“Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”, advirtió a principios de semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una entrevista que le hizo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en The Objective. Alentado por algunas encuestas, el principal partido de la oposición está convencido de que en cuanto Pedro Sánchez convoque las elecciones generales, el PP volverá a la Moncloa. Y la derecha ya trabaja en una contrarreforma legal que tiene previsto poner en marcha en cuanto recupere el poder. El plan pasa por derogar algunas de las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años de gobiernos progresistas, incluso las que incorporaron derechos sociales de la ciudadanía.

La estrategia es idéntica a la que materializó Mariano Rajoy nada más llegar al poder, en 2011. En solo un mes, ese Ejecutivo del PP trató de acabar con leyes que habían establecido nuevos derechos para poner fin a lo que en ese momento se llamó el 'zapaterismo', haciendo así alusión a que eran normas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de mantener su recurso contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional –que, no obstante, acabó avalando la norma– en esas primeras semanas los ministros de Rajoy plantearon recortes a la ley del aborto –que, sin embargo, terminó forzando la salida de Alberto Ruiz Gallardón del Ejecutivo sin la reforma prometida–, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después. Son solo tres ejemplos.

Ahora en el punto de mira de Feijóo están también leyes que han ampliado derechos o han provocado avances sociales, como la ley trans, las políticas de igualdad, la ley de Memoria Democrática, la de amnistía –avalada esta misma semana por la justicia europea–, y se plantea además recortes en prestaciones por desempleo, en materia de derechos de los trabajadores e incluso limitando el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.

Justo el primer sábado de julio, coincidiendo con la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, precisamente el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que solo unos días antes se había declarado “orgulloso” de ser “maricón y del PP” durante una intervención en el Congreso, anunció que si Feijóo gobierna recortará por Ley los derechos ahora reconocidos a las personas trans. Tras décadas de lucha, el colectivo logró que en la legislatura pasada se aprobara una ley que dejaba de considerar enfermos a los ciudadanos transexuales para poder así ver reconocida su identidad real a nivel oficial a través de la autodeterminación de género.

En una entrevista en El País, De los Santos aseguró que nada más llegar al Gobierno el PP volverá a considerar enfermas a las personas trans. “La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada”, dijo. Se refería a que con un Gobierno de los populares las personas trans deberán volver a demostrar que padecen “una disforia de género” e hizo afirmaciones sosteniendo que “las mujeres que transicionan a hombres” se hacen “una mastectomía doble” o hablando de la “castración” de “los hombres que transicionan a mujeres”, vinculando siempre la identidad de género a esas operaciones o a “tratamientos hormonales”.

El PP pretende así regresar a 2007 (con la normativa que estaba vigente hace 19 años) para volver a exigir a las personas trans “una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe, efectivamente, psicosocial” como condición para ser reconocida su identidad. Este retroceso en el colectivo LGTBIQ+ no tendría efectos retroactivos, pero sí supondría un duro golpe para las personas que siguen luchando para que sea reconocido su género.

La ley del feto y el derecho al aborto

Días después de que De los Santos hiciera esas declaraciones, Feijóo anunció otro golpe para los derechos reproductivos de las mujeres. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, anunció. Se trata de una propuesta que ya se ha transformado en ley en la Comunidad de Madrid y también en Galicia, pero que, según algunos juristas, puede afectar al derecho al aborto de las mujeres, ya que si el feto es considerado un ser humano desde su concepción –el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a decir que incluso antes de que la mujer se duchara después del coito– una interrupción voluntaria del embarazo implicaría, por tanto, acabar con un ser humano. Esta teoría choca con todo tipo de normas internacionales y científicas. El PP ha anunciado que no tiene intención de reformar la Ley del Aborto vigente.

También en cuanto a derechos sociales, Feijóo ha desvelado en los últimos días cuál será su contrarreforma si llega a la Moncloa. A principios de mes y ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados.

En cualquier caso, Feijóo anunció que una de las principales iniciativas que adoptará si llega al poder será reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. De hecho, el PP se enredó a hablar de “absentismo” obviando que las bajas médicas o las ausencias por enfermedad no tienen nada que ver con ese término que se refiere a prolongadas y sistemáticas ausencias del puesto de trabajo sin justificación. El líder del PP trataba de atender así a una histórica reivindicación empresarial que ya existió con Rajoy en 2012 y que recortaba las prestaciones de los trabajadores.

También habrá recortes en derechos sindicales si el PP vuelve a la Moncloa. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. Y, en pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC.

En cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular. A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio, aventurando así que muchas personas que ahora pueden recibir ayudas sociales y que llevan poco tiempo en España, con la derecha en el poder no podrán seguir percibiéndolas.

El recorte en derechos también afectará a las víctimas del franquismo. La semana pasada, en un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, Tellado trató de vincular las leyes de memoria con EH Bildu y vaticinó: “La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”. Esta supresión afectaría de lleno a los españoles represaliados por la dictadura, ya que la norma, en vigor desde 2022, creó un censo de víctimas y estableció el derecho a su reparación moral y económica. Sin la ley, el PP dejaría a esas víctimas sin ayudas.

Las víctimas del franquismo y la 'ley de nietos'

Pero uno de los focos en los que más ha centrado el PP su justificación para suprimir esa norma es lo que se ha denominado 'ley de nietos'. Aunque esta lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La amnistía, una derogación “simbólica”

Otra de las leyes con la que pretende terminar Feijóo si alguna vez llega a la Moncloa es la de amnistía, que precisamente ha sido avalada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE, algo que el líder del PP –partido que llevó la norma a Bruselas– dijo que no ocurriría. En este caso los populares reconocen que esa derogación “no tendría efectos” prácticos, tal y como explicó Tellado en su conversación con Esperanza Aguirre. Sería algo “simbólico”, según dijo.

Nada que ver, por tanto, con los recortes de derechos que sí implicarían los puntos de la contrarreforma antes mencionados y que Génova 13 está segura de poder llevar a cabo para “acabar con el sanchismo” al dar por hecho que el líder socialista no repetirá mandato y que los españoles situarán a Feijóo en la Moncloa en 2027.

El PP quiere acabar con “el cáncer” del “absentismo laboral”, como lo tildó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, este martes en un acto organizado por empresarios vascos. Un mensaje calcado a los que lanza la patronal, que señala a los trabajadores que reciben una baja médica o hacen uso de los permisos legalmente establecidos. En su intervención, Feijóo apuntó que, si llega al Gobierno, tomará “una decisión” para atajarlo, y planteó tanto reducciones de sueldo como de “prestaciones”. “Con o sin acuerdo” con los sindicatos.

El comentario de Feijóo desató una tormenta de críticas desde el Gobierno, partidos políticos y sindicatos. El PP intentó este miércoles aparentar que modulaba su discurso por boca del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo que hizo fue ratificar las líneas centrales de lo dicho por su jefe de filas.

En una gira televisiva por la mañana, Bravo apuntó a que el fraude está detrás del incremento del coste que el “absentismo” tiene para las arcas públicas y de las empresas. En concreto, el dirigente dijo que España ha pasado de gastar 14.000 millones en 2018 a unos 33.000 millones en 2025. Y planteó que el objetivo de Feijóo es recuperar los niveles de 2018.

“Feijóo hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas”, apuntó Bravo en La Sexta. “Lo que él decía es que en este caso [fraude en las bajas] no parece adecuado que cobren el 100%” del salario, añadió. Bravo aseguró que su jefe no se refería a “cuando una persona esté de baja por enfermedad”.

Según Bravo, “los datos” indican “que hay fraude”. Fue ahí cuando dio la mencionada cifra de 14.000 millones: explicó que Feijóo quiere “trabajar sobre ello para reducirlo y para que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”. Con este marco, el PP está situando bajo la sospecha de abuso más de la mitad del gasto actual, algo que no hacen ni las patronales más beligerantes en este tema.

Reconocen que no tienen datos del porcentaje de fraude

Desde la dirección del PP reconocen a elDiario.es que no tienen datos concretos sobre el porcentaje de fraude que hay dentro del “absentismo laboral”, un concepto con el que el PP y patronales denominan a las bajas médicas, pero también en ocasiones otras ausencias, como aquellas por permisos retribuidos. Pero apuntan a que “no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones” el coste que acarrea.

“Hay que bajarlo al máximo”, añaden las mismas fuentes. “Eso significa recuperar antes y mejor al que tiene una patología, luchar contra el fraude y mejorar las condiciones de todos los trabajadores”, concluyen.

La magnitud del recorte del gasto del PP es mayúscula. El partido quiere recuperar el nivel de gasto de 2018, con la realidad de 2026, algo que es incompatible sin aplicar recortes por muchos motivos. Por un lado, porque los salarios de los trabajadores son ahora mucho más altos que en 2018, además de haber también más empleo, por lo que el coste de las bajas se elevaría por defecto aunque hubiera el mismo porcentaje de bajas. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha cifrado este miércoles que la buena situación económica, con más empleo y mayores salarios, explica por sí sola “un 40%” del aumento del gasto en incapacidad temporal.

Por otro lado, además, hay un aumento notable de bajas por enfermedad por motivos justificados muy claros, como el envejecimiento de la población trabajadora y el enorme deterioro de la salud mental tras la pandemia. Cuerpo ha estimado que otro 30% del incremento del gasto se debe a una mayor duración de estos procesos de bajas laborales (algo que sucede especialmente entre la gente mayor y en procesos de salud mental) y el “30% restante” debido a “una mayor incidencia” de las bajas. Cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En las comunidades donde gobierna el PP, hay algunas muestras de cómo están gestionando este tema. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, ha ofrecido a los médicos cobrar un plus si acortan las bajas de sus pacientes. En Catalunya, donde gobierna el PSC, el Govern rectificó hace unos meses y retiró los incentivos a los ambulatorios para acortar bajas laborales.

Esta mañana Bravo reiteró también otra de las advertencias que lanzó Feijóo y que más estupor provocaron: que esa futura reforma se acometerá “con o sin acuerdo” social. Con o sin los sindicatos. “Porque el Gobierno lo que está diciendo es que como no hay acuerdo, no toma las medidas”, zanjó. La patronal ha recibido el planteamiento del PP con alborozo: “Nos alegra que haya políticos responsables”. Hace unas semanas, varias patronales emplazaban al “futuro gobierno” a tomar medidas como recuperar el despido por absentismo y permitir que las mutuas –gestionadas por organizaciones empresariales– den de alta a los trabajadores por enfermedad común (algo ahora reservado a la sanidad pública).

Ruido de recortes en otras propuestas del PP

No es la primera vez que el líder del Partido Popular asume de pleno una reivindicación de la patronal. Es el sello de su propuesta económica desde que llegó a Madrid, en 2022.

Aunque no ha sido nunca tan expreso como en esta ocasión con las bajas médicas, el PP ya ha hecho sonar las alarmas de los sindicatos por propuestas concretas que denotan posibles recortes laborales si vuelve a gobernar. Por ejemplo, con el lema “250 son los nuevos 50”, de su ideario político a propósito de su 21º Congreso Nacional, el PP defendió “eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial”.

Esas “trabas” y “umbrales” se refieren al límite a partir del cual se crean a día de hoy miles de comités que representan a los trabajadores en sus empresas, defienden sus intereses y negocian sus condiciones laborales. CCOO y UGT, así como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han alertado de que elevar este límite a los 250 trabajadores supone vaciar de poder a la parte trabajadora en la mayor parte de empresas del país, que son de menor tamaño.

Las pensiones son otro de los ejes sociales con los que el PP juega a la ambigüedad. Aunque públicamente asegura que defiende este pilar público, a renglón seguido suele insistir en su insostenibilidad y en criticar que las reformas aprobadas por el Gobierno de coalición son “insuficientes”. También dice compartir que las pensiones suban con el IPC, pero en el pasado ha votado varias veces en contra de la medida y el partido llegó a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso para intentar tumbar la reforma de Escrivá que recuperó el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los sindicatos y colectivos de pensionistas tienen memoria y conservan el recuerdo del Gobierno de PP de Mariano Rajoy, que aprobó la reforma de 2013, con amplios recortes presentes (en la subida anual de la pensión) y futuros (a través del factor de sostenibilidad, que no se llegó a aplicar nunca).

Lo mismo sucede con las bajas médicas. Que el PP hable ahora de recortar lo que perciben los trabajadores de baja no extraña si se tiene en cuenta que fue una medida que aplicó el propio partido en el Gobierno a los trabajadores públicos en la pasada crisis. Rajoy también facilitó el llamado “despido por absentismo” en su reforma laboral de 2012, para trabajadores que sumaran más bajas médicas, la primera medida que desmontó Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

El ingreso mínimo vital

El PP también ha puesto en su mirilla uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición: el ingreso mínimo vital. “Se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras de Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

El mensaje de Feijóo busca atacar, a la vez, esta prestación, surgida durante la pandemia, y a las personas migrantes. “Cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, ha dicho. Una afirmación falsa.

