Un antiguo jefe del Servicio de Información Federal (BND) alemán, August Hanning, fue detenido este martes por la sospecha de que, cuando ya había dejado de ocupar el cargo, intentó cometer alta traición al actuar al servicio de una agencia de espionaje extranjera, según informa la Fiscalía General germana.

Según un comunicado, Hanning, que dejó de presidir el BND en 2005, es objeto de una investigación por presunto espionaje constitutivo de alta traición, obtención de secretos de Estado, tentativa de alta traición y actividades como agente de espionaje.

Fue detenido en el distrito de Steinfurt, al oeste, por agentes de la Oficina de Investigaciones Criminales (LKA), que también registraron en Berlín inmuebles relacionados con el acusado.

Además, fue arrestado en el distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen, al sur, un presunto cómplice, identificado tan sólo como Manfred D., que fue jefe de gabinete de Hanning cuando este presidía el BND, entre 1998 y 2005, y más tarde su asistente cuando fue secretario de Estado en el Ministerio del Interior entre 2005 y 2009.

Más tarde, Manfred D. volvió a trabajar para varios presidentes del BND y presuntamente aprovechó su función de jefe de gabinete, que le daba acceso a numerosas informaciones confidenciales, para suministrárselas a cambio de remuneración a Hanning, que para entonces ejercía de asesor de seguridad privado.

En el curso de los años y por lo menos hasta 2022, señala la Fiscalía, “Manfred D. proporcionó al acusado Hanning cerca de 2.000 documentos, entre ellos muchas informaciones clasificadas como confidenciales” y que estaban destinados exclusivamente al uso interno del BND.

En un caso, según la Fiscalía, el exjefe del BND usó valoraciones elaboradas por el servicio de información “para elaborar un análisis para un empleado de un aparato de inteligencia extranjero”, aunque no se ha podido determinar si el informe alcanzó su destino.

Además, Hanning mantuvo un intenso intercambio con un miembro de otro servicio de inteligencia estatal, según la misma fuente. “A éste le suministró durante varios años informaciones políticas, en parte basadas en material que había obtenido de Manfred D.”, indica el comunicado, que no detalló a qué países pertenecían las citadas agencias.

De acuerdo con una investigación de medios alemanes, entre ellos las cadenas públicas WDR y NDR, entre los servicios de inteligencia extranjeros con los que presuntamente cooperó Hanning no se encuentra el espionaje ruso.

El juez decidirá sobre el ingreso impresión

Hanning comparecerá entre este martes y el miércoles ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre su ingreso en prisión.

Finalmente, la Fiscalía explica que las sospechas contra el exjefe del BND surgieron como parte del mediático proceso contra la empresaria Christina Block, conocida por la cadena de restaurantes Block House y que está acusada de intentar secuestrar a dos de sus hijos, a los que su exmarido se había llevado a Dinamarca irregularmente durante una disputa por la custodia.

No se trata del primer caso de presunto espionaje que sacude al BND, pues un alto cargo identificado como Carsten L. ya fue detenido en 2022 por la sospecha de que era un agente doble ruso, aunque no se espera que el juicio concluya hasta el año que viene. 

El titular de la Plaza de Instrucción n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias que se siguen contra la portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, al encontrar indicios de delito de acoso laboral en su actuación hacia una trabajadora de su Grupo Parlamentario.

En un auto notificado este martes y contra el que cabe recurso de reforma y apelación, el magistrado instructor acuerda además sobreseer la causa frente a VOX, ya que, “pese a la insuficiencia del mecanismo de control y prevención”, el delito presuntamente cometido no lo ha sido “en beneficio de la entidad”, uno de los elementos que se requieren para la comisión del delito por una persona jurídica.

El magistrado también acuerda continuar las actuaciones contra la portavoz y contra un informático por un presunto delito contra la intimidad, por la grabación y posterior utilización de mensajes de correo electrónico y WhatsApp de la trabajadora perjudicada con terceras personas.

Con este auto se da por finalizada la instrucción de la causa, por lo que ahora las acusaciones personadas deberán presentar sus escritos de calificación. Cuando lo hagan, si efectivamente se mantienen las acusaciones el magistrado dictará el auto de juicio oral y solicitará a las defensas que presenten sus oportunos escritos, paso previo al enjuiciamiento.

“Estrategia de aislamiento, acoso, humillación y descrédito personal”

El auto relata cómo, presuntamente, la portavoz parlamentaria de VOX “ha venido sometiendo a la responsable de asesoría jurídica del citado grupo parlamentario a una estrategia de aislamiento, acoso, humillación y descrédito personal”, lo que hizo que esta trabajadora terminara solicitando la baja laboral por lesiones psíquicas.

Explica que la investigada, “abusando de sus funciones de dirección, la obligaba a realizar tareas de secretaria personal y auxiliar administrativa”, y que “el trato era en todo momento despreciativo” hacia esta trabajadora, a quien “humillaba, cuestionando su capacidad profesional”.

Los hechos tuvieron lugar desde la llegada de la investigada a la portavocía del Grupo Parlamentario en mayo de 2023 hasta enero de 2024, cuando sucedió un episodio en el que, según explica el auto, “el nivel de presión al que sometió indebidamente a la trabajadora fue tan alto que esta apagó el teléfono móvil”.

“Sintiendo opresión en el pecho, temblores y lloro incontrolado, su marido tuvo que llamar de urgencia a un amigo médico”, quien le proporcionó una medicación, y días después cogió la baja con un diagnóstico de “trastorno de pánico”.

Para el magistrado, de las declaraciones realizadas en instrucción por distintos testigos -la perjudicada y trabajadores y diputados del Grupo Parlamentario- “se puede entender indiciariamente justificado el acoso denunciado”.

Las mismas “se caracterizan por una absoluta contraposición de versiones, en función de si provienen de personas que ya estaban en el grupo parlamentario en el 2019 o ingresan en el 2023”.

“Pero la contundencia de las primeras no puede ser obviada, como tampoco lo puede ser la existencia de una clínica en la perjudicada que determina su baja laboral”, añade.

En definitiva, “con lo practicado no podemos afirmar que la denuncia sea irreal, inveraz o no plausible como para determinar un sobreseimiento, debiéndose continuar las actuaciones frente a la investigada por el delito de acoso”.

Infracción laboral

Por otro lado, explica el auto que el Grupo Parlamentario VOX no dispuso hasta noviembre de 2024 “de organización de los recursos preventivos que haya elaborado un plan de prevención de riesgos laborales y una evaluación de los riesgos psicosociales”.

“Tal conducta empresarial constituye infracción laboral, habiéndose propuesto para sanción por la Inspección de Trabajo”, señala la resolución, que añade: “No obstante, no ha quedado acreditado que los hechos constitutivos de acoso laboral que han podido ser cometidos por la diputada se hayan cometido en beneficio directo o indirecto del partido político”.

“Antes al contrario -razona le magistrado-, la actuación de la investigada ha causado daño al Gupo Parlamentario y al partido al que servía, pues la generación de un ambiente hostil o humillante para la trabajadora constituye un evidente perjuicio, tanto desde el punto de vista organizativo, por el ambiente laboral que se genera, como por el daño reputacional”.

Delito contra la intimidad

Junto al delito de acoso laboral, el instructor acuerda seguir el procedimiento contra la portavoz parlamentaria de VOX por la presunta comisión de un delito contra la intimidad, y también lo hace contra un informático al que, presuntamente, aquella “pidió que grabara el ordenador” de la perjudicada.

Según recoge el auto, esa grabación se produjo “para apropiarse” de los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp entre la trabajadora perjudicada y el anterior portavoz del Grupo. “Dichas conversaciones confidenciales fueron cedidas por el informático a la portavoz, que presenta las mismas en el recurso de reposición que interpone frente a la sanción impuesta” por su partido en el expediente abierto por su actuación con la trabajadora.

La portavoz explicó, durante la instrucción, que esas comunicaciones llegaron a su poder porque se produce un borrado masivo externo del ordenador de la trabajadora y entonces pide al informático que haga acopio de pruebas del citado borrado.

Sin embargo, de las pruebas periciales solicitadas se desprende que, indiciariamente, “no hubo borrado masivo, sino borrado selectivo”, que “no se ha podido determinar la identidad” de quien lo hizo, y que fue en remoto.

En cualquier caso, el magistrado concluye que “la grabación de la sesión remota por parte del informático puede entenderse como un acto de apoderamiento, sobre todo teniendo en cuenta el uso que posteriormente se hace de la información así obtenida”, información que traslada a la portavoz parlamentaria y esta presenta en su descargo en el proceso disciplinario.

¿“Error operativo grave” o “tarea intrusiva discreta para garantizar derechos”? El Parlament ha escuchado en menos de tres meses estas dos formas de describir el espionaje de dos agentes de los Mossos d'Esquadra a una asamblea de profesores. La primera, a cargo de la consellera de Interior, Núria Parlon. La segunda, en boca del jefe de Información de los Mossos, que ha desautorizado a la consellera este martes en la Cámara.

El comisario Carles Hernàndez ha comparecido en la comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales del Parlament. Lejos de seguir la línea marcada por Parlon, que tildó de “error” la infiltración y pidió disculpas a los maestros, Hernàndez ha respaldado el espionaje y lo ha defendido como “una actuación para garantizar todos los derechos” y no para “reprimirlos”.

Hernàndez fue el mando policial que informó a los jueces, a raíz de las demandas de los sindicatos por vulneración de derechos fundamentales, que no existía ningún expediente sobre el espionaje y que no se podía saber quién dio la orden para que dos agentes se infiltraran en una asamblea de docentes que preparaba una de las huelgas del mes de mayo.

Pese a que el caso todavía está pendiente de sentencia en el TSJ catalán, Hernàndez ha avalado la actuación de los agentes. “No aprecio que la presencia de las dos policías a un acto convocado de forma pública a través de redes sociales y respecto del cual no existía ninguna restricción de acceso comportara una vulneración de derechos”, ha indicado el mando policial. 

“Las policías se limitaron a entrar sin mentir para acceder, escucharon y no tuvieron ningún tipo de intervención que pudiera afectar al desarrollo de la reunión”, ha ahondado Hernàndez, una versión que contrasta con los testimonios de los docentes, que explicaron que descubrieron a las dos policías porque no supieron qué responder cuando les preguntaron en qué colegio daban clase.

Después que el diputado de los Comuns Andrés García Berrio le recordara esta versión de los docentes, Hernàndez ha matizado que las agentes “sí mintieron para salir de la reunión y garantizar su seguridad”. “Pero no para entrar”, ha apostillado.

“Por mucho que hable, ustedes estaban actuando sin una habilitación legal clara y en Catalunya todo el mundo todo el mundo tiene derecho a organizar una huelga sin que la policía lo sepa”, ha respondido García Berrio.

El mando ha reiterado que las agentes “en ningún caso tenían como objetivo vulnerar ningún tipo de derecho”. “Sin perjuicio de lo que puedan resolver los órganos judiciales”, ha agregado.

Las “tareas intrusivas discretas”, en palabras de Hernàndez, no forman parte de labores investigadoras de un delito, sino que la actividad policial “se limita a la observación para obtener información” de cara a posibles manifestaciones que corten carreteras.

“No obtenemos información sobre la conflictividad social para limitar derechos sino para que se puedan ejercer”, ha apostillado Hernàndez, que se ha mostrado retador con los grupos: “Por mucho que digan que fue una infiltración, no lo fue”.

“Comparto que fue una intervención policial mal planificada, ¿pero me pueden decir qué derecho vulneró asistir a una asamblea abierta sin acceso restringido?”, ha inquirido el mando a los diputados.

La intervención del mando ha sorprendido a casi todos los partidos. “Gracias por su sinceridad, nosotros también lo seremos: pedimos su dimisión”, ha lanzado el parlamentario de la CUP, Xavier Pellicer.

“Estoy estupefacto”, ha manifestado el parlamentario de Junts Francesc de Dalmases. “¿Es consciente de que ha contradicho públicamente a la consellera?”, ha preguntado la diputada de ERC Laia Cañigueral, algo que Hernàndez ha negado.

La intervención final de Hernàndez no ha dado muestras de un cambio de métodos, pese a que Parlon anunció que no habría más infiltraciones policiales. “Puedo entender que digan que es proporcional ir a una asamblea para evitar un corte de carretera, pero forma parte de la autonomía policial”, ha concluido el mando.

Toda Catalunya sabe que dos mosses d'esquadra se infiltraron en una asamblea de profesores menos la Fiscalía Superior de Catalunya. El Ministerio Público ha pedido a los jueces rechazar la demanda interpuesta contra la policía catalana por el sindicato CGT al aducir que “no hay constancia” del espionaje, pese a que los propios Mossos y la conselleria de Interior lo admitieron.

El escrito de la fiscal Rosario Beguer, al que ha tenido acceso elDiario.es, ocupa menos de tres folios, y se resume en que, a su juicio, el espionaje no ocurrió. Y como no ocurrió, no cabe hablar de las vulneraciones de derechos fundamentales planteadas por el sindicato.

“No existe constancia alguna de los hechos relatados en la demanda, la supuesta 'infiltración encubierta' de agentes del Cos de Mossos d'Esquadra en una asamblea docente”, empieza el escrito de la fiscal, que no incluye prueba alguna sobre este extremo.

“Si ni siquiera hay constancia de la realidad de los hechos denunciados, deviene ocioso hablar de la supuesta y meramente alegada vulneración de derechos fundamentales”, apostilla el escrito. Caso cerrado, a criterio de la fiscal.

