El artista e intelectual André Malraux dejó su vida en Francia y acudió a España para combatir en el bando republicano durante la Guerra Civil. Malraux decidió que lo que estaba viviendo tenía que ser contado y visto. Escribió una novela, L’espoir, y en 1938, bajo las bombas del bando nacional, acometió una misión casi imposible: rodar Sierra de Teruel, una película cuyo objetivo era movilizar a los países europeos para luchar contra el fascismo. Malraux sabía que en España se jugaba el futuro de Europa, y creía que un filme con un fuerte contenido antifascista, que mostrara la lucha colectiva del pueblo y de la clase obrera contra una amenaza dictatorial, podía hacer que la balanza se decantara por la intervención en la Guerra.

La película, que contaba con guion de Max Aub, no pudo terminar su rodaje, y cuando llegó el momento de mostrarla, Europa decidió mirar para otro lado. Francia no quiso molestar a Franco y decidió no exhibirla. Los alemanes, bajo el yugo del nazismo, ordenaron quemar las copias para que Sierra de Teruel desapareciera. Para que no quedara rastro del testimonio de la lucha contra el fascismo. 

Pero Malraux logró mandar una copia a la biblioteca del Congreso de EEUU. Esta copia “la original, sin cortes ni añadidos”, como la define Antoni Cisteró, escritor, investigador y el mayor experto en Sierra de Teruel, se restauró en España en los 90, y ahora lo ha hecho en Francia. Sierra de Teruel recupera su esplendor, y lo hace en el mejor momento posible, ya que el auge de la extrema derecha hace su mensaje más pertinente que nunca. Quizás por ello el Festival de Cannes ha decidido proyectar esta versión que en Francia seguía inédita. 

Céline Malraux, sobrina nieta de André Malraux, actúa como portavoz de la familia del artista, que se muestra emocionada por poder volver a ver Sierra de Teruel. Para ella, “la película es un documento histórico sobre el cine y sobre la historia de la Guerra Civil Española y sobre lo que significó para la política, la libertad y la democracia”. Por eso cree que el filme no ha “envejecido en absoluto” y cree que este hecho, que se une al 50 aniversario de la muerte de André Malraux es una “oportunidad para hablar de esta película y del compromiso de André Malraux con la libertad”.

A Céline Malraux le sorprende que Sierra de Teruel sea tan desconocida en España, y cree que eso muestra que hay “mucho que mejorar en Europa para intentar comunicar una historia común”. “¿Cómo es posible que no estemos de acuerdo con la historia de España?”, se pregunta y cuenta su shock cuando vio que “el franquismo resurge en España”. “Acaba de ser el 50 aniversario de la muerte de Franco, y me ha sorprendido ver gente que celebraba la dictadura. Lo estamos viendo en toda Europa con el auge de muchos nacionalismos, y por eso la película es tan conmovedora, porque nos muestra qué es la resistencia, qué es el verdadero coraje. Nos muestra que la democracia y la libertad no están garantizadas y hay que luchar por ellas, para mantenerlas”, subraya y espera que se vea en España para “aprender un poco sobre lo que dice la película”.

Una película prohibida

Antoni Cisteró lleva años investigando y escribiendo sobre Sierra de Teruel. Incluso ha escrito Campo de esperanza, una novela sobre los entresijos de aquel rodaje durante la Guerra Civil. Para él esta “restauración es una noticia positiva, porque la calidad de las copias existentes en Francia, en VHS y DVD, eran bastante deficientes en el aspecto técnico pero también en el formal”. “Terminada la guerra mundial, una productora se atribuyó el derecho de cortar unos planos, en especial de la mítica secuencia final, así como de añadir un parlamento de un héroe de la Resistencia que, si bien puede aceptarse como llamada a no volver a claudicar ante el fascismo, desvirtuaba, a mi entender, el conjunto”, explica y pone en valor la nueva versión y la que hizo “de forma excelente Ferran Alberich en los años noventa para la Filmoteca Española”.

La película nos muestra que la democracia y la libertad no están garantizadas y hay que luchar por ellas, para mantenerlas

Aquel rodaje bajó las bombas y que no pudiera terminarse “marcó decisivamente” la película. “Rodaron en Barcelona y Tarragona, donde había bombardeos prácticamente a diario, lo que impedía también el revelado local al cortarse la corriente eléctrica. Los negativos se mandaban a Francia para ser positivados, lo que implicaba, con la frontera prácticamente cerrada, que Malraux no veía el resultado del rodaje hasta tres o cuatro semanas después. Además, carecían de película virgen, de focos, baterías… hasta de maquillaje”, recuerda Cisteró. 

Para él, lo que hace más interesante al filme desde el punto de vista histórico es “que ponga de relieve una trayectoria como la de Malraux, y a Max Aub”. “Ellos predicaron con el ejemplo de un intelectual actuando en la medida de sus posibilidades, y no limitándose a especular sobre lo complicado de la situación. Malraux arriesgó su vida. De hecho, en una ocasión los dos rodaban desde un avión desarmado el cielo de Cervera cuando fueron atacados por cazas alemanes y se salvaron de milagro. Este es el mensaje que perdura en el tiempo, la trascendencia útil que se espera del esfuerzo de un intelectual”, añade. 

Además de la propia historia del rodaje, está la de cómo se salvaron las copias del negativo original de una película que estuvo a punto de desaparecer. Antoni Cisteró dice que esa historia es “apasionante”, y antes de contarla avanza que, además, en septiembre de 1939, el Gobierno francés prohibió su exhibición para no molestar a Franco y luego los alemanes ordenaron la destrucción de todas las copias. “Que la podamos ver hoy en día es casi un milagro”, apunta.

Cisteró ha investigado el viaje de las copias, y cuenta que “se salvaron dos, aunque técnicamente distintas”. “Una era una lavanda, o sea un positivo creado a partir del negativo original que había desaparecido. Las lavandas sirven para generar un contratipo negativo del que sacar positivos para exhibición. Quizá esto explique la deficiente calidad de las copias comerciales existentes en Francia hasta ahora. Parece ser que se salvó al estar escondida en las latas de otra película, Drôle de drame, del mismo productor que Sierra de Teruel: Corniglion-Molinier”, cuenta.

Por otra parte, el propio Malraux tenía una copia, “o bien la escondieron sus amigos, como Henri Langlois o el matrimonio Tual, que quiso mandar a México a través de Max Aub”. “Pero este fue detenido, siendo internado en diversos campos de concentración, haciendo imposible el envío. Posteriormente, ya en 1941, el francés contactó con Varian Fry, un americano que estaba en Marsella para intentar salvar a intelectuales de la persecución nazi, para que, a través del consulado estadounidense, salvara dicha copia. Después de casi dos años de inconvenientes, incluida la expulsión de Francia del propio Varian Fry, una copia llegó como regalo de Malraux a la biblioteca del Congreso de los EEUU. Esta copia es la original, sin cortes ni añadidos, que se restauró en España en los 90, y ahora en Francia”.

Sierra de Teruel no se vio en España hasta 1977, con Franco muerto, y nunca tuvo la repercusión que merecía. Por eso, “quizás con el huevo de la serpiente de nuevo rodando, sea el momento de verla”. “Aunque sin tener en cuenta la situación en los años 30, quizá requiera de un esfuerzo que no todo el mundo puede estar dispuesto a hacer”, opina Antoni Cistero, que por ese motivo ha lanzado una web, Visorhistoria, donde explica el contexto político e histórico alrededor de la creación de Sierra de Teruel.

Porque para él esta película no daba “una receta para combatir el fascismo”, sino que “deja claros los mensajes a transmitir, el heroísmo de los luchadores, la solidaridad con el pueblo al que defienden y la injusta escasez de medios, que solo la solidaridad internacional podía revertir”.

El monument de sa Feixina, aixecat durant el franquisme per homenatjar els “caiguts” del creuer Baleares -el vaixell revoltat que va bombardejar milers de civils durant 'la Desbandà'-, torna a situar-se al centre de la tensió política i memorialista a Mallorca. La convocatòria d'una concentració del grup ultradretà Núcleo Nacional per defensar la permanència del monòlit ha deslligat una onada de crítiques de partits d'esquerres, col·lectius memorialistes i organitzacions antifeixistes, que reclamen a la Delegació del Govern que impedeixi un acte que consideren una “apologia del franquisme” i un acte d'exaltació feixista d'un espai recentment assenyalat per l'Estat com a contrari a la memòria democràtica.

La protesta, convocada sota el lema Glòria als herois, busca defensar la permanència de la icona franquista de sa Feixina després que la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica acordés incloure'l al catàleg estatal de símbols franquistes i n'ordenés la retirada. L'anunci va tenir lloc el mateix dia en què l'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ratificava la inclusió del monument al Catàleg municipal d'Edificis i Elements Protegits, cosa que li atorga el màxim grau de protecció patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulats supremacistes i combina missatges contra la immigració amb referències al “llegat” hitlerià, l'exaltació de la “raça” i l'estètica neonazi clàssica, ha intentat expandir-se per diferents ciutats mitjançant la promoció de campanyes xenòfobes i discursos d'odi i la barreja de simbologia nazi, falangista i franquista.

La Delegació del Govern ha precisat que la concentració no ha estat “autoritzada” expressament, sinó comunicada conforme al procediment administratiu habitual. La Policia supervisarà l'acte per comprovar que no es produeixin exaltacions feixistes ni vulneracions de la Llei de Memòria Democràtica.

La convocatòria ha provocat una intensa mobilització a les xarxes socials. Organitzacions com la Coordinadora Antifeixista de Mallorca i Alerta Antifeixista acusen l'Ajuntament de Palma -governat per PP i Vox- i la Delegació del Govern de tolerar la concentració i d'atorgar “impunitat” a grups neonazis mentre, denuncien, es posen “travetes burocràtiques” a col·lectius socials i d'esquerres per organitzar activitats a l'espai públic.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sosté a més que l'elecció de sa Feixina no és casual, sinó que busca reivindicar un símbol lligat al franquisme i al creuer Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista. El col·lectiu vincula el grup amb accions recents com els atacs al bust d'Aurora Picornell -activista sindical assassinada pel franquisme la nit de reis de 1937 i icona del republicanisme a Mallorca- o agressions a militants d'esquerres i recorda, així mateix, els aldarulls protagonitzats per membres de l'organització a Madrid. També sostenen que integrants de Núcleo Nacional mantenen vincles amb el grup ultra Devenir Europeo, conegut per reivindicar el “legat d'Hitler”.

La plataforma alerta que l'illa està vivint un intent d'implantació d'organitzacions d'extrema dreta similars a les que han guanyat presència en ciutats com Madrid, Barcelona o València, vinculant-les amb accions com els atacs perpetrats contra el bust d'Aurora Picornell o agressions a militants d'esquerres. També denuncia que integrants de l'organització ultra mantenen vincles amb el grup ultra Devenir Europeo, conegut per reivindicar el “legat d'Hitler”.

“Defensar la memòria és defensar la dignitat dels nostres pobles. Contra l'oblit i el feixisme: ens trobaran als carrers”, assenyala un dels manifestos difosos per la Coordinadora Antifeixista a les xarxes socials, en què crida a la mobilització antifeixista davant la protesta convocada a sa Feixina. “No hi ha espai per als neonazis”, insisteix.

Des de les formacions polítiques, Més per Mallorca ha presentat formalment una petició davant la Delegació del Govern perquè no autoritzi la concentració. El diputat Vicenç Vidal sosté que l'acte suposaria l'“enaltiment del franquisme, el feixisme, anirà contra la memòria i ridiculitzarà les víctimes”, recordant el paper clau del creuer Baleares en la represió després del cop franquista de 1937.

Per la seva banda, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamat a la Delegació del Govern que desautoritzi la concentració de Núcleo Nacional, deixant clar, tanmateix, que l'entitat defensa el monument pels seus “valors culturals històrics i arquitectònics”. Els conservacionistes han expressat la seva “indignació” davant el fet que sigui un grup d'ideologia ultradretana i contrari “als drets universals” el que s'erigeixi en “defensor” del monòlit. En una nota de premsa, ARCA assenyala que, “evidentment”, Núcleo Nacional “cerca protagonisme” i “fer apologia de la seva ideologia destructiva a expenses de posar en perill el monument”.

L'entitat ha rebutjat, en aquest sentit, qualsevol “utilització partidista” del monument, posicionant-se a favor de la “veritat històrica” i dels “valors constitucionals”.

L'anunci de la protesta ha reobert l'històric conflicte al voltant del monument de sa Feixina. Des de fa més d'una dècada, associacions memorialistes i partits d'esquerra reclamen el seu enderrocament en considerar-lo un símbol d'exaltació franquista, mentre sectors conservadors defensen que va ser resignificat i convertit en un monument a totes les víctimes de la Guerra Civil. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica va fer un pas decisiu el passat mes de març en ordenar-ne la retirada i incorporar-lo al catàleg estatal de vestigis franquistes. La decisió va xocar amb la postura de l'Ajuntament de Palma, que manté la seva defensa de la conservació del monòlit.

El monumento de sa Feixina, levantado durante el franquismo para homenajear a los “caídos” del crucero Baleares -el buque sublevado que bombardeó a miles de civiles durante 'La Desbandá'-, vuelve a situarse en el centro de la tensión política y memorialista en Mallorca. La convocatoria de una concentración del grupo ultraderechista Núcleo Nacional para defender la permanencia del monolito ha desatado una oleada de críticas de partidos de izquierdas, colectivos memorialistas y organizaciones antifascistas, que reclaman a la Delegación del Gobierno que impida un acto que consideran una “apología del franquismo” y un acto de exaltación fascista de un espacio recientemente señalado por el Estado como contrario a la memoria democrática.

La protesta, convocada bajo el lema Gloria a los héroes, busca defender la permanencia del icono franquista de sa Feixina después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara incluirlo en el catálogo estatal de símbolos franquistas y ordenara su retirada. El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ratificaba la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulados supremacistas y combina mensajes contra la inmigración con referencias al “legado” hitleriano, la exaltación de la “raza” y la estética neonazi clásica, ha intentado expandirse por distintas ciudades mediante la promoción de campañas xenófobas y discursos de odio y la mezcla de simbología nazi, falangista y franquista.

La Delegación del Gobierno ha precisado que la concentración no ha sido “autorizada” expresamente, sino comunicada conforme al procedimiento administrativo habitual. La Policía supervisará el acto para comprobar que no se produzcan exaltaciones fascistas ni vulneraciones de la Ley de Memoria Democrática.

