La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, ha presentado este martes un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

La nueva rectora de la institución, Carmen Vargas, ha confirmado este martes en el Consejo de Gobierno de la Hispalense que “es necesario” asumir estos “ajustes” en el gasto por una razón fundamental: porque la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla, que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

La rectora también ha explicado que el Gobierno andaluz, del que depende gran parte de la financiación universitaria, no ha cerrado aún las cifras que recibirá cada universidad pública en 2026, “un dato imprescindible para elaborar el nuevo presupuesto universitario”, pero la Junta lo niega y asegura que “es el presupuesto de la Hispalense el que está prorrogado, no el de la Junta”.

La Junta, pendiente del pacto entre rectores para repartirse 1.800 millones

Desde la Consejería de Universidades aclaran que el montante total para las diez academias públicas de Andalucía está ya recogido en los Presupuestos Autonómicos para 2026, aprobados el pasado diciembre en el Parlamento, y rondan los 1.788 millones de euros, 61,7 millones de euros con respecto al año anterior (3,6% más).

Sin embargo, “falta que los rectores se pongan de acuerdo en el reparto” de ese dinero y que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) lo apruebe, algo que suele demorarse hasta final de año. Las mismas fuentes aclaran que el consejero del ramo, José Carlos Villamandos, ya trasladó a los rectores una propuesta de reparto de esos 1.788 millones, “pero por ahora no parece haber consenso y no hemos recibido respuesta”.

La rectora de la Hispalense tuvo una reunión el pasado 26 de marzo con los jefes de departamento de la Hispalense donde les adelantó el plan de ajustes, pero ha sido esta semana cuando les ha convocado para detallar las medidas que van a aplicarse. Algunos de esos jefes de departamento han informado a sus profesores del contenido de la reunión y les han avanzado que los recortes pueden afectar al personal docente y a los horarios que tienen asignados.

“Se están denegando plazas de profesorado por necesidad docente y en lugar de ello, esta semana, se está recortando el número de créditos de los departamentos por medio de la consolidación de grupos (admitiendo grupos más masificados)”, asegura uno de los profesores a este periódico.

El Rectorado ha confirmado este martes que se baraja la reducción de contratos de personal laboral. Algunos departamentos de facultades de la Hispalense se reunirán esta misma semana para abordar “formalmente” la pérdida de 24 créditos por departamento, el equivalente de un profesor, y la consolidación de grupos, reubicando al alumnado que antes ocupaba dos aulas en una sola (amortizando así una plaza docente).

“La US se encuentra coyunturalmente en una situación complicada que requiere de algunos ajustes para control de gastos y eficiencia. Nos explican que la modificación presupuestaria que prevé el Rectorado consistirá en una transferencia de crédito entre distintos capítulos del presupuesto de 16 millones como medida provisional. La intención del Rectorado es afectar lo menos posible a centros y departamentos. Nos confirman que nos afectará, pero explican que aún no pueden concretar en qué forma exactamente”, reza uno de los correos electrónico que un jefe de departamento envió a sus profesores este lunes.

Fuentes de distintos departamentos, consultados por este periódico, aseguran que hay personal docente e investigador insertos en un proceso de promoción a cátedra abierto que ha sido convocado a una reunión por el Rectorado este mismo jueves. “Previsiblemente para decirnos que se dilatan o suspenden temporalmente, a pesar de que solo se han consumido la mitad de las plazas previstas en la oferta de empleo público del 2025 para el que deberían haber hecho previsión de gasto”, advierte uno de los afectados. La Universidad de Sevilla ha confirmado este extremo a elDiario.es: “Las promociones a cátedra se aplazan hasta después del verano”, señalan estas fuentes.

La Junta afea a la Hispalense el descontrol de sus cuentas

El Gobierno andaluz preveía distribuir un primer reparto del dinero de la financiación universitaria entre las diez acadamias “en los primeros meses del año”. Algo que ocurriría “por primera vez”, después de “décadas en los que se hacía en los meses de septiembre y octubre”. En el mes de junio pensaban acometer un “segundo reparto” de dinero, “en base al estudio técnico acordado con los rectores y la rectora, y en el que se incrementarán partidas en aquellos casos que sean necesarios”. Pero a 14 de abril aún no existe acuerdo entre las universidades para el primer reparto.

Sobre la situación financiera de la Universidad de Sevilla, la consejería advierte de que ésta “no ha reclamado a la Junta ningún pago de deuda” y que “si existe un desfase de 16 millones”, la rectora “debería analizar de dónde proviene ese desfase”. “En la Junta de Andalucía no consta ni nos han hecho llegar ninguna información al respecto. Sería la primera noticia que tenemos sobre esta cuestión”, aseguran estas fuentes.

El mensaje del departamento de Villamandos es muy crítico con la gestión de las cuentas en la Hispalense, que la nueva rectora ha heredado de su antecesor, Miguel Ángel Castro, aunque ella también formó parte de su equipo de gobierno. “Si existe remanente de tesorería negativo es el Consejo Social de la US el que debe establecer un plan de ajuste para compensar esa cantidad en los años siguientes, que según la información remitida es un déficit de 1,5 millones”, advierten.

La Universidad de Sevilla ha pasado de un remanente de tesorería no afectado de casi 17 millones en 2023, a ocho millones en 2024, y a un remanente negativo de 1,5 millones el año pasado.

El Gobierno de Moreno, que en esta legislatura ha librado un tenso pulso con los rectores de las públicas a cuenta de la falta de financiación y de la polémica apertura de cuatro nuevas universidades privadas, ha arremetido este martes contra la Hispalense, afeándole que gastase más de ocho millones en 2024, pese a tener sólo autorizados 4,9 millones en su Plan de Inversiones. “Se gastaron 4,5 millones de euros de remanentes para el plan de inversiones sin autorización antes de la toma de posesión de la rectora, lo que explicaría el 1,5 millones en negativo, según los datos remitidos por la propia Universidad”, aseguran.

En el reparto definitivo de 2025, la Universidad de Sevilla recibió 438,2 millones de euros, siendo la universidad pública andaluza que más recibió de todo el sistema. La cifra que recibirá del primer reparto de 2026 queda pendiente del cierre del acuerdo. A pesar de las críticas, la Junta “quiere agradecer a la rectora de la Universidad de Sevilla y a su equipo que esté poniendo orden en las cuentas de la universidad”, concluye.

“Inquietud” en la comunidad universitaria

En la reunión de este martes con su equipo de gobierno, la rectora Vargas ha reconocido la “inquietud” que existe entre la comunidad universitaria sobre la situación financiera de la US y ha defendido la necesidad de adoptar “medidas preventivas” hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta el “financiador” de los campus universitarios andaluces, que no es otro que la Junta de Andalucía, informa Europa Press.

Sobre las negociaciones con la Junta, la rectora ha pedido a su Consejo de Gobierno “un voto de confianza” ya que las negociaciones están “muy avanzadas”, asegura. Vargas también ha respondido a los avisos lanzados desde los sindicatos que representan a profesores y alumnos, que ya anuncian “movilizaciones” y afean a la rectora que esperaban “más beligerancia” contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por esta “asfixia financiera”. Moreno disolvió el Parlamento el pasado 23 de marzo y convocó elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

“¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?”, se ha preguntado la parte social, que ha criticado la paralización del pago del complemento autonómico y que ha advertido de que confía en que no se frenen las promociones de personal que están recogidas en el convenio colectivo, que “es sagrado”.

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el “malestar” de su sector ante el planteamiento de reducción de grupos o de contratación de menos personal al entender que estas medidas “afectan a la calidad de la docencia” y “nos traen fantasmas del pasado, como aulas masificadas” e imposibilidad de realizar una evaluación continua.

Por eso, han solicitado conocer los “criterios exactos” que ha seguido el Rectorado para poner encima de la mesa esta propuesta, a lo que la rectora ha respondido que se les harán llegar y que nada es definitivo. “Vamos a seguir trabajando” en un plan de ajuste que obliga a llevar al próximo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria de 16 millones de euros.

Vargas quiere “consensuar” con los centros y escuelas de la Universidad dónde se harán los ajustes y modificaciones presupuesarias para poder acometer la subida de las nóminas del personal prevista en la ley.

La Universidad de Sevilla tiene 32 centros propios y adscritos, cuenta con un presupuesto anual de 634.400.000 euros (datos de 2025), más del 80% proviene de la financiación de la Junta de Andalucía. El grueso de los gastos de la Hispalense -434.000 euros- es gasto de personal, para pagar la nómina de los más de 7.000 trabajadores, entre funcionarios, personal eventual, laboral, interino, etc...

La empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) se creó oficialmente en 2006. Fue establecida mediante la Ley 1/2006, de 23 de marzo, como un instrumento del Gobierno regional para la gestión ambiental, principalmente enfocada en la lucha contra incendios. Cumple ahora 20 años y ha decidido celebrarlo este sábado, día 11 de abril, en Cuenca, con una fiesta con comida, bebida y música en directo.

No obstante, desde los sindicatos de STAS y USO con representación en la empresa, y que llevan años manifestándose por la mejora de sus condiciones laborales, prefieren precisamente eso: que se atiendan sus demandas.  

“No es momento de fiestas. Es momento de defender nuestros derechos”, apuntan. Consideran que quienes sostienen el operativo de lucha contra incendios “día a día” siguen esperando respuestas a problemas que afectan directamente a su trabajo, a su seguridad y a sus condiciones de vida.

Se da la circunstancia de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) acaba de publicar la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el borrador de la nueva orden de prevención de incendios forestales que está tramitando. Con ello se inicia un proceso participativo de 20 días hábiles para aportaciones.

Mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios

Precisamente, esta semana los sindicatos han mantenido una reunión con la dirección de GEACAM en la que se les informó con detalle cómo será la celebración del 20 aniversario: en los días previos al día de la fiesta habrá actividades dirigidas a centros educativos, con talleres de educación medioambiental y sobre extinción de incendios forestales.

El día grande, este sábado 11 de abril, habrá un acto institucional y reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de la empresa pública. “Nos parece bien que se reconozcan las dos décadas de la empresa y el trabajo de muchos compañeros y compañeras. También valoramos positivamente las actividades externas. Pero mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios”.

Este es el irónico cartel con sus demandas que los sindicatos han elaborado con motivo de la celebración:

Ponen como ejemplo el hecho de que sigan sin obtener explicaciones sobre lo ocurrido en el incendio del Pico del Lobo, y sin respuesta por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha a las solicitudes de reunión para abordar este y otros problemas.

Afirman STAS y USO que el coste de la fiesta será “cero” para la empresa, asumido por patrocinadores. Eso mientras la mayoría de interinos e interinas trabajan una media de tres meses al año, “con todo lo que conlleva en sus vidas”.

También recuerdan que desde septiembre están “anuladas” las bolsas de trabajo, generando “más inestabilidad y precariedad”, y que la empresa pública “se niega a negociar una subida salarial justa y acorde al trabajo que realizamos, pese al aumento del coste de la vida”.

Concentración a las puertas del ágape

“Seguimos desempeñando un trabajo de alto riesgo, protegiendo los montes y la seguridad de la población, sin el reconocimiento real que merece”, destacan.

Por todo ello, han convocado al resto de organizaciones sindicales y a todos los trabajadores y trabajadoras a una concentración el mismo 11 de abril a partir de las 10.00 horas, en la puerta del Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca, donde se celebra la fiesta.

