La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de prensa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

El pasado mes de abril, Vladímir Putin visitó el campus de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, situada a orillas del río Yauza, al este de la ciudad, y sede de algunas de las mentes científicas más brillantes del país.

Recorrió el campus, se reunió con estudiantes universitarios y alardeó de los ambiciosos planes de Moscú para misiones espaciales a la Luna y a Marte. “Tenéis todo lo necesario para ser competitivos”, dijo Putin a los estudiantes.

Lo que el comunicado del Kremlin sobre la visita de Putin no mencionó fue la existencia de una facultad secreta dentro de la universidad, conocida simplemente como Departamento 4 o 'Formación Especial'. Aquí, un selecto grupo de estudiantes se prepara discretamente para desarrollar sus carreras en el GRU —la dirección de inteligencia militar de Rusia, cuyos agentes han pirateado parlamentos occidentales, envenenado a disidentes en territorio extranjero e interferido en elecciones en todo Europa y Estados Unidos.

Hasta ahora, su papel en la preparación de futuros agentes de inteligencia ha permanecido en gran medida en secreto, salvo entre un selecto grupo de iniciados y especialistas.

“A veces te seleccionan primero en el colegio, luego vas a Bauman y te unes a los servicios… es parte del sistema de ingreso”, afirma un antiguo alto cargo de defensa de Rusia.

La existencia de esta vía de ingreso, desde una de las instituciones más prestigiosas de Rusia directamente hasta su aparato de inteligencia militar, se revela por primera vez en más de 2000 documentos internos de Bauman, obtenidos por un consorcio de periodistas de seis medios: The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, The Insider, Delfi y VSquare.

Los archivos, que abarcan varios años de actividad hasta 2025, incluyen programas de estudios, registros de exámenes, contratos del personal y las asignaciones profesionales de cada uno de los graduados, trazando su trayectoria desde los ejercicios en el aula sobre piratería informática y desinformación hasta sus destinos en algunas de las unidades cibernéticas más notorias del aparato de inteligencia militar ruso.

Bauman, una de las principales universidades técnicas de Rusia, nunca ha ocultado sus vínculos con el ejército. Fundada en 1830, formó posteriormente a los ingenieros y científicos que construyeron los cohetes, tanques y sistemas de armas soviéticos y sigue haciéndolo hoy en día.

En una carta interna de 2013 a la que ha tenido acceso The Guardian y dirigida al entonces ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, el rector de la universidad escribió que esta lleva a cabo más investigación y desarrollo que cualquier otra institución de educación superior en Rusia y que más del 40% de esta se realiza en interés del Ministerio de Defensa.

El plan de estudios

Integrado en el centro de entrenamiento militar de la universidad, el Departamento 4 se divide en tres ramas especializadas, según sugieren los documentos. La más destacada, con el código 093400, se titula 'Servicio de Reconocimiento Especial'.

Los documentos indican que el GRU ejerce un control directo sobre el proceso de reclutamiento y calificación, enviando a sus propios oficiales para realizar exámenes, aprobar a los candidatos y supervisar las asignaciones. La imagen que se desprende es la de un programa en el que la distinción entre profesor y controlador, y entre enseñanza y reclutamiento, es difusa.

El departamento está dirigido por el teniente coronel Kirill Stupakov, un oficial de inteligencia de señales que, según los documentos, firmó en 2022 un contrato de tres años con la Unidad 45807 del GRU, una de las unidades clave de la agencia. No está claro si sigue en servicio activo.

Entre las materias que imparte Stupakov en Bauman está la formación de los estudiantes para dominar las técnicas de espionaje electrónico y la vigilancia encubierta. Las diapositivas de PowerPoint, aparentemente diseñadas para acompañar sus clases y a las que ha tenido acceso el consorcio, constituyen un catálogo de engaños: un detector de humo que en realidad es una cámara, un dispositivo que se coloca de forma indetectable entre un teclado y un ordenador para registrar cada pulsación, un cable de monitor que también es una máquina silenciosa de capturas de pantalla que almacena sus capturas en una memoria USB oculta.

Otro profesor mencionado en los documentos es Viktor Netyksho, un general de división sancionado por Occidente que comandó la Unidad 26165 —un grupo de hackers conocido como Fancy Bear— cuyos oficiales fueron acusados por el Departamento de Justicia de EEUU de interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

Entre las asignaturas troncales se encuentra una titulada 'Defensa contra el reconocimiento técnico'. A lo largo de 144 horas repartidas en dos semestres, se enseña a los alumnos todo el arsenal de herramientas de la piratería informática moderna, incluyendo ataques a contraseñas, vulnerabilidades de software y los llamados troyanos —programas maliciosos disfrazados de software legítimo que pueden otorgar acceso no autorizado a un sistema—. Para aprobar el curso, los alumnos deben realizar “pruebas de penetración prácticas”, mientras que un módulo se dedica íntegramente a los virus informáticos. Como parte de la evaluación, deben desarrollar uno ellos mismos.

A los alumnos también se les enseña la estructura y organización de las agencias de inteligencia militar estadounidenses y británicas. Sesiones separadas tratan el uso de la inteligencia occidental en la guerra de Ucrania y el desarrollo de drones de reconocimiento y ataque enemigos en el campo de batalla ucraniano.

Además de las tareas de piratería informática, el plan de estudios también abarca la guerra de la información. Los alumnos avanzados deben completar un seminario sobre el desarrollo de una campaña de desinformación, según sugieren los documentos, con la tarea de crear un vídeo para redes sociales utilizando “manipulación, presión y propaganda encubierta”.

A los alumnos se les enseña la mecánica de la manipulación psicológica y cómo imponer una percepción “correcta” de la información a una audiencia.

Los materiales didácticos, por su parte, saturan a los alumnos con la ortodoxia del Kremlin: la guerra en Ucrania era “inevitable”; allí están en el poder “nacionalistas y neonazis”; y los rusos en el Donbás se enfrentan a un “genocidio” respaldado por los países europeos.

Los servicios de inteligencia occidentales se han mostrado cada vez más críticos con la magnitud de la ciberactividad rusa en los últimos años.

En un informe publicado en febrero, los servicios de inteligencia neerlandeses advirtieron de que Rusia estaba intensificando sus actividades híbridas en toda Europa, combinando ciberataques, sabotajes y operaciones de influencia dirigidas a infraestructuras críticas.

El 15 de abril, el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, acusó públicamente a Rusia de llevar a cabo regularmente ciberataques destructivos contra instituciones de la UE.

De las aulas a Sandworm

Los documentos sugieren que entre los 69 estudiantes que se graduaron en el Departamento 4 en la primavera de 2024 se encontraba Daniil Porshin, quien había pasado seis años en Bauman manteniendo notas de sobresaliente mientras jugaba en el equipo de fútbol de la facultad. Tras graduarse, fue destinado a Fancy Bear. No todos los estudiantes superan el corte: los archivos muestran que decenas han sido expulsados o no han logrado graduarse, y las evaluaciones de algunos estudiantes, redactadas por los oficiales superiores del GRU que supervisan el programa, pueden ser demoledoras. “Conocimiento insuficiente de cómo llevar a cabo un ataque a una red remota”, reza una evaluación.

Sin embargo, muchos son considerados aptos para trabajar dentro del GRU: otros 15 de la promoción de Porshin fueron destinados de forma similar a unidades del GRU.

Entre ellos se encontraba un estudiante que asumió su primer destino ese verano, a 1500 kilómetros Moscú, en la Unidad 74455 de la ciudad de Anapa, en el mar Negro —uno de los centros turísticos más populares de Rusia y sede de la unidad de hackers conocida como Sandworm por los gobiernos occidentales—.

Sandworm ha sido acusada por las agencias de inteligencia occidentales de perpetrar algunos de los ciberataques más destructivos de la última década, entre los que se incluyen los dirigidos contra la red eléctrica de Ucrania en 2015, la campaña presidencial francesa de Emmanuel Macron en 2017, los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur en 2018 y la investigación británica sobre el envenenamiento con agente nervioso en Salisbury. El consorcio de periodistas ha intentado contactar a la Universidad Bauman, así como a Netyksho, Stupakov y Porshin, pero no ha recibido respuesta.

A medida que continúa la guerra en Ucrania, los expertos en inteligencia sugieren que Rusia está intensificando sus ataques “híbridos” contra los aliados europeos de Ucrania, intentando llevar a cabo una amplia campaña de interferencia y sabotaje para causar el caos en Occidente, al tiempo que mantiene la negación y no cruza el umbral que podría desencadenar una respuesta militar.

El hackeo y los ciberataques han sido una parte clave de esta estrategia y los documentos sugieren que el programa de Bauman no da señales de ralentizarse. La última promoción de alumnos no se graduará hasta el final del año académico 2027.

Aunque el tesoro de documentos representa una visión sin precedentes del programa de formación secreto y sistemático para los ciberagentes rusos, fuentes internas afirman que solo es una parte del panorama. Otra universidad rusa, Mirea, fue aún más crucial en la formación de hackers, según el antiguo funcionario de Defensa.

“Bauman es una de las pocas universidades de élite utilizadas para identificar a estudiantes superdotados para su reclutamiento en estructuras militares y de inteligencia”, afirma la fuente.