La convocatoria ha provocado una intensa movilización en redes sociales. Organizaciones como la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y Alerta Antifeixista acusan al Ayuntamiento de Palma -gobernado por PP y Vox- y a la Delegación del Gobierno de tolerar la concentración y de otorgar “impunidad” a grupos neonazis mientras, denuncian, se ponen “trabas burocráticas” a colectivos sociales y de izquierdas para organizar actividades en el espacio público.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sostiene además que la elección de sa Feixina no es casual, sino que busca reivindicar un símbolo ligado al franquismo y al crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista. El colectivo vincula al grupo con acciones recientes como los ataques al busto de Aurora Picornell -activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo y en Mallorca- o agresiones a militantes de izquierdas y recuerdan, asimismo, los disturbios protagonizados por miembros de la organización en Madrid. También sostienen que integrantes de Núcleo Nacional mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

La plataforma alerta de que la isla está viviendo un intento de implantación de organizaciones de extrema derecha similares a las que han ganado presencia en ciudades como Madrid, Barcelona o València, vinculándolas con acciones como los ataques perpetrados contra el busto de Aurora Picornell o agresiones a militantes de izquierdas. También denuncia que integrantes de la organización ultra mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

“Defender la memoria es defender la dignidad de nuestros pueblos. Contra el olvido y el fascismo: nos encontrarán en las calles”, señala uno de los manifiestos difundidos por la Coordinadora Antifeixista en redes sociales, en el que llama a la movilización antifascista frente a la protesta convocada en sa Feixina. “No hay espacio para los neonazis”, insiste.

Desde las formaciones políticas, Més per Mallorca ha presentado formalmente una petición ante la Delegación del Gobierno para que no autorice la concentración. El diputado Vicenç Vidal sostiene que el acto supondría el “enaltecimiento del franquismo, el fascismo, irá contra la memoria y ridiculizará a las víctimas”, recordando el papel clave del crucero Baleares en la represión tras el golpe franquista de 1937.

Por su parte, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamado a la Delegación del Gobierno que desautorice la concentración de Núcleo Nacional, dejando claro, sin embargo, que la entidad defiende el monumento por “sus valores culturales históricos y arquitectónicos”. Los conservacionistas han expresado su “indignación” ante el hecho de que sea un grupo de ideología ultraderechista y contrario “a los derechos universales” el que se erija en “defensor” del monolito. En una nota de prensa, ARCA señala que, “evidentemente”, Núcleo Nacional “busca protagonismo” y “hacer apología de su ideología destructiva a expensas de poner en peligro el monumento”.

La entidad ha rechazado, en este sentido, cualquier “utilización partidista” del monumento, posicionándose a favor de la “verdad histórica” y de los “valores constitucionales”.

El anuncio de la protesta ha reabierto el histórico conflicto alrededor del monumento de sa Feixina. Desde hace más de una década, asociaciones memorialistas y partidos de izquierda reclaman su derribo al considerarlo un símbolo de exaltación franquista, mientras sectores conservadores defienden que fue resignificado y convertido en un monumento a todas las víctimas de la Guerra Civil. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dio un paso decisivo el pasado mes de marzo al ordenar su retirada e incorporarlo al catálogo estatal de vestigios franquistas. La decisión chocó con la postura del Ayuntamiento de Palma, que mantiene su defensa de la conservación del monolito.

El rey Juan Carlos de España ascendió al trono en noviembre de 1975, tras la muerte del general Francisco Franco. El dictador lo había designado como su sucesor en 1969, tras una tortuosa pugna entre seis posibles candidatos de sangre real. Los seis eran: los dos candidatos “legítimos” de la casa de Borbón, descendientes del último rey, Alfonso XIII: el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, Juan Carlos de Borbón y Dos Sicilias; Jaime de Borbón y Battenberg, hermano mayor de don Juan, a quien se había convencido de que renunciara a sus derechos en 1933 debido a sus dificultades auditivas y del habla, pero que los reactivó en 1949 con la ayuda económica de Franco; el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre; y dos candidatos de los pretendientes carlistas rivales al trono, don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma. De hecho, Franco había descartado en secreto a don Juan por ser demasiado liberal y a los dos carlistas nacidos en Francia por ser extranjeros, aunque eso no le disuadió en el caso de Juan Carlos, que había nacido en Italia. La misión manifiesta del ganador elegido como jefe de Estado era la perpetuación de la dictadura. En consecuencia, Juan Carlos fue recibido por la izquierda como un títere despreciable y por la extrema derecha como un liberal encubierto. Los temores de la derecha se hicieron realidad cuando, con considerable valentía y determinación, desempeñó un papel clave en liberarse de las ataduras de las leyes e instituciones del Caudillo. Para llegar al trono, Juan Carlos tuvo que pasar los veintiún años comprendidos entre 1948 y 1969 actuando, o siendo manipulado, como uno de los peones en el juego de sucesión ideado por Franco y su eminencia gris, Luis Carrero Blanco. El origen del juego, la Ley de Sucesión de 1947, fue un artilugio para convencer a los Aliados victoriosos de que Franco estaba libre del estigma del Eje y de que era más monárquico que falangista. En términos de política interna, el premio prometido de la sucesión ayudó a mantener unida la coalición de fuerzas de Franco. Para seguir contando con el apoyo de los falangistas antimonárquicos era necesario humillar periódicamente a los monárquicos alfonsistas y carlistas, algo que tenía la ventaja añadida de hacer las delicias del retorcido sentido del humor del Caudillo. Para Juan Carlos, todo el proceso supuso una infancia perdida y una adolescencia miserable cuando fue enviado a España como rehén, lo que en un principio parecía asegurar el puesto de su padre en la competencia por la sucesión. Franco finalmente nombró a Juan Carlos “Sucesor con el título de Rey” en 1969, tras desplazar gradualmente al legítimo heredero al trono, su padre, Don Juan de Borbón.

Cuando fue proclamado rey en 1975, Juan Carlos despertaba una profunda desconfianza tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que fuera rey únicamente gracias a la Ley de Sucesión y de que su designación tuviera por objeto garantizar la supervivencia del régimen franquista explicaba las sospechas de la izquierda y la creencia generalizada de que sería “Juan Carlos el breve”. Como hijo del anglófilo Don Juan de Borbón, y debido a sus contactos con diplomáticos británicos, estadounidenses y alemanes, resultó ser igualmente sospechoso para la derecha franquista. Sorprendentemente, logró compaginar con éxito los objetivos aparentemente incompatibles de, por un lado, la fidelidad pública a los principios del Estado unipartidista franquista y, por otro, el compromiso tácito con el establecimiento de una monarquía constitucional democrática. Desde su ascensión al trono hasta 1982, Juan Carlos I defendió valientemente la democracia frente a la amenaza de una conspiración militar. En consecuencia, se convirtió en un héroe nacional y en una figura inmensamente popular tanto en España como en el extranjero, hasta que una caída en desgracia le obligó a abdicar en 2014.

Para el nuevo rey, los seis meses posteriores a su ascensión al trono fueron angustiosos. Su primera tarea consistió en neutralizar a los militares y otros partidarios de Franco, mientras su principal asesor, el brillante teórico constitucional Torcuato Fernández Miranda, preparaba un plan de reforma política dentro del marco legal de la dictadura. Esto supuso, en un primer momento, mantener en el cargo al presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, con el fin de calmar los temores de la clase dirigente franquista. Al mismo tiempo, tuvo que intentar convencer a la izquierda de que estaba comprometido con la transición democrática. No fue hasta el verano de 1976 cuando el rey pudo elegir al joven y carismático Adolfo Suárez como un presidente de Gobierno más afín para que se hiciera cargo de la siguiente etapa del proceso. Torcuato Fernández Miranda dijo una vez que Juan Carlos fue el empresario del drama de la Transición, del que él mismo fue el guionista y, Adolfo Suárez, el actor principal. 

Tras las elecciones democráticas de junio de 1977, los problemas que se avecinaban eran, en sentido estricto, competencia del Gobierno elegido, pero había cuestiones políticas inmediatas que resultaban imposibles de resolver sin la intervención del rey. La violencia antidemocrática de los conspiradores militares decididos a reinstaurar la dictadura y las actividades terroristas de la organización separatista vasca ETA complicaron enormemente la tarea de construir un marco constitucional ampliamente aceptado. El apoyo del rey fue esencial para la consolidación de la democracia, ya que el gobierno necesitaba su ayuda constante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así, tuvo que arriesgar constantemente su vida como una especie de bombero del inflamable sistema democrático. Juan Carlos se convirtió en el blanco de la hostilidad tanto de la extrema derecha como de ETA. Cuando Suárez dimitió a finales de enero de 1981, se ejerció una intensa presión militar para que se formara una coalición política encabezada por un general. Los líderes de los cuatro principales partidos —Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD centrista; Felipe González, del PSOE socialista; Santiago Carrillo, del PCE comunista, y Manuel Fraga, de la Alianza Popular conservadora— se mostraron abiertos a esa solución atípica, pero Juan Carlos optó por la vía constitucional y nombró a Calvo Sotelo presidente de Gobierno. En circunstancias complejas, el 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, se hizo con el control del Congreso de los Diputados y, de hecho, mantuvo como rehén a toda la clase política. La tarea de derrotar el golpe militar fue dirigida por el propio Juan Carlos. 

En retrospectiva, el intento golpista del 23F marcó un punto de inflexión no solo en la transición a la democracia, sino también en el papel del rey. Su verdadera importancia en lo que respecta a la Corona se reveló el 27 de febrero. Tres millones de personas se manifestaron en las ciudades de toda España en apoyo de la democracia y del rey. El estado de ánimo en la mayor parte del país, sin embargo, lo resumió el novelista republicano Francisco Umbral, quien escribió en El País dos semanas después: “Cuando los españoles creíamos merecernos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos”. La propia exasperación de Juan Carlos era perceptible en su respuesta a los líderes políticos que se reunieron para expresarle su gratitud por lo que había hecho. El texto que leyó [aquí la versión íntegra] iba más allá de los tópicos esperados: “La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y con la convicción de que la vida democrática y el respeto estricto de los principios constitucionales constituyen la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, todos deben ser conscientes, desde sus propias responsabilidades, de que el rey no puede ni debe enfrentarse, de forma reiterada y bajo su responsabilidad directa, a circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

Más tarde reconoció que lo que había intentado decir era que “mi papel no era el de un bombero, siempre listo para apagar un fuego”. 

La postura de Juan Carlos contra el golpismo había dado a la democracia una segunda oportunidad. Tras la contundente victoria electoral socialista en las elecciones de octubre de 1982, Juan Carlos pudo dejar que el Gobierno de Felipe González se ocupara del problema de la subversión militar. A partir de entonces, se convirtió más en un jefe de Estado constitucional y también en una especie de embajador comercial itinerante. Su trayectoria en el trono entre 1975 y 1982 lo convirtió, sin duda, en uno de los mejores monarcas de España. Ese notable logro no era algo que necesitara ser resaltado ni que pudiera realzarse con dignidad alguna en una autobiografía. Lo que le había costado en términos de juventud perdida y estrés diario tal vez explique por qué ahora comenzaba a dar prioridad a lo que podría llamarse “el descanso del guerrero”. 

Durante los treinta años siguientes, la reputación del rey se fue desvaneciendo en una búsqueda de placeres y beneficios. A lo largo de la década de los noventa, al codearse con una serie de “bucaneros capitalistas” como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde o Javier de la Rosa, su imagen se vio mancillada por su relación con los escándalos financieros que asolaron la vida política española. Las revistas del corazón sacaron mucho partido de su obsesión por la velocidad y los deportes caros en los que arriesgaba la vida y que con frecuencia le causaban lesiones graves. Esquiar, conducir coches de alta velocidad y motocicletas, pilotar helicópteros y aviones, junto con las regatas de yates, eran actividades que realzaban su reputación en algunos círculos y despertaban intensas críticas en otros. Lo mismo ocurría con su entusiasmo por la compañía de mujeres atractivas, que era objeto de gran atención en algunos sectores de la prensa semanal. Los rumores sobre crisis matrimoniales surgían con frecuencia. En 2012, mientras los españoles de a pie hacían frente a una dura crisis económica, Juan Carlos afirmó que la preocupación por el desempleo juvenil le quitaba el sueño. Sin embargo, el hecho de que hubiera estado en un safari en Botsuana, de un coste astronómico, se hizo público cuando fue trasladado en avión a Madrid para someterse a una operación de cadera tras un accidente. Se vio obligado a pedir perdón al país después de que los detalles de la escapada se hicieran públicos. Su acompañante en ese viaje fue la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, exmujer del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El declive del rey se aceleró y, en junio de 2014, se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, ahora rey Felipe VI. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España y se trasladó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en medio del escándalo por la transferencia de unos 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tras recibir pagos de un contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudí. 

Antes de que el deterioro de su popularidad llegara al punto más bajo del exilio, en junio de 2016, Juan Carlos presidió la presentación de un libro en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que su amigo el zar Simeón II de Bulgaria, exiliado, presentó su autobiografía, Un destino singular. Hacia el final del acto, un periodista le preguntó a Juan Carlos si alguna vez se plantearía escribir sus propias memorias, dada su agitada vida. Respondió en términos categóricos: “¡No, nunca las voy a escribir! ¿Para qué, para decir mentiras? La verdad no se puede contar, así que me lo guardaré”. En ese momento, hizo un gesto como si se tragara sus secretos y, señalando al cielo, añadió: “Y me lo llevaré allá arriba”. Sin duda, parecía una decisión sensata. Su considerable contribución a la transición de la dictadura a la democracia era tan conocida que solo podría verse menospreciada por unas memorias escritas a la defensiva. Al mismo tiempo, los escándalos financieros y sexuales habían sido investigados con tal exhaustividad por medios serios y por la prensa más morbosa que apenas quedaba margen para posteriores intentos de lavado de imagen.

La primera pregunta que suscitó el anuncio en 2025 de que, después de todo, habría unas memorias es: ¿por qué cambió de opinión? En los círculos editoriales españoles corrieron rumores sobre la magnitud sin precedentes del anticipo que, al parecer, se pagó por la edición española, *Reconciliación*, y la francesa, *Réconciliation*. Según el muy riguroso diario digital elDiario.es, es posible que la publicación de las memorias estuviera relacionada con este anticipo supuestamente cuantioso pagado por los derechos. En España se informó de que Juan Carlos había devuelto préstamos por importe de 4.395.901,96 euros, concedidos en 2021 por una docena de aristócratas anónimos y empresarios amigos, con el fin de regularizar su situación con la Hacienda española. Los préstamos debían devolverse en un plazo relativamente corto para que no se consideraran donaciones y, por lo tanto, estuvieran sujetos a impuestos adicionales. El reembolso de cuatro millones de euros o más en préstamos fue publicado en El Mundo el 6 de agosto de 2025 y en The Times el 7 de agosto de 2025. Las identidades de los prestamistas se publicaron en El Confidencial y elDiario.es el 6 de abril de 2021, y las copias de los contratos de préstamo fueron publicadas por elDiario.es el 15 de diciembre de 2025 y en El Periódico el 18 de diciembre de 2025. 

