El Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha expresado su “profunda preocupación” por la “grave” situación económica que atraviesa la institución y que, según denuncian, se ha traducido en “el incumplimiento de las obligaciones retributivas con su personal”. Así lo recoge una carta remitida este miércoles a la rectora, Carmen Vargas, y firmada por parte del profesorado, coincidiendo con el inicio de una serie de movilizaciones en distintos campus.

El comité de empresa del PDI cifra en más de cinco millones de euros la deuda acumulada por el impago de complementos autonómicos y sexenios reconocidos a parte de la plantilla desde 2025, según datos esgrimidos en el último Consejo de Gobierno a preguntas del propio comité. “Esta cifra será considerablemente mayor si no se actualizan las nóminas mediante la incorporación de los complementos pendientes, pues cada mensualidad incrementa los atrasos acumulados y agrava el perjuicio económico del profesorado afectado”, advierte el escrito.

Cabe recordar que la Universidad de Sevilla aprobó un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades y restricciones a la contratación de profesorado. La institución ha recortado distintas partidas presupuestarias para destinar recursos al capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal, y afrontar así el pago de las nóminas. Aun así, fuentes universitarias aseguran que todavía faltarían al menos 13 millones de euros para llegar a final de año.

Desde el comité de empresa, su secretario Víctor Manuel Molina califica la situación de “inédita” porque, por primera vez, “la universidad ha dejado de pagar todos los tipos de complementos salariales que tiene el personal”. El secretario del comité de empresa explica que el peso de estos complementos en el sueldo varía según la categoría profesional y señala que los impagos afectan especialmente “al profesorado más precario”. Además, asegura que el equipo de gobierno les ha trasladado que no hay previsión de pago y que “incluso peligra el pago de la nómina de diciembre”.

Fuentes de la Universidad de Sevilla consultadas por este periódico aseguran que el Rectorado mantiene “una vía de diálogo abierta y constante” con los representantes del PDI y que comprende y respeta sus reivindicaciones laborales. El equipo de gobierno afirma que trabaja “con absoluta prioridad y responsabilidad” para garantizar la estabilidad laboral y retributiva de toda la plantilla, aunque no concreta un calendario para abonar las cantidades pendientes.

Piden al equipo de gobierno que renuncie a sus complementos

En la carta del PDI, dirigida también a la gerente y al vicerrector de Personal Docente e Investigador, el profesorado reclama un plan de pago con fechas concretas para abonar las cantidades pendientes. Además, piden a los miembros del equipo de gobierno que renuncien temporalmente a los complementos vinculados al desempeño de sus cargos para contribuir a saldar las cantidades adeudadas, en un “ejercicio de responsabilidad institucional y solidaridad”. Vargas asumió el cargo de rectora hace casi un año y amplió los vicerrectorados de nueve a 14, en un contexto marcado por la infrafinanciación denunciada por las universidades públicas.

Las concentraciones del PDI han comenzado una semana después de que CSIF presentara una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que investigue la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la US, encabezado por Miguel Ángel Castro, del que ya formaba parte la actual rectora. El sindicato criticó que ni Vargas ni la nueva gerente “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla” ni presentar a la representación de los trabajadores un calendario de pago de la deuda, que, según denunció, “se acrecienta a medida que pasan los meses”.

La situación se enmarca en las dificultades financieras que atraviesa el sistema universitario público andaluz. En julio, la Gerencia de la US informó de los resultados de la auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros. El déficit estructural del conjunto del sistema universitario público andaluz alcanzó entonces los 57 millones de euros.

Hacia la huelga general

El comité sitúa el inicio de los impagos en 2025, aunque señala que también hay cantidades pendientes desde 2024, y advierte de que la situación se ha agravado durante este año. La Universidad ha aprobado un plan de ajuste de unos 15 millones de euros, con recortes en distintas partidas presupuestarias para destinar esos recursos al pago de las nóminas. Aun así, según Molina, sigue sin estar garantizado el abono de la nómina de diciembre.

El problema, advierten, va más allá de los impagos salariales. El comité denuncia también la paralización de las promociones del profesorado, el incumplimiento del convenio colectivo y la falta de ayudas de protección social. Según explican, la suspensión de los complementos tiene un impacto mayor en las categorías más precarias, como el profesorado interino o ayudante, para quienes estas cantidades representan una parte especialmente sensible de sus ingresos. “Son recortes que afectan más al que más lo necesita”, resume el secretario.

“Las dificultades económicas de la Universidad no deberían traducirse en que una parte de su plantilla soporte de forma singular y prolongada sus consecuencias, mientras continúa desempeñando plenamente sus tareas docentes, investigadoras y de gestión”, denuncian desde el PDI. “A esta situación se añade la falta de información suficiente, clara y periódica sobre las causas del retraso, las cantidades pendientes y las previsiones de pago, lo que agrava la incertidumbre y dificulta la confianza en la respuesta institucional”, añaden en el escrito en el que exigen “transparencia” en las cuentas.

Las movilizaciones han comenzado de forma simultánea en cuatro campus y el comité prevé celebrar nuevas asambleas informativas en las próximas semanas. Estas acciones se enmarcan dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre. El comité de empresa del PDI advierte, además, de que no descartan convocar una huelga general en la Universidad de Sevilla si la situación no mejora antes de final de año.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha lanzado este martes un claro aviso a los países frugales, que abogan por un fuerte recorte del próximo presupuesto europeo, entre los que se encuentra Alemania o Países Bajos. En el Parlamento Europeo, Von der Leyen ha advertido “contra los grandes recortes”, ya que “se corre el riesgo de recortar de forma drástica prioridades fundamentales que todos hemos acordado conjuntamente”. De esta manera, la presidenta de la Comisión Europea se posiciona más cerca de países como España, Italia o Francia, que han pedido incrementar el presupuesto europeo para afrontar mayores gastos en Defensa o innovación sin reducir partidas para la agricultura y la cohesión.

Von der Leyen ha avisado de la crisis de precios que sufre Europa para pedir que se mantenga sin rebajas el nuevo presupuesto: “El desafío energético al que nos enfrentamos nos recuerda una vez más que el próximo presupuesto europeo a largo plazo debe estar a la altura de los numerosos retos que afronta Europa”.

En este sentido, también anunció que Bruselas va a poner en marcha “undiálogo estratégico sobre las refinerías europeas”, que estará dirigido por los comisarios de Energía, Dan Jørgensen, y Defensa, Andrius Kubilius, con “el objetivo es reducir los costes y garantizar que dispongamos de los suministros necesarios también para la defensa”, explicó Von der Leyen.

La Comisión pretende además recuperar las compras conjuntas de energía que puso en marcha tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces se gestionó un sistema para hacer compras mancomunadas de gas. Esta vez, la propuesta del ejecutivo comunitario pasa por un sistema que reúna la demanda y se encargue a un operador de mercado efectuar las compras conjuntas.

“Presupuesto del 1,26% de la Renta Nacional Bruta de la UE”

Frente a países como Alemania o Países Bajos que han asegurado que el incremento del Presupuesto “no es realista”, Von der Leyen ha apuntado que “que estamos hablando de un presupuesto equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea”.

“Soy consciente de que no es fácil conciliar todas las restricciones. También soy consciente de la difícil situación presupuestaria de los Estados miembros. Pero quisiera advertir contra los grandes recortes. Corremos el riesgo de recortar de forma drástica prioridades fundamentales que todos hemos acordado conjuntamente. Por eso hemos propuesto un paquete importante de nuevos recursos propios. Y sé que esta Cámara me apoyará en este punto”, ha resaltado la presidenta de la Comisión Europea.

“Si queremos preservar nuestras prioridades y mantener el nivel de ambición que tenemos para Europa, tenemos que hacer el trabajo difícil por el lado de los ingresos”, ha insistido. Entre las medidas que se están estudiando para incrementar los ingresos están un impuesto digital sobre las grandes tecnológicas, tasas sobre las plusvalías de los criptoactivos o un impuesto sobre las apuestas en internet, que algunos cálculos podrían suponer unos 25.000 millones adicionales para las arcas europeas.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha propuesto redefinir el calendario de devolución de la deuda de los fondos Next Gen de manera que se podría contar con 11.000 millones anuales adicionales o 70.000 millones para el conjunto del periodo presupuestario, entre 2028 y 2034, que se podrían dedicar a “inversiones estratégicas”. En su discurso, Von der Leyen no ha hecho mención a esta propuesta.

Hay una fuerte batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034. Como en el pasado, hay una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Mientras que hay un grupo de estados que han vuelto con la receta de la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia–, otros países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda ante los nuevos retos a los que se enfrenta la UE –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–.

Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

Frente a los países que apuestan por la austeridad, Von der Leyen ha recordado que el “presupuesto a largo plazo debe estar a la altura de los numerosos desafíos que afronta Europa. Tenemos que aumentar nuestras inversiones en defensa y seguridad, en competitividad, en inteligencia artificial, en infraestructuras energéticas, en materias primas, en investigación e innovación, en capacidades y formación, en ampliación, en asociaciones internacionales”.

Pero además, la presidenta de la Comisión Europea ha insistido en que se mantienen como “prioridades” del próximo Marco Financiero Plurianual “la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y la cohesión entre las regiones y los Estados miembros, que no están en cuestión”.

En la misma línea, la propuesta de la Comisión pretende incrementar “significativamente la financiación de prioridades que actualmente están infradotadas” mediante el “futuro Fondo de Competitividad”. En este sentido, ha asegurado que habrá “financiación adicional para otros ámbitos como las infraestructuras energéticas y la movilidad militar”.

“Nuestra propuesta también responde a la nueva realidad en la que vivimos e incrementa la financiación destinada a hacer frente a las crisis. Es el caso de la reserva agrícola, las catástrofes naturales y la financiación adicional para combatir la migración irregular. Este verano nos recordó hasta qué punto son fundamentales estos instrumentos y esta financiación”, ha subrayado Von der Leyen.

Además, la presidenta de la Comisión recuerda que se han propuesto “aumentar la financiación en ámbitos en los que el gasto a escala de la UE permite obtener mejores resultados y un mayor impacto que el gasto a nivel nacional. Pensemos, por ejemplo, en grandes proyectos como los del sector espacial. También es necesario para proyectos que sencillamente no serían posibles sin financiación europea, como las interconexiones energéticas u otros proyectos transfronterizos”.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha condenado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con casi 300.000 euros a la viuda y los hijos de José Manuel Brey, el hombre que falleció el 4 de agosto de 2018 en el PAC (Punto de Atención Continuada) de la localidad pontevedresa de A Estrada sin recibir atención médica porque no había ningún facultativo en el centro. El juez considera “innegable” que la tardanza privó al paciente “de la probabilidad o expectativa” de salvarse y culpa a las deficiencias del servicio. La familia lo consideró entonces “una consecuencia palpable” de los recortes en sanidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue emitida el pasado miércoles por la Plaza Número 1 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia y adelantada por La Voz de Galicia. En ella se recuerda cómo José Manuel, paciente de párkinson, llegó a las cinco y media de la tarde de aquel sábado al PAC acompañado de su mujer. Presentaba un cuadro de fiebre, dolor abdominal y dificultad para respirar. A las 19:13 comenzaron los vómitos que le taponaron las vías respiratorias. Media hora despues, a las 19:45 –dos horas y cuarto después de llegar a urgencias–, fallecía en la sala de espera, ahogado en su popio vómito, sin que en todo ese tiempo apareciese ningún médico para atenderlo.

Aquella tarde, el centro debería haber contado con dos facultativos. Uno se encontraba a algo más de 30 kilómetros de allí, en el PAC de Vilagarcía. Según relató, lo convocaron por teléfono para cubrir los dos refuerzos y aceptó el de Vilagarcía. Sin embargo, en el sistema del Sergas aparecía con las dos guardias asignadas. Al mismo tiempo.

El otro médico de guardia sí estaba en su puesto, pero tuvo que salir a atender una urgencia. Cuando lo hizo, avisó a la central del Sergas de que el servicio quedaba descubierto. El Servicio Galego de Saúde explicaría después que fue imposible encontrar sustituto. Se escudó en la falta general de médicos a lo que se sumaba que la demanda aparecía en un sábado de agosto. En ese tiempo en el que el PAC quedó vacío, fue cuando llegó José Manuel. Sin nadie para atenderlo, murió en las propias instalaciones.