La historia se repite en el caso Pegasus. La Audiencia de Barcelona ha vuelto a dar la razón a las víctimas del espionaje y ha ordenado al juez que indague mucho más a fondo para esclarecer si, como apuntan todos los indicios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) introdujo el 'software' malicioso israelí en los teléfonos de dirigentes soberanistas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de Benet Salellas, abogado del exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri, la periodista Txell Bonet (pareja del exdirigente Jordi Cuixart) y la jefa de internacional de la entidad, Elena Jiménez, y ordena reabrir el caso que el juez de instrucción había archivado.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del instructor le ordenan que reclame al Gobierno desclasificar todos los datos sobre el espionaje ante los “indicios” de que el CNI podría ser el responsable. Aunque no lo está en el procedimiento sobre las víctimas de Òmnium, la exjefa del CNI Paz Esteban permanece imputada en otras cuatro causas.

Hasta ahora, todas las peticiones de los distintos jueces que investigan el espionaje se han topado con una respuesta muy limitada del Gobierno. El Ejecutivo o bien ha negado que el CNI espiara a algunas de las víctimas (y, en consecuencia, no ha enviado a los magistrados la documentación que pedían) o bien ha enviado tan solo parcialmente los papeles reclamados (y con tachones en varios de ellos).

Pese a las trabas del Gobierno, los informes periciales de los Mossos d'Esquadra en los distintos juzgados han permitido trazar un patrón común que delata al CNI: se ha constatado que varios servidores se repiten tanto en las infiltraciones a los independentistas que el CNI sí admitió haber espiado como a los que no.

Los jueces advierten que son conscientes de las múltiples causas en los juzgados de Barcelona que investigan el espionaje. “No escapa a la Sala que son varios juzgados que están investigando hechos análogos y que se encuentran en una fase más avanzada”, reza el auto, en velada referencia a causas que ya están listas para decidir si van a juicio, como la del espionaje al expresident Pere Aragonès.

“Parece que existen indicios de una intervención no autorizada a los terminales y cuya autoría pudiera apuntar al CNI”, ahonda el tribunal sobre el espionaje a Mauri, Bonet y Jiménez, que ya cuenta con una prueba pericial que corrobora intrusiones no autorizadas en sus teléfonos.

A través de la nota de prensa de Òmnium, su presidente, Xavier Antich, ha manifestado que la reapertura de la causa “supone la confirmación del espionaje político” perpetuado contra la asociación cultural. El dirigente ha reclamado que se desclasifique toda la información para saber “toda la verdad de esta causa general contra el independentismo”.

El presidente de Òmnium ha valorado que el denominado 'Catalangate' no solo atenta “contra el derecho a la intimidad y a la comunicación” de las tres víctimas de espionaje, sino que también afecta a su libertad de expresión y el derecho a la defensa, aparte de “espiar ilegalmente” a una de las organizaciones de la sociedad civil “más importantes” de Europa. “Lo de hoy solo la punta del iceberg”, ha apostillado.

El PP ha vetado este jueves que el Senado se persone como parte perjudicada en la causa judicial que investiga el supuesto espionaje cometido por dos extrabajadores de la Cámara y que afectó tanto a parlamentarios como a personal interno. La derecha ha recurrido a su mayoría absoluta para rechazar en la Mesa del Senado una petición del PSOE para que la institución solicite su personación en la instrucción.

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha abierto una investigación tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid, que realizó pesquisas durante varios meses para concluir que existen indicios de delito.

La titular del juzgado, Luisa María Prieto Ramírez, ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos hace ahora un año, tal y como adelantó ayer elDiario.es.

El Senado tiene conocimiento de la denuncia de la Fiscalía al menos desde el pasado mes de febrero, cuando la Mesa de la institución (el órgano de gobierno interno). Ya entonces el PSOE reclamó que la propia Cámara solicitara su personación en la causa, pero la letrada mayor, Sara Sieira, aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión.

Sieira planteó al PSOE que podía dirigir un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debatiera la decisión política de personarse en la causa.

Ese debate se ha producido este jueves. El PSOE ha pedido que el Senado se persone en la causa, pero el PP ha tirado de mayoría absoluta para vetar la petición, pese a que la institución fue claramente perjudicada por la actuación de sus extrabajadores. De hecho, la versión oficial de la dirección de la Cámara es que ningún senador fue perjudicado, pero sí los ordenadores, equipos y documentos de organismos tan relevantes como la Secretaría General (que ejerce el mando administrativo de todo el Senado).

Fuentes del propio Senado ya anticiparon ayer a este medio que no había intención alguna de ser parte de la causa.

En un comunicado, el PSOE se pregunta “¿qué tiene que ocultar?” el PP. “¿Por qué no quiere formar parte de una investigación que afecta directamente a la seguridad de la Cámara?”, se cuestionan.

“Los senadores tienen derecho a conocer las diligencias de investigación con transparencia y el PP no debe bloquearlo con su mayoría absoluta”, añade el comunicado, que denuncia que el PP “se ha negado” a trasladar al PSOE “información” sobre la denuncia.

Desde la Presidencia del Senado que ocupa Pedro Rollán se asegura a elDiario.es que “la Cámara no tiene nada que ver” con lo ocurrido hace un año. “Se hizo un informe que decía que estos señores no habían tenido acceso a datos personales, a los ordenadores ni a ningún dispositivo” de los senadores. Por lo que “la decisión de la Mesa ha sido no personarse”.

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos del Senado el año pasado por acceder de forma ilegítima a equipos de parlamentarios y trabajadores de la Cámara Alta, según ha confirmado elDiario.es de fuentes jurídicas. Ambos deberán comparecer el próximo 24 de junio ante la jueza, quien abrió la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las citadas fuentes. La magistrada ha puesto en marcha el procedimiento a instancias de la Fiscalía, que presentó una denuncia el pasado 22 de enero por un presunto delito de descubrimiento de secretos tras investigar los hechos de forma reservada durante seis meses. El auto de apertura de diligencias por parte del juzgado está fechado el pasado 15 de abril.

El escándalo salió a la luz en mayo de 2025, cuando el Senado despidió a dos empleados por acceder sin permiso a ordenadores personales de parlamentarios y otros trabajadores. El PP, que domina la Cámara Alta con mayoría absoluta, intentó desmontar desde el principio las acusaciones de espionaje y trató de circunscribir la actuación de los dos informáticos, que están casados, al intento de asegurarse sendos ascensos en el escalafón interno.

Esa fue la conclusión que defendió el PP, apoyado en los informes de los servicios internos de la Cámara, con la letrada mayor, Sara Sieira, al frente. La Cámara Alta aseguró que los trabajadores no accedieron sin permiso al ordenador de ningún parlamentario y que solo obtuvieron “información específica sobre los procesos de promoción interna” en equipos de la Secretaría General. Pero la resolución definitiva del expediente sancionador que sirvió para despedir a ambos sí constata “accesos indebidos” de ambos “a los portafirmas” de otros empleados, de “diversos senadores” y de “la letrada mayor”.

Los técnicos informáticos, que formaban parte de la plantilla del Senado como personal laboral, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para tratar de anular el despido, ya que consideran que no existió infracción laboral alguna. Fuentes de su defensa aseguran que ese pleito todavía no se ha resuelto. 

La investigación interna tampoco justificó por qué los dos trabajadores habían accedido a equipos que poco o nada tenían que ver con el proceso de promoción interna abierto y para el que, supuestamente, querían obtener ventaja. De hecho, el director del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, dijo haber detectado accesos ilegítimos de ambos trabajadores desde marzo de 2024, pero el concurso se convocó en septiembre. Incluso aunque en el seno de la Cámara se supiera que se iba a poner en marcha el proceso, algo habitual, los méritos no se hubieran tenido que aportar hasta después de la convocatoria oficial. 

“Un alto riesgo”

La Mesa del Senado, a petición del PSOE, trasladó por unanimidad lo ocurrido a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos. El órgano administrativo cerró de plano las pesquisas porque, según explicó, el Senado tomó las medidas adecuadas para evitar que se replicara el ataque, y que este no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

La Fiscalía sí abrió una investigación para determinar si existía algún indicio, por leve que fuera, de la comisión de algún delito. En un escrito remitido en septiembre del año pasado al presidente del Senado, Pedro Rollán, se aseguraba que los “hechos podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”. Las pesquisas las dirigió la fiscal Eva Calafat, de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid. Se trata de una unidad especializada en las investigaciones criminales vinculadas a la ciberdelincuencia y a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet. 

La Fiscalía acabó judicializando los hechos y su denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 45 de Madrid que preside Luisa María Prieto Ramírez, quien abrió diligencias por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las fuentes consultadas. La denuncia de la Fiscalía se presentó el pasado mes de enero. El Senado fue informado y el asunto se debatió en la Mesa del 16 de febrero, según consta en el acta oficial de la reunión.

La secretaria general explicó que no se les había trasladado copia de la denuncia “porque el Senado no es parte en el proceso”. Ante las quejas de uno de los representantes socialistas, el secretario cuarto, Francisco Manuel Fajardo, Sieira aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión. En todo caso, Sieira planteó al PSOE que dirija un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debata si la Cámara debería personarse en la causa.

Fuentes del Senado aseguran a elDiario.es que la Cámara “no es parte ni está personado en la causa penal”. Y no lo quiere estar, salvo que la Mesa decida lo contrario. Desde el Senado apuntan que “la auditoría interna concluyó que no hubo ningún acceso a los ordenadores personales de los senadores ni a ningún dispositivo de estos”. “Tampoco existió ningún acceso ilícito a ninguna documentación ni portafirmas electrónico de senadores ni miembros del personal o personal al servicio de los grupos parlamentarios”, apuntan las mismas fuentes, pese a que los expedientes internos afirman lo contrario. “No hubo suplantación de la identidad de ningún senador, nadie utilizó los usuarios ni las claves de los Senadores para realizar ningún acceso ilícito”, concluyen las fuentes del Senado.