En la ponencia política que aprobó el PP en su congreso de hace un año se proponía “eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”, una forma de referirse al IMV sin mencionarlo expresamente. Una situación en la que Feijóo ha dicho que hay “muchos, muchos miles” de personas. El problema es que para cobrar el IMV hay que tener una residencia legal y efectiva de más de un año en España.

La “prioridad nacional” amenaza las ayudas sociales

Pero quizá el mayor riesgo para el sistema asistencial en España sea la “prioridad nacional” que el PP ha pactado con Vox ya en cuatro comunidades autónomas, y que se extenderá a los lugares donde la derecha y la ultraderecha tengan que entenderse para gobernar.

En los pactos firmados por los barones del PP, con el sello de aprobación del equipo más cercano a Feijóo, se asegura: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Aunque todavía este principio no está desarrollado legalmente en detalle, los documentos suscritos por María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Manuel Moreno hablan de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Pero va más allá y establece una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”, lo que puede significar la exclusión no solo de migrantes en situación irregular, sino de españoles ajenos al sistema, en situación precaria o que han trabajado mayoritariamente en la economía sumergida.

El acuerdo deja entrever, incluso, que PP y Vox podrían recuperar uno de los principales recortes que impuso Mariano Rajoy en 2012: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes. El pacto avalado por Feijóo apunta a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

El Gobierno alemán eliminará la posibilidad de que los trabajadores del país tramiten la baja laboral por teléfono cuando están enfermos. “Es una desventaja competitiva”, ha esgrimido el canciller, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en que ha anunciado este recorte en medio de una amplia gama de medidas en materia tributaria, laboral y de vivienda pactadas por las dos patas del Gobierno, los democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD.

Merz ha dicho que Alemania no puede aceptar “las cifras extraordinariamente altas de bajas por enfermedad” en las empresas, y que la decisión, aunque “dura” es necesaria porque el país no se puede “permitir la desventaja competitiva” que a su entender supone esta circunstancia. Cuando el nuevo sistema entre en vigor, los trabajadores tendrán que presentar un certificado médico “desde el primer día”.

Las bajas teléfonicas empezaron a concederse en Alemania durante la epidemia de COVID y se hicieron permanentes en 2023. Un estudio del Instituto Iges —vinculado a un holding de empresas farmacéuticas— citado por The Guardian, señalaba en 2025 que en Alemania se pierde el 6,8% del tiempo de trabajo semanal por enfermedad, una cifra parecida a la de Bélgica (6,7%) o Suecia (6,6%), pero más de un punto por debajo de las de Francia, España —donde no existen las bajas teléfonicas automáticas—, Portugal, Eslovenia, Finlandia o Noruega.

Recortes en pensiones y ayudas fiscales

Otra de las medidas anunciadas en la convocatoria con el mismo espíritu de desconfianza en la población es la introducción de un nuevo sistema para que las distintas administraciones compartan información y eviten que se abusa de las ayudas sociales.

La coalición también ha acordado medidas para reformar el mercado laboral, entre las que se encuentran que los contratos temporales sin necesidad de justificación específica puedan tener una duración de hasta cuatro años, aunque de momento solo será de aplicación hasta finales de 2030. En materia de pensiones, se introduce un componente privado en el sistema y se apunta a un incremento paulatino de la edad de jubilación.

Al mismo tiempo, se anuncian rebajas fiscales con un aumento del mínimo exento en el impuesto de la renta y deducciones por hijos, así como la creación de una empresa pública de construcción de viviendas asequibles y la prohibición por ley de la expropiación de parques privados de viviendas en alquiler a nivel regional, entre otras medidas.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte aumento del gasto militar —del 28%, según el proyecto del Ejecutivo— y de rebaja del presupuesto sanitario.

“Hija de la crisis” de 2001 en Argentina, Natalia Zaracho (Buenos Aires, 1989) comenzó a trabajar con 12 años al quedarse en paro sus padres y separarse. Hija de una trabajadora doméstica y un trabajador de la industria, Zaracho creció en Villa Fiorito, a las afueras de la capital argentina, y conocida mundialmente por ser cuna de estrellas del fútbol como Diego Armando Maradona o Héctor Yazalde. La necesidad empujó a su familia a buscar en la basura para comer y después a hacer acopio de materiales reciclables para venderlos.

De cartonera a diputada es el título del libro que acaba de publicar en España con la editorial La independiente (coordinado por Cecilia Flachsland, Violeta Rosemberg y Nahuel Marchesin) y en el que recorre el camino de una joven de los barrios populares desde la precariedad y la informalidad del trabajo de cartonera al asociacionismo y el sindicalismo. Y de ahí al Congreso Nacional de Argentina de la mano del partido Patria Grande, la fuerza liderada por Juan Grabois, quien prologa el libro junto a la exlegisladora de Buenos Aires Ofelia Fernández.

Zaracho, que acudió a la presentación de su biografía en la Feria del Libro de Madrid con su remera de trabajadora, admite que le costó mucho reconocerse como trabajadora. Ya organizadas, las cartoneras conquistaron un sueldo, vacaciones, obra social, un local para hacer acopio de materiales... “Antes lo llevábamos a casa hasta que juntábamos una cantidad y lo vendíamos. Pudimos conseguir un lugar donde acopiar y sacar la basura de las casas, pero fue un proceso de años”.

Hoy las cartoneras argentinas poseen la cooperativa más grande de Latinoamérica y han logrado la aprobación de Argentina Recicla, una política de “fortalecimiento” de sus derechos laborales. Y ahora, su única representante en el Congreso está promoviendo la ley de envases, para tratar su coste ambiental y social. La diputada recuerda que fue uno de sus primeros proyectos en el Parlamento argentino y que “los lobbies de las grandes empresas como Coca Cola lo trabaron porque no quieren pagar”.

¿Por qué empieza a militar en Patria Grande?

Me sumo a Patria Grande porque llevaba nuestra agenda, la de “tierra, techo y trabajo”, y sentíamos que nos hablaba a nosotros. Soy parte del espacio de Juan Grabois, para quien una de sus prioridades era dar la discusión de la representación. Que los de abajo tengan voz. Cuando empecé a militar, estaba descontenta con la política. Imagínate vivir en un barrio que se inundaba cuando caían dos gotas y salir a trabajar a los 12 años de una forma muy informal.

En 2003, cuando asume Néstor [Kirchner], después con el gobierno de Cristina (2007-2015), el barrio se urbanizó, el riachuelo se entubó, hubo políticas públicas que empezaban a transformar la vida a la gente. La Asignación Universal por hijo, las jubilaciones de amas de casa... Así todo, creo que faltó la discusión del mundo del trabajo, de hablarle a los trabajadores informales.

Se estaba dando un momento de avance y estábamos quedando afuera. Juan Grabois tuvo mucho que ver. Así que me sumo a Patria Grande y me proponen ser candidata en 2019 y asumo en 2021 como diputada. En un momento de retroceso con Milei, es importante hablar de la representación, porque la vuelta de un gobierno neoliberal tiene que ver con no hablar de las cosas que faltaban, de lo que había que mejorar como la salud, la educación y que la dirigencia sea más parecida al pueblo.

¿Es difícil que esa pluralidad llegue a las instituciones?

Sí, porque están preparadas para determinadas clases sociales. Pero creo que hay una experiencia con dirigentes como Juan que lo ponen como una prioridad. Fui parte de ese proceso y no fue nada fácil. No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario. Tiene que ver con la antipolítica. La gente se da cuenta de que los políticos no los representan, que viven en un mundo muy alejado de la realidad. Y eso genera un descreimiento de la política.

No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario

Tenemos una compañera que estuvo al frente de políticas para urbanizar barrios populares, que tengan agua, luz, cloacas, plazas... Y se hizo porque había una villera pensando cómo hacerlo. Alguien que no vive en un barrio no va a entender las urgencias. Necesitamos más representación de los trabajadores informales, que somos la mayoría, de los docentes, de los médicos... Y estoy convencida de que si eso pasara, el Gobierno de Milei no podría avanzar tan fácilmente en el Congreso. Y tiene que ver también con un poder que no se ve, pero que gobierna también. Y que tensiona.

El poder económico...

El poder económico. Pasa en casi todos los países. Funciona con EEUU, condiciona con la deuda con el FMI... Y después estos países pierden la soberanía y la independencia económica. Terminan haciendo que repriman a los jubilados y que se recorte a la gente con discapacidad, a las universidades, a los hospitales... Eso es un modelo que ya hemos vivido. Y Milei nos quiere hacer creer que es algo nuevo. No, ya lo vivimos en los noventa, lo vivimos ahora y sabemos las consecuencias. Por eso el desafío es no solamente tener una estrategia electoral, sino una estrategia de gobierno para no fracasar como pasó con el Gobierno de Alberto [Fernández].

¿Cómo se lleva lo de ser oposición a una de las principales figuras de la internacional reaccionaria?

Confrontamos en todas las áreas. En Argentina tenemos que confrontar con los medios que responden a estos intereses. Hay que pensar una reforma judicial. Tenemos a la principal dirigente del campo nacional y popular presa —estos días se cumplió un año—, pero hace cuatro la quisieron matar. Y tiene que ver con un disciplinamiento para la dirigencia política que se opone. Necesitamos dirigentes con coraje, que sepan que no va a ser gratis, que te van a perseguir mediática y judicialmente, como a Cristina. La ultraderecha no ganó en todos lados. Es una disputa abierta. Hay países que resisten y el año que viene nos toca a nosotros —hay elecciones en Argentina y en España— ser motores fundamentales para volver a tener gobiernos populares. Ese es el desafío.

¿Qué debería incluir la reforma judicial?

Lo principal es que la gente los tiene que votar. En Argentina son cargos que se eligen políticamente y eso condiciona. Ahora está habiendo casos de corrupción en el Gobierno. Si eso pasase con un dirigente del peronismo te puedo asegurar que ya estaría preso. Y no pasa. ¿Por qué? Porque es un partido político. Si quiere jugar electoralmente, que se presente a elecciones, y estoy convencida de que necesitamos una reforma judicial para que la sociedad los vote, los vea y los conozca. Gozan de impunidad y a veces tienen más poder que los que gobiernan.

¿Qué ha sabido hacer bien Javier Milei para ganarse el voto en los barrios populares de Argentina?

Capitalizar el enojo que había de una parte de la sociedad que la estaba pasando mal. Este personaje viene gritando con una motosierra y captó un poco eso: a los pibes que el peronismo les quedó lejos. Por eso el desafío es ganar, pero gobernar bien también. Y pensar y escuchar a la gente. En campaña no ir a decir la propuesta, sino escuchar qué quiere la gente y desde ahí construir la alternativa. Milei captó eso y lo subestimamos mucho. No creíamos que un personaje como ese podía gobernar la Argentina.

Que gobierne la ultraderecha cuatro años deja consecuencias muy zarpadas. Y traigo esa preocupación porque escuchaba a sectores acá diciendo: “Tenemos que elegir lo menos malo”. Sería una falta de respeto venir a decir lo que tienen que hacer, pero sí les digo que no es lo mismo. Las políticas que está llevando adelante Milei, van a tener consecuencias muy difíciles de revertir. Estoy segura de que Milei va a perder el año que viene. Nos va a costar mucho reconstruir los sectores populares, pero la clase media está muy afectada. Hay un problema muy grande de vivienda, de alquileres, de sueldo, que está pisado y no coincide con lo que valen las cosas. Consecuencias de las que nos va a costar mucho salir. Por eso tenemos la responsabilidad de construir una alternativa superadora.

¿Tiene que hacer autocrítica la izquierda?

Yo creo que sí. En Argentina tenemos el peronismo, que no lo hay en otros países, que gobierna y es el único que puede hacer frente a estos gobiernos de ultraderecha. Por eso Cristina Fernández está presa. El peronismo transforma la vida de la gente, llega a los barrios, está siempre ahí. Y por eso creo que vamos a volver a gobernar. Pero sí, claramente hay que hacer críticas y hay que tener capacidad de sentarnos con otros sectores y pensar una estrategia de gobierno. Que el Estado llegue con capacidad de planificar y a tiempo, que no llegue tarde. Que la gente reconozca que los escuchamos, que podemos hacer algo. No solamente decir “Milei es malo” y ya está. Eso no alcanza. Tenemos que pensar cómo hacer para gobernar. Y gobernar bien.

En Argentina fue un fracaso decir "vamos todos juntos" sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera

¿Qué lecciones cree que pueden extraer los partidos de izquierda españoles del peronismo y de esa unidad política?

No lo tengo claro. En Argentina fue un fracaso decir “vamos todos juntos” sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera. Nosotros proponemos diez puntos de gobierno para que por lo menos tengamos un programa de consenso. Y no que nos estemos matando después en la primera discusión. Ahora, si solamente es una estrategia electoral, va a fracasar. Y lo decimos nosotros, que ya nos pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Tu estrategia electoral no solamente puede decir “no, lo que propone está mal”.

¿Cómo ve la relación actual de Argentina con EEUU?