Más allá de la necesidad de un anticipo sustancial, resulta difícil discernir el propósito del libro. Para empezar, está el título. ¿Con quién pretende Juan Carlos reconciliarse? Según especulaban en The Times, “se dice que el título refleja el espíritu de la transición española a la democracia que él supervisó tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien lo preparó para el poder”. Refiriéndose a sus declaraciones anteriores sobre no escribir nunca memorias, dice: “¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Dado que abundan las biografías que le son favorables, es más probable que busque la reconciliación con el pueblo español, cuya mayoría en su día le adoraba, pero que ahora siente algo muy diferente. Sin embargo, el tono de estas memorias desmiente cualquier intención de ese tipo por su parte. Con un tono que oscila entre la autosatisfacción de quien se cree merecedor de todo y la autocompasión, difícilmente contribuirán a mejorar su imagen: “Me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país”. Justifica la intensidad de este sentimiento de abandono con la extraordinaria afirmación de que “Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí”. Cuesta creer que alguien conocedor de la historia de la Segunda República, de la lucha de masas contra la dictadura franquista y de los pormenores de la transición a la democracia pudiera haber escrito esta frase (Reconciliación, pp.15–16). 

La indignación popular en España por sus actividades durante una grave crisis del coste de la vida no ha hecho más que intensificarse con algunas de sus justificaciones. Si uno de los objetivos no declarados de las memorias era limar asperezas con su propia familia, sin duda ha lanzado un mensaje conciliador a su esposa, de la que está separado, la exreina Sofía. La falta de armonía en la pareja se remonta a la década de 1970. Hay que reconocer que en las páginas de sus memorias aparecen muchos comentarios amables sobre ella; pero estos seguramente son insuficientes para compensar la bien documentada historia de sus infidelidades, a las que aquí se refiere simplemente como “mis deslices sentimentales” (Reconciliación, p. 408). Además, su mal disimulado rechazo hacia la reina Letizia difícilmente habrá ayudado a las relaciones con su hijo. A pesar de expresar un vago arrepentimiento por sus aventuras amorosas en términos generales, no menciona sus largas y muy publicitadas relaciones con tres mujeres cuyos nombres son bien conocidos en España. Tampoco, en su relato en el que profesa un servicio desinteresado y poco apreciado a la nación, explica, y mucho menos justifica, el uso de fondos públicos para la lujosa remodelación de La Angorrilla, un pabellón de caza. Del mismo modo, no explica el uso del servicio secreto para impedir que salieran a la luz los excesos de su vida privada, incluyendo acuerdos económicos realizados para apaciguar y silenciar al menos a una de sus amantes. 

Como era de esperar, el texto de Reconciliación elude los temas que han provocado la mayor hostilidad pública hacia Juan Carlos en España. Simbolizados por el escándalo de Botsuana, estos han sido, en conjunto, el despilfarro económico y la matanza de varias especies en peligro de extinción en la que participó. Quizás, más que la infidelidad conyugal que hizo posible, lo que más provocó la indignación pública fue el enorme coste del proyecto a gran escala en el Monte del Pardo, en los terrenos del Palacio de la Zarzuela, llevado a cabo en parte para facilitar una de sus relaciones extramatrimoniales, y lo que reveló sobre su pasión por la caza. El proyecto consistió en la conversión de La Angorrilla, un antiguo pabellón de caza construido inicialmente para Franco en los terrenos de El Pardo, en un lujoso pabellón, con una planta baja de mil metros cuadrados y una planta superior de setecientos metros cuadrados. Tardó dieciocho meses en completarse y su coste final de 3,4 millones de euros fue sufragado por el Estado a través de Patrimonio Nacional. En las paredes de diez metros de altura de la planta baja de esta monstruosidad se encontraban las cabezas disecadas de elefantes, rinocerontes y jirafas que había abatido en safaris en el extranjero. El coste del transporte de los cadáveres de estos animales y la posterior taxidermia debió de ser enorme. En otras partes del edificio había espacio para sus trofeos de ciervos, jabalíes, lobos y cabras montesas que había cazado en España. También había una sala blindada destinada exclusivamente a albergar la gran colección de valiosos rifles de caza del rey, algunos de los cuales, según se decía, valían centenares de miles de euros. Poco después del accidente de Botsuana, Juan Carlos encargó la fabricación de una silla ergonómica especial que le permitiera seguir disfrutando de su pasión por la caza, a pesar de sus lesiones. No fue hasta después de esa crisis cuando el foco de la publicidad hostil en España se centró en la costosa reforma del pabellón de caza, que también había servido de residencia para su amante en aquel momento. 

No hay nada en el libro que pueda conducir a una reconciliación con su hijo. Es de suponer que ni el rey Felipe ni la reina Letizia apreciarán el comentario de Juan Carlos sobre “nuestro desencuentro personal” ni lo que dice de ella en el libro: “La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares” (Reconciliación, p. 41).

En un primer momento, al recordar la disculpa televisada de Juan Carlos I a la nación cuando salió del hospital tras el safari de Botsuana, podría pensarse que su intención con las memorias era reconciliarse con el pueblo español. Sin embargo, el texto plantea la pregunta de ¿con qué españoles querría reconciliarse? ¿Con los franquistas? Aunque quizá la reconciliación ni siquiera fuera posible con ellos. Al fin y al cabo, podrían acusarle de traicionar a Franco al permitir la democratización de España. En cualquier caso, el daño a su reputación en 2012 causado por el episodio de Botsuana tuvo menos que ver con la revelación de la infidelidad conyugal y mucho más con la aparente insensibilidad del rey ante la crisis del coste de la vida que sufrían los españoles de a pie. Si Juan Carlos hubiera querido utilizar este libro para reconciliarse con sus súbditos en general, habría tenido que resistir la tentación de quejarse de su supuesta penuria —o de su gran decepción porque las autoridades fiscales españolas no le hubieran permitido quedarse con los dos Ferraris que el jeque Mohamed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos, les regaló a él y a su hijo. Aún más insensible resulta la inclusión en el libro de una queja sobre el hecho de que el exrey sea el único español que no percibe una pensión de jubilación. Dado su estilo de vida, ampliamente difundido, esto solo podía provocar la burla del español medio. 

La coautora o escritora fantasma de las memorias de Juan Carlos I es su admiradora de toda la vida, Laurence Debray. De los cinco libros que ha publicado, incluido este, cuatro tratan sobre Juan Carlos. El otro es una autobiografía que aborda principalmente su relación con sus padres, Régis Debray y Elizabeth Burgos, quienes se consideraban revolucionarios. En octubre de 2021, en París, publicó un retrato excesivamente indulgente de Juan Carlos titulado 'Mon roi déchu' (Mi rey caído). Su tercer libro sobre Juan Carlos expresaba la angustia de la autora por su exilio (1). En algunos pasajes se lee casi como una extensa carta de amor. El tono de ese libro queda plasmado en la frase: “Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit” (“Érase una vez un príncipe que fue encantador, pero luego maldito”).

A continuación, escribió sobre su “relación” con él: “Depuis plusieurs décennies, j’étudie, scrute, commente son destin. Une page se tourne aujourd’hui. Il est temps de questionner cette relation si durable et structurante que j’entretiens avec lui, cet attachement aussi platonique que fidèle. Qu’est-ce qui peut bien réunir ‘une fille de révolutionnaires’ et un roi?”. (“Durante varias décadas, he estudiado, analizado y comentado su destino. Hoy se abre un nuevo capítulo. Ha llegado el momento de examinar este vínculo duradero y fundamental que comparto con él, este apego tan platónico como fiel. ¿Qué podría unir a una ”hija de revolucionarios“ y a un rey?”).

Sobre lo que ella percibía como el vínculo entre ellos, escribió: “Sa vie est un roman; Juan Carlos est devenu ”mon“ roman. Il faut bien y mettre un point final. Puisqu’il a décidé de s’effacer avant de mourir, je dois moi aussi conclure” (“Su vida es una novela; Juan Carlos se ha convertido en ”mi“ novela. Hay que ponerle un punto final. Dado que él ha decidido borrarse antes de morir, yo también debo concluir”) (2).

Ella ha declarado en entrevistas que, para recopilar material para el libro, pasó muchos meses en Abu Dabi entrevistando a Juan Carlos. Hay numerosos indicios de que fue ella, y no Juan Carlos, quien redactó la mayor parte de estas memorias. Hay incluso pasajes en el texto que casi invitan a preguntarse: si él no escribió el libro, ¿se molestó siquiera en leerlo? Aunque Debray se esfuerza por presentarlo bajo la luz más favorable, sus esfuerzos por hacerlo a veces tienen, sin quererlo, el efecto contrario. Para empezar, contiene muchos errores fácticos y contradicciones. La forma en que el texto aborda los notorios escándalos, tanto los suyos propios como los de su exyerno, Iñaki Urdangarin, es sesgada y parece contradecir gran parte de la información que ahora es de dominio público. También resulta chocante que, en un intento por generar simpatía, la voz narrativa adopte con frecuencia un tono lacrimógeno. Por ejemplo, lo que se escribe sobre las supuestas penurias de su familia es demostrablemente falso. 

Un ejemplo llamativo es el relato de la vida de la familia real exiliada en Portugal. El 2 de febrero de 1946, Don Juan de Borbón y su esposa, Doña María de las Mercedes, se trasladaron a la elegante pero tranquila localidad costera de Estoril, al oeste de Lisboa. Era una zona de casinos y espléndidas mansiones construidas para los banqueros y armadores millonarios de la cercana capital. Para su gran consternación, Juanito, de ocho años, se quedó atrás en Suiza al cuidado de su austero tutor, el teórico monárquico Eugenio Vegas Latapié. En estas memorias no se menciona la inevitable sensación de abandono por parte de sus padres que bien podría haber contribuido a crear el vacío interior de Juan Carlos que explicaría gran parte de su existencia en los años posteriores a 1982. Los monarcas exiliados vivieron en tres mansiones diferentes, hasta que finalmente, a finales de 1948, se instalaron en Villa Giralda, que había sido construida en 1936 como club de golf de Estoril. A pesar de quejarse constantemente de la pobreza, Don Juan de Borbón había sido capaz tanto de adquirir la lujosa residencia como de pagar una cantidad equivalente al precio de compra para que fuera completamente reformada y se le añadiera una tercera planta. El palacio resultante estaba rodeado de espléndidos jardines y en su salón se celebraban fiestas con cientos de invitados. Representantes de la nobleza española se turnaban en Estoril como cortesanos. Doña María contaba con una dama de compañía. En las memorias, sin embargo, Villa Giralda se describe como “una casa de alquiler” (p. 69) que su padre compró a regañadientes. El lujoso yate, el Saltillo, que el millonario vasco Pedro Galíndez Vallejo prestó a la familia, se describe como un simple velero (“velero” [p. 69]), cuando en realidad era un gran buque oceánico, provisto de tripulación completa y con los gastos de funcionamiento cubiertos. Como marinero entusiasta y experimentado, Don Juan lo aprovechó al máximo. Además, él y Doña María, ambos aficionados a la caza mayor, disfrutaban de costosos safaris (3). Esto no pretende restar importancia al coste psicológico que supuso para Juan Carlos su infancia trastornada; pero la simpatía de los lectores por las auténticas penurias emocionales que sufrió de niño se ve mermada por el énfasis que se da en las memorias a las dificultades económicas que supuestamente padeció la familia.

Un aspecto del libro que ha suscitado una gran polémica en España ha sido la calidez con la que Juan Carlos habla de Franco. Sin embargo, es importante recordar que el propio padre de Juan Carlos lo trató mal, más como un peón político que como un hijo. Esto ayuda a explicar por qué, en muchas entrevistas, se ha referido a varias personas como si fueran “como un padre” para él. Es plausible que Franco, que tenía una hija, pero no un hijo, también llegara a sentir cierto afecto por Juan Carlos. Aun así, esto apenas justifica la insistencia de Juan Carlos en que, a finales de la década de 1960, el Caudillo ya había llegado a la conclusión de que el país necesitaba democratizarse y que Franco le dio permiso explícito para llevar a cabo esa reforma inevitable. Las pruebas en contra —de que Franco estaba decidido a bloquear la reforma— son abrumadoras. Para respaldar su punto de vista en las memorias sobre los deseos de Franco, Juan Carlos relata una visita a Franco en el hospital, días antes de su muerte:

“Tuve una última conversación con él. Sentado a su lado en la cama del hospital, me tomó la mano y, como en un último aliento, me dijo: 'Alteza, le pido una sola cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió mantener el régimen tal y como era, ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, por lo tanto, las manos libres para poner en marcha las reformas siempre y cuando no se cuestionara la unidad de España'' (203).

El hecho es que, en ese momento, Franco estaba moribundo y era poco probable que fuera coherente. Incluso si lo hubiera sido, era improbable que hubiera contradicho sus propias leyes fundamentales y sus propias declaraciones, realizadas con vehemencia ante aquellos de sus ministros que le habían instado frenéticamente a desconfiar de las tendencias democráticas de Juan Carlos. 

El 12 de febrero de 1974, cuando su primer ministro de línea dura, el que en su día fue conocido como “el Carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso sobre una liberalización mínima, el desconcertado Caudillo pidió aclaraciones al ministro-secretario del Movimiento, José Utrera Molina, con quien había establecido una relación paternal. Cuando Utrera le explicó lo que se había aclamado como “el espíritu del 12 de febrero”, un Franco profundamente alarmado respondió: “Si el régimen permite que se ataque a su doctrina sustancial y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio” (4). En julio de 1975, Franco, con el lenguaje beligerante propio de la década de 1940, instaba a una delegación de oficiales falangistas del ejército a defender hasta la muerte su victoria en la Guerra Civil. El 1 de octubre de 1975, en el trigésimo noveno aniversario de su ascensión a la Jefatura del Estado, se presentó por última vez ante una multitud en el Palacio de Oriente. Apenas capaz de hablar, encorvado sobre el micrófono, pronunció con voz ronca los mismos clichés paranoicos de siempre. El problema de España se debía, declaró, “a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Ninguna de estas pruebas respalda el retrato del Franco liberal que se presenta en las memorias de Juan Carlos en Reconciliación.

En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe

Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Juan Carlos en que Franco no se opuso a la reforma que él llevó a cabo? ¿Quizás está tratando de legitimarse como demócrata sin dar pie a que los franquistas lo acusen de traicionar al dictador? Es una idea razonable, aunque extraña, porque en otras partes del libro argumenta acertadamente que arriesgó su vida luchando por la democracia. Hubo numerosos complots militares que incluían el asesinato del rey. ¿Por qué iban a querer matarlo los golpistas si él simplemente estaba cumpliendo los deseos del dictador? De hecho, en lo que respecta a las cuestiones de legitimidad, el libro tiene un problema mucho mayor. En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe.