“No se trata de rechazar un plato de comida, bebida o un concierto. Se trata de algo mucho más importante: dignidad laboral, respeto y condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad que asumimos cada día. Los bomberos y bomberas forestales de GEACAM no necesitamos fiestas para sentir orgullo de nuestro trabajo. Lo que necesitamos es: ser personal laboral, salarios dignos, estabilidad laboral, reposición total, campañas de incendios sin recortes y diálogo real con la Consejería”, concluyen.

Hemos conocido muchas Europas. Hace unos quince años la que se cebó con recortes para proteger la estabilidad de los más ricos, la de la prima de riesgo. La de los hombres de negro… La que nos desencantó. Hasta la pandemia, en 2020, la que redimió a Europa con una forma más amable de tratar la crisis. Pero luego llegó la guerra de Ucrania, el rearme y ahora… todo lo que ha desatado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La presidenta de la Comisión Europea ha tenido que rectificar unas palabras en las que aseguraba que Europa no podía ser la guardiana del viejo orden mundial. ¿Debe entonces primar la ley del más fuerte? ¿Esa es la Europa que deja Trump?

Lo abordamos con el corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, que también lo fue hace unos años en Bruselas, Andrés Gil. También con Mariano Aguirre, Investigador del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. 

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El gigante tecnológico estadounidense Oracle evalúa eliminar miles de puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la falta de liquidez provocada por las fuertes inversiones en la expansión de sus centros de datos destinados a la inteligencia artificial (IA), según ha adelantado 'Bloomberg'.

Los recortes afectarán, según este medio, a varias divisiones de la compañía y podrían comenzar este mes, de acuerdo con personas conocedoras del asunto que solicitaron el anonimato al tratarse de planes aún no públicos.

Según la infirmación, parte de las reducciones se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé necesitar en menor medida debido al avance de la IA.

Bajo la dirección de su presidente, Larry Ellison, Oracle está acometiendo una amplia expansión de centros de datos para atender las cargas de trabajo de IA de clientes como OpenAI.

La compañía, históricamente conocida por su 'software' de bases de datos, lleva años reorientándose hacia la computación en la nube, con el objetivo de competir con los líderes del sector Amazon.com Inc. y Microsoft Corp.

De acuerdo con previsiones de analistas de Wall Street recogidas por 'Bloomberg', los elevados gastos en infraestructuras de su división de nube podrían generar flujos de caja negativos durante los próximos años, antes de que las inversiones comiencen a dar resultados hacia 2030.

El mes pasado, Oracle anunció que recaudará entre 45.000 y 50.000 millones de dólares (entre 38.865 y 43.185 millones de euros) en 2026 para financiar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), su negocio de infraestructura y plataforma en la nube, ante el aumento de la demanda contratada de clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok o xAI.

Asimismo, la compañía comunicó internamente esta semana su decisión de revisar numerosas vacantes en la división de nube, lo que supondrá ralentizar o congelar las contrataciones.

A finales de mayo de 2025, Oracle contaba con unos 162.000 empleados en todo el mundo. Las mismas fuentes señalaron que la planificación de los recortes sigue en curso y podría modificarse.

En septiembre, la empresa informó de su mayor plan de reestructuración hasta la fecha, con un coste estimado de hasta 1.600 millones de dólares (1.382 millones de euros) en el ejercicio fiscal que finaliza en mayo, incluidos pagos por indemnizaciones a empleados afectados.

Con todo, la compañía tiene previsto publicar los resultados de su tercer trimestre fiscal el próximo martes.

El Ministerio de la Seguridad Social va a corregir un criterio en vigor desde el 1 de enero por el que ha dejado de aplicar las penalizaciones progresivas por jubilación anticipada a las personas con pensión máxima que pactó en la reforma de pensiones de 2021. Desde comienzo de año, el organismo aplica “de golpe” los recortes previstos para 2033, denuncia Juan, un trabajador afectado, a punto de jubilarse de manera anticipada. Tras las quejas de los sindicatos CCOO y UGT, el departamento de Elma Saiz va a rectificar y volver a aplicar el periodo transitorio de penalizaciones, adelantan en el Ministerio a elDiario.es.

El conflicto se originó a finales de año, cuando la Seguridad Social colgó un mensaje en su Simulador de la pensión que advertía de que, a partir del 1 de enero, dejaba “de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34” de la Ley General de la Seguridad Social y que, por tanto, los cálculos de jubilaciones anticipadas afectadas por esta “no son correctos”.

En la práctica, esto puede significar un gran –y repentino– aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar los 400 euros al mes más.

Es el caso de la penalización para quienes tengan derecho a la pensión máxima, con menos de 38 años y medio cotizados y decidan anticipar el retiro dos años antes de la edad legal de jubilación. En ese caso, el periodo transitorio pactado recogía un recorte del 9,1% en la pensión en 2026, pero la Seguridad Social está aplicando de golpe el del final del periodo: un 21%, que se preveía aplicar en 2033.

A Juan (nombre ficticio), el cambio le implica pasar de un recorte del 3% a uno del 5,5%. “Con la paradoja de que si supiese esto y hubiese solicitado la jubilación para diciembre, la reducción habría sido del 4,76%, pero el INSS me 'engañó”, sostiene el trabajador.

El conflicto: el periodo transitorio de penalizaciones

El foco del conflicto ha sido la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la mencionada disposición transitoria 34 se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, las penalizaciones por retiro anticipado a las personas con derecho a la pensión máxima, que el entonces ministro José Luis Escrivá insistía en que tenían una posición ventajosa respecto al resto de trabajadores.

Como las penalizaciones se aplicaban sobre la base reguladora (similar al salario), en el caso de los sueldos más altos –con bases de cotización por encima de la pensión máxima– el resultado era que, aunque los trabajadores se jubilaran de manera anticipada, apenas veían mermada su pensión final.

Esto, que se justificaba desde una lógica en la que estos trabajadores con salarios más altos aportan más al sistema, no tenía ningún efecto desincentivador del retiro anticipado para este grupo de trabajadores, denunciaba Escrivá. Finalmente, el Ministerio pactó con los agentes sociales aplicar los recortes sobre la pensión máxima (en lugar de sobre la base de cotización), pero hacerlo poco a poco, de manera progresiva en una senda ascendente de penalizaciones desde 2024 a 2033, que además fuera acompañado de un aumento de la pensión máxima.

Esos recortes progresivos se plasmaron en la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social, en su segundo apartado. Sin embargo, se incluyó un 'pero'. En el apartado uno se contempló (en un artículo de difícil comprensión) que estos coeficientes “sólo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

Con base a este artículo, dada la inflación elevada de los años pasados y, por tanto, lo que ha subido la pensión máxima –situada en 3.360 euros brutos al mes en 14 pagas este año–, la Seguridad Social han interpretado que las pensiones resultantes ya son en todo caso superiores a las que se hubieran percibido antes de la reforma de 2021. Por ello, ha dejado de aplicar el periodo transitorio desde el pasado 1 de enero e implementa los coeficientes reductores finales de la tabla. Los que estaban planteados para 2033.

Cambio tras las quejas de los sindicatos

“Es un incumplimiento flagrante de lo pactado”, denunciaba el pasado viernes Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. El sindicalista advertía de que, en el pacto social, se había planteado el apartado 1 de la disposición “como una garantía adicional” a las penalizaciones progresivas hasta 2033, y no como un condicionante para su aplicación.

Bravo explicaba que, por cautela ante la posibilidad de años de bajadas de precios o inflaciones muy reducidas en los próximos años, las partes acordaron incluir un añadido a la tabla de penalizaciones progresivas que garantizara que “en ningún caso” las pensiones resultantes serían peores que las que hubieran resultado en 2021.

“Hemos pedido que lo corrijan”, añadía Bravo. Tanto CCOO como UGT reclamaron al Ministerio de Elma Saiz una solución a este conflicto y a otros compromisos de pensiones sin resolver, como la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando en la negociación sobre la incapacidad temporal, por el aumento de bajas médicas.

Finalmente, este lunes el Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado a elDiario.es que así lo hará, a consultas de este medio. “El marco normativo transitorio se ha visto rebasado por las revalorizaciones, fruto de la crisis inflacionaria. Esto ha generado una situación que ha habido que analizar jurídicamente para poder seguir aplicando el régimen transitorio”, responden en el departamento de Elma Saiz.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social no aclaran desde cuándo volverán a aplicar los coeficientes previstos para 2026, ni qué pasará con las pensiones ya reconocidas en estos dos primeros meses del año a las que se les haya aplicado los coeficientes planteados para 2033.

En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando a las personas afectadas por este cambio en las penalizaciones a aplazar sus citas con la Seguridad Social hasta que se hubiera aclarado este aspecto.

Juan denunciaba que “este giro” ha supuesto “un quebranto absoluto de la confianza legítima” con la Seguridad Social, por el cambio tan repentino y “sin transparencia”, ya que critica que “se estuviera comunicando mediante una advertencia técnica en la web, sin una circular u orden oficial que lo justifique públicamente”.

Año y medio después desde que la Junta de Andalucía decidiese desprenderse de tres fundaciones de investigación, una de ellas ha decidido llevar al Ejecutivo regional ante los tribunales. En concreto, el comité de empresa de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) ha denunciado al Gobierno andaluz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que consideran un trato desigual y denigrante si se les compara con personal equivalente del Servicio Andaluz de Salud (SAS): cobran hasta 30.000 euros menos por hacer las mismas funciones.

Así, la precariedad se ceba con los investigadores biomédicos que son esenciales para que la sanidad pública andaluza esté a la vanguardia en el tratamiento a los ciudadanos y en el avance científico. Aunque oficialmente la Junta se desligó de la fundación, lo cierto es que el control público de la misma es mayoritario y la intervención directa del SAS es tan evidente como que estos profesionales están integrados en los hospitales públicos y en proyectos relacionados con el propio sistema público para que se ofrezcan los mejores cuidados a los usuarios. Pero, paradójicamente, es el sistema el que no les cuida a ellos, al menos a tenor de las denuncias procedentes desde el comité de empresa de FIBAO.

La demanda, impulsada por la CGT -sindicato mayoritario en la fundación-, es el primer conflicto colectivo en España que reclama judicialmente la equiparación retributiva del personal investigador de una fundación biosanitaria con las categorías estatutarias del sistema sanitario público. El sindicato sostiene que la situación vulnera el principio de igualdad y la propia Ley de Investigación Biomédica de 2007, cuyo artículo 85 contempla la equiparación salarial con categorías equivalentes del sistema sanitario. “Se debería haber aplicado hace casi dos décadas”, sostiene Sonia Morales, presidenta del comité de empresa de FIBAO.

Trabajadores “low cost”

La brecha no es menor. Según los datos aportados por el comité, coordinadores de ensayos clínicos o personal investigador con titulación en biología o farmacia perciben en algunos casos alrededor de 18.000 euros brutos anuales. En el Servicio Andaluz de Salud, categorías equivalentes pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros. “Tenemos profesionales cobrando entre la mitad y un tercio de lo que se percibe en el SAS”, resume Morales.

La paradoja, dicen, es que desarrollan su labor en los propios hospitales públicos andaluces, comparten equipos y espacios con el personal estatutario y trabajan con pacientes del sistema sanitario público. “Somos personal subrogado low cost del SAS”, denuncia la representante sindical. FIBAO forma parte de la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario público andaluz y, aunque en 2023 dejó de estar formalmente integrada en el sector público autonómico, el comité insiste en que el control público sigue siendo determinante.