La familia del fallecido inició entonces una batalla legal que pasó primero por la absolución de los médicos pese a que la sentencia, penal, reconocía que el desenlace podría haber sido diferente si lo hubiese atendido un facultativo. “Si el médico no tuvo la culpa, la tiene el Sergas”, aseguró entonces su hija. Es lo que ha entendido, ocho años después, el juez compostelano que, en vía administrativa, condena al Servizo Galego y su aseguradora a pagar 120.000 euros –60.000 para la viuda y 30.000 para cada uno de sus hijos–, una cantidad que, aplicados los intereses, se espera que ronde finalmente los 300.000 euros.

La “pérdida de oportunidad” es el eje de la sentencia, una figura jurídica que se aplica cuando la falta de celeridad, el error o la demora diagnóstica privan al paciente de la probabilidad de curación, supervivencia o mejoría que habría tenido si se hubiese actuado a tiempo. Aunque no puede asegurar al 100% que el paciente se hubiese salvado con una intervención inmediata, se reconoce como “innegable que la tardanza le privó de la probabilidad o expectativa estadística de lograrlo”. Para el juez, entre otras carencias, faltó una valoración médica inicial o embrionaria del paciente y lo hizo por deficiencias del servicio. No lo ve por tanto, causa directa de la muerte, pero sí causa de la pérdida de oportunidad de haberse salvado.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, una posibilidad que ahora estudian los servicios juridicos del Sergas.

Podemos ha denunciado la “estrategia” de la Consejería de Educación, dirigida por Sergio Silva (PP), de “castigar” a la escuela pública “por su osadía” al reivindicar mejoras salariales y de ratios mientras se “beneficia de forma sistemática” a la patronal de la educación concertada.

A juicio de la formación morada, los planes de la Consejería “no responden a criterios técnicos” sino a una “hoja de ruta ideológica perfectamente definida”.

Y es que, en su opinión, Silva utiliza los cupos de profesorado como una “venganza política” contra las reivindicaciones laborales.

La formación ha lamentado que la Consejería aborde la educación formal “como un negocio y un terreno de confrontación ideológica, en lugar de garantizar un derecho fundamental en igualdad de condiciones” y le ha exigido la “rectificación inmediata” de los cupos de profesorado, el “blindaje” de la escuela rural y el “fin de los privilegios” a la patronal de la concertada a costa del presupuesto de los cántabros.

Podemos ha advertido al Gobierno autonómico del PP que la comunidad educativa “no se va a quedar de brazos cruzados ante el desmantelamiento programado de la red pública ni ante el cierre de unidades escolares, especialmente sangrante en el medio rural”.

“Lo que Silva no termina de entender es que el profesorado, el personal educativo y las familias de Cantabria están firmemente comprometidos con la defensa de una escuela pública de calidad”, han señalado desde el partido morado.

La formación ha hecho especial hincapié en la “hipocresía” del Gobierno regional al “abanderar discursos contra la despoblación en Cantabria mientras, de forma paralela, se desmantelan los colegios de los pueblos”.

“Es una contradicción absoluta querer luchar contra el vaciado de nuestros municipios y, al mismo tiempo, privar de servicios básicos esenciales como la educación a la población que vivimos en el medio rural”, han indicado desde Podemos.

Y es que considera que el cierre de aulas rurales “desmiente el supuesto compromiso del Gobierno del PP contra la despoblación”.

Podemos ha advertido de que “sin escuelas rurales no hay futuro para los pueblos” y que la eliminación de aulas “empuja inevitablemente a las familias a abandonar el entorno rural”.

Unas 200 personas, según la Policía de Santander, se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Educación para protestar contra el cierre previsto de 72 aulas de Infantil y Primaria en Cantabria de cara al curso 2026-2027, debido a la caída de las escolarizaciones.

Bajo el lema 'La escuela pública no se recorta', y convocados por las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de seis centros afectados por la medida, han participado, entre otras, familias de Torrelavega (CEIP Manuel Liaño de Barreda), Colindres (CEIP Pedro del Hoyo), Ajo (CEIP Benedicto Ruiz) y Comillas (CEIP Jesús Cancio).

Los manifestantes han cantado proclamas como 'Si quieres recortar, el AMPA va a luchar'; 'AMPA unidas, aulas defendidas'; 'Lo público no se vende, se defiende'; o 'Silva, atiende, las aulas nos e venden'.

Además, han mostrado pancartas con distintos mensajes. Por ejemplo, 'Menos recortes. Más recursos'; 'No pedimos favores. Exigimos derechos'; 'Silva, atiende a la razón: menos recortes y más educación'; y 'Recortar en educación es recortar en futuro'.

El acto ha concluido con la lectura de un manifiesto, a cargo de la presidenta del AMPA del centro colindrés, María Jesús Beitia.

A preguntas de los periodistas, Beitia ha asegurado que las AMPA “no están de acuerdo” con el cierre previsto de 72 aulas en Cantabria y ha reclamado “dar una vuelta” a la situación porque “esto tiene que hacerse en otro marco, con tranquilidad”.

“No se puede venir en junio y decir: cerramos las aulas; y esperar que las familias lo acaten”, ha criticado la presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo.

Recogida de firmas

Además, durante la movilización se han recogido firmas -suman más de 2.000- contra el cierre de un aula de 3 años en el centro colindrés.

Sobre este cierre concreto, Beitia ha asegurado que en julio recibieron la comunicación de las familias que habían realizado la matrícula en periodo extraordinario. “Han sido rechazadas y a su vez la dirección nos comenta que se cierra una de las aulas”, ha dicho.

Desde su punto de vista, “es incomprensible que se rechacen matrículas y se argumente que es por un tema demográfico porque no hay alumnado”, ha dicho.

En cuanto a esta reivindicación, ha afirmado que se ha organizado todo “sobre la marcha”, sin la intervención de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAMPA Cantabria), que Beitia cree que ha tenido constancia de la convocatoria.

Sobre los adheridos a las movilizaciones, la representante de las familias del centro colindrés se ha puesto en contacto “con diversas AMPA que han dado una buena respuesta”, aunque la presencia de “un número tan reducido de AMPA afectadas -solo seis- es un golpe de realidad bastante duro”, ha lamentado.

La movilización de hoy se suma a su presencia el pasado martes en Puente San Miguel, adonde acudieron con motivo de la celebración del Día de las Instituciones: “El día anterior preparamos cuatro pancartas y ahí nos fuimos a gritar que no estamos de acuerdo con la decisión de la Consejería”, ha dicho Beitia.

Recibidos por la ministra antes que por el consejero Silva

Por otro lado, la presidenta del AMPA colindrés ha lamentado que les ha recibido antes la ministra de Educación, Milagros Tolón -concretamente este jueves, en su visita a Colindres- que el consejero ramo, Sergio Silva.

“Silva sigue sin dar señales de vida”, ha asegurado, algo que le parece “paradójico” después de tener la oportunidad de hablar con la ministra. “Hemos solicitado a la Consejería una reunión, una explicación, y estamos esperando”, ha afirmado.

Al AMPA le preocupa “mucho” los recortes en la pública, ha dicho Beitia, quien piensa que el cierre del aula de 3 años “coarta el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que consideran más adecuado”.

Además, a su juicio, esta decisión ha reducido “de forma artificial la demanda del centro” y ha servido como argumento “para justificar la supresión de una de las dos aulas de Primero de Infantil”. Y es que, considera que de haber admitido las solicitudes, se podrían haber mantenido ambas aulas.

“La eliminación de esta aula supondrá una pérdida de recursos para el centro y puede repercutir negativamente en la calidad educativa, al dificultar el mantenimiento de unas ratios adecuadas y limitar la capacidad del colegio para atender futuras incorporaciones de alumnado”, ha apostillado.

Por esta razón, ha pedido a la Consejería que revoque esta decisión, admita las solicitudes de las familias afectadas y mantenga las dos aulas, y ha reclamado que la planificación educativa responda “a la demanda real de las familias y garantice su libertad para elegir el centro educativo de sus hijos”.

CCOO en Correos ha denunciado que la empresa pública ha reducido en torno al 35% la contratación de verano en Cantabria respecto a la campaña estival de 2025, una decisión “especialmente grave” a juicio del sindicato por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas.

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido en carterías, oficinas o localidades donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra “muy por debajo” de las necesidades reales del servicio. Así, entre las localidades especialmente afectadas están Santander, Torrelavega, Laredo, Castro Urdiales y Maliaño, en las que el recorte en la contratación supera el 40%.

Según la delegada de CCOO en Correos, Patricia Herrero, la entidad postal “pretende prestar más servicios con menos personas”. “Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía”, ha lamentado.

CCOO ha considera que este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la comunidad y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años.

El sindicato ha criticado que la empresa utilice conceptos como eficiencia o productividad para justificar “una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio postal público”.

También ha censurado que estos recortes resultan “especialmente contradictorios” por cuanto la dirección de Correos continúa presentando públicamente a la empresa como un instrumento esencial para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos.

El sindicato ha apuntado que el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. “No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla”, ha afirmado la delegada sindical.

Para CCOO, no se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo, porque Correos “mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años”, ha denunciado.

Además, este verano presenta una situación “especialmente preocupante” según CCOO porque “nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían contado con tan poco apoyo de contratación adicional y nunca quienes aspiraban a acceder a una contratación temporal de verano habían encontrado tan pocas oportunidades laborales”.

El sindicato ha advertido que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.

Por todo ello, CCOO ha exigido a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en Cantabria.

“Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”, advirtió a principios de semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una entrevista que le hizo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en The Objective. Alentado por algunas encuestas, el principal partido de la oposición está convencido de que en cuanto Pedro Sánchez convoque las elecciones generales, el PP volverá a la Moncloa. Y la derecha ya trabaja en una contrarreforma legal que tiene previsto poner en marcha en cuanto recupere el poder. El plan pasa por derogar algunas de las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años de gobiernos progresistas, incluso las que incorporaron derechos sociales de la ciudadanía.

La estrategia es idéntica a la que materializó Mariano Rajoy nada más llegar al poder, en 2011. En solo un mes, ese Ejecutivo del PP trató de acabar con leyes que habían establecido nuevos derechos para poner fin a lo que en ese momento se llamó el 'zapaterismo', haciendo así alusión a que eran normas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de mantener su recurso contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional –que, no obstante, acabó avalando la norma– en esas primeras semanas los ministros de Rajoy plantearon recortes a la ley del aborto –que, sin embargo, terminó forzando la salida de Alberto Ruiz Gallardón del Ejecutivo sin la reforma prometida–, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después. Son solo tres ejemplos.

Ahora en el punto de mira de Feijóo están también leyes que han ampliado derechos o han provocado avances sociales, como la ley trans, las políticas de igualdad, la ley de Memoria Democrática, la de amnistía –avalada esta misma semana por la justicia europea–, y se plantea además recortes en prestaciones por desempleo, en materia de derechos de los trabajadores e incluso limitando el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.

Justo el primer sábado de julio, coincidiendo con la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, precisamente el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que solo unos días antes se había declarado “orgulloso” de ser “maricón y del PP” durante una intervención en el Congreso, anunció que si Feijóo gobierna recortará por Ley los derechos ahora reconocidos a las personas trans. Tras décadas de lucha, el colectivo logró que en la legislatura pasada se aprobara una ley que dejaba de considerar enfermos a los ciudadanos transexuales para poder así ver reconocida su identidad real a nivel oficial a través de la autodeterminación de género.

En una entrevista en El País, De los Santos aseguró que nada más llegar al Gobierno el PP volverá a considerar enfermas a las personas trans. “La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada”, dijo. Se refería a que con un Gobierno de los populares las personas trans deberán volver a demostrar que padecen “una disforia de género” e hizo afirmaciones sosteniendo que “las mujeres que transicionan a hombres” se hacen “una mastectomía doble” o hablando de la “castración” de “los hombres que transicionan a mujeres”, vinculando siempre la identidad de género a esas operaciones o a “tratamientos hormonales”.

El PP pretende así regresar a 2007 (con la normativa que estaba vigente hace 19 años) para volver a exigir a las personas trans “una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe, efectivamente, psicosocial” como condición para ser reconocida su identidad. Este retroceso en el colectivo LGTBIQ+ no tendría efectos retroactivos, pero sí supondría un duro golpe para las personas que siguen luchando para que sea reconocido su género.