En este tipo de procedimientos, la Fiscalía, como representante del interés público, tiene encargado el papel de garante de los derechos fundamentales

El posicionamiento de la Fiscalía sorprende habida cuenta de que la infiltración de los agentes en una asamblea docente de Barcelona fue admitida por los Mossos el pasado mes de mayo; ha centrado comparecencias parlamentarias de la titular de Interior, Núria Parlon, y el entonces director general de la policía, Josep Lluís Trapero; y ha sido ampliamente cubierto y debatido por los medios de comunicación en el marco de la crisis educativa que vive Catalunya.

Nadie hasta ahora había puesto en duda que la infiltración no hubiera ocurrido. 

Incluso la Generalitat, en su contestación a la demanda de la CGT, admite los hechos, pero argumenta que no suponen una vulneración de los derechos de reunión y de libertad sindical de los docentes.

Por su lado, la CGT ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT formalizó su demanda después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

El sindicato argumentó que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

Los Mossos comunicaron que no existe expediente alguno sobre la infiltración. El jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informó a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información fue “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El sindicato CGT ha solicitado a la Justicia que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente el pasado mayo vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT ha formalizado su demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

La central argumenta que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

“La inexistencia de orden formal, de valoración del riesgo o de ponderación no es una simple irregularidad administrativa”, remarca el escrito de la abogada de la federación de enseñanza de la CGT, Mireia Salazar, sino que supone “una circunstancia especialmente grave” ante una infiltración sin el consentimiento de los huelguistas.

El escrito del sindicato carga contra la policía catalana por haber reconocido que no hay rastro escrito de qué mando ordenó a las dos agentes infiltrarse en la asamblea; bajo qué riesgo se justificó la operación o por qué motivo no eran suficientes las múltiples fuentes abiertas en redes sociales que anunciaban movilizaciones de docentes.

Tampoco encuentra explicación lógica el sindicato al hecho de que la policía catalana no haya detallado a los jueces por qué era necesario que las agentes se hicieran pasar falsamente por profesores; qué información se obtuvo de la asamblea y si fue destruida o conservada; y si se valoró cómo afectaba la infiltración a la libertad sindical.

La CGT cree que, con sus evasivas, los Mossos “impiden el control jurisdiccional” del espionaje y “refuerzan la conclusión de que la infiltración se desplegó sin ninguna de las mínimas garantías exigibles cuando se ven afectados derechos fundamentales de primer orden”, como son el de huelga y el de reunión.

En suma, para el sindicato la falta de explicaciones de la policía autonómica “constituye, por sí sola, un elemento relevante de la ilicitud” del espionaje, y reclama una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

Recuerda la central que la administración catalana, como parte del conflicto laboral con los docentes, tenía un “deber reforzado de neutralidad y cautela” y que, en cambio, se convirtió en “juez y parte” del conflicto al infiltrarse dos funcionarios policiales en una asamblea.

No se puede justificar, como de forma genérica hizo el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, la infiltración en conocer eventuales riesgos para la movilidad o cortes de carreteras, agrega la CGT.

El sindicato también emplea las palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, como argumentos a favor de sus tesis.

Según la CGT, el hecho de que Parlon tildara ante el Parlament la actuación policial de “infiltración torpe” y prometiera que no se repetiría “corrobora, por boca de la propia Administración, la ausencia de justificación que amparase la injerencia en los derechos fundamentales” de los docentes.

Por su lado, Trapero afirmó ante la Cámara catalana que “no se daba un principio de oportunidad en la asistencia policial desplegada”, pero matizó que, a su juicio, la actuación no supuso una injerencia en los derechos y libertades de los docentes. Más allá de que la valoración policial de Trapero, a criterio de la CGT, “no se ajusta a los estándares constitucionales”, para el sindicato muestra que la propia dirección general de la policía catalana conocía que el espionaje “no cumplió con los requisitos de oportunidad e idoneidad”.

La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores no está documentada. Así lo ha trasladado la policía catalana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que argumenta que no puede presentar la orden operativa que precedió al espionaje porque no se puso por escrito.

Seguir la cadena de mando es una de las mayores dificultades con la que habitualmente se encuentran los denunciantes de actuaciones policiales que vulneran derechos fundamentales. El caso del espionaje a una asamblea de profesores que preparaba una de las huelgas docentes en Catalunya del pasado curso no está siendo una excepción.

El espionaje encendió todavía más los ánimos ya caldeados entre los docentes por su conflicto laboral con el Govern, que sigue sin cerrarse (hay una huelga convocada para este martes, primer día de curso).

Hasta tres sindicatos han interpuesto demandas, por la vía administrativa, para reclamar que se condene a la policía catalana por vulnerar los derechos de los docentes. Antes de dictar sentencia, los jueces deben recabar la documentación del caso y, si lo creen conveniente, escuchar a testigos.

A petición de la CGT, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC requirió a los Mossos d'Esquadra que aportaran el expediente completo administrativo del espionaje.

La documentación reclamada por los jueces era muy concreta y debía incluir la orden de servicio u operativa en la que se basó la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del 6 de mayo; las instrucciones impartidas a las agentes que acudieron a la reunión; la valoración del riesgo y la ponderación policial de la actuación en relación con su afectación en los derechos fundamentales de reunión y de huelga; y el parte policial de la actuación.

La respuesta de los Mossos a los jueces ha sido parca en palabras y documentos y genérica, sin referirse al caso concreto del espionaje a la asamblea docente. En síntesis, el expediente no existe.

En un escrito de cinco párrafos, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informa a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información es “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El mando indica a los jueces que las funciones de su comisaría son “estrictamente preventivas” y están orientadas a “la obtención, tratamiento, análisis e integración de información relacionada con conflictos sociales y laborales en tanto que fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión u alteración del orden público”.

Las vías para obtener la información, agrega el mando, responden a una “metodología predefinida” y son de dos tipos: las “fuentes abiertas” que no implican afectación en derechos fundamentales y “la toma en consideración de antecedentes”.

El comisario Hernàndez evita concretar a los jueces en cuál de los dos “ejes” para obtener información que tienen los Mossos se enmarca el acudir a una asamblea de docentes sin identificarse como agentes de policía.

“No se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicio o de planificación y valoración, ni de partes de intervención ni, en definitiva, ningún expediente, porque no se elaboró”, concluye el escrito de Hernàndez.

En un escrito posterior, la jefa de servicio de protección de la seguridad ciudadana de la conselleria de Interior, María Paz Martí, agrega que la infiltración policial “vino motivada” por las “numerosas movilizaciones” de docentes a lo largo del curso, que en algunos casos habían provocado “alteraciones”.

“Esta situación —agrega el escrito de Martí— justificaba la necesidad de recoger y disponer de información, vía fuentes abiertas, para poder dimensionar y planificar los dispositivos policiales pertinentes”.

En ninguno de sus informes a los jueces la policía catalana da respuesta a si policialmente se evaluó la afectación en los derechos de reunión o de huelga de los docentes que suponía enviar a dos agentes a una asamblea.

A nivel político, el Govern pidió perdón por la infiltración “mal planteada” de los Mossos, aunque también la tildó de “democrática”, al tiempo que descartó cesar al director general, el major Josep Lluís Trapero, como le exigió la oposición.

Los socios parlamentarios del Ejecutivo, ERC y los Comuns, también reclamaron en un principio la dimisión de Trapero, aunque evitaron ponerla como línea roja y terminaron aprobando los presupuestos en plena crisis educativa.

Lo único que concedió el Ejecutivo es que revisaría el operativo para analizar dos parámetros: si el espionaje fue oportuno y si respondió a criterios de proporcionalidad. Insuficientes explicaciones para los docentes. El conflicto educativo en Catalunya sigue abierto y la infiltración policial espera sentencia.

La policía fue a buscar a Igor Rogov porque alguien le había enviado por correo un kit para fabricar una bomba. La variopinta mezcla de objetos —un termo de cromo, un par de rotuladores, una batería externa y una botella de líquido anticongelante— podría haber parecido inofensiva a ojos inexpertos, pero en julio de 2024 Polonia se encontraba en alerta máxima. Dos meses antes, un incendio provocado había arrasado un centro comercial de Varsovia; también habían prendido fuego a una tienda de Ikea en la vecina Lituania. Las autoridades creían que ambos ataques formaban parte de una campaña de sabotaje orquestada por los servicios de inteligencia rusos para sembrar el pánico y debilitar el apoyo a Ucrania. Temían que solo fuera cuestión de tiempo que el Kremlin diera un paso más en la escalada.

Un agente de seguridad del almacén de la empresa de paquetería sospechó del paquete y avisó a las autoridades, que acudieron con perros rastreadores y equipo especializado. Las radiografías mostraron que los rotuladores ocultaban en su interior detonadores soviéticos fabricados en los 80. El termo, por su parte, tenía un doble fondo con una bolsita de polvo metálico. El cargador portátil parecía haber sido manipulado y, al analizar el líquido de la botella, los especialistas descubrieron que contenía una solución de nitroglicerina altamente volátil. En manos de alguien con los conocimientos necesarios, aquello podía convertirse en una bomba potente.

Todo apuntaba a que el hallazgo fortuito del paquete había conducido a las autoridades hasta un participante —quizá incluso un coordinador— de la campaña de sabotaje rusa contra Polonia, que se ocultaba tras la fachada de un valiente opositor al Kremlin.

La policía averiguó que el destinatario del paquete, Rogov, era un activista político ruso de 27 años que había hecho campaña a favor del líder opositor Alexéi Navalni y de otros grupos contrarios al Kremlin. Dos años antes había huido de Rusia por temor a ser detenido por sus actividades y había obtenido asilo en Polonia. Gracias a una beca, estudiaba en una universidad de Sosnowiec, una ciudad industrial del suroeste del país. Su esposa, Irina Rogova, se había reunido con él en Polonia y también se había matriculado en la universidad. La pareja vivía en una residencia de estudiantes. Fue allí donde las autoridades detuvieron a Rogov.

Al examinar el teléfono de Rogov, los agentes encontraron fotografías de distintos puntos de Sosnowiec y sus alrededores con flechas rojas dibujadas que, intuían, señalaban lugares donde ocultar o recoger objetos. Una de las imágenes mostraba un gasoducto a las afueras de la ciudad; interpretado como un posible objetivo para un atentado ruso con explosivos. Todo apuntaba a que el hallazgo fortuito del paquete había conducido a las autoridades hasta un participante —quizá incluso un coordinador— de la campaña de sabotaje rusa contra Polonia, que se ocultaba tras la fachada de un valiente opositor al Kremlin.

Más de un año después, en octubre de 2025, se supo que las autoridades polacas también acusaban a Rogov de colaborar desde hacía tiempo con el FSB, el temido servicio de seguridad ruso. Esto planteaba la posibilidad de que toda su trayectoria como activista contrario al Kremlin hubiera sido en realidad una tapadera para su trabajo al servicio del FSB. Cuando el caso llegó a los tribunales, el juez decidió celebrar el juicio a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional. El secretismo no hizo, sino alimentar las especulaciones y los rumores sobre qué había hecho exactamente Rogov, especialmente entre la oposición política rusa en el exilio, marcada por las luchas internas, las sospechas y las acusaciones.

Aunque el juicio de Rogov se celebró a puerta cerrada, descubrí miles de páginas de documentos sobre él y su esposa en los expedientes judiciales de un caso relacionado. (El sitio web de noticias polaco Wirtualna Polska ya había informado sobre algunos de esos documentos). Esos expedientes, junto con entrevistas realizadas en varios países a fuentes de los servicios de inteligencia y a personas que conocían a Rogov, me permitieron reconstruir una historia de exilio y espionaje marcada por el chantaje, el engaño y una crisis matrimonial de consecuencias dramáticas. (De conformidad con la legislación polaca, las personas mencionadas en los expedientes judiciales aparecen identificadas en este artículo únicamente por su nombre de pila, salvo que hayan dado su consentimiento para ser entrevistadas y citadas con su nombre completo. Rogov y su esposa aparecen con su nombre completo porque estos ya se habían hecho públicos a raíz del caso).

Me cuesta creer que durante todo ese tiempo estuviera jugando a dos bandas sin cometer un solo error. Si realmente estuvo colaborando todo ese tiempo, entonces tendría que decir que Igor Rogov es un genio

Milia Kashapova — Directora de la campaña de Rogov a las elecciones municipales en Rusia

Muchos de quienes conocían a Rogov se quedaron atónitos al conocer su detención. Describían a su amigo como una persona simpática, tranquila y algo torpe, y les costaba imaginarlo como un astuto superespía o como alguien encargado de transportar bombas, con una vida secreta dedicada a perpetrar atentados en ciudades europeas en nombre de Vladímir Putin. “Estamos hablando de un tipo que una vez envió por error fotos suyas semidesnudo a un chat de grupo”, me contó Milia Kashapova, directora de la campaña de Rogov cuando se presentó a las elecciones municipales en Rusia y que trabajó estrechamente con él durante varios meses. “Me cuesta creer que durante todo ese tiempo estuviera jugando a dos bandas sin cometer un solo error. Si realmente estuvo colaborando todo ese tiempo, entonces tendría que decir que Igor Rogov es un genio”, señaló.

Al principio, lo único que los investigadores polacos tenían contra Rogov era el hecho de que alguien le hubiera enviado por correo aquel paquete sospechoso. En sus primeros interrogatorios en la cárcel, sostuvo que todo se trataba de un gran malentendido. Negó tener conocimiento alguno del contenido del paquete e insistió en que nunca habría hecho nada a sabiendas para perjudicar a su nueva patria. “Estoy muy agradecido a Polonia por acogerme y estoy dispuesto a ayudaros en todo lo que pueda”, dijo a los investigadores.