Ese cambio jurídico se produjo tras el decreto aprobado por el Gobierno andaluz que sacó del sector público a tres fundaciones sanitarias -entre ellas FIBAO- en un movimiento que la Junta defendió como una forma de “agilizar” la gestión y captar más fondos de I+D+i. La decisión afectó también a FISEVI y FIMABIS y supuso una modificación de la composición de sus patronatos, con mayor presencia de universidades y entidades privadas. Los sindicatos ya advirtieron entonces del riesgo de mercantilización de la investigación y del impacto sobre las condiciones laborales.

En el caso de FIBAO, el comité recuerda que hasta 2023 el patronato estuvo compuesto mayoritariamente por miembros vinculados al SAS y que en la actualidad su presidencia recae en la directora del propio Servicio Andaluz de Salud. “Trabajamos en hospitales del SAS, con medios del SAS y bajo la dirección funcional del SAS”, argumenta Morales, que cuestiona que la fundación pueda presentarse como un ente completamente ajeno a la administración sanitaria.

Hacia un nuevo convenio

La respuesta oficial a las preguntas de elDiario.es Andalucía no ha llegado desde la Consejería de Salud, que ha derivado la contestación a la propia FIBAO. La fundación señala que las seis entidades biosanitarias andaluzas -FISEVI, FIBAO, FIMABIS, FIBICO, FCÁDIZ y FABIS- están negociando un convenio colectivo común para fijar un marco laboral homogéneo. Añade que desde 2012 no consta ninguna reclamación sobre las tablas salariales vigentes, que están aprobadas por sus respectivos patronatos, y que resulta “difícil” establecer equiparaciones con el SAS porque sus categorías no tienen reflejo directo en las estatutarias.

El comité de empresa rebate ese argumento. Morales recuerda que, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, se aprobó un decreto ley para establecer comparativas y aplicar la equiparación retributiva en las fundaciones sanitarias. En la Comunidad de Madrid, añade, se hicieron equiparaciones parciales para determinados perfiles. “Categorías como biólogos, farmacéuticos o personal administrativo existen en el SAS. No es que no haya equivalencia, es que no se ha querido aplicar”, sostiene.

Además, el sindicato rechaza que no haya habido reclamaciones previas. Según su relato, en 2014 se inició la negociación de un convenio colectivo para las fundaciones que entonces formaban parte del sector público andaluz. El texto se remitió a Hacienda en 2021, pero nunca llegó a entrar en vigor. En 2023, tras la salida de las fundaciones del sector público, el proceso tuvo que reiniciarse desde cero. El resultado, denuncian, son tablas salariales incluso inferiores a las planteadas años atrás.

La CGT asegura que planteó una equiparación progresiva en cuatro años para garantizar la estabilidad presupuestaria, propuesta que, según el comité, fue rechazada por la patronal y no contó con el respaldo de otros sindicatos presentes en la mesa negociadora. FIBAO, por su parte, insiste en que será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se pronuncie sobre la demanda presentada.

Más allá de la batalla judicial, los investigadores alertan de las consecuencias de esta brecha salarial. La investigación clínica, financiada en parte por farmacéuticas, ofrece condiciones más atractivas en el sector privado, mientras que la investigación básica depende casi en exclusiva de fondos públicos. “Las condiciones actuales favorecen la fuga de talento”, advierte Morales. A su juicio, el modelo andaluz mantiene una estructura pública de investigación apoyada en personal con salarios mileuristas y contratos vinculados a proyectos, lo que dificulta la estabilidad y la planificación a largo plazo.

El caso de FIBAO, que ahora llega a los tribunales, pone el foco sobre un debate más amplio: si la investigación biomédica que sostiene a la sanidad pública andaluza puede seguir apoyándose en un modelo laboral que, según los trabajadores, les sitúa en una posición de desigualdad frente a sus propios compañeros de hospital. Será el TSJA quien tenga la última palabra jurídica, pero la discusión sobre el modelo de investigación ya está sobre la mesa.

Las asociaciones y ONGs de cooperación internacional de Granada disponen cada vez de menos recursos públicos para desarrollar su actividad. Desde 2024, la Diputación de Granada ha reducido prácticamente a la mitad los fondos destinados a este ámbito, que han pasado de rondar los 450.000 euros a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos presupuestos. Un recorte sostenido que ya está teniendo consecuencias directas sobre proyectos humanitarios y sobre el funcionamiento interno de entidades con décadas de trayectoria.

Así lo denuncian desde la Coordinadora Granadina de ONGs (CONGRA), que agrupa a la mayoría de asociaciones de cooperación internacional de la provincia. Su presidente, Carlos Aspa, advierte de que la reducción presupuestaria no es un ajuste puntual, sino un cambio de rumbo que pone en riesgo la continuidad de iniciativas esenciales. “Para muchas asociaciones, estas ayudas no son complementarias: son estructurales. Cuando desaparecen, los proyectos se caen”, explica.

No en vano, las entidades afectadas denuncian que el recorte se produce en un contexto económico que no lo justifica. La Diputación de Granada acaba de aprobar para 2026 un presupuesto de 418,5 millones de euros, 42,5 millones más que el ejercicio anterior, con un superávit previsto de 1,9 millones y deuda cero por primera vez en su historia.

Pese a este crecimiento, la cooperación internacional ha pasado de ser una partida que rondaba los 450.000 euros hasta 2024 a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos ejercicios. Incluso antes del recorte, recuerdan desde la CONGRA, la cooperación apenas representaba alrededor del 0,1% del presupuesto total, por lo que la reducción tiene un impacto limitado en las cuentas provinciales pero muy severo en las asociaciones.

Más fondos para otras partidas

Mientras se reduce la cooperación internacional, el presupuesto provincial sí incrementa otras líneas de gasto. Por ejemplo, en este 2026, la Diputación concede una subvención directa de 186.500 euros al toro de lidia, una cifra muy cercana al total que se destina a todas las ONGs de cooperación internacional de la provincia y que prácticamente coincide con el recorte que también se les hace.

A ello se le suma el incremento de casi 100.000 euros en la subvención para el tratamiento de residuos en Alhendín, municipio en el que el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, fue alcalde y continúa siendo concejal. Se trata, además, de una ayuda directa sin concurrencia competitiva, de la que no se benefician otros municipios cercanos a plantas de residuos, como La Malahá, que no recibe ninguna cuantía por este concepto.

El pasado año, además, la institución provincial adquirió el edificio del Banco de España por 9,2 millones de euros, sin que hasta ahora se haya concretado un uso definido para el inmueble. Además, la compra del Castillo de la Calahorra por 6,5 millones de euros para abrirlo a las visitas refuerza la hipótesis de que al no haber problemas de tesorería, los recortes en cooperación internacional responden a una decisión política.

“Una cuestión de valores”

Uno de los ejemplos más claros del impacto del recorte es el de la Asociación Granadina de Amistad con la RASD, integrada en la CONGRA. La entidad ha denunciado una reducción del 33% en la subvención destinada a su programa de bienestar y salud para niños y niñas saharauis, que ha pasado de 60.000 a 40.000 euros tras 30 años de colaboración continuada con la Diputación. Según explica la asociación, el recorte se produce pese a que la diputada de Bienestar Social se comprometió personalmente el pasado verano a mantener la cuantía. “Confiamos en su palabra y solicitamos las plazas para los niños basándonos en ese compromiso. Ahora nos encontramos con una mano delante y otra detrás”, señalan.

La reducción de 20.000 euros pone en riesgo el programa Vacaciones en Paz, cuyo coste asciende a 73.000 euros, y limita la capacidad de acoger a menores saharauis para recibir atención sanitaria. Además, la asociación se ha visto obligada a cancelar las comisiones sanitarias, equipos médicos que permiten diagnosticar y tratar patologías que, en los campamentos de refugiados, pueden resultar mortales. También queda seriamente comprometida la Caravana por la Paz, el programa mediante el cual se envían alimentos y productos básicos a los campamentos. “Para la Diputación puede ser una cifra pequeña, pero para nosotras supone perder proyectos que salvan vidas”, denuncian.

Desde la asociación saharaui hablan de un claro agravio comparativo. “No cuestionamos otras actividades, pero es una cuestión de valores humanos. Cómo se explica que no haya 20.000 euros para traer a un niño o niña al médico, pero sí casi 200.000 euros para la tauromaquia”, señalan. El año pasado, recuerdan, ya tuvieron que cubrir el primer recorte con un esfuerzo extraordinario de voluntariado y actividades solidarias. “Esta vez la situación es insostenible”, advierten, reclamando que la Diputación recupere la partida original.

Desde la oposición, la diputada socialista Paqui Santaella critica que la cooperación internacional haya pasado a un segundo plano en un presupuesto que el propio gobierno provincial define como histórico. A su juicio, “no se puede presumir de refuerzo de las políticas sociales mientras se recortan fondos destinados a la salud y al bienestar de menores en contextos de emergencia”.

Santaella considera que la reducción de la cooperación internacional responde a una decisión política consciente, y no a una necesidad presupuestaria, y pide a la Diputación que rectifique y restituya las partidas recortadas.

Diputación justifica el recorte

Desde la Diputación de Granada niegan que exista un desmantelamiento de la cooperación internacional y defienden que la partida actual de 220.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y en la coordinación con otras administraciones. El equipo de gobierno destaca, además, el incremento global de los fondos destinados al tejido asociativo y el refuerzo de otras líneas sociales. Estos fondos han aumentado de forma sostenida desde 2024 hasta 2026, pasando de 897.000 a 1.387.000 euros, aunque no tienen incidencia en las ONGs de cooperación internacional.

No obstante, desde el ente provincial apuntan a que el recorte de 230.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y alineada con las estrategias del Gobierno central y la Junta. Según Diputación, las necesidades de las asociaciones que trabajan en esos territorios estarían “adecuadamente cubiertas”. Por otro lado, justifica esta reducción para la cooperación internacional para aumentar las ayudas al asociacionismo local, argumentando que Granada tiene muchos municipios pequeños donde las asociaciones de proximidad tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Y sobre la compra de inmueble, las ayudas directas al toreo o para gestionar residuos en el municipio de Francisco Rodríguez, desde Diputación rechazan comparar la partida destinada a la cooperación con otras decisiones presupuestarias, asegurando que responden a objetivos y marcos distintos dentro de una planificación global.

Sin embargo, desde la CONGRA insisten en que la realidad sobre el terreno es clara: menos fondos, menos proyectos y más dificultades para mantener una cooperación que, hasta ahora, había sido una seña de identidad de la provincia. “No pedimos caridad”, concluyen desde las asociaciones, “pedimos coherencia política y responsabilidad con los derechos humanos”.

Los depredadores de lo público en la Comunidad de Madrid han subido un peldaño más en el destrozo de los servicios de todos. Son incansables. Ahora han suprimido las becas predoctorales para todos los investigadores que quieran realizar una tesis doctoral sobre el cáncer de hígado o sobre el golpe del coronel Segismundo Casado de 1939. Da igual el tema, como les da igual la ciencia y el conocimiento. En el ejercicio de 2026 ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis doctorales con un salario, aunque bajo. No se crean los ajenos a la universidad que aquí nos hacemos ricos como los comisionistas de la Quirón.

