorados y las competencias”.

Sin embargo, los Institutos de investigación, como el IDP, dependen orgánicamente del Vicerrectorado de Investigación, cuentan a eldiario.es fuentes conocedoras de la estructura de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. Es así en la mayoría de universidades, de hecho.

Además, el vicerrector de Investigación encabeza la Comisión de Investigación, según los estatutos de la Universidad. Allí tiene que haber un representante de los institutos como el IDP de Álvarez Conde. Entre sus funciones está elaborar la memoria de la actividad científica de la institución y proponer el reparto del presupuesto de investigación al Gobierno universitario. Es decir, todo lo que pasaba en el IDP tenía que pasar por los ojos de Van Grieken a través de esa comisión.

Durante el vicerrectorado de Van Grieken y hasta hoy, el IDP ha tenido competencia para administrar sus recursos y sin tener que ser fiscalizado, gracias a un privilegio que le dio el rector Pedro González Trevijano. Tiene CIF propio, concedido en 2010, una anomalía en este tipo de centros. Y ni siquiera presenta cuentas anualmente como le obliga la Ley de Transparencia. Solo cuando eldiario.es ha denunciado que sus cuentas son opacas se han colgado online todas las memorias anuales, pero en ninguna hay balances, ingresos o se relatan las subvenciones.

Solo ha tenido un director: Enrique Álvarez Conde. Allí crecieron profesionalmente las profesoras Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Las tres implicadas en el acta falsa de TFM de Cifuentes. El director les dirigió la tesis y ha ejercido de mentor, según ha explicado él mismo. También ha hallado cancha académica la pareja de Conde, Rosario Tur. Todos comparten grupos de investigación en el IDP en relaciones cruzadas. Conde, además, ha podido compatibilizar su labor en la universidad pública con una empresa privada dedicada a la docencia sin la preceptiva autorización oficial. Todas estas irregularidades han pasado sin levantar sospechas, entre otros, por los ojos de Van Grieken.

Pero es que una vez que llegó a la Consejería de Educación de Madrid nombrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a tener autoridad sobre el IDP. Cifuentes lo nombró consejero en junio de 2015. Desde entonces tiene entre sus responsabilidad supervisar el Instituto de Álvarez Conde, según recoge el boletín oficial de la Comunidad que aprobó este organismo: “La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, realizará el seguimiento de la actividad investigadora”. Sin embargo, eldiario.es solicitó las memorias del IDP a Educación el pasado 3 de abril, ya que no estaban preceptivamente publicadas en la web el instituto, sin obtener respuesta por parte de la Consejería de Van Grieken. Tras una segunda solicitud, argumentan que el IDP “ha venido cumpliendo” con el mandato de “publicar anualmente sus memorias en su web”. Realmente se colgaron tras la denuncia de eldiario.es y ninguna tiene cuentas publicadas.

Que Van Grieken tiene conexiones y mano sobre esta Universidad no deja de ser una obviedad: es uno de sus catedráticos y estuvo en su Consejo de Gobierno una década. Cuando se desveló que la presidenta de Madrid ostentaba un título de máster de la URJC con notas retocadas, Van Grieken tenía a un lado a su jefa política y al otro, a su compañero académico, el actual rector de la Universidad, Javier Ramos. Ambos fueron vicerrectores en la URJC bajo el mandato de González Trevijano. “Entonces eran amigos”, cuentan dentro de la Universidad. De hecho, el rector Ramos, se había convertido en catedrático gracias a un tribunal evaluador en el que se encontraba el químico Rafael van Grieken.

La mañana del 21 de marzo, con toda la presión disparada por la publicación del caso del máster de Cifuentes, llegó hasta el campus de la Universidad una asesora de Van Grieken y amiga personal de la presidenta: María Teresa Feito. Tenía la misión de intentar apagar el incendio y algunas fuentes aseguran que presionó a Enrique Álvarez Conde para encontrar documentos que avalasen los estudios de Cifuentes. Feito es profesora titular en la URJC y allí volverá cuando acabe su paso por la asesoría política. Ella misma confirmó a eldiario.es que es amiga personal de la presidenta y que estuvo en la universidad la mañana del gabinete de crisis, aunque explicó que no era por el caso máster sino por una charla que iba a dar un mes después.

Contentar a las dos partes

Públicamente, Van Grieken ha intentado contentar a sus dos mitades: la política y la universitaria. Ha sido capaz de pedir “por responsabilidad institucional” un margen para que la URJC “determine los hechos” que han rodeado el título de su jefa. Y, al mismo tiempo, asegurar estar “absolutamente convencido” de que Cifuentes asistía a las clases, que “cumplió con todo y que no recibió ”trato de favor“. Ahora, la presidenta ha dado un volantazo arrepintiéndose de recibir un trato especial. Ha descargado toda la responsabilidad en los servicios de la universidad y ha ”renunciado“ al título.