Lo veo muy mal. Vamos a esperar a noviembre. Ojalá pierda el presidente Trump [en las elecciones legislativas de mitad de mandato]. Creo que hoy lo está sosteniendo a Milei. Lo vimos en las elecciones en Argentina, en que lo sostuvo mandándole plata otra vez del FMI y pudo ganar. Porque jugaba con la estabilidad de un montón de familias que decían “mañana se va a ir todo a la mierda si pierde Milei”. Y fue una presión muy fuerte. Creo que si pierde cambia la etapa para un montón de países que están condicionados. Pero después depende mucho de nosotros también.

Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas!

¿Son los argentinos más pobres desde que Milei gobierna?

Sí. Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas! O tomar leche... Es una etapa muy difícil. Todo políticas de retroceso con un costo en la vida de la gente.

Y lo vemos en los números: cómo cae el consumo de la carne, el consumo general... y las familias están endeudadas. La gente se endeuda para comer, no para comprarse una casa, un auto o irse de vacaciones. Se endeuda para comprar en el supermercado o con aplicaciones de billeteras virtuales.

¿Se ha convertido tan rápido el Gobierno de Milei en la nueva casta de Argentina?

No se convirtió tan rápido, llegó siendo la casta. Porque con el acuerdo con Patricia Bullrich ya la tenía toda adentro. Los Caputo vienen de la casta, Sturzenegger viene de la casta. Son los mismos personajes clave en los peores gobiernos de la Argentina. Mirá, cuando a mí me tocaba ir a cartonear, Bullrich era ministra de Trabajo. No había nada nuevo. Un gobierno de casta que venía a decir que era lo nuevo y que el Estado no servía para nada.

Ahora el Estado sirve para generar leyes de blanqueo. “Inocencia fiscal” le pusieron. Se creen que cambiándole el nombre la gente no se va a dar cuenta de que es blanquear la plata de la corrupción, del narcotráfico. Cuando tuvimos sesión se lo dije, porque la avanzada de la droga en los barrios tiene que ver con este gobierno que libera la frontera, cómplice de los narcos. Esa plata que se blanquea no es de los colchones de los jubilados, es de la droga y la corrupción que hoy “no existe”. Están los pendrives de Adorni y la moneda cripto de Milei y de su hermana. Estoy convencida que van a ir presos porque la justicia en Argentina un día va para un lado y otro para otro. Y ya le va a llegar el momento.

¿Quiénes están siendo los más perjudicados por los recortes del gobierno?

Para mí los más perjudicados somos los que venimos de los sectores populares. Pero creo que los más perjudicados son los niños. Pibes que no pueden comer bien. No se van a desarrollar bien los que no tienen posibilidad de poder estudiar porque cuando los padres tienen que estar todo el día fuera de sus casas para trabajar, esos pibes los queda cuidando la comunidad, los vecinos.

Queda la comunidad...

Queda la comunidad y esa comunidad cada vez se está desintegrando más. Empieza a haber otro actor que son los que manejan el narcotráfico, que te organizan un día del niño o te terminan ayudando o son los mismos prestamistas que vos terminás siendo cómplice de un delito sin quererlo hacer, pero por una necesidad. Eso está pasando en Argentina y por eso nosotros estamos diciendo que va a costar mucho recuperar.

¿Sirven las movilizaciones contra gobiernos como el de Milei?

Sí, estoy convencida. Porque en Argentina tenemos una historia fuerte de organización, de lucha en las calles, de marchas potentes que claramente traban a este gobierno, que sabe que cuando el pueblo está organizado, se detienen. Sino sería mucho peor la avanzada. Como la última marcha universitaria. Si el pueblo está organizado, también es una fuerza para los dirigentes, para poder avanzar con políticas en beneficio del pueblo.

Ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien en Argentina, en España o en otro lugar de Latinoamérica que lo esté pasando mal y que necesite dos o tres empleos y aun así puede que no llegue a fin de mes?

En Argentina vivimos etapas muy difíciles y peores que esta. De hecho, recientemente tuvimos la triste noticia que se fue una gran luchadora de Argentina como Taty Almeida. Tuvimos historias que nos demuestran que luchar sirve, que no hay que bajar los brazos, que hay que resistir, pero que hay que pelear con mucho coraje. Así que vamos a salir adelante. Vamos a volver a tener un gobierno que nos represente, que transforme la vida para que el pueblo sea feliz. Pero tenemos que ser parte. El mensaje que daría es que tenemos que comprometernos, que alejarnos y decir: “¿Son todos iguales?” Eso nos quieren hacer creer, pero solo beneficia a los que siempre estuvieron y que hacen mala política. Tenemos que participar en el lugar que sea. Que nos sintamos parte, cómodos, pero que participemos. Que estemos al lado de los que sufren, pero que no perdamos nunca la esperanza.

Las novedades que ha introducido la Conselleria de Sanidad en el plan de verano están generando dudas y malestar entre el personal diferentes hospitales. Si recientemente tanto UGT como CCOO denunciaron recortes para afrontar las sustituciones por las vacaciones estivales en los hospitales Arnau de Vilanova y La Fe de València, este último sindicato criticó este miércoles lo propio en el Doctor Peset, mientras Satse alertó del cierre de los quirófanos en el de Malva-rosa. Sin embargo, Sanidad insiste es que todas las medidas están encaminadas a mejorar la atención asistencial y que el plan de verano cuenta con un importe global de 85,2 millones frente a los 82 del año pasado.

En concreto, el Sindicato de Enfermería, Satse, denunció que el cierre de los del bloque quirúrgico del Hospital de la Malvarrosa durante los meses de julio y agosto, aumentará las listas de espera y paralizará el plan de choque: “Por citar algunos ejemplos, ahora mismo la lista de espera para las operaciones de estenosis de uretra es de 500 días y para las vasectomías de 2 años como mínimo”, advirtieron.

El bloque quirúrgico comprende los seis quirófanos, la unidad cirugía mayor ambulatoria (Ucma) y la Sala de despertar (Urpa), y en este bloque se realizan las siguientes operaciones de cirugía: ortopédica, general, urológica, oftalmológica, plástica, civascular, otorrinolaringología, maxilo facial y neurocirugía.

Aunque desde el sindicato apuntaron a que se trata de una estrategia para reubicar a los trabajadores dentro de la agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) Valencia-Este, que comprende los departamentos de salud de Clínico-Malvarrosa, Sagunto y Gandía, “ahorrándose”, de esta manera, la contratación de personal sustituto para cubrir las vacaciones, desde la Conselleria negaron este extremo.

Según Satse, la dirección del Hospital de la Malvarrosa ha solicitado personal “voluntario” para esta movilidad, ofreciendo a los voluntarios poder elegir centro sanitario y servicio. De momento, “la dirección no ha informado de en qué centros sanitarios y en qué turnos serán ubicados los trabajadores, a pesar de encontrarnos ya en el mes de junio”, han indicado las mismas fuentes.

Todo esto ha creado un enorme malestar entre la plantilla del hospital, planteándose incluso muchos trabajadores la posibilidad de pedir permisos sin sueldo ante la incertidumbre de tener que incorporarse a un servicio que desconocen, renunciando incluso al dinero que necesitan ante esta situación que Satse califica de “claramente abusiva”.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado a preguntas de elDiario.es que “no es cierto que se vaya a reubicar a profesionales dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI)” puesto que “para la elaboración del plan de vacaciones se han respetado las solicitudes del personal y se ha previsto la contratación de profesionales, como todos los años”.

En este sentido, han aclarado que “la movilidad que se contempla afecta únicamente, y siempre de forma voluntaria, a profesionales del bloque quirúrgico dentro del propio Departamento de Salud Clínico-Malva-rosa durante el mes de agosto, en función de la actividad asistencial programada; no está prevista la movilidad de profesionales a otros departamentos de salud de la ASI” y han asegurado que “la actividad quirúrgica programada se concentrará en el Hospital Clínico”.

Desde Sanidad han explicado que “históricamente se mantenían tres quirófanos operativos en el Hospital de la Malva-rosa durante el mes de agosto, pero en muchas ocasiones existían dificultades para completar los equipos quirúrgicos necesarios para desarrollar la actividad, por lo que la experiencia ha aconsejado adoptar una planificación diferente que garantice la calidad asistencial”.

En concreto, “para garantizar las intervenciones de prioridad 1 —no solo en el bloque quirúrgico, sino también en áreas críticas que requieren efectivos de anestesia, como la endoscopia avanzada o la electrofisiología compleja—, se ha procedido a centralizar la actividad quirúrgica del Hospital de la Malva-rosa en el Hospital Clínico durante el mes de agosto, medida permite no solo garantizar las intervenciones prioritarias, sino también incrementar la capacidad quirúrgica”.

Lejos de reducir la capacidad asistencial, “esta reorganización permite garantizar la actividad prioritaria e incluso aumentar la capacidad quirúrgica durante el periodo estival, manteniendo la atención a los pacientes que requieren intervenciones de mayor complejidad o urgencia”, han insistido desde el departamento que dirige Marciano Gómez.

Además, han añadido que “se aprovechará este periodo para realizar el mantenimiento preceptivo del área quirúrgica de la Malva-rosa (cambio de filtros, etc.), una actuación que resulta especialmente compleja de acometer durante la actividad asistencial ordinaria”.

CCOO denuncia recortes en el Peset

En cuanto al hospital Doctor Peset, CCOO ha denunciado un recorte de 229.884 euros en el Plan de Verano, lo que impedirá “cubrir al personal y dar la atención a la población con las máximas garantías”.

Este año, según el sindicato, el presupuesto definitivo asignado para sustituciones es de 3 millones de euros y en 2025 fue de 3,2 millones euros: “No se ha tenido en cuenta la cobertura adecuada del personal ni la subida salarial de este año. De hecho si sumamos el presupuesto de 2025 más el incremento de salario acordado y restamos el presupuesto de 2026, obtenemos un recorte de 229.884 euros para este verano. El presupuesto totalmente insuficiente y no va a garantizar la cobertura efectiva del personal ni la prestación de una asistencia sanitaria de calidad”.

Por su parte, fuentes de Sanidad han asegurado que “la reagrupación de camas que se producirá durante los meses de verano en el Hospital Universitario Doctor Peset afecta en su punto más alto a 90 camas de hospitalización (un 18% menos que en 2025) y solo durante el mes de agosto; el resto de verano oscilará entre 34 y 58 camas” al tiempo que han explicado que “esta reagrupación obedece a la necesidad de realizar labores de mantenimiento y obras de acondicionamiento en diferentes salas de hospitalización y al necesario disfrute de vacaciones por parte del personal”.

Además, han desmentido que se vayan a cerrar camas de pediatría y han asegurado que todas ellas se trasladarán a otra sala de hospitalización mientras se realizan obras en la ubicación actual (reforma completa de baños de las habitaciones, unidad pedagógica y neonatos).

Por lo que respecta a la UCI, “la totalidad de las camas estarán disponibles” y se bloqueará “el 50% para realizar un mantenimiento de los conductos de ventilación pero podrán utilizarse en caso de ser necesario de forma inmediata”. En cuanto al presupuesto asignado, “responde a su adecuación al realmente ejecutado el año anterior sumando el porcentaje relativo a la subida salarial”.

Les novetats que ha introduït la Conselleria de Sanitat en el pla d'estiu estan generant dubtes i malestar entre el personal de diferents hospitals. Si recentment tant UGT com CCOO van denunciar retallades per a afrontar les substitucions per les vacances d'estiu als hospitals Arnau de Vilanova i La Fe de València, aquest darrer sindicat va criticar aquest dimecres la mateixa situació a l'Hospital Doctor Peset, mentre que Satse va alertar del tancament dels quiròfans a l'Hospital de la Malva-rosa. No obstant això, Sanitat insisteix que totes les mesures estan encaminades a millorar l'atenció assistencial i que el pla d'estiu compta amb una dotació global de 85,2 milions d'euros, enfront dels 82 milions de l'any passat.

En concret, el Sindicat d'Infermeria, Satse, va denunciar que el tancament dels quiròfans del bloc quirúrgic de l'Hospital de la Malva-rosa durant els mesos de juliol i agost augmentarà les llistes d'espera i paralitzarà el pla de xoc: “Per citar alguns exemples, ara mateix la llista d'espera per a les operacions d'estenosi d'uretra és de 500 dies i per a les vasectomies és d'almenys dos anys”, van advertir.

El bloc quirúrgic comprén els sis quiròfans, la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (UCMA) i la Sala de Despertar (URPA), i acull intervencions de cirurgia ortopèdica, general, urològica, oftalmològica, plàstica, vascular, otorrinolaringològica, maxil·lofacial i neurocirurgia.

Encara que des del sindicat van apuntar que es tracta d'una estratègia per reubicar els treballadors dins de l'Agrupació Sanitària Interdepartamental (ASI) València-Est, que comprén els departaments de salut Clínic-Malva-rosa, Sagunt i Gandia, “estalviant-se”, d'aquesta manera, la contractació de personal substitut per cobrir les vacances, des de la Conselleria van negar aquest extrem.