Rogov dio su versión de cómo había acabado su nombre en el paquete. Su amigo Emil, también activista de la oposición rusa, le había dicho que un contacto traía un paquete desde Ucrania y necesitaba a alguien en Polonia a quien dejárselo. Emil dijo que el paquete contenía “regalos de Ucrania” y Rogov respondió que no le importaba recogerlo. Unos días más tarde recibió una llamada de una mujer que se presentó como Kristina. “Tengo un paquete para ti de parte de Diesel”, le dijo, y añadió que acababa de llegar a Cracovia desde Ucrania. Rogov no tenía ni idea de quién era Diesel, pero supuso que se trataba del paquete del que le había hablado Emil. Le dijo a Kristina que estaba fuera visitando a unos amigos, pero le dio su dirección en Sosnowiec y le explicó cómo podía enviárselo por correo utilizando un servicio de mensajería.

Una modelo “rompecorazones”

Las autoridades polacas no tardaron en identificar a Kristina como una modelo ucraniana de Odesa y emitieron una orden de detención internacional contra ella. Fue detenida a finales de agosto en el aeropuerto de Ámsterdam, justo antes de que pudiera embarcar en un avión con destino a Estados Unidos. Una vez entregada a las autoridades polacas, explicó su versión de la historia del paquete. “Diesel” era un conocido suyo; el apodo se debía a que trabajaba con coches de segunda mano. Se había enterado de que la joven tenía pensado viajar en coche a Polonia y le preguntó si podría llevarse un paquete consigo. “Dijo que necesitaba distribuir esas cosas a gente pobre y que estaba ayudando a mujeres y familias”, explicó Kristina a los investigadores. “Sí que me pareció una serie de cosas extrañas, pero Diesel es un tipo bastante peculiar”.

Kristina contó a los investigadores que Diesel había metido el termo, el cargador portátil y otros objetos en su Mercedes antes de que ella emprendiera el largo viaje en coche hasta Cracovia, donde tenía planeado encontrarse con un empresario checo que le había ofrecido 3.000 euros por pasar una semana con él en un hotel de lujo. Comió ostras y bebió champán con el empresario, aunque, según se desprende de los expedientes del caso, por la noche cada uno dormía en una habitación distinta.

Tras despedirse de su conocido checo, Kristina se acordó del paquete. Se suponía que debía entregarlo en persona, pero cuando llamó al número que Diesel le había dado, el hombre al otro lado de la línea —Rogov— le dijo que lo enviara por mensajería. Sacó la caja de zapatos vacía de unas zapatillas Golden Goose de 500 euros que el checo le había comprado y la llenó con los objetos de Diesel. A continuación, envolvió el paquete y lo llevó a un puesto de taquillas automáticas para paquetería, tal y como le había indicado Rogov.

Tras escribir la dirección en el bulto, lo metió a la fuerza en un compartimento demasiado pequeño y el embalaje se rasgó. Al llegar al centro de clasificación, la empresa de mensajería reparó en los daños y lo abrió. Descubierto el contenido sospechoso, dio la voz de alarma. Así se puso en marcha la cadena de acontecimientos que acabaría con las detenciones de Rogov y Kristina. Si hubiera elegido una taquilla más grande, el paquete podría haber pasado desapercibido y la bomba podría haberse montado y detonado. Pero ¿quién lo habría hecho? ¿Rogov u otra persona? ¿Y por orden de quién?

En los días posteriores al envío del paquete, pero antes de que la detuvieran, Kristina dijo que recibió una llamada desde el número de Diesel. “Voy a hablar. Tú escucha y no digas nada”, dijo una voz masculina que no reconoció. Le dijo que habían detenido a la persona a la que había enviado el paquete y que, si a ella también la detenían, debía inventarse una historia sobre el origen de la caja. “Toda la correspondencia entre tú y Diesel ha sido borrada; no menciones a Diesel a nadie”, le ordenó el hombre.

El enlace misterioso

El misterioso Diesel se perfilaba como una pieza clave en el complot del paquete. ¿Podía ser un agente ruso que operaba en Ucrania? Las autoridades polacas ya habían detenido a varios ucranianos reclutados por Moscú para provocar incendios en Polonia, y cabía la posibilidad de que Diesel formara parte, junto con Rogov, de una red rusa de sabotaje que aprovechaba el fácil acceso a explosivos en Ucrania para obtener los materiales necesarios, que posteriormente se montarían y detonarían en Polonia. Las autoridades polacas emitieron sendas órdenes internacionales de detención contra Diesel y Emil, quien había avisado a Rogov de la llegada del paquete.

Al margen de para quién trabajara Diesel, una cosa fue quedando clara a medida que avanzaban los interrogatorios: Kristina no sabía nada sobre el propósito del paquete ni sobre su destino final. En uno de ellos, mientras los investigadores revisaban su teléfono y le exigían cada vez más detalles sobre sus encuentros con distintos hombres que figuraban entre sus contactos, Kristina perdió la paciencia y les preguntó qué podía tener todo aquello que ver con el caso. “Lo único que habéis conseguido con vuestra investigación es demostrar que soy una rompecorazones”, les dijo.

En el verano de 2025, Kristina fue puesta en libertad, tras un breve juicio en el que el fiscal aceptó que había transportado los objetos sin darse cuenta de que eran peligrosos y accedió a suavizar los cargos. Fue condenada a cumplir la pena ya cumplida —304 días— y a pagar una multa. No respondió a mis solicitudes para dar su versión para este reportaje.

En cuanto a Rogov, empezaba a parecer que él también podría ser un actor secundario en el complot para colocar una bomba. Insistió en que no sabía nada de Diesel y que el paquete llevaba su nombre solo porque había accedido a echar una mano a Emil. La mayor señal de alarma que sugería que podría estar mintiendo era el conjunto de fotografías de diversas escenas urbanas en Sosnowiec, marcadas con flechas, que se encontraron en su teléfono. Pero también tenía una explicación convincente para eso. Admitió que, en ocasiones, había pedido drogas recreativas a través de un bot de Telegram y que cuando las compraba recibía una foto del lugar de recogida con una flecha que señalaba el punto de entrega. Explicó que la única razón por la que algunos de los lugares estaban cerca de oleoductos u otras infraestructuras era porque se trataba de lugares desolados y desiertos donde esconder o recoger un paquete llamaría menos la atención.

La investigación, que en un principio parecía encaminada a destapar un importante complot terrorista del Kremlin contra Europa, empezaba a torcerse. No se había demostrado ningún vínculo con Rusia y las dos únicas personas detenidas eran una modelo ucraniana que parecía no saber nada del asunto y un joven ruso al que, por el momento, solo podía reprochársele la compra ocasional de drogas recreativas.

Pero estaba a punto de salir a la luz algo más sobre Rogov. Los investigadores polacos iban a descubrir que se le había acusado, con pruebas creíbles, de trabajar para el FSB durante años, espiando a sus amigos y colegas de la oposición rusa. La fuente de las acusaciones hacía que fuera difícil descartarlas: se trataba de la esposa de Rogov, Irina Rogova.

El adulterio delator

Igor conoció a Irina cuando eran adolescentes. Ambos estudiaban veterinaria en Saransk, una ciudad gris situada a unos 500 kilómetros al sureste de Moscú, en la que habían vivido toda su vida antes de emigrar. Rogov tenía una sonrisa pícara y un carácter afable que le permitía hacer amigos con facilidad. Empezó a implicarse en el activismo cuando era estudiante, aunque al principio se interesó sobre todo por cuestiones medioambientales locales. Más tarde fue uno de los miles de jóvenes rusos que colaboraron en el frustrado intento de Navalni de concurrir a las elecciones presidenciales de 2018 contra Putin, y posteriormente se incorporó a Open Russia, el movimiento de oposición creado por el oligarca exiliado Mijaíl Jodorkovski.

Rogov se ganó el respeto de los círculos opositores tras un incidente ocurrido en Minsk, en la vecina Bielorrusia, en agosto de 2020, cuando Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Putin, se declaró vencedor de unas elecciones presidenciales amañadas. Los manifestantes salieron a las calles y Lukashenko respondió con una violenta represión. Rogov se encontraba en Minsk como parte de una misión informal de observación organizada por Open Russia. La segunda noche de protestas, él y otro activista, Artem Vazhenkov, se vieron atrapados en una redada frente a un centro comercial. Agentes antidisturbios vestidos de negro detenían a todo aquel que encontraban a su paso y lo metían en vehículos blindados. Rogov y Vazhenkov acabaron, junto con cientos de personas más, en la tristemente célebre cárcel de Okrestina, en Minsk.

Los mantuvieron en un patio, con las manos atadas y boca abajo en el suelo, y luego los trasladaron a una celda abarrotada en la que había unos 40 hombres. “No intentaban sacarnos información, como en las cárceles rusas. Simplemente, te pegaban por el simple gusto de hacerlo”, me contó Vazhenkov. La policía antidisturbios le rompió las costillas y los dedos a Rogov y le dejó el cuerpo cubierto de moratones. Las repetidas patadas en la cabeza que recibió durante su detención le provocaron migrañas que se repitieron durante años.

Tras tres días de palizas, Rogov fue puesto en libertad y deportado a Rusia. En la oficina de Open Russia, de vuelta en Moscú, alternaba entre risas y llantos mientras relataba aquella terrible experiencia, moviéndose aún con cautela debido a los hematomas. “Lo enviamos a una residencia de descanso durante un par de semanas para que se recuperara”, me explicó Andrei Pivovarov, que era el director ejecutivo de Open Russia cuando se produjo la violenta represión.

Unas semanas más tarde, Igor e Irina, que entonces tenían 23 y 24 años, se casaron en Saransk. Vazhenkov, que asistió a la boda, contó que fue una “boda típicamente rusa”, con vodka, brindis y mucho baile. Rogov también empezó a implicarse más en Open Russia. La organización se sentía en parte responsable de lo ocurrido en Minsk y lo apoyó para que asumiera oficialmente la dirección de su delegación en Saransk. Sin embargo, unos meses más tarde, Open Russia se disolvió: las autoridades rusas la habían declarado “organización indeseable”, una designación que exponía a sus activistas a ser detenidos por el mero hecho de estar vinculados a ella. Por eso, cuando Rogov se presentó a las elecciones al ayuntamiento de Saransk en el verano de 2021, lo hizo como candidato independiente. Conseguir registrar la candidatura, incluso tratándose de unas elecciones locales, exigía una campaña organizada y sostenida. Milia Kashapova, una activista de 26 años que había estado vinculada a Open Russia, se trasladó durante unos meses a Saransk para dirigir su campaña.

La campaña tenía poco presupuesto —hasta el punto de que Kashapova vivió en el piso de la abuela de Rogov—, pero no le faltaba imaginación. Pasaban largas jornadas haciendo campaña en las calles y grababan reels de Instagram protagonizados por los gatos de Igor e Irina. Por las noches se sentaban en bares, a menudo con Irina, para hablar de estrategia. La policía aparecía en la mayoría de los actos públicos para intimidar a los simpatizantes, algo habitual en la política regional rusa, pero Rogov siguió adelante. Él y su equipo fueron de puerta en puerta y prometieron a quienes se paraban a escucharlos que, si salía elegido, llevaría un soplo de aire fresco al corrupto ayuntamiento. En una publicación de campaña en Telegram, compartió una foto junto a Irina y uno de los gatos, acompañada del eslogan: “El amor y la fidelidad son los cimientos de mi familia”.

Cuando llegó el día de las elecciones, Rogov quedó tercero en su distrito con el 16% de los votos, por detrás de dos candidatos afines al Kremlin. Agradeció el apoyo recibido y anunció que tenía previsto emprender varias acciones judiciales para denunciar irregularidades en el proceso. “¿Creéis que esto es el final? Es solo el principio”, escribió en su canal de Telegram. Pero en las semanas siguientes, en plena represión contra los grupos opositores, los Rogov decidieron abandonar Rusia. Primero se trasladaron a Georgia y después, a Polonia, tras conseguir sendas becas de un programa destinado a activistas de la oposición rusa. Llegaron a Sosnowiec el 28 de febrero de 2022, cuatro días después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. En los meses siguientes, la situación política en Rusia se deterioró drásticamente con la entrada en vigor de las leyes de censura en tiempos de guerra. A partir de ese momento, para la mayoría de los opositores políticos solo quedarían dos opciones: la cárcel o el exilio.

En plena represión contra los grupos opositores, los Rogov decidieron abandonar Rusia. Primero se trasladaron a Georgia y después, a Polonia, tras conseguir sendas becas de un programa destinado a activistas de la oposición rusa

La nueva vivienda de los Rogov era una habitación cuadrada en una residencia de estudiantes, donde su vecino era Danila Buzanov, otro activista ruso exiliado. Buzanov había pasado varios años trabajando como coordinador de Navalni en Balakovo, una ciudad industrial de carácter rudo conocida por su central nuclear. Había cumplido varias condenas en la cárcel y huyó de Rusia a finales de 2021, con una maleta y saliendo del país de noche después de que la policía se presentara en casa de su madre con otra orden de detención contra él.