Por debajo de esas palabras Van Grieken ha dejado rastro de una acción más soterrada. No es solo que su asesora acudiera como emisaria al Rectorado, sino que los documentos utilizados por Cristina Cifuentes para tratar de atajar la crisis de su máster –y distribuida entre los medios de comunicación– llegaron vía Consejería de Educación dirigida por Rafael van Grieken: el acta falsificada o la imagen del supuesto correo que el profesor Chico de la Calle remitió a la funcionaria Amalia Calonge para cambiar las notas por haber un fallo.  

La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, permite a los responsables políticos de educación desentenderse de asuntos espinosos. Este jueves, Van Grieken ha vuelto a poner el foco sobre la Universidad al asegurar en la Asamblea de Madrid que “en lo que concierne al prestigio, de nuevo, corresponde a las propias universidades, en su conjunto y sobre todo de manera individual, labrarse el mismo”.

Estrategia similar a la que fue esgrimida por la Comunidad de Madrid al sucederse los casos de plagio que acorralaron al antiguo rector de la Rey Juan Carlos, Fernando Suárez. Una vez que la situación de Suárez se hizo insostenible hubo espacio para que el Gobierno de Cifuentes (con van Grieken dentro) maniobrase. El rector convocó elecciones, pero no se presentó. Como candidato al puesto apareció Javier Ramos, señalado como sucesor natural de Suárez.

El mismo Suárez no dudó en avalar a Ramos ante sus iguales docentes. En esas conversaciones, el exrector le otorgaba a Ramos el sello de hombre “de la Comunidad de Madrid”, como atestiguaron varios de los presentes y relataron en su momento a eldiario.es. Las elecciones las ganó Ramos: el canal de comunicación entre Móstoles y la Puerta del Sol quedaba asegurado.

El Consejero de Educación de Cristina Cifuentes, Rafael van Grieken, se ha mostrado “absolutamente convencido” de que la presidenta “asistiría a clase” del máster como cualquier alumna, de que “cumplió con todo”, informó a sus profesores de su “situación especial” como cargo público y no recibió “trato de favor”. Lo ha hecho en declaraciones a la Cadena Ser, en las que, preguntado acerca de por qué ni los compañeros ni los profesores la recuerdan en el aula, ha alegado que él como profesor universitario tampoco se acuerda “de muchos de sus alumnos”. Aunque fuese delegada de Gobierno, insiste, ella estaba “como una alumna más”.

El consejero ha intervenido en La Ventana de Madrid para defender “dos instituciones” a las que respeta “muy profundamente”: el Gobierno de Cifuentes y la URJC, a la que ha visto “prácticamente nacer, desde 1997” y a la cual “volverá”. Van Grieken ha dicho que Cifuentes se ha preparado su comparecencia de este miércoles en la Asamblea de manera “autónoma”, aunque le ha consultado “lo que corresponde, cosas puntuales”. En ella, está “convencido” de que “la polémica será definitivamente apartada”.

Sobre si va a presentar documentación en el pleno que demuestren su versión acerca de cómo obtuvo su máster, no ha podido confirmarlo, pero ha justificado que las primeras copias que aportó “desde el primer día” no estuviesen debidamente compulsadas con que eran las que “como alumno te descargas de la aplicación”. Sí cree por tanto que próximamente aportará todo con su “sello de oficialidad”.

Sobre por qué tras casi dos semanas desde la exclusiva que destapó las irregularidades de su máster no ha aparecido todavía el TFM de Cifuentes, el consejero no ha podido dar una explicación clara. Ha argumentado que cuando te presentas a un puesto o a una oposición exigen “el título, como mucho el expediente. Pero no el TFM, ni la tesis doctoral en su caso”. “Te piden tu título de doctor, o el aval de certificación académica de la universidad”, ha continuado para justificar que no tenga localizado el trabajo. Asimismo, ha negado presiones sobre el rector de la URJC, Javier Ramos, desde el Ejecutivo para salir en rueda de prensa a defender a Cifuentes aunque luego ordenara una investigación interna, y ha hablado de “cacería” política tras las primeras noticias y pedido más “prudencia”.