Segons Satse, la direcció de l'Hospital de la Malva-rosa ha sol·licitat personal “voluntari” per a aquesta mobilitat, oferint als interessats la possibilitat d'elegir centre sanitari i servei. De moment, “la direcció no ha informat de quins centres sanitaris ni en quins torns seran ubicats els treballadors, tot i trobar-nos ja al mes de juny”, han indicat les mateixes fonts.

Tot això ha generat un enorme malestar entre la plantilla de l'hospital. Fins i tot, molts treballadors es plantegen demanar permisos sense sou davant la incertesa d'haver d'incorporar-se a un servei que desconeixen, renunciant fins i tot als ingressos que necessiten davant una situació que Satse qualifica de “clarament abusiva”.

Respecte d'això, fonts de la Conselleria de Sanitat han explicat a preguntes d'elDiario.es que “no és cert que es vaja a reubicar professionals dins de l'Agrupació Sanitària Interdepartamental (ASI)”, ja que “per a l'elaboració del pla de vacances s'han respectat les sol·licituds del personal i s'ha previst la contractació de professionals, com tots els anys”.

En aquest sentit, han aclarit que “la mobilitat que es preveu afecta únicament, i sempre de forma voluntària, professionals del bloc quirúrgic dins del mateix Departament de Salut Clínic-Malva-rosa durant el mes d'agost, en funció de l'activitat assistencial programada; no està prevista la mobilitat de professionals a altres departaments de salut de l'ASI” i han assegurat que “l'activitat quirúrgica programada es concentrarà a l'Hospital Clínic”.

Des de Sanitat han explicat que “històricament es mantenien tres quiròfans operatius a l'Hospital de la Malva-rosa durant el mes d'agost, però en moltes ocasions existien dificultats per completar els equips quirúrgics necessaris per a desenvolupar l'activitat, per la qual cosa l'experiència ha aconsellat adoptar una planificació diferent que garantisca la qualitat assistencial”. En concret, “per a garantir les intervencions de prioritat 1 —no solament al bloc quirúrgic, sinó també en àrees crítiques que requereixen efectius d'anestèsia, com ara l'endoscòpia avançada o l'electrofisiologia complexa—, s'ha procedit a centralitzar l'activitat quirúrgica de l'Hospital de la Malva-rosa a l'Hospital Clínic durant el mes d'agost, una mesura que permet no solament garantir les intervencions prioritàries, sinó també incrementar la capacitat quirúrgica”.

Lluny de reduir la capacitat assistencial, “aquesta reorganització permet garantir l'activitat prioritària i fins i tot augmentar la capacitat quirúrgica durant el període estival, mantenint l'atenció als pacients que requereixen intervencions de major complexitat o urgència”, han insistit des del departament que dirigeix Marciano Gómez.

A més, han afegit que “s'aprofitarà aquest període per a realitzar el manteniment preceptiu de l'àrea quirúrgica de la Malva-rosa (canvi de filtres, etc.), una actuació que resulta especialment complexa d'escometre durant l'activitat assistencial ordinària”.

CCOO denuncia retallades al Peset

Quant a l'Hospital Doctor Peset, CCOO ha denunciat una retallada de 229.884 euros en el Pla d'Estiu, cosa que impedirà “cobrir el personal i donar atenció a la població amb les màximes garanties”.

Enguany, segons el sindicat, el pressupost definitiu assignat per a substitucions és de 3 milions d'euros, mentre que el 2025 va ser de 3,2 milions d'euros: “No s'ha tingut en compte la cobertura adequada del personal ni la pujada salarial d'enguany. De fet, si sumem el pressupost del 2025 més l'increment salarial acordat i restem el pressupost del 2026, obtenim una retallada de 229.884 euros per a aquest estiu. El pressupost és totalment insuficient i no garantirà la cobertura efectiva del personal ni la prestació d'una assistència sanitària de qualitat”.

Per la seua banda, fonts de Sanitat han assegurat que “el reagrupament de llits que es produirà durant els mesos d'estiu a l'Hospital Universitari Doctor Peset afecta, en el seu punt més alt, 90 llits d'hospitalització (un 18 % menys que el 2025) i només durant el mes d'agost; la resta de l'estiu oscil·larà entre 34 i 58 llits”, alhora que han explicat que “aquest reagrupament obeeix de dur a terme tasques de manteniment i obres de condicionament en diferents sales d'hospitalització i al necessari gaudi de les vacances per part del personal”.

A més, han desmentit que es tanquen llits de pediatria i han assegurat que tots es traslladaran a una altra sala d'hospitalització mentre es realitzen les obres a la ubicació actual (reforma completa dels banys de les habitacions, de la unitat pedagògica i de neonats).

Pel que fa a l'UCI, “la totalitat dels llits estaran disponibles” i es bloquejarà “el 50 % per realitzar un manteniment dels conductes de ventilació, però es podran utilitzar de manera immediata en cas que siga necessari”. Quant al pressupost assignat, “respon a la seua adequació al que realment es va executar l'any anterior, sumant-hi el percentatge relatiu a la pujada salarial”.

L'hospital La Fe de València, el de referència de la Comunitat Valenciana, disposarà de menys personal aquest estiu, una circumstància que repercutirà en la degradació del servei, segons ha alertat la Secció Sindical d'UGT adscrita al Departament de Salut de l'esmentat centre.

En concret, el sindicat ha denunciat la maniobra comptable de la Conselleria de Sanitat, dirigida per Marciano Gómez (PP), per a aplicar “una severa retallada” en el Pla de Vacances d'aquest estiu. Després d'una anàlisi “exhaustiva”, el sindicat ha advertit que “l'administració està camuflant una tisorada sense precedents que condemnarà les plantes d'hospitalització, les consultes i els centres d'especialitats a una manca crítica de personal durant l'època estival”. Aquesta situació derivarà en el tancament de 135 llits d'hospitalització, una xifra similar a la de l'estiu passat.

Les xifres que maneja el sindicat i que assegura que són “oficials” confirmen “la tisorada” al pressupost de l'Atenció Especialitzada: “La partida global cau dels 7.229.301,51 euros destinats el 2025 als 7.050.292,28 euros previstos per a 2026. Això suposa la retirada directa de més de 179.000 euros per a la contractació de substituts en els serveis nuclears del departament. Aquest colp a la línia de flotació assistencial i logística castiga tots els estaments, que l'Administració s'entesta a precaritzar”, han lamentat.

A més, han assenyalat que “les categories que sostenen les cures a peu de llit (infermeria, tècnics en cures auxiliars d'infermeria, tècnics especialistes, fisioterapeutes i matrones) pateixen el major colp econòmic, amb una reducció de 153.863 euros, en passar de 6.026.798 euros el 2025 a 5.872.934 euros el 2026; la partida destinada al personal mèdic també minva, en passar de 359.533 euros a 330.586 euros”.

Des d'UGT, a més, ha denunciat que “la retallada ofega igualment els col·lectius no sanitaris, un pilar absolutament vital per al funcionament de l'hospital” i ha considerat que “la manca de substitucions colpejarà amb duresa els zeladors (personal subaltern indispensable per a la mobilització de pacients, quiròfans i logística general), els auxiliars administratius (el motor de la gestió de cites, admissions i atenció directa a l'usuari) i la resta de personal d'oficis i manteniment, sense els quals l'hospital senzillament es paralitza”.

Sanitat afirma que s'adaptarà a les necessitats

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Sanitat han assegurat que “les dades que aporta el sindicat no són correctes” i han explicat que “el pressupost autoritzat el 2025 al departament de salut de La Fe va ser de 7.826.128 euros i enguany és de 7.800.000 euros”, una diferència que han atribuït “a l'ajust realitzat respecte del que realment es va executar l'estiu passat”.

A més, des del departament que dirigeix Marciano Gómez han destacat que “aquesta és la disponibilitat autoritzada inicialment, que pot variar al llarg de l'estiu i la seua execució ser finalment major o menor en funció de les necessitats que realment es donen en cada departament durant aquest període”. També han comentat que l'estiu passat es van atendre pacients traslladats de l'Hospital Doctor Moliner, una càrrega de treball que no existirà aquest estiu. En conjunt, han assegurat que el pla d'estiu passa de 82,5 milions d'euros el 2025 a 85,2 milions el 2026.

La trampa pressupostària: menys diners per a sous més alts

UGT ha advertit que “la pèrdua d'efectius serà moltíssim més greu del que reflecteix la simple resta econòmica”, ja que “en haver-se consolidat importants pujades salarials el 2026 respecte de l'exercici anterior, el cost de cada contractació és lògicament més elevat”, per la qual cosa “mantindre el mateix nombre de treballadors i cobertures que a l'estiu de 2025 hauria requerit un augment proporcional i obligatori del pressupost, però, lluny de fer-ho, la Conselleria ha optat per reduir la partida global”.

La conseqüència matemàtica és “letal”, ja que “amb menys diners disponibles i salaris més alts, la capacitat real de contractació es desploma”. Aquesta borsa de substitucions minvada provocarà que “el nombre de professionals físicament presents als controls d'infermeria, als quiròfans i als taulells caiga a mínims inacceptables”.

Des d'UGT de La Fe han alertat de les “nefastes” conseqüències d'aquesta política d'austeritat encoberta: “La Conselleria torna a quadrar els seus comptes a costa d'esprémer els empleats públics i precaritzar l'assistència. Venen un pla de normalitat als despatxos, però la realitat és que estan maltractant de nou uns professionals que ja es troben al límit de les seues forces. La manca de cobertura real de les vacances generarà càrregues de treball inassumibles per al personal que romanga al seu lloc. UGT denuncia públicament aquesta temeritat organitzativa, que multiplicarà la fatiga, l'estrés i els riscos psicosocials i ergonòmics de tota la plantilla, i alerta del greu deteriorament de les condicions de treball a l'hospital de referència de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana”.

Saturació a les urgències de l'Arnau

UGT com CCOO han alertat també sobre la situació de les Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova. Així, des d'UGT Serveis Públics ha denunciat la “saturació extrema” que pateix el servei, alhora que mostra el seu suport als professionals que estan alçant la veu “davant una realitat que fa anys que és ignorada per la Conselleria de Sanitat”.

Segons l'organització, les dades evidencien de manera contundent la situació límit: “Des de 2019, l'afluència de pacients ha crescut a raó de més de 10.000 atencions addicionals a l'any, fins a assolir una mitjana actual d'entre 200 i 240 atencions diàries, amb hores punta que superen regularment aquest llindar. Malgrat aquest increment sostingut, la dotació de personal es manté en nivells clarament insuficients: 14 facultatius, 8 infermeres i infermers i 8 tècnics i tècniques en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) per a atendre tota la demanda del servei”.

Per la seua banda, la secció sindical de CCOO ha denunciat “la situació de col·lapse permanent al Servei d'Urgències, que des de fa dos anys té, pràcticament cada dia, pacients pendents d'ingrés als passadissos i a les sales d'observació”. El sindicat ha lamentat que “el personal està al límit per la saturació del servei, amb jornades laborals maratonianes i una elevada càrrega de treball que ens porta a un desgast físic i mental que ja és inassumible. Aquesta situació empitjorarà aquest estiu quan un terç de la plantilla gaudisca de les seues vacances i no es puguen assumir els seus torns o guàrdies”.

El hospital La Fe de València, el de referencia de la Comunitat Valenciana, dispondrá de menos personal este verano, lo que repercutirá en la degradación del servicio, según ha alertado la Sección Sindical de UGT adscrita al Departamento de Salud del mencionado centro.

En concreto, el sindicato ha denunciado la maniobra contable de la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez (PP), para aplicar “un severo recorte” en el Plan de Vacaciones del presente verano. Tras un análisis “exhaustivo”, el sindicato ha advertido de que “la administración está camuflando un tijeretazo sin precedentes que condenará a las plantas de hospitalización, consultas y centros de especialidades a una falta de personal crítica durante la época estival”. Esta situación derivará en el cierre de unas 135 camas en hospitalización, un número similar al del pasado verano.

Las cifras que maneja el sindicato y que aseguran que son “oficiales” confirman “el hachazo” al presupuesto de la Atención Especializada: “La partida global cae de los 7.229.301,51 euros destinados en 2025 a 7.050.292,28 euros en 2026. Esto supone la retirada directa de más de 179.000 euros para la contratación de sustitutos en los servicios nucleares del departamento. Este golpe a la línea de flotación asistencial y logística castiga a todos los estamentos, que la Administración se empeña en precarizar”, han lamentado.

Además, han comentado que “las categorías que sostienen los cuidados a pie de cama (enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos especialistas, fisioterapeutas, matronas) sufren el mayor varapalo económico, con una reducción de 153.863 euros, pasando de 6.026.798 euros en 2025 a 5.872.934 euros en 2026; la partida para el personal médico también mengua, pasando de 359.533 euros a 330.586 euros”.

UGT, además, ha denunciado que “el recorte ahoga igualmente a los colectivos no sanitarios, un pilar absolutamente vital para el funcionamiento del hospital” y ha considerado que “la falta de sustituciones golpeará con dureza a los celadores (personal subalterno indispensable para la movilización de pacientes, quirófanos y logística general), a los auxiliares administrativos (el motor de la gestión de citas, admisiones y atención directa al usuario) y al resto de personal de oficios y mantenimiento, sin los que el hospital sencillamente se paraliza”.