Yo fui becaria predoctoral FPU (Formación del Personal Universitario) de la CAM y becaria posdoctoral también de la CAM, tras tener otra beca posdoctoral del Ministerio de Ciencia en París. Sin esas ayudas públicas yo no sería hoy profesora de la Universidad Complutense ni les estaría dando la paliza desde esta tribuna con la defensa de los servicios públicos. Además, fui becaria bajo un gobierno del PP -cómo no, en Madrid parece imposible que gobierne otro partido-, primero con Alberto Ruiz Gallardón la predoctoral y luego con Esperanza Aguirre la posdoctoral-, que apenas hizo dos convocatorias. Pero ahora con Isabel Díaz Ayuso se vuelve a suspender la convocatoria de ayudas predoctorales. ¿Para qué invertir en investigación? Mucho mejor destinar el dinero a la Fórmula 1, a que familias pudientes se puedan desgravar el salario de la interna, a tener a la prensa conservadora como perrito faldero con una jugosa publicidad institucional, o a pagos millonarios a Quirón y a Ribera Salud con todo este cambalache de la privatización de la gestión de la red hospitalaria pública. En los presupuestos de la Comunidad de Madrid existen demasiadas mamandurrias y chiringuitos para redes clientelares y amigos totalmente prescindibles. Y luego falta dinero para lo imprescindible, ya saben, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. 

Es una vergüenza que la Comunidad más rica de España -alardean de ello todo el día- no se pueda permitir mantener las becas predoctorales para que futuros investigadores se formen y hagan avanzar la ciencia y el conocimiento. Quien quiera investigar que se lo pague él trabajando en el Burger King o que se lo financie su familia pudiente. ¡Fuera el dinero público de la universidad!, es la consigna. Se les llena la boca con que Madrid es líder en innovación y desarrollo, pero no con el dinero público; que pague Amancio Ortega, como en el caso de los aparatos médicos, o la fundación de El Corte Inglés, que ya tiene unas becas similares. Ayuso expulsa a los investigadores del mismo modo que manda a abortar fuera de la CAM la vez. ¡Qué inventen ellos!

La política científica en Madrid es penosa. No tienen los proyectos de investigación ni las becas de investigación que existen en otras comunidades, incluso gobernadas por el PP. Yo he evaluado currículos de candidatos a plazas procedentes de Galicia que han participado en proyectos de investigación en Historia contemporánea en los que les concedían en torno a 100.000 euros, mucho más que la financiación del Ministerio de Ciencia en sus diversas denominaciones y con diferentes gobiernos. El nuevo recorte de la Comunidad de Madrid en becas para investigación, una partida ínfima en comparación con otras, es una tragedia para la ciencia y la universidad. Y una victoria más para los piratas de lo público.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha mostrado confiada en las primeras horas del nuevo año en que este 2026 suponga “un punto de inflexión en la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos en la región” y que se “ponga fin a los recortes que el sindicato califica de ”crónicos“. En su opinión están afectando ”de forma directa tanto a los empleados públicos como a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos“.

CSIF pone encima de la mesa el logro del acuerdo salarial de obligada aplicación por todas las administraciones firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de noviembre y que ha supuesto un aumento retributivo del 4% para este 2026 (2,5% de 2025 y 1,5% en este 2026 dentro de un incremento salarial que alcanzará el 11,4% en 2028), pero subraya que en Castilla-La Mancha debe ir acompañado de políticas autonómicas.

“Estamos hablando de derechos como la carrera profesional sanitaria, el pago del verano a los interinos docentes o las elevadas ratios y horario lectivo, así como la falta de personal y restricciones en las incorporaciones en toda la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que no se cubren y servicios que también se externalizan”, señala Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha.

Los “recortes” que afectan “de forma transversal”

El sindicato advierte además de que estos recortes no afectan a un único sector, sino que tienen un impacto transversal en toda la Función Pública. Entre ellos, destacan la supresión del Plan de Acción Social durante el mandato de Dolores de Cospedal y que, dicen, “continúa sin recuperarse”, así como una tasa de temporalidad que CSIF considera inasumible: uno de cada tres empleados públicos de la región mantiene actualmente una relación laboral temporal con la Administración.

Para la organización sindical, esta situación evidencia “la necesidad urgente” de un cambio de rumbo. “Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día”, subraya Domínguez, que confía en que 2026 sea el año en el que se ponga fin definitivamente a los recortes y se avance hacia una Administración más justa y dotada de los recursos necesarios.

Es imprescindible apostar de forma decidida por los servicios públicos y por quienes los sostienen cada día

Por último, CSIF censura la “falta de diálogo” de Emiliano García-Page con el que definen como “primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha mientras sí lo mantiene con CCOO y UGT, los cuales han percibido casi 51,7 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno regional”. Según este sindicato, esta cantidad “debería ser restituida a las arcas autonómicas para recuperar derechos laborales, reforzar los servicios públicos, invertir en el desarrollo de sectores clave y para proteger a los colectivos más vulnerables”.

El primer año del segundo mandato de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos ha hecho saltar por los aires el sistema científico más avanzado del mundo. Según la revista Nature, la nueva administración ha provocado “trastornos sísmicos” que la han llevado a recortar miles de millones en ayudas a la investigación y a encabezar el discurso negacionista en salud y cambio climático, en sintonía con el movimiento anticiencia de la extrema derecha a escala global.

El ataque al mundo científico por tierra, mar y aire se manifestó con una guerra abierta contra las universidades a las que Trump ha retenido o congelado las subvenciones federales por no aceptar sus políticas o interpretaciones de los derechos civiles. Con intención de combatir el nido de ideas woke que considera el mundo universitario, la Casa Blanca obligó a firmar acuerdos bilaterales en que garantizaran la presencia de ideas conservadoras, la interpretación estrictamente biológica del sexo y el género o el cese de las políticas de diversidad. 

Al mismo tiempo Trump realizó una serie de nombramientos polémicos, colocando a personas sin formación, o directamente negacionistas, al frente de algunos de las principales agencias y centros de investigación del país. Así, puso a la cabeza de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) a Jay Bhattacharya, un médico que cuestionó la gravedad de la COVID-19, y nombró presidente del Panel Presidencial sobre Cáncer a Harvey Risch, que promovió tratamientos no probados como la hidroxicloroquina y la ivermectina.

También hubo alguna salida escandalosa, como la de Susan Monarez de la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), destituida apenas un mes después de tomar el cargo por negarse a comprometer la integridad científica del organismo y rechazar órdenes para cesar a científicos y aprobar recomendaciones de vacunación sin datos suficientes.

El caso más sonado, sin duda, fue el nombramiento del conocido antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, cuya medida estrella fue el anuncio de una supuesta relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo, sin ninguna base científica, y quien acaba de prohibir la atención para jóvenes transgénero. 

Seis ex cirujanos generales que sirvieron durante administraciones republicanas y demócratas publicaron recientemente un artículo en The Washington Post advirtiendo de que Robert F. Kennedy Jr. está “poniendo en peligro la salud de la nación” al amplificar la desinformación y socavar la confianza pública en la medicina y la misma agencia de salud pública que supervisa.

Recortes y despidos en masa

El otro gran frente de batalla han sido los recortes presupuestarios y los despidos en masa anunciados por la administración Trump, aunque algunos todavía tienen que ser ratificados por el Congreso. Una de las medidas más agresivas es la intención de cortar cerca de 18.000 millones al presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 2026, lo que equivale a una reducción de aproximadamente el 40%. La propuesta no solo reduce financiación, sino que busca reestructurar NIH combinando sus 27 institutos en solo 8, eliminando varios.

Tal y como contó elDiario.es, esta situación está repercutiendo ya en muchas líneas de investigación contra el cáncer, no solo en Estados Unidos, sino a escala global, puesto que los NIH son el principal financiador mundial de estos programas y los plazos para aprobar las partidas presupuestarias llevan meses posponiéndose. Esta financiación permite a los investigadores centrarse en problemas científicos durante cuatro o cinco años y han sido clave en el desarrollo de la inmunoterapia y otros avances clave contra el cáncer.

La Casa Blanca también presentó un plan para recortar el presupuesto global de la NASA en alrededor de un 24%, hasta dejarlo en el nivel más bajo de financiación desde 1961, lo que se traduce en la cancelación de 41 misiones espaciales y la mitad de su presupuesto científico, así como la pérdida de un tercio de los empleos. El año se cierra con el nombramiento del multimillonario Jared Isaacman como nuevo administrador de la NASA, señalado por sus conflictos de intereses con el sector privado. 

Uno de los efectos colaterales de estos recortes es que se han disparado las opciones de que el Telescopio de Treinta Metros (TMT), que se iba a instalar en Hawái, venga finalmente a la isla de La Palma. Paralelamente, el Gobierno español aprobó una ayuda de hasta 200.000 euros extra a los científicos que vengan huyendo del “menosprecio” en EEUU, con la intención de atraer a unos 200 líderes mundiales en investigación en los próximos cinco años. 

Recortes contra el clima

El equipo de Trump ha empleado la motosierra con especial saña en la investigación de la NASA y otras administraciones sobre el cambio climático. Así, ha dejado sin financiación a las instalaciones asociadas al Observatorio Mauna Loa, donde los científicos recopilan datos sobre la acumulación de dióxido de carbono desde hace más de 65 años y ha aprobado reestructuraciones que afectan a personal científico y las investigaciones en agencias como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en áreas de clima y salud pública.

El gobierno estadounidense no solo ha propuesto recortes de alrededor de 27% en la NOAA para 2026 y despedido a alrededor de 880 empleados (un 7,3% del personal), sino que incluye la eliminación de importantes instituciones, como la Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica (OAR). La decisión más reciente es la disolución del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR), en Boulder (Colorado), un centro de investigación climática y meteorológica de referencia mundial con alrededor de 830 empleados, al que tacha de “alarmista climático” y que quiere borrar de un plumazo. 

Pérdida de liderazgo

La consecuencia directa de estos recortes y esta apuesta por la anticiencia es la pérdida de liderazgo de EEUU a nivel global. Un artículo reciente en la revista de Forbes estima que los recortes propuestos a agencias como el NIH y la NSF podrían costar al menos 10.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, porque la investigación pública tiene un alto retorno productivo. 

Las señales de alarma de este hundimiento del liderazgo son múltiples. Según una encuesta publicada por la revista Nature en abril, alrededor del 75% de más de 1.600 científicos están considerando emigrar de EEUU tras los recortes y el clima político, lo que sugiere un riesgo real de fuga de talento. Y los datos del Nature Index 2025 muestran que China ha superado a EEUU como líder global en producción científica de alta calidad.

Este descenso de la financiación estable y competitiva socava la ventaja que EEUU ha tenido históricamente en investigación básica y aplicada, y se extiende a otros terrenos como la tecnología aeroespacial, las industrias tecnológicas y las energías renovables, en las que China avanza a toda velocidad. 

La administración Trump canceló este año unos 7.600 millones de dólares en subvenciones federales a proyectos de energía limpia, justo cuando la revista Science ha elegido “el crecimiento aparentemente imparable de la energía renovable” en China como el avance científico más destacado del 2025. Entre los obstáculos en el horizonte, la revista cita el uso generalizado del carbón y la resistencia política en Estados Unidos que, según denuncia el editorial de la revista, está llevando al país a “no beneficiarse de sus propias innovaciones”.  

Podemos Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de Page, a través de la aprobación de los presupuestos generales de 2026, realiza “recortes sociales, medioambientales y feministas” y también “aumenta progresivamente las privatizaciones en sanidad y educación”. Estos presupuestos ascienden a 12.903 millones de euros, un 1,5% más que en el año 2025.

En ese sentido Irene Arcalá, coordinadora autonómica de Podemos, señala que “estos presupuestos implican una continuidad del legado privatizador de Cospedal, dan la espalda a las necesidades de la clases populares de la región y profundizan la lógica neoliberal de privatización y recortes de servicios públicos”.

Arcalá ha alertado de “las nuevas privatizaciones del PSOE y Page en sanidad, de 5 millones y en Educación, de 2,5 millones, que demuestran que están asumiendo la culpabilidad del escándalo de las mamografías confirmando que su modelo es destinar el dinero de todas y todos a quienes especulan con nuestra vida y nuestro futuro”.