Buzanov también estaba empezando una nueva vida desde cero en Sosnowiec y conectó enseguida con Igor e Irina gracias a las historias que compartían sobre Rusia. “Igor era un tipo de fiar, nada complicado, que siempre bromeaba y con quien daba gusto charlar. Era como los amigos que tenía en mi país, esos a los que conocía desde el colegio”, me contó Buzanov. Las condiciones en las que vivían contribuyeron a estrechar la relación entre los tres: compartían el baño y hasta la tetera eléctrica, y solían dejar abiertas las puertas de sus habitaciones para que los gatos —que Irina había conseguido sacar de Rusia— pudieran moverse libremente.

Rogov siempre parecía tener dinero para salir y hacer vida social. “Daba igual qué reunión fuera o quién estuviera: él siempre aparecía, siempre dispuesto a tomarse una cerveza y charlar”, me contó Buzanov. Irina trabajaba muchas horas haciendo manicuras en un salón de belleza para complementar su escasa beca universitaria, pero Igor no tenía trabajo. Cuando Buzanov le preguntó de dónde sacaba el dinero, Rogov le explicó que había vendido el coche antes de marcharse de Rusia y que vivía de lo que había sacado por él. También era una presencia habitual en las manifestaciones políticas organizadas en la cercana Katowice, en las que la pequeña comunidad de exiliados rusos se reunía para protestar contra la guerra en Ucrania o conmemorar la muerte de Navalni en una cárcel rusa. Irina rara vez los acompañaba. “Era completamente apolítica; prefería salir de fiesta antes que ir a una manifestación”, me contó Buzanov.

Igor era un tipo de fiar, nada complicado, que siempre bromeaba y con quien daba gusto charlar. Era como los amigos que tenía en mi país, esos a los que conocía desde el colegio

Danila Buzanov — Antiguo compañero de piso y amigo de Rostov

Con el tiempo, el desgaste psicológico de la vida en el exilio empezó a pasar factura al matrimonio de los Rogov. Irina notaba a Igor distante y malhumorado, y él consumía drogas con cada vez más frecuencia. Más tarde, durante un interrogatorio policial, un empleado de la residencia lo describió como un “chico agradable y educado”, aunque “bastante torpe y con pocas habilidades para desenvolverse ante los problemas”. Las discusiones entre la pareja fueron a más y, en algún momento, Irina se mudó a una habitación de otra planta y se llevó a los gatos. Igor se dejó crecer el bigote y empezó a hacer más ejercicio. También comenzó a pasar tiempo con Polina, otra exiliada rusa que estudiaba en la universidad. En abril de 2023, Irina entró en la habitación y sorprendió a Igor y Polina manteniendo relaciones sexuales en la cama que hasta entonces había compartido con él. Les gritó y se marchó furiosa. Unos minutos más tarde, el móvil de Buzanov vibró con un mensaje de Telegram de Irina: “¿Sabías que Igor os ha estado delatando a ti y a otros ante el FSB?”.

Irina envió un mensaje similar a un chat grupal de los antiguos contactos políticos de su marido en Rusia y, en cuestión de minutos, el teléfono de Igor se llenó de preguntas que podrían resumirse más o menos así: WTF? [What the fuck?, ¿qué cojones?, en inglés]. Tras una discusión acalorada entre la pareja, Igor convenció a Irina de que le diera el teléfono y desactivó el envío del mensaje. Más tarde, tanto ella como Igor enviaron un mensaje al grupo para decir que había sido una broma de mal gusto y se disculparon por la confusión. Pero Rogov confesó rápidamente a su vecino, Buzanov: “Estaba a punto de echarse a llorar y no intentó justificarse, simplemente empezó a disculparse. ”Lo siento mucho, me vi obligado a hacerlo“, algo por el estilo”, me contó Buzanov. Demasiado conmocionado para hacer preguntas para obtener más detalles, Buzanov puso una contraseña en su portátil y advirtió a otros amigos que tuvieran cuidado con Rogov.

La crisis matrimonial dejó a Irina en una situación complicada, ya que su permiso de residencia en Polonia estaba vinculado al estatuto de asilo de Igor. Estaba furiosa porque toda la residencia se había enterado de la infidelidad de su marido y le dijo que la había humillado y le había arruinado la vida. Incluso habló con sus amigos sobre la posibilidad de regresar a Rusia y valoró si sería seguro hacerlo: nunca había participado directamente en actividades de la oposición y, de hecho, en una ocasión había viajado brevemente a Saransk para visitar a su familia sin tener ningún problema. Pero en julio de 2024, cuando detuvieron a Igor, Irina seguía en Sosnowiec.

Cuando se conoció la noticia, los amigos del chat grupal dieron por hecho que era la confirmación de que Irina había dicho la verdad sobre la colaboración de Rogov con el FSB, y que las autoridades polacas lo habían descubierto. En realidad, durante los primeros meses de su detención, los investigadores se centraron únicamente en el paquete explosivo y no tenían ni idea de nada más.

De los expedientes a los que tuve acceso no se desprende claramente cómo las autoridades polacas se enteraron por primera vez de los supuestos vínculos de Rogov con el FSB: si fue Igor quien confesó, si se lo contó Irina o si alguien del chat de grupo facilitó la información por iniciativa propia

De los expedientes a los que tuve acceso no se desprende claramente cómo las autoridades polacas se enteraron por primera vez de los supuestos vínculos de Rogov con el FSB: si fue Igor quien confesó, si se lo contó Irina o si alguien del chat de grupo facilitó la información por iniciativa propia. Pero el 13 de noviembre de 2024, aproximadamente cuatro meses después de la detención de Rogov, los investigadores añadieron un segundo cargo a su expediente: además de los cargos relacionados con el paquete explosivo, ahora también se le investigaba por espionaje. Ese mismo día, las autoridades polacas detuvieron a Irina, interceptándola mientras cruzaba la calle en Sosnowiec y acusándola de ser cómplice de su marido. A través de una serie de interrogatorios a ambos, la historia de la colaboración de Rogov fue cobrando forma.

Rogov afirmó que había sido reclutado durante sus años universitarios, antes incluso de iniciarse en la política de oposición, por un agente local del FSB de Saransk al que conocía como Yevgeny. Al principio se sentía orgulloso de colaborar con el FSB: lo consideraba una organización patriótica y agradecía los pequeños ingresos adicionales que obtenía a cambio. Al cabo de un tiempo, Yevgeny le entregó un teléfono de prepago y le dijo que lo mantuviera escondido en casa; sería el medio que utilizarían para comunicarse. Irina empezó a sospechar de aquellas conversaciones y exigió saber con quién hablaba Igor tan a menudo.

Al principio, él le dijo que era una persona que le ayudaba con los estudios, se encargaba de diversos trámites burocráticos y le asistía económicamente. Más tarde, confesó que había sido reclutado por el FSB. Según él, nunca le contó los detalles de sus conversaciones con Yevgeny, y ella nunca insistió. “Le bastaba con saber que no se trataba de otra mujer”, dijo.

Del sumario no se desprende claramente si el impulso inicial para involucrarse en la política de la oposición partió de Rogov o de Yevgeny, pero una vez que Rogov comenzó su activismo político, el agente del FSB presionó a su recluta para que estableciera tantos contactos como fuera posible. “Se suponía que debía seguir haciendo lo que quería: ascender en los círculos de la oposición, conocer gente nueva, ayudar a la gente y, al final, contárselo todo al FSB”, relató Rogov. Cada vez que regresaba de un viaje a una conferencia de la oposición en Moscú o en el extranjero, le decía a Irina que necesitaba dedicar un tiempo a elaborar un informe para entregárselo a Yevgeny.

El escenario ideal, le dijo Yevgeny a Rogov, sería que, en uno de esos viajes al extranjero, se le acercara una agencia de inteligencia occidental y le hiciera una propuesta. “La idea era que me convirtiera en agente doble”, explicó Rogov. Ese plan nunca llegó a cuajar, pero sugiere que Yevgeny tenía grandes planes para su agente. En todas las regiones rusas —me contó un funcionario de inteligencia europeo— había numerosos agentes del FSB dedicados a infiltrarse en grupos de la oposición, y estos agentes buscaban formas de elevar sus casos más allá del interés local. “El agente de bajo rango que se encargó del reclutamiento intentará demostrar su valía llevando el caso lo más lejos posible”, afirmó la fuente.

Esto también podría explicar el viaje de Rogov a Minsk en agosto de 2020. Un informe detallado sobre el estado de ánimo en las calles de Bielorrusia habría sido una información muy valiosa para que Yevgeny, un agente provincial del FSB, ganara puntos ante sus superiores en Moscú. Irina le había suplicado a Igor que no fuera, ya que iban a casarse unas semanas más tarde, pero, después de varias conversaciones con Yevgeny a través del teléfono de prepago, Rogov le dijo a su prometida que no tenía otra opción.

Unos días después de que Rogov partiera hacia Minsk, dejó de dar señales de vida. Se multiplicaban las informaciones sobre detenciones masivas, e Irina estaba tan presa del pánico que recuperó el teléfono de prepago y marcó el único número que aparecía en los contactos. Cuando un hombre contestó, le dijo: “Soy la prometida de Igor y sé que habla con alguien por este teléfono. Sé que Igor se fue a Bielorrusia por tu culpa, y necesito saber qué le ha pasado”. El hombre al otro lado del teléfono apenas le dijo unas palabras y luego colgó. Poco después, las autoridades bielorrusas liberaron a Rogov. No está claro si el FSB intervino ante Minsk para facilitar su puesta en libertad, pero su compañero activista Vazhenkov, que fue detenido al mismo tiempo, no fue liberado hasta dos días después.

Cuando Rogov regresó, conmocionado y magullado por las palizas recibidas en Minsk, se enfadó con Irina por haberse puesto en contacto con Yevgeny. Le dijo que no debía entrometerse en sus asuntos y que no volviera a utilizar nunca más el teléfono de prepago. A continuación, lo escondió en un lugar donde ella no pudiera encontrarlo.

En los meses posteriores a lo ocurrido en Minsk, Rogov percibió que Yevgeny estaba encantado de que fuera ganando protagonismo en el panorama opositor local, según recordó. Pero también afirmó haberse comprometido de verdad con la lucha de la oposición y lamentó haber aceptado colaborar en su momento. “Si hubiera tenido elección, no lo habría hecho… pero para moverme en la política y mantener mis relaciones, tuve que pasar información, porque [Yevgeny] podría haberlo hecho todo imposible con solo chasquear los dedos”, afirmó. En una ocasión, cuando Rogov acudía a una cita en el hospital por sus migrañas, le entregaron una notificación de reclutamiento militar. Cuando lo comentó con Yevgeny, el agente del FSB le sugirió que podía hacer que desapareciera. “Yevgeny lo sabía todo sobre mí y me chantajeaba… No tenía otra opción, me sentía bajo una presión psicológica constante”, afirmó Rogov. De los expedientes no se desprendía claramente si Yevgeny apoyó o influyó en la candidatura de Rogov al ayuntamiento en 2021, ni tampoco estaba claro si Rogov siguió recibiendo pagos regulares del FSB.

Si hubiera tenido elección, no lo habría hecho… pero para moverme en la política y mantener mis relaciones, tuve que pasar información, porque [Yevgeny] podría haberlo hecho todo imposible con solo chasquear los dedos

Igor Rogov

Según el relato de Rogov, cuando llegó a Polonia en febrero de 2022, pensó que por fin había escapado del control de Yevgeny. Afirmó que rompió todo contacto y se centró en construir una nueva vida en Polonia. Pero tres meses después, recibió un mensaje de un número desconocido en Telegram e intuyó de inmediato que era Yevgeny. “De una forma muy velada, me pidió que le llevara unas piezas de coche, y supe que lo que me estaba exigiendo era que le pasara información”, explicó Rogov a los investigadores. Ignoró el mensaje, pero Yevgeny siguió escribiéndole. “Cada uno de sus mensajes me causaba un estrés enorme, porque yo tengo familia en Rusia y eso me daba mucho miedo”, afirmó. Rogov afirmó que se habían puesto en contacto con su padre, que seguía en Saransk, y le habían dicho que podría ser movilizado al ejército para luchar en Ucrania, a pesar de que tenía más de 50 años y no debería haber entrado en los criterios de movilización. Rogov supuso que era Yevgeny quien estaba aumentando la presión.

Finalmente, según contó Rogov, recopiló información bastante trivial sobre Buzanov y otros activistas de la oposición exiliados que conocía, la redactó en un documento de Word y la guardó en una memoria USB que le entregó a Irina, quien iba a viajar a Rusia en el verano de 2022 para visitar a sus padres. “Estaba convencido de que la información no podía hacer realmente daño a nadie, de que esos datos se podían encontrar en parte en Internet”, afirmó ante sus interrogadores. Rogov dijo que esperaba que la entrega de la información apaciguara a Yevgeny, y también que creía que podría haber sido un seguro útil para Irina: si los guardias fronterizos rusos le causaban algún problema por sus vínculos con figuras de la oposición, podría decir que llevaba información importante para el FSB. (Irina afirmó que él no le dijo qué contenía la memoria USB ni para quién era hasta después de que ella llegara a Rusia).

Al final, Irina entró en Rusia sin problemas. De vuelta en Saransk, fue al antiguo piso de la pareja, que ahora estaba vacío, y, siguiendo las instrucciones de su marido, recuperó del fondo de un armario de la cocina el viejo teléfono de prepago de Igor, que seguía allí intacto desde que se habían ido del país. Lo cargó y llamó al único número que tenía guardado, tal y como Igor le había indicado, pero nadie respondió. Irina salió de Rusia sin entregar la memoria USB. A su regreso a Polonia, le preguntó a su marido si seguía en contacto con Yevgeny. “Me dijo que no, que no quería seguir en contacto con él, pero que no sabía cómo salir de aquello”, explicó.