Sanidad afirma que se adaptará a las necesidades

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad han asegurado que “los datos que da el sindicato no son correctos” y han explicado que “el presupuesto autorizado en 2025 al departamento de salud de La Fe fue de 7.826.128 euros y este año es de 7.800.000 euros”, una diferencia que han achacado “al ajuste realizado con respecto a lo realmente ejecutado el pasado verano”.

Además, desde el departamento que dirige Marciano Gómez han destacado que “esa es la disponibilidad autorizada inicialmente, que puede variar a lo largo del verano y su ejecución ser mayor o menor finalmente en función de las necesidades que realmente se dan en cada departamento en ese periodo”. También han comentado que el pasado verano se atendió a pacientes trasladados del hospital Doctor Moliner, una carga de trabajo que no existirá este verano. En conjunto, han asegurado que el plan de verano sube de 82,5 millones en 2025 a 85,2 en 2026.

La trampa presupuestaria: menos dinero para sueldos más altos

UGT ha advertido de que “la pérdida de efectivos será muchísimo más grave de lo que refleja la simple resta económica”, puesto que “al haberse consolidado importantes subidas salariales en 2026 respecto al ejercicio anterior, el coste de cada contratación es lógicamente mayor”, por lo que “mantener el mismo número de trabajadores y coberturas que en el verano de 2025 habría requerido un aumento proporcional y obligatorio del presupuesto, pero, lejos de hacerlo, la Conselleria ha optado por reducir la partida global”.

La consecuencia matemática es “letal”, puesto que “con menos dinero disponible y salarios más altos, la capacidad real de contratación se desploma”. Esta bolsa de sustituciones mermada provocará que “el número de profesionales físicos en los controles de enfermería, los quirófanos y los mostradores caiga a mínimos inaceptables”.

Desde UGT de La Fe han alertado de las “nefastas” consecuencias de esta política de austeridad encubierta: “La Conselleria vuelve a cuadrar sus cuentas a costa de exprimir a los empleados públicos y precarizar la asistencia. Venden un plan de normalidad en los despachos, pero la realidad es que están maltratando de nuevo a unos profesionales que ya se encuentran al límite de sus fuerzas. La falta de cobertura real de las vacaciones generará cargas de trabajo inasumibles para el personal que permanezca en su puesto. UGT denuncia públicamente esta temeridad organizativa, que multiplicará la fatiga, el estrés y los riesgos psicosociales y ergonómicos de toda la plantilla, y alerta del grave deterioro de las condiciones de trabajo en el hospital de referencia de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana”.

Saturación en las urgencias del Arnau

Tanto UGT como CCOO han alertado también por la situación de las urgencias del hospital Arnau de Vilanova. Así, UGT Serveis Públics ha denunciado la “saturación extrema” que sufre el servicio, al tiempo que muestra su apoyo a los profesionales que están alzando la voz “ante una realidad que lleva años siendo ignorada por la Conselleria de Sanidad”.

Según la organización, los datos evidencian de forma contundente la situación límite: “Desde 2019, la afluencia de pacientes ha crecido a razón de más de 10.000 atenciones adicionales por año, hasta alcanzar una media actual de entre 200 y 240 atenciones diarias, con horas punta que superan regularmente ese umbral. Pese a este incremento sostenido, la dotación de personal se mantiene en niveles claramente insuficientes: 14 facultativos, 8 enfermeras y enfermeros y 8 técnicos y técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para atender toda la demanda del servicio”.

Por su parte, la sección sindical de CCOO ha denunciado que “la situación de colapso permanente en el Servicio de Urgencias, que desde hace dos años tiene, prácticamente a diario, pacientes pendientes de ingreso en el pasillo y en la sala de observación”.

El sindicato ha lamentado que “el personal está al límite por la saturación del servicio, con jornadas laborales maratonianas y elevada carga de trabajo que nos lleva a un desgaste físico y mental que es ya inasumible. Esta situación empeorará este verano cuando un tercio de la plantilla disfrute de sus vacaciones y no puedan asumirse sus turnos o guardias”.

La situación del hospital de Calahorra a las puertas del verano no es nada halagüeña. Desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra hablan de déficit estructural de personal en el centro sanitario que cifran en unos 30 profesionales. En los últimos días, el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, presentaron el Plan Fundacional del proyecto de remodelación del Hospital Universitario de Calahorra que se acometerá en los próximos meses. Una mejora de las instalaciones que incluye 16 nuevas consultas y una inversión de un millón de euros. En la comparecencia también hablaron de personal. La directora explicaba que “por primera vez desde la integración del centro en el SERIS y la estatutarización de sus profesionales, estos forman parte plenamente del Sistema Nacional de Salud y pueden ejercer su derecho a la movilidad hacia otros servicios de salud, especialmente en comunidades autónomas limítrofes. En este momento, 13 profesionales han solicitado traslado haciendo uso de ese derecho”. No obstante, añadió, “una de las principales ventajas de la integración es precisamente nuestra capacidad para absorber estos movimientos y garantizar la continuidad asistencial. De hecho, vamos a incorporar a 18 nuevos profesionales de las mismas especialidades, lo que nos permitirá mantener y seguir desarrollando toda la actividad asistencial con plena normalidad”.

El deseo de la Plataforma: “Ojalá sea cierto”

“Ojalá sea cierto”, desean desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra. Porque la realidad ahora mismo es que “hay especialidades sin médico como Alergología”. Otras sí que cuentan con profesionales, pero en una situación muy precaria. Es el caso de “Medicina Preventiva que cuenta con una única doctora que está a punto de marcharse; Anatomía Patológica con un solo doctor, también a punto de marcharse...”. La Plataforma calcula que en el Hospital de Calahorra hay un déficit de 30 médicos aproximadamente. Un panorama que puede complicarse con la llegada del verano muchas especialidades lo van a pasar muy mal, sobre todo, las que cuentan con pocos médicos como neumología, cardiología, alergología si no se corrige, anatomía patológica, medicina preventiva, radiología (se fue un médico y no lo han sustituido) y urgencias donde la situación es muy deficitaria porque hay problemas para cubrir los turnos... “. Ante este déficit de especialistas, en la Plataforma desean que el anuncio de la directora sea una realidad: ”Ojalá sea cierto y que cuando acabe el mes de junio no vengan 18, vengan 20 médicos y en las condiciones en las que merece este hospital, ni de prestado, ni para hacer peonadas“.

Las mismas fuentes advierten de que las soluciones de la Consejería de Salud no pueden pasar por parches temporales ni comisiones de servicio. “El servicio de permanencia salva vidas, de forma que los médicos vengan a trabajar a Calahorra no pueden venir de prestado ni a hacer peonadas. Esto es una máxima de gestión hospitalaria”. Desde la Plataforma plantean la solución a este problema: “hacer las cosas bien”. Y en este hacer las cosas bien está la convocatoria una OPE propia (Oferta de Empleo Público) y el concurso de méritos prometido junto con el Decreto de Difícil Cobertura que “aún está en veremos”.

A este déficit estructural de personal se añade que este mes de junio, profesionales de seis especialidades médicas suspenden su actividad extraordinaria por las tardes. Una práctica que este miembro de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra califica de “sistema perverso” porque solo es una forma de maquillar las listas de espera. “Lo que hay que hacer es cubrir las plantillas correctamente y sacar toda la actividad por la mañana”. Una vez cubiertas las plantillas, “realizar actividad concertada por la tarde, pero la actividad concertada no puede suplir no tener las plantillas completas”.

Una ampliación “rácana, necesaria y poco ambiciosa”

Y con respecto al proyecto de ampliación del área de consultas externas anunciado por el Gobierno regional, la Plataforma lo considera “necesario pero muy poco ambicioso”. Y critican, además, que el plan se haya diseñado a espaldas de los trabajadores del centro. “Es un proyecto completamente desconocido para todo el hospital. No sabemos quién ha analizado las necesidades de las especialidades ni qué destino tendrán las consultas”.

Recuerdan que ya en 2023 existía una memoria técnica redactada por la anterior gerencia para levantar un edificio completamente nuevo en la parte trasera del hospital. Ese Plan, asegura que contaba con un presupuesto cuatro veces mayor y resolvía los problemas de espacio para los próximos 15 años. “Lo presentó la anterior responsable de Salud, María Somalo, pero tras las elecciones se fue al cajón”. La propuesta actual plantea trasladar el gimnasio de rehabilitación a una zona administrativa, “fuera del área sanitaria lo que genera dudas de seguridad porque en rehabilitación los pacientes también sufren bajones de azúcar, lipotimias o desmayos, y se requiere atención médica inmediata en la misma zona”.

Y a la vez que cuestionan los nuevos proyectos previstos por el Ejecutivo regional, celebran la ampliación de Urgencias. “El proyecto inicial era muy pequeño, pero cuando llegó María Martín a la Consejería de Salud supo ver las cosas como se tienen que ver y se habilitaron unas Urgencias para el futuro”. Las actuaciones en Urgencias contrastan con ampliación del hospital que “llega tarde, se ha hecho a regañadientes y empujados por las protestas de la plataforma y de una forma timorata y rácana”.

Y como consideran que todavía hay motivos para seguir saliendo a las calles, la Plataforma SOS Hospital de Calahorra continuará defiendo su hospital en las concentraciones habituales y en todos los pueblos que lo soliciten como las previstas en Autol y Pradejón este mismo mes. Van a mantener el pulso durante todo junio antes del parón veraniego. Sus motivos siguen siendo los mismos: defender la sanidad pública y el Hospital de Calahorra. Y para ello no cesarán hasta lograr una OPE propia y el concurso de méritos prometido por decreto. “Las dos únicas herramientas legales para fijar de forma definitiva a los profesionales en La Rioja Baja”.

Hace algo más de una semana, un grupo ciudadano entregó cerca de 1.500 firmas para exigir al alcalde de Logroño que revierta todos los los recortes en el presupuesto de la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, la única pública de la capital riojana. Este lunes son los socialistas quienes se suman a esta petición. El PSOE de Logroño ya no solo pide que se ponga fin a la merma del presupuesto sino que este se aumente, “al menos 137.000 euros para poder mantener adecuadamente los servicios y crear nuevos programas”.

La concejala del grupo municipal socialista, Carmen Urquía, ha recordado en rueda de prensa que los recortes comenzaron en 2024, desde entonces se han eliminado de esta partida “más de 65.000 euros”. Y esta biblioteca, “alberga el legado del ilustre guionista logroñés, por lo que esta institución debería de tener mayor impulso, no menor”, ha verbalizado la concejala.

Propuestas de mejora

Urquía ha propuesto además diferentes acciones de mejora como “renovar la compra de libros y suscripciones, especialmente en la zona infantil, cuyos fondos están más deteriorados por el uso”, reforzar “la programación del Año Rafael Azcona con actividades que difundan la figura y el legado del escritor”, así como “el programa educativo de Viene a Cuento, vinculado al festival Cuéntalo”.

La edil también ha comentado algunas medidas más como “dotar al espacio de Artefábrica de una programación estable y de calidad, crear nuevos espacios para jóvenes, como una sala dedicada a la narrativa de videojuegos, ampliar el horario de verano para que la biblioteca sea un refugio climático y anticipar la renovación de los pliegos de contratación de personal”.

Y es que “la Azcona tiene que ser un lugar donde cualquier usuario pueda encontrar su espacio y actividad”, ha afirmado Urquía para subrayar que “existen los recursos económicos para todo ello, solo hace falta decisión política”. En este sentido, la concejala ha comentado la posibilidad de “reducir el gasto en actuaciones protocolarias” y dirigirlo “a aumentar el presupuesto en la biblioteca para impulsar las actividades”.

Cierre de grupos, turnos (de tarde, sobre todo) que desaparecen, asignaturas optativas eliminadas, clases masificadas, profesorado impartiendo más horas de las que les corresponde por contrato... La Universidad Complutense de Madrid (UCM) prepara el curso que viene rebuscando bajo las piedras dónde recortar para cumplir con el Plan Económico y Financiero (PEF) que aprobó el rectorado para cuadrar las cuentas del centro, inmerso en un déficit presupuestario en los últimos años, y para empezar a devolver el crédito de 33 millones de euros que tuvo que pedirle a la Comunidad de Madrid ante la falta de financiación de la propia Comunidad de Madrid.

El rectorado de la universidad, cuentan varias fuentes, ha optado por pedirle a las distintas facultades que le propongan recortes en los grados y cursos que imparten en función de la ocupación, matriculaciones, etc. Una medida que se une al tijeretazo del 35% en los gastos generales que le impuso a los centros el pasado curso y que viene acompañada de un aviso a quien se niegue, según explican personas cercanas a varios decanatos que han visto los mensajes: a la facultad o departamento que rechace cierres no se le cubrirán bajas ni se le concederán sustitutos. Este periódico ha preguntado sobre este punto a la universidad, que no ha contestado.

