El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha recurrido en forma de alabanza a la dictadura franquista para criticar los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que el viernes deberán ser refrendados por el Congreso de los Diputados. A su juicio son “absolutamente inconstitucionales” y ha destacado que “Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad”.

Javier Taberna, que ha deseado que los decretos “no salgan adelante” porque considera que “empeorarán” la situación del alquiler ha vaticinado que de ser aprobados provocarán “una huida de las inversiones, una huida absolutamente de cualquier inversión del sector privado”, en un contexto en el que considera “necesaria” la colaboración público privada. “Y esto no va a existir porque no va a haber nadie que quiera tener un piso en alquiler, porque al final pierdes la propiedad”, ha manifestado.

Ha añadido que con los decretos no se logrará aumentar la oferta de alquiler. “Al contrario, lo va a reducir y lo va a reducir drásticamente. Nadie va a querer poner una vivienda en alquiler”, ha señalado.

Además, ha considerado que ambos textos son “anticonstitucionales” porque “según el artículo 33 de la Constitución la propiedad privada es un derecho que puede ser limitado por un servicio público, pero el artículo 53.3 de la misma Constitución lo que dice es que cualquier limitación a los derechos constitucionales necesita una ley”.

“Por lo tanto, el primer elemento de anticonstitucionalidad es que se hace a través de un decreto la limitación de un derecho constitucional como es el de la propiedad privada. Dicho esto, no puedo ser más claro sobre lo que opinamos de estos decretos”, ha añadido.

A su juicio, esta norma “solamente va en favor del que ya tiene un alquiler, y en contra del propietario”. Según ha remarcado, “a los que no tienen alquiler no les mejora” su situación, “al contrario” pues “empeoran la situación de la gente que necesita” un alquiler, que “son, la gran mayoría” jóvenes.

A ellos, ha dicho, “se les empeora” la situación porque “va a haber muchos menos alquileres”, con lo cual “es absolutamente incoherente con el objetivo que parece que persigue el Gobierno”. “La alternativa es, en todo caso, dejar que la propiedad privada se desarrolle”, ha manifestado, tras subrayar que “cuanta más demanda haya, mejor se van a modular los precios, y cuanta más oferta haya, se van a modular los precios”. “Tenemos que construir”.

Para que “haya más alquileres y unos precios asequibles”, ha explicado que “evidentemente tiene que haber más alquileres”. “¿Y cómo hay más alquileres? Fomentando, estimulando que haya esos alquileres, no yendo justamente al que es el propietario”, ha indicado. Según Taberna, el ladrillo “es un refugio del ahorro, siempre lo ha sido”, pero ahora esto “no se da, la gente huye de la construcción” porque con esta normativa “prácticamente te expropian”.

“En definitiva, lo que hay que hacer es facilitar que haya más propiedad privada, facilitar que haya más empresarios”, ha manifestado, tras añadir que “en la época franquista, Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad”. “Y es así, la propiedad privada yo creo que es buena para todo el mundo”, ha concluido.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio dedicado a abordar uno de los grandes obstáculos que ha encontrado la memoria democrática para abrirse paso en nuestro país: la persistencia de la impunidad. Este episodio puedes verlo también en nuestro canal de Youtube.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, miles de víctimas de la dictadura y de la violencia política durante la Transición siguen sin haber podido acceder plenamente a la verdad, la justicia y la reparación. Mientras conocemos los nombres y las historias de muchas de las personas represaliadas, encarceladas, torturadas o asesinadas, sabemos todavía muy poco sobre quienes ordenaron, ejecutaron o ampararon aquella violencia.

La ausencia de depuración de los aparatos del Estado permitió que numerosos responsables de la represión franquista transitasen de la dictadura a la democracia sin rendir cuentas, continuando en muchos casos sus carreras profesionales y permaneciendo fuera del escrutinio público. Una impunidad jurídica que ha tenido también una dimensión política y social: durante décadas, los victimarios han permanecido ocultos detrás del anonimato institucional, mientras las víctimas y sus familias cargaban con la tarea de reconstruir lo sucedido. Desconocer quiénes fueron los responsables, qué papel desempeñaron y cómo operaron las estructuras represivas no sólo dificulta la búsqueda de la verdad, sino que prolonga el daño y contribuye a una nueva forma de revictimización.