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

El mundo está cambiando y la guerra está cambiando con él. “Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico”, dice Ángel Gómez de Ágreda.

Gómez de Ágreda (Salamanca, 1965) es coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la reserva, piloto militar de transporte con más de 4.000 horas de vuelo y paracaidista con 624 saltos. Doctor en Ingeniería, ha sido analista jefe de geopolítica en el Ministerio de Defensa, jefe de cooperación en el Mando Conjunto de Ciberdefensa y agregado de Defensa en las embajadas Corea del Sur y Japón. Especialista en ciberseguridad e inteligencia artificial, acaba de publicar Un mundo falaz. El nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación (Ariel).

En esta entrevista con elDiario.es, Gómez de Ágreda profundiza en conceptos como “la guerra cognitiva”, potenciada por la IA. Pero, también, en cómo el poder de las grandes tecnológicas está extendiéndose también hasta los sistemas de defensa de los Estados. A veces, de la mano de empresas mucho más opacas: “Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir”.

De fondo, la carrera de la IA entre EEUU, China y una Europa que necesita actuar “para no perder su voz”. Un mundo en constante cambio y tensión, pero en el que el coronel anima a la sociedad civil a dar “un paso adelante” para “restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos”.

Las herramientas de las grandes tecnológicas son claves en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Se está difuminando la barrera entre la tecnología civil y la militar?

Hasta ahora los ataques se han estado basando en inteligencia procesada en las nubes de Microsoft y de Google, especialmente en la de Microsoft. Con lo cual no solo se han convertido en parte del armamento que está utilizando el ejército, sino que además son una pieza fundamental para la recolección de inteligencia.

Anthropic es el único caso en el que ha habido algo de reticencia por parte de una empresa al uso de su tecnología, pero solo para algunos usos (vigilancia masiva o armas autónomas).

El caso de Anthropic puede haber tenido mucho de escenificación. Al fin y al cabo, en Irán EEUU sigue utilizando sus sistemas junto con Palantir y otras soluciones. Lo que ha supuesto esta maniobra es, por un lado, una campaña propagandística muy rentable para Anthropic, con un gran número de nuevos suscriptores. Por otro lado, creo que también demuestra que el debate sobre la ética de los sistemas civiles empleados con fines militares ha quedado reducido a algo que discuten las grandes empresas y la administración de Estados Unidos, mientras el resto nos quedamos fuera, esperando a ver qué deciden. Nos están apartando de la decisión sobre cómo se van a utilizar unos sistemas que, además, funcionan con nuestros datos: el 70% de los datos de personas, gobiernos y ejércitos del mundo están ahora mismo en las nubes de los hyperscalers (Microsoft, Google y Amazon). Están utilizando nuestros datos en su beneficio y son ellos quienes establecen las reglas sobre cómo podrán usarse.

¿Cree que la gente tiene capacidad de reacción ante esto? ¿O que es demasiado difuso para actuar?

Es tan difuso y aparentemente tan alejado del día a día que resulta invisible, cuando en realidad ocurre lo contrario: está metido tan transversalmente en cada aspecto de tu vida que ya has dejado de verlo. Es como el agua para los peces: es su medio natural. Ahora mismo nuestro medio natural es esta realidad sintética que se está generando, y, por eso, la mayor parte de la gente no solo no se resiste, sino que lo considera una ventaja porque le da comodidad para operar en el día a día.

Es importante que la sociedad civil dé un paso adelante para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos

La única salida, como decíamos, pasa por ese esfuerzo personal de identificar no tanto que te están engañando, sino que te están manipulando; que están actuando sobre tus emociones más que sobre tus percepciones. Y después algo que me parece fundamental: poner en común esas reflexiones individuales. El sentido común se genera en comunidad. Por eso es importante que la sociedad civil dé un paso adelante, probablemente en grupos pequeños al principio, para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y Estados que opera en detrimento de los ciudadanos.

¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué recomendaría a alguien interesado en generar esas comunidades?

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones. Eso puede ocurrir en la familia, en comunidades de vecinos, o, a nivel más amplio, en comunidades de interés. Pero no pueden ser digitales, en el sentido de las actuales redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema. La prensa, por ejemplo, tiene un papel fundamental. Generar grupos de opinión en torno a medios: no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí debemos poder generar ese espíritu crítico. Me comentaba antes de la entrevista que elDiario.es tiene casi 120.000 socios, y eso me parece un modelo estupendo: cada uno de esos socios forma parte de una discusión interna orientada no a generar la realidad, sino a entenderla tal como es.

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones, pero no puede ser en las redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema

En el libro denomina a las grandes tecnológicas como “imperios del silicio”. Teniendo en cuenta esa integración de sus sistemas en la seguridad nacional, ¿le preocupa que los estados estén delegando su capacidad de defensa, de inteligencia, incluso su poder militar en empresas privadas?

Esto ya ocurrió antes. En el Imperio Romano se contrataron legiones enteras de mercenarios bárbaros para defender la frontera, y la cosa no acabó bien. Luego lo vimos con las compañías de Indias Orientales, como la británica, la holandesa o la francesa, que acabaron convirtiéndose en imperios paralelos. En Londres mandaba más la Compañía Británica de Indias que el Parlamento, porque era ella quien controlaba las colonias y de ahí llegaba la riqueza. Al final hubo que reabsorberlas dentro del Estado porque se habían convertido en virreinatos.

Pero el modelo al que parece que tendemos ahora no es el colonialista, sino el inverso: delegar a las empresas el control de las políticas y que esas empresas utilicen a los estados como proxies (apéndices). Es el modelo parecido al de la película RoboCop, no sé si la ha visto.

Me pilla algo lejana.

El trasfondo muestra a una compañía con tanto poder gracias a sus robots de seguridad que acaba usando al alcalde como legislador para favorecer sus propios intereses. Ahora estamos yendo hacia un modelo en el que las grandes tecnológicas utilizan a los estados como herramientas. Los países grandes apenas pueden ya controlarlas y cuando hablamos de países más pequeños, como Sri Lanka, Myanmar o Nepal, donde ha habido revueltas, muertos y caídas de gobiernos relacionadas con las redes sociales, el presidente del país era incapaz de conseguir que alguien de la oficina de Mark Zuckerberg le cogiera el teléfono.

Un ejemplo muy concreto: la base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial y, a partir de esos datos, puede inferir cómo piensas, lo que te hace mucho más fácil de manipular. Estas empresas además controlan las comunicaciones y alimentan las bases de datos de los estados, con lo cual generan el escenario y manipulan a los actores sin contar con ellos. Tener todos esos datos juntos te da mucho más poder que el que tiene Hacienda, Tráfico y cualquier otro organismo por separado, porque aquí está todo integrado y lo que construyen es una imagen en 3D de cada persona.

La base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial

El discurso suele pivotar sobre las grandes tecnológicas, pero como menciona hay actores menos conocidos para el público general que tienen un papel clave en esta militarización de las tecnologías civiles. Uno de ellos es Palantir, clave en los bombardeos de Gaza, en el sistema de deportación de migrantes en Estados Unidos, en el Pentágono, ahora también en Irán.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa. Pasa lo mismo que con Clearview: cuando un agente del ICE se acerca a un coche, no pide documentación, simplemente apunta con el móvil y ya sabe quién es el ocupante gracias a su tecnología. Han conseguido una capacidad de integrar datos y extraer conclusiones en tiempo real que es espectacular. Eso nos permite avanzar en muchísimos terrenos, pero también en los negativos: la manipulación.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa

Y hay que preguntarse en manos de quién estamos dejando todo esto. Los fundadores, Alex Karp y Peter Thiel, son filósofos. Ambos con ideas bastante radicales. Thiel podría calificarse de anarcocapitalista, de extrema derecha. Es coherente con su negocio, por otro lado, porque hace falta una determinada forma de pensar para montar estas empresas.

Esto se relaciona con otro de los conceptos centrales de su libro: la guerra cognitiva. ¿Podría explicar cómo es esa batalla que se libra en nuestras cabezas?

Es una se ha librado siempre. Desde la aparición del lenguaje, este se ha utilizado para sustituir, de alguna manera, a la realidad. Los conceptos no son la realidad; son lo que nosotros entendemos de ella. Son las sombras del mito de la caverna de Platón. El problema es que, desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese.

Desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese

¿Qué es lo que estamos haciendo? No hemos dejado de librar la guerra, pero sí hemos trasladado buena parte del conflicto del campo de batalla a la mente. En lugar de destruir cosas, las presentamos como destruidas. Generamos emociones. Por ejemplo, el bombardeo de Donald Trump durante su primer mandato contra una base en Siria: avisó dos días antes para que la evacuaran. Lanzó decenas de misiles Tomahawk, con un coste de millones de dólares cada uno. No hubo víctimas. ¿Para qué sirvió ese bombardeo? No para destruir la base, ya que no era necesario destruirla, sino para construir un relato: que Estados Unidos estaba implicado en esa guerra y tenía capacidad de acción.

Es decir, hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones. Lo vemos en los discursos políticos del propio Trump, pero también en ámbitos como la publicidad. Si a eso le añadimos las enormes capacidades de la inteligencia artificial para manipular percepciones, lo que estamos haciendo es facilitar que los humanos desarrollen empatía hacia las máquinas; en última instancia, para beneficiar a las empresas que las construyen.

Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones

¿Ve el mismo patrón en los asesinatos selectivos de la cúpula iraní? ¿Un mensaje de “el régimen tiene las horas contadas”?