Unos meses más tarde, más o menos cuando el matrimonio empezó a desmoronarse, Rogov recibió un mensaje de otra de las cuentas falsas de Yevgeny. Para entonces, la pareja ya había obtenido los documentos de asilo y Rogov dijo que estaba listo para empezar una nueva vida, lejos de la política rusa y del FSB. “Le respondí diciendo que ya no trabajaba en política y que no volvería a pasar más información”, explicó.

Más adelante, en 2023, Vazhenkov —el activista que también había sido detenido en Minsk— visitó a Rogov en Sosnowiec y encontró a su viejo amigo muy cambiado. “Apenas hablamos de política… Me dijo que ya se había apartado de la política y que estaba centrado en los estudios. Y estaba realmente afectado por la ruptura con Irina”, me contó Vazhenkov. Irina, en cambio, parecía haberse adaptado mejor y, al parecer, había dejado atrás la difícil etapa que siguió a la separación. “Tenía muchos planes y había aprendido bastante bien polaco”.

Siete años de cárcel

Pero ni Igor ni Irina llegarían a vivir las nuevas vidas que habían imaginado. Al poco tiempo, ambos estaban en la cárcel. El mes pasado, tres años después de que Rogov afirmara haber roto el contacto con Yevgeny y dos años tras su detención, un tribunal de Sosnowiec lo condenó a siete años por espionaje. Irina fue condenada a tres años por ayudarle llevando la memoria USB a Rusia.

El juicio se celebró a puerta cerrada, y hasta la información sobre la declaración de los acusados es confidencial. Pero los abogados de Igor e Irina me dijeron que tenían previsto presentar recurso de apelación. Ambos abogados afirmaron que habrían preferido un juicio público, sugiriendo que, si la opinión pública conociera los hechos del caso, quizá se mostraría menos propensa a considerar a la pareja como superespías del Kremlin. “Es una pena que el caso de mi cliente no pudiera examinarse de una forma más transparente y matizada”, afirmó la abogada de Irina, Katarzyna Matejczyk. Sin embargo, en un momento en el que Moscú está librando una guerra en Ucrania y organizando ataques de sabotaje en Europa, las autoridades polacas no tienen tiempo para matices cuando se trata del espionaje ruso. “En la actual situación geopolítica, no hay posibilidad de que se dicte otro veredicto que no sea una condena”, lamentó la letrada.

Quedaba un cabo suelto: el paquete explosivo que había puesto en marcha toda la historia. Rogov fue declarado culpable de los cargos relacionados con el paquete, pero la escueta sentencia hecha pública apenas aportaba detalles. Jacek Dobrzyński, portavoz del ministro polaco encargado de coordinar los servicios de seguridad del país, me explicó que los investigadores habían seguido el rastro del paquete hasta Moscú. “No hay duda de que se trató de un complot ruso orquestado por los servicios secretos rusos”, afirmó.

Sin embargo, algo no cuadraba del todo. Los expedientes judiciales a los que pude acceder no aportaban pruebas de una conexión rusa y, de hecho, apuntaban a una posibilidad diferente. Durante la investigación, una fuente comunicó a las autoridades polacas que creía que “Diesel”, el vendedor de coches de Odesa que había entregado el paquete a la modelo Kristina para que lo llevara a Polonia, tenía en realidad vínculos con la inteligencia militar ucraniana.

Esto sugería que el paquete podría no haber sido, después de todo, una bomba rusa, sino ucraniana, en tránsito por Polonia y con destino final a Rusia. Desde 2022, Kiev lleva a cabo su propia campaña de sabotaje dentro de Rusia, dirigida contra oficiales militares o defensores de la guerra. El último ataque de este tipo se produjo este mes, cuando una bomba improvisada explotó en un restaurante de Moscú durante la celebración del cumpleaños de un general del ejército ruso. Tres personas perdieron la vida. Mis fuentes de los servicios de inteligencia ucranianos afirmaron no tener conocimiento del paquete enviado a Rogov, pero una de ellas señaló que la campaña de sabotaje de Kiev era un tema delicado con los aliados y que, por lo general, se organizaba a sus espaldas: “Casi todos los países europeos están de acuerdo en que es legítimo que hagamos esto, pero casi ninguno quiere cooperar al respecto”.

Pensé que la persona que mejor podría resolver el enigma del paquete era quien lo había enviado, el misterioso Diesel —cuyo nombre real es Yuriy Kovalenko—. Encontrarlo fue más fácil de lo esperado: respondió a mis mensajes de Facebook y accedió a reunirse en el despacho de su abogada en Odesa, con la condición de que ella también estuviera presente. Cuando nos vimos, llevaba una chaqueta de chándal, vaqueros azules y zapatillas New Balance, además de una kipá; me contó que había redescubierto su identidad judía en los últimos años. Me dijo que su apodo se debía a su antigua pasión por los coches, pero que últimamente la mayoría de la gente simplemente le llamaba Yuriy.

Kovalenko me contó que se ganaba la vida importando, reparando y vendiendo coches de segunda mano. Negó categóricamente cualquier vínculo con los servicios de inteligencia rusos. También negó tener vínculos con los servicios ucranianos, pero dejó claro con sus respuestas que creía que el paquete explosivo procedía de Ucrania, no de Rusia. El destino final debía ser Kaliningrado, el enclave ruso fronterizo con Polonia, según explicó. Sin embargo, insistió en que no lo había sabido hasta más tarde y que él tampoco era más que un eslabón en una cadena de mensajeros que ignoraban lo que transportaban. Sostuvo que había recibido el conjunto de objetos de un amigo que “posiblemente tenía algún tipo de vínculo” con los servicios de inteligencia ucranianos. Ese amigo, contó, le pidió que enviara el material a Polonia, así que recurrió a Emil, un viejo conocido de la oposición rusa, para preguntarle si conocía allí a alguien de confianza. Emil le dio el nombre de Rogov.

Kovalenko se mostró evasivo en cuanto a los detalles concretos: se negó a dar más información sobre la persona que supuestamente le había entregado el paquete y no quiso decir cómo sabía que los explosivos tenían como destino Kaliningrado. Tampoco pudo explicar cómo se suponía que iban a llegar allí. Además de su abogado, le acompañó a la entrevista un hombre que se sentó en silencio a su lado y no se presentó, alegando, cuando le pregunté quién era, que estaba allí “por casualidad”.

¿Quién es Emil?

En el mundo oculto de los juegos de inteligencia y las tramas de sabotaje, puede resultar difícil discernir dónde residen las verdaderas lealtades de cada uno de los participantes. Para añadir una última complicación a la historia, muchos antiguos colegas de la oposición rusa sospechan que Emil es un informante del FSB, al igual que Rogov. La historia completa de la bomba y sus diversos mensajeros podría quedar perdida en la historia, pero el mero hecho de que Ucrania no haya detenido a Kovalenko —dado que Polonia advirtió a Kiev de su papel en el complot para colocar la bomba y solicitó su extradición— apunta a que los explosivos eran ucranianos, no rusos.

Y si ese fuera realmente el caso, supondría un nuevo y extraño giro en la historia de Igor Rogov, convirtiéndolo a la vez en informante del FSB ruso y en un supuesto mensajero ucraniano de la bomba.

En los dos años transcurridos desde la detención de Rogov, Buzanov, que había compartido residencia con él, no ha dejado de darle vueltas a qué pensar de quien durante años consideró su amigo. Al principio sentía lástima por Rogov y le escribía cartas a la cárcel. Después se enfadó al saber que la traición de Rogov había llevado también a Irina a prisión, simplemente por haber llevado la memoria USB a Rusia. Teme, además, que la historia pueda despertar sospechas infundadas sobre su propia lealtad, tanto entre las autoridades polacas como entre sus amigos. “Nuestras biografías se parecen mucho, y eso resulta incómodo”, me dijo mientras charlábamos en una cafetería de una ciudad no muy lejos de Sosnowiec. Muchos amigos de Rogov rechazaron mis solicitudes de entrevista porque no querían que se los relacionara públicamente con un espía condenado. Buzanov, en cambio, estuvo encantado de hablar durante horas, deseoso de demostrar que no tenía nada que ocultar.

Esta es una de las consecuencias más perjudiciales de la colaboración de Rogov: ha intensificado las sospechas sobre la infiltración del Kremlin entre los miles de activistas rusos de la oposición y de la sociedad civil que han huido del país en los últimos años. Estas sospechas merman aún más la eficacia de la oposición en el exilio, ya de por sí débil y dividida, mientras lucha por seguir siendo relevante desde sus nuevos hogares en Varsovia, Berlín o Vilna.

Rogov no fue, sin duda, el único de sus filas que había sido reclutado. “Estoy convencido de que éramos cientos”, declaró al Guardian en 2022 un antiguo informante del FSB que formaba parte de la organización de Navalni. Es probable que aumentar la sensación de paranoia entre la oposición forme parte de la estrategia del FSB para conseguir estos reclutas. Kashapova, la antigua directora de campaña de Rogov, me contó que solía restar importancia a las preocupaciones sobre la infiltración, pero que, desde la detención de Rogov, “desconfiaba de todo y de todos”.

Los objetivos del FSB están claros, pero las motivaciones de Rogov son mucho más difíciles de desentrañar. A juzgar por el testimonio al que tuve acceso, resulta imposible saber con certeza hasta qué punto colaboró de manera voluntaria, a quién era realmente leal o si la información que proporcionó llegó a causar algún daño. Sus amigos, que ni siquiera han tenido acceso a ese testimonio, han llegado a conclusiones muy distintas: algunos se niegan a creer las acusaciones; otros aceptan que pudo haber sido un informante, pero dan por hecho que el FSB lo sometió a una presión insoportable; un tercer grupo está furioso con él y considera que no hay excusa posible para haber colaborado. Ninguno consigue encajar la idea de que Rogov llevara años infiltrado por el FSB con la imagen del joven que creían conocer.

Buzanov, que declaró como testigo en el juicio, cree que la colaboración de Rogov probablemente se debió a su habitual tendencia a tomar malas decisiones, que siempre acababa metiéndolo en líos. Está convencido de que Rogov se oponía sinceramente a Putin, pero sospecha que tenía tan poca voluntad que acabó dejándose captar por el FSB, convencido de que podía ganar algo de dinero sin hacer demasiado daño a nadie. En esa misma línea, cree que Rogov accedió a recibir el paquete sospechoso sin hacer demasiadas preguntas. “No creo que sea ningún superespía enviado a Polonia en una misión especial”, afirmó: “Creo que simplemente es idiota”.

Con información de Ada Petriczko

“Espionaje” y “cacería al disidente”. Son términos empleados por el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) para describir la situación que están viviendo los agentes de la Policía Local de Calahorra. No hablan de hechos aislados sino de una “dinámica que está deteriorando el clima de confianza entre la plantilla, la Jefatura y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra”.

36 agentes forman parte de un chat laboral

Desde la formación sindical explican que unos 36 agentes de la Policía Local de Calahorra “forman parte, de forma voluntaria, de un grupo de mensajería administrado por los delegados de personal del sindicato, miembros de la Junta de Personal, en el que se intercambia información relacionada con las condiciones de trabajo y otros asuntos propios de la representación de los trabajadores”. Entienden este grupo como “un canal de comunicación estrictamente laboral en el que no se comparte información reservada ni documentación confidencial”.

Sin embargo, aseguran que han podido constatar, hasta en tres ocasiones, que comentarios e informaciones que se han compartido “exclusivamente” en ese grupo han llegado hasta los responsables de la Jefatura de la Policía Local y de la Concejalía competente. “Los responsables de la Jefatura y de la Concejalía no solo solicitaron explicaciones sobre determinados comentarios vertidos en el grupo, sino que también requirieron que algunos de ellos fueran rectificados o reformulados en ese mismo canal de comunicación”.

Unos hechos que preocupan a la plantilla de la Policía Local de Calahorra que se siente “espiada porque las comunicaciones mantenidas en un espacio de naturaleza sindical y laboral dejan de serlo y se convierten en una cacería al disidente” lo que está generando un clima de desconfianza por lo que advierten de que “un entorno basado en la sospecha no favorece ni el diálogo social ni la resolución de los conflictos laborales”.

Asimismo, relatan que el Ayuntamiento de Calahorra les amenaza asegurando que conoce hechos o situaciones que podrían ser investigadas. Y desde el sindicato les recuerdan, tanto al Consistorio como a la Jefatura, que “si existen indicios de conducta susceptibles de investigación, el cauce adecuado es el previsto por el ordenamiento jurídico que además respeta plenamente las garantías de los empleados públicos, no generando este clima de incertidumbre y desconfianza”.

Por todo ello, SRPF pide que se restablezcan “unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la buena fe y la lealtad institucional, condiciones imprescindibles para garantizar un servicio público eficaz y preservar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.

El Gobierno ha limitado a los jueces la mayoría de los detalles requeridos sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas. Así se desprende de los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros a petición de los distintos instructores de Barcelona, y que solo han proporcionado información parcial sobre la infiltración con el programa Pegasus.

El espionaje a los independentistas, ocurrido tanto bajo Ejecutivos del PP como del PSOE, provocó un escándalo político en 2022 y el cese de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, hoy investigada en media docena de causas. Cuatro años después, ninguna de las denuncias de las víctimas repartidas en una decena de juzgados de Barcelona y Madrid (la Justicia rechazó agruparlas en una macrocausa) ha llegado a juicio.