En el sentido de lo anterior, la coordinadora de la formación morada en la región considera “inadmisibles los nuevos recortes que vuelve a haber otro año más”. Podemos justifica sus afirmaciones en “los datos de reducción de presupuesto respecto al del año anterior en partidas como promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, gestión y protección de espacios naturales, transporte terrestre, y protección y defensa de los consumidores con recortes porcentuales de un 0,2%, 17%, un 7% y un 3% respectivamente.” Además, Podemos pregunta “por qué ha bajado ese 0,2% en 51.500 euros respecto a 2025 la partida destinada a promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, y espera que el gobierno regional confirme que no se merman los servicios públicos de prevención, actuación y protección frente a violencias machistas y las iniciativas de educación afectivo-sexual a nivel local”.

Por último, los coordinadores de Podemos en la región, han querido “desear felices fiestas a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y han hecho un balance general de este año 2025 destacando ”el trabajo continuo de Podemos en desenmascarar un gobierno regional que hace políticas de derechas, proponiendo un modelo de región transformador, democrático, social, ecologista y feminista que frene a las derechas y pueda generar más derechos y felicidad para toda la gente en la región“.

La tecnológica estadounidense HP ha anunciado que prevé reducir su plantilla global en entre 4.000 y 6.000 empleados hasta octubre de 2028, dentro de una política de ahorro de costes relacionados con la reestructuración de la plantilla que estima en 650 millones de dólares (560 millones de euros) y tras la implementación de la inteligencia artificial (IA). HP tiene unos 58.000 empleados en todo el mundo (unos 2.500 en España), por lo que el recorte afectaría aproximadamente a un 10% de la plantilla.

La compañía, que ha presentado sus resultados del año fiscal 2025 —que concluyó en octubre— ha anunciado una iniciativa global para impulsar la satisfacción del cliente, la innovación de productos y la productividad mediante la adopción y la habilitación de la IA, según han informado fuentes de la misma.

HP Inc, dedicada entre otras a la fabricación de ordenadores y dirigida por el español Enrique Lores, prevé un ahorro bruto de 1.000 millones de dólares a finales del año fiscal de 202. La compañía estima que incurrirá en aproximadamente 650 millones de dólares de ahorro en costos laborales y no laborales relacionados con la reestructuración, de los que aproximadamente 250 millones se producirán en octubre de 2026. HP tiene presencia en más de 170 países y, por el momento, no ha informado dónde se efectuarán los despidos.

No son los únicos

Estos despidos suceden a los ya anunciados en gigantes tecnológicos como Amazon o Meta, que han visto como el desarrollo de esta herramienta ha acabado absorbiendo tareas que hasta hace unos años era inconcebible que no fueran ejecutadas por humanos.

El gigante estadounidense de las redes sociales Meta —matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— anunció que planea recortar unos 600 empleos por la automatización y la integración de sistemas más avanzados de inteligencia artificial en las operaciones de la empresa. 

Por su parte, Amazon anunció un recorte de hasta 30.000 empleados, el más grande de la historia de la compañía. La empresa despedirá al 10% de los empleados de su plantilla, según explicó la cadena CNBC en base a fuentes cercanas al asunto.

Hace unos meses, el fabricante de microprocesadores Intel anunció que a lo largo de este año despedirá a cerca de 25.000 trabajadores más, en un intento de avanzar hacia la integración de la IA.

En Estados Unidos, el auge de la IA ha sido el responsable de 31.039 despidos solo durante el mes de octubre, de acuerdo con un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas a falta de los datos oficiales por el cierre del Gobierno federal. En lo que llevamos de año, de acuerdo con este trabajo, la IA ha sido citada como causa de 48.414 recortes, sin contar los anunciados por HP. 

Bélgica se enfrenta a tres días de huelga que van a acrecentar aún más la crisis institucional que sufre el Gobierno de coalición presidido por el nacionalista independentista Bart de Wever, del partido Nieuw-Vlaamse Alliantie. Los sindicatos protestan por las medidas anunciadas por el Ejecutivo formado por cinco formaciones para conseguir recortes de 9.200 millones de euros en el gasto público en los próximos cinco años.

Los paros se van a suceder los días 24, 25 y 26 de noviembre en las que irán frenando la actividad los diferentes sectores económicos hasta el tercer día en la que está anunciada una huelga general. Las organizaciones sindicales denuncian que el proyecto político del Gobierno va a incrementar las desigualdades con nuevos recortes en las pensiones, el aumento del IVA y el desmantelamiento de la seguridad social y de las protecciones del mercado laboral.

La huelga va a tener lugar cuando el Gobierno belga ha conseguido este lunes de madrugada cerrar un acuerdo para los presupuestos de 2026, que supondrá recortes por 2.150 millones ya el año que viene, que amenazaba con tumbar al Ejecutivo y una convocatoria de elecciones. Según el periódico Le Soir, se ha encontrado una solución para realizar el esfuerzo presupuestario necesario de reducción de 9.200 millones de euros hasta 2030. Estos recortes se lograrán con un 60% de reducciones de gastos y un 40% mediante nuevos ingresos, según el Ejecutivo.

Entre las medidas acordadas están una indexación salarían para los salarios superiores a 4.000 euros brutos ola reincorporación al trabajo de los enfermos de larga duración. No hay cambios en los tipos de IVA del 6%, 12% y 21%, pero cambian en algunos productos como las pernoctaciones en hoteles que pasan o algunos alimentos que suben al 12%, entre otras modificaciones. Subirán los impuestos especiales sobre el diésel y se incrementa el impuesto sobre las cuentas de valores del 0,15% al 0,30%, además de un impuesto adicional a la banca. El gobierno también ha acordado la reforma de las pensiones con una serie de recortes aunque ha admitido que los períodos de enfermedad seguirán computando para la jubilación.

El Gobierno belga de coalición, conocida como la alianza “Arizona”, nacido de las elecciones del pasado febrero, cuenta además de los nacionalistas flamencos de Bart de Wever, con los demócratas cristianos flamencos (CD&V), los socialdemócratas flamencos de Vooruit y los partidos francófonos Mouvement réformateury, de corte liberal, y el centrista Les Engagés.

Los sindicatos exigían propuestas alternativas que iban desde una reforma fiscal que incluya un impuesto sobre las grandes fortunas y una tasa sobre las actividades digitales de los gigantes tecnológicos a una revisión de las subvenciones públicas concedidas a las empresas o que una normativa garantice que todos los ingresos contribuyan equitativamente a la financiación de la seguridad social.

Esta movilización sindical de tres días abre un nuevo pulso con el Gobierno. Solo hace un mes más de 120.000 personas se manifestaron en Bruselas contra los recortes previstos por el Ejecutivo de coalición. Ahora con los tres días de paros, el lunes se espera que apenas haya transporte público, el martes pararán los servicios públicos, desde escuelas al servicio de correos pasando por los tribunales o las administraciones públicas y el miércoles se unirá el sector privado en una huelga general donde se paralizarán las industrias, comercios y aeropuertos.

El aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, el principal del país, ya ha informado de que se prevé que no despegue ningún vuelo el miércoles, aunque sí habrá vuelos de llegada, mientras que en el aeropuerto de Charleroi también advierten que se cancelarán todos los vuelos de salida y que no pueden garantizar los de llegada. La compañía nacional de trenes SNCB también ha avisado de que sus servicios se verán muy afectados durante las 72 horas de paros.

Hasta el sindicato de policía CGSP ha presentado un preaviso de huelga que cubre los tres días. El sindicato policial denuncia condiciones de trabajo que se deterioran y lamenta la falta de reconocimiento de la profesión, especialmente en lo que respecta a la jubilación. “La situación se ha vuelto insostenible dentro de los servicios de policía”, señala la organización sindical en un comunicado.

El Comité de Empresa de la RadioTelevisión de Castilla-La Mancha recuperará la próxima semana sus 'Viernes a Negro', un acto simbólico de protesta para reivindicar “una radiotelevisión libre de manipulaciones y presiones políticas, con redacciones capaces de trabajar con criterios profesionales y sin injerencias”, ya que según denuncian, “desde la asignación temporal de Carmen Amores como directora general, se han agravado o perpetuado”.

Los trabajadores y trabajadoras del ente público CMM están llamado el próximo 28 de noviembre a participar en el primer 'Viernes a Negro', a las 14.30 horas, después de que el Comité de Empresa se sumase el pasado verano a la llamada Alianza RTVs Públicas en Lucha, un espacio común “en defensa de unos medios públicos independientes, plurales y al servicio de la ciudadanía”.

En un comunicado explican que “la ciudadanía sufre una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales, sin Estatuto ni Consejo de Informativos que garanticen rigor”, lamentan.

La ciudadanía sufre una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales, sin Estatuto ni Consejo de Informativos que garanticen rigor

Ponen como ejemplo la “externalización sistemática” de servicios o programas que, aseguran, “provoca sobrecostes y problemas laborales, beneficiando a productoras externas que no son de Castilla-La Mancha”. Ponen como ejemplo el del programa En compañía, realizado por INDALOYMEDIA S.L. con un coste superior a los 2,4 millones de euros.

Además, denuncian la presunta “contratación irregular sin cumplir con el Plan de Igualdad”, además de 19 bolsas de empleo sin crear, seis caducadas, la “desigualdad salarial por complementos discrecionales”, entre otras cuestiones.

Después hablan de “obsolescencia de los equipos” que, según inciden, “facilita la externalización por no invertir en equipos técnicos deteriorados” o la ausencia de estudios psicosociales desde 2017 que protejan los derechos laborales de la plantilla.

Este viernes el Comité de Empresa denuncia 14 años de “recortes”, cuatro bajo la dirección de Ignacio Villa, durante el mandato de Dolores de Cospedal al frente de la Junta de Castilla-La Mancha y 10 con Carmen Amores, la actual directora general que percibe un sueldo de 135.840,78 euros, “muy por encima de los 91.702,66 euros del presidente regional Emiliano García-Page”.

Además, aseguran que “la situación empeora con la nula interlocución directa con Carmen Amores con la representación de la plantilla”.

Los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han advertido este martes de que la situación del centro es “especialmente preocupante” en cuanto a la financiación que reciben. Según los responsables de las facultades de la mayor universidad del país, los recursos que maneja la UCM son “son estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que la caracterizan, tanto en docencia como en investigación y transferencia”. La Complutense, que ha perdido 140 millones de euros en los dos últimos ejercicios, ha tenido que pedir ala Comunidad de Madrid un crédito de 34,5 millones de euros solo para poder seguir funcionando.

En una carta abierta que ha enviado el rectorado (lo que da muestra de su apoyo a la misiva), los decanos sostienen que “es necesario y urgente elaborar un plan realista de financiación plurianual que garantice el nivel de excelencia que deseamos para la universidad pública”. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, es el que peor financia a sus universidades públicas. Es el único que traspasa hoy menos dinero a los centros que antes de la crisis de las hipotecas de 2008. Los decanos recuerdan en su misiva la responsabilidad del Ejecutivo regional en la financiación de los campus y el rol de “ascensor social esencial” de la universidad pública, garante de la igualdad de oportunidades “porque ofrece una formación de alta calidad al alcance de todas las personas y convierte el mérito y el esfuerzo, y no los recursos económicos, en el verdadero criterio de acceso y progreso”.