La ley del feto y el derecho al aborto

Días después de que De los Santos hiciera esas declaraciones, Feijóo anunció otro golpe para los derechos reproductivos de las mujeres. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, anunció. Se trata de una propuesta que ya se ha transformado en ley en la Comunidad de Madrid y también en Galicia, pero que, según algunos juristas, puede afectar al derecho al aborto de las mujeres, ya que si el feto es considerado un ser humano desde su concepción –el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a decir que incluso antes de que la mujer se duchara después del coito– una interrupción voluntaria del embarazo implicaría, por tanto, acabar con un ser humano. Esta teoría choca con todo tipo de normas internacionales y científicas. El PP ha anunciado que no tiene intención de reformar la Ley del Aborto vigente.

También en cuanto a derechos sociales, Feijóo ha desvelado en los últimos días cuál será su contrarreforma si llega a la Moncloa. A principios de mes y ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados.

En cualquier caso, Feijóo anunció que una de las principales iniciativas que adoptará si llega al poder será reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. De hecho, el PP se enredó a hablar de “absentismo” obviando que las bajas médicas o las ausencias por enfermedad no tienen nada que ver con ese término que se refiere a prolongadas y sistemáticas ausencias del puesto de trabajo sin justificación. El líder del PP trataba de atender así a una histórica reivindicación empresarial que ya existió con Rajoy en 2012 y que recortaba las prestaciones de los trabajadores.

También habrá recortes en derechos sindicales si el PP vuelve a la Moncloa. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. Y, en pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC.

En cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular. A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio, aventurando así que muchas personas que ahora pueden recibir ayudas sociales y que llevan poco tiempo en España, con la derecha en el poder no podrán seguir percibiéndolas.

El recorte en derechos también afectará a las víctimas del franquismo. La semana pasada, en un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, Tellado trató de vincular las leyes de memoria con EH Bildu y vaticinó: “La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”. Esta supresión afectaría de lleno a los españoles represaliados por la dictadura, ya que la norma, en vigor desde 2022, creó un censo de víctimas y estableció el derecho a su reparación moral y económica. Sin la ley, el PP dejaría a esas víctimas sin ayudas.

Las víctimas del franquismo y la 'ley de nietos'

Pero uno de los focos en los que más ha centrado el PP su justificación para suprimir esa norma es lo que se ha denominado 'ley de nietos'. Aunque esta lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La amnistía, una derogación “simbólica”

Otra de las leyes con la que pretende terminar Feijóo si alguna vez llega a la Moncloa es la de amnistía, que precisamente ha sido avalada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE, algo que el líder del PP –partido que llevó la norma a Bruselas– dijo que no ocurriría. En este caso los populares reconocen que esa derogación “no tendría efectos” prácticos, tal y como explicó Tellado en su conversación con Esperanza Aguirre. Sería algo “simbólico”, según dijo.

Nada que ver, por tanto, con los recortes de derechos que sí implicarían los puntos de la contrarreforma antes mencionados y que Génova 13 está segura de poder llevar a cabo para “acabar con el sanchismo” al dar por hecho que el líder socialista no repetirá mandato y que los españoles situarán a Feijóo en la Moncloa en 2027.

El PP quiere acabar con “el cáncer” del “absentismo laboral”, como lo tildó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, este martes en un acto organizado por empresarios vascos. Un mensaje calcado a los que lanza la patronal, que señala a los trabajadores que reciben una baja médica o hacen uso de los permisos legalmente establecidos. En su intervención, Feijóo apuntó que, si llega al Gobierno, tomará “una decisión” para atajarlo, y planteó tanto reducciones de sueldo como de “prestaciones”. “Con o sin acuerdo” con los sindicatos.

El comentario de Feijóo desató una tormenta de críticas desde el Gobierno, partidos políticos y sindicatos. El PP intentó este miércoles aparentar que modulaba su discurso por boca del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo que hizo fue ratificar las líneas centrales de lo dicho por su jefe de filas.

En una gira televisiva por la mañana, Bravo apuntó a que el fraude está detrás del incremento del coste que el “absentismo” tiene para las arcas públicas y de las empresas. En concreto, el dirigente dijo que España ha pasado de gastar 14.000 millones en 2018 a unos 33.000 millones en 2025. Y planteó que el objetivo de Feijóo es recuperar los niveles de 2018.

“Feijóo hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas”, apuntó Bravo en La Sexta. “Lo que él decía es que en este caso [fraude en las bajas] no parece adecuado que cobren el 100%” del salario, añadió. Bravo aseguró que su jefe no se refería a “cuando una persona esté de baja por enfermedad”.

Según Bravo, “los datos” indican “que hay fraude”. Fue ahí cuando dio la mencionada cifra de 14.000 millones: explicó que Feijóo quiere “trabajar sobre ello para reducirlo y para que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”. Con este marco, el PP está situando bajo la sospecha de abuso más de la mitad del gasto actual, algo que no hacen ni las patronales más beligerantes en este tema.

Reconocen que no tienen datos del porcentaje de fraude

Desde la dirección del PP reconocen a elDiario.es que no tienen datos concretos sobre el porcentaje de fraude que hay dentro del “absentismo laboral”, un concepto con el que el PP y patronales denominan a las bajas médicas, pero también en ocasiones otras ausencias, como aquellas por permisos retribuidos. Pero apuntan a que “no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones” el coste que acarrea.

“Hay que bajarlo al máximo”, añaden las mismas fuentes. “Eso significa recuperar antes y mejor al que tiene una patología, luchar contra el fraude y mejorar las condiciones de todos los trabajadores”, concluyen.

La magnitud del recorte del gasto del PP es mayúscula. El partido quiere recuperar el nivel de gasto de 2018, con la realidad de 2026, algo que es incompatible sin aplicar recortes por muchos motivos. Por un lado, porque los salarios de los trabajadores son ahora mucho más altos que en 2018, además de haber también más empleo, por lo que el coste de las bajas se elevaría por defecto aunque hubiera el mismo porcentaje de bajas. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha cifrado este miércoles que la buena situación económica, con más empleo y mayores salarios, explica por sí sola “un 40%” del aumento del gasto en incapacidad temporal.

Por otro lado, además, hay un aumento notable de bajas por enfermedad por motivos justificados muy claros, como el envejecimiento de la población trabajadora y el enorme deterioro de la salud mental tras la pandemia. Cuerpo ha estimado que otro 30% del incremento del gasto se debe a una mayor duración de estos procesos de bajas laborales (algo que sucede especialmente entre la gente mayor y en procesos de salud mental) y el “30% restante” debido a “una mayor incidencia” de las bajas. Cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En las comunidades donde gobierna el PP, hay algunas muestras de cómo están gestionando este tema. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, ha ofrecido a los médicos cobrar un plus si acortan las bajas de sus pacientes. En Catalunya, donde gobierna el PSC, el Govern rectificó hace unos meses y retiró los incentivos a los ambulatorios para acortar bajas laborales.

Esta mañana Bravo reiteró también otra de las advertencias que lanzó Feijóo y que más estupor provocaron: que esa futura reforma se acometerá “con o sin acuerdo” social. Con o sin los sindicatos. “Porque el Gobierno lo que está diciendo es que como no hay acuerdo, no toma las medidas”, zanjó. La patronal ha recibido el planteamiento del PP con alborozo: “Nos alegra que haya políticos responsables”. Hace unas semanas, varias patronales emplazaban al “futuro gobierno” a tomar medidas como recuperar el despido por absentismo y permitir que las mutuas –gestionadas por organizaciones empresariales– den de alta a los trabajadores por enfermedad común (algo ahora reservado a la sanidad pública).

Ruido de recortes en otras propuestas del PP

No es la primera vez que el líder del Partido Popular asume de pleno una reivindicación de la patronal. Es el sello de su propuesta económica desde que llegó a Madrid, en 2022.

Aunque no ha sido nunca tan expreso como en esta ocasión con las bajas médicas, el PP ya ha hecho sonar las alarmas de los sindicatos por propuestas concretas que denotan posibles recortes laborales si vuelve a gobernar. Por ejemplo, con el lema “250 son los nuevos 50”, de su ideario político a propósito de su 21º Congreso Nacional, el PP defendió “eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial”.

Esas “trabas” y “umbrales” se refieren al límite a partir del cual se crean a día de hoy miles de comités que representan a los trabajadores en sus empresas, defienden sus intereses y negocian sus condiciones laborales. CCOO y UGT, así como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han alertado de que elevar este límite a los 250 trabajadores supone vaciar de poder a la parte trabajadora en la mayor parte de empresas del país, que son de menor tamaño.

Las pensiones son otro de los ejes sociales con los que el PP juega a la ambigüedad. Aunque públicamente asegura que defiende este pilar público, a renglón seguido suele insistir en su insostenibilidad y en criticar que las reformas aprobadas por el Gobierno de coalición son “insuficientes”. También dice compartir que las pensiones suban con el IPC, pero en el pasado ha votado varias veces en contra de la medida y el partido llegó a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso para intentar tumbar la reforma de Escrivá que recuperó el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los sindicatos y colectivos de pensionistas tienen memoria y conservan el recuerdo del Gobierno de PP de Mariano Rajoy, que aprobó la reforma de 2013, con amplios recortes presentes (en la subida anual de la pensión) y futuros (a través del factor de sostenibilidad, que no se llegó a aplicar nunca).

Lo mismo sucede con las bajas médicas. Que el PP hable ahora de recortar lo que perciben los trabajadores de baja no extraña si se tiene en cuenta que fue una medida que aplicó el propio partido en el Gobierno a los trabajadores públicos en la pasada crisis. Rajoy también facilitó el llamado “despido por absentismo” en su reforma laboral de 2012, para trabajadores que sumaran más bajas médicas, la primera medida que desmontó Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

El ingreso mínimo vital

El PP también ha puesto en su mirilla uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición: el ingreso mínimo vital. “Se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras de Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

El mensaje de Feijóo busca atacar, a la vez, esta prestación, surgida durante la pandemia, y a las personas migrantes. “Cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, ha dicho. Una afirmación falsa.

En la ponencia política que aprobó el PP en su congreso de hace un año se proponía “eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”, una forma de referirse al IMV sin mencionarlo expresamente. Una situación en la que Feijóo ha dicho que hay “muchos, muchos miles” de personas. El problema es que para cobrar el IMV hay que tener una residencia legal y efectiva de más de un año en España.

La “prioridad nacional” amenaza las ayudas sociales

Pero quizá el mayor riesgo para el sistema asistencial en España sea la “prioridad nacional” que el PP ha pactado con Vox ya en cuatro comunidades autónomas, y que se extenderá a los lugares donde la derecha y la ultraderecha tengan que entenderse para gobernar.

En los pactos firmados por los barones del PP, con el sello de aprobación del equipo más cercano a Feijóo, se asegura: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Aunque todavía este principio no está desarrollado legalmente en detalle, los documentos suscritos por María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Manuel Moreno hablan de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Pero va más allá y establece una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”, lo que puede significar la exclusión no solo de migrantes en situación irregular, sino de españoles ajenos al sistema, en situación precaria o que han trabajado mayoritariamente en la economía sumergida.

El acuerdo deja entrever, incluso, que PP y Vox podrían recuperar uno de los principales recortes que impuso Mariano Rajoy en 2012: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes. El pacto avalado por Feijóo apunta a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

El Gobierno alemán eliminará la posibilidad de que los trabajadores del país tramiten la baja laboral por teléfono cuando están enfermos. “Es una desventaja competitiva”, ha esgrimido el canciller, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en que ha anunciado este recorte en medio de una amplia gama de medidas en materia tributaria, laboral y de vivienda pactadas por las dos patas del Gobierno, los democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD.

Merz ha dicho que Alemania no puede aceptar “las cifras extraordinariamente altas de bajas por enfermedad” en las empresas, y que la decisión, aunque “dura” es necesaria porque el país no se puede “permitir la desventaja competitiva” que a su entender supone esta circunstancia. Cuando el nuevo sistema entre en vigor, los trabajadores tendrán que presentar un certificado médico “desde el primer día”.

Las bajas teléfonicas empezaron a concederse en Alemania durante la epidemia de COVID y se hicieron permanentes en 2023. Un estudio del Instituto Iges —vinculado a un holding de empresas farmacéuticas— citado por The Guardian, señalaba en 2025 que en Alemania se pierde el 6,8% del tiempo de trabajo semanal por enfermedad, una cifra parecida a la de Bélgica (6,7%) o Suecia (6,6%), pero más de un punto por debajo de las de Francia, España —donde no existen las bajas teléfonicas automáticas—, Portugal, Eslovenia, Finlandia o Noruega.