El retraso se explica por tres causas. Las pocas ganas de investigar de algunos jueces, que han sido reprendidos por la Audiencia de Barcelona; el silencio de Israel (sede del grupo NSO, que comercializa Pegasus) a las peticiones de colaboración judicial; y la reticencia del Gobierno a desclasificar aspectos clave del espionaje.

La media docena de acuerdos del Consejo de Ministros que abordan la desclasificación de datos del CNI solicitada por jueces que investigan las infiltraciones con Pegasus ha seguido un mismo patrón, coinciden distintas fuentes jurídicas consultadas.

El Ejecutivo ha negado el espionaje del CNI a los denunciantes o, en el caso de que fueran uno de los 18 nombres admitidos por Esteban en el Congreso en el 2022, ha facilitado tan solo (y con muchos tachones) los autos del Supremo que autorizaron las peticiones del centro para infiltrarse en los teléfonos de los independentistas.

Uno de los primeros acuerdos del Consejo de Ministros fue el referido al espionaje del expresident Pere Aragonès. La petición del magistrado Santiago García fue muy minuciosa. El instructor quiso saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

También solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès.

Sin embargo, el Gobierno, en enero de 2024, rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

“Perjuicios para la Seguridad Nacional”

Más de dos años después, la respuesta del Ejecutivo a los jueces va en la misma línea. El juez que investiga el espionaje a los exparlamentarios de la CUP David Fernàndez y Carles Riera solicitó la desclasificación de “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos” para que la actual directora del centro, Esperanza Casteleiro, pudiera testificar sobre el caso.

El acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros, de junio de 2026, limita, de nuevo, los datos a los magistrados. Proporcionar los datos concretos del espionaje requeridos por el juez, aduce el acuerdo firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.

El Gobierno también cree que dar más información al instructor que la contenida en los autos tachados del Supremo que ha entregado “pondría en evidente peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del CNI”.

También estaría en riesgo “la integridad física de quienes son, o fueron, fuentes o agentes operativos, colaboradores o de sus familiares o allegados, al permitir el acceso de individuos, organizaciones o estados interesados en actuar contra todos esos bienes”, según el Gobierno.

Invoca incluso el Ejecutivo el “contexto de guerra en Ucrania” y el “incremento de amenazas híbridas y ciberataques” para negar a los jueces los datos requeridos. “La revelación de cualesquiera medios del CNI perjudicaría de manera irreparable y esencial a su operatividad, produciendo un riesgo para la seguridad de España, sus ciudadanos y aliados”, apostilla el acuerdo.

La “limitación” al acceso a los medios del CNI para personas ajenas al centro “se refuerza”, destaca el Ejecutivo, cuando “hubieren sido proporcionados o se utilizaren en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados”, sin mayores concreciones.

La consecuencia: el silencio de Paz Esteban

El caso del espionaje a los independentistas ha expuesto las carencias en el control del CNI, tal y como han denunciado entidades como Amnistía Internacional. La ley del centro de 2002 obliga al servicio de Inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero ahí acaba la fiscalización.

La desclasificación posterior de las actividades del CNI, que por ley tienen el grado de secreto, depende del Gobierno y se rige por la ley de secretos oficiales, en vigor desde el franquismo y que no se ha reformado en todo el periodo democrático.

Las consecuencias de la desclasificación limitada se han notado en las declaraciones como investigada de Paz Esteban en distintos juzgados. La exjefa de los espías no ha podido ir más allá del terreno delimitado por los acuerdos de desclasificación, por lo que tan solo ha admitido el espionaje avalado por el Supremo, sin entrar en más detalles debido a la reserva mantenida por el Gobierno.

El Ejecutivo se ha negado siquiera a detallar si el programa empleado para el espionaje fue Pegasus pese a las evidencias forenses. Tan solo se ha limitado a admitir “una interceptación legal de las comunicaciones autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo” encargado de avalar las solicitudes del CNI, tal y como se indica en el acuerdo de desclasificación del caso de Fernàndez y Riera. Nada más.

El titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado investigar a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, por su posible participación en los hechos que investiga a raíz de la aparición de un bolígrafo grabador en un despacho del Grupo de este partido en la Cámara.

El procedimiento se instruye por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y se incoó a raíz de la denuncia presentada en 2024 por dos diputados de Vox --Armando Blanco y Cristóbal Palacio, que ese año dejó el grupo y la formación-- y dos asesores. La interpusieron un día después de encontrar en el despacho de los asesores y sobre la mesa del que trabajaba para la portavoz un bolígrafo grabador.

En un auto dado a conocer este jueves, el instructor explica que el dispositivo contenía 25 archivos de audio y en tres de ellos se evidencia que la mujer que se escucha, y que “ha sido identificada por tres personas” como la portavoz de Vox en la Cámara, “tenía conocimiento de la existencia del bolígrafo grabador, conocía su uso y pretendía obtener con él 'grandes cosas'”, como así se oye en una de las grabaciones.

El magistrado añade que “dicho contenido no puede dejar de ponerse en relación con el contexto en el que las grabaciones se producen”, y es que “existía una situación de rivalidad política” dentro del Grupo Parlamentario “que enfrentaba principalmente” a la portavoz con otros dos diputados -los que denunciaron los hechos- “y que se trasladaba también a los asesores”.

En este sentido, los denunciantes -los dos citados diputados y dos asesores- “reconocieron” que el otro asesor -investigado en la causa- “en aquellos momentos trabajaba prácticamente en exclusiva” para la portavoz del grupo (tras las elecciones de 2023, el grupo estaba integrado por cuatro diputados, ya que también forma parte del mismo Natividad Pérez, que sigue en la actualidad junto con Blanco y Díaz).

Por ello, el magistrado concluye que “el contenido de las grabaciones mencionadas, el contexto en el que las mismas se producen y el hecho de que su posible autor -el asesor investigado- trabajara en aquellos momentos para la portavoz del Grupo Parlamentario de forma casi en exclusiva, constituyen indicios de la posible participación en los hechos investigados” de Leticia Díez, “razón por la que procede dirigir el procedimiento frente a la misma y tomarle declaración en calidad de investigada”.

En su denuncia, los diputados y asesores manifestaron que “sospechaban que el bolígrafo se hubiera estado utilizando por el otro asesor para grabar subrepticiamente conversaciones de sus compañeros de despacho”, “con la finalidad de perjudicarlos, dada la rivalidad política que ya entonces existía entre los diputados que integraban el Grupo Parlamentario Vox”, señala en su auto el juez.

El análisis de la memoria del dispositivo concluyó que el mismo almacena 25 audios en los que aparecen grabadas distintas conversaciones. En tres de ellas se identifica como interlocutores al asesor investigado y a la portavoz, y en las mismas ambos “se refieren, sin duda, al dispositivo”.

“De ahí vamos a sacar grandes cosas”

Así, “en la primera de ellas la mujer manifiesta: 'tiene pintaza'” y añade: 'vamos a ver si tal capta', a lo que el hombre dice que primero tiene que leer las instrucciones“. Posteriormente, se escucha a la mujer decir: ”¿De ahí vamos a sacar grandes cosas?“.

En la segunda conversación, “el hombre pregunta: '¿Has encendido?', a lo que la mujer contesta: 'Acabo de encender, acabo de ver la luz roja', y finalmente el hombre indica: 'Ahora está parado'”.

Finalmente, en la tercera grabación “se escucha al hombre enseñar a la mujer cómo funciona la grabadora”. “Así, el hombre dice: 'Ya está listo, ya está grabando', a lo que la mujer contesta que 'vale', para seguir el hombre diciendo: '¿vale? Para que pare... plas, otra vez y para arriba... ya está grabando'”.

Por todo ello, el magistrado considera que la portavoz conocía la existencia de la grabadora, su uso y, además, manifestó que “pretendía obtener con él 'grandes cosas'”, lo que constituyen “indicios de su posible participación en los hechos investigados”.

El auto no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de reforma en un plazo de tres días o de apelación en cinco días.

El 2 de mayo de 2022, el Gobierno de España, a través de una declaración del ministro Bolaños, comunicó a la opinión pública, con la seguridad propia de un hecho consumado, que el teléfono del presidente Pedro Sánchez había sido infectado con el software espía Pegasus mediante una “intrusión ilícita y externa”. La fuente de esa afirmación era, y sigue siendo hoy, una sola: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Han transcurrido más de cuatro años. Tratándose de un tema de seguridad nacional carecía de sentido pedir que un laboratorio forense independiente examinara el dispositivo, pero si lo era que alguna autoridad extranjera administrativa o científica confirmara la metodología usada (cosa que argumenté en mi comparecencia en el Parlamento Europeo en Noviembre de 2022). El propio organismo que hizo la afirmación original ha reconocido después, en sede judicial, que le resulta “técnicamente imposible” decir nada concluyente sobre lo ocurrido. Entre esos dos extremos —la certeza de 2022 y la incertidumbre reconocida en 2025— ha transcurrido algo más que tiempo procesal: han transcurrido consecuencias reales para las instituciones democráticas españolas, que conviene enumerar con la misma frialdad con la que se presentó, en su día, el propio caso.

La entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue cesada ocho días después del anuncio. Es la única consecuencia institucional tangible que el caso ha producido hasta la fecha, y se adoptó sobre la base de una información que, según sabemos ahora, ni siquiera el propio organismo que la generó puede sostener con certeza técnica plena. Un cese de esta naturaleza —de la máxima responsable de un servicio de inteligencia del Estado— no es un trámite menor: es una decisión de calado institucional, tomada al calor de una afirmación cuya solidez no ha podido confirmarse ni desmentirse desde entonces.

El caso coincidió, además, con el agravamiento de una crisis diplomática ya existente con Marruecos, y ha alimentado desde entonces —a través de fuentes periodísticas y de inteligencia no identificadas y de conclusiones “presuntas” recogidas por el propio Parlamento Europeo— una atribución de responsabilidad a ese país que nunca ha sido confirmada oficialmente por ningún canal verificable. Una democracia no debería construir su relación con un país vecino sobre una atribución de espionaje que ni siquiera sus propios servicios pueden sostener con la certeza que en su momento se transmitió a la ciudadanía.

Y hay una tercera consecuencia, más difusa pero no menos real: el caso Sánchez se ha convertido, en el debate público español, en el contrapeso retórico casi automático frente a cualquier mención del Catalangate — “también el CNI espió, también el Gobierno fue víctima”. Ese uso del caso, para equilibrar responsabilidades políticas, presupone una certeza sobre los hechos que, a día de hoy, no existe. Si la afirmación original no puede sostenerse con el rigor que su propio uso público exige, tampoco puede sostenerse el argumento político que sobre ella se ha construido durante cuatro años.

Frente a esta secuencia de consecuencias asentadas sobre una certeza no verificada, merece la pena destacar, con el mismo rigor, la actitud que ha mantenido el instructor de la causa, el magistrado José Luis Calama, hoy, años después decidiendo sobre casos mas complejos, que afectan a nuestra democracia. A diferencia del anuncio gubernamental de 2022, la instrucción judicial nunca ha dado por cerrado el caso con la misma seguridad. El juez decretó el sobreseimiento provisional en 2022 ante la falta de cooperación de Israel —sin forzar una conclusión que los hechos no permitían—. Cuando en 2024 llegaron nuevos datos desde Francia, no se conformó con el primer informe del CCN-CERT: exigió una comparación exhaustiva, y ante la demora del propio CNI en entregarlo, hizo constar esa demora en un auto y amplió el plazo de instrucción en lugar de cerrar la causa por defecto. Cuando el informe finalmente llegó y resultó impreciso, el juez no lo dio por bueno sin más: lo hizo constar literalmente —“no aporta ninguna novedad”, “técnicamente imposible afirmar nada”— (valoración que desde mi modestia técnica soporto plenamente) y, en lugar de archivar, pidió interrogar directamente al CEO de NSO Group (la ingeniería autora y comercializadora de Pegasus) remitiendo una nueva comisión rogatoria a Israel.

Esta forma de proceder contrasta, de manera notable, con la premura del anuncio político original. Donde el Gobierno ofreció certeza inmediata, el juez ha exigido, sistemáticamente, prueba verificable — y allí donde esa prueba no ha llegado con la solidez requerida, lo ha dejado consignado con precisión en lugar de darlo por sentado. Es, en cierto sentido, la prudencia judicial operando como el contrapeso que la comunicación política de 2022 no ofreció: mientras el Ejecutivo transmitía una seguridad que los hechos no sostenían, la instrucción judicial ha ido, paso a paso, exigiendo exactamente el nivel de verificación que a la ciudadanía se le presentó ya como innecesario, porque el caso se anunció como resuelto desde el primer día.

Nada de lo anterior permite concluir que la infección no ocurriera, ni que el Gobierno actuara de mala fe al anunciarla. Lo que sí permite concluir, con la información disponible hoy, es que una democracia ha adoptado decisiones de consecuencia real —el cese de una alta funcionaria, el agravamiento de una crisis diplomática, un argumento político sostenido durante cuatro años— sobre la base de una certeza institucional que el propio organismo que la produjo ya no puede sostener con el rigor con el que en su día se presentó. Que sea precisamente la prudencia de un juzgado, y no la comunicación pública del Estado, la que haya mantenido abierta la pregunta durante todo este tiempo, dice tanto sobre el valor de la independencia judicial como sobre el coste de haber dado por cerrado, en 2022, algo que en realidad nunca llegó a demostrarse.