En este nuevo podcast de Atado y Bien Atado queremos preguntarnos qué significa construir memoria democrática cuando todavía resulta tan difícil nombrar a los responsables de la represión. Para ello conversaremos con Sabino Cuadra, abogado, sindicalista y activista de la asociación Sanfermines-78: gogoan!, autor, entre otros trabajos, de ¡No os importe matar! y Sanfermines de 1978. Los victimarios; y con Mónica Puertas, escritora y profesora de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la Guerra Civil y el franquismo desde una perspectiva de derechos humanos e impulsora de Rutas y Memoria en Madrid. También es autora del libro España bajo libertad vigilada. Apuntes sobre el recorrido histórico.

Sus intervenciones se combinan con testimonios de especialistas para analizar cómo la persistencia de la impunidad sigue condicionando, medio siglo después, nuestra relación con las víctimas, los victimarios y la propia memoria de la democracia. Entre las voces que participan, están las de las integrantes de Historias Desobedientes, la argentina Analía Kanilec y la española Loreto Urraca, el sociólogo Rubén Juste, investigador de la estrecha relación entre las elites políticas y económicas en España, el catedrático de Educación Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de varios libros sobre educación y memoria histórica (La asignatura pendiente, Pedagogía Antifascista, etc), y la antropóloga Ruth Sastre, coeditora del libro Descendientes del franquismo.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Y este episodio, por ser el último, puedes verlo también en vídeo en nuestro canal de Youtube.

“Queremos implicar a toda la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha dicho hoy el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha presentado hoy el programa ‘50 años juntos’, con el que la región va a conmemorar el medio siglo de la transición democrática en Castilla-La Mancha.

Habrá más de 500 actividades, con 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones en 200 espacios, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y la cita dejará obras de arte urbano en cada una de las provincias para recordar que Castilla-La Mancha también se sumó a una democracia ya consolidada.

Es un programa muy volcado en la población más joven. “El fin es didáctico porque más de la mitad de la población no había nacido cuando se produjo la transición hacia la democracia. Se trata de recordar el esfuerzo para entenderse y alcanzar un acuerdo por el interés general”, que se produjo hace ya medio siglo, ha comentado el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

“España ha conservado su posición como democracia plena, pero estamos en un momento crucial donde se están pediendo las formas. Hay una tensión desmedida y desde los parlamentos en lugar de emitir señales positivas que construyan tolerancia y acuerdos, casi se está incentivando lo contrario”, ha lamentado.

En la presentación, José Manuel Caballero ha recordado las palabras de un destacado político castellanomanchego que protagonizó esta etapa: “La Transición, como decía nuestro paisano Manuel Marín, supuso, fundamentalmente, renuncia, supuso no imponer los sueños que cada uno de nosotros teníamos, sino compartir los sueños colectivos y eso es lo que queremos celebrar desde Castilla-La Mancha con el compromiso del presidente Emiliano García-Page”.

La idea es “situar en el centro de este programa el diálogo, la convivencia y la participación colectiva”, ha señalado el vicepresidente, que, además, ha añadido que “vamos a combinarlo con el reconocimiento a quienes hicieron posible el cambio democrático, desde la política y desde la sociedad, con propuestas dirigidas a las nuevas generaciones y acciones que recuperan la memoria cotidiana de pueblos, ciudades y familias”.

Se conmemora un periodo temporal entre 1976 y 1983. “La transición no se inicia en 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco”, ha dicho, sino que el Gobierno regional considera que el hito principal fue el 15 de diciembre de 1976, fecha en la que se celebró el referéndum para la reforma política.

El fin del periodo que se va a recordar concluye con las elecciones del 8 de mayo de 1983, entonces se convocaron las primeras Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué actividades se programan?

Caballero ha desgranado este programa inicial, “abierto a crecer”, y que tendrá el pistoletazo de salida ya este mismo mes de septiembre.

El programa nace del trabajo realizado para la puesta en marcha de la exposición ‘La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976–1983)’. Esta es el eje central del programa y recorre el paso de la dictadura a la democracia y el nacimiento del autogobierno regional con documentos, imágenes, objetos originales y recursos audiovisuales que explicarán cómo los grandes acontecimientos nacionales se vivieron y construyeron desde Castilla-La Mancha.

Asimismo, esta exposición contará con visitas teatralizadas y con una exposición paralela de jóvenes ilustradores. Además, tendrá una adaptación para exponerse al aire libre y que recorrerá decenas de localidades de la región. También habrá exposiciones sobre portadas de prensa local y provincial y con grandes portadas de revistas nacionales que ilustran los hitos históricos de la época, sobre coleccionismo y archivos, sobre el papel de las mujeres en la Transición, sobre la migración de castellanomanchegos y sobre artistas como José Ortega.