Esto ocurre en un pasaje verdaderamente extraordinario del tercer capítulo. Juan Carlos relata que, en marzo de 2020, Felipe solicitó una reunión como parte del proceso que llevó a su padre a exiliarse. Cuando llegó al despacho de su hijo, Juan Carlos se llevó una sorpresa al encontrar allí también al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Felipe y Alfonsín le informaron de que su asignación económica sería recortada. Juan Carlos afirma entonces que le dijo a su hijo y futuro sucesor: “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme personal y financieramente, pero no puedes rechazar la herencia institucional que te sustenta. Y solo hay un paso entre ambas cosas” (38–39). En otras palabras, Juan Carlos le espeta a Felipe: “Si eres rey, es gracias a mí. No pienses jamás que eres rey porque perteneces a la dinastía de los Borbones. Eres rey porque Franco me hizo rey”. El error cometido por Juan Carlos aquí es colosal. Franco siempre insistió en que el nombramiento de Juan Carlos como sucesor no implicaba ninguna restauración de la monarquía constitucional borbónica, sino que se trataba de una monarquía del Movimiento de nueva instauración, tal y como establecía la Ley de Sucesión. Una vez que Franco murió, ese fue el estigma deslegitimador del que Juan Carlos tuvo que deshacerse. Y, de hecho, lo consiguió el 17 de mayo de 1977, gracias al sacrificio que hizo su padre al abdicar en favor de Juan Carlos, otorgándole finalmente legitimidad dinástica. Sin embargo, es precisamente esa legitimidad la que Juan Carlos tira por la borda en este pasaje. Para cualquier monárquico, esa declaración de Juan Carlos debe de ser un trago amargo.

Juan Carlos desempeñó un papel clave en la Transición. Por supuesto que sí. Aunque la Transición fue un esfuerzo colectivo de muchos españoles, Juan Carlos nunca dejó de utilizar su posición como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para promover la democratización del país. Si puede considerarse un gran rey, y yo diría que sí, es por esa razón.

Una cuestión clave que este libro no aborda es si Juan Carlos es, en lo personal, un demócrata. De hecho, la respuesta apenas importa, ya que actuó como tal, pues pronto se dio cuenta de que no había otra forma de garantizar la supervivencia de la monarquía. Aprendió de la experiencia de la familia de la reina Sofía en Grecia y escuchó los consejos que recibió de diplomáticos estadounidenses y británicos. Sin embargo, como mínimo, habría sido conveniente que se abordara este tema en el libro. Para que estas memorias fueran acogidas como una importante contribución histórica, habrían tenido que ofrecer un retrato de Juan Carlos I capaz de conciliar, por un lado, las auténticas dificultades de su infancia y adolescencia, y su inmensa contribución al establecimiento de la democracia y, por otro, las revelaciones de conductas cuestionables que culminaron en la abdicación del rey. El problema de esta épica autobiografía de quejas es que es poco probable que genere la empatía de cualquier español que haya sido lector habitual de los periódicos durante los últimos diez años. Además, si bien se espera que una autobiografía revele mucho sobre su autor y protagonista, en este caso puede que revele aún más sobre su coautora que sobre Juan Carlos.

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1 El primero fue 'La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España' (Sevilla: Fundación El Monte, 2000). Le siguieron 'Juan Carlos de España' (Madrid: Alianza, 2016) y 'Mon roi déchu. Juan Carlos d’Espagne' (Paris: Éditions Stock, 2021).

2 Debray, 'Mon roi déchu', 8–10, amp. 13–14; todas las traducciones son de mi autoría).

3 Véase José María Zavala, 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Madrid: La Esfera de los Libros, 2010), 111–13 & 171; José María Toquero, 'Don Juan de Borbón, el Rey padre' (Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1992), 58–61; Rebeca Quintans, 'Juan Carlos I. La biografía sin silencios' (Madrid: Akal, 2016), 71;

4 José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera (Barcelona: Editorial Planeta, 1989), 103.

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Reseña de las memorias de Juan Carlos I (con la colaboración de Laurence Debray), Reconciliación. Memorias (Barcelona: Editorial Planeta, 2025), 507 pp; edición francesa: Juan Carlos I, Réconciliation (Pars: Éditions Stock, 2025), 512 pp.

“Es un paso importante”. La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, celebra el nuevo revés que ha sufrido el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el empeño de una asociación de que sea declarado Bien de Interés Cultural y así protegerlo y mantenerlo. Hace unos días, se hacía público que un informe de la ponencia técnica del área de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se ha opuesto a la declaración BIC de este monumento. Para Pérez Schwartz, la estatua “es un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas”. 

El Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado BIC en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, localizado en Santa Cruz de Tenerife y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”. 

Durante la fase de instrucción del Cabildo de Tenerife, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista. Los informes desfavorables a proteger la estatua son los de la Universidad de La Laguna (ULL), que insiste en que “no hay valores artísticos excepcionales” en esta obra y alude a su contexto histórico y Museos de Tenerife, que incide en que “más allá de sus valores artísticos que actualmente se debaten, creemos que la carga simbólica se encuentra en contradicción con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”. 

Los informes favorables a proteger la estatua son los de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes, que hace alusión a que la obra “forma parte de la destacada producción monumental que el escultor y el de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel de Arcángel, que solamente se centra en que ”fue uno de los escultores más relevantes, entre los que trabajaron la figuración en aquellos años“ y expone su currículum y su producción.

Además, se presentó al procedimiento una lluvia de alegaciones de las asociaciones de memoria democrática y de partidos políticos que incidían en que la escultura contradecía las leyes de memoria democrática. El Gobierno de España informaba de que, a través de la Delegación de Gobierno en Canarias, presentó alegaciones en este expediente. La principal razón que argumenta es que “no existe ningún informe que refleje el carácter excepcional y sobresaliente de la obra de Juan de Ávalos”.

Muchas de las asociaciones de memoria señalaron que se trata de “propaganda franquista” y un “insulto” a las víctimas. Algunas de las que alegaron fueron la de Emilio Silva, la asociación de Tenerife, la de Arucas, la asociación masónica. Entre los partidos destacan Podemos o Izquierda Unida. 

¿En qué punto se encuentra el monumento?

Una vez finalizado ese proceso, tal y como manda la Ley de Patrimonio, el expediente pasó al Gobierno de Canarias. Según pudo confirmar este periódico, la propuesta de proteger este monumento no obtuvo ni un solo voto a favor y contó con una abstención en la ponencia técnica de Patrimonio. 

Ahora, tendrá que pasar al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, para el que aún no hay fecha prevista, pero que suele decidir de acuerdo a lo que ha determinado el informe técnico si se revisa el historial. 

Schwartz explica a este periódico que el hecho de que “Patrimonio del Gobierno de Canarias haya demostrado que el monumento de Ávalos no tiene patrimonio artístico lo que facilita el cumplimiento de las leyes de memoria histórica; la de Zapatero, la de Canarias y la última estatal” para lograr su retirada de la vía pública. “Es un paso adelante, pero hay que continuar”, insiste. Además, afea a la asociación San Miguel de Arcángel que “no quieren retirar este monumento” y sugiere“ que se los lleven a su casa”. “Ellos no van a tolerar nunca que el monumento a Franco sea una exaltación del golpe de Estado de 1936”, lamenta. 

“Este monumento lo que tiene que hacer es retirarlo”, insiste la presidenta de la asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, que cree que no cabe la resignificación del mismo. A su juicio, no debe ser un monumento a la paz ni a la concordia. “¿A la concordia de quién?”, vuelve a preguntarse cada vez que se remueve esta idea. 

Los símbolos del monumento 

El Catálogo de Vestigios de Canarias elaborado en el anterior mandato señaló que el monumento está configurado por una base que es una alegoría de la isla de Tenerife, “que actúa como anclaje de las piezas superiores y como símbolo de la contribución de la isla de Tenerife a la sublevación militar”. También se compone de “la figura del arcángel”, que simboliza el vuelo realizado por Franco en el avión conocido como Dragón Rapide, y el “símbolo propio de la guerra de religión que recibe el auxilio divino a través de la figura angelical”.

Constituye una figura alegórica del general Franco sobre el arcángel “representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz”. El complejo también contiene los escudos alegóricos a los nueve partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 1960, que representan la pretensión de significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal.

Para financiar el monumento se utilizó la fórmula de la “suscripción popular”, se practicaba a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil, que eran poseedores de la información sobre la ciudadanía. El Catálogo de Vestigios reflejaba esas extorsiones, presiones y un alto grado de control.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde abordaremos cuestiones fundamentales en España como la memoria histórica o la educación y el estudio del franquismo en nuestras aulas.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, el franquismo sigue siendo una asignatura pendiente en muchos colegios de nuestro país. De ello hablamos en este podcast, de la mano de Estela y Jule, dos alumnas del Colegio Lourdes, integrantes del grupo de memoria democrática de su centro. Además, contamos con la participación especial de Rosa García Alcón, activista antifranquista que estuvo en la cárcel y sufrió tortura durante la dictadura, y con las voces de varios profesores de primaria y secundaria y de un estudiante universitario procedente de una familia represaliada por el franquismo.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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El Ayuntamiento de Fraga, gobernado por el PP, mantiene vigente la distinción de alcalde honorario concedida a Francisco Franco en 1953, pese a la Ley estatal de Memoria Democrática, que obliga a retirar este tipo de reconocimientos cuando “resulten incompatibles con los valores democráticos”.

La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Huesca va a iniciar actuaciones para requerir información al Consistorio y recordarle su obligación de cumplir la normativa. “Desde Fiscalía iniciaremos un procedimiento al respecto para solicitar información al Ayuntamiento y efectuarle recordatorio de que han de cumplir con lo dispuesto en el art. 40”, trasladó esta misma semana la fiscal delegada de Derechos Humanos y memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Huesca a Jesús Sansó, exdiputado autonómico que ha denunciado esta situación, tal y como ha adelantado el diario 'Segre'.

Sansó inició el proceso hace tres meses, cuando se puso en contacto por primera vez con la Fiscalía. Este órgano le confirmo que “cabría la retirada de dicha distinción” y le instó a solicitarlo directamente al Consistorio. Así lo hizo, presento tres solicitudes formales —el 5 de febrero, el 5 de marzo y el 5 de abril— para pedir su retirada, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, según explica.

Sansó también solicitó el acta oficial de concesión, donde se confirma la vigencia de este reconocimiento honorífico. Ante la falta de contestación, trasladó toda la documentación a la Fiscalía. La Fiscal le ha confirmado que se va a iniciar un procedimiento para “solicitar información al Ayuntamiento y efectuarle recordatorio de que han de cumplir con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática”.

En esta norma se establece que las administraciones públicas “adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.

La norma a aplicar es la estatal debido a que la de Aragón, aprobada en 2018, fue derogada en 2024 con los votos a favor de PP, Vox y PAR. La eliminación de esta ley autonómica suprimió instrumentos como el censo de víctimas o el registro de entidades memorialistas, aunque no afecta a la vigencia de la ley estatal, que sigue siendo de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

Por su parte, fuentes municipales reconocen que la retirada de la distinción no está contemplada, a no ser que haya una obligación legal. “Evidentemente, si es por imperativo legal, se eliminará la distinción, pero no es una prioridad para el equipo de gobierno”, señalan.

Otros vestigios franquistas en el callejero

El mantenimiento de la distinción a Francisco Franco no es el único elemento vinculado a la dictadura que persiste en Fraga. Así, el municipio conserva todavía otros vestigios en su espacio público.

Entre ellos figuran referencias en el callejero como la calle Alcázar de Toledo y el grupo de viviendas 28 de Marzo, denominaciones ligadas a episodios y simbología del franquismo que se han mantenido sin modificaciones hasta la actualidad.

Nieto de uno de los fundadores de la Falange, hijo de uno de sus grandes adversarios, sobrino de uno de los cantautores más contrarios al franquismo, y también de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio; Máximo Pradera creció rodeado de intelectuales que forman parte de la historia de España, a quienes ha reunido en Memorias de un nieto confuso (Navona).

Un libro en el que el escritor, periodista y musicólogo defiende que “cada familia es un campo de batalla ideológico disfrazado de álbum fotográfico”. El autor indica que la única diferencia de la suya con la del resto, es que esta batalla la libraron en público. Ahora bien, igual que al resto, a los sucesores les ha tocado heredar un pasado incómodo y tener que decidir qué hacer con él. Su elección: “Convertir el plomo de la herencia franquista en el oro de la provocación democrática”.

¿Cómo ha llevado ser nieto de Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange y uno de los autores del Cara al sol? Una canción que ahora no se usa tanto, pero a veces sí.

Y puede llegar a sonar más si las cosas se tuercen. A mi madre no le gustó nada [la novela de Javier Cercas] Soldados de Salamina, a mí más. Viene a decir que Sánchez Mazas fue el gran ideólogo de la Guerra Civil, que sin él no la habría habido porque no habrían tenido soporte ideológico para alzarse. Mi padre me dijo cuando le pregunté que era una licencia literaria de Cercas. El peso ideológico de mi abuelo fue más bien accesorio, en detallitos, en el grito de “arriba España”, el yugo y la flecha; pero tanto como ser el gran ideólogo de la sublevación militar como dice el libro, no.

¿Por qué decidió escribir este libro sobre su familia en este momento?

En mi anterior hablé sobre mi experiencia con el cáncer, El cáncer y la madre que lo parió, que fue muy gorda porque es enfrentarte con la muerte, aunque ya estoy bien. Te cambia la mentalidad respecto a todo, la vida, tu familia. Probablemente, sin haber atravesado la enfermedad no lo habría escrito, pero ahora sí. Entre que me ha cambiado mi forma de pensar y me lo ha pedido mucha gente, llegó el momento.

Usted utiliza la provocación. Figuras como Trump, Ayuso o Milei son ahora mismo los maestros de la misma, ¿qué lugar ocupa en la actualidad?

Hay provocación buena y mala. El otro día comenté un tuit de Elisa Beni que era provocación chunga, porque es de esos opinólogos que lo que pretenden es tener razón a toda costa. Sacó uno absolutamente infumable sobre el derecho al odio, por la frase que había dicho Carlos Baute de la mona [el cantante alentó a los gritos de “fuera la mona” referidos a Delcy Rodríguez en un evento]. Hacía una cosa que me pone muy nervioso que es asociar lo humano con lo visceral y lo chungo. Lo humano también es la compasión, la inteligencia, la quietud, el análisis. Ese “es que somos humanos” se utiliza cuando nos equivocamos o excedemos, y no. Una de las grandes virtudes del ser humano es la compasión por el otro.