Ése es un error de cálculo, porque la cadena de mando en Irán está muy bien establecida: después del dos viene el tres, después del tres el cuatro. Eso no va a hacer caer al régimen. Lo que sí se está mandando es un mensaje a la población: “estamos eliminando los obstáculos que teníais”. Pero eso es propaganda tradicional, no guerra cognitiva en sentido estricto. Lo que sí se está viendo mucho es la batalla de relatos: yo estoy destruyendo todo, a mí no me están destruyendo nada. Como cuando Irán intentaba vender que había alcanzado un portaviones americano y los americanos lo negaban. Deepfakes, vídeos manipulados de alta calidad, jugar con los objetivos para afectar al comercio y la economía mundial, mucho más allá de lo que realmente esté ocurriendo sobre el terreno. Todo es manipulación, todo es guerra dentro de las emociones de la gente.

¿Hay alguna estrategia para protegerse de esa propaganda tan quirúrgica?

Para el ciudadano de a pie: confiar más en los propios sentidos y menos en los sensores; quedarte con lo que realmente estás viendo tú. Hay poco más que podamos hacer. Y el problema es que, desde el punto de vista institucional, la forma más cómoda y eficiente de combatir la desinformación del adversario es con desinformación propia o con censura, ninguna de las cuales favorece el juicio individual de las personas.

¿Como, por ejemplo, la censura de los medios rusos en Europa que vimos tras el comienzo de la guerra de Ucrania?

Exacto, y lo curioso es que fuimos nosotros los primeros en aplicarla. Fue el Occidente libre el que censuró los medios rusos, y el que tiene varias agencias de la OTAN y de la Unión Europea en ciudades clave como Helsinki o Riga con el único encargo de vigilar y contrarrestar la desinformación procedente de Rusia. EUvsDisinfo, el Centro de Excelencia de Guerra Híbrida de la OTAN... Son organismos específicamente creados para eso. Pero no son actores neutrales, no son árbitros: son protagonistas. Con lo cual lo que te cuenten puede ser tan falso como lo que están contrarrestando.

Otro de los temas clave del libro es la explicación de las diferentes estrategias de EEUU y China en la carrera de la inteligencia artificial. Hay una estadística muy llamativa que indica que la población china es la más optimista del mundo respecto al avance de la IA...

Cierto, y con bastante diferencia respecto a los países occidentales, además.

A pesar de que aquí no dejamos de advertir de que el Partido Comunista está utilizando esta tecnología para construir un aparato de vigilancia estatal orwelliano.

Es más parecido al de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es más amable.

¿Por qué cree que está ocurriendo esto?

La explicación me parece clara. En Estados Unidos hay grandes empresas desarrollando modelos de negocio basados en inteligencia artificial, con muchísima inversión cruzada entre ellas, generando tecnología que muchas veces no llega al ciudadano más allá de los modelos de lenguaje que la gente usa para hacer un meme o echarse una novia digital. En China, en cambio, están utilizando tanto los desarrollos propios como los americanos para crear aplicaciones que el ciudadano ve cada día en su móvil y que le facilitan la vida. WeChat es desde hace años mil veces mejor que WhatsApp, no hay comparación. Las empresas chinas trabajan para llevar a la sociedad un producto y al Estado una herramienta, o un arma. Son dos modelos completamente distintos: uno tecnológico-económico y otro tecnológico-social, enfocado directamente en lo que usa el ciudadano. Y por eso en China la inteligencia artificial se percibe como mucho más útil: está ayudando a la gente todos los días en multitud de tareas.

Ha dado una clave: en China, cualquier desarrollo de IA puede ser tomado por el Estado para aplicación militar. ¿Cree que la actuación de Trump con Anthropic pretende ser ejemplarizante para corregir esa desventaja estratégica? ¿El hecho de que en EEUU las empresas sí pueden vetar el uso de su tecnología al Gobierno?

Tengo mis dudas. Lo que el caso Anthropic señala es una excepción, no la norma. Ha sido ejemplarizante precisamente porque ha sido noticia que una empresa no coopere sin restricciones con el gobierno, no al revés. No demuestra que haya una separación real entre los intereses de las grandes empresas y los del Estado, sino que en general son convergentes, y ha habido una que ha decidido salirse. Pero han sido los únicos: ¿qué está pasando entonces con todas las demás?

En China tuvimos el caso de Jack Ma, que en un momento se salió de la disciplina del partido y fue purgado, exiliado en Japón. Pero más allá de la retórica de la fusión cívico-militar en China frente a la teórica no-fusión en Estados Unidos, estamos viendo cómo las fuerzas armadas estadounidenses utilizan las nubes de los hyperscalers o Palantir con muy poca diferencia práctica respecto al modelo chino. La distinción real es esta: en China el Estado entra en la toma de decisiones de una empresa en cuanto es lo suficientemente grande. En Estados Unidos la empresa desarrolla modelos que después vende al Estado, con más libertad en la generación del negocio. Pero la utilización final por parte de los estados no se diferencia tanto, lo cual deja a los países que no tienen grandes empresas tecnológicas propias en una situación muy vulnerable.

¿Cree que China puede ganar la carrera de la inteligencia artificial?

A corto plazo, Estados Unidos sigue por delante en desarrollo de IA. Pero China está varias generaciones por encima en campos muy importantes: centrales nucleares —que aprendió de Francia y de Estados Unidos y ya los supera—, baterías, imanes permanentes, materiales críticos donde mantiene un oligopolio que Washington está intentando romper con acuerdos puntuales. Algunos campos los tiene muy desarrollados, y además cuenta con algo que Estados Unidos no tiene: una política coherente a largo plazo. De Trump a Biden y a Trump de nuevo, lo único en lo que se ponen de acuerdo es en que China es una amenaza. La forma de afrontarla cambia con cada administración. Xi Jinping lleva al frente desde 2012 o 2013, consolidando cada vez más su poder y dando continuidad a una estrategia.

Dicho esto, creo que nos queda muchísimo por ver de lo que tienen tanto China como Estados Unidos, tanto en desarrollos aplicados a defensa como a la sociedad. La mayor parte no han salido a la luz. Con lo cual, es muy difícil saber quién está realmente por delante. Lo que sí está claro es que China no es un rival lejano, sino, como dicen los mismos estadounidenses, un competidor cercano.

Están guardando sus cartas.

Exacto, y esto es algo que ya ocurre mucho, por ejemplo, en ciberseguridad, con la atribución de los ataques. Si tú me atacas, para poder señalarte necesito herramientas de atribución, pero si las revelo, pierdo la ventaja porque tú estudiarás como evitar que te detecte. Entonces lo que se hace es decir: “sé que has sido tú, confiad en mí”, pero sin explicar cómo lo sé. Aquí está pasando algo parecido. Estamos viendo ovnis cognitivos, de alguna manera: cosas que suceden y no sabemos cómo porque nadie nos está contando todos los adelantos que tienen. Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer.

Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer

En medio de todo esto se encuentra Europa. ¿Cree que puede encontrar su hueco basándose en la regulación de la IA, como ha intentado hasta ahora?

No. Si Europa no es un actor relevante industrial y tecnológico, tampoco le van a dejar serlo jurídicamente. Ya lo estamos viendo: hay enormes presiones desde Estados Unidos para impedir que la regulación europea se aplique en toda su extensión a las empresas americanas. Sin autonomía estratégica, industrial y tecnológica, Europa cae en la irrelevancia también en el ámbito regulatorio.

Para ser relevante, Europa primero tiene que diseñar y fabricar sus propios sistemas. Y la clave son los estándares: esa es la gran batalla entre Estados Unidos y China, la misma que se libró con Huawei y el 5G. Quien establece los estándares, manda. Europa tiene muchísimo talento y, a diferencia de Estados Unidos o China, genera menos animosidad en el Sur Global. Tenemos que aprovechar esa posición para ser nosotros quienes fijemos esos estándares. Si lo conseguimos, podremos regular de verdad. Si no, podremos escribir normas, pero el estándar seguirá siendo el de otros y el funcionamiento por debajo seguirá siendo el mismo.

El clima de guerra a nivel internacional ha hecho que por primera vez en la UE se empiecen a vincular los discursos de soberanía tecnológica y de defensa, con nuevos fondos para desarrollar estas capacidades.

El gobierno aprobó el paquete de 1.300 millones recientemente [finalmente fueron 1.129 millones]. Es muchísimo. Pero ¿sabe cuánto vale una fábrica de semiconductores?

Por las cifras de la que iba a construir Intel en Alemania, unos 30 o 40.000 millones.

Exacto. 1.300 millones es una salvajada, pero estamos a varios órdenes de magnitud de lo necesario. Draghi hablaba de 800.000 millones de inversión para Europa, no de 1.300. Lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente de registro y dejar de pensar en términos de los últimos 80 años, porque ese mundo ya no existe. No es que esté cambiando: ya ha dejado de ser así. Estamos en una transición hacia un nuevo orden global, y si queremos tener algo que decir en su diseño, tenemos que ser relevantes. Para eso necesitamos nuestros propios estándares y nuestra propia voz. Sin ella, seremos incapaces de defender nuestros propios valores.

¿Defender nuestra propia voz significa más inversión en defensa?

Significa más inversión en autonomía tecnológica e industrial, que después deriva en mayores capacidades de defensa. Pero no sirve de nada aumentar el gasto en defensa si no se hace sobre una base tecnológica e industrial propia que te dé autonomía real a la hora de utilizar esos medios.