Pese a los retrasos y a las trabas que acumulan, las investigaciones por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas deparan sorpresas. La inteligencia española ha admitido cuatro años después de estallar el escándalo Pegasus que espió al periodista y exparlamentario de la CUP David Fernàndez, algo que no había ocurrido hasta ahora.

El nombre de Fernàndez aparece en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno, a petición del juez, autoriza la desclasificación de una pequeña parte del espionaje al periodista y al exparlamentario de la CUP Carles Riera. Como ya ha ocurrido en anteriores casos, la información que el Ejecutivo facilita a requerimiento de los jueces que investigan el espionaje es parcial y limitada.

A diferencia de Fernàndez, Riera sí formaba parte de los 18 independentistas a los que la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió haber espiado en el Congreso en 2022. En el documento, el Consejo de Ministros niega que el CNI espiara al exdiputado Albert Botran, querellante del caso junto a los otros dos exdiputados.

Los únicos documentos que el Gobierno facilita al juez son los autos del Tribunal Supremo por los que se avaló el espionaje solicitado por el CNI. Como ya ha ocurrido en otros espiados, como el expresident Aragonès o el exviceconseller Sergi Sabrià, el Ejecutivo los envía al juez con numerosos tachones para no desvelar, según el Ejecutivo, “actividades, medios y procedimientos” del centro.

El Ejecutivo expone en el acuerdo de desclasificación que el espionaje sobre Fernàndez fue autorizado por el Supremo en diciembre de 2019 y que se prorrogó hasta el 2 de junio de 2020. Por entonces el procés digería las protestas que en otoño de 2019 convocó Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés del Supremo, si bien la pandemia cortó toda actividad en la calle.

Fernàndez había dejado de ser diputado en 2015 y por entonces era militante de la CUP, periodista y activista en varias organizaciones soberanistas como Òmnium Cultural.

En el caso de Riera, el espionaje coincide con su periodo como diputado del Parlament. El Supremo avaló la infiltración en su teléfono casi dos años, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022. El Ejecutivo alega, en base a los informes del CNI, que se trató de una “actividad legal y autorizada judicialmente”, tal y como ha defendido Esteban en la media docena de causas en las que está imputada por el espionaje a los independentistas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas, tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

En el documento de desclasificación, el Gobierno vuelve a omitir si usó el programa espía Pegasus contra Riera y Fernàndez, y se limita a indicar que ambos “fueron efectivamente objeto de unas medidas de interceptación legal de las comunicciones”, sin más concreciones.

Paz Esteban no varía su línea de defensa. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a escudarse en el secreto oficial para no dar detalles a la jueza del espionaje al exalto cargo de ERC Sergi Sabrià, además de alegar que una de las infiltraciones que sufrió el independentista con el programa Pegasus fue legal porque estaba avalada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, Paz Esteban ha declarado como investigada ante la jueza este viernes en la causa por el espionaje a Sabrià, una de la decena de casos abiertos en los juzgados de Barcelona por la infiltración del CNI en teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

Además de la causa por el espionaje a Sabrià, Esteban está imputada en otros cinco juzgados de Barcelona que investigan las denuncias del expresident Pere Aragonès; los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové; el abogado de ERC Andreu Van den Eynde y el exeurodiputado Jordi Solé; los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Esteban ha declarado por videoconferencia desde Madrid, acompañada de un abogado del Estado. En el juzgado de Barcelona, eran dos abogadas del Estado las que la representaban. La exjefa de los espías ha seguido el guion que ya avanzó en su declaración por el espionaje a Aragonès: admitir las infiltraciones avaladas por el Supremo y desentenderse de los espionajes constatados por los forenses, pero en los que no consta que el CNI pidiera permiso al Alto Tribunal.

En el caso de Sabrià, el Supremo concedió permiso al CNI para entrar en su teléfono en 2020. Pero su teléfono también sufrió infiltraciones con Pegasus en 2018 y 2019, sin que Esteban haya dado explicaciones sobre ambas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas , tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

El Gobierno ha echado una mano a Esteban: el acuerdo de desclasificación por el que Ejecutivo autorizaba a Esteban a declarar ante la jueza limitaba los datos que podía dar al recordar el deber de reserva y secreto que, por norma general, rige las actividades del CNI. En la práctica ello ha implicado que la exjefa de los espías solo admitiera el espionaje autorizado por el Supremo. Y nada más.

La exjefa de los espías fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido tres, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

Ninguna de las causas que investigan al CNI por espiar a los independentistas ha llegado a juicio. Entre otras razones, por los límites a desclasificar documentos sobre el coste y uso del programa Pegasus que ha impuesto el Gobierno a las peticiones de los jueces, además de la falta de colaboración de Israel e Irlanda.

En un duro informe presentado este jueves, Amnistía Internacional cargó contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía, a quien acusó de “obstaculizar” las causas por Pegasus.

La Fiscalía “obstaculiza” y “dificulta” las investigaciones abiertas por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a dirigentes, abogados y familiares de independentistas catalanes con el programa Pegasus.

Así lo ha concluido Amnistía Internacional tras estudiar diez de las causas que instruyen distintos juzgados de Barcelona sobre el espionaje. El documento, muy crítico con el Ministerio Público, carga contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía.

El escándalo de espionaje a los independentistas catalanes, producido tanto bajo el Gobierno del PP como del PSOE se destapó en 2022. Cuatro años después, las investigaciones judiciales han corrido suerte dispar, pero ninguna de ellas ha conseguido llegar a juicio.

“La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas”, ha denunciado Virginia Álvarez, responsable del área de investigación en derechos humanos de Amnistía Internacional en España durante una rueda de prensa en Barcelona.

La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso.

La investigación judicial más avanzada es la que tiene como víctima al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, una de las 18 personalidades independentistas que el CNI admitió haber espiado. El juez Santiago García es el juez de Barcelona que más ha investigado el caso, y ahora solo tiene que decidir si envía a Paz Esteban a juicio o archiva un caso en el que la Fiscalía ha exculpado a la exjefa de los servicios secretos.

La abogada Blanca Domínguez, una de las autoras del informe, ha criticado incluso las preguntas del fiscal en los interrogatorios del caso por “ir dirigidas a minimizar los hechos” e “invitar” a Esteban a acogerse a la ley de secretos oficiales o al deber de reserva en las actividades del CNI. Álvarez ha detallado que, tras trasladar Amnistía su preocupación a la Fiscalía, el Ministerio Público respondió que su actuación estaba guiada por el principio de legalidad.

El resto de procedimientos, repartidos en distintos juzgados de instrucción porque la Audiencia de Barcelona rechazó crear una única macrocausa, han avanzado lentamente y a trompicones. La instancia superior ha tenido que corregir a varios de los instructores, que archivaron o declinaron investigar a fondo el caso, y ha ordenado imputar a Esteban en otros tres casos.

Pese a varias peticiones de los jueces, el Gobierno tan solo ha desclasificado una mínima parte (y con tachones) de los autos con los que el Supremo habilitó el espionaje, y se ha negado a proporcionar, aduciendo el secreto de las actividades del CNI, documentos sobre contratos y pagos del centro a NSO.

Además, la falta de colaboración de Israel, Luxemburgo (país europeo en el que NSO tiene una filial) e Irlanda (donde están residenciadas las multinacionales de telecomunicaciones como Whatsapp) ha lastrado las investigaciones.

“A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando”, ha denunciado la periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y una de las víctimas. “Queremos saber quién ordenó el espionanje, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde se almacenó toda la información”, ha agregado. 

En su informe, Amnistía Internacional denuncia la “revictimización” que todos estos obstáculos provocan a los afectados por el espionaje, e insta a la Fiscalía a “cambiar radicalmente su papel en los procedimientos y ponerse al lado de las víctimas”.

El informe también propone cambios legislativos para impedir que se repita el espionaje “indebido” a personajes de la sociedad civil. Amnistía Internacional reclama que se prohíban los programas de espionaje masivo como Pegasus.

“No existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI”, denuncia Amnistía, que ve “urgente” la modificación de la ley reguladora de la actividad del centro para acabar con los permisos que, de forma general, concedió el Supremo al espionaje.

En este sentido, Álvarez ha destacado que el control judicial es “imposible” ante un programa “tan invasivo y que obtiene tantos datos de manera tan desproporcionada como Pegasus”. “Este 'software' no se puede usar sin una interferencia total a la privacidad, no hay posibilidad de usarlo de forma proporcionada”, ha apostillado.

La entidad reclama asimismo una reforma de la ley de secretos oficiales (que no se ha tocado en todos los años de democracia) para “alinearla con los estándares internacionales” de derechos humanos.

Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.

El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.

En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.

En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.

La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.

El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.

La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.

Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.

A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.

El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.

El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.

Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.

El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.

Los modelos de inteligencia artificial capaces de ejecutar nuevos y devastadores ciberataques contra gobiernos y empresas están a tan solo unos meses de distancia, según han advertido las agencias de inteligencia de la llamada 'alianza de los Cinco Ojos' (Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá) en una inusual declaración conjunta en la que instan a los líderes a “actuar ya”.

Esta sorprendente intervención pública de la alianza de espionaje, creada tras la Segunda Guerra Mundial, se produce después de que la administración Trump decidiera a principios de este mes prohibir por primera vez el uso de una IA a los “ciudadanos extranjeros”. Se trataba de Fable, una versión recortada de Mythos, un modelo de IA desarrollado por la empresa tecnológica Anthropic y que ha levantado las alertas a nivel internacional por su capacidad de encontrar brechas de seguridad que habían pasado inadvertidas a los mejores especialistas humanos.

El comunicado, emitido a última hora de la noche del lunes, señala que si bien la IA “ayudará a mejorar la ciberdefensa con el tiempo, también acelera la velocidad, la escala y la sofisticación de las ciberamenazas”.

Los modelos de IA de vanguardia pueden transformar profundamente tanto las capacidades ciberofensivas como las defensivas. El plazo no es de años, es de meses

“Se prevé que los modelos de IA de vanguardia superen las expectativas actuales de la industria, transformando profundamente tanto las capacidades ciberofensivas como las defensivas. El plazo no es de años, es de meses”, afirma la advertencia de las agencias de la alianza. “En este entorno, la ciberresiliencia es integral para garantizar la continuidad del negocio, la confianza del mercado y el valor a largo plazo”.

Las agencias de ciberseguridad afirmaron que los saltos cualitativos en los modelos de IA demuestran que la tecnología reducirá las barreras para los actores maliciosos y aumentará la velocidad y complejidad de los ataques.

“Se requiere una respuesta de toda la organización y de toda la sociedad”, añade el comunicado de los 'Cinco Ojos'. “El ciberriesgo ya no puede tratarse como un asunto puramente técnico. Se trata de un riesgo empresarial central y de una responsabilidad de liderazgo”.

El ciberriesgo ya no puede tratarse como un asunto puramente técnico. Se trata de un riesgo empresarial central y de una responsabilidad de liderazgo

Los modelos de IA generativa son nuevas y potentes herramientas capaces de buscar vulnerabilidades en los sistemas de ciberseguridad, y pueden ayudar tanto a explotar esas brechas como a repararlas. “Lo que diferencia a los últimos modelos de IA es que son muy buenos generando exploits (programas para aprovechar fallos de seguridad)”, explica Olivia Shen, experta en seguridad nacional e IA en el Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de Sídney.

Aunque la declaración de los 'Five Eyes' no menciona explícitamente a ninguna empresa ni modelo de IA por su nombre, las miradas de medio mundo están puestas en la gama avanzada de herramientas de Anthropic.

Una de las últimas creaciones de esta gran firma tecnológica es Fable 5, una versión recortada de Mythos, un potente modelo de IA lanzado a principios de año. Mythos es capaz de detectar vulnerabilidades en sistemas informáticos y solo está disponible para gobiernos y empresas acreditadas debido al temor de que pueda ser instrumentalizado de forma maliciosa.

El gobierno de Estados Unidos suspendió en junio el uso de ambos modelos de Anthropic para “ciudadanos extranjeros”, alegando recomendaciones de las autoridades de seguridad nacional.

Shen señaló que, aunque buena parte del mundo está atenta a los próximos pasos de Anthropic, podría haber muchos otros modelos de IA de gran potencia en el horizonte cercano. “Creo que debemos anticipar que el próximo Mythos o el próximo Fable están a la vuelta de la esquina”, advierte Shen. “Solo podemos ver lo que ya se ha hecho público, pero podría haber otros modelos en desarrollo por parte de países como China, u otros estados, actores y empresas, que sean igual de avanzados”.

Un cable submarino mal protegido obliga a cualquier potencia a mirar el mar como un espacio donde también se libra la vigilancia. Los Estados con intereses militares vigilan si otros les espían porque una ruta naval, una base costera o una comunicación sensible pueden revelar movimientos que conviene mantener fuera del alcance rival.

Esa atención crece cuando la tecnología permite recoger datos sin acercar un buque de guerra ni provocar una crisis diplomática. En ese terreno, los animales pueden servir como soporte porque se desplazan por zonas difíciles, despiertan menos sospechas y pueden transportar sensores pequeños durante recorridos largos. La utilidad está en el acceso, en la discreción y en la posibilidad de enviar información ambiental que después ayuda a interpretar un territorio marítimo.

China aseguró que halló especies con sensores adheridos

China ha acusado a agencias extranjeras de inteligencia de usar nuevos métodos para vigilar sus aguas, incluidos animales marinos equipados con sensores. El Ministerio de Seguridad del Estado de China publicó el viernes en WeChat un aviso sobre una “guerra secreta invisible” en los mares próximos al país, donde, según su versión, se estarían reuniendo datos sensibles mediante aparatos de espionaje.