Lo que yo intento es practicar una provocación que va a al subtexto. Ahora podría provocar mucho, y creo que lo voy a hacer, a Baute, porque ha salido como si fuera un angelito diciendo: “Ay, me he equivocado, no soy racista”, porque ha visto que incluso le puede afectar comercialmente en la venta de sus discos. Se nota cuando la petición de disculpas no es sincera, sino que obedece a intereses comerciales.

Antes el libro era un objeto más respetado, ahora saca libros hasta Paz Padilla

Máximo Pradera — Escritor, periodista, guionista y musicólogo

Vivimos entre mucho ruido y parece que muchas veces la burrada de turno es lo que queda y no tanto cómo podemos contrarrestarla e incluso qué hay detrás de ese mensaje.

Sí. En España se ha producido un fenómeno, cada vez más creciente, que pertenece a intereses empresariales. Una tertulia es muy barata en relación al precio tiempo que ocupas en antena en televisión. Se lleva a gente que a lo mejor es fuerte en un campo, pero se le obliga a opinar de cosas que a lo mejor no tiene ni puta idea. Gente que antes de ayer no sabía que existía el estrecho de Ormuz, se lo ha leído en Wikipedia el día anterior y lo suelta simplemente porque la empresa le está pagando. Y la empresa está encantada, porque está rellenando tiempo. No hay contenido, hay relleno.

Hay muchísimo tertuliano bocachancla que traen porque es director de algún medio, por quedar bien en cámara, porque anima el debate, pero hay mucho deterioro de lo que es el periodismo. Siempre digo que si a todos los que dan opiniones en tertulias les obligaras a buscar una noticia al mes, se acabarían en una hora, porque buscar noticias es mucho más difícil que soltar cualquier parida.

Por ejemplo, he oído a Pablo Iglesias, al que no tengo ningún tipo de problema en llamarle 'el colectas', porque hago ese tipo de provocación, meterse mucho con elDiario.es. Como que es el periodismo de pijoprogres, pero el tío lo que hace es opinar sobre muchos temas que son exclusivas de elDiario.es. Por lo menos, reconoce el trabajo de los periodistas.

Su bisabuelo Víctor Pradera, que sentó las bases de lo que posteriormente sería el franquismo, era una persona muy bien formada. ¿Pecamos al pensar que un votante de Vox tiene que ser una persona iletrada o menos formada? Entender que haber estudiado mucho no te hace necesariamente una persona más progresista.

Mi bisabuelo era un intelectual. No hace falta ser ignorante para ser retrógrado, pero ayuda mucho, sobre todo lo peligroso es que haya muchos retrógrados. El autoritarismo, el falangismo, el fascismo ha encontrado una forma muy eficaz de sabotear la democracia, que es el principio de que yo tengo derecho no solamente a mis propias opiniones, sino a mis propios hechos, que es la realidad alternativa. Y que eso se considere normal, como el terraplanismo o la homeopatía. 

En el libro ahonda en la relación que su abuelo Rafael Sánchez Mazas tuvo con Franco.

Una de las historias que cuento es que Rafael Sánchez Mazas, además de falangista, fue ministro sin cartera durante el primer año de posguerra. Como era una persona intelectualmente muy dotada, con formación, y Franco era un zote, un general chusquero que no tenía ni puta idea de nada; le aburría muchísimo. Sus consejos de ministros podían durar cuatro o cinco horas, era eterno. A Franco le empezó a tocar las narices que mi abuelo llegara tarde. Un día preguntó por él y dijo que no le pusieran silla.

En su último Consejo, mi abuelo entró una o dos horas tarde y se encontró que no tenía donde sentarse. Tuvo que ponerse de pie en un discreto segundo plano como un alumno díscolo castigado. Cuando acabó, se acercó a Franco y este le dijo que ya no hacía falta que viniera más.

Mi capacidad para tocar las narices la he heredado en parte de mi abuelo porque las tocaba muy bien. En ese sentido es admirable, y no se le reconoce esa capacidad en Soldados de Salamina. Tenía un amigo falangista, Mourlane Michelena, que era muy pedante. Una vez le dio un zasca delante de todo el mundo, por postureo: “Mourlane, con el tiempo y esfuerzo que dedica usted a aparentar una cultura que no tiene, bien podría haberse construido una de verdad”. Yo estaría diciendo esa frase todo el día a todo el mundo, ese “qué estás diciendo si no sabes de qué estás hablando”. Estás en puro postureo. Ese era mi abuelo.

También ayudó a salvar la vida a Miguel Hernández. Finalmente, murió de tisis en la prisión de Alicante, pero estuvieron a punto de fusilarle bastante antes en Madrid. Mi abuelo, que tenía el privilegio de sentarse en el Consejo de ministros dijo “le pido la gracia para un poeta”. Consiguió salvarle la vida. Aunque solo sea por eso ya merece un lugar en la historia. 

Hablábamos del Cara al sol porque su abuelo estuvo involucrado en su composición, pero también tiene a su tío, Chicho Sánchez Ferlosio, que fue todo lo contrario, creando canciones protesta en el franquismo. ¿Qué papel tuvieron entonces? ¿Siente que ahora hay canción protesta?

No hay canción protesta. Cuando me llevaba bien con Pablo Iglesias, cuando Podemos era la Patrulla-X, que estaba Bescansa, Errejón, Monedero, antes de que este se los fuera puliendo uno a uno; adapté una canción de Munárriz que se llamaba Vamos a decir que no, para uno de los mítines que iba a hacer en plena efervescencia del 15M. Estuve a punto de irla a cantar.

La música es un cohesionador de la gente. Funcionó de maravilla en los años sesenta, y ahora, los movimientos sobre todo de izquierdas, no tienen himnos. No se canta. Qué habría sido del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos sin Joan Baez y We Shall Overcome, las canciones que cantaban. Los echo mucho de menos. En el tardofranquismo hubo muchísima canción protesta, no solamente de Chicho Sánchez Ferlosio, sino de Aute, Rosa León, Paco Ibáñez, muchísima gente con talento que te daba ánimos con lo que cantaba, las letras y las músicas. La gente necesita cantar.

Cuando habla en el libro de su tía Carmen Martín Gaite señala que le enseñaron que la literatura puede construir en vez de destruir, ¿sigue pensando igual?

Se ha deteriorado bastante. El otro día salió una noticia diciendo que el 50% de libros de España no vende ni un solo ejemplar. Hay una sobrepublicación. Antes el libro era un objeto más de lujo en el sentido no de dinero, que también supongo que comprar libros nunca ha sido agradable para el bolsillo; pero era un objeto más respetado. Ahora saca libros hasta… me acuerdo de Paz Padilla yendo a una recepción del Cervantes como escritora y la reina saludándola. No sé, están ocurriendo cosas muy insólitas. El concepto de autor se ha abaratado.

Mi padre abarató el libro, en el sentido bueno de la palabra. Siempre que se habla de Javier Pradera se hace de su parte política, militante y periodística. Pero él fue muy importante a la hora de abaratar el libro en el sentido económico, porque Alianza, la editorial que ayudó a cofundar, puso al alcance de generaciones españoles libros importantísimos, a los que no teníamos acceso en los sesenta y setenta porque eran de tapa dura y valían una pasta. Desde Kafka, Hermann Hesse, Freud. Con el libro de bolsillo de Alianza Editorial. Me gusta reivindicar su papel en la historia de España porque pienso que el libro de bolsillo de Alianza Editorial también lo es.

Vídeo de la entrevista completa

Vídeo: Adrián Torrano

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts una moció sobre memòria democràtica impulsada pel grup Mixt-Unides Podem, si bé el bloc format per PP i Vox ha rebutjat algunes de les seves mesures més contundents, com la retirada de símbols franquistes, la revisió dels honors atorgats als responsables de la dictadura franquista i el reforç de les polítiques públiques de memòria. Conservadors i extrema dreta també s'han oposat a impedir qualsevol manifestació que impliqui la glorificació de l'alçament militar, de la dictadura o del mateix Franco.

Durant el debat, la diputada del PP Cristina Gil ha defensat el rebuig del seu grup a diverses d'aquestes mesures, emmarcant-lo en una crítica de fons a les polítiques de memòria desplegades a Balears. “Un Parlament que deroga una llei no està destruint la democràcia, l'està exercint”, ha asseverat, en al·lusió a la recent supressió de la llei autonòmica de memòria democràtica.

Gil ha qüestionat, a més, el fet que la memòria depengui d'un text legislatiu, ironitzant que, segons l'esquerra, sense aquesta norma els ciutadans “es despertarien sense recordar res”. En contraposició, ha reivindicat una memòria que “viu en arxius, en famílies i en llibres”. La diputada popular ha justificat el seu rebuig a mesures com impedir actes d'exaltació franquista en considerar que prohibir-los suposaria una limitació de drets fonamentals com la llibertat d'expressió.

Cal assenyalar que a Espanya no existeix un delicte específic que prohibeixi l’exaltació del franquisme: el Codi Penal inclou els delictes d'incitació a l'odi per raó de gènere, raça, religió o altres circumstàncies, així com el de “negació o justificació” del genocidi, però no fa esment a l'apologia del franquisme o del feixisme. Amb tot, el Congrés va donar llum verda l'any passat a la reforma de la llei d'associacions per introduir com a causa de dissolució la realització d'activitats que constitueixin apologia de la dictadura o dels seus dirigents. La norma no implica una il·legalització automàtica, sinó que han de ser els tribunals els que avaluïn cada cas i decideixin si procedeix dissoldre una entitat.

En un dels moments de la seva intervenció, Gil ha ampliat el debat més enllà del context espanyol i ha apel·lat als “més de 100 milions d'assassinats” que algunes fonts atribueixen al comunisme per qüestionar la legitimitat de l'esquerra a l'hora de donar “lliçons” sobre drets humans.

Per la seva banda, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha acusat directament l'esquerra de “no tenir memòria ni ser demòcrata” i de voler imposar “una veritat falsa” sota amenaça de sanció: “Tot aquell que dissenteixi, multa o presó”, ha insinuat. El parlamentari ha articulat la seva intervenció entorn d'una comparació sistemàtica entre l'Espanya actual i el franquisme, enumerant dades econòmiques i socials per reivindicar aquest període —major pes industrial, més accés a l'habitatge, millors taxes d'emancipació juvenil, menor criminalitat o reducció de l'analfabetisme—, malgrat que la majoria d'aquests indicadors són objecte de controvèrsia entre historiadors.

Rodríguez ha arribat a atribuir al franquisme el desenvolupament de la xarxa sanitària pública i de la Seguretat Social, citant hospitals i mesures implantades durant la dictadura, obviant que, tot i que el règim va impulsar estructures inicials de protecció social, el sistema sanitari universal i l'Estat del benestar actuals s'han desenvolupat principalment en democràcia.

Reconeixement de les associacions de víctimes

Malgrat el rebuig d'aquestes mesures, sí que han tirat endavant altres punts de caràcter general, com el compromís de reconèixer el paper social de les associacions de víctimes de la guerra civil i de la dictadura franquista inscrites en el registre autonòmic; el compliment de les resolucions de Nacions Unides sobre els drets de les víctimes de violacions de drets humans; la garantia de l'exercici efectiu dels drets a la reparació, la veritat, la memòria democràtica, el reconeixement i la justícia de totes les víctimes del conflicte bèl·lic, i el desenvolupament de “totes les mesures legals” per aconseguir aquest objectiu, entre les quals l'organització d'activitats extraescolars per als alumnes d'educació secundària.

La moció insta el Govern, a més, a vetllar per la comprensió i la difusió de la història de Balears durant la Segona República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transició i l'Estatut d'Autonomia, així com a continuar amb els homenatges institucionals a les víctimes.

Al text s'han introduït diverses esmenes del PSIB i de MÉS per Mallorca que aborden qüestions com la continuïtat de les polítiques de memòria democràtica; la col·laboració interinstitucional en l'organització d'accions de reparació; l'organització d'un acte civil de sepultura al ‘Memorial de la Dignitat’ del cementiri de Palma; l'ampliació del Pla de Fosses; i la instal·lació de pedres de la memòria, també conegudes com a Stolpersteine, als municipis de Balears.

El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.

Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.

Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.

En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.

Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.

Reconocimiento de las asociaciones de víctimas

Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.

La muerte de Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936) es una de las grandes incógnitas del siglo XX. Un enigma aún sin resolver al que el escritor y profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Salamanca Luis García Jambrina (Zamora, 1960) ha tratado de dar respuesta basándose en hechos reales y ficticios en su novela 'El último caso de Unamuno', la segunda de una serie en la que prevé al menos otros tres libros en los que el escritor y filósofo se convierte en detective. “Siempre tuve la tentación de escribir algo de ficción sobre la muerte de Unamuno, porque trabajé en la casa Museo de Unamuno de Salamanca durante año y medio, cuando acabé la carrera e iba todos los días a la casa rectoral donde él vivió”, confiesa a este periódico García Jambrina, quien ya publicó un ensayo sobre el tema en el año 2021 junto al cineasta Manuel Menchón, pero desde un punto de vista histórico y periodístico.

“En este caso he tratado de ir más lejos porque como periodista, como historiador o investigador hay partes a las que no puedes llegar porque no tienes documentos, testimonios o pruebas. Pero como novelista tienes la libertad de ir más allá y completar las lagunas que quedan. Y eso es lo que he hecho en la novela. He querido reconstruir todas las circunstancias que de alguna manera explican y rodean esa muerte y que tienen que ver con el comienzo de la Guerra Civil en Salamanca, que fue una ciudad ocupada desde el primer momento por las tropas sublevadas y era una ciudad de retaguardia, pero en la que hubo también represión. En el centro de todo, estaba Unamuno”, reconoce.

'El último caso de Unamuno' es una novela negra de intriga criminal que se basa en dos investigaciones, una de ellas la realiza el propio Unamuno como detective y la otra la realizan para averiguar su muerte, pero también se trata de una novela histórica donde se reconstruye un momento concreto de la Guerra Civil en Salamanca. “La novela cuenta esos primeros meses de la guerra en Salamanca, que no es una parte de la historia muy conocida, pero en la que el plano propagandístico cobró gran importancia. En Salamanca siempre tendemos a ver el bando sublevado nacional como algo muy homogéneo y uniforme, pero en realidad había muchas tensiones y sobre todo entre Falange y los militares. A Unamuno le pillaba todo eso en el medio, porque tanto los falangistas como los militares intentaron utilizar y manipular su figura durante todo ese tiempo, incluso después de la muerte. Una de las hipótesis es que lo mataron los falangistas o que la cosa hubiera venido de la parte militar”, sostiene García Jambrina.