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, habría estado proporcionando información en tiempo real a Moscú sobre las discusiones y las decisiones que adoptaban los 27 países de la UE en las cumbres del Consejo Europeo en Bruselas, según ha publicado este domingo The Washington Post. El periódico estadounidense asegura tener testimonios de funcionarios europeos de seguridad en el que acusan al titular húngaro de Exteriores de mantener durante años un contacto estrecho con homólogo ruso, Sergey Lavrov.

La publicación coincide con un momento de máxima tensión entre Bruselas y Budapest. Hungría sigue vetando el préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda financiar su guerra contra Rusia y el paquete número 20 de sanciones contra intereses rusos. Los obstáculos del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, responden a los problemas a los que se enfrenta su partido para la reelección en las próximas elecciones del 12 de abril. Orbán ha convertido a Ucrania y a la UE en la fuente de todas las desgracias que ocurren en Hungría como principal argumento de su campaña electoral. 

La cercanía del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán con Moscú no es algo nuevo, Desde hace años Orbán respalda a Rusia y asegura que el conflicto en Ucrania es un asunto donde la UE no debería inmiscuirse. El ministro húngaro para Europa, János Bóka, ha declarado que la información de The Washington Post “es una noticia falsa que se está difundiendo ahora como una reacción desesperada al impulso de Fidesz en la campaña electoral. Pero el pueblo húngaro no será engañado”, según informa Politico.

Desde la Comisión Europea se ha señalado este lunes que “las informaciones sobre que el ministro húngaro de Exteriores supuestamente reveló a su homólogo ruso las conversaciones a puerta cerrada a nivel ministerial en el Consejo son sumamente preocupantes. La relación de confianza entre los Estados miembros y con la institución es fundamental para el trabajo de la UE. Esperamos que el gobierno húngaro proporcione las aclaraciones correspondientes”.

Otros mandatarios ha declarado abiertamente que no les extraña la información publicada por el medio estadounidense. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha señalado en la red social X que “la noticia de que el entorno de Viktor Orbán informa a Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie. Llevamos mucho tiempo sospechándolo. Esa es una de las razones por las que solo tomo la palabra cuando es estrictamente necesario y digo únicamente lo imprescindible”.

'GameChanger' para alterar la campaña electoral húgara

La conexión entre Moscú y el partido de Orbán no solo se queda en el traspaso de información. The Washington Post asegura que oficiales del servicio de inteligencia ruso, SVR, sugirieron que podría ser necesaria una acción drástica, lo que se conoce como estrategia de “Cambio de Juego” (Gamechanger en inglés), que consiste en “alterar todo el paradigma de la campaña electoral con la puesta en escena de un intento de asesinato contra Viktor Orbán”. En este sentido, el periódico estadounidense recuerda cómo funcionó para Donald Trump en las encuestas el supuesto intento de asesinato durante la campaña electoral de las presidenciales estadounidenses de julio de 2024.

Fuentes del Gobierno ruso respondieron: “Hemos declarado en repetidas ocasiones que Rusia no interviene en las elecciones de otros países. Nos gustaría enfatizar una vez más que la interferencia en la campaña electoral húngara de ninguna manera proviene de la parte rusa”.

La Administración Trump ha mostrado claramente el apoyo a Orbán. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reiteró su claro respaldo al primer ministro ultranacionalista, el mejor aliado de Donald Trump en la UE.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró el pasado febrero cuando visitó Hungría que Trump estaría incluso dispuesto a brindar ayuda económica a Hungría si fuera necesario: “Puedo decirles con total confianza que el presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito, ya que la relación que mantenemos aquí en Europa Central a través de ustedes es esencial y vital para nuestros intereses nacionales en los años venideros”.

“Si se enfrentan a dificultades financieras, si se enfrentan a obstáculos para el crecimiento, si se enfrentan a amenazas para la estabilidad de su país, sé que el presidente Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y a la importancia que esto tiene para nuestro país, en encontrar formas de prestarles ayuda si alguna vez se diera el caso”, recalcó Rubio.

El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

La vida de Margaretha Geertruida Zelle, más conocida por su nombre artístico Mata Hari, acabó de la forma que pocos esperaban. La mujer, que se había dado a conocer como cortesana de la élite europea, terminó fusilada por los franceses, que la acusaron de trabajar para los alemanes. Su muerte sirvió para construir el mito de “espía fatal”, pero ¿quién fue realmente esta mujer?

Margaretha nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden (Países Bajos) en el seno de una familia acomodada que la envió a estudiar magisterio a una escuela privada. No queda claro si la joven comenzó una relación con el director del centro o si esta fue víctima de acoso, pero lo que se sabe con certeza es que su padrino decidió sacarla de allí. 

A los 18 años, desesperada por cambiar de aires, respondió a un anuncio del periódico en el que Rudolf MacLeod, un capitán del ejército neerlandés veinte años mayor que ella, anunciaba que buscaba esposa. Margaretha y Rudolf se comprometieron una semana después de conocerse y se casaron en julio de 1895.

Juntos se fueron a vivir a la isla de Java, donde comenzó la pesadilla. Margaretha vivió un matrimonio infeliz y violento, marcado por un marido alcohólico que pronto empezó a maltratarla. Tuvieron dos hijos, Norman y Jeanne, pero el varón murió cuando tenía dos años. En 1902, la pareja volvió a Europa y al poco tiempo decidieron divorciarse, momento en el que Margaretha perdió la custodia de su hija.

Su relación con el espionaje, a debate

Margaretha tuvo que encontrar la manera de sobrevivir por su cuenta, y fue entonces cuando creó el personaje que se convertiría en su alter ego: Mata Hari, que en malayo significa “ojo del día”. Instalada en París, empezó trabajando en un circo, donde comenzó a destacar con sus bailes eróticos que más tarde la llevaron a ser contratada en fiestas privadas. 

Al dinero que conseguía con aquellos bailes, en los que casi se quedaba desnuda, se sumaron los regalos que empezó a recibir de sus amantes, casi todos empresarios ricos y militares relacionados con el poder político. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, su fama y su relación con estos personajes poderosos la pusieron en el punto de mira de algunos gobiernos.

Georges Ladoux, jefe del Deuxième Bureau (servicio de inteligencia francés), llegó a la conclusión de que Mata Hari estaba actuando como agente doble, por lo que decidió arrestarla y acusarla de espionaje. La mujer fue condenada a la pena capital. Hoy en día, son muchos historiadores los que creen que el papel que tuvo como espía fue mínimo o exagerado, y que más bien fue utilizada como chivo expiatorio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró del servicio al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusó de haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales, con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante un consejo de ministros celebrado en Montería, capital del departamento de Córdoba, Petro denunció ayer un supuesto complot en su contra y aseguró que antes de su reunión en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía, aunque no mencionó su nombre.

Según el jefe de Estado, “alguien le dio la orden” a ese oficial de ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos oficiales con el objetivo de “evitar” el encuentro en Washington.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario en el que dispuso la salida del general Urrego mediante “llamamiento a calificar servicios”, una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

La supuesta maniobra contra Petro está relacionada además con un allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.

Benedetti dijo hoy que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino “porque hay un informe de inteligencia” que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho [...] y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”, agregó Benedetti.

El ministro, que llamó “cobarde” a Urrego, dijo que el oficial destituido “tomó partido para delinquir” pese a que “su cargo le prohíbe deliberar en política”.

Urrego aseguró en declaraciones a medios locales que no había recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.

“Soy completamente inocente”, dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse “a cualquier prueba técnica”, como la del polígrafo, para demostrar su integridad.

Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.

“Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse.

Si se quisiera buscar un símil literario que describiera a Jackson Lamb, el agente del MI5 responsable de la infame 'Casa de la Ciénaga', un edificio gris y cochambroso de Londres donde son destinados los espías castigados por su mal comportamiento, ese sería sin duda el de Ignantius J. Reilly, protagonista de La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Sucio, fumador empedernido, bebedor, malhablado y consumidor compulsivo de productos grasientos y llenos de azúcar, Lamb es el protagonista de una serie de novelas que han hecho célebre a su creador, el escritor inglés Mick Herron (Newcastle, 1963).

Herron revolucionó con sus tramas la novela de espías británica merced a la estrambótica personalidad de Lamb, jefe de un grupo de agentes tan eficaces en sus acciones como incapaces de mantener el orden y la disciplina. Pero más allá del éxito literario, la fama en grandes letras le llegó a este flemático urdidor de historias gracias a la serie televisiva Slow horses, una de las triunfadoras de la plataforma Apple TV.

Slow horses destaca, además, por su elenco interpretativo, en el que sobresale un antológico Gary Oldman en el papel de Jackson Lamb. Herron, que el pasado jueves recibió en Barcelona el premio Pepe Carvalho en el marco del festival literario BCNegra, también estrenó el pasado otoño nueva serie estelar en Apple TV, Down Cemetery Road, basada en sus primeras novelas y que tiene como intérprete protagonista nada menos que a Emma Thompson. El novelista conversó con elDiario.es antes de la ceremonia.

Este otoño ha llegado a Apple TV una nueva serie basada en sus novelas, Down Cemetery Road. ¿Está satisfecho del resultado?

Estoy muy feliz, aunque evidentemente en esta serie ha habido un gran esfuerzo adaptativo, porque Zoe, la protagonista, por ejemplo, apenas aparece en la primera novela, pero de cara a adaptarla a la pantalla hemos forzado su presencia para uniformizarla con las novelas siguientes. En general estoy muy contento con la adaptación tanto de esta nueva serie como en el caso de Slow horses. Y claro, también muy contento con el casting, que en ambos casos es de lujo: Emma Thompson, Kristin Scott Thomas, Gary Oldman y los demás representando mis personajes... Como escritor, ver a tus personajes representados por estos actores es realmente lo más.