Pero con el modelo madrileño, explican, no se está cumpliendo. “El modelo actual de financiación resulta claramente insuficiente para ello, ya que no cubre los costes reales de funcionamiento, lo que plantea importantes dificultades para la sostenibilidad y calidad del sistema universitario”, señalan los decanos. La carta se publica después de haberse conocido el proyecto de presupuestos del Gobierno regional de cara al próximo año, lo que implica que la subida en financiación que recibirán las universidades será insuficiente para cubrir las necesidades de la UCM, a juicio de los decanos.

Hace unas semanas el rector del centro, Joaquín Goyache, envió también una carta a la comunidad universitaria en la que, además de asegurar que se podrán pagar las nóminas (ante la creciente rumorología entre los departamentos de que la situación era tan insostenible que no estaba garantizado) informaba de que debido a la petición del crédito (para el que hay que realizar ajustes en el gasto) y las previsiones de financiación, la UCM iba a estar en economía de guerra durante tres ejercicios más.

Ni el rector ni los decanos prevén que la nueva ley universtaria que prepara Ayuso vaya a resolver la situación. En su carta, los decanos critican específicamente que la presidenta Ayuso pretenda aprobar esta norma “sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo, abierto y profundo, con quienes conforman la comunidad universitaria. Una legislación de tal trascendencia alcanza su mayor legitimidad cuando nace del consenso y la participación plural de universidades, Personal Docente e Investigador, Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, Estudiantes y sociedad en su conjunto”.

Según opinan los decanos, “no tomar en consideración esta necesidad de consenso no solo debilita los principios de autonomía institucional y participación democrática, sino que también favorece un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso”. Juristas de la Universidad Carlos III de Madrid realizaron recientemente un análisis del anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) por el que concluían que el texto supone un grave ataque a la autonomía universitaria al imponer el control económico efectivo de los rectorados por parte de los presidentes de los consejos sociales de los centros, personas nombradas por Ayuso y que en este momento son excargos del PP, empresarios e incluso directivos de universidades privadas de la región, competencia directa de las públicas. Tal y como está redactada la Lesuc, adiverte este análisis, cada gasto que quiera realizar una universidad (contratar a un profesor, abrir un laboratorio) deberá ser aprobado por estas personas en lo que los juristas consideran “un asalto”.

Los decanos concluyen haciendo un llamamiento público a toda la sociedad, destinataria última de los servicios y el conocimiento que se genera en la universidad. “Este manifiesto es una llamada de atención y una petición de ayuda a la sociedad madrileña: a la ciudadanía, a sus representantes políticos, a sus agentes sociales y económicos. Porque defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto”.

Las cuatro escuelas infantiles municipales de Granada –Luna, Belén, Arlequín y Duende– contarán el próximo año con menos ingresos procedentes del Ayuntamiento. El Consistorio, gobernado en mayoría absoluta por el Partido Popular, ha decidido recortar en casi 600.000 euros la aportación que realiza anualmente para el sostenimiento de estos centros, que forman a unos 500 niños y niñas de entre 0 y 6 años. Un hecho que ha puesto en pie de guerra tanto a los representantes de las escuelas como a las familias de los menores porque consideran que se trata de un recorte que pone en peligro un modelo educativo que tiene más de 40 años de historia.

Porque no se trata sólo de que el Ayuntamiento de Granada haya decidido reducir en 597.500,05 euros su aportación (alrededor de un 15% del presupuesto total que ronda los 4 millones de euros), sino que ese dinero que deja de invertir en las escuelas infantiles irá a parar al servicio de transporte público para equilibrar las cuentas municipales. Una decisión criticada por la oposición de PSOE y Vox y rechazada por quienes gestionan estos centros, ya que la reducción presupuestaria hace que ese dinero que se deja de aportar deba salir de las arcas de la Fundación Granada Educa, que se encarga de su gestión, porque el Consistorio considera que esta institución cuenta con recursos financieros suficientes. Algo que se ha producido sin consultarlo con los patronos del organismo.

No en vano, los datos económicos desmienten el argumento del equipo de gobierno de que la fundación dispone de un amplio margen financiero. Según fuentes de la entidad, en 2024, la Fundación Granada Educa ingresó 3.918.211 euros y gastó 3.899.203, con un superávit de apenas 19.000 euros, destinados íntegramente al fondo de reserva. En 2023, el saldo positivo fue todavía menor: 823 euros. Esa mínima diferencia se ha venido repitiendo cada ejercicio, lo que demuestra que las escuelas trabajan con presupuestos muy ajustados y sin margen para absorber una reducción de esta magnitud. De hecho, los ingresos ya habían caído en torno a 88.000 euros entre 2023 y 2024, antes incluso del recorte ahora aprobado.

“Un ataque frontal a las escuelas municipales”

Para buscar una solución, el PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo extraordinario de patronos de la Fundación Granada Educa para exigir explicaciones al equipo de gobierno de Marifrán Carazo. La portavoz socialista, Raquel Ruz, sostiene que la decisión es un “ataque frontal a las escuelas municipales” y un “auténtico atropello” por parte del PP, a quien acusa de “saquear las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando”.

“El Ayuntamiento quita casi 600.000 euros a una institución que lleva cuatro décadas prestando un servicio público ejemplar, sin explicación ni justificación alguna. Con esta propuesta abocan a la fundación al déficit y ponen en riesgo su estabilidad económica”, denuncia Ruz. Desde el grupo socialista recuerdan además que, desde la llegada de Marifrán Carazo a la Alcaldía, las aportaciones municipales no se han actualizado ni adaptado al incremento de costes, lo que a su juicio evidencia “una falta de compromiso con la educación pública y con las familias granadinas”.

Las escuelas y las familias, indignadas

Dadas las circunstancias, el malestar entre las familias y el personal de las escuelas es evidente. Alhambra Nievas, patrona en representación de las familias que integran las escuelas, habla de “indignación y preocupación” por una decisión que se ha tomado “de espaldas a la comunidad educativa”.

“Esto no se ha consultado con el Consejo de Patronos. El Ayuntamiento ha actuado sin transparencia, sin voz ni opinión de quienes representamos a las familias, al profesorado y a la Universidad de Granada. No creemos que quitarle 600.000 euros a un presupuesto educativo sobre unas escuelas con prestigio internacional sea una decisión justificada”, explica Nievas. “Nos jugamos mucho más que un presupuesto”, añade. “Nos jugamos un modelo público que ha garantizado igualdad, participación y educación de calidad para cientos de niños y niñas durante 40 años”.

Desde su punto de vista, el argumento del equipo de gobierno -que sostiene que la fundación tiene un remanente suficiente- no se sostiene. “Hablan de un sobrante cuando se han rechazado propuestas de mejora porque no había dinero. Es incoherente y demuestra que no creen en las escuelas municipales ni en una educación pública de calidad”, afirma. Las familias han solicitado un consejo extraordinario y preparan alegaciones formales. Si la medida no se revierte, no descartan movilizaciones: “Granada no puede renunciar a sus escuelas municipales”.

Desde el personal técnico también se cuestiona la medida. Elba Mejías, pedagoga de la fundación, sostiene que “no es cierto que exista un exceso de liquidez” y que el recorte “supone detraer dinero de las escuelas para tapar la deuda del Ayuntamiento”. “Llevamos años trabajando con presupuestos ajustados, manteniendo una calidad educativa altísima y con resultados reconocidos fuera de Granada. El Ayuntamiento no ha incrementado su aportación en años y ahora, además, la reduce drásticamente. Es una decisión unilateral e injusta”, lamenta.

La trabajadora recuerda que el modelo de escuelas municipales “es público, participativo y ha demostrado su eficacia durante cuatro décadas”, por lo que “no tiene sentido que se castigue con recortes un proyecto que funciona y que ofrece oportunidades reales de conciliación a cientos de familias”.

Para Isabel Romero, antigua patrona representante de las familias y antigua madre de la Escuela Infantil Municipal Duende, “este recorte no es una cuestión contable, sino política”. “Se trata de un modelo de educación pública que funciona, que está reconocido por organismos internacionales y que ha inspirado a otras ciudades. Lo que hace el PP es ponerlo en riesgo sin justificación alguna”, señala.

Romero considera que la decisión “rompe el consenso histórico que ha permitido sostener las escuelas municipales durante décadas” y acusa al equipo de Carazo de “utilizar el presupuesto de la fundación como si fuera una hucha del Ayuntamiento”. Mientras tanto, el consejo extraordinario solicitado por los patronos sigue pendiente de convocatoria. Si el Ayuntamiento no rectifica, las familias y el personal técnico advierten de que se movilizarán para defender las escuelas municipales de Granada.

El argumento del Ayuntamiento

Mientras, la concejala de Economía, María Rosario Pallarés, defiende que la medida no pone en peligro ni los proyectos educativos ni las nóminas del personal. “El Ayuntamiento nos lo encontramos en una situación económica deplorable, con una intervención del Ministerio de Hacienda, y hay que cumplir con el plan de ajuste y cuadrar las cuentas”, explicó durante el pleno ordinario de octubre, al que se remiten desde el equipo de Gobierno a preguntas de este periódico para contrastar la información.

Según Pallarés, la fundación dispone de un “efectivo neto de 1,2 millones de euros” y de un “patrimonio neto de 2,1 millones”, por lo que considera que puede asumir la reducción temporal sin afectar a su estabilidad. “Se pueden quedar tranquilos los padres y las madres, porque esos proyectos educativos no se ponen en riesgo”, insistió. Sin embargo, la tranquilidad es precisamente un estado que no impera entre quienes temen que este recorte presupuestario sea el inicio del fin de un proyecto educativo que ha sido un éxito en Granada durante más de cuatro décadas.

En Madrid cada vez hay menos bomberos y cada vez se dan más incidencias que obligan a su intervención. Es lo que se desprende de dos informes, publicados en septiembre y octubre, elaborados por grupos de trabajo del cuerpo de bomberos municipal que analizan la falta de personal y reclaman al Ayuntamiento de la capital que ataje esta problemática.

Entre 2015 y 2024, la plantilla ha experimentado un descenso progresivo en efectivos, pasando de 1.323 hace nueve años a 1.054 en el pasado ejercicio. Esto supone una pérdida acumulada del 20,3%. En el caso de los bomberos especialistas (que efectúan técnicas específicas de salvamento o neutralización de riesgos), la reducción ha sido aún más acusada, hasta el 35,2%.

En paralelo, el número total de intervenciones se ha incrementado en un 22% en el mismo periodo de tiempo, pasando de 24.222 en 2015 a 29.638 en 2024. “Este contraste evidencia un desequilibrio creciente entre la carga de trabajo y los recursos disponibles”, critica uno de los escritos.

Las incidencias aumentan, en gran medida, porque lo hace la población. Según el padrón municipal, el 1 de enero de 2015 la ciudad de Madrid tenía 3.141.991 habitantes. En 2024, este dato subió hasta las 3.527.924 personas (unas 386.000 más). De este modo, si en 2015 había 0,42 bomberos por cada mil habitantes, en estos momentos esa cifra apenas alcanza los 0,30.

Incumplimiento “sistemático” del compromiso asumido por el Ayuntamiento

Eduardo (nombre ficticio para preservar su identidad), miembro del cuerpo de bomberos municipal y del grupo de trabajo que analiza y denuncia la falta de personal, expone a Somos Madrid cómo estas cifras se traducen en el día a día de un servicio vital para la seguridad ciudadana: “En los 12 años que llevo, he vivido una disminución en las personas que están en las guardias. Se visualiza muy bien en que la Jefatura del Cuerpo usa todos los bomberos de Madrid para rellenar parques. Por ejemplo, si en el de avenida de Asturias hay siete compañeros y en el mío tres, enviarán algunos de esos siete hasta aquí. Es frecuente que no haya sargentos y que haya en general muchos menos bomberos de los que debiera, con lo cual el servicio es menos eficaz”.