A Franco le vino muy bien el apoyo inicial de Unamuno y siguió utilizándolo hasta el final porque era una de las figuras españolas con más prestigio internacional

Preguntado por el uso propagandístico por parte del franquismo de la figura de Unamuno, el escritor reconoce que en “un primer momento apoya el alzamiento y a los militares, pero enseguida rectifica”. “De manera equivocada él pensaba que se trataba simplemente de un pequeño pronunciamiento militar que venía a enderezar el rumbo de la de la República. Salvar la República, en definitiva. Y lo creyó así porque los militares, incluso el propio Franco, en sus proclamas, siempre terminaba con el Viva la República, pero enseguida se da cuenta de que no es así, rectifica, se distancia y hasta se enfrenta a los militares de manera directa, como vemos en el acto del 12 de octubre del 36, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde se enfrenta no solo a Millán-Astray, sino a todos los militares allí presentes y queda clara cuál es su posición. El problema es que como Unamuno apoya inicialmente a los militares, lo utilizan propagandísticamente. A Franco le vino muy bien ese apoyo inicial de Unamuno y siguió utilizándolo y manteniéndolo hasta el final porque Unamuno era una de las figuras españolas con más prestigio internacional. No solo lo asesinan, sino que siguen utilizando propagandísticamente su legado, hasta el punto de que llegan a darle el nombre de Unamuno a un campo de concentración”, lamenta.

Lo asesinan el 31 de diciembre de 1936 porque no podía pasar un año más, se había convertido en un peligro enorme para el bando sublevado y era importante que desapareciera

En una carta inédita hasta el año pasado, datada el 7 de diciembre de 1936 -tres semanas antes de su muerte-, Unamuno confesó al novelista Henry Miller (1891-1980) su temor a ser asesinado porque existía una orden de acabar con él si trataba de huir de su arresto domiciliario. García Jambrina reconoce y así lo refleja en su novela, que la historia de la muerte de Unamuno es la crónica de una muerte anunciada. “Estaba convencido de que lo iban a asesinar. Es el verbo que él utilizaba y incluso llegaba a hablar de la posibilidad de escaparse. Y seguramente lo intentó en alguna ocasión e intentó mandar cartas por todas las vías posibles, porque por el correo ordinario sabía que no llegaban. Lo silenciaron y eso para Unamuno era algo terrible. Él decía, 'el día que no pueda hablar, el día que no me dejen hablar, me matan' y eso es lo que ocurrió. En los escritos personales y cartas durante las últimas semanas de vida se ve que la tensión va creciendo y que no podían hacer otra cosa que matarlo y que pareciera un accidente o muerte natural, porque no lo podían fusilar. Lo asesinan el 31 de diciembre de 1936 porque no podía pasar un año más, se había convertido en un peligro enorme para el bando sublevado, porque si todas esas declaraciones de Unamuno, con el prestigio internacional que tenía, se hubieran hecho públicas, podría haber cambiado incluso hasta el curso de la Guerra Civil porque alguna potencia extranjera podría haber ayudado a la República. Todo hubiera sido más difícil para los sublevados, por eso era muy importante que Unamuno desapareciera”, sostiene.

García Jambrina confía en que en algún momento se conozca la realidad de lo que pasó con la muerte de Unamuno. “Hay un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca y de la Universidad del País Vasco que tienen gran interés en que de una vez por todas esto se investigue en serio, se zanje esta cuestión y yo creo que a lo largo de este año iremos sabiendo algo más. Lo más curioso es que la muerte de Unamuno no se ha investigado hasta fechas muy recientes. Ya pasaron 85 años sin que nadie hubiera investigado este asunto. Tanto en el ensayo publicado en el año 2021 como en esta novela narro indicios sobre su asesinato, pero confío en que, sobre todo los análisis forenses que se hagan a lo largo de este año, pues nos den ya alguna prueba, ya no solo indicios, sino alguna prueba bien de tipo médico o lo que sea que confirme que efectivamente murió asesinado. Luego estaría ya averiguar la autoría, eso es más complicado porque este tipo de muertes evidentemente eran de encargo y la responsabilidad se diluye”, confiesa.

Unamuno es un referente humano, político, ético. Bilbao debería presumir mucho más de haber dado a luz a ese personaje

El escritor ha viajado esta semana a Bilbao para presentar su novela y hablar sobre la muerte de Unamuno en la ciudad en la que nació y en la que reconoce que, por “prejuicios”, su figura no ha tenido a lo largo de los años el prestigio que merecía, algo que se está corrigiendo poco a poco. “He ido asistiendo poco a poco a una especie de recuperación de la figura de Unamuno, de rehabilitación del personaje. Unamuno estaba muy marcado, muy connotado negativamente. Había muchos prejuicios sobre él, recuerdo incluso cuando se tiraba el busto de Unamuno a la Ría de Bilbao y permanecía en la Ría durante mucho tiempo. Yo me he encontrado con mucha gente culta y leída que decía que no leía Unamuno porque era facha y que no le interesaba por eso. Y se ha revelado que es absolutamente falso. También existe el prejuicio de que a Unamuno no le interesaban la lengua ni la cultura vasca, algo que también es falso y prueba de ello es que él hace su tesis doctoral sobre la lengua en la cultura vasca. El tiempo que vivió en Salamanca él decía que era bilbaíno y que era muy vasco, incluso cuando se exilió en París abandona la ciudad para instalarse en Hendaya y poder contemplar su tierra, en la que tenía raíces enormes, pero eso durante muchos años ha estado oculto”, reconoce el autor.

“Se dice que Unamuno es contradictorio. Yo no creo que sea contradictorio, pero es verdad que él era capaz de aceptar diferentes tipos de puntos de vista sobre las cosas, pero de una manera racional, no porque cambiara de opinión, sino porque lo examinaba todo una y otra vez, lo cuestionaba todo. No tenía unas ideas fijas, no tenía ideología, tenía un pensamiento vivo. Una vez que se va limpiando el personaje de todas esas falsedades, empieza a surgir el interés. Y en el caso de Bilbao es más que interés, hay una necesidad de recuperar esa figura, prueba de ello es que ahora se le dedican jornadas y se leen públicamente sus obras. Es algo emocionante. El problema que tiene es que es tan complejo que es muy difícil clasificarlo, pero una vez que te acercas a él se convierte en una especie de referente, que es lo que estoy seguro que está ocurriendo en Bilbao. Unamuno es un referente humano, un referente político, un referente ético. Bilbao debería presumir mucho más de haber dado a luz a ese personaje”, concluye el escritor, que a pesar de los avances en torno a la figura de Unamuno hace un llamamiento a las instituciones y a la sociedad en general para que se demanden más iniciativas que recuperen la memoria de Unamuno.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha pedido que se someta el monumento a Franco de la capital tinerfeña a una decisión colectiva y que haya un plan específico para el Monumento a los Caídos, de manera que se proceda a retirar la simbología franquista o a su resignificación.

Estas propuestas forman parte del conjunto de alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en fase de información pública, que ha presentado la entidad con el objetivo de garantizar que este documento incorpore plenamente los principios y obligaciones establecidos por la legislación en materia de memoria democrática.

La presidenta de la Asociación, Mercedes Pérez Schwartz, considera positivo el avance que supone la elaboración del catálogo, pero advierte de que el documento “carece de una incorporación efectiva” de las leyes de memoria histórica y democrática, tanto a nivel estatal como autonómico.

Al respecto, subraya la necesidad de que cualquier política de protección patrimonial tenga en cuenta la obligación legal de retirar o reinterpretar elementos que supongan exaltación de la dictadura franquista.

“Nos preocupa que, como ha sucedido en otros territorios, la protección por supuestos valores patrimoniales solo implique que no se abordarán propuestas como las ya contempladas en el catálogo de incumplimientos con la Ley de Memoria”, explica.

Una reflexión profunda

Considera por ello que habría que hacer “una reflexión profunda y decidir colectivamente si la Santa Cruz de Tenerife del siglo XXI debe recibir a muchos de sus visitantes con un monumento, que el propio texto sometido a consulta califica como una muestra de la arquitectura monumental franquista, con influencias de la arquitectura fascista italiana”.

Según Mercedes Pérez Schwartz, proteger y mantener este tipo de elementos en su integridad, sin añadirle aspectos que le den contexto y sin eliminar las referencias directas, mantiene “una exaltación de la dictadura que en teoría acabó hace 50 años”, algo que ve “preocupante” y que “sigue la estela de lo que se intentó en relación con el monumento a Franco”.

Entre sus principales propuestas, la asociación plantea la aplicación explícita de la Ley de Memoria Democrática en la evaluación de los bienes incluidos en el catálogo, evitando la protección de elementos que vulneren esta normativa sin un proceso previo de resignificación.

Por ello solicita la revisión del Monumento a los Caídos de la plaza de España, cuya protección integral prevista en el documento consideran incompatible con la legislación vigente.

Retirada o resignificación

La asociación propone su exclusión temporal del catálogo hasta que se defina un plan específico que garantice su adecuación a la ley, incluyendo la retirada de simbología franquista o su resignificación.

También pide la reinterpretación del puente del General Serrador y solicita asimismo la retirada de elementos simbólicos vinculados a la dictadura y la incorporación de recursos informativos que contextualicen históricamente el espacio.

Asimismo, la entidad denuncia la ausencia en el catálogo de espacios y elementos relevantes para la memoria histórica de la ciudad, por lo que propone su inclusión y protección.

Entre ellos destacan la escultura “La Ida”, vinculada a la memoria de los presos del antiguo campo de concentración de Fyffes, los posibles restos de la Batería Militar del Barranco del Hierro, escenario de ejecuciones durante la represión franquista y el enclave de Cueva Roja, por su papel en los acontecimientos del 18 de julio de 1936.

También alude al cementerio de Santa Lastenia, especialmente en lo relativo a fosas comunes y placas conmemorativas y el Palacio de Justicia de San Francisco, identificado como espacio de detención y tortura durante la dictadura.

Lugares de memoria

La asociación propone además que el catálogo incorpore medidas específicas para la investigación, protección y difusión de los denominados “lugares de memoria”, incluyendo la posibilidad de intervenciones arqueológicas en espacios con potencial valor histórico.

Entiende que la memoria es un aspecto más a proteger, precisamente como herramienta “para interpretar el pasado y curar las heridas que dejaron cuatro décadas de represión y varias más de olvido”.

Insiste la asociación en que “la protección del patrimonio no puede desligarse de los valores democráticos actuales” y subraya la importancia de que las administraciones públicas garanticen una interpretación del pasado respetuosa con las víctimas de la represión.

La entidad recuerda que han solicitado un encuentro con el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, para establecer una línea de colaboración en el debate y la reflexión sobre la memoria histórica, la declaración de nuevos espacios de memoria y la puesta en valor de las víctimas de la dictadura, un encuentro que espera que se logre concretar en breve.

Finalmente, la entidad solicita que sus alegaciones sean tenidas en cuenta en la redacción final del catálogo con el fin de avanzar hacia un modelo patrimonial que combine conservación, rigor histórico y compromiso con la memoria democrática.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

El Govern central ha acordat incloure en el cens estatal de símbols i elements contraris a la memòria democràtica el monument erigit a Palma en homenatge als “herois” del Crucero Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista, episodi històricament conegut com ‘la Desbandá’. Es tracta del primer element franquista de l’arxipèlag que s’incorpora en aquest registre estatal, una decisió que ja ha estat comunicada formalment a l’Ajuntament de Palma perquè procedeixi a la seva retirada.

Paradoxalment, aquest mateix dijous, el ple de l’Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha ratificat la decisió d’ambdós partits d’incloure el monument en el Catàleg d’Edificis i Elements Protegits del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), fet que li atorga el màxim grau de protecció patrimonial. No sols això. Després de conèixer la decisió de l'Executiu central, el Consistori ha anunciat que la recorrerà en els tribunals i que farà valer “totes les vies legals necessàries” per a impedir la seva execució.

La inclusió en el cens estatal es fonamenta en un informe de la Comissió Tècnica sobre símbols i elements contraris a la memòria democràtica que conclou que el monument forma part de l’aparell simbòlic de la dictadura. La resolució emesa aquest dijous assenyala que el monòlit s’ha d’entendre com un exemple del “culte als caiguts” impulsat pel franquisme, una de les seves principals eines de legitimació política. Un culte que, subratlla el document, va constituir “una de les polítiques simbòliques més importants i persistents de la dictadura que estava destinada a recordar —de manera excloent i sense cap intenció de reconciliació ni de menció als morts del bàndol republicà— els difunts franquistes”.

“Caiguts per Déu i per Espanya”

La Secretaria d’Estat assevera que, ja des del moment en què es desenvolupava el conflicte bèl·lic, els denominats com a “caiguts per Déu i per Espanya” varen comptar amb monuments, misses i homenatges de diferents tipus com a part de l’estratègia legitimadora de la dictadura. “En ser glorificats, la seva mort es convertia en una mort necessària per a la salvació d’Espanya, quedant justificada la guerra (mitificada com a Croada) i la violència perpetrada contra l’enemic”, incideix.

El monòlit, la presència del qual fa anys que està en disputa política, social i judicial a la capital balear, va ser aixecat en plena dictadura, el 1947, per homenatjar els prop de 800 combatents sublevats que moriren deu anys abans en l’enfonsament del vaixell durant la batalla del cap de Palos, el major combat naval de la Guerra d’Espanya. Un any abans, el Crucero Baleares va protagonitzar una de les majors massacres després del cop d’Estat de 1936: la que es va dur a terme contra els milers de civils que el 7 de febrer de 1937 es varen llançar a la carretera en direcció est per escapar de les tropes sublevades que, amb el suport de les forces italianes i els regulars marroquins, avançaven des de l’oest. En la seva fugida, els civils varen ser metrallats pels avions Heinkel de la Luftwaffe i bombardejats per tres vaixells que els canonejaven des de la mar: l’Almirante Cervera, el Baleares i el Canarias. Els historiadors calculen que hi varen morir més de 5.000 persones.

Malgrat això, mentre el règim va convertir l’enfonsament del Baleares en un emblema d’heroisme i martiri nacional, utilitzant-lo com a eina de propaganda arreu de l’Estat, les víctimes de ‘la Desbandá’ varen ser condemnades a l’oblit.

Per a l’associació Memòria de Mallorca, la presidenta de la qual, Maria Antònia Oliver, va ser present aquest dimecres a la reunió del Consejo Estatal de Memoria Democrática en què es va informar de la inclusió del monòlit en el cens, la mesura constitueix un pas que no només reconeix anys de reivindicació, sinó que podria reobrir la via judicial per intentar la seva retirada de l’espai públic.

En el mateix fòrum, Oliver va posar sobre la taula altres demandes: la creació de subconselhs territorials que millorin la coordinació d’aquestes polítiques i la declaració com a Llocs de Memòria d’espais clau a l’illa, com el Fortí d’Illetes —convertit, entre 1936 i 1941, en un sinistre centre de repressió i afusellament franquista— o el Mur de la Memòria. També va alertar de possibles retrocessos en àmbits com la gestió d’arxius, la identificació de restes humanes o els bancs d’ADN. Preocupacions que, al seu parer, fan més necessari que mai reforçar els mecanismes de vigilància institucional.