Empezó a publicar con éxito en 2003, a los 40 años. ¿A qué se dedicaba antes de ser novelista?

Pues antes de ser un escritor con éxito, era un escritor sin éxito... [risas]. La verdad es que la única constante a lo largo de mi carrera ha sido la escritura y, aparte de eso, he tenido otros empleos que al final lo que hacían era sostener el que pudiera escribir en mis ratos libres, ya que me proporcionaban alimento y un techo. Tuve dos empleos que básicamente eran prácticamente lo mismo, pues fui subeditor en un periódico de Oxford y luego tuve un trabajo similar en Londres.

Cuando el primer empleo, no era un autor publicado. En el caso del segundo, sí, pero aún no era un autor de mucho éxito. Durante 15 años seguí haciendo ese trabajo hasta que realmente pude sostenerme económicamente con mi carrera de escritor. Al final esos trabajos siempre han sido algo relacionado con la lengua pero no eran algo que agotase mi lado creativo, y así siempre llegaba al final de la jornada laboral con energía para poder escribir.

¿Pero nada relacionado con periodismo o tareas de inteligencia y espionaje?

No, jamás, aunque quizás mi trabajo en oficinas, con toda su burocracia, sí ha ayudado a concebir cómo funcionan ciertos organismos y eso lo he trasladado de alguna forma a mis historias sobre espías. Pero nunca me he dedicado ni al periodismo ni a la política ni al mundo de los espías. Al final todo es inventado. Lo que probablemente sí tengo son muchas influencias de otros autores.

Tanto en la serie de la 'Casa de la Ciénaga', que inspira la serie Slow Horses, como en Down Cementery Road, sus héroes son personas extrañas, incluso extravagantes. En el caso de Slow Horses, las dosis de antiheroismo que acumula Jackson Lamb, su protagonista, que encarna magistralmente Gary Oldman, son parte muy importante del éxito de las historias.

Creo que, de algún modo, la disfunción social de mis personajes acaba siendo el tema de las novelas. En el caso de la 'Casa de la Ciénaga', tenemos este escenario de fondo con todos esos espías fracasados, estas personas que no han tenido éxito y que han sido enviadas al exilio. Y las dirige Lamb, ese tipo cuya misión es hacerles la vida imposible, que se sientan fatal... Pues a mí me parece que es inevitable que el perfil del personaje sea una persona desagradable en todos sus aspectos: que fume, que beba, que sea sucio y glotón.

Hay, tal como se revela, una cuestión de auto odio, porque a la vez es un agente brillante, una leyenda del MI5 que, por algún motivo, cayó en desgracia, una historia que le ha llevado a sentirse fatal consigo mismo. Pero debo reconocer que el crear a Jackson Lamb y darle ese perfil de antihéroe no fue una decisión consciente. De hecho, yo no lo percibo como un antihéroe, simplemente lo veo como un personaje cuyo papel es este: su rol es el de hacer sentir mal a todo el mundo.

¿Cuánto tiene Mick Herron de los vicios de Jackson Lamb?

El personaje de Lamb es un monstruo que se ha creado a sí mismo, no en base a mi experiencia vital, así que sus hábitos de comida, bebida, etc., no tienen nada que ver conmigo [risas]. Aun así, reconozco que a veces me da hasta miedo lo fácil que me resulta canalizar lo que dice y hace Lamb, pero es algo que me pasa solo cuando estoy escribiendo. Cuando estoy hablando con otras personas no me pasa, no soy así, en general soy una persona feliz.

¿Qué le parece la encarnación de Jackson Lamb que crea Gary Oldman? ¿Es como usted lo imagina mientras escribe sus novelas?

Lo que ha hecho Gary es impresionante, es adueñarse del papel aportando sus propias ideas, sus propias emociones; se podría decir que casi me ha robado el personaje. Me parece que ha pensado muchísimo en Jackson, tan obsesivamente como yo, ya que Lamb es la persona en la que más he pensado en mi vida desde el punto literario. Y me parece que a Gary le ha pasado lo mismo.

Se habla de usted como el novelista que ha conseguido retirar de las novelas de espías el glamour que tradicionalmente han tenido, ya fueran las de Ian Fleming, las de John Le Carré o las de Frederick Forsyth...

Para mí, esta idea de retirar todo el glamour de las novelas de espías resulta la única forma de enfocar mis historias, de otro modo lo vería como algo falso, porque yo no lo siento así y no me interesa escribirlo así. De todas formas, pienso que los géneros siempre evolucionan de una manera cíclica, pasan a lo largo de las décadas por distintos momentos, y quizá yo empecé a escribir de esta forma en el momento incorrecto en los ciclos, en el tiempo. Me explico: hace unos años releí las novelas de Len Deighton, todas ellas de espías que fueron publicadas en los 60 del siglo pasado.

Me di cuenta de que realmente había bebido mucho de ellas, pues las había leído en mi adolescencia. Todo lo que yo he intentado hacer en mis novelas, esto de retirar el glamour, la vida de oficina, el humor negro, etc., lo había hecho él cuarenta años antes. Luego vinieron las novelas de Flemming y las películas de James Bond, que están muy bien, son muy divertidas, pero pertenecen a la parte del ciclo del espía glamuroso, que no es la mía.

También conviene destacar en sus novelas la crítica, a veces nada velada, a la política y la sociedad británicas.

Cuando escribo, en general sobre el Reino Unido, estoy pensando sobre todo en la situación política, por eso doy una perspectiva más oscura que la que puede tener la gente en general en su vida. Reino Unido comenzó a descarrilar tras el Brexit, pero también después de la crisis financiera de 2008, cuando la situación política se puso en caída libre. Por eso la perspectiva que doy de mi país es bastante oscura y desesperanzada, con esa larga sucesión de primeros ministros británicos, a cuál peor. En Reino Unido llevamos mucho tiempo sin experimentar lo que es un buen gobierno.

¿Qué poder tiene Mick Herron sobre los contenidos de las series sobre sus novelas?

Respecto de las series televisivas, mi papel ha sido de asesor. No he llegado a escribir nada, pero sí que he atendido las consultas de los guionistas. He pasado mucho tiempo en la sala de guionistas porque, claro, adaptar una novela a televisión siempre resulta muy difícil. Lo he disfrutado mucho, y lo sigo disfrutando, porque es un proceso que continúa y es muy distinto del trabajo de escribir novelas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la causa en la que investigaba el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros con el software Pegasus ante la “impotencia investigadora” que supone la falta de cooperación de Israel, país donde se desarrolló ese sistema. En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado apunta que “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que lleva al sobreseimiento de la causa.

Cabe recordar que el instructor archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 por el mismo motivo y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas en el procedimiento que se seguía allí por la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados.

Ahora, el magistrado explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El instructor destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, y que impide investigar “sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna”. A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de la compañía.

El magistrado afirma que este problema le impide avanzar en la investigación de los hechos, al no poder practicarse otras diligencias de investigación. “Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”, añade.

La investigación

De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación --que se inició en abril de 2022-- la infección del móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se detectaron como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información “exfiltrada” entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. El mismo se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla con Grande-Marlaska.

La segunda se detectó el 31 de mayo y la información “exfiltrada” fue de 130 MB. Ésta habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sahara, por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el instructor señalaba que presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año.

Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sido objeto de una infección el 25 de junio de 2021, si bien la cantidad de información “exfiltrada” (inferior a 1 kb) sugiere un intento de infección no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones “vacuna”.

Este sábado, 20 de diciembre, se cumplen 75 años del fallecimiento de Txomin Letamendi, militante del PNV y espía vasco bajo el apodo de 'Turuta' al servicio de la CIA de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. La efeméride llega cuando el Instituto de la Memoria (Gogora) lo ha reconocido como víctima por haber sido torturado durante la dictadura, cuando regresó a España procedente de Venezuela en una misión encargada por el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. La de 'Turuta' es una historia de película -'Karmele', de Asier Altuna- o de novela -'Elkarrekin esnatzeko ordua', de Kirmen Uribe- y es solamente el segundo reconocido con la ley vasca de memoria histórica de 2023 en la mano después del consejero republicano Alfredo Espinosa, fusilado en la Guerra Civil.

Los homenajes a 'Turuta' se han iniciado este viernes en Ondarroa, la localidad de origen de Karmele Urresti, la esposa de Letamendi. Y se repetirán este lunes en Bilbao, donde nació él en 1901. Este segundo tendrá un rango más institucional. Su sonoro apodo se debe a que era músico, trompetista para más detalles. En la Guerra Civil fue comandante de una guarnición de 'gudaris', los milicianos nacionalistas que combatieron en defensa de la legalidad republicana. Pero los franquistas, auxiliados por alemanes e italianos, conquistaron todo el territorio vasco ya en el verano de 1937. Y pasó al exilio.

Primero fue a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que ahora ha recuperado el PNV. “Es allí donde se puso a las órdenes del lehendakari” como un agente del SVI, el Servicio Vasco de Información, la agencia de espionaje creada por Aguirre en la Guerra Civil. Pero los nazis llegaron también a Francia. Su siguiente parada fue ya en América. En concreto, acabó en Venezuela. El SVI, en cambio, estableció su cuartel general en Nueva York. Allí trabó acuerdos de colaboración con la OSS (actual CIA), el FBI y también con el SOE británico. Todo esto está documentado en papeles secretos desclasificados ya tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido. En España eso aún no es posible a falta de la reforma de la ley de secretos oficiales.