La Plataforma x la UCM ha identificado propuestas de cierre de grupos en al menos siete facultades, y en otras dos se plantea clausurar un turno completo, mañana o tarde, entre ellas Sociología, Bellas Artes, Geografía o Comercio y Turismo. En Ciencias de la Información la UCM fuentes de la facultad cuentan que el rectorado quiere acabar con una de las ocho líneas de Periodismo, lo que en sí mismo supondría cerrar 67 grupos. En Ciencias Políticas van a “hibernar” un grupo entero de 2º de Antropología (se deja de ofrecer durante un curso o más, pero con la idea de recuperarlas) y otras materias optativas con poco alumnado, además de un grupo de 3º de Políticas y otro de 3º de Sociología.

Esta idea —cerrar el turno de tarde— es una de las opciones que más se están proponiendo en varias facultades, una medida que rechazan desde la Plataforma x la UCM porque afecta especialmente a los estudiantes que a la vez trabajan, explican, lo que va en contra tanto de los Estatutos de la UCM como de la ley universitaria (ambas tienen una fórmula similar a: “El estudiantado tendrá derecho (...) a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”).

Dimite una decana

El último foco de conflicto ha estallado en la Facultad de Documentación. Este centro, de los más pequeños de la universidad, ha vivido una última semana agitada desde la marcha de protesta que realizaron estudiantes y profesorado el miércoles 13 por el cierre de uno de los turnos.

La Asamblea de estudiantes de esta facultad informó de que en una reunión el 21 de abril de 2026 se les explicó que “se habían llevado tres propuestas [de ahorro] desde Decanato al Vicerrector: la grabación de las clases, el mantenimiento de los turnos e ir cerrando desde primero hasta cuarto año a año, y el trabajo por parte de los profesores que quisieran dar esas clases del turno que se cerrará a coste cero”.

Según el relato estudiantil, “la propuesta de 'trabajo a coste cero' fue la que le pareció 'viable' al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado”, Julio Banacloche, que está pilotando el proceso. El estudiantado se negó a validar ninguna de las opciones.

Después vino la movilización del miércoles 13, que derivó en tensiones internas, según los convocantes, porque la decana, María Olivera, expulsó a algunos manifestantes del centro y llamó a la policía. Olivera, descrita por conocidos como defensora de la universidad pública, ha acabado dimitiendo esta semana, alegando “motivos personales”. La exdecana no ha contestado a los emails de este diario.

¿Vuelta a las clases de 80?

Esta idea de mantener grupos y turnos a “coste cero” para la universidad que se baraja para Documentación ya se ha estado aplicando este curso en algunas facultades, según cuentan fuentes de diversas facultades. “El profesorado imparte más docencia que la que le corresponde, hay gente dando más de las 240 horas de clase [anuales que les corresponden] de manera absolutamente generalizada. Y ya no podemos más”, explica una docente. Esta sobrecarga de trabajo, añade, “afecta sobre todo a las facultades de sociales y humanidades, porque en las facultades más experimentales tienen menos alumnado”.

Otra de las consecuencias del cierre de grupos y/o turnos es que, como explica una profesora, el alumnado no desaparece con ellas. Los estudiantes serán reubicados en otros grupos, devolviendo las clases a unas ratios de otros tiempos, preplan Bolonia, cuando había 80 personas en cada aula.

Y eso en el escenario bueno. Para otros, advierten desde la Plataforma x la UCM, la única alternativa puede acabar siendo la universidad privada. “Cerrar grupos en Humanidades o alguna Filología es más complicado, porque pueden no tener suficientes estudiantes, pero algunos grados minoritarios solo se imparten en universidades públicas en Madrid en la Complutense”, advierte un cargo directivo de una facultad.

"Es difícil sostener" que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. "¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más", sostuvo, mezclando ingresos de todo tipo

La situación viene originada por la infrafinanciación a la que ha sometido la Comunidad de Madrid a las seis universidades públicas de la región en los últimos años y de la que la Complutense es la que ha salido peor parada. El centro perdió 140 millones de euros entre los dos últimos ejercicios y se vio obligado a pedir un préstamo de casi 35 millones de euros a su financiadora para cerrar este ejercicio sin sobresaltos. De esta manera, no transferirle suficiente dinero a la UCM para su normal funcionamiento le va a rendir al Gobierno regional, que ganará unos dos millones de euros en concepto de intereses por el crédito.

Pero el Ejecutivo regional no se siente apelado. “Es difícil sostener” que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. “¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más”, sostuvo aludiendo al acuerdo firmado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de las universidades públicas el pasado mes de marzo.

El consejero mezcla todo tipo de cifras en su afirmación. La Comunidad no pondrá 14.000 millones de euros más; esa es la cantidad total para el periodo 2026-2031, y ni siquiera es dinero que ponga el Ejecutivo regional. Los específicamente 14.790 millones de euros incluyen la aportación pública (12.294 millones de euros), pero también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad y que pagan los estudiantes. Esta partida supone ya cada año una parte importante de los ingresos de los centros. Para la Complutense, en concreto, fueron 141 millones de euros por este capítulo III en los últimos presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según esa misma fuente).

Así, la aportación de la Comunidad de Madrid con sus propios fondos realmente subirá un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extra el último ejercicio, 2031. Dicho de otra manera: el Ejecutivo regional subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media y para las seis universidades) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros en total. Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

La Universidad Complutense recibirá específicamente de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio).

“Hasta ahora los recortes solo habían venido afectando a lo ”interno“ de la universidad (contrataciones, recursos materiales en bibliotecas, horas del profesorado), pero ahora ha saltado”, analiza Santiago Cuesta, responsable de Universidad en CCOO Madrid. “Y eso que en los primeros años solo se devuelven intereses del préstamo, cuando lleguen los ejercicios en los que hay que devolver el importe en sí habrá más complicaciones”, cierra.

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, advierte de que la financiación de la Junta es “claramente insuficiente” para cubrir el coste real del personal, que cifra en 462 millones de euros frente a los 449 millones asignados para 2026 en el último reparto de fondos autonómicos.

En el informe que la rectora, Carmen Vargas, traslada este jueves al Consejo de Gobierno, la institución analiza los números actuales de la plantilla tras el acuerdo de financiación alcanzado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Según este análisis, la US se enfrenta a un desfase de 12,7 millones que obligará a adoptar medidas de contención del gasto y posibles ajustes presupuestarios para equilibrar el capítulo de personal en 2026.

“Aunque se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista [medida acordada también en el último CAU], al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 [personal] con el ahorro de otros capítulos de gasto”, recoge el informe al que ha tenido acceso Europa Press. En este contexto, la universidad estudia medidas que podrían afectar a la organización interna, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones, contrataciones y planes propios, con el objetivo de minimizar el impacto directo en las retribuciones.

Cabe recordar que, hace un mes, la rectora presentó un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

El motivo esgrimido entonces era que la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Todo ello en el marco del pulso que los rectores llevan dos años librando con la Junta de Andalucía por la financiación universitaria. Los rectorados denuncian un “incumplimiento” reiterado del modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales. La infrafinanciación es, de hecho, uno de los frentes del conflicto que la comunidad universitaria mantiene con la administración autonómica.

Política de contención del gasto

De acuerdo con el reparto de fondos aprobado, la Hispalense percibirá, de momento, para el ejercicio 2026 un total de 449,3 millones de euros. En esa cantidad se incluyen 2,5 millones para la “sostenibilidad financiera” y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.

A la espera de las auditorías pactadas entre la Junta y las universidades, el Rectorado insiste en que el coste real de la plantilla —incluyendo nómina base, complementos y obligaciones legales— asciende a 462 millones de euros. Ante este escenario, la US prevé establecer un “control” en el crecimiento del capítulo 1, con una “política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025”.

Concretamente, en el caso del PTGAS, la US prevé que este año el incremento de la masa salarial es de un 6,9% –un 4% debido al incremento salarial de 2025/2026, un 2,5% de atrasos por la subida salarial de 2025 y el resto para atender actuaciones en 2026– mientras que en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), esa subida es de un 12,9%.

Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión “técnica”, con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para “determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda” que recoge el modelo de financiación pactado entre la Junta y los rectores en 2023. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales, para asegurar la estabilidad financiera del sistema.

Y es en esos incrementos salariales donde entra el papel de la comisión que va a analizar los “criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario [capítulo 1 de los presupuestos]” y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis “universidad por universidad” de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende “alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado”. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollará y concluirá este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

Un movimiento ciudadano en apoyo de la biblioteca Rafael Azcona han entregado este jueves 1.464 con las que exigen al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que “revierta todos los recortes realizados en el presupuesto de la Biblioteca Rafael Azcona” . Cerca de 1.500 firmas que se han recogido entre cuatro y seis semanas, “lo que demuestra la importancia que tiene para la sociedad este espacio público”, asegura la portavoz del Grupo de Apoyo a la Biblioteca, Jacinta Gaviria. “El vecindario está orgulloso de su biblioteca porque todo el mundo al que le hemos pedido la firma explicándoles el porqué, han querido colaborar con nosotros”.

Así, acompañada por otros miembros del grupo de apoyo, ha recordado que “entre el año pasado y este, los recortes suman unos 65.000 euros”, una merma en el presupuesto que asegura está afectando a los servicios de la propia biblioteca. Y es que tal y como ha relatado “no se están renovando los libros de la zona infantil a pesar de estar muy estropeados por el uso”. Asimismo, lamenta “falta de personal para la realización de diversas actividades” por lo que ha pedido más dotación para esta biblioteca. “Se ha perdido parte de la animación a la lectura y otras actividades...” aunque, como ha reconocido, “se está sustituyendo por el voluntarismo de ciudadanos y de los propios trabajadores de la biblioteca”.

La portavoz ha reiterado que en reuniones anteriores, el alcalde de Logroño les aseguró que “no se iba a recortar el presupuesto, incluso podría incrementarse, pero la realidad es que lejos de aumentar, ha disminuido”. Y todo esto está ocurriendo, en un año muy especial porque el 2026 ha sido declarado como 'Año Rafael Azcona'. “Es muy significativo porque en la propia biblioteca hay un espacio dedicado al guionista logroñés, con toda su bibliografía, documentos... y nos llama mucho la atención que (a pesar de todo lo que quieren hacer desde el Ayuntamiento) se recorte”.

“Uno de los principales espacios culturales y de encuentro”

La respuesta del Ayuntamiento de Logroño ha llegado a través de una nota de prensa en la que aseguran que “la Biblioteca Rafael Azcona refuerza su actividad cultural y fomento de la lectura”. De hecho, desde el Consistorio aseveran que la biblioteca “continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales y de encuentro de la ciudad gracias al mantenimiento y refuerzo de su programación cultural, educativa y de fomento de la lectura”.

Durante 2025, la biblioteca y sus espacios asociados registraron más de 275.000 usos. En concreto, 214.910 personas utilizaron las instalaciones de la Rafael Azcona, a las que se suman las 18.083 registradas en el Punto de Lectura de La Rosaleda, 8.896 en La Pajarera y 2.052 en la bibliopiscina. Además, el servicio de préstamo alcanzó los 38.350 préstamos bibliográficos.

La Biblioteca Rafael Azcona mantiene a lo largo del año una programación amplia y diversa dirigida a todos los públicos, con clubes de lectura, talleres, cuentacuentos, actividades de alfabetización digital, y espacios de estudio y de creación. La actividad de la biblioteca se complementa con proyectos desarrollados junto a entidades sociales como ASPRODEMA y Plena Inclusión, así como con espacios especializados como ArteFábrica, dedicado a la ilustración y las artes del libro.

La programación infantil y juvenil continúa siendo una de las líneas prioritarias del centro, con iniciativas nuevas como la bebeteca para menores de 0 a 3 años, los campamentos de convivencia lectora en Semana Santa y verano que se han realizado por primera vez y han llenado todas sus plazas y nuevas actividades dirigidas específicamente a adolescentes y jóvenes. Entre las novedades destaca el club de lectura ‘Crear letras’ de La Rosaleda, que une literatura y artes escénicas a través de la lectura de grandes obras y su posterior asistencia a adaptaciones teatrales.

Asimismo, la Biblioteca Rafael Azcona está teniendo un papel destacado dentro de la programación del Año Azcona, con actividades culturales, creativas y formativas para acercar la figura y la obra del escritor y guionista logroñés a nuevos públicos. Talleres juveniles, concursos creativos, clubes de lectura y actividades de ilustración y serigrafía forman parte de una programación específica vinculada a esta conmemoración cultural.

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, ha presentado este martes un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

La nueva rectora de la institución, Carmen Vargas, ha confirmado este martes en el Consejo de Gobierno de la Hispalense que “es necesario” asumir estos “ajustes” en el gasto por una razón fundamental: porque la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla, que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

La rectora también ha explicado que el Gobierno andaluz, del que depende gran parte de la financiación universitaria, no ha cerrado aún las cifras que recibirá cada universidad pública en 2026, “un dato imprescindible para elaborar el nuevo presupuesto universitario”, pero la Junta lo niega y asegura que “es el presupuesto de la Hispalense el que está prorrogado, no el de la Junta”.