Se ha programado un acto central para reconocer a los primeros diputados y senadores de Castilla-La Mancha elegidos el 15 de junio de 1977. Se entregarán 41 reconocimientos y una escultura conmemorativa de Quique de Lucas, ‘Tortajada’, para poner en valor el consenso y la labor de quienes contribuyeron a cimentar la democracia y la Comunidad Autónoma. Además, habrá cinco actos provinciales que reconocerán el papel de los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y por la igualdad de las mujeres; y dos foros de debate, uno sobre discapacidad y otro sobre derechos LGTBI.

A nivel cultural, se va a desarrollar ‘Manuel Piña Lab: Jóvenes Creadores’, un espacio de innovación y talento que conecta el legado del gran diseñador manchego con el futuro del diseño a través de una colaboración estratégica con las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha; se han programado actividades con los clubes de lectura a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y se proyectarán siete películas emblemáticas de la Transición en salas de cine de la región que incluirán coloquios con sus protagonistas.

En la programación, tal y como ha explicado Caballero, hay un espacio especial para llegar a los jóvenes. Se ha convocado un concurso para crear una miniserie de tres vídeos verticales basada en entrevistas familiares, recuerdos y música de la época y se va a desarrollar un proyecto de arte urbano comisariado por Okuda San Miguel con estudiantes de escuelas de arte y cinco artistas nacionales que crearán cinco murales. Además, se pondrá en marcha el proyecto de cómic-fotonovela ‘Construyendo nuestra memoria’, planteado por Ángel Luis Arjona, y se celebrarán las III Olimpiadas de Historia con una edición especial sobre la Transición.

La música tendrá un papel protagonista con una decena de jornadas festivas con grandes actuaciones de orquestas de reconocido prestigio nacional, “que recuperarán el espíritu de convivencia de la verbena y el guateque de la época”. También habrá festivales de música con talentos emergentes de la región, un circuito de 82 actuaciones de bandas locales que adaptarán al lenguaje sinfónico las canciones del cambio democrático y una pieza audiovisual, elaborada por creadores de la región, que enlazará imágenes y grabaciones de archivo para explicar cómo las canciones acompañaron las demandas de libertad, la modernización cultural y la construcción de nuevos valores de convivencia.

Caballero ha puesto el acento en la importancia de construir de la mano de la sociedad esta conmemoración. Por eso, se ha programado un certamen oral y escrito para mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha para recoger los recuerdos en primera persona sobre la evolución social y cultural de la región. Además, se ha lanzado una convocatoria ciudadana para recuperar fotografías personales y familiares con el objetivo de construir un archivo colectivo digital de acceso público.

Por último, el vicepresidente segundo ha explicado que se celebrará el ciclo ‘50 años juntos: espectáculo de luz y sonido’, una ambiciosa e innovadora propuesta cultural diseñada para conmemorar este medio siglo de historia común en la región a través de la tecnología y el arte multimedia.

Finalmente, ha añadido que los medios de comunicación regionales y nacionales van a participar a través de la generación de contenido documental e informativo sobre esta etapa y con eventos de debate y divulgación.

Fueron exhumaciones impulsadas por el Estado, pero solo las de una parte de las víctimas de la Guerra Civil. Desde 1939 y durante años, el franquismo llevó a cabo una política pública de búsqueda y homenaje de los cuerpos de los vencedores, mientras miles de republicanos siguen medio siglo después de la muerte de Franco sin ser desenterrados. Pero la recuperación física de los cadáveres no fue el principal objetivo de la dictadura: lo fue fabricar un relato oficial sobre los “mártires y caídos”, un mito político usado hasta la saciedad que el régimen no dudó en sostener a través de la manipulación de sus muertos.

Así lo detalla la historiadora Miriam Saqqa Carazo en un artículo recién publicado en la revista Pasado y Memoria, en el que, tras examinar expedientes judiciales y forenses de las exhumaciones, concluye que la dictadura las utilizó para construir “un modelo de masculinidad nacionalcatólica” exaltando la virilidad, la fe o el patriotismo de las víctimas. Y lo hizo generando una documentación que, según ha analizado la experta, cae en contradicciones y lagunas para afirmar una verdad prefabricada. “Detrás había un fin claramente político”, apunta.