Uno de esos papeles es el informe de la CIA titulado “Mission Letamendi”, que explica el regreso a España del espía. Fue a finales de 1942. Aparentemente, Aguirre le invitó a volver al interior. Necesitaba agentes sobre el terreno ante lo que intuía (equivocadamente) como la caída del franquismo en paralelo a las derrotas de Alemania e Italia. El lehendakari, como también describió la CIA, llegó a pedir armas a Estados Unidos para su plan para derrocar al régimen. El propio viaje, en el buque Buena Esperanza, fue una misión confidencial para la CIA ya que en él iba también el getxoztarra José Antonio de Sangróniz, embajador español en Venezuela. La tapadera de músico permitía al espía hacerse pasar como un inocente vasco apolítico que recorría el mundo y que era amigo de las hijas del diplomático.

En 1945 acabó la II Guerra Mundial y, con ello, la luna de miel del SVI con Estados Unidos. Este país reinició sus relaciones diplomáticas con una España que ya no se estaba mostrando al mundo como amiga de las derrotadas Alemania e Italia. Letamendi fue arrestado en agosto de 1946 “con motivo de haber descubierto la Policía gubernativa de San Sebastián una valija con documentación clandestina con destino a Francia que puso de relieve la existencia de una amplia conspiración”. Según el franquismo, “todos los partidos políticos de izquierdas” -el PNV era una formación católica y conservadora, mas siempre operó del lado de los republicanos- estaban actuando subrepticiamente en el territorio nacional bajo instrucciones de autoridades en el exilio “para el derrocamiento del régimen establecido en España después de su guerra de liberación”.

Explica la familia, que en 2024 inició un proceso judicial no para buscar condenas sino para que la Justicia ponga negro sobre blanco esta historia, que sufrió “graves torturas en comisaría”. Estuvo en prisión sin condena hasta mayo de 1947, es decir, nueve meses. 'Turuta' optó por desplazarse a Barcelona, donde siguió trabajando como agente del SVI con las identidades de “Damián Landa” o “Darío Landa”. Pero fue arrestado nuevamente en septiembre de ese mismo año por la Brigada Político-Social. Otra vez más le decomisaron documentación interna de la oposición. Aquí se sabe que fue torturado por los agentes José Nogués Recoo y Fernando Escudero Arcocha. Son los dos nombres que aportó la familia a la Justicia. Hay más, pero no se han investigado. Lo dejaron “marcado” tanto física como psicológicamente. “No pudo revertir las secuelas”, abundan.

Fue procesado en 1948 y la Fiscalía militar pidió para él diez años de cárcel por delitos de espionaje. En febrero de 1950 llegó la sentencia condenatoria contra él tras un proceso sin garantías. Finalmente, le cayeron cinco años de reclusión por ser responsable de una “conspiración para la rebelión”. Estuvo preso en la propia Barcelona, pero también en Madrid y Guadalajara, según su expediente penitenciario. “Su estancia en prisión fue durísima” y llegó a dejar de comer. “Los muertos no comen”, contó otro reo sobre la delicada situación del torturado. En octubre le concedieron un indulto por su estado de salud. Estaba al “límite” cuando se reunió con su familia. El 20 de diciembre de 1950, estando en casa de un hermano en Madrid, falleció.

La entidad Gizarte Eskubideen Behatokia (GEB) resalta que también la familia del fallecido padeció la represión. “El ensañamiento del Estado no tuvo límites”, remarcan. Exponen que Urresti, la esposa del músico-espía, regresó al exilio de Venezuela tras su fallecimiento y no pudo instalarse en Ondarroa hasta un cuarto de siglo después, en 1975. Su hermano Joseba Andoni Urresti, sacerdote, usó el apodo 'Jacques' en la clandestinidad y participó en la Red Comète de apoyo a los aliados. Otro hermano, Josu, “fue detenido y encarcelado” y pasó cuatro años entre rejas, hasta 1940. La suegra de Letamendi, Carmen, fue “desterrada”, inhabilitada como maestra y multada con 75.000 pesetas, unos 450 euros al cambio de 2002. Les expoliaron bienes: dos viviendas, dos embarcaciones o un taller. Otro hermano, Gaizka Urresti, acabó siete veces detenido, fue encarcelado en cuatro de ellas y “tortuado en numerosas ocasiones”. Dos hijos de 'Turuta' también fueron arrestados en la dictadura. Según GEB, hay una “clara línea de continuidad” en la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura y que incluso se interna en el período democrático. Este caso “no es aislado” y es la realidad para “decenas de familias vascas”. El PNV, como partido, ha apoyado el reconocimiento como víctima de su militante.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido este jueves por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

No obstante, Esteban sí que ha dicho conocer la existencia de una pericial que constata el rastro de Pegasus en el teléfono de Van den Eynde, así como de un informe de Amnistía Internacional en el que se recoge que, tras una petición a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispone del citado 'spyware', según las mismas fuentes jurídicas.

En el caso del abogado, no existe una pericial de Mossos d'Esquadra porque la Audiencia de Barcelona lo rechazó, pero una pericial de Citizen Lab constató que sufrió un ataque con Pegasus en su teléfono móvil en 2020, coincidiendo con una reunión por videoconferencia con los abogados del procés.

Tras la declaración de Casteleiro y Esteban, Irídia ha lamentado que desde el CNI continúen sin dar explicaciones “sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”, amparándose, según la entidad, en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionale

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha admitido ante la jueza que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados con Pegasus entre los años 2019 y 2020, con el aval del Tribunal Supremo, aunque sin aclarar los ataques corroborados por los Mossos d'Esquadra en años anteriores que no tenían permiso del Alto Tribunal.

Casteleiro, que en mayo de 2022 relevó al frente del CNI a Paz Esteban tras su dimisión por el escándalo del espionaje masivo al independentismo, ha declarado este lunes por videoconferencia ante la titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, que investiga el espionaje a Sànchez, a su sucesora en la ANC, Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí.

Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los exlíderes de la ANC. La clave de la declaración como testigo de Casteleiro estaba en las fechas: la infiltración en el móvil de Sànchez, según el análisis forense, se hizo con y sin permiso del Supremo, en un ejemplo de falta de control a las actividades del CNI por parte del Alto Tribunal.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

En el caso de Sànchez, los Mossos ratificaron que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

La magistrada acordó citar a declarar como testigo a Casteleiro, quien entre los años 2020 y 2022 fue secretaria de Estado de Defensa, y para ello pidió al Consejo de Ministros que la autorizara a revelar información reservada sobre los hechos, protegidos por la ley de secretos, y desclasificara la información sobre el espionaje a los líderes de la ANC, informa EFE.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros remitió a la jueza instructora dos autos en los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI autoriza a los servicios secretos a interceptar las comunicaciones de Sànchez y Paluzie, en distintos períodos entre los años 2019 y 2020, y autorizó a Casteleiro a declarar ante la jueza sobre esa cuestión.

Los autos remitidos por el Consejo de Ministros -como sucedió en el caso de las resoluciones enviadas al juez que investiga el espionaje al expresident Pere Aragonès- contienen fragmentos suprimidos, por contener información sensible.

Durante su declaración, la testigo se ha remitido a las resoluciones del Supremo que avalaban el espionaje y ha soslayado cualquier pregunta relativa al uso o el funcionamiento de Pegasus, escudándose en que esas cuestiones quedan fuera del ámbito de información desclasificada sobre la que el Gobierno le autoriza a hablar.

Ello ha impedido aclarar una cuestión clave planteada por la acusación particular sobre el uso de Pegasus en el móvil de Jordi Sànchez entre los años 2015 y 2017, que la testigo no ha respondido escudándose en que afecta a información reservada.

Según fuentes de la ANC, la jueza preguntó al Consejo de Ministros si les constaba espionaje a los expresidentes de la entidad entre los años 2015 y 2022, que es el período en el que Mossos han detectado infecciones.

El informe de la policía catalana apunta a que la mayoría de las intrusiones en el móvil de Sànchez tuvieron lugar entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017 -dos días antes de que entrara en prisión preventiva por el procés-, es decir en la etapa en que presidió la ANC y, por lo tanto, antes de que fuera objeto de investigación judicial por el 1-O.

Casteleiro prestó ya declaración como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba y está citada para el próximo 18 de diciembre para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus al exeurodiputado republicano Jordi Solé y a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.

Por los ataques con Pegasus, la exdirectora del CNI Paz Esteban está siendo investigada en cinco causas distintas, a raíz de las querellas presentadas por afectados por el caso de espionaje masivo al independentismo

Por su centralidad en el mapa regional, Colombia ha sido siempre un lugar estratégico para las agencias de inteligencia estadounidenses. Su proximidad al Canal de Panamá y el papel en la producción y tráfico de cocaína han sido, además, razones de peso para que servicios secretos de múltiples países destinen agentes en Bogotá. Pero varios episodios de los últimos meses revelan que el país es hoy un hervidero del espionaje internacional.

Uno de los últimos casos no hizo mucho ruido a pesar de ser una seria alerta de seguridad nacional. Algo no cuadraba, sin embargo, en las imágenes emitidas a principios de julio en el telediario de mayor audiencia nocturna en Colombia. En ellas se registraba la captura, en la ciudad portuaria de Barranquilla, de un veinteañero vestido con una cazadora al viejo estilo universitario estadounidense.

Se trataba de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, aprehendido en la terminal de autobuses local por su presunto rol como enlace y reclutador de agentes para el Servicio Federal de Seguridad, los servicios de inteligencia rusos, según denunciaron las autoridades. Antes de ser esposado y reducido boca abajo bajo en el asfalto hirviente del Caribe, había transitado por Moscú, Lituania, Noruega y España. Tenía una orden de detención de la Interpol de la máxima prioridad. Y la Policía colombiana seguía sus pasos.