La Junta, pendiente del pacto entre rectores para repartirse 1.800 millones

Desde la Consejería de Universidades aclaran que el montante total para las diez academias públicas de Andalucía está ya recogido en los Presupuestos Autonómicos para 2026, aprobados el pasado diciembre en el Parlamento, y rondan los 1.788 millones de euros, 61,7 millones de euros con respecto al año anterior (3,6% más).

Sin embargo, “falta que los rectores se pongan de acuerdo en el reparto” de ese dinero y que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) lo apruebe, algo que suele demorarse hasta final de año. Las mismas fuentes aclaran que el consejero del ramo, José Carlos Villamandos, ya trasladó a los rectores una propuesta de reparto de esos 1.788 millones, “pero por ahora no parece haber consenso y no hemos recibido respuesta”.

La rectora de la Hispalense tuvo una reunión el pasado 26 de marzo con los jefes de departamento de la Hispalense donde les adelantó el plan de ajustes, pero ha sido esta semana cuando les ha convocado para detallar las medidas que van a aplicarse. Algunos de esos jefes de departamento han informado a sus profesores del contenido de la reunión y les han avanzado que los recortes pueden afectar al personal docente y a los horarios que tienen asignados.

“Se están denegando plazas de profesorado por necesidad docente y en lugar de ello, esta semana, se está recortando el número de créditos de los departamentos por medio de la consolidación de grupos (admitiendo grupos más masificados)”, asegura uno de los profesores a este periódico.

El Rectorado ha confirmado este martes que se baraja la reducción de contratos de personal laboral. Algunos departamentos de facultades de la Hispalense se reunirán esta misma semana para abordar “formalmente” la pérdida de 24 créditos por departamento, el equivalente de un profesor, y la consolidación de grupos, reubicando al alumnado que antes ocupaba dos aulas en una sola (amortizando así una plaza docente).

“La US se encuentra coyunturalmente en una situación complicada que requiere de algunos ajustes para control de gastos y eficiencia. Nos explican que la modificación presupuestaria que prevé el Rectorado consistirá en una transferencia de crédito entre distintos capítulos del presupuesto de 16 millones como medida provisional. La intención del Rectorado es afectar lo menos posible a centros y departamentos. Nos confirman que nos afectará, pero explican que aún no pueden concretar en qué forma exactamente”, reza uno de los correos electrónico que un jefe de departamento envió a sus profesores este lunes.

Fuentes de distintos departamentos, consultados por este periódico, aseguran que hay personal docente e investigador insertos en un proceso de promoción a cátedra abierto que ha sido convocado a una reunión por el Rectorado este mismo jueves. “Previsiblemente para decirnos que se dilatan o suspenden temporalmente, a pesar de que solo se han consumido la mitad de las plazas previstas en la oferta de empleo público del 2025 para el que deberían haber hecho previsión de gasto”, advierte uno de los afectados. La Universidad de Sevilla ha confirmado este extremo a elDiario.es: “Las promociones a cátedra se aplazan hasta después del verano”, señalan estas fuentes.

La Junta afea a la Hispalense el descontrol de sus cuentas

El Gobierno andaluz preveía distribuir un primer reparto del dinero de la financiación universitaria entre las diez acadamias “en los primeros meses del año”. Algo que ocurriría “por primera vez”, después de “décadas en los que se hacía en los meses de septiembre y octubre”. En el mes de junio pensaban acometer un “segundo reparto” de dinero, “en base al estudio técnico acordado con los rectores y la rectora, y en el que se incrementarán partidas en aquellos casos que sean necesarios”. Pero a 14 de abril aún no existe acuerdo entre las universidades para el primer reparto.

Sobre la situación financiera de la Universidad de Sevilla, la consejería advierte de que ésta “no ha reclamado a la Junta ningún pago de deuda” y que “si existe un desfase de 16 millones”, la rectora “debería analizar de dónde proviene ese desfase”. “En la Junta de Andalucía no consta ni nos han hecho llegar ninguna información al respecto. Sería la primera noticia que tenemos sobre esta cuestión”, aseguran estas fuentes.

El mensaje del departamento de Villamandos es muy crítico con la gestión de las cuentas en la Hispalense, que la nueva rectora ha heredado de su antecesor, Miguel Ángel Castro, aunque ella también formó parte de su equipo de gobierno. “Si existe remanente de tesorería negativo es el Consejo Social de la US el que debe establecer un plan de ajuste para compensar esa cantidad en los años siguientes, que según la información remitida es un déficit de 1,5 millones”, advierten.

La Universidad de Sevilla ha pasado de un remanente de tesorería no afectado de casi 17 millones en 2023, a ocho millones en 2024, y a un remanente negativo de 1,5 millones el año pasado.

El Gobierno de Moreno, que en esta legislatura ha librado un tenso pulso con los rectores de las públicas a cuenta de la falta de financiación y de la polémica apertura de cuatro nuevas universidades privadas, ha arremetido este martes contra la Hispalense, afeándole que gastase más de ocho millones en 2024, pese a tener sólo autorizados 4,9 millones en su Plan de Inversiones. “Se gastaron 4,5 millones de euros de remanentes para el plan de inversiones sin autorización antes de la toma de posesión de la rectora, lo que explicaría el 1,5 millones en negativo, según los datos remitidos por la propia Universidad”, aseguran.

En el reparto definitivo de 2025, la Universidad de Sevilla recibió 438,2 millones de euros, siendo la universidad pública andaluza que más recibió de todo el sistema. La cifra que recibirá del primer reparto de 2026 queda pendiente del cierre del acuerdo. A pesar de las críticas, la Junta “quiere agradecer a la rectora de la Universidad de Sevilla y a su equipo que esté poniendo orden en las cuentas de la universidad”, concluye.

“Inquietud” en la comunidad universitaria

En la reunión de este martes con su equipo de gobierno, la rectora Vargas ha reconocido la “inquietud” que existe entre la comunidad universitaria sobre la situación financiera de la US y ha defendido la necesidad de adoptar “medidas preventivas” hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta el “financiador” de los campus universitarios andaluces, que no es otro que la Junta de Andalucía, informa Europa Press.

Sobre las negociaciones con la Junta, la rectora ha pedido a su Consejo de Gobierno “un voto de confianza” ya que las negociaciones están “muy avanzadas”, asegura. Vargas también ha respondido a los avisos lanzados desde los sindicatos que representan a profesores y alumnos, que ya anuncian “movilizaciones” y afean a la rectora que esperaban “más beligerancia” contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por esta “asfixia financiera”. Moreno disolvió el Parlamento el pasado 23 de marzo y convocó elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

“¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?”, se ha preguntado la parte social, que ha criticado la paralización del pago del complemento autonómico y que ha advertido de que confía en que no se frenen las promociones de personal que están recogidas en el convenio colectivo, que “es sagrado”.

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el “malestar” de su sector ante el planteamiento de reducción de grupos o de contratación de menos personal al entender que estas medidas “afectan a la calidad de la docencia” y “nos traen fantasmas del pasado, como aulas masificadas” e imposibilidad de realizar una evaluación continua.

Por eso, han solicitado conocer los “criterios exactos” que ha seguido el Rectorado para poner encima de la mesa esta propuesta, a lo que la rectora ha respondido que se les harán llegar y que nada es definitivo. “Vamos a seguir trabajando” en un plan de ajuste que obliga a llevar al próximo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria de 16 millones de euros.

Vargas quiere “consensuar” con los centros y escuelas de la Universidad dónde se harán los ajustes y modificaciones presupuesarias para poder acometer la subida de las nóminas del personal prevista en la ley.

La Universidad de Sevilla tiene 32 centros propios y adscritos, cuenta con un presupuesto anual de 634.400.000 euros (datos de 2025), más del 80% proviene de la financiación de la Junta de Andalucía. El grueso de los gastos de la Hispalense -434.000 euros- es gasto de personal, para pagar la nómina de los más de 7.000 trabajadores, entre funcionarios, personal eventual, laboral, interino, etc...

La empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) se creó oficialmente en 2006. Fue establecida mediante la Ley 1/2006, de 23 de marzo, como un instrumento del Gobierno regional para la gestión ambiental, principalmente enfocada en la lucha contra incendios. Cumple ahora 20 años y ha decidido celebrarlo este sábado, día 11 de abril, en Cuenca, con una fiesta con comida, bebida y música en directo.

No obstante, desde los sindicatos de STAS y USO con representación en la empresa, y que llevan años manifestándose por la mejora de sus condiciones laborales, prefieren precisamente eso: que se atiendan sus demandas.  

“No es momento de fiestas. Es momento de defender nuestros derechos”, apuntan. Consideran que quienes sostienen el operativo de lucha contra incendios “día a día” siguen esperando respuestas a problemas que afectan directamente a su trabajo, a su seguridad y a sus condiciones de vida.

Se da la circunstancia de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) acaba de publicar la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el borrador de la nueva orden de prevención de incendios forestales que está tramitando. Con ello se inicia un proceso participativo de 20 días hábiles para aportaciones.

Mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios

Precisamente, esta semana los sindicatos han mantenido una reunión con la dirección de GEACAM en la que se les informó con detalle cómo será la celebración del 20 aniversario: en los días previos al día de la fiesta habrá actividades dirigidas a centros educativos, con talleres de educación medioambiental y sobre extinción de incendios forestales.

El día grande, este sábado 11 de abril, habrá un acto institucional y reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de la empresa pública. “Nos parece bien que se reconozcan las dos décadas de la empresa y el trabajo de muchos compañeros y compañeras. También valoramos positivamente las actividades externas. Pero mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios”.

Este es el irónico cartel con sus demandas que los sindicatos han elaborado con motivo de la celebración:

Ponen como ejemplo el hecho de que sigan sin obtener explicaciones sobre lo ocurrido en el incendio del Pico del Lobo, y sin respuesta por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha a las solicitudes de reunión para abordar este y otros problemas.

Afirman STAS y USO que el coste de la fiesta será “cero” para la empresa, asumido por patrocinadores. Eso mientras la mayoría de interinos e interinas trabajan una media de tres meses al año, “con todo lo que conlleva en sus vidas”.

También recuerdan que desde septiembre están “anuladas” las bolsas de trabajo, generando “más inestabilidad y precariedad”, y que la empresa pública “se niega a negociar una subida salarial justa y acorde al trabajo que realizamos, pese al aumento del coste de la vida”.

Concentración a las puertas del ágape

“Seguimos desempeñando un trabajo de alto riesgo, protegiendo los montes y la seguridad de la población, sin el reconocimiento real que merece”, destacan.

Por todo ello, han convocado al resto de organizaciones sindicales y a todos los trabajadores y trabajadoras a una concentración el mismo 11 de abril a partir de las 10.00 horas, en la puerta del Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca, donde se celebra la fiesta.

“No se trata de rechazar un plato de comida, bebida o un concierto. Se trata de algo mucho más importante: dignidad laboral, respeto y condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad que asumimos cada día. Los bomberos y bomberas forestales de GEACAM no necesitamos fiestas para sentir orgullo de nuestro trabajo. Lo que necesitamos es: ser personal laboral, salarios dignos, estabilidad laboral, reposición total, campañas de incendios sin recortes y diálogo real con la Consejería”, concluyen.

Hemos conocido muchas Europas. Hace unos quince años la que se cebó con recortes para proteger la estabilidad de los más ricos, la de la prima de riesgo. La de los hombres de negro… La que nos desencantó. Hasta la pandemia, en 2020, la que redimió a Europa con una forma más amable de tratar la crisis. Pero luego llegó la guerra de Ucrania, el rearme y ahora… todo lo que ha desatado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La presidenta de la Comisión Europea ha tenido que rectificar unas palabras en las que aseguraba que Europa no podía ser la guardiana del viejo orden mundial. ¿Debe entonces primar la ley del más fuerte? ¿Esa es la Europa que deja Trump?

Lo abordamos con el corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, que también lo fue hace unos años en Bruselas, Andrés Gil. También con Mariano Aguirre, Investigador del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. 

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El gigante tecnológico estadounidense Oracle evalúa eliminar miles de puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la falta de liquidez provocada por las fuertes inversiones en la expansión de sus centros de datos destinados a la inteligencia artificial (IA), según ha adelantado 'Bloomberg'.

Los recortes afectarán, según este medio, a varias divisiones de la compañía y podrían comenzar este mes, de acuerdo con personas conocedoras del asunto que solicitaron el anonimato al tratarse de planes aún no públicos.

Según la infirmación, parte de las reducciones se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé necesitar en menor medida debido al avance de la IA.

Bajo la dirección de su presidente, Larry Ellison, Oracle está acometiendo una amplia expansión de centros de datos para atender las cargas de trabajo de IA de clientes como OpenAI.

La compañía, históricamente conocida por su 'software' de bases de datos, lleva años reorientándose hacia la computación en la nube, con el objetivo de competir con los líderes del sector Amazon.com Inc. y Microsoft Corp.

De acuerdo con previsiones de analistas de Wall Street recogidas por 'Bloomberg', los elevados gastos en infraestructuras de su división de nube podrían generar flujos de caja negativos durante los próximos años, antes de que las inversiones comiencen a dar resultados hacia 2030.