Recortes en pensiones y ayudas fiscales

Otra de las medidas anunciadas en la convocatoria con el mismo espíritu de desconfianza en la población es la introducción de un nuevo sistema para que las distintas administraciones compartan información y eviten que se abusa de las ayudas sociales.

La coalición también ha acordado medidas para reformar el mercado laboral, entre las que se encuentran que los contratos temporales sin necesidad de justificación específica puedan tener una duración de hasta cuatro años, aunque de momento solo será de aplicación hasta finales de 2030. En materia de pensiones, se introduce un componente privado en el sistema y se apunta a un incremento paulatino de la edad de jubilación.

Al mismo tiempo, se anuncian rebajas fiscales con un aumento del mínimo exento en el impuesto de la renta y deducciones por hijos, así como la creación de una empresa pública de construcción de viviendas asequibles y la prohibición por ley de la expropiación de parques privados de viviendas en alquiler a nivel regional, entre otras medidas.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte aumento del gasto militar —del 28%, según el proyecto del Ejecutivo— y de rebaja del presupuesto sanitario.

“Hija de la crisis” de 2001 en Argentina, Natalia Zaracho (Buenos Aires, 1989) comenzó a trabajar con 12 años al quedarse en paro sus padres y separarse. Hija de una trabajadora doméstica y un trabajador de la industria, Zaracho creció en Villa Fiorito, a las afueras de la capital argentina, y conocida mundialmente por ser cuna de estrellas del fútbol como Diego Armando Maradona o Héctor Yazalde. La necesidad empujó a su familia a buscar en la basura para comer y después a hacer acopio de materiales reciclables para venderlos.

De cartonera a diputada es el título del libro que acaba de publicar en España con la editorial La independiente (coordinado por Cecilia Flachsland, Violeta Rosemberg y Nahuel Marchesin) y en el que recorre el camino de una joven de los barrios populares desde la precariedad y la informalidad del trabajo de cartonera al asociacionismo y el sindicalismo. Y de ahí al Congreso Nacional de Argentina de la mano del partido Patria Grande, la fuerza liderada por Juan Grabois, quien prologa el libro junto a la exlegisladora de Buenos Aires Ofelia Fernández.

Zaracho, que acudió a la presentación de su biografía en la Feria del Libro de Madrid con su remera de trabajadora, admite que le costó mucho reconocerse como trabajadora. Ya organizadas, las cartoneras conquistaron un sueldo, vacaciones, obra social, un local para hacer acopio de materiales... “Antes lo llevábamos a casa hasta que juntábamos una cantidad y lo vendíamos. Pudimos conseguir un lugar donde acopiar y sacar la basura de las casas, pero fue un proceso de años”.

Hoy las cartoneras argentinas poseen la cooperativa más grande de Latinoamérica y han logrado la aprobación de Argentina Recicla, una política de “fortalecimiento” de sus derechos laborales. Y ahora, su única representante en el Congreso está promoviendo la ley de envases, para tratar su coste ambiental y social. La diputada recuerda que fue uno de sus primeros proyectos en el Parlamento argentino y que “los lobbies de las grandes empresas como Coca Cola lo trabaron porque no quieren pagar”.

¿Por qué empieza a militar en Patria Grande?

Me sumo a Patria Grande porque llevaba nuestra agenda, la de “tierra, techo y trabajo”, y sentíamos que nos hablaba a nosotros. Soy parte del espacio de Juan Grabois, para quien una de sus prioridades era dar la discusión de la representación. Que los de abajo tengan voz. Cuando empecé a militar, estaba descontenta con la política. Imagínate vivir en un barrio que se inundaba cuando caían dos gotas y salir a trabajar a los 12 años de una forma muy informal.

En 2003, cuando asume Néstor [Kirchner], después con el gobierno de Cristina (2007-2015), el barrio se urbanizó, el riachuelo se entubó, hubo políticas públicas que empezaban a transformar la vida a la gente. La Asignación Universal por hijo, las jubilaciones de amas de casa... Así todo, creo que faltó la discusión del mundo del trabajo, de hablarle a los trabajadores informales.

Se estaba dando un momento de avance y estábamos quedando afuera. Juan Grabois tuvo mucho que ver. Así que me sumo a Patria Grande y me proponen ser candidata en 2019 y asumo en 2021 como diputada. En un momento de retroceso con Milei, es importante hablar de la representación, porque la vuelta de un gobierno neoliberal tiene que ver con no hablar de las cosas que faltaban, de lo que había que mejorar como la salud, la educación y que la dirigencia sea más parecida al pueblo.

¿Es difícil que esa pluralidad llegue a las instituciones?

Sí, porque están preparadas para determinadas clases sociales. Pero creo que hay una experiencia con dirigentes como Juan que lo ponen como una prioridad. Fui parte de ese proceso y no fue nada fácil. No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario. Tiene que ver con la antipolítica. La gente se da cuenta de que los políticos no los representan, que viven en un mundo muy alejado de la realidad. Y eso genera un descreimiento de la política.

No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario

Tenemos una compañera que estuvo al frente de políticas para urbanizar barrios populares, que tengan agua, luz, cloacas, plazas... Y se hizo porque había una villera pensando cómo hacerlo. Alguien que no vive en un barrio no va a entender las urgencias. Necesitamos más representación de los trabajadores informales, que somos la mayoría, de los docentes, de los médicos... Y estoy convencida de que si eso pasara, el Gobierno de Milei no podría avanzar tan fácilmente en el Congreso. Y tiene que ver también con un poder que no se ve, pero que gobierna también. Y que tensiona.

El poder económico...

El poder económico. Pasa en casi todos los países. Funciona con EEUU, condiciona con la deuda con el FMI... Y después estos países pierden la soberanía y la independencia económica. Terminan haciendo que repriman a los jubilados y que se recorte a la gente con discapacidad, a las universidades, a los hospitales... Eso es un modelo que ya hemos vivido. Y Milei nos quiere hacer creer que es algo nuevo. No, ya lo vivimos en los noventa, lo vivimos ahora y sabemos las consecuencias. Por eso el desafío es no solamente tener una estrategia electoral, sino una estrategia de gobierno para no fracasar como pasó con el Gobierno de Alberto [Fernández].

¿Cómo se lleva lo de ser oposición a una de las principales figuras de la internacional reaccionaria?

Confrontamos en todas las áreas. En Argentina tenemos que confrontar con los medios que responden a estos intereses. Hay que pensar una reforma judicial. Tenemos a la principal dirigente del campo nacional y popular presa —estos días se cumplió un año—, pero hace cuatro la quisieron matar. Y tiene que ver con un disciplinamiento para la dirigencia política que se opone. Necesitamos dirigentes con coraje, que sepan que no va a ser gratis, que te van a perseguir mediática y judicialmente, como a Cristina. La ultraderecha no ganó en todos lados. Es una disputa abierta. Hay países que resisten y el año que viene nos toca a nosotros —hay elecciones en Argentina y en España— ser motores fundamentales para volver a tener gobiernos populares. Ese es el desafío.

¿Qué debería incluir la reforma judicial?

Lo principal es que la gente los tiene que votar. En Argentina son cargos que se eligen políticamente y eso condiciona. Ahora está habiendo casos de corrupción en el Gobierno. Si eso pasase con un dirigente del peronismo te puedo asegurar que ya estaría preso. Y no pasa. ¿Por qué? Porque es un partido político. Si quiere jugar electoralmente, que se presente a elecciones, y estoy convencida de que necesitamos una reforma judicial para que la sociedad los vote, los vea y los conozca. Gozan de impunidad y a veces tienen más poder que los que gobiernan.

¿Qué ha sabido hacer bien Javier Milei para ganarse el voto en los barrios populares de Argentina?

Capitalizar el enojo que había de una parte de la sociedad que la estaba pasando mal. Este personaje viene gritando con una motosierra y captó un poco eso: a los pibes que el peronismo les quedó lejos. Por eso el desafío es ganar, pero gobernar bien también. Y pensar y escuchar a la gente. En campaña no ir a decir la propuesta, sino escuchar qué quiere la gente y desde ahí construir la alternativa. Milei captó eso y lo subestimamos mucho. No creíamos que un personaje como ese podía gobernar la Argentina.

Que gobierne la ultraderecha cuatro años deja consecuencias muy zarpadas. Y traigo esa preocupación porque escuchaba a sectores acá diciendo: “Tenemos que elegir lo menos malo”. Sería una falta de respeto venir a decir lo que tienen que hacer, pero sí les digo que no es lo mismo. Las políticas que está llevando adelante Milei, van a tener consecuencias muy difíciles de revertir. Estoy segura de que Milei va a perder el año que viene. Nos va a costar mucho reconstruir los sectores populares, pero la clase media está muy afectada. Hay un problema muy grande de vivienda, de alquileres, de sueldo, que está pisado y no coincide con lo que valen las cosas. Consecuencias de las que nos va a costar mucho salir. Por eso tenemos la responsabilidad de construir una alternativa superadora.

¿Tiene que hacer autocrítica la izquierda?

Yo creo que sí. En Argentina tenemos el peronismo, que no lo hay en otros países, que gobierna y es el único que puede hacer frente a estos gobiernos de ultraderecha. Por eso Cristina Fernández está presa. El peronismo transforma la vida de la gente, llega a los barrios, está siempre ahí. Y por eso creo que vamos a volver a gobernar. Pero sí, claramente hay que hacer críticas y hay que tener capacidad de sentarnos con otros sectores y pensar una estrategia de gobierno. Que el Estado llegue con capacidad de planificar y a tiempo, que no llegue tarde. Que la gente reconozca que los escuchamos, que podemos hacer algo. No solamente decir “Milei es malo” y ya está. Eso no alcanza. Tenemos que pensar cómo hacer para gobernar. Y gobernar bien.

En Argentina fue un fracaso decir "vamos todos juntos" sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera

¿Qué lecciones cree que pueden extraer los partidos de izquierda españoles del peronismo y de esa unidad política?

No lo tengo claro. En Argentina fue un fracaso decir “vamos todos juntos” sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera. Nosotros proponemos diez puntos de gobierno para que por lo menos tengamos un programa de consenso. Y no que nos estemos matando después en la primera discusión. Ahora, si solamente es una estrategia electoral, va a fracasar. Y lo decimos nosotros, que ya nos pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Tu estrategia electoral no solamente puede decir “no, lo que propone está mal”.

¿Cómo ve la relación actual de Argentina con EEUU?

Lo veo muy mal. Vamos a esperar a noviembre. Ojalá pierda el presidente Trump [en las elecciones legislativas de mitad de mandato]. Creo que hoy lo está sosteniendo a Milei. Lo vimos en las elecciones en Argentina, en que lo sostuvo mandándole plata otra vez del FMI y pudo ganar. Porque jugaba con la estabilidad de un montón de familias que decían “mañana se va a ir todo a la mierda si pierde Milei”. Y fue una presión muy fuerte. Creo que si pierde cambia la etapa para un montón de países que están condicionados. Pero después depende mucho de nosotros también.

Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas!

¿Son los argentinos más pobres desde que Milei gobierna?

Sí. Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas! O tomar leche... Es una etapa muy difícil. Todo políticas de retroceso con un costo en la vida de la gente.

Y lo vemos en los números: cómo cae el consumo de la carne, el consumo general... y las familias están endeudadas. La gente se endeuda para comer, no para comprarse una casa, un auto o irse de vacaciones. Se endeuda para comprar en el supermercado o con aplicaciones de billeteras virtuales.

¿Se ha convertido tan rápido el Gobierno de Milei en la nueva casta de Argentina?

No se convirtió tan rápido, llegó siendo la casta. Porque con el acuerdo con Patricia Bullrich ya la tenía toda adentro. Los Caputo vienen de la casta, Sturzenegger viene de la casta. Son los mismos personajes clave en los peores gobiernos de la Argentina. Mirá, cuando a mí me tocaba ir a cartonear, Bullrich era ministra de Trabajo. No había nada nuevo. Un gobierno de casta que venía a decir que era lo nuevo y que el Estado no servía para nada.

Ahora el Estado sirve para generar leyes de blanqueo. “Inocencia fiscal” le pusieron. Se creen que cambiándole el nombre la gente no se va a dar cuenta de que es blanquear la plata de la corrupción, del narcotráfico. Cuando tuvimos sesión se lo dije, porque la avanzada de la droga en los barrios tiene que ver con este gobierno que libera la frontera, cómplice de los narcos. Esa plata que se blanquea no es de los colchones de los jubilados, es de la droga y la corrupción que hoy “no existe”. Están los pendrives de Adorni y la moneda cripto de Milei y de su hermana. Estoy convencida que van a ir presos porque la justicia en Argentina un día va para un lado y otro para otro. Y ya le va a llegar el momento.

