CSIF denuncia a la Universidad de Sevilla ante la Fiscalía y pide abrir una investigación sobre su gestión económica
CSIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que se abra una investigación sobre la gestión económica del antiguo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla (US), encabezado por Miguel Ángel Castro, del que formaba parte la actual rectora, Carmen Vargas.
La responsable autonómica de Universidades de CSIF, Beatriz Hortigón, ha explicado que tras la toma de posesión de Vargas, en diciembre de 2025, comenzaron a circular “noticias alarmantes” sobre el déficit de la institución. “Un déficit que desgraciadamente se está haciendo palpable en el impago, desde enero, de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como el colectivo más perjudicado”, ha añadido.
Transcurrido casi un año desde entonces, y después de la realización de una auditoría externa, ni la rectora, ni la nueva gerente, Rocío Román, “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla; ni presentar, a la parte social, un calendario de pago para la deuda existente con sus trabajadores, deuda que se acrecienta a medida que pasan los meses”, según denuncia la central sindical.
Por todo ello, CSIF ha decidido solicitar esta investigación judicial, “para aclarar, de una vez por todas, qué ha ocurrido y para que se depuren responsabilidades, incluso penales, si la Fiscalía encontrase indicios de delito”, concluye la responsable autonómica de Universidades de la organización sindical.
Déficit y recortes en la Hispalense
La Universidad de Sevilla ya aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.
Un mes después, la propia institución sevillana alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una cuantía que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.
Finalmente, la Gerencia de la US informó en julio sobre los resultados de la auditoría externa relativa al ejercicio 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el déficit estructural del conjunto del sistema universitario público a unos 57 millones de euros en total.
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