El mes pasado, Oracle anunció que recaudará entre 45.000 y 50.000 millones de dólares (entre 38.865 y 43.185 millones de euros) en 2026 para financiar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), su negocio de infraestructura y plataforma en la nube, ante el aumento de la demanda contratada de clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok o xAI.

Asimismo, la compañía comunicó internamente esta semana su decisión de revisar numerosas vacantes en la división de nube, lo que supondrá ralentizar o congelar las contrataciones.

A finales de mayo de 2025, Oracle contaba con unos 162.000 empleados en todo el mundo. Las mismas fuentes señalaron que la planificación de los recortes sigue en curso y podría modificarse.

En septiembre, la empresa informó de su mayor plan de reestructuración hasta la fecha, con un coste estimado de hasta 1.600 millones de dólares (1.382 millones de euros) en el ejercicio fiscal que finaliza en mayo, incluidos pagos por indemnizaciones a empleados afectados.

Con todo, la compañía tiene previsto publicar los resultados de su tercer trimestre fiscal el próximo martes.

El Ministerio de la Seguridad Social va a corregir un criterio en vigor desde el 1 de enero por el que ha dejado de aplicar las penalizaciones progresivas por jubilación anticipada a las personas con pensión máxima que pactó en la reforma de pensiones de 2021. Desde comienzo de año, el organismo aplica “de golpe” los recortes previstos para 2033, denuncia Juan, un trabajador afectado, a punto de jubilarse de manera anticipada. Tras las quejas de los sindicatos CCOO y UGT, el departamento de Elma Saiz va a rectificar y volver a aplicar el periodo transitorio de penalizaciones, adelantan en el Ministerio a elDiario.es.

El conflicto se originó a finales de año, cuando la Seguridad Social colgó un mensaje en su Simulador de la pensión que advertía de que, a partir del 1 de enero, dejaba “de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34” de la Ley General de la Seguridad Social y que, por tanto, los cálculos de jubilaciones anticipadas afectadas por esta “no son correctos”.

En la práctica, esto puede significar un gran –y repentino– aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar los 400 euros al mes más.

Es el caso de la penalización para quienes tengan derecho a la pensión máxima, con menos de 38 años y medio cotizados y decidan anticipar el retiro dos años antes de la edad legal de jubilación. En ese caso, el periodo transitorio pactado recogía un recorte del 9,1% en la pensión en 2026, pero la Seguridad Social está aplicando de golpe el del final del periodo: un 21%, que se preveía aplicar en 2033.

A Juan (nombre ficticio), el cambio le implica pasar de un recorte del 3% a uno del 5,5%. “Con la paradoja de que si supiese esto y hubiese solicitado la jubilación para diciembre, la reducción habría sido del 4,76%, pero el INSS me 'engañó”, sostiene el trabajador.

El conflicto: el periodo transitorio de penalizaciones

El foco del conflicto ha sido la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la mencionada disposición transitoria 34 se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, las penalizaciones por retiro anticipado a las personas con derecho a la pensión máxima, que el entonces ministro José Luis Escrivá insistía en que tenían una posición ventajosa respecto al resto de trabajadores.

Como las penalizaciones se aplicaban sobre la base reguladora (similar al salario), en el caso de los sueldos más altos –con bases de cotización por encima de la pensión máxima– el resultado era que, aunque los trabajadores se jubilaran de manera anticipada, apenas veían mermada su pensión final.

Esto, que se justificaba desde una lógica en la que estos trabajadores con salarios más altos aportan más al sistema, no tenía ningún efecto desincentivador del retiro anticipado para este grupo de trabajadores, denunciaba Escrivá. Finalmente, el Ministerio pactó con los agentes sociales aplicar los recortes sobre la pensión máxima (en lugar de sobre la base de cotización), pero hacerlo poco a poco, de manera progresiva en una senda ascendente de penalizaciones desde 2024 a 2033, que además fuera acompañado de un aumento de la pensión máxima.

Esos recortes progresivos se plasmaron en la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social, en su segundo apartado. Sin embargo, se incluyó un 'pero'. En el apartado uno se contempló (en un artículo de difícil comprensión) que estos coeficientes “sólo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

Con base a este artículo, dada la inflación elevada de los años pasados y, por tanto, lo que ha subido la pensión máxima –situada en 3.360 euros brutos al mes en 14 pagas este año–, la Seguridad Social han interpretado que las pensiones resultantes ya son en todo caso superiores a las que se hubieran percibido antes de la reforma de 2021. Por ello, ha dejado de aplicar el periodo transitorio desde el pasado 1 de enero e implementa los coeficientes reductores finales de la tabla. Los que estaban planteados para 2033.

Cambio tras las quejas de los sindicatos

“Es un incumplimiento flagrante de lo pactado”, denunciaba el pasado viernes Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. El sindicalista advertía de que, en el pacto social, se había planteado el apartado 1 de la disposición “como una garantía adicional” a las penalizaciones progresivas hasta 2033, y no como un condicionante para su aplicación.

Bravo explicaba que, por cautela ante la posibilidad de años de bajadas de precios o inflaciones muy reducidas en los próximos años, las partes acordaron incluir un añadido a la tabla de penalizaciones progresivas que garantizara que “en ningún caso” las pensiones resultantes serían peores que las que hubieran resultado en 2021.

“Hemos pedido que lo corrijan”, añadía Bravo. Tanto CCOO como UGT reclamaron al Ministerio de Elma Saiz una solución a este conflicto y a otros compromisos de pensiones sin resolver, como la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando en la negociación sobre la incapacidad temporal, por el aumento de bajas médicas.

Finalmente, este lunes el Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado a elDiario.es que así lo hará, a consultas de este medio. “El marco normativo transitorio se ha visto rebasado por las revalorizaciones, fruto de la crisis inflacionaria. Esto ha generado una situación que ha habido que analizar jurídicamente para poder seguir aplicando el régimen transitorio”, responden en el departamento de Elma Saiz.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social no aclaran desde cuándo volverán a aplicar los coeficientes previstos para 2026, ni qué pasará con las pensiones ya reconocidas en estos dos primeros meses del año a las que se les haya aplicado los coeficientes planteados para 2033.

En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando a las personas afectadas por este cambio en las penalizaciones a aplazar sus citas con la Seguridad Social hasta que se hubiera aclarado este aspecto.

Juan denunciaba que “este giro” ha supuesto “un quebranto absoluto de la confianza legítima” con la Seguridad Social, por el cambio tan repentino y “sin transparencia”, ya que critica que “se estuviera comunicando mediante una advertencia técnica en la web, sin una circular u orden oficial que lo justifique públicamente”.

Año y medio después desde que la Junta de Andalucía decidiese desprenderse de tres fundaciones de investigación, una de ellas ha decidido llevar al Ejecutivo regional ante los tribunales. En concreto, el comité de empresa de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) ha denunciado al Gobierno andaluz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que consideran un trato desigual y denigrante si se les compara con personal equivalente del Servicio Andaluz de Salud (SAS): cobran hasta 30.000 euros menos por hacer las mismas funciones.

Así, la precariedad se ceba con los investigadores biomédicos que son esenciales para que la sanidad pública andaluza esté a la vanguardia en el tratamiento a los ciudadanos y en el avance científico. Aunque oficialmente la Junta se desligó de la fundación, lo cierto es que el control público de la misma es mayoritario y la intervención directa del SAS es tan evidente como que estos profesionales están integrados en los hospitales públicos y en proyectos relacionados con el propio sistema público para que se ofrezcan los mejores cuidados a los usuarios. Pero, paradójicamente, es el sistema el que no les cuida a ellos, al menos a tenor de las denuncias procedentes desde el comité de empresa de FIBAO.

La demanda, impulsada por la CGT -sindicato mayoritario en la fundación-, es el primer conflicto colectivo en España que reclama judicialmente la equiparación retributiva del personal investigador de una fundación biosanitaria con las categorías estatutarias del sistema sanitario público. El sindicato sostiene que la situación vulnera el principio de igualdad y la propia Ley de Investigación Biomédica de 2007, cuyo artículo 85 contempla la equiparación salarial con categorías equivalentes del sistema sanitario. “Se debería haber aplicado hace casi dos décadas”, sostiene Sonia Morales, presidenta del comité de empresa de FIBAO.

Trabajadores “low cost”

La brecha no es menor. Según los datos aportados por el comité, coordinadores de ensayos clínicos o personal investigador con titulación en biología o farmacia perciben en algunos casos alrededor de 18.000 euros brutos anuales. En el Servicio Andaluz de Salud, categorías equivalentes pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros. “Tenemos profesionales cobrando entre la mitad y un tercio de lo que se percibe en el SAS”, resume Morales.

La paradoja, dicen, es que desarrollan su labor en los propios hospitales públicos andaluces, comparten equipos y espacios con el personal estatutario y trabajan con pacientes del sistema sanitario público. “Somos personal subrogado low cost del SAS”, denuncia la representante sindical. FIBAO forma parte de la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario público andaluz y, aunque en 2023 dejó de estar formalmente integrada en el sector público autonómico, el comité insiste en que el control público sigue siendo determinante.

Ese cambio jurídico se produjo tras el decreto aprobado por el Gobierno andaluz que sacó del sector público a tres fundaciones sanitarias -entre ellas FIBAO- en un movimiento que la Junta defendió como una forma de “agilizar” la gestión y captar más fondos de I+D+i. La decisión afectó también a FISEVI y FIMABIS y supuso una modificación de la composición de sus patronatos, con mayor presencia de universidades y entidades privadas. Los sindicatos ya advirtieron entonces del riesgo de mercantilización de la investigación y del impacto sobre las condiciones laborales.

En el caso de FIBAO, el comité recuerda que hasta 2023 el patronato estuvo compuesto mayoritariamente por miembros vinculados al SAS y que en la actualidad su presidencia recae en la directora del propio Servicio Andaluz de Salud. “Trabajamos en hospitales del SAS, con medios del SAS y bajo la dirección funcional del SAS”, argumenta Morales, que cuestiona que la fundación pueda presentarse como un ente completamente ajeno a la administración sanitaria.

Hacia un nuevo convenio

La respuesta oficial a las preguntas de elDiario.es Andalucía no ha llegado desde la Consejería de Salud, que ha derivado la contestación a la propia FIBAO. La fundación señala que las seis entidades biosanitarias andaluzas -FISEVI, FIBAO, FIMABIS, FIBICO, FCÁDIZ y FABIS- están negociando un convenio colectivo común para fijar un marco laboral homogéneo. Añade que desde 2012 no consta ninguna reclamación sobre las tablas salariales vigentes, que están aprobadas por sus respectivos patronatos, y que resulta “difícil” establecer equiparaciones con el SAS porque sus categorías no tienen reflejo directo en las estatutarias.

El comité de empresa rebate ese argumento. Morales recuerda que, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, se aprobó un decreto ley para establecer comparativas y aplicar la equiparación retributiva en las fundaciones sanitarias. En la Comunidad de Madrid, añade, se hicieron equiparaciones parciales para determinados perfiles. “Categorías como biólogos, farmacéuticos o personal administrativo existen en el SAS. No es que no haya equivalencia, es que no se ha querido aplicar”, sostiene.

Además, el sindicato rechaza que no haya habido reclamaciones previas. Según su relato, en 2014 se inició la negociación de un convenio colectivo para las fundaciones que entonces formaban parte del sector público andaluz. El texto se remitió a Hacienda en 2021, pero nunca llegó a entrar en vigor. En 2023, tras la salida de las fundaciones del sector público, el proceso tuvo que reiniciarse desde cero. El resultado, denuncian, son tablas salariales incluso inferiores a las planteadas años atrás.

La CGT asegura que planteó una equiparación progresiva en cuatro años para garantizar la estabilidad presupuestaria, propuesta que, según el comité, fue rechazada por la patronal y no contó con el respaldo de otros sindicatos presentes en la mesa negociadora. FIBAO, por su parte, insiste en que será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se pronuncie sobre la demanda presentada.

Más allá de la batalla judicial, los investigadores alertan de las consecuencias de esta brecha salarial. La investigación clínica, financiada en parte por farmacéuticas, ofrece condiciones más atractivas en el sector privado, mientras que la investigación básica depende casi en exclusiva de fondos públicos. “Las condiciones actuales favorecen la fuga de talento”, advierte Morales. A su juicio, el modelo andaluz mantiene una estructura pública de investigación apoyada en personal con salarios mileuristas y contratos vinculados a proyectos, lo que dificulta la estabilidad y la planificación a largo plazo.

El caso de FIBAO, que ahora llega a los tribunales, pone el foco sobre un debate más amplio: si la investigación biomédica que sostiene a la sanidad pública andaluza puede seguir apoyándose en un modelo laboral que, según los trabajadores, les sitúa en una posición de desigualdad frente a sus propios compañeros de hospital. Será el TSJA quien tenga la última palabra jurídica, pero la discusión sobre el modelo de investigación ya está sobre la mesa.