Otro trabajador del cuerpo desgrana cómo se han reducido efectivos en diferentes parques municipales: “En el 1, el de Chamberí, lo habitual era tener 13 o 14 bomberos, seis o siete bomberos conductores y tres capitanes. Ahora, en total, son unos 14. En el Parque 2, el de Manuel Becerra, han llegado a ser 22-23 personas y ahora nunca ves más de 15”.

El aumento en las salidas e intervenciones era una “sensación común” que estos datos vienen a corroborar, dice Eduardo. Unido a la reducción del personal, esto se traduce en que “se utilizan las guardias extraordinarias para solucionar un problema estructural, que ya no se da solo en verano”. Este período es tradicionalmente más delicado para el servicio debido a que “un tercio de la plantilla tiene vacaciones cada mes, de junio a agosto”.

Denuncia Eduardo que, incluso con estos malabares y estas guardias extraordinarias obligadas para mantener un servicio digno, “no sirve para llegar al mínimo de personal que sería conveniente”. Con ello, cree, “aumentas mucho la posibilidad de que pase algo serio”. Cuenta que “a principios de este mes dos bomberos se perdieron por un cambio repentino de condiciones meteorológicas en la zona donde actuaban y, si eso pasa en una guardia con poca gente, no hay personal suficiente para el rescate a nada que haya una situación de emergencia como esa”.

El panorama es tan adverso que ni siquiera esos esfuerzos redoblados del personal permiten alcanzar los efectivos de emergencia disponibles recomendados por el propio Gobierno municipal. La Carta de Servicios de Bomberos 2025 establece en su Compromiso 7 que el Ayuntamiento de Madrid se compromete a mantener una plantilla diaria de 223 bomberos de atención directa a siniestro (ADS) y 29 efectivos de apoyo técnico (AT) el 80% de los días del año. Y, como mínimo, 210 bomberos de ADS y 23 AT el 20% de fechas restantes. Este compromiso marca la referencia oficial de dotación mínima que debería garantizarse en cada jornada.

Pero, a lo largo de 2024, solamente en 187 días se alcanzó el compromiso de 223 ADS. Esto representa un 51,1% del año, dato que queda muy lejos del 80% al que se comprometió en el Ayuntamiento en la Carta de Servicios. En lo que va de 2025 la situación parece incluso haber empeorado. Durante los primeros cinco meses del año, únicamente en 68 días se alcanzó el compromiso de 223 ADS. Esto es menos de un tercio del total de jornadas (31,1%), lo que según el informe del grupo de trabajo “confirma un incumplimiento sistemático del compromiso asumido por el Ayuntamiento”.

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2025 la coyuntura se agravó notablemente: solo un día del verano se alcanzó la dotación de 223 efectivos ADS establecida en la Carta de Servicios. Aunque es el segmento temporal donde resulta más difícil cumplir ese compromiso, debido a las vacaciones, la tendencia acumulada apunta a que este año el número de fechas en la que se respeta la cantidad idónea de bomberos de atención directa a siniestro quedará por debajo del 51,1% alcanzado en 2024.

Para más inri, esas previsiones de la Carta de Servicios tienen que actualizarse ante la puesta en funcionamiento del Parque Municipal de Bomberos 13, en Vicálvaro, ya que con el inicio de su actividad se debe “garantizar la simultaneidad operativa de determinados vehículos”. “Si se eleva el nivel de referencia para la prestación del servicio a 250 efectivos diarios en ADS, la diferencia respecto a la plantilla disponible es aún más acusada, puesto que cuenta en realidad con 27 efectivos menos de los necesarios para alcanzar el estándar actualizado. Ningún día en todo el verano se ha cumplido con el nivel necesario establecido de 250 efectivos”, detalla el informe.

En una emergencia reciente, los bomberos iban de parques mayores, por no dejar sin personal al más próximo, que habría quedado vacío en caso de atenderla. Si no hay gente, los jefes de guardia reparten cómo pueden. Como una manta que se sale por los pies o por el pecho

Eduardo asegura que todas esas cifras se traducen en un “servicio deficitario”. Lo sintetiza con una afirmación categórica: “No hacemos huelga porque ya estamos por debajo de los servicios mínimos”. Relata que en la mencionada situación de emergencia a la que tuvieron que enfrentarse hace dos semanas, debido a la falta de personal, en vez del recurso más cercano se tuvo que desplazar a dotaciones que tardaron 20 minutos en llegar: “Iban de parques mayores, por no dejar sin personal al más próximo, que habría quedado vacío en caso de atender la emergencia. Al final, si no hay gente, los jefes de guardia reparten cómo pueden. Es como una manta que se sale por los pies o por el pecho”.

“Los ciudadanos muchas veces no se dan cuenta de todo este deterioro. No reparan en lo preocupante que es cuando en un accidente de tráfico tardamos diez minutos en socorreles, en vez de cuatro. O si acuden seis bomberos, en vez de ocho. Al final los bomberos van, pero nadie está con un cronómetro. Sin embargo, tenemos que tardar menos de ocho minutos ante una emergencia, para evitar que los incendios se expandan o para garantizar que los servicios sanitarios puedan actuar lo más rápido posible en un accidente”, explica.

Sin conciliación, ocio, ni ganas de innovar o formar: “De las guardias a casa”

En esta coyuntura, efectivos municipales lanzaron el pasado 31 de agosto el canal de YouTube Madrid Sin Bomberos, donde recopilan testimonios personales sobre la afectación de la merma del personal a la seguridad, la capacidad de respuesta a incidencias, el descanso o la conciliación. “Intentamos exteriorizar la situación”, traslada otro trabajador del cuerpo a este periódico.

Porque este contexto repercute en el bienestar físico y mental de los bomberos. “Otra derivada de que falte personal, además de la atención directa, es que el 60% de las personas están trabajando un 50% más de lo que están obligados. Trabajan un día durante 24 horas y luego libran dos, cuando lo ideal es tener una o hasta dos jornadas más de libranza consecutivas. Desde que entré hace 12 años he visto cómo ha degenerado todo y eso se traduce en que la gente está muy cansada. Solo hay tiempo de ir de las guardias a casa”, lamenta Eduardo.

Esta circunstancia no solo disminuye su tiempo para la conciliación familiar, el descanso o el ocio, sino que repercute en labores vinculadas a su empleo que muchos efectivos llevan a cabo fuera de las guardias. Así lo explica Eduardo: “Solemos generar grupos de trabajo para analizar o crear procedimientos operativos de arbolado, rescates en altura, rescates de tráfico, rescates de suicidios, aperturas de puertas, contacto y extinción de materiales... Es un trabajo de inventiva y ensayos fuera de la guardia. Si estás trabajando al ritmo de un día entero sí y dos no eso no te apetece, con lo cual se pierde calidad”.

Este bombero extiende esta desmotivación a la formación de profesionales: “Cuando entra gente nueva, no hay tiempo ni ganas de que los compañeros vayamos a enseñarles. Además es una actividad extra que tiene una remuneración aparte, pero claro, ese aspecto de la necesidad económica y vital ya está cubierto con las horas extras que estamos obligados a hacer para sacar esto adelante. Es un círculo vicioso en el que cada vez hay menos formadores”.

Eduardo no quiere presentar un panorama que cause alarma social y, de hecho, piensa que en las situaciones más delicadas es cuando el compromiso y la dedicación se vuelven innegociables: “Cuando hay que hacer una gran intervención, como en el derrumbe de la calle Hileras, la adrenalina se impone y la gente trabaja muchas más horas de las que les tocan. Pero hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de incidencias no son tan graves: un gato en un árbol, personas atrapadas en un ascensor, un contenedor en llamas, la rotura de una caldera... Es ahí donde veo que algunos compis tienen menos motivación y energía”.

Además, el freno a las nuevas incorporaciones no ha detenido las promociones internas, así que “se ha invertido la pirámide” y cada vez el número de puestos de responsabilidad ocupa un mayor porcentaje sobre el total. Esto deriva en “notas internas donde se nos dice que bomberos con determinadas funciones, quizá más de coordinación, pueden hacer las de otro para que el servicio salga adelante”.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, ante las preguntas trasladadas por este diario acerca del menoscabo en el personal, remiten a las declaraciones de la vicealcaldesa Inma Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal del pasado 9 de octubre. En ellas, la también delegada del área de Seguridad argumentó que “una vez desde el Gobierno central se eximió al servicio del tope de la tasa de reposición hemos convocado las oposiciones más continuas y numerosas en muchos años en este Ayuntamiento”. Avanzó la incorporación de “hasta 400 bomberos: 127 que acabarán su formación en abril, 60 bomberos conductores en fase de examen, otros 68 bomberos conductores con su convocatoria ya aprobada y una tanda de más de 150 bomberos que será aprobada antes de final de año”.

Eduardo admite que “sí se ha producido un cambio en las convocatorias, la posición parece que es agilizar unas oposiciones que son superlentas”. En cualquier caso, se muestra cauto: “No pongo la mano en el fuego, la tendencia da la impresión de haber sido planificada para que seamos cada vez menos. Se están actualizando los procedimientos y se ha renovado mucho el material y los vehículos, pero si luego no tienes gente para meterles dentro...”.

Almeida y su excusa en la “infame Ley Trans” ante un problema estructural

En la rueda de prensa del pasado día 9, Sanz volvió a apelar al “retraso por la dificultad de una ley nacional que nos pone trabas y utilizan algunos tramposos”. El pasado septiembre, al ser inquirido sobre la falta de bomberos municipales por la oposición en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se parapetó en la “infame Ley Trans” para zafarse de las críticas: “Vamos a llegar al compromiso en ese convenio colectivo que hemos firmado con el cuerpo de bomberos y con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Madrid de alcanzar los 1.750 efectivos, y hemos convocado más de 500 plazas desde que estamos en el Gobierno municipal. No hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas en las calles de Madrid por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso”.

Almeida aludía a un supuesto retraso producido por el infructuoso intento de un candidato, David L.Y. (vinculado a grupos antifeministas y supremacista blanco, tal como publicó ABC), de obtener una plaza mediante el uso fraudulento de la Ley Trans. La fallida aspiración del opositor para obtener una plaza con la Ley Trans copó titulares y portadas cuando parecía avanzar, aunque su trascendencia mediática fue prácticamente nula cuando acabó naufragando.

No obstante, este medio pudo comprobar que la estratagema del candidato no supuso una demora significativa en el proceso. Según puede comprobarse en el seguimiento del proceso que recoge el propio portal municipal, no hubo ningún procedimiento dedicado exclusivamente a este caso. Cuando David presentó sus alegaciones aludiendo a que era una mujer, a la postre tomadas en cuenta, otras cinco personas presentaron las suyas por distintas circunstancias (una de las cuales fue también estimada, en ese caso parcialmente).

Posteriormente el acuerdo del Tribunal de Selección para la expulsión de aspirantes después del reconocimiento médico y el control antidopaje, con la consiguiente modificación de opositores que habían superado esa fase, incluyó a otro candidato eliminado. Es decir, dicha revisión se habría tenido que llevar a cabo de igual manera sin el intento de David L.Y. de utilizar la Ley Trans.

Además, el proceso de oposición se convocó ya después de una ardua negociación del convenio colectivo y varias demoras que provocaron protestas de la plantilla por toda la ciudad. El cuerpo protagonizó diversas campañas pegando carteles o desplegando pancartas en sus parques. Mensajes como “Madrid en peligro, bomberos bajo mínimos” o “Almeida da la cara, apoya a los bomberos” proliferaron durante 2023 y 2024 en las dotaciones de estos efectivos. Así, más allá de controversias puntuales tergiversadas, Eduardo cree que su precariedad parte de “cargar con la irresponsabilidad de la jefatura del cuerpo de bomberos y su mala gestión”.