¿Quiénes están siendo los más perjudicados por los recortes del gobierno?

Para mí los más perjudicados somos los que venimos de los sectores populares. Pero creo que los más perjudicados son los niños. Pibes que no pueden comer bien. No se van a desarrollar bien los que no tienen posibilidad de poder estudiar porque cuando los padres tienen que estar todo el día fuera de sus casas para trabajar, esos pibes los queda cuidando la comunidad, los vecinos.

Queda la comunidad...

Queda la comunidad y esa comunidad cada vez se está desintegrando más. Empieza a haber otro actor que son los que manejan el narcotráfico, que te organizan un día del niño o te terminan ayudando o son los mismos prestamistas que vos terminás siendo cómplice de un delito sin quererlo hacer, pero por una necesidad. Eso está pasando en Argentina y por eso nosotros estamos diciendo que va a costar mucho recuperar.

¿Sirven las movilizaciones contra gobiernos como el de Milei?

Sí, estoy convencida. Porque en Argentina tenemos una historia fuerte de organización, de lucha en las calles, de marchas potentes que claramente traban a este gobierno, que sabe que cuando el pueblo está organizado, se detienen. Sino sería mucho peor la avanzada. Como la última marcha universitaria. Si el pueblo está organizado, también es una fuerza para los dirigentes, para poder avanzar con políticas en beneficio del pueblo.

Ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien en Argentina, en España o en otro lugar de Latinoamérica que lo esté pasando mal y que necesite dos o tres empleos y aun así puede que no llegue a fin de mes?

En Argentina vivimos etapas muy difíciles y peores que esta. De hecho, recientemente tuvimos la triste noticia que se fue una gran luchadora de Argentina como Taty Almeida. Tuvimos historias que nos demuestran que luchar sirve, que no hay que bajar los brazos, que hay que resistir, pero que hay que pelear con mucho coraje. Así que vamos a salir adelante. Vamos a volver a tener un gobierno que nos represente, que transforme la vida para que el pueblo sea feliz. Pero tenemos que ser parte. El mensaje que daría es que tenemos que comprometernos, que alejarnos y decir: “¿Son todos iguales?” Eso nos quieren hacer creer, pero solo beneficia a los que siempre estuvieron y que hacen mala política. Tenemos que participar en el lugar que sea. Que nos sintamos parte, cómodos, pero que participemos. Que estemos al lado de los que sufren, pero que no perdamos nunca la esperanza.

Las novedades que ha introducido la Conselleria de Sanidad en el plan de verano están generando dudas y malestar entre el personal diferentes hospitales. Si recientemente tanto UGT como CCOO denunciaron recortes para afrontar las sustituciones por las vacaciones estivales en los hospitales Arnau de Vilanova y La Fe de València, este último sindicato criticó este miércoles lo propio en el Doctor Peset, mientras Satse alertó del cierre de los quirófanos en el de Malva-rosa. Sin embargo, Sanidad insiste es que todas las medidas están encaminadas a mejorar la atención asistencial y que el plan de verano cuenta con un importe global de 85,2 millones frente a los 82 del año pasado.

En concreto, el Sindicato de Enfermería, Satse, denunció que el cierre de los del bloque quirúrgico del Hospital de la Malvarrosa durante los meses de julio y agosto, aumentará las listas de espera y paralizará el plan de choque: “Por citar algunos ejemplos, ahora mismo la lista de espera para las operaciones de estenosis de uretra es de 500 días y para las vasectomías de 2 años como mínimo”, advirtieron.

El bloque quirúrgico comprende los seis quirófanos, la unidad cirugía mayor ambulatoria (Ucma) y la Sala de despertar (Urpa), y en este bloque se realizan las siguientes operaciones de cirugía: ortopédica, general, urológica, oftalmológica, plástica, civascular, otorrinolaringología, maxilo facial y neurocirugía.

Aunque desde el sindicato apuntaron a que se trata de una estrategia para reubicar a los trabajadores dentro de la agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) Valencia-Este, que comprende los departamentos de salud de Clínico-Malvarrosa, Sagunto y Gandía, “ahorrándose”, de esta manera, la contratación de personal sustituto para cubrir las vacaciones, desde la Conselleria negaron este extremo.

Según Satse, la dirección del Hospital de la Malvarrosa ha solicitado personal “voluntario” para esta movilidad, ofreciendo a los voluntarios poder elegir centro sanitario y servicio. De momento, “la dirección no ha informado de en qué centros sanitarios y en qué turnos serán ubicados los trabajadores, a pesar de encontrarnos ya en el mes de junio”, han indicado las mismas fuentes.

Todo esto ha creado un enorme malestar entre la plantilla del hospital, planteándose incluso muchos trabajadores la posibilidad de pedir permisos sin sueldo ante la incertidumbre de tener que incorporarse a un servicio que desconocen, renunciando incluso al dinero que necesitan ante esta situación que Satse califica de “claramente abusiva”.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado a preguntas de elDiario.es que “no es cierto que se vaya a reubicar a profesionales dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI)” puesto que “para la elaboración del plan de vacaciones se han respetado las solicitudes del personal y se ha previsto la contratación de profesionales, como todos los años”.

En este sentido, han aclarado que “la movilidad que se contempla afecta únicamente, y siempre de forma voluntaria, a profesionales del bloque quirúrgico dentro del propio Departamento de Salud Clínico-Malva-rosa durante el mes de agosto, en función de la actividad asistencial programada; no está prevista la movilidad de profesionales a otros departamentos de salud de la ASI” y han asegurado que “la actividad quirúrgica programada se concentrará en el Hospital Clínico”.

Desde Sanidad han explicado que “históricamente se mantenían tres quirófanos operativos en el Hospital de la Malva-rosa durante el mes de agosto, pero en muchas ocasiones existían dificultades para completar los equipos quirúrgicos necesarios para desarrollar la actividad, por lo que la experiencia ha aconsejado adoptar una planificación diferente que garantice la calidad asistencial”.

En concreto, “para garantizar las intervenciones de prioridad 1 —no solo en el bloque quirúrgico, sino también en áreas críticas que requieren efectivos de anestesia, como la endoscopia avanzada o la electrofisiología compleja—, se ha procedido a centralizar la actividad quirúrgica del Hospital de la Malva-rosa en el Hospital Clínico durante el mes de agosto, medida permite no solo garantizar las intervenciones prioritarias, sino también incrementar la capacidad quirúrgica”.

Lejos de reducir la capacidad asistencial, “esta reorganización permite garantizar la actividad prioritaria e incluso aumentar la capacidad quirúrgica durante el periodo estival, manteniendo la atención a los pacientes que requieren intervenciones de mayor complejidad o urgencia”, han insistido desde el departamento que dirige Marciano Gómez.

Además, han añadido que “se aprovechará este periodo para realizar el mantenimiento preceptivo del área quirúrgica de la Malva-rosa (cambio de filtros, etc.), una actuación que resulta especialmente compleja de acometer durante la actividad asistencial ordinaria”.

CCOO denuncia recortes en el Peset

En cuanto al hospital Doctor Peset, CCOO ha denunciado un recorte de 229.884 euros en el Plan de Verano, lo que impedirá “cubrir al personal y dar la atención a la población con las máximas garantías”.

Este año, según el sindicato, el presupuesto definitivo asignado para sustituciones es de 3 millones de euros y en 2025 fue de 3,2 millones euros: “No se ha tenido en cuenta la cobertura adecuada del personal ni la subida salarial de este año. De hecho si sumamos el presupuesto de 2025 más el incremento de salario acordado y restamos el presupuesto de 2026, obtenemos un recorte de 229.884 euros para este verano. El presupuesto totalmente insuficiente y no va a garantizar la cobertura efectiva del personal ni la prestación de una asistencia sanitaria de calidad”.

Por su parte, fuentes de Sanidad han asegurado que “la reagrupación de camas que se producirá durante los meses de verano en el Hospital Universitario Doctor Peset afecta en su punto más alto a 90 camas de hospitalización (un 18% menos que en 2025) y solo durante el mes de agosto; el resto de verano oscilará entre 34 y 58 camas” al tiempo que han explicado que “esta reagrupación obedece a la necesidad de realizar labores de mantenimiento y obras de acondicionamiento en diferentes salas de hospitalización y al necesario disfrute de vacaciones por parte del personal”.

Además, han desmentido que se vayan a cerrar camas de pediatría y han asegurado que todas ellas se trasladarán a otra sala de hospitalización mientras se realizan obras en la ubicación actual (reforma completa de baños de las habitaciones, unidad pedagógica y neonatos).

Por lo que respecta a la UCI, “la totalidad de las camas estarán disponibles” y se bloqueará “el 50% para realizar un mantenimiento de los conductos de ventilación pero podrán utilizarse en caso de ser necesario de forma inmediata”. En cuanto al presupuesto asignado, “responde a su adecuación al realmente ejecutado el año anterior sumando el porcentaje relativo a la subida salarial”.

Les novetats que ha introduït la Conselleria de Sanitat en el pla d'estiu estan generant dubtes i malestar entre el personal de diferents hospitals. Si recentment tant UGT com CCOO van denunciar retallades per a afrontar les substitucions per les vacances d'estiu als hospitals Arnau de Vilanova i La Fe de València, aquest darrer sindicat va criticar aquest dimecres la mateixa situació a l'Hospital Doctor Peset, mentre que Satse va alertar del tancament dels quiròfans a l'Hospital de la Malva-rosa. No obstant això, Sanitat insisteix que totes les mesures estan encaminades a millorar l'atenció assistencial i que el pla d'estiu compta amb una dotació global de 85,2 milions d'euros, enfront dels 82 milions de l'any passat.

En concret, el Sindicat d'Infermeria, Satse, va denunciar que el tancament dels quiròfans del bloc quirúrgic de l'Hospital de la Malva-rosa durant els mesos de juliol i agost augmentarà les llistes d'espera i paralitzarà el pla de xoc: “Per citar alguns exemples, ara mateix la llista d'espera per a les operacions d'estenosi d'uretra és de 500 dies i per a les vasectomies és d'almenys dos anys”, van advertir.

El bloc quirúrgic comprén els sis quiròfans, la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (UCMA) i la Sala de Despertar (URPA), i acull intervencions de cirurgia ortopèdica, general, urològica, oftalmològica, plàstica, vascular, otorrinolaringològica, maxil·lofacial i neurocirurgia.

Encara que des del sindicat van apuntar que es tracta d'una estratègia per reubicar els treballadors dins de l'Agrupació Sanitària Interdepartamental (ASI) València-Est, que comprén els departaments de salut Clínic-Malva-rosa, Sagunt i Gandia, “estalviant-se”, d'aquesta manera, la contractació de personal substitut per cobrir les vacances, des de la Conselleria van negar aquest extrem.

Segons Satse, la direcció de l'Hospital de la Malva-rosa ha sol·licitat personal “voluntari” per a aquesta mobilitat, oferint als interessats la possibilitat d'elegir centre sanitari i servei. De moment, “la direcció no ha informat de quins centres sanitaris ni en quins torns seran ubicats els treballadors, tot i trobar-nos ja al mes de juny”, han indicat les mateixes fonts.

Tot això ha generat un enorme malestar entre la plantilla de l'hospital. Fins i tot, molts treballadors es plantegen demanar permisos sense sou davant la incertesa d'haver d'incorporar-se a un servei que desconeixen, renunciant fins i tot als ingressos que necessiten davant una situació que Satse qualifica de “clarament abusiva”.

Respecte d'això, fonts de la Conselleria de Sanitat han explicat a preguntes d'elDiario.es que “no és cert que es vaja a reubicar professionals dins de l'Agrupació Sanitària Interdepartamental (ASI)”, ja que “per a l'elaboració del pla de vacances s'han respectat les sol·licituds del personal i s'ha previst la contractació de professionals, com tots els anys”.

En aquest sentit, han aclarit que “la mobilitat que es preveu afecta únicament, i sempre de forma voluntària, professionals del bloc quirúrgic dins del mateix Departament de Salut Clínic-Malva-rosa durant el mes d'agost, en funció de l'activitat assistencial programada; no està prevista la mobilitat de professionals a altres departaments de salut de l'ASI” i han assegurat que “l'activitat quirúrgica programada es concentrarà a l'Hospital Clínic”.