Reaccions

La inclusió del monòlit de sa Feixina en el Catàleg de Símbols i Elements Contraris a la Memòria Democràtica ha estat rebuda amb valoracions contraposades en l’àmbit polític i social balear, evidenciant el debat que continua generant. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha qualificat la decisió com “un pas important” en la defensa de la memòria democràtica i ha defensat que la seva retirada “és de justícia”. En un missatge publicat aquest dijous a la xarxa social X, la també secretària general del PSIB-PSOE i expresidenta del Govern balear ha subratllat que no es tracta d’esborrar la història, sinó de “dignificar-la, reconèixer les víctimes i construir un espai públic coherent amb els valors democràtics”.

En la mateixa línia, Més per Mallorca ha celebrat la decisió del Govern i s’ha mostrat convençut que el monument acabarà sent retirat. El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha afirmat que el debat transcendeix l’estètic i se situa en el terreny dels valors democràtics: “No pot haver-hi una democràcia plena mentre s’exalça impunement la dictadura”. Per la seva banda, la portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerat la decisió “molt positiva”, tot i que ha reclamat anar més enllà: “Qualsevol pas contra la barbàrie i la memòria feixista és positiu, però només té sentit si s’actua amb determinació i valentia per acabar definitivament amb ella”. També el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrat la seva satisfacció, tot subratllant la paradoxa que aquesta decisió arribi en un context en què s’ha derogat la llei de memòria.

El Gobierno central ha acordado incluir en el censo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el monumento erigido en Palma en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Se trata del primer elemento franquista del archipiélago en ser incorporado en este registro estatal, una decisión que ya ha sido comunicada formalmente al Ayuntamiento de Palma para que proceda a su retirada.

Paradójicamente, este mismo jueves, el pleno del Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha ratificado, a iniciativa de ambos partidos, la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. No solo eso. Tras conocer la decisión del Ejecutivo central, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá en los tribunales y de que hará valer “todas las vías legales necesarias” para impedir su ejecución.

La incorporación de la edificación en el censo estatal se sustenta en un informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que concluye que el monumento forma parte del aparato simbólico de la dictadura. La resolución emitida este jueves señala que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos” impulsado por el franquismo, una de sus principales herramientas de legitimación política. Un culto que, subraya el documento, constituyó “una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

“Caídos por Dios y por España”

La Secretaría de Estado asevera que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

El monolito, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Sin embargo, mientras el régimen convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Para la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, estuvo presente este miércoles en la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática en la que se informó de la inclusión del monolito en el censo, la medida constituye un paso que no solo reconoce años de reivindicación, sino que podría reabrir la vía judicial para intentar su retirada del espacio público.

En el mismo foro, Oliver puso sobre la mesa otras demandas: la creación de subconsejos territoriales que mejoren la coordinación de estas políticas y la declaración como Lugares de Memoria de espacios clave en la isla, como el Fortí d'Illetes -convertido, entre 1936 y 1941, en un siniestro centro de represión y fusilamiento franquista- o el Mur de la Memòria. También alertó de posibles retrocesos en ámbitos como la gestión de archivos, la identificación de restos humanos o los bancos de ADN. Preocupaciones que, a su juicio, hacen más necesario que nunca reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.

Reacciones

La inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática ha sido recibida con valoraciones contrapuestas en el ámbito político y social balear, evidenciando el debate que continúa generando. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recurrirá la medida en aras a evitar que el monumento sea retirado del espacio público. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido que “deberán ser los tribunales los que se pronuncien” al respecto, aseverando que el Consistorio no ha hecho más que “cumplir la ley” al modificar el planeamiento urbanístico municipal para catalogar la estructura como patrimonio protegido.

En este sentido, ha subrayado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce los valores patrimoniales del monolito y que, a su juicio, avala su protección. “Por encima del Gobierno, gracias a Dios, están los jueces”, ha espetado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado la decisión del Gobierno como “un paso importante” en la defensa de la memoria democrática y ha defendido que su retirada “es de justicia”. En un mensaje publicado este jueves en la red social X, la también secretaria general del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear subraya que no se trata de borrar la historia, sino de “dignificarla, reconocer a las víctimas y construir un espacio público coherente con los valores democráticos”.

En la misma línea, Més per Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno y se ha mostrado convencido de que el monumento acabará siendo retirado. El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha aseverado que el debate trasciende lo estético y se sitúa en el terreno de los valores democráticos: “No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura”, ha afirmado. Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerado la decisión “muy positiva”, aunque ha reclamado ir más allá: “Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positivo, pero solo tiene sentido si se actúa con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella”. También el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción, subrayando la paradoja de que esta decisión llegue en un contexto en el que se ha derogado la ley de memoria democrática de Balears, con un PP que, a su juicio, está “absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox”.

Frente a estas valoraciones, la entidad conservacionista ARCA ha expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno central, augurando que tendrá “poco recorrido”. En un comunicado, la asociación defiende que los tribunales ya han acreditado el valor patrimonial del monumento, que además “está catalogado”, definiéndolo además como “un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de nuestra ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente”.

La asociación asegura que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. “Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos”, critica, negando que sa Feixina sea “un monumento franquista”, sino “un hito que clama contra las guerras y las dictaduras”. “Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea”, asevera. Con todo, la entidad ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica pero, ha indicado, el “problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado”.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde se analiza cómo la historia de la lucha por la recuperación de la memoria democrática y contra la impunidad de las dictaduras se entrelazan entre Argentina y España en un auténtico camino de ida y vuelta.

Al igual que en su momento las víctimas de las dictaduras chilena y argentina recurrieron a los tribunales españoles buscando una justicia que se negaba en sus países, ahora hacemos el camino a la inversa. La querella argentina contra los crímenes del franquismo es actualmente el único juicio abierto al franquismo. Un camino de ida y vuelta, que son también los exilios y acogidas compartidas, los procesos de recuperación de la memoria, de luchas similares que ahora sufren el embate de un enemigo común: una extrema derecha que ha declarado la guerra a la memoria democrática para encerrarnos en la jaula del presentismo, en un mundo amnésico, sin utopía y sin capacidad de mirar hacia el futuro. 

De todo esto y mucho más se hablará en este próximo podcast de Atado y Bien Atado, que publicamos coincidiendo con las marchas de la memoria en Argentina del 24 de Marzo ante el cincuenta aniversario del golpe de estado. Todo ello con la participación de Claudia Poblete, nieta robada por la dictadura argentina; Emilio Silva, nieto de un asesinado y desaparecido por la dictadura española; Maruja Lamana, exiliada argentina en España; Carolina Meloni, profesora de Filosofía y exiliada argentina en España; Roberto Montoya, periodista y exiliado argentino en España; Cristina Rota, profesora de interpretación argentina exiliada en España y cuyo marido es uno de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina; Mayki Gorosito, exdirectora del Museo Sitio de Memoria ESMA en Argentina; y Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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WAN-IFRA, la Asociación Mundial de periódicos y editores de noticias, ha anunciado este jueves los finalistas de los Premios de Medios Digitales 2026, el certamen mundial más prestigioso del sector periodístico que reconoce la excelencia en la publicación de noticias. Entre los finalistas en la categoría ‘Mejor uso de vídeo’ se encuentra Faktos Franquistas, porque con Franco no se vivía mejor, una serie de vídeos que elDiario.es ha realizado con Puto Mikel y Blanca Guilera para desmontar ideas y mitos sobre la dictadura de Franco.

De las 811 candidaturas recibidas de todo el mundo, 278 han sido seleccionadas como finalistas, lo que el jurado considera “los trabajos más destacados en periodismo digital, innovación de producto y participación de la audiencia”. En concreto, en la categoría ‘Mejor uso de vídeo’, se premia “el periodismo audiovisual de gran impacto que aprovecha al máximo este formato para alcanzar los objetivos editoriales, contar historias originales y captar la atención del público en todas las plataformas digitales.”

Faktos Franquistas, porque con Franco no se vivía mejor, es una serie de 10 vídeos realizados con PutoMikel y Blanca Guilera que elDiario.es publicó en Instagram, TikTok y Youtube Shorts entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Fue un proyecto desarrollado en colaboración con Minoria Absoluta y con el apoyo de la Celebración de los 50 años de libertad en España. La serie tuvo una gran acogida, con miles de reproducciones de los vídeos, miles de compartidos y likes, nuevos seguidores en las redes de elDiario.es, comentarios positivos sobre el contenido y un alcance muy amplio entre gente joven, con vídeos donde más del 50% de las reproducciones son de personas entre 18 y 34 años. 

Los finalistas mejor clasificados de cada región (Asia-Pacífico, Asia Meridional, Oriente Medio, Europa, África y América) pasarán a competir por el título mundial en cada una de las 12 categorías. Los ganadores se darán a conocer en el World News Media Congress 2026, que se celebrará el 2 de junio en Marsella. “Lo que está en juego es más que un simple trofeo: es el reconocimiento mundial que acompaña al galardón”, asegura en WAN-IFRA.

“Los finalistas de este año demuestran que el futuro del periodismo no está por llegar, sino que se está construyendo en este mismo momento. Su trabajo reinventa la forma en que se crea y se distribuye el contenido, con un claro enfoque en la relevancia, el impacto y el fortalecimiento de la confianza del público en el periodismo independiente. Juntos, establecen un poderoso referente de excelencia, combinando la creatividad con la ejecución y mostrando cómo la innovación con un propósito definido puede dar forma a un panorama mediático más fiable y resiliente”, según Stig Ørskov, CEO de WAN-IFRA.

En julio de 2023 se celebraron las últimas elecciones generales en España, unos comicios que el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confiaba en ganar para sentarse en La Moncloa en lugar de Pedro Sánchez. Por aquel entonces, esa euforia previa se extendía por todas las agrupaciones del PP. En la localidad coruñesa de Noia, su alcalde, Santiago Freire, reenviaba al grupo de whatsapp de la directiva local una foto de Francisco Franco junto con otros renombrados golpistas: Mola, Saliquet, Queipo de Llano y Cabanellas, todos ellos de uniforme. “La última vez que hubo Generales en julio salió bien la cosa...”. Freire dejó de ser alcalde en agosto de 2025, desalojado por una moción de censura tras la que se descubrió que había gastado 30.000 euros en copas, chupitos y cenas. Este martes, el Diario Oficial de Galicia ha publicado su nombramiento como nuevo jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña, donde una de sus labores será velar porque se cumpla la “neutralidad ideológica” que se ha convertido en una de las obsesiones de la Consellería.

A Freire –veterinario de formación, sin relación con la administración educativa– no sólo le gusta bromear con el fascismo. Su nombre se viralizó en marzo de 2017, después de que decidiese utilizar su intervención en los actos oficiales del 8M para ejemplificar, con un humor más que dudoso, “las muchas complejidades y dificultades fisiológicas” que las mujeres “tienen con respecto al hombre”. Según él, lo que caracteriza a la mujer es que “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”. La ola de condena lo obligó a tener que disculparse, pero también lo hizo a su manera, atribuyendo el tono a la retranca gallega y culpando a la oposición de difundir sus palabras “fuera de contexto”.

La carrera política de Freire fue, cuando menos, curiosa. Alcalde de Lousame (3.000 habitantes) en tres ocasiones –las dos últimas por mayoría absoluta– dejó el cargo un año después de su última victoria para presentarse al Parlamento de Galicia, la plataforma desde la que intentó dar el salto al Gobierno local de Noia, cabeza de la comarca con sus 14.000 habitantes. Lo que no conseguiría en los comicios de 2015 lo logró, meses después, con una moción de censura como la que , casi una década después, le quitó el bastón de mando a él mismo.

Los escándalos continuaron persiguiéndolo también en la oposición. elDiario.es desveló que el grupo municipal del PP, con él al frente, había pasado al Concello, entre 2018 y 2024, casi 30.000 euros en copas, chupitos y cenas, presentados como “gastos de funcionamiento” pese al reparo de la intervención municipal, que tumbó otras facturas como la impresión de papeletas electorales o el pago de un bus para el mitin de cierre de campaña de las generales de 2023, aquella que soltó la retranca de Freire.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por aquellos desembolsos admitió que “algunos conceptos llaman la atención”. Tanto la llamaron que el Tribunal de Contas decidió indagar. En diciembre, la Fiscalía del mismo órgano abría otra investigación, en este caso sobre subvenciones a dos clubes deportivos a los que su gobierno entregó más de 130.000 euros en 2019. Fuentes municipales confirman que ambas causas siguen abiertas.

Aferrado al acta

El nuevo gobierno local de Noia le pidió que entregase el acta de concejal, pero Freire siguió aferrado a ella a la espera de un destino mejor, como el que le ha proporcionado su partido poniéndolo al frente de Educación en la provincia con más centros y más alumnado. “El nuevo director territorial, funcionario y con una amplia experiencia en la gestión pública, cumple con los requisitos necesarios para el puesto. Por eso fue nombrado”, respondió la Consellería a las preguntas de esta redacción.

Una de las labores de Freire como jefe provincial –el cargo oficial es director territorial de A Coruña– será velar junto a la inspección por uno de los caballos de batalla de la consellería que dirige Román Rodríguez en un curso en el que se acaba de convocar la sexta jornada de huelga del profesorado: la famosa “neutralidad ideológica” tras la que oposición, sindicatos y ANPAs sólo ven el intento de la Xunta de evitar que en los centros se traten temas espinosos para el PP, como su criticada política lingüística, el genocidio de Palestina o la oposición al proyecto de macrocelulosa de Altri, al que el ejecutivo gallego acaba de dar carpetazo al menos hasta 2030. La Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento recordó que “no se puede ser neutral con los derechos humanos”.

Por primera vez, Educación exigía incluir todas las actividades “salvo casos excepcionales y motivados” en la programación xeral anual que se presenta a principio de curso, lo que partidos y sindicatos veían como una forma de facilitar el veto a cualquier iniciativa sobrevenida que no pasase el filtro de la Xunta. Los primeros avisos ya habían llegado: en Redondela (Pontevedra), la inspección educativa, “siguiendo instrucciones de la Dirección Territorial”, pidió explicaciones a los directores de centros que llevaban años participando en el festival Artelixo. Lo hizo porque ese año había mudado su nombre por el de AltriLixo. Por su parte, el sindicato STEG denunció presiones directas desde la Consellería para frenar una charla del secretario del embajador palestino en España en un instituto de Santiago, un episodio que acabó con el director del centro en urgencias con un ataque de ansiedad“.