Acerca del silencio informativo de la líder popular durante ya 12 días, asegura que “no le tiene miedo a absolutamente nada, y menos a una entrevista. Es una persona que siempre ha estado expuesta a los medios, con el máximo de transparencia”. Ha recordado de nuevo la presentación de esa documentación, con varias irregularidades, y el comunicado y las dos entrevistas que dio el día que se conocieron las informaciones. Sobre una posible dimisión de Cifuentes, ha opinado que no ve razones: “Es un supuesto que para mí ni siquiera existe en el pensamiento inmediato. Porque está ahí con la confianza de los madrileños, con el aval de la Asamblea, con un programa electoral y un código ético que está cumpliendo”.

Donde durante 30 años hubo un instituto desde septiembre habrá una escuela de idiomas. El IES Benito Pérez Galdós, ubicado en el barrio de Peñagrande (Madrid), se cierra. Pese a las movilizaciones, las reclamaciones administrativas y las peticiones de partidos políticos, la Consejería de Educación sigue adelante con un proceso que las familias han puesto en manos de la justicia por supuestas irregularidades, entre ellas que no existe ninguna resolución o expediente administrativo que justifique y recoja la decisión y, por tanto, no hay posibilidad de recurrirla.

Para entender la intrahistoria de este cierre, la que cuentan las familias y la que acreditan algunas decisiones de la Consejería dirigida por Rafael Van Grieken, hay que remontarse unos años más atrás. El centro educativo cuenta hoy con 279 alumnos y alumnas, según datos de Educación, que argumenta para justificar el cierre que en 2005 eran 465.

Eliminación de la FP

El AMPA ha hecho un estudio de las matrículas desde el año 2012-2013 cuyas cifras dicen que en las enseñanzas de ESO y Bachillerato el número de estudiantes solo ha descendido en seis: de 296 a 290 en el último curso. ¿Cómo se explica entonces ese descenso tan acusado?

La caída en las cifras totales tiene que ver con la decisión de la Consejería de trasladar abruptamente a todos los alumnos y alumnas del Ciclo Superior de FP de TAFAD (Técnico Superior de Actividades Físicas y del Deporte). En septiembre de 2016, alrededor de un centenar de estudiantes –según cifras del AMPA– que había matriculados en este centro, pionero en impartir este ciclo y dotado de instalaciones deportivas adecuadas para esta formación, fueron obligados a moverse con un año cursado y otro pendiente al instituto público Rosa Chacel, donde a su vez se cerraron aulas de la ESO para darles cabida. La Comunidad de Madrid, que justifica que hubo un descenso de la demanda del ciclo, incluye este trasvase dentro de su “organización de enseñanzas de FP” para “especializar los centros”.

Bilingüismo no concedido

Con esta y otras decisiones, el instituto público ha ido quedando arrinconado por los centros de su alrededor, la mayoría bilingües. La dirección del Pérez Galdós solicitó hasta en tres cursos consecutivos adherirse al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, como acredita el AMPA, cuyo presidente es también miembro del Consejo Escolar. Y todas las veces se denegó. La Consejería argumenta que el centro “no obtuvo la calificación suficiente para incorporarse”. “Mientras, sí le concedieron el programa a un colegio desde el que venían alumnos a nuestro instituto y dejaron de venir porque no es bilingüe”, explica Ángel, uno de los miembro del AMPA.

El resultado de estos movimientos es, según datos de la Consejería, el descenso de reservas de plaza en 1º de ESO: 27 en 2015-2016 y 24 este último curso. “De un total de 452 alumnos posibles (número de alumnos que cursaban 6º de Educación Primaria en los colegios adscritos) solo 24 reservaron plaza en el IES Pérez Galdós”, desgrana un portavoz de Educación. Las familias del instituto denuncian, a este respecto, que al menos en un colegio adscrito, el CEIP Bravo Murillo, se disuadió a las madres y los padres de reservar plaza en el Galdós. “Hasta se sacó de la lista de oferta”, afirman.

Nueva directora ajena al centro

La última vez que el centro pidió pasar a ser bilingüe fue en 2015, justo antes de que se jubilara el que era su director, que fue sustituido por una directora ajena al centro. Las familias se quejan de que la selección fue discrecional, con un modus operandi similar al que denunciaron otros centros educativos de la región.

A ella se le concedió el regalo envenenado de dirigir los últimos meses de vida de esas aulas. El centro ha vivido en estos meses un encierro y varias movilizaciones, una de ellas con la presencia de la policía. La Consejería de Educación paga desde hace algo más de un mes a un guardia de seguridad que está permanentemente en el interior del instituto “para preservar la seguridad” tras la denuncia “de la entrada constante de personas ajenas”.