Ya desde el primer año de la Guerra Civil y a medida que los sublevados fueron ocupando territorios, comenzaron a poner en marcha la búsqueda de las consideradas “víctimas de las hordas marxistas”. Saqqa Carazo, autora de la primera investigación al respecto en nuestro país, estudió las exhumaciones entre 1936 y 1951 e identificó —consciente de que no son todos— más de 3.500 cadáveres recuperados.

A partir de 1940, el proyecto se institucionalizó a través de la Causa General, la investigación impulsada por el franquismo para depurar a supuestos culpables de la “violencia roja” que dio lugar a numerosos juicios, acciones represivas y exhumaciones de cuerpos. Según los historiadores, este fue un proceso fundamentalmente propagandístico, destinado a justificar la represión contra los republicanos y el golpe de Estado de 1936.

A través del análisis de las piezas dedicadas a las exhumaciones en la Causa General, Saqqa Carazo concluye que la dictadura las acompañó de “un relato estandarizado” que venía a exaltar atributos de un tipo específico de hombre: una víctima que “encarna los valores de la nación en construcción”. Es decir, de la Nueva España.

Del total de cuerpos recuperados analizados, el 96% son hombres, por lo que el discurso “se fijó” en ellos. Y de ahí surgió un “modelo de masculinidad nacional” que fue replicado en diferentes exhumaciones. “Esta narrativa se centraba en las circunstancias en las que murieron, exaltando valores emocionales de gran eficacia movilizadora, como la sangre derramada y el sacrificio”, sostiene la historiadora.

''¡Viva Cristo Rey!“ y manos atadas

Tres de estos elementos los ha encontrado la historiadora una y otra vez en las descripciones: el hecho de que los asesinados gritaran ¡Viva Cristo Rey! o ¡Viva España! antes de morir, los supuestos saqueos realizados sobre los cadáveres o que estos tuvieran las manos atadas a la espalda. Sin embargo, buena parte de ello “no se sustenta” con los análisis detallados de los documentos forenses, lo que demuestra el “objetivo ideológico claro” que en realidad tuvo el proceso, explica Saqqa Carazo.

Las tres circunstancias aparecen en el expediente dedicado a las ejecuciones y enterramientos de Paracuellos del Jarama (Madrid), basado en las aportaciones de un único testigo que supuestamente llegó a oír a los fusilados como, antes de morir, decían “os perdonamos de todo corazón, ¡asesinos!” o “nos matáis porque somos católicos y personas de orden”. La Causa General incluye una descripción casi literaria del último fusilado, sobre el que este testigo afirmó: “Hasta al morir, con la sonrisa en los labios. Este es el último epílogo de mi vida”.

Elementos calcados aparecen en la exhumación de 1939 de Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz), en la que se recuperaron 414 cuerpos. Al final de cada día de exhumación, se incluye en el expediente la siguiente afirmación: “Todos estos cadáveres aparecen con las manos atadas”. Sin embargo, en ninguna de las descripciones individuales de los cuerpos se anota este hecho ni tampoco pruebas como la presencia de cuerdas y correajes o una posición anatómica que reflejara este hecho. Es solo una afirmación sin sustento.

Lo mismo ocurre con la declaración de que varios de los cadáveres aparecieron “con los bolsillos vueltos, señal inequívoca de su saqueamiento”. No obstante, según ha contrastado Saqqa Carazo, en muchos de estos casos se vuelve una afirmación contradictoria con otra muy común: la de la presencia de numerosos objetos de valor aparecidos junto a algunos de estos cuerpos supuestamente asaltados. Sorprende, además, que al mismo tiempo en que se afirmaba que habían sido saqueados se resaltara el “elevado número” de objetos y prendas “de valor” halladas en las fosas.

El valiente frente al bárbaro

Para la historiadora, este énfasis reiterado en los mismos aspectos “no parece inocente”, sino que los documentos buscaban construir un relato de virilidad específico. Una masculinidad “heroica, católica y nacional”, la de un hombre sacrificado por la patria, valiente y que había sido “generoso” frente a la muerte, describe el estudio. Y que fue contrapuesta a la masculinidad del “otro”, representado “como cruel, inmoral y deshumanizado, como una encarnación del mal absoluto”.

Y es que para que el mito del mártir funcionase, la Causa General necesitaba construir su reverso perfecto: el del “rojo desalmado”. El estudio también detalla los interrogatorios a los que fueron sometidos presos republicanos bajo torturas, cuyas supuestas declaraciones sirvieron luego de base para los expedientes de exhumación. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones estuvieron adulteradas.