Des de Sanitat han explicat que “històricament es mantenien tres quiròfans operatius a l'Hospital de la Malva-rosa durant el mes d'agost, però en moltes ocasions existien dificultats per completar els equips quirúrgics necessaris per a desenvolupar l'activitat, per la qual cosa l'experiència ha aconsellat adoptar una planificació diferent que garantisca la qualitat assistencial”. En concret, “per a garantir les intervencions de prioritat 1 —no solament al bloc quirúrgic, sinó també en àrees crítiques que requereixen efectius d'anestèsia, com ara l'endoscòpia avançada o l'electrofisiologia complexa—, s'ha procedit a centralitzar l'activitat quirúrgica de l'Hospital de la Malva-rosa a l'Hospital Clínic durant el mes d'agost, una mesura que permet no solament garantir les intervencions prioritàries, sinó també incrementar la capacitat quirúrgica”.

Lluny de reduir la capacitat assistencial, “aquesta reorganització permet garantir l'activitat prioritària i fins i tot augmentar la capacitat quirúrgica durant el període estival, mantenint l'atenció als pacients que requereixen intervencions de major complexitat o urgència”, han insistit des del departament que dirigeix Marciano Gómez.

A més, han afegit que “s'aprofitarà aquest període per a realitzar el manteniment preceptiu de l'àrea quirúrgica de la Malva-rosa (canvi de filtres, etc.), una actuació que resulta especialment complexa d'escometre durant l'activitat assistencial ordinària”.

CCOO denuncia retallades al Peset

Quant a l'Hospital Doctor Peset, CCOO ha denunciat una retallada de 229.884 euros en el Pla d'Estiu, cosa que impedirà “cobrir el personal i donar atenció a la població amb les màximes garanties”.

Enguany, segons el sindicat, el pressupost definitiu assignat per a substitucions és de 3 milions d'euros, mentre que el 2025 va ser de 3,2 milions d'euros: “No s'ha tingut en compte la cobertura adequada del personal ni la pujada salarial d'enguany. De fet, si sumem el pressupost del 2025 més l'increment salarial acordat i restem el pressupost del 2026, obtenim una retallada de 229.884 euros per a aquest estiu. El pressupost és totalment insuficient i no garantirà la cobertura efectiva del personal ni la prestació d'una assistència sanitària de qualitat”.

Per la seua banda, fonts de Sanitat han assegurat que “el reagrupament de llits que es produirà durant els mesos d'estiu a l'Hospital Universitari Doctor Peset afecta, en el seu punt més alt, 90 llits d'hospitalització (un 18 % menys que el 2025) i només durant el mes d'agost; la resta de l'estiu oscil·larà entre 34 i 58 llits”, alhora que han explicat que “aquest reagrupament obeeix de dur a terme tasques de manteniment i obres de condicionament en diferents sales d'hospitalització i al necessari gaudi de les vacances per part del personal”.

A més, han desmentit que es tanquen llits de pediatria i han assegurat que tots es traslladaran a una altra sala d'hospitalització mentre es realitzen les obres a la ubicació actual (reforma completa dels banys de les habitacions, de la unitat pedagògica i de neonats).

Pel que fa a l'UCI, “la totalitat dels llits estaran disponibles” i es bloquejarà “el 50 % per realitzar un manteniment dels conductes de ventilació, però es podran utilitzar de manera immediata en cas que siga necessari”. Quant al pressupost assignat, “respon a la seua adequació al que realment es va executar l'any anterior, sumant-hi el percentatge relatiu a la pujada salarial”.

L'hospital La Fe de València, el de referència de la Comunitat Valenciana, disposarà de menys personal aquest estiu, una circumstància que repercutirà en la degradació del servei, segons ha alertat la Secció Sindical d'UGT adscrita al Departament de Salut de l'esmentat centre.

En concret, el sindicat ha denunciat la maniobra comptable de la Conselleria de Sanitat, dirigida per Marciano Gómez (PP), per a aplicar “una severa retallada” en el Pla de Vacances d'aquest estiu. Després d'una anàlisi “exhaustiva”, el sindicat ha advertit que “l'administració està camuflant una tisorada sense precedents que condemnarà les plantes d'hospitalització, les consultes i els centres d'especialitats a una manca crítica de personal durant l'època estival”. Aquesta situació derivarà en el tancament de 135 llits d'hospitalització, una xifra similar a la de l'estiu passat.

Les xifres que maneja el sindicat i que assegura que són “oficials” confirmen “la tisorada” al pressupost de l'Atenció Especialitzada: “La partida global cau dels 7.229.301,51 euros destinats el 2025 als 7.050.292,28 euros previstos per a 2026. Això suposa la retirada directa de més de 179.000 euros per a la contractació de substituts en els serveis nuclears del departament. Aquest colp a la línia de flotació assistencial i logística castiga tots els estaments, que l'Administració s'entesta a precaritzar”, han lamentat.

A més, han assenyalat que “les categories que sostenen les cures a peu de llit (infermeria, tècnics en cures auxiliars d'infermeria, tècnics especialistes, fisioterapeutes i matrones) pateixen el major colp econòmic, amb una reducció de 153.863 euros, en passar de 6.026.798 euros el 2025 a 5.872.934 euros el 2026; la partida destinada al personal mèdic també minva, en passar de 359.533 euros a 330.586 euros”.

Des d'UGT, a més, ha denunciat que “la retallada ofega igualment els col·lectius no sanitaris, un pilar absolutament vital per al funcionament de l'hospital” i ha considerat que “la manca de substitucions colpejarà amb duresa els zeladors (personal subaltern indispensable per a la mobilització de pacients, quiròfans i logística general), els auxiliars administratius (el motor de la gestió de cites, admissions i atenció directa a l'usuari) i la resta de personal d'oficis i manteniment, sense els quals l'hospital senzillament es paralitza”.

Sanitat afirma que s'adaptarà a les necessitats

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Sanitat han assegurat que “les dades que aporta el sindicat no són correctes” i han explicat que “el pressupost autoritzat el 2025 al departament de salut de La Fe va ser de 7.826.128 euros i enguany és de 7.800.000 euros”, una diferència que han atribuït “a l'ajust realitzat respecte del que realment es va executar l'estiu passat”.

A més, des del departament que dirigeix Marciano Gómez han destacat que “aquesta és la disponibilitat autoritzada inicialment, que pot variar al llarg de l'estiu i la seua execució ser finalment major o menor en funció de les necessitats que realment es donen en cada departament durant aquest període”. També han comentat que l'estiu passat es van atendre pacients traslladats de l'Hospital Doctor Moliner, una càrrega de treball que no existirà aquest estiu. En conjunt, han assegurat que el pla d'estiu passa de 82,5 milions d'euros el 2025 a 85,2 milions el 2026.

La trampa pressupostària: menys diners per a sous més alts

UGT ha advertit que “la pèrdua d'efectius serà moltíssim més greu del que reflecteix la simple resta econòmica”, ja que “en haver-se consolidat importants pujades salarials el 2026 respecte de l'exercici anterior, el cost de cada contractació és lògicament més elevat”, per la qual cosa “mantindre el mateix nombre de treballadors i cobertures que a l'estiu de 2025 hauria requerit un augment proporcional i obligatori del pressupost, però, lluny de fer-ho, la Conselleria ha optat per reduir la partida global”.

La conseqüència matemàtica és “letal”, ja que “amb menys diners disponibles i salaris més alts, la capacitat real de contractació es desploma”. Aquesta borsa de substitucions minvada provocarà que “el nombre de professionals físicament presents als controls d'infermeria, als quiròfans i als taulells caiga a mínims inacceptables”.

Des d'UGT de La Fe han alertat de les “nefastes” conseqüències d'aquesta política d'austeritat encoberta: “La Conselleria torna a quadrar els seus comptes a costa d'esprémer els empleats públics i precaritzar l'assistència. Venen un pla de normalitat als despatxos, però la realitat és que estan maltractant de nou uns professionals que ja es troben al límit de les seues forces. La manca de cobertura real de les vacances generarà càrregues de treball inassumibles per al personal que romanga al seu lloc. UGT denuncia públicament aquesta temeritat organitzativa, que multiplicarà la fatiga, l'estrés i els riscos psicosocials i ergonòmics de tota la plantilla, i alerta del greu deteriorament de les condicions de treball a l'hospital de referència de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana”.

Saturació a les urgències de l'Arnau

UGT com CCOO han alertat també sobre la situació de les Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova. Així, des d'UGT Serveis Públics ha denunciat la “saturació extrema” que pateix el servei, alhora que mostra el seu suport als professionals que estan alçant la veu “davant una realitat que fa anys que és ignorada per la Conselleria de Sanitat”.

Segons l'organització, les dades evidencien de manera contundent la situació límit: “Des de 2019, l'afluència de pacients ha crescut a raó de més de 10.000 atencions addicionals a l'any, fins a assolir una mitjana actual d'entre 200 i 240 atencions diàries, amb hores punta que superen regularment aquest llindar. Malgrat aquest increment sostingut, la dotació de personal es manté en nivells clarament insuficients: 14 facultatius, 8 infermeres i infermers i 8 tècnics i tècniques en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) per a atendre tota la demanda del servei”.

Per la seua banda, la secció sindical de CCOO ha denunciat “la situació de col·lapse permanent al Servei d'Urgències, que des de fa dos anys té, pràcticament cada dia, pacients pendents d'ingrés als passadissos i a les sales d'observació”. El sindicat ha lamentat que “el personal està al límit per la saturació del servei, amb jornades laborals maratonianes i una elevada càrrega de treball que ens porta a un desgast físic i mental que ja és inassumible. Aquesta situació empitjorarà aquest estiu quan un terç de la plantilla gaudisca de les seues vacances i no es puguen assumir els seus torns o guàrdies”.

El hospital La Fe de València, el de referencia de la Comunitat Valenciana, dispondrá de menos personal este verano, lo que repercutirá en la degradación del servicio, según ha alertado la Sección Sindical de UGT adscrita al Departamento de Salud del mencionado centro.

En concreto, el sindicato ha denunciado la maniobra contable de la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez (PP), para aplicar “un severo recorte” en el Plan de Vacaciones del presente verano. Tras un análisis “exhaustivo”, el sindicato ha advertido de que “la administración está camuflando un tijeretazo sin precedentes que condenará a las plantas de hospitalización, consultas y centros de especialidades a una falta de personal crítica durante la época estival”. Esta situación derivará en el cierre de unas 135 camas en hospitalización, un número similar al del pasado verano.

Las cifras que maneja el sindicato y que aseguran que son “oficiales” confirman “el hachazo” al presupuesto de la Atención Especializada: “La partida global cae de los 7.229.301,51 euros destinados en 2025 a 7.050.292,28 euros en 2026. Esto supone la retirada directa de más de 179.000 euros para la contratación de sustitutos en los servicios nucleares del departamento. Este golpe a la línea de flotación asistencial y logística castiga a todos los estamentos, que la Administración se empeña en precarizar”, han lamentado.

Además, han comentado que “las categorías que sostienen los cuidados a pie de cama (enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos especialistas, fisioterapeutas, matronas) sufren el mayor varapalo económico, con una reducción de 153.863 euros, pasando de 6.026.798 euros en 2025 a 5.872.934 euros en 2026; la partida para el personal médico también mengua, pasando de 359.533 euros a 330.586 euros”.

UGT, además, ha denunciado que “el recorte ahoga igualmente a los colectivos no sanitarios, un pilar absolutamente vital para el funcionamiento del hospital” y ha considerado que “la falta de sustituciones golpeará con dureza a los celadores (personal subalterno indispensable para la movilización de pacientes, quirófanos y logística general), a los auxiliares administrativos (el motor de la gestión de citas, admisiones y atención directa al usuario) y al resto de personal de oficios y mantenimiento, sin los que el hospital sencillamente se paraliza”.

Sanidad afirma que se adaptará a las necesidades

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad han asegurado que “los datos que da el sindicato no son correctos” y han explicado que “el presupuesto autorizado en 2025 al departamento de salud de La Fe fue de 7.826.128 euros y este año es de 7.800.000 euros”, una diferencia que han achacado “al ajuste realizado con respecto a lo realmente ejecutado el pasado verano”.