Casi dos meses más tarde, el 13 de octubre, dos activistas exiliados venezolanos sufrieron un atentado cometido por sicarios a plena luz del día en el norte de Bogotá. Los opositores políticos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, que sobrevivieron, habían huido a Colombia en mayo. Lo hicieron tras la detención policial, sin amparo judicial, de un amigo periodista en Caracas.

Media docena de expertos consultados para este reportaje bajo condición de anonimato sostienen la tesis de que se trató de una represalia de las fuerzas de Maduro y se preguntan sobre la estrategia de los servicios de seguridad e inteligencia para protegerse de estas actividades criminales.

“El país hoy es un espacio de disputa internacional estratégica. El Gobierno colombiano tuvo siempre lazos muy fuertes con Washington, que tiene aún una oficina con misión especial en las instalaciones del Ministerio de Defensa, pero tras la llegada de Petro han entrado otras variables en juego”, explica un veterano analista. La política del Ejecutivo de Petro fue extremar la precaución con los estadounidenses y las acciones de Washington en la región han tensado al máximo esas relaciones. El propio presidente Trump ha introducido a Petro y su familia en la lista de narcotráfico, lo que, evidentemente, complica la cooperación a cualquier nivel.

Falta de recursos para el contraespionaje

El problema, a su juicio, radica en el poco contrapeso de las políticas de inteligencia estratégica del Ejecutivo en Bogotá. De hecho, en más de tres años del Gobierno de Petro, se han depurado diversas unidades.

También ha habido múltiples relevos de agentes y funcionarios dentro de un sistema de contrapesos que opera a través de ramas paralelas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía cuentan cada uno con sus propios servicios secretos. A estas se suma la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), creada en 2011 para coordinar y, en teoría, ejercer algún control sobre todas las anteriores.

“En tres años acabaron con numerosos grupos de operaciones especiales. Reemplazaron a veteranos entrenados por los estadounidenses. La directiva de presidencia era tener todas las prevenciones posibles con la CIA”, explica otro investigador. Menciona en concreto el desmonte de los batallones de inteligencia de frontera, que tenían como tarea supervisar los movimientos a lo largo de los 2.219 kilómetros de límite común con Venezuela.

Otro estudioso del tema añade: “Petro desmanteló la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Esa fue una decisión estratégica fatal para el país. También depuró unidades militares de despliegue rápido o de fuerza conjunta en zonas de disputa con grupos armados”.

El argumento del Gobierno es que la corrupción enquistada en muchas de aquellas unidades suponía una ventaja para los criminales. Tras el caso de la Dipol se halla, por ejemplo, la turbia compra por 11 millones de dólares del programa de espionaje Pegasus a los israelíes en 2021. Un investigador y politólogo recuerda, sin embargo, que la situación no es nueva.

Durante las Administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también hubo recortes similares guiados por sus afinidades políticas. Históricamente, los servicios secretos se han instrumentalizado con seguimientos contra opositores y periodistas, o a través de agentes enfocados en obstaculizar el proceso de paz del Estado con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La ideología entorpece el trabajo

En gobiernos anteriores, además, los movimientos del bloque geopolítico de Venezuela, Cuba y Nicaragua eran prioritarios. Por eso el experto habla de una “ideologización” permanente de la inteligencia que ha derivado en “enormes retrocesos operativos”. “En ese vacío se han vinculado con mayor intensidad agencias extranjeras interesadas, sobre todo, en obtener información de Venezuela”, afirma.

También precisa que, a partir de 2010, comenzaron a llegar funcionarios muy “sospechosos” a algunas embajadas: “Nos empezamos a cuestionar si, más allá del conflicto colombiano, existe un pulso profundo a nivel regional que ya no depende solo del impacto del narcotráfico”.

Desde entonces, han surgido noticias como la expulsión de dos miembros de la legación rusa en 2020. O la presencia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela en Colombia en 2024, entre otras. “En este cuatrienio también ha habido un despliegue considerable de chinos e iraníes que antes actuaban en Caracas. Hoy lo hacen en Colombia porque, en esencia, no hay nadie que los persiga”, opina un investigador.

Fue en este contexto en el que, hace unos días, el presidente Petro anunció que suspenderá parte del intercambio de información con las agencias de seguridad estadounidenses. Sin embargo, su ministro de Interior, Armando Benedetti, matizó el alcance de la decisión y aseguró que la colaboración con el FBI y la DEA, entre otras, seguiría su curso.

El pragmatismo acaba siendo necesario. “La desconfianza entre este Gobierno y los americanos ha existido desde el principio de esta Administración. No obstante, la Casa Blanca reconoce que la importancia de Colombia, en términos de información sobre crimen organizado, es fundamental y, en lugar de abordar a una DNI hiperpolitizada, han mantenido la conversación con cada una de las demás fuerzas por separado”, recuerda uno de los expertos consultados.

El nombramiento de un ministro de Defensa militar como Pedro Sánchez en febrero de este año ayudó a calmar un poco las cosas. El escenario internacional, no obstante, es crítico. A los bombardeos estadounidenses contra lanchas supuestamente cargadas de droga se suma la llegada a aguas del Caribe del USS Gerald R. Ford; el mayor buque de guerra del mundo, que hace sombra al régimen de Nicolás Maduro. La tensión va en ascenso.

Entre tanto, los analistas barajan otros retos para los organismos de inteligencia colombianos. Uno de los consultados apunta que “hay una nueva dimensión económica en torno al control de las minas de oro”, pero advierte de que “con las purgas de oficiales en el DNI o la Policía, y el hecho de que algunos países ya no son un objetivo claro a nivel estratégico, se ha perdido mucha capacidad de tener información sólida sobre quién entra y sale del país”.

El espionaje sin orden judicial de policías nacionales a los movimientos sociales suma una nueva causa. Pero no contra ningún uniformado, sino contra activistas que protestaron contra uno de los agentes protagonistas de la infiltración. Un juzgado de Barcelona investiga a seis militantes de la organización independentista Arran por formar un “grupo criminal” cuya principal acción fue el lanzamiento de pintura a la comisaría de la Policía Nacional de Maó (Menorca), donde estaba destinado uno de los policías infiltrados.

Así lo ha podido saber elDiario.es tras tener acceso al auto del Tribunal Supremo que ha dirimido la discrepancia entre el juzgado de Barcelona (que entendía que la causa debía investigarse en Menorca por ser el lugar donde se perpetraron las pintadas) y el de Maó (que envió la causa a la capital catalana al entender que fue desde allí donde “se organizó” la protesta). El Alto Tribunal ha decidido que el caso se instruya desde Barcelona, tal y como había pedido la Fiscalía.

La base de la causa es el informe realizado por agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Maó, esto es, la misma sede en la que trabajaba el agente infiltrado en enero de 2025, cuando los activistas de Arran lanzaron pintura contra su edificio. El “grupo criminal” del que hablaba la Policía en su atestado se mantuvo en el auto del juzgado de Maó que, asumiendo la tesis policial, abrió una causa por este delito, además del de daños y acoso.

Según el juez de Maó, los seis activistas de Arran forman parte un “grupo criminal”, delito habitualmente empleado contra bandas de crimen organizado o narcotraficantes, con “suficiente estructura y reparto de roles” no solo para viajar desde Barcelona a la isla para realizar las pintadas, sino también para grabarlas en vídeo y difundirlas desde la cuenta de la entidad.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

La infiltración del agente en los movimientos sociales de Barcelona fue desvelada por La Directa en 2023. Activistas estudiantiles, del barrio Gòtic de Barcelona y de un casal del Eixample reconocieron al policía como uno de sus compañeros de militancia con el que compartieron asambleas y concentraciones contra los desahucios durante meses. El policía llegó a puestos de coordinación en el núcleo del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del campus Mundet de Barcelona.

El espionaje de este agente sin control judicial en movimientos sociales transcurrió en paralelo al de otros policías infiltrados en círculos anarquistas de Barcelona, independentistas de Girona o los movimientos sociales de Madrid y València. La Justicia ha rechazado investigar las infiltraciones y ha desestimado de plano todas las querellas de los afectados sin abrir ninguna investigación.

Por el contrario, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como un juzgado de Madrid mantienen abiertos sendos procedimientos a un activista por exponer en Twitter a policías nacionales que se infiltraron en diversos movimientos sociales en la última década.

A la causa de la capital de España se suma ahora la que el juzgado de Barcelona, por orden del Supremo, instruirá contra los seis activistas de Arran. Previsiblemente, la jueza de instrucción los citará como investigados en las próximas semanas para completar la investigación, pues en el juzgado Maó ya declaró el policía infiltrado.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

Los activistas, arguyó el juez de Maó, “organizaron los actos desde Barcelona”, ciudad desde la que también cree que se publicó el tuit que divulgó la protesta. Ese mismo criterio adujo la Fiscalía del Supremo, quien señaló que los textos de los tuits “incitan al odio”.

En uno de los vídeos de Arran, agregó el fiscal del Alto Tribunal, “se observa al agente de la Policía Nacional salir del interior de la comisaría de Mahón”. Unido al mensaje del tuit de la entidad independentista, “sugiere que quienes se desplazaron a Menorca subieron los vídeos una vez regresaron a Barcelona”, lo que según el fiscal “evidencia funciones de financiación (compra del billete), ejecución material (pintadas), cooperación en la ejecución (vigilancia en vehículo próximo a las fechadas) y emisión y difusión del mensaje de odio (post en redes sociales)”.