La institución afirmó que esas prácticas buscan obtener información del entorno submarino y de la actividad marítima, aunque no identificó a ningún país ni a ninguna agencia responsable. Por lo tanto, son acusaciones en términos generales.

Entre los aparatos señalados por Pekín aparecen boyas instaladas, según el ministerio, por un instituto extranjero de investigación marina. Esos dispositivos llevarían sensores meteorológicos de alta precisión y permitirían rastrear en tiempo real las firmas acústicas de submarinos chinos.

La misma publicación citó un nuevo tipo de planeador marino impulsado por el oleaje y por energía solar, al que atribuyó la transmisión de datos ambientales de interés militar e información sobre movimientos de embarcaciones. También mencionó equipos colocados en buques de carga capaces de captar la actividad de los puertos en tiempo real.

La parte más llamativa de la acusación se centró en criaturas marinas de gran tamaño. El Ministerio de Seguridad del Estado de China aseguró que se habían hallado animales con sensores adheridos en ciertas aguas del país, dentro de un apartado titulado “tortugas espía, peces espía”.

Según esa versión, los animales nadaban por zonas determinadas mientras recogían temperatura del agua, salinidad y corrientes oceánicas, y después transmitían esos datos al extranjero por satélite. La publicación no aclaró dónde se localizaron esos ejemplares ni qué grupo habría colocado los dispositivos.

Rusia ya utilizaba delfines para proteger Sebastopol

El uso militar de animales marinos ya había aparecido en acusaciones anteriores. En 2023, la inteligencia de defensa británica informó de que Rusia reforzaba la seguridad de su base de la Flota del mar Negro en Sebastopol, puerto situado en la península ucraniana ocupada de Crimea, mediante delfines entrenados y mantenidos en corrales flotantes.

El Ministerio de Defensa británico atribuyó a esos animales una función defensiva frente a incursiones bajo el agua: “Probablemente estaban destinados a contrarrestar a buzos enemigos”.

Otro antecedente se remonta a 2019, cuando una beluga apareció en la costa noruega con un arnés preparado para montar una pequeña cámara, un episodio que alimentó sospechas sobre un posible entrenamiento por parte de la marina rusa, aunque Moscú no dio una respuesta oficial.

Pekín pidió ayuda ciudadana para localizar aparatos

Pekín intenta llevar esa vigilancia también a la costa civil. El ministerio pidió controles de seguridad adecuados sobre equipos recibidos del extranjero y animó a pescadores, investigadores y propietarios de embarcaciones a comunicar la presencia de boyas o dispositivos sospechosos.

Según una información recogida por CBS News a partir de BBC News, algunos pescadores han recibido hasta 500.000 yuanes, unos 63.600 euros, por entregar supuestos aparatos de espionaje marítimo a las autoridades. Otros medios chinos sitúan esas recompensas en una horquilla de 50.000 a 500.000 yuanes, cerca de 6.300 a 63.600 euros.

Las denuncias entre China y Occidente se intensificaron

El cruce de acusaciones de espionaje entre Pekín y gobiernos occidentales se ha intensificado en los últimos años. China denunció el mes pasado como una “farsa política” las condenas de dos hombres en Reino Unido por espiar a disidentes de Hong Kong.

En mayo, la policía alemana detuvo a un matrimonio acusado de recabar información sobre tecnología avanzada con posibles usos militares para China. En febrero, Agence France-Presse informó de que las autoridades francesas habían imputado a cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos chinos, por una presunta interceptación de datos militares sensibles.

Ese mismo mes, el Estado Mayor de Defensa Nacional de Grecia comunicó la detención de un coronel sospechoso de facilitar información clasificada y de alto secreto a China.

China afirma que esos datos servirían para futuros mapas

El Ministerio de Seguridad del Estado de China sostiene que la información obtenida en el mar serviría para elaborar mapas submarinos capaces de señalar puntos vulnerables de las defensas costeras del país. Pekín suele vincular ese tipo de alertas al mar de China Meridional, el mar de China Oriental y el estrecho de Taiwán, tres espacios muy disputados y con fuerte presencia militar.

En 2024, el Gobierno chino aseguró que había identificado “faros” ocultos en el fondo oceánico que podían guiar el tránsito de submarinos extranjeros y “preparar el terreno para la batalla”. Esa lectura convierte cada sensor, cada boya y cada animal equipado en una posible pieza de vigilancia dentro de aguas donde la información ambiental también puede decidir una ventaja militar.

La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de prensa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

El pasado mes de abril, Vladímir Putin visitó el campus de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, situada a orillas del río Yauza, al este de la ciudad, y sede de algunas de las mentes científicas más brillantes del país.

Recorrió el campus, se reunió con estudiantes universitarios y alardeó de los ambiciosos planes de Moscú para misiones espaciales a la Luna y a Marte. “Tenéis todo lo necesario para ser competitivos”, dijo Putin a los estudiantes.

Lo que el comunicado del Kremlin sobre la visita de Putin no mencionó fue la existencia de una facultad secreta dentro de la universidad, conocida simplemente como Departamento 4 o 'Formación Especial'. Aquí, un selecto grupo de estudiantes se prepara discretamente para desarrollar sus carreras en el GRU —la dirección de inteligencia militar de Rusia, cuyos agentes han pirateado parlamentos occidentales, envenenado a disidentes en territorio extranjero e interferido en elecciones en todo Europa y Estados Unidos.

Hasta ahora, su papel en la preparación de futuros agentes de inteligencia ha permanecido en gran medida en secreto, salvo entre un selecto grupo de iniciados y especialistas.

“A veces te seleccionan primero en el colegio, luego vas a Bauman y te unes a los servicios… es parte del sistema de ingreso”, afirma un antiguo alto cargo de defensa de Rusia.

La existencia de esta vía de ingreso, desde una de las instituciones más prestigiosas de Rusia directamente hasta su aparato de inteligencia militar, se revela por primera vez en más de 2000 documentos internos de Bauman, obtenidos por un consorcio de periodistas de seis medios: The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, The Insider, Delfi y VSquare.

Los archivos, que abarcan varios años de actividad hasta 2025, incluyen programas de estudios, registros de exámenes, contratos del personal y las asignaciones profesionales de cada uno de los graduados, trazando su trayectoria desde los ejercicios en el aula sobre piratería informática y desinformación hasta sus destinos en algunas de las unidades cibernéticas más notorias del aparato de inteligencia militar ruso.

Bauman, una de las principales universidades técnicas de Rusia, nunca ha ocultado sus vínculos con el ejército. Fundada en 1830, formó posteriormente a los ingenieros y científicos que construyeron los cohetes, tanques y sistemas de armas soviéticos y sigue haciéndolo hoy en día.

En una carta interna de 2013 a la que ha tenido acceso The Guardian y dirigida al entonces ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, el rector de la universidad escribió que esta lleva a cabo más investigación y desarrollo que cualquier otra institución de educación superior en Rusia y que más del 40% de esta se realiza en interés del Ministerio de Defensa.

El plan de estudios

Integrado en el centro de entrenamiento militar de la universidad, el Departamento 4 se divide en tres ramas especializadas, según sugieren los documentos. La más destacada, con el código 093400, se titula 'Servicio de Reconocimiento Especial'.

Los documentos indican que el GRU ejerce un control directo sobre el proceso de reclutamiento y calificación, enviando a sus propios oficiales para realizar exámenes, aprobar a los candidatos y supervisar las asignaciones. La imagen que se desprende es la de un programa en el que la distinción entre profesor y controlador, y entre enseñanza y reclutamiento, es difusa.

El departamento está dirigido por el teniente coronel Kirill Stupakov, un oficial de inteligencia de señales que, según los documentos, firmó en 2022 un contrato de tres años con la Unidad 45807 del GRU, una de las unidades clave de la agencia. No está claro si sigue en servicio activo.

Entre las materias que imparte Stupakov en Bauman está la formación de los estudiantes para dominar las técnicas de espionaje electrónico y la vigilancia encubierta. Las diapositivas de PowerPoint, aparentemente diseñadas para acompañar sus clases y a las que ha tenido acceso el consorcio, constituyen un catálogo de engaños: un detector de humo que en realidad es una cámara, un dispositivo que se coloca de forma indetectable entre un teclado y un ordenador para registrar cada pulsación, un cable de monitor que también es una máquina silenciosa de capturas de pantalla que almacena sus capturas en una memoria USB oculta.

Otro profesor mencionado en los documentos es Viktor Netyksho, un general de división sancionado por Occidente que comandó la Unidad 26165 —un grupo de hackers conocido como Fancy Bear— cuyos oficiales fueron acusados por el Departamento de Justicia de EEUU de interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

Entre las asignaturas troncales se encuentra una titulada 'Defensa contra el reconocimiento técnico'. A lo largo de 144 horas repartidas en dos semestres, se enseña a los alumnos todo el arsenal de herramientas de la piratería informática moderna, incluyendo ataques a contraseñas, vulnerabilidades de software y los llamados troyanos —programas maliciosos disfrazados de software legítimo que pueden otorgar acceso no autorizado a un sistema—. Para aprobar el curso, los alumnos deben realizar “pruebas de penetración prácticas”, mientras que un módulo se dedica íntegramente a los virus informáticos. Como parte de la evaluación, deben desarrollar uno ellos mismos.

A los alumnos también se les enseña la estructura y organización de las agencias de inteligencia militar estadounidenses y británicas. Sesiones separadas tratan el uso de la inteligencia occidental en la guerra de Ucrania y el desarrollo de drones de reconocimiento y ataque enemigos en el campo de batalla ucraniano.

Además de las tareas de piratería informática, el plan de estudios también abarca la guerra de la información. Los alumnos avanzados deben completar un seminario sobre el desarrollo de una campaña de desinformación, según sugieren los documentos, con la tarea de crear un vídeo para redes sociales utilizando “manipulación, presión y propaganda encubierta”.

A los alumnos se les enseña la mecánica de la manipulación psicológica y cómo imponer una percepción “correcta” de la información a una audiencia.

Los materiales didácticos, por su parte, saturan a los alumnos con la ortodoxia del Kremlin: la guerra en Ucrania era “inevitable”; allí están en el poder “nacionalistas y neonazis”; y los rusos en el Donbás se enfrentan a un “genocidio” respaldado por los países europeos.

Los servicios de inteligencia occidentales se han mostrado cada vez más críticos con la magnitud de la ciberactividad rusa en los últimos años.

En un informe publicado en febrero, los servicios de inteligencia neerlandeses advirtieron de que Rusia estaba intensificando sus actividades híbridas en toda Europa, combinando ciberataques, sabotajes y operaciones de influencia dirigidas a infraestructuras críticas.

El 15 de abril, el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, acusó públicamente a Rusia de llevar a cabo regularmente ciberataques destructivos contra instituciones de la UE.

De las aulas a Sandworm

Los documentos sugieren que entre los 69 estudiantes que se graduaron en el Departamento 4 en la primavera de 2024 se encontraba Daniil Porshin, quien había pasado seis años en Bauman manteniendo notas de sobresaliente mientras jugaba en el equipo de fútbol de la facultad. Tras graduarse, fue destinado a Fancy Bear. No todos los estudiantes superan el corte: los archivos muestran que decenas han sido expulsados o no han logrado graduarse, y las evaluaciones de algunos estudiantes, redactadas por los oficiales superiores del GRU que supervisan el programa, pueden ser demoledoras. “Conocimiento insuficiente de cómo llevar a cabo un ataque a una red remota”, reza una evaluación.

Sin embargo, muchos son considerados aptos para trabajar dentro del GRU: otros 15 de la promoción de Porshin fueron destinados de forma similar a unidades del GRU.

Entre ellos se encontraba un estudiante que asumió su primer destino ese verano, a 1500 kilómetros Moscú, en la Unidad 74455 de la ciudad de Anapa, en el mar Negro —uno de los centros turísticos más populares de Rusia y sede de la unidad de hackers conocida como Sandworm por los gobiernos occidentales—.

Sandworm ha sido acusada por las agencias de inteligencia occidentales de perpetrar algunos de los ciberataques más destructivos de la última década, entre los que se incluyen los dirigidos contra la red eléctrica de Ucrania en 2015, la campaña presidencial francesa de Emmanuel Macron en 2017, los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur en 2018 y la investigación británica sobre el envenenamiento con agente nervioso en Salisbury. El consorcio de periodistas ha intentado contactar a la Universidad Bauman, así como a Netyksho, Stupakov y Porshin, pero no ha recibido respuesta.

A medida que continúa la guerra en Ucrania, los expertos en inteligencia sugieren que Rusia está intensificando sus ataques “híbridos” contra los aliados europeos de Ucrania, intentando llevar a cabo una amplia campaña de interferencia y sabotaje para causar el caos en Occidente, al tiempo que mantiene la negación y no cruza el umbral que podría desencadenar una respuesta militar.

El hackeo y los ciberataques han sido una parte clave de esta estrategia y los documentos sugieren que el programa de Bauman no da señales de ralentizarse. La última promoción de alumnos no se graduará hasta el final del año académico 2027.

Aunque el tesoro de documentos representa una visión sin precedentes del programa de formación secreto y sistemático para los ciberagentes rusos, fuentes internas afirman que solo es una parte del panorama. Otra universidad rusa, Mirea, fue aún más crucial en la formación de hackers, según el antiguo funcionario de Defensa.

“Bauman es una de las pocas universidades de élite utilizadas para identificar a estudiantes superdotados para su reclutamiento en estructuras militares y de inteligencia”, afirma la fuente.