Además, desde el departamento que dirige Marciano Gómez han destacado que “esa es la disponibilidad autorizada inicialmente, que puede variar a lo largo del verano y su ejecución ser mayor o menor finalmente en función de las necesidades que realmente se dan en cada departamento en ese periodo”. También han comentado que el pasado verano se atendió a pacientes trasladados del hospital Doctor Moliner, una carga de trabajo que no existirá este verano. En conjunto, han asegurado que el plan de verano sube de 82,5 millones en 2025 a 85,2 en 2026.

La trampa presupuestaria: menos dinero para sueldos más altos

UGT ha advertido de que “la pérdida de efectivos será muchísimo más grave de lo que refleja la simple resta económica”, puesto que “al haberse consolidado importantes subidas salariales en 2026 respecto al ejercicio anterior, el coste de cada contratación es lógicamente mayor”, por lo que “mantener el mismo número de trabajadores y coberturas que en el verano de 2025 habría requerido un aumento proporcional y obligatorio del presupuesto, pero, lejos de hacerlo, la Conselleria ha optado por reducir la partida global”.

La consecuencia matemática es “letal”, puesto que “con menos dinero disponible y salarios más altos, la capacidad real de contratación se desploma”. Esta bolsa de sustituciones mermada provocará que “el número de profesionales físicos en los controles de enfermería, los quirófanos y los mostradores caiga a mínimos inaceptables”.

Desde UGT de La Fe han alertado de las “nefastas” consecuencias de esta política de austeridad encubierta: “La Conselleria vuelve a cuadrar sus cuentas a costa de exprimir a los empleados públicos y precarizar la asistencia. Venden un plan de normalidad en los despachos, pero la realidad es que están maltratando de nuevo a unos profesionales que ya se encuentran al límite de sus fuerzas. La falta de cobertura real de las vacaciones generará cargas de trabajo inasumibles para el personal que permanezca en su puesto. UGT denuncia públicamente esta temeridad organizativa, que multiplicará la fatiga, el estrés y los riesgos psicosociales y ergonómicos de toda la plantilla, y alerta del grave deterioro de las condiciones de trabajo en el hospital de referencia de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana”.

Saturación en las urgencias del Arnau

Tanto UGT como CCOO han alertado también por la situación de las urgencias del hospital Arnau de Vilanova. Así, UGT Serveis Públics ha denunciado la “saturación extrema” que sufre el servicio, al tiempo que muestra su apoyo a los profesionales que están alzando la voz “ante una realidad que lleva años siendo ignorada por la Conselleria de Sanidad”.

Según la organización, los datos evidencian de forma contundente la situación límite: “Desde 2019, la afluencia de pacientes ha crecido a razón de más de 10.000 atenciones adicionales por año, hasta alcanzar una media actual de entre 200 y 240 atenciones diarias, con horas punta que superan regularmente ese umbral. Pese a este incremento sostenido, la dotación de personal se mantiene en niveles claramente insuficientes: 14 facultativos, 8 enfermeras y enfermeros y 8 técnicos y técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para atender toda la demanda del servicio”.

Por su parte, la sección sindical de CCOO ha denunciado que “la situación de colapso permanente en el Servicio de Urgencias, que desde hace dos años tiene, prácticamente a diario, pacientes pendientes de ingreso en el pasillo y en la sala de observación”.

El sindicato ha lamentado que “el personal está al límite por la saturación del servicio, con jornadas laborales maratonianas y elevada carga de trabajo que nos lleva a un desgaste físico y mental que es ya inasumible. Esta situación empeorará este verano cuando un tercio de la plantilla disfrute de sus vacaciones y no puedan asumirse sus turnos o guardias”.

La situación del hospital de Calahorra a las puertas del verano no es nada halagüeña. Desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra hablan de déficit estructural de personal en el centro sanitario que cifran en unos 30 profesionales. En los últimos días, el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, presentaron el Plan Fundacional del proyecto de remodelación del Hospital Universitario de Calahorra que se acometerá en los próximos meses. Una mejora de las instalaciones que incluye 16 nuevas consultas y una inversión de un millón de euros. En la comparecencia también hablaron de personal. La directora explicaba que “por primera vez desde la integración del centro en el SERIS y la estatutarización de sus profesionales, estos forman parte plenamente del Sistema Nacional de Salud y pueden ejercer su derecho a la movilidad hacia otros servicios de salud, especialmente en comunidades autónomas limítrofes. En este momento, 13 profesionales han solicitado traslado haciendo uso de ese derecho”. No obstante, añadió, “una de las principales ventajas de la integración es precisamente nuestra capacidad para absorber estos movimientos y garantizar la continuidad asistencial. De hecho, vamos a incorporar a 18 nuevos profesionales de las mismas especialidades, lo que nos permitirá mantener y seguir desarrollando toda la actividad asistencial con plena normalidad”.

El deseo de la Plataforma: “Ojalá sea cierto”

“Ojalá sea cierto”, desean desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra. Porque la realidad ahora mismo es que “hay especialidades sin médico como Alergología”. Otras sí que cuentan con profesionales, pero en una situación muy precaria. Es el caso de “Medicina Preventiva que cuenta con una única doctora que está a punto de marcharse; Anatomía Patológica con un solo doctor, también a punto de marcharse...”. La Plataforma calcula que en el Hospital de Calahorra hay un déficit de 30 médicos aproximadamente. Un panorama que puede complicarse con la llegada del verano muchas especialidades lo van a pasar muy mal, sobre todo, las que cuentan con pocos médicos como neumología, cardiología, alergología si no se corrige, anatomía patológica, medicina preventiva, radiología (se fue un médico y no lo han sustituido) y urgencias donde la situación es muy deficitaria porque hay problemas para cubrir los turnos... “. Ante este déficit de especialistas, en la Plataforma desean que el anuncio de la directora sea una realidad: ”Ojalá sea cierto y que cuando acabe el mes de junio no vengan 18, vengan 20 médicos y en las condiciones en las que merece este hospital, ni de prestado, ni para hacer peonadas“.

Las mismas fuentes advierten de que las soluciones de la Consejería de Salud no pueden pasar por parches temporales ni comisiones de servicio. “El servicio de permanencia salva vidas, de forma que los médicos vengan a trabajar a Calahorra no pueden venir de prestado ni a hacer peonadas. Esto es una máxima de gestión hospitalaria”. Desde la Plataforma plantean la solución a este problema: “hacer las cosas bien”. Y en este hacer las cosas bien está la convocatoria una OPE propia (Oferta de Empleo Público) y el concurso de méritos prometido junto con el Decreto de Difícil Cobertura que “aún está en veremos”.

A este déficit estructural de personal se añade que este mes de junio, profesionales de seis especialidades médicas suspenden su actividad extraordinaria por las tardes. Una práctica que este miembro de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra califica de “sistema perverso” porque solo es una forma de maquillar las listas de espera. “Lo que hay que hacer es cubrir las plantillas correctamente y sacar toda la actividad por la mañana”. Una vez cubiertas las plantillas, “realizar actividad concertada por la tarde, pero la actividad concertada no puede suplir no tener las plantillas completas”.

Una ampliación “rácana, necesaria y poco ambiciosa”

Y con respecto al proyecto de ampliación del área de consultas externas anunciado por el Gobierno regional, la Plataforma lo considera “necesario pero muy poco ambicioso”. Y critican, además, que el plan se haya diseñado a espaldas de los trabajadores del centro. “Es un proyecto completamente desconocido para todo el hospital. No sabemos quién ha analizado las necesidades de las especialidades ni qué destino tendrán las consultas”.

Recuerdan que ya en 2023 existía una memoria técnica redactada por la anterior gerencia para levantar un edificio completamente nuevo en la parte trasera del hospital. Ese Plan, asegura que contaba con un presupuesto cuatro veces mayor y resolvía los problemas de espacio para los próximos 15 años. “Lo presentó la anterior responsable de Salud, María Somalo, pero tras las elecciones se fue al cajón”. La propuesta actual plantea trasladar el gimnasio de rehabilitación a una zona administrativa, “fuera del área sanitaria lo que genera dudas de seguridad porque en rehabilitación los pacientes también sufren bajones de azúcar, lipotimias o desmayos, y se requiere atención médica inmediata en la misma zona”.

Y a la vez que cuestionan los nuevos proyectos previstos por el Ejecutivo regional, celebran la ampliación de Urgencias. “El proyecto inicial era muy pequeño, pero cuando llegó María Martín a la Consejería de Salud supo ver las cosas como se tienen que ver y se habilitaron unas Urgencias para el futuro”. Las actuaciones en Urgencias contrastan con ampliación del hospital que “llega tarde, se ha hecho a regañadientes y empujados por las protestas de la plataforma y de una forma timorata y rácana”.

Y como consideran que todavía hay motivos para seguir saliendo a las calles, la Plataforma SOS Hospital de Calahorra continuará defiendo su hospital en las concentraciones habituales y en todos los pueblos que lo soliciten como las previstas en Autol y Pradejón este mismo mes. Van a mantener el pulso durante todo junio antes del parón veraniego. Sus motivos siguen siendo los mismos: defender la sanidad pública y el Hospital de Calahorra. Y para ello no cesarán hasta lograr una OPE propia y el concurso de méritos prometido por decreto. “Las dos únicas herramientas legales para fijar de forma definitiva a los profesionales en La Rioja Baja”.

Hace algo más de una semana, un grupo ciudadano entregó cerca de 1.500 firmas para exigir al alcalde de Logroño que revierta todos los los recortes en el presupuesto de la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, la única pública de la capital riojana. Este lunes son los socialistas quienes se suman a esta petición. El PSOE de Logroño ya no solo pide que se ponga fin a la merma del presupuesto sino que este se aumente, “al menos 137.000 euros para poder mantener adecuadamente los servicios y crear nuevos programas”.

La concejala del grupo municipal socialista, Carmen Urquía, ha recordado en rueda de prensa que los recortes comenzaron en 2024, desde entonces se han eliminado de esta partida “más de 65.000 euros”. Y esta biblioteca, “alberga el legado del ilustre guionista logroñés, por lo que esta institución debería de tener mayor impulso, no menor”, ha verbalizado la concejala.

Propuestas de mejora

Urquía ha propuesto además diferentes acciones de mejora como “renovar la compra de libros y suscripciones, especialmente en la zona infantil, cuyos fondos están más deteriorados por el uso”, reforzar “la programación del Año Rafael Azcona con actividades que difundan la figura y el legado del escritor”, así como “el programa educativo de Viene a Cuento, vinculado al festival Cuéntalo”.

La edil también ha comentado algunas medidas más como “dotar al espacio de Artefábrica de una programación estable y de calidad, crear nuevos espacios para jóvenes, como una sala dedicada a la narrativa de videojuegos, ampliar el horario de verano para que la biblioteca sea un refugio climático y anticipar la renovación de los pliegos de contratación de personal”.

Y es que “la Azcona tiene que ser un lugar donde cualquier usuario pueda encontrar su espacio y actividad”, ha afirmado Urquía para subrayar que “existen los recursos económicos para todo ello, solo hace falta decisión política”. En este sentido, la concejala ha comentado la posibilidad de “reducir el gasto en actuaciones protocolarias” y dirigirlo “a aumentar el presupuesto en la biblioteca para impulsar las actividades”.

Cierre de grupos, turnos (de tarde, sobre todo) que desaparecen, asignaturas optativas eliminadas, clases masificadas, profesorado impartiendo más horas de las que les corresponde por contrato... La Universidad Complutense de Madrid (UCM) prepara el curso que viene rebuscando bajo las piedras dónde recortar para cumplir con el Plan Económico y Financiero (PEF) que aprobó el rectorado para cuadrar las cuentas del centro, inmerso en un déficit presupuestario en los últimos años, y para empezar a devolver el crédito de 33 millones de euros que tuvo que pedirle a la Comunidad de Madrid ante la falta de financiación de la propia Comunidad de Madrid.

El rectorado de la universidad, cuentan varias fuentes, ha optado por pedirle a las distintas facultades que le propongan recortes en los grados y cursos que imparten en función de la ocupación, matriculaciones, etc. Una medida que se une al tijeretazo del 35% en los gastos generales que le impuso a los centros el pasado curso y que viene acompañada de un aviso a quien se niegue, según explican personas cercanas a varios decanatos que han visto los mensajes: a la facultad o departamento que rechace cierres no se le cubrirán bajas ni se le concederán sustitutos. Este periódico ha preguntado sobre este punto a la universidad, que no ha contestado.