“Nombramiento incomprensible”

“Este hombre no tiene conocimiento del mundo educativo, ni es docente, ni tiene experiencia en la gestión de nada relacionado con este ámbito”. Por eso, Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –primer sindicato entre los docentes gallegos, con el 46% de los delegados– considera “incomprensible” que se le ponga al frente de uno de los departamentos “más complicados”, con “muchísima” rotación de funcionariado provocada por la dificultad de gestionar un número tan elevado de centros, trabajadores, alumnado y familias.

Esa incomprensión por el fichaje ante el desconocimiento de la labor que le espera aumenta al conocer “sus antecedentes”, unos antecedentes que, como señala, no son nuevos en esa consellería.

En junio pasado, el sindicato pidió la dimisión del subdirector xeral de Inspección, Enrique Prado, por las ideas “puramente reaccionarias, ultraespañolistas, contrarias al marco autonómico” que expresaba en su blog. En esos textos, Prado definía al profesorado como “clase ociosa”, una idea que abrazaría el propio conselleiro Rodríguez. Según la CIG, en una visita a las obras de un instituto pontevedrés, insistió en varias ocasiones en que los docentes “trabajan poco”. Antes, en marzo de 2024, los socialistas habían denunciado que el homólogo de Freire en Pontevedra, el jefe territorial César Pérez Ares, había comparado al Gobierno de Pedro Sánchez –al que llamó “autócrata”– con el régimen nazi. Pérez, que participaba en la actividad como exdiputado, alegó que se había “tergiversado” su “discrepancia” con la Ley de Amnistía.

Conocido como Corpo Truppe Volontarie (C.T.V.), el ejército expedicionario enviado por Benito Mussolini en apoyo de los militares sublevados en España durante la Guerra Civil estaba formado por tropas mixtas: por un lado voluntarios, fundamentalmente camisas negras fascistas, y soldados de fortuna procedentes de las regiones más deprimidas de Italia; por otro, militares profesionales, en su mayoría veteranos de la campaña de Abisinia, cuyo propósito fue desarrollar su carrera en España. 

A mediados de agosto de 1937, las tres divisiones que componían el cuerpo de ejército italiano comenzaron, desde sus bases en las Merindades y en coordinación con las tropas del general Dávila, las operaciones sobre las defensas republicanas de la provincia de Santander. Tras los primeros y durísimos combates en el puerto del Escudo, donde la tenaz resistencia de los republicanos ocasionó fuertes pérdidas humanas entre las filas de los legionarios italianos, los movimientos de las tropas del C.T.V. fueron cada vez más rápidos.

Por la costa, el día 23 se rompió el sistema defensivo republicano tomando Castro Urdiales; el día 25 una columna motorizada ocupó sucesivamente Laredo, Colindres Limpias y Santoña. La estrategia de avance en tenaza sobre la capital fue coordinada con la progresión de las brigadas navarras y los falangistas por el corredor del Besaya, donde fueron cayendo progresivamente Campoo, Reinosa, los valles de Iguña, Buelna y Torrelavega, cerrando, en menos de 12 días, el cerco sobre Santander, donde quedaron embolsados decenas de miles de combatientes republicanos.

Franco concedió entonces a las tropas italianas el privilegio de negociar la rendición de la capital con los escasos mandos republicanos que aún permanecían en ella y organizar una entrada triunfal con un enorme despliegue de hombres y material bélico, que el aparato de propaganda fascista aprovechó para relatar la toma de Santander como una enorme gesta heroica.

Mussolini envió un telegrama de felicitación a sus generales y los nombres de sus destinatarios fueron publicados a toda plana por los periódicos el 27 de agosto. Por primera vez, la opinión pública italiana conoció la identidad de los jefes militares destacados en España que, hasta aquel momento, habían actuado bajo seudónimos. 

Pero no todo el mundo sintió el mismo entusiasmo por la actuación italiana. Tanto la Falange como los generales del ejercito hicieron llegar a Franco sus protestas y críticas por las exageraciones y mentiras que se publicaron durante aquellas semanas en la prensa de Italia, en las que el CTV se atribuyó un papel casi exclusivo en la victoria. 

Las malas relaciones entre los mandos franquistas y los italianos tuvieron una rápida respuesta de Franco, quien remitió, a través de su embajador en Roma, una extensa nota de protesta para su traslado a Mussolini. En la misma enumeraba una larga relación de quejas sobre el comportamiento de los italianos en la toma de Cantabria, y en particular, de su general Bastico.

“A la entrada de las tropas en Santander, no obstante no convenir a la política internacional, llevó a cabo en dicha población un alarde de desfile de tropas voluntarias, a las que el Mando español no se opuso por un deber de correspondencia y afecto hacia el esfuerzo italiano, aun comprendiendo el daño que podría resultar en el orden internacional, ya que habiendo tomado parte en la operación sobre Santander 90 batallones españoles, 7 mixtos, con el ochenta por ciento de sus efectivos también españoles y 24 italianos, se hacía aparecer ante el mundo que todos eran italianos, interpretándose como si existieran en España fuerzas muy superiores, con la consiguiente susceptibilidad internacional y refuerzo de los internacionales en el campo rojo”, señalaron.

“El mando español comprendía que el prestigio de las armas italianas y la necesidad de destruir la labor de difamación anterior le obligaban a preparar un triunfo seguro de las tropas voluntarias y satisfecho de haberlo logrado, sin embargo, aprecia que en el mando del C. T. V. se pecó por exceso, lo que sirve de base a los países que prestan ayuda a los rojos para justificar el envío de más hombres y material, que después de la victoria de Santander se ha intensificado considerablemente”.

En la misma nota, Franco hizo también referencia a la requisa y “desaparición” de numeroso material de guerra incautado al ejército republicano. A pesar de una instrucción dada al general Bastico para que se reintegraran los vehículos que no fueran indispensables para el servicio, la orden fue ignorada con descaro durante semanas, lo que no hizo más que aumentar la irritación de los oficiales españoles, dando una imagen bastante penosa del ejercito italiano, considerado por muchos como una tropa de ladrones y saqueadores.

“La feliz ejecución de las operaciones en que las columnas Nacionales ocuparon Torrelavega y lograron cerrar el paso del Ejército derrotado hacia Asturias permitió que su material íntegro quedase en nuestro poder, pero cuando las unidades de recuperación llegaron a los lugares de la entrega, se encontraron que los depósitos de material y armamento de los rendidos habían desaparecido en su casi totalidad, por haberse incautado de aquellos las fuerzas voluntarias, que impidiendo su labor con amenazas a los encargados de la recuperación las sustrajeron llevándolas a sus depósitos, sin que hasta la fecha, no obstante las órdenes dadas, se hayan reintegrado, dándose el caso de que están cuatro Divisiones sin ametralladoras, ni fusiles ametralladoras y contando solo con seis, de las cuales alguna inútil, los batallones españoles se distraigan de su empleo sin beneficio para nadie más de cuatrocientas ametralladoras nuevas, la mayor parte de las cuales se encontraban empacadas sobre vagón en Santander al llegar las tropas”, denunciaron.

“El Mando de las fuerzas Italianas ha obrado con una falta de visión que permitió se apoderasen con desorden de una gran parte de los vehículos, quitando la plancha de identidad y cambiándolas por otros del C. T. V., que llevaban en abundancia, dejando la Provincia desprovista de vehículos y despojando a sus propietarios de sus elementos de trabajo, causando un disgusto en los elementos afectos de la Provincia, a quienes pertenecían tales vehículos y causando las consiguientes preocupaciones y dificultades al Mando español”.

Por otro lado, Franco tampoco pudo ocultar su enfado ante Mussolini por las negociaciones secretas del Gobierno vasco con los italianos para su rendición en Santoña: “El general Roatta, cuando el enemigo estaba vencido y derrotado, cortadas sus comunicaciones y las tropas a punto de entrar en Santander, a espaldas del Mando español, entabló negociaciones con los cabecillas vascos, que había prohibido Su Excelencia por telégrafo, negociaciones equívocas, que pudieron dar lugar a una campaña de descrédito en el extranjero que no permitieron recoger el fruto eficaz de la victoria, por una oficiosa e inoportuna intervención. Su conducta, invitando a su mesa a los cabecillas vascos, fue causa de disgusto en el personal y oficiales españoles de la Brigada Flechas Negras. Una orden dada a Santoña para que se evitase la salida de los responsables que trataban de embarcar sin autorización y contra la voluntad del Generalísimo, motivó se le ordenase al Jefe de Estado Mayor español que prohibiese la salida de los dirigentes”, dejó por escrito. 

Por su parte, la opinión de los alemanes de la Legión Condor sobre sus aliados coincidía con la de los militares franquistas. La falta de camaradería entre alemanes e italianos no pasó nunca desapercibida para los periodistas que cubrieron la guerra y quedó reflejada en algunos pasajes de los diarios, tal y como lamentaba Hansfrieder Rost: “Los italianos se apuntan todas y cada una de las victorias aéreas. No se avergüenzan en absoluto. Nosotros hacemos todo en 'secreto', pero hasta en la localidad más pequeña te preguntan si eres un piloto”. En septiembre de 1937, poco después de la toma de Santander, el piloto y as de la aviación alemana, Günther Lützow, mostraba en su diario estar “muy enfadado con los come-macarrones” que se apuntaron la conquista de Asturias como su mérito exclusivo y no dejaron entrar a nadie en Santander: “Quieren desfilar, estos señoritos”, apuntó.

El día 1 de septiembre de 1937 los sublevados iniciaron otra fase de la campaña del Norte, con Dávila en el puesto de jefe supremo y Aranda y Solchaga como comandantes de sector. Su objetivo era la conquista de Asturias con las brigadas navarras que había combatido con éxito y ocupado Vizcaya y Santander para, de ese modo, poner punto final al control de la Cornisa Cantábrica. El hartazgo con la actitud de los italianos era mayoritario y Franco solicitó -y obtuvo- de Mussolini el relevo del general Bastico. Un nuevo jefe reestructuró el Corpo Truppe Volontarie, y sus tropas fueron definitivamente retiradas del norte y destinadas a otros frentes de combate. 

La participación italiana en la Guerra Givil española no le salió a Mussolini como esperaba. El Duce pensó que iba a ser fácil y muy rápida en el tiempo, pero en España su modelo de guerra celere, la ofensiva relámpago mecanizada e inter-armas que la había proporcionado victorias en Etiopía, se demostró enseguida como un espejismo, y la actitud soberbia de sus tropas no permitió que estas ganasen el aprecio de Franco y el reconocimiento de sus generales.

El escritor David Uclés ha sido muy crítico con el monumento a Franco que aún sigue en pie en Santa Cruz de Tenerife. “Espero que la próxima vez que venga a Tenerife el monumento de Franco ya no esté” ha dicho durante su visita a la Universidad de La Laguna donde ha participado en un encuentro literario.

En su cuenta de Instagram también describió en un vídeo que la estaua representa la partida del dictador en el dragón rapide para dar el golpe de Estado. “No sé que sigue haciendo aquí esta estatua tinerfeños, algo me tenéis que explicar, hay que luchar, es una vía pública, no tiene sentido y hay que hacer memoria”, dice en su vídeo.

Durante el acto en la ULL, el autor conversó con las estudiantes Akeisha llieva y Beatriz Ortiz, y abordó el proceso creativo de ‘La península de las casas vacías’, una obra que Uclés comenzó a gestar cuando tenía apenas dieciocho años y que terminó más de quince años después. Señaló que la novela fue creciendo y transformándose junto a él. “Siempre estuvo ahí”, dijo el autor jienense, que dedicó años a documentarse y recorrer distintos lugares de España para reconstruir las historias y escenarios que aparecen en el libro.

El escritor explicó que su intención no fue elaborar un juicio político sobre la Guerra Civil, sino acercar al lector a lo que ocurrió para que cada persona saque sus propias conclusiones. “Cuando escribí esta novela quería plasmar lo que ocurrió durante la guerra y que cada lector investigue, juzgue y reflexione”, afirmó.

En ese intento de reconstrucción del pasado, la obra presta atención también a historias menos visibles o doblemente silenciadas, como la memoria LGTBIQ+ durante el conflicto. Uclés recordó que, si bien apenas existen testimonios explícitos sobre estas experiencias, es difícil imaginar que el amor o el deseo estuvieran ausentes incluso en medio de la guerra. 

La universidad explica en un comunicado que durante el diálogo, el escritor hizo hincapié también en la dificultad de comprender plenamente el miedo y la incertidumbre que vivieron quienes atravesaron aquel periodo. Tras años investigando dijo que resulta casi imposible acercarse a la angustia real que experimentaron las personas que la vivieron.

Uclés incidió en que más allá de la violencia o la muerte, una de las sensaciones más perturbadoras debió ser la incertidumbre constante: no saber qué iba a ocurrir, ni cuándo terminaría la guerra, ni si se volvería a casa.

La conversación derivó también hacia el papel del arte y de la literatura en la sociedad contemporánea. Uclés reflexionó sobre cómo la creciente individualización de la vida social ha debilitado los espacios de encuentro colectivo y de debate.

Situación del monumento

El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, que exalta la dictadura franquista, está más cerca de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una figura por la que quedaría protegido pese a lo que dice el Catálogo de Vestigios.

El Cabildo de Tenerife (Coalición Canaria-PP) se ha escudado en que cumple con una sentencia para iniciar este trámite. Dicha resolución judicial, de junio del pasado año, ordenaba tramitar un expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la escultura. La jueza María Isabel Pardo Vivero Alsina daba la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato había pedido al Cabildo que iniciara ese expediente. 

De momento, la estatua de Juan de Ávalos cuenta con dos informes desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista. 

Los informes desfavorables son los de la Universidad de La Laguna, que insiste en que “no hay valores artísticos excepcionales” en esta obra y alude a su contexto histórico. Además, destaca “el relieve que el autor adquirió en una dimensión político-social debido a su vinculación con una parte importante de la producción simbólica de la dictadura franquista, en su sentido monumental, de la iglesia católica y de la élite político-económica del régimen. Conviene recordar aquí que la obra escultórica de Ávalos más reconocible estará vinculada a encargos monumentales cuya función era, antes de nada, celebrar y propagar una visión ideológica del sistema político vigente durante la dictadura”. 

Otro informe que se pronuncia desfavorablemente es el de Museos de Tenerife, que alude a diferentes publicaciones en prensa, como una del año 1966 de La Vanguardia de 17 donde se afirma que “todo el contenido histórico está admirablemente reflejado por el hábil y artístico cincel del escultor en este monumento: Franco, el capitán intrépido, símbolo de dirección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada en defensa de los altos valores de la patria era lo que iba a emprender; el avión que les sacó de Canarias simbolizado por un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día providenciales; finalmente esa catarata de agua, recordatorio de los héroes que en marcha incontenida se pusieron a las órdenes del capitán valeroso”.