Un nuevo informe elaborado por la organización Physicians for Human Rights (PHR) alerta de que la congelación de los fondos para la asistencia humanitaria decretada por el Gobierno de Donald Trump ha puesto en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la epidemia de VIH y ha desencadenado una catástrofe sanitaria en la región de África oriental. El estudio documenta casos de mujeres seropositivas que decidieron abortar por miedo a trasmitir el virus a sus hijos, así como bebés que acabaron contagiados durante el embarazo ante la falta de acceso a medicamentos.

“Estamos creando una bomba letal para el futuro”, denuncia uno de los trabajadores entrevistados para el informe.

El Gobierno de Donald Trump emitió el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que congeló todos los nuevos fondos de asistencia humanitaria y ordenó una revisión de 90 días de los existentes. Apenas cuatro días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió órdenes de paralización de todos los programas en curso, lo que supuso el freno inmediato de cientos de proyectos, incluido el PEPFAR, el plan estrella de Washington para combatir el VIH en países de bajos ingresos, sobre todo del África subsahariana.

La congelación de los fondos fue parte de la paralización general de la ayuda internacional de Estados Unidos. Aunque posteriormente se concedieron excepciones parciales, la primera semana tras las órdenes de suspensión fue especialmente crítica: clínicas de Uganda y Tanzania tuvieron prohibido dispensar medicamentos comprados con fondos estadounidenses y se interrumpieron por completo los servicios comunitarios de distribución de antirretrovirales.

En los testimonios recogidos por PHR, profesionales sanitarios describen que recibieron mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que les ordenaban detener inmediatamente todas las actividades, dejando a pacientes y programas abandonados y sin alternativas. Uno de los trabajadores comunitarios en Tanzania relata: “Ese día ya teníamos organizadas las rondas para entregar la medicación en la comunidad, y de repente nos dijeron que parásemos todo. Muchos pacientes llevan meses llamando y no sabemos cómo ayudarles”.

No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar

El mismo informe recoge testimonios de mujeres que han interrumpido su embarazo por miedo a dar a luz a un niño con VIH: “No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar”, cuenta. Según los datos recogidos, en algunas de las regiones hasta un 25% de las mujeres embarazadas seropositivas trasmitieron el virus a sus hijos durante esos meses críticos. “Es realmente doloroso ver a alguien dar a luz a un bebé cuyo primer test de ADN es positivo en VIH, simplemente porque no tuvo acceso al tratamiento”, dice un trabajador sanitario ugandés.

Además, varios pacientes describieron la angustia de ver sus reservas de medicamentos agotarse y tener que saltarse la dosis. “Me dieron solo 14 pastillas, cuando antes recibía medicación para tres meses. Me entró miedo y ansiedad. Pensé: '¿y si mañana ya no hay más?'”, explica una joven ugandesa en el informe.

Aumento del estigma

La crisis ha tenido un efecto colateral especialmente grave: la intensificación del estigma. El informe documenta un aumento de agresiones físicas y verbales contra personas con VIH y contra colectivos históricamente discriminados. Desde Tanzania, un médico alerta en el informe: “Si dejamos atrás a las poblaciones clave y vulnerables, estamos creando una bomba letal para el futuro”. PHR añade que la exclusión de estos grupos tras la suspensión de los fondos agravó aún más la discriminación.

Las interrupciones también supusieron la desaparición de los espacios comunitarios seguros que habían sido financiados con cargo al PEPFAR, lo que dejó a muchos sin un lugar donde recibir tratamiento o apoyo sin ser señalados. En Uganda, un trabajador comunitario explica en el informe que, tras la cancelación del programa, los locales que servían de puntos de distribución de medicinas fueron desalojados y alquilados a otros inquilinos, lo que impidió retomar el servicio incluso recibir la autorización parcial para reanudarlo.

El otro efecto

Más allá de las cifras, el informe subraya el golpe de esta decisión sobre la confianza de los pacientes a la estabilidad de su tratamiento. Muchos de los seropositivos entrevistados han expresado el temor a que los medicamentos se agoten de manera definitiva. El trabajo de PHR recoge el caso de un paciente que le dijo a su médico: “¿Ahora quieres que me muera? Si no me das medicación para seis meses, temo no volver a recibirla nunca más”.

Los médicos entrevistados describen el efecto de la medida: “Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”, ha indicado a la organización un facultativo de Uganda.

“Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”.

Aunque la interrupción fuese temporal, fue suficiente para destruir el delicado ecosistema de la lucha contra el VIH, en el que no basta con tener medicinas en la estantería de una farmacia, sino que también se necesitan sistemas sostenidos de acompañamiento para que las personas puedan mantener el tratamiento, según la ONG. Los programas comunitarios, los equipos de gestores de casos y las estrategias de entrega adaptada de medicinas se desmoronaron con el recorte.

La paralización de los fondos vino acompañada de una reforma administrativa que incluyó recortes en el programa de asistencia USAID y alteraciones en su estructura operativa. Ahora, y con el foco en la región de África oriental, está en riesgo el futuro de miles de pacientes en Tanzania y Uganda.

La Casa Blanca propuso en mayo un recorte del 66% de la financiación internacional destinada al VIH. En paralelo, la Oficina del Presupuesto (OMB) retuvo cerca de la mitad de los 6.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el PEPFAR, lo que ha dejado a países como Uganda y Tanzania en estado crítico. El informe de PHR documenta que un 25% de los fondos de atención y tratamiento para Uganda se han cancelado o están en riesgo de desaparecer, un 30% de los recursos de prevención ya están suspendidos y un 17% del presupuesto global ha quedado sin destino definitivo.

Frente a este escenario, PHR llama al Congreso estadounidense a actuar de inmediato. Plantea restaurar en su totalidad la financiación del PEPFAR en el presupuesto para 2026, volver a autorizar el programa y asegurar una transición ordenada hacia los sistemas de salud locales.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha criticado el “reparto desequilibrado” de las ayudas en materia de cooperación internacional de la Junta, con un “recorte” del 87% en el caso de el apartado de educación para la ciudadanía, lo que implica “la desaparición de tres de cada cuatro iniciativas”.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes el decreto que regula las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria, dotada con 6.371.408,71 euros.

La CONGDEX ha señalado que pese a que en 2025 el presupuesto de las convocatorias aumenta un 33% respecto a 2024 -de 4,78 a 6,37 millones de euros-, el número de proyectos financiados se reduce “de 44 a menos de 33”. “Este aparente crecimiento llega tras unos presupuestos prorrogados desde 2023 que acumulan un recorte superior al 26%, la mayor caída registrada en la última década”, indicado.

De las líneas de ayudas, cuyo reparto ha tildado de “desequilibrado”, ha precisado que el 56% de los fondos se destina a Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 25% a Proyectos por Concesión Directa, el 16% a Ayuda Humanitaria y el 3% a Educación para la Ciudadanía Global.

Esta última es “la gran perjudicada”, con un recorte del 87%, pasando de 1,5 millones de euros en 2024 a apenas 200.000 euros en 2025, lo que implica “la desaparición de tres de cada cuatro iniciativas de sensibilización, educación y participación ciudadana”, ha apuntado.

Las consecuencias, según la Coordinadora, son “menos diversidad, menos participación y menos legitimidad social de la cooperación” y un 41 % del presupuesto total gestionado por concesión directa, lo a su juicio limita la concurrencia y reduce la transparencia.

Además, ha lamentado, la cooperación pierde peso político, al pasar de representar el 0,21% del presupuesto autonómico en los años 2017 y 2018 al 0,13% en 2025, “el nivel más bajo en diez años”.

Según ha advertido, reducir el presupuesto en educación para la ciudadanía global no significa mayor eficiencia, “sino todo lo contrario, menos participación, menos diversidad y un grave debilitamiento de la dimensión educativa y transformadora de la cooperación”. “En un momento en que se necesita más que nunca pensamiento crítico y ciudadanía activa, la cooperación extremeña retrocede y se concentra en menos manos, perdiendo pluralidad y legitimidad”, ha añadido.

Frente a ello, ha propuesto más y mejor financiación, dado que el incremento actual es “insuficiente y mal distribuido”; reforzar la línea de educación para la ciudadanía global “con una dotación estable y proporcional a su papel estratégico” y garantizar la concurrencia competitiva, la transparencia y la diversidad de iniciativas.

También reclama estabilidad institucional con “un calendario claro y vinculante que evite retrasos” y que los presupuestos regionales de 2026 se conviertan en una oportunidad para recuperar la senda del crecimiento y cumplir la Ley de Cooperación. 

Vecinos y entidades sociales se preparan para la gran manifestación convocada para este sábado en Zaragoza en contra del cierre de las zonas jóvenes y el recorte en las escolares que impulsa el equipo de gobierno del PP. SOS Zonas Jóvenes, la plataforma en la que se han agrupado los jóvenes que utilizan las zonas jóvenes; Acción Socieducativa, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de las Zonas Jóvenes, FAPAR y la FABZ están detrás de la marcha, que arranca a las 18:30 horas en Glorieta Sasera.

Bajo el lema ‘Ni cierres en las Casas ni recortes en los PIEES’, se trata de una convocatoria unitaria tras las concentraciones que se han venido repitiendo durante este verano en las Casas de Juventud cuyo cierre fue anunciado por el Ayuntamiento a finales de julio. Desde las entidades convocantes remarcan que son “los propios usuarios y usuarias” quienes han impulsado estas protestas y “sumado a los diferentes agentes que les acompañan”. “Son precisamente quienes van a perder espacios de referencia para su ocio quienes se han puesto a la cabeza de un movimiento al que cada día se suman más personas”, precisan.

Desde Acción Socieducativa rechazan las medidas que el Ayuntamiento quiere implementar en las zonas jóvenes por la “destrucción de puestos de trabajo” en las Casas de Juventud y la precarización en los PIEES.

Por su parte, la FABZ rechaza también los cierres: “En ningún caso pueden aprobar la eliminación de servicios públicos en los barrios, en este caso servicios de juventud, que son herramientas muy útiles no sólo como espacios de referencia para la juventud en unas edades en las que necesitan referencias y espacios de seguridad, sino que también son herramientas para el trabajo en red y comunitario en los barrios”, apunta la Federación de Barrios.

Los convocantes no comparten que el Túnel y la Azucarera puedan sustituir a los servicios de las Casas de Juventud. “Nunca un equipamiento de ciudad va a poder dar los servicios que ofrecen equipamientos de barrio, de cercanía. En todo caso podrán ser complemento, como ya se ha demostrado con el Túnel, abierto en 2015, y que complementaba a la Casa de Juventud del barrio Oliver, hasta que el Ayuntamiento decidió cerrarla el verano de 2024”, destacan.

Reconocen que “pueden estar de acuerdo con el Ayuntamiento en que las Casas de Juventud necesitan una revisión y actualización”, pero no con “la eliminación”. Ante esto, vuelven a pedir al Ayuntamiento que inicie un proceso, con la participación de todos los sectores implicados, “que siente las bases del modelo de juventud para las próximas décadas y permita que este modelo, que hizo pionera a Zaragoza en políticas de juventud, siga siendo un referente más allá de nuestra ciudad”.

Los sindicatos CGT y CCOO han convocado huelga el sábado de 18:00 h a 21:00 horas, horario de apertura de las Casas de Juventud, para facilitar la asistencia a la manifestación de los alrededor de 60 trabajadores de las Casas.