La Consejería de Educación se ampara en un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en que tienen facultades que le atribuye la Lomce para organizar la red de centros públicos y la oferta educativa. Y que para esas actuaciones, “a la vista de las necesidades detectadas”, no hace falta expediente administrativo. “Mediante estos procesos la Administración hace uso de facultades organizativas de carácter discrecional a partir de análisis y valoraciones oportunas y basándose en consideraciones de orden jurídico”, dice el escrito, firmado por Juan José Nieto, director general de Infantil, Primaria y Secundaria.

Los miembros del AMPA aseguran que la Dirección de Área Territorial (DAT) Capital, de la que depende este centro y que ha cambiado recientemente de cabeza visible tras la dimisión de Belén Aldea, aludió al trabajo de un técnico que había estudiado la situación de cuyo resultado las familias no han tenido noticia. En los datos que han ido recopilando en su lucha contra el cierre, el AMPA ha localizado hasta tres centros concertados de la zona con un número de alumnos y líneas similar al IES Benito Pérez Galdós que continúan funcionando con normalidad: San Francisco, José de Begoña y Estudiantes Las Tablas, según sus registros.

Un papel sin sello

Para compensar el daño de cerrar de golpe un centro sin dejar terminar los ciclos a los estudiantes –un acto que conculca el artículo 87 de la LOE, según la denuncia–, la Consejería ha concedido la “escolarización preferente” a los alumnos y alumnas, que han podido escoger cualquier centro de la región con la garantía de que entrarían.

Las familias tuvieron que señalar sus preferencias en un papel sin sellar con tres casillas, un procedimiento “absolutamente irregular y sin habilitación legal alguna”, según figura en la denuncia porque “no hay una resolución administrativa previa”. Algunas se rebelaron y pusieron IES Benito Pérez Galdós y en ese caso se ha mandado a los chicos y a las chicas al centro más próximo a su domicilio, según el AMPA.

“La Consejería esperaba que fueran muchos al Dámaso Alonso porque tiene pocos alumnos, menos que el Galdós, y puede absorber a más, pero la mayoría ha pedido el Isaac Newton, pese a que este sí es bilingüe” y ellos vienen de uno no bilingüe, afirma Ángel. El AMPA está ahora revisando si los centros de la zona pueden asumir ese aumento de alumnos y alumnas para el curso próximo aunque la Consejería lo garantiza.

¿Y qué pasa con los profesores? “La plantilla pasará a formar parte del nuevo instituto del PAU de Las Tablas, que entrará en funcionamiento el próximo curso”, dice Educación, que va a pasar a los docentes de un centro no bilingüe a un instituto bilingüe, incluida la dirección actual. Con el cierre del IES Pérez Galdós se pierde, además, una de las pocas aulas TEA, para estudiantes con trastorno de espectro autista, que tiene la Comunidad de Madrid. Los tres alumnos serán trasladados, según la planificación, a otro aula de las mismas características en el IES Gregorio Marañón, a un kilómetro y medio.

Las aulas del centro se transforman a partir de septiembre en la Escuela Oficial de Idiomas de Valdezarza, que compartía hasta ahora instalaciones con el instituto Isaac Newton. El cambio dejará inutilizadas las instalaciones deportivas y exigirá la adecuación de las clases al nuevo fin, como confirma la Consejería, que dice estar “estudiando las adaptaciones necesarias”.

Educación, según consta en la denuncia, no ha permitido a día de hoy el acceso ni al AMPA ni al Ayuntamiento a “ningún informe donde se analice la situación de escolarización del distrito que justifique la supresión de este centro educativo”. A las familias solo les ha llegado un papel rubricado por la exdirectora de la DAT, Belén Aldea, donde se informa de la “supresión de enseñanzas” y del destino de cada estudiante.

El caso llega al Parlamento Europeo

De poco ha servido la proposición aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid apoyada por toda la oposición que instaba al Gobierno regional a paralizar el cierre este curso. El caso ha llegado incluso al Parlamento Europeo, donde los grupos de Podemos, IU y Equo preguntaron conjuntamente si era “aceptable que una autoridad regional plantee el cierre de un centro” pese a tener consignada una financiación europea dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación y el Programa de Nuevos Itinerarios de la ESO.

Los eurodiputados también se interesaron por las “medidas que iba a tomar la Comisión para controlar que los fondos se están gastando adecuadamente y conforme a los fines que tiene asignados”, a lo que la comisaria de Empleo contestó que “no está al corriente de la situación” de este instituto pero que solo “corresponde a las autoridades españoles decidir qué operaciones concretas se cofinanciarán”, según el escrito de respuesta al que ha accedido este medio.

La Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos ha interpuesto una denuncia contra el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, por presunta prevaricación en el cierre del instituto Pérez Galdós previsto para el curso que viene y que pasará a ser una Escuela Oficial de Idiomas.

El colectivo ha registrado este lunes la denuncia por prevaricación contra el consejero en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, acompañado por representantes del AMPA del IES, los diputados de Podemos Beatriz Galiana y Miguel Ardanuy, y miembros de CCOO. La demanda también reclamaba la suspensión cautelar del cierre.

Los denunciantes manifiestan en su denuncia que no se ha procedido a abrir un expediente administrativo de cierre que permitiera a las familias poder alegar contra la medida, por lo que se vulneran sus derechos.

También se alude al artículo 87.4 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que recoge el derecho de los estudiantes a terminar su educación en el mismo centro en el que se matricularon, un derecho que para la asociación denunciante se ha vulnerado.

La portavoz de la Asociación de Padres y Madres del centro, Cielito Recio, ha dicho que se han puesto a los padres “todas las trabas legales” por parte de la Consejería y cree que todas las actuaciones emprendidas para el cierre “son irregulares”.

“Mi hija quiere seguir estudiando en este centro pero no solo es su deseo, sino que es su derecho”, ha asegurado Recio para indicar que el proceso de cierre se ha realizado con una “velocidad vertiginosa” sin dar posibilidad a los padres para tratar de alegar contra esta medida emprendida por la Consejería de Educación.

Además, considera que la directora del centro forzó a los menores para que rellenaran un documento para elegir otro centro el año que viene y que con el cierre también se suprime un aula para atender a alumnos con necesidades especiales. Por otro lado, cree que con el traslado de alumnos los otros institutos presentarán aulas “masificadas”.

La portavoz de la asociación de padres afirma que la Consejería ha utilizado la “burocracia” y que no les ha dado acceso al supuesto expediente de cierre y que Educación lleva años poniendo “trabas” a la matriculación del centro para luego alegar baja matriculación. En consecuencia, cree que el cierre estaba planificado por la Administración regional.

“Falta de transparencia”

Por su parte, la presidenta de la Asociación para la Transparencia y los Derechos Humanos, Carmen Pérez, ha asegurado que este colectivo de reciente creación ha presentado esta denuncia por “falta de transparencia de la administración” que no ha permitido acceder a los datos y actos administrativos que permitan “una defensa” por parte de los afectados ante el cierre.

“Se trata de la defensa de unos derechos que están siendo en estos momentos vilipendiados”, ha comentado la presidenta, quien considera que las actuaciones del consejero pueden suponer un presunto delito de prevaricación. A su vez, justifica la demanda para defender la educación pública en la Comunidad de Madrid, que a su juicio está “seriamente comprometida”.

Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Beatriz Galiana ha trasladado el apoyo a las familias en “la defensa de sus derechos, que han sido claramente vulnerados” y ha detallado que su formación ha manifestado en múltiples ocasiones que este cierre era “ilegal” sin establecer ningún tipo de “mediación”, lo que ha llevado a la interposición de una denuncia.

Galiana ha asegurado que la movilización contra el cierre del Pérez Galdós es un “ejemplo más” del “aislamiento” del Gobierno regional que “no negocia con nadie y toma decisiones de forma unilateral”. “Tratan la educación pública como si fuera su cortijo”, ha sentenciado la diputada de la formación morada.

Por su parte, el también diputado de Podemos Miguel Ardanuy ha dicho que el cierre del Pérez Galdós es “ilegal”, como ha advertido su formación y la comunidad educativa del centro. Ardanuy alude que la LOE establece el derecho de los alumnos a “acabar su educación en el centro que la comenzaron” y “que no pueden ser obligados a trasladarse a otro centro”.

Denuncian coacciones a los alumnos

“Por eso la Consejería ha tratado de coaccionar a los alumnos para tratar que firmaran voluntariamente el traslado cuando ellos y sus familias han demostrado que no, que es su derecho permanecer en el centro”, ha asegurado el diputado regional de Podemos, quien considera que la Consejería ha “vulnerado” el derecho de libre elección y que el cierre de un instituto público es una “invitación de la Consejería a estudiar en la privada o concertada”.

Por otro lado, el delegado de enseñanza de CCOO en el centro ha afirmado que el cierre del centro es “una chapuza altamente irregular” y que viene a demostrar que la “Comunidad de Madrid no cree en la educación pública”.

En este punto, ha asegurado que el cierre es “totalmente programado” y que ahora la “gran problemática” es la situación que generará el desarrollo del PAU de Arroyo Fresno, que necesitará un nuevo instituto en la zona cuya función podía ejercer el Pérez Galdós.