La Plataforma x la UCM ha identificado propuestas de cierre de grupos en al menos siete facultades, y en otras dos se plantea clausurar un turno completo, mañana o tarde, entre ellas Sociología, Bellas Artes, Geografía o Comercio y Turismo. En Ciencias de la Información la UCM fuentes de la facultad cuentan que el rectorado quiere acabar con una de las ocho líneas de Periodismo, lo que en sí mismo supondría cerrar 67 grupos. En Ciencias Políticas van a “hibernar” un grupo entero de 2º de Antropología (se deja de ofrecer durante un curso o más, pero con la idea de recuperarlas) y otras materias optativas con poco alumnado, además de un grupo de 3º de Políticas y otro de 3º de Sociología.

Esta idea —cerrar el turno de tarde— es una de las opciones que más se están proponiendo en varias facultades, una medida que rechazan desde la Plataforma x la UCM porque afecta especialmente a los estudiantes que a la vez trabajan, explican, lo que va en contra tanto de los Estatutos de la UCM como de la ley universitaria (ambas tienen una fórmula similar a: “El estudiantado tendrá derecho (...) a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”).

Dimite una decana

El último foco de conflicto ha estallado en la Facultad de Documentación. Este centro, de los más pequeños de la universidad, ha vivido una última semana agitada desde la marcha de protesta que realizaron estudiantes y profesorado el miércoles 13 por el cierre de uno de los turnos.

La Asamblea de estudiantes de esta facultad informó de que en una reunión el 21 de abril de 2026 se les explicó que “se habían llevado tres propuestas [de ahorro] desde Decanato al Vicerrector: la grabación de las clases, el mantenimiento de los turnos e ir cerrando desde primero hasta cuarto año a año, y el trabajo por parte de los profesores que quisieran dar esas clases del turno que se cerrará a coste cero”.

Según el relato estudiantil, “la propuesta de 'trabajo a coste cero' fue la que le pareció 'viable' al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado”, Julio Banacloche, que está pilotando el proceso. El estudiantado se negó a validar ninguna de las opciones.

Después vino la movilización del miércoles 13, que derivó en tensiones internas, según los convocantes, porque la decana, María Olivera, expulsó a algunos manifestantes del centro y llamó a la policía. Olivera, descrita por conocidos como defensora de la universidad pública, ha acabado dimitiendo esta semana, alegando “motivos personales”. La exdecana no ha contestado a los emails de este diario.

¿Vuelta a las clases de 80?

Esta idea de mantener grupos y turnos a “coste cero” para la universidad que se baraja para Documentación ya se ha estado aplicando este curso en algunas facultades, según cuentan fuentes de diversas facultades. “El profesorado imparte más docencia que la que le corresponde, hay gente dando más de las 240 horas de clase [anuales que les corresponden] de manera absolutamente generalizada. Y ya no podemos más”, explica una docente. Esta sobrecarga de trabajo, añade, “afecta sobre todo a las facultades de sociales y humanidades, porque en las facultades más experimentales tienen menos alumnado”.

Otra de las consecuencias del cierre de grupos y/o turnos es que, como explica una profesora, el alumnado no desaparece con ellas. Los estudiantes serán reubicados en otros grupos, devolviendo las clases a unas ratios de otros tiempos, preplan Bolonia, cuando había 80 personas en cada aula.

Y eso en el escenario bueno. Para otros, advierten desde la Plataforma x la UCM, la única alternativa puede acabar siendo la universidad privada. “Cerrar grupos en Humanidades o alguna Filología es más complicado, porque pueden no tener suficientes estudiantes, pero algunos grados minoritarios solo se imparten en universidades públicas en Madrid en la Complutense”, advierte un cargo directivo de una facultad.

"Es difícil sostener" que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. "¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más", sostuvo, mezclando ingresos de todo tipo

La situación viene originada por la infrafinanciación a la que ha sometido la Comunidad de Madrid a las seis universidades públicas de la región en los últimos años y de la que la Complutense es la que ha salido peor parada. El centro perdió 140 millones de euros entre los dos últimos ejercicios y se vio obligado a pedir un préstamo de casi 35 millones de euros a su financiadora para cerrar este ejercicio sin sobresaltos. De esta manera, no transferirle suficiente dinero a la UCM para su normal funcionamiento le va a rendir al Gobierno regional, que ganará unos dos millones de euros en concepto de intereses por el crédito.

Pero el Ejecutivo regional no se siente apelado. “Es difícil sostener” que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. “¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más”, sostuvo aludiendo al acuerdo firmado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de las universidades públicas el pasado mes de marzo.

El consejero mezcla todo tipo de cifras en su afirmación. La Comunidad no pondrá 14.000 millones de euros más; esa es la cantidad total para el periodo 2026-2031, y ni siquiera es dinero que ponga el Ejecutivo regional. Los específicamente 14.790 millones de euros incluyen la aportación pública (12.294 millones de euros), pero también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad y que pagan los estudiantes. Esta partida supone ya cada año una parte importante de los ingresos de los centros. Para la Complutense, en concreto, fueron 141 millones de euros por este capítulo III en los últimos presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según esa misma fuente).

Así, la aportación de la Comunidad de Madrid con sus propios fondos realmente subirá un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extra el último ejercicio, 2031. Dicho de otra manera: el Ejecutivo regional subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media y para las seis universidades) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros en total. Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

La Universidad Complutense recibirá específicamente de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio).

“Hasta ahora los recortes solo habían venido afectando a lo ”interno“ de la universidad (contrataciones, recursos materiales en bibliotecas, horas del profesorado), pero ahora ha saltado”, analiza Santiago Cuesta, responsable de Universidad en CCOO Madrid. “Y eso que en los primeros años solo se devuelven intereses del préstamo, cuando lleguen los ejercicios en los que hay que devolver el importe en sí habrá más complicaciones”, cierra.

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, advierte de que la financiación de la Junta es “claramente insuficiente” para cubrir el coste real del personal, que cifra en 462 millones de euros frente a los 449 millones asignados para 2026 en el último reparto de fondos autonómicos.

En el informe que la rectora, Carmen Vargas, traslada este jueves al Consejo de Gobierno, la institución analiza los números actuales de la plantilla tras el acuerdo de financiación alcanzado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Según este análisis, la US se enfrenta a un desfase de 12,7 millones que obligará a adoptar medidas de contención del gasto y posibles ajustes presupuestarios para equilibrar el capítulo de personal en 2026.

“Aunque se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista [medida acordada también en el último CAU], al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 [personal] con el ahorro de otros capítulos de gasto”, recoge el informe al que ha tenido acceso Europa Press. En este contexto, la universidad estudia medidas que podrían afectar a la organización interna, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones, contrataciones y planes propios, con el objetivo de minimizar el impacto directo en las retribuciones.

Cabe recordar que, hace un mes, la rectora presentó un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

El motivo esgrimido entonces era que la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Todo ello en el marco del pulso que los rectores llevan dos años librando con la Junta de Andalucía por la financiación universitaria. Los rectorados denuncian un “incumplimiento” reiterado del modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales. La infrafinanciación es, de hecho, uno de los frentes del conflicto que la comunidad universitaria mantiene con la administración autonómica.

Política de contención del gasto

De acuerdo con el reparto de fondos aprobado, la Hispalense percibirá, de momento, para el ejercicio 2026 un total de 449,3 millones de euros. En esa cantidad se incluyen 2,5 millones para la “sostenibilidad financiera” y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.

A la espera de las auditorías pactadas entre la Junta y las universidades, el Rectorado insiste en que el coste real de la plantilla —incluyendo nómina base, complementos y obligaciones legales— asciende a 462 millones de euros. Ante este escenario, la US prevé establecer un “control” en el crecimiento del capítulo 1, con una “política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025”.

Concretamente, en el caso del PTGAS, la US prevé que este año el incremento de la masa salarial es de un 6,9% –un 4% debido al incremento salarial de 2025/2026, un 2,5% de atrasos por la subida salarial de 2025 y el resto para atender actuaciones en 2026– mientras que en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), esa subida es de un 12,9%.

Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión “técnica”, con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para “determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda” que recoge el modelo de financiación pactado entre la Junta y los rectores en 2023. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales, para asegurar la estabilidad financiera del sistema.

Y es en esos incrementos salariales donde entra el papel de la comisión que va a analizar los “criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario [capítulo 1 de los presupuestos]” y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis “universidad por universidad” de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende “alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado”. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollará y concluirá este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

Un movimiento ciudadano en apoyo de la biblioteca Rafael Azcona han entregado este jueves 1.464 con las que exigen al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que “revierta todos los recortes realizados en el presupuesto de la Biblioteca Rafael Azcona” . Cerca de 1.500 firmas que se han recogido entre cuatro y seis semanas, “lo que demuestra la importancia que tiene para la sociedad este espacio público”, asegura la portavoz del Grupo de Apoyo a la Biblioteca, Jacinta Gaviria. “El vecindario está orgulloso de su biblioteca porque todo el mundo al que le hemos pedido la firma explicándoles el porqué, han querido colaborar con nosotros”.

Así, acompañada por otros miembros del grupo de apoyo, ha recordado que “entre el año pasado y este, los recortes suman unos 65.000 euros”, una merma en el presupuesto que asegura está afectando a los servicios de la propia biblioteca. Y es que tal y como ha relatado “no se están renovando los libros de la zona infantil a pesar de estar muy estropeados por el uso”. Asimismo, lamenta “falta de personal para la realización de diversas actividades” por lo que ha pedido más dotación para esta biblioteca. “Se ha perdido parte de la animación a la lectura y otras actividades...” aunque, como ha reconocido, “se está sustituyendo por el voluntarismo de ciudadanos y de los propios trabajadores de la biblioteca”.

La portavoz ha reiterado que en reuniones anteriores, el alcalde de Logroño les aseguró que “no se iba a recortar el presupuesto, incluso podría incrementarse, pero la realidad es que lejos de aumentar, ha disminuido”. Y todo esto está ocurriendo, en un año muy especial porque el 2026 ha sido declarado como 'Año Rafael Azcona'. “Es muy significativo porque en la propia biblioteca hay un espacio dedicado al guionista logroñés, con toda su bibliografía, documentos... y nos llama mucho la atención que (a pesar de todo lo que quieren hacer desde el Ayuntamiento) se recorte”.

“Uno de los principales espacios culturales y de encuentro”

La respuesta del Ayuntamiento de Logroño ha llegado a través de una nota de prensa en la que aseguran que “la Biblioteca Rafael Azcona refuerza su actividad cultural y fomento de la lectura”. De hecho, desde el Consistorio aseveran que la biblioteca “continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales y de encuentro de la ciudad gracias al mantenimiento y refuerzo de su programación cultural, educativa y de fomento de la lectura”.

Durante 2025, la biblioteca y sus espacios asociados registraron más de 275.000 usos. En concreto, 214.910 personas utilizaron las instalaciones de la Rafael Azcona, a las que se suman las 18.083 registradas en el Punto de Lectura de La Rosaleda, 8.896 en La Pajarera y 2.052 en la bibliopiscina. Además, el servicio de préstamo alcanzó los 38.350 préstamos bibliográficos.

La Biblioteca Rafael Azcona mantiene a lo largo del año una programación amplia y diversa dirigida a todos los públicos, con clubes de lectura, talleres, cuentacuentos, actividades de alfabetización digital, y espacios de estudio y de creación. La actividad de la biblioteca se complementa con proyectos desarrollados junto a entidades sociales como ASPRODEMA y Plena Inclusión, así como con espacios especializados como ArteFábrica, dedicado a la ilustración y las artes del libro.

La programación infantil y juvenil continúa siendo una de las líneas prioritarias del centro, con iniciativas nuevas como la bebeteca para menores de 0 a 3 años, los campamentos de convivencia lectora en Semana Santa y verano que se han realizado por primera vez y han llenado todas sus plazas y nuevas actividades dirigidas específicamente a adolescentes y jóvenes. Entre las novedades destaca el club de lectura ‘Crear letras’ de La Rosaleda, que une literatura y artes escénicas a través de la lectura de grandes obras y su posterior asistencia a adaptaciones teatrales.

Asimismo, la Biblioteca Rafael Azcona está teniendo un papel destacado dentro de la programación del Año Azcona, con actividades culturales, creativas y formativas para acercar la figura y la obra del escritor y guionista logroñés a nuevos públicos. Talleres juveniles, concursos creativos, clubes de lectura y actividades de ilustración y serigrafía forman parte de una programación específica vinculada a esta conmemoración cultural.