Un caso paradigmático fue el del militante de la CNT Rafael del Águila, interrogado en Almería en 1940. El acta judicial le atribuye afirmaciones como la de “Glorioso Movimiento Nacional” o la “caída de la provincia en manos de los marxistas”, dos expresiones que difícilmente haría un militante anarquista. Además, el fiscal del caso pone en boca de Rafael declaraciones como que los 39 ejecutados del bando nacional que estaban bajo investigación murieron “con entereza, dando gritos de Viva Cristo Rey y Arriba España” mientras los milicianos “les insultaban”. De nuevo, las mismas referencias.

Todo ello lleva a la experta a asegurar que esta figura, la del “mártir y caído”, se convirtió en “legitimadora” del régimen y de su violencia ejercida contra el enemigo. Y a que el franquismo usó a sus propios muertos como “cuerpos políticos” con un fin propagandístico. “Entra dentro de la necesidad de construir un discurso que permita considerar al republicano como 'la otredad' y poder ejercer una violencia justificada sobre él”, explica.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha dictado otra orden a los servicios jurídicos municipales para interponer un nuevo recurso, esta vez un contencioso-administrativo ante el Estado, para intentar evitar que se elimine de la ciudad el último gran vestigio del franquismo, el llamamo monumento a Franco en la Avenida de Anaga.

El alcalde emprende esta nueva cruzada una vez se rechazó el recurso de alzada contra la resolución de 29 de junio de 2026 de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el monumento a Franco en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y dio seis meses de plazo para su demolición tras ser descartado como Bien de Interés Cultural (BIC).

De hecho, fue el propio Gobierno canario el que concluyó que el monumento no tiene ningún valor cultural y, por tanto, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, debe ser retirado, a lo que el alcalde lleva años oponiéndose.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ampara en la ley de bases de Régimen Local, la ley de municipios de Canarias y el propio reglamento orgánico del consistorio y da vía libre a las áreas de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la asesoría jurídica municipal, para presentar el recurso.

El Ayuntamiento sostiene que la orden de retirada del monumento de Juan de Ávalos debería quedar en suspenso mientras se tramita su inclusión en el catálogo municipal de bienes patrimoniales que tramita la Gerencia de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado durante más de 12 años por Bermúdez, junto al PP, lleva años dilatando el cumplimiento de la ley encargando diferentes estudios y recurriendo a los tribunales en busca de protección para la escultura, que representa al dictador y al avión Dragon Rapide. Por encargo de Bermúdez, el Ayuntamiento gastó más de 56.000 euros en un catálogo de vestigios que determinara qué calles había que cambiar exactamente, pese a que el Catálogo realizado por el Gobierno de Canarias ya lo especificaba. También recurrió ante la justicia este mismo catálogo.

En 2018 encargó más informes para tratar de encontrar los “valores artísticos” de la obra. Así, pidió un estudio a expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), otro a la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel y otro al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco. La conclusión fue que dos de los informes negaron esos valores y el tercero sí lo reconoció, pero con un detalle: en el informe no se hace referencia ni una sola vez a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa.

Què tenen a veure una ciutat de vacances construïda pel franquisme a Marbella i una colònia de vacances aixecada durant l’Estado Novo portuguès a Caparica? Per a l’artista eivissenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), totes dues formen part d’una mateixa història que arrenca a la Itàlia de Mussolini i travessa els projectes turístics de les dictadures europees: la del turisme com a eina política, com a promesa de benestar i, finalment, com a indústria capaç de transformar radicalment els territoris que ocupa. A l’exposició Por un lugar en el sol, inaugurada a la Galeria Juan Silió en el marc d’Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta arxius, propaganda, fotografies, vídeos i souvenirs per seguir l’evolució dels dos complexos des del seu naixement sota règims autoritaris fins al present.

El projecte prolonga una investigació desenvolupada des del 2018 al voltant de l’oci, el turisme i les arquitectures que el fan possible, des de les discoteques abandonades d’Eivissa fins als grans resorts i creuers. El punt de partida va ser un treball sobre Prora, el gegantesc complex turístic que l’Alemanya nazi va començar a construir el 1936 a l’illa de Rügen com a ciutat de vacances per a treballadors i que, dècades després, va acabar convertit en apartaments de luxe. En la seva nova exposició individual a Madrid, l’artista connecta Marbella i Caparica, dues ciutats de vacances aixecades sota dictadures que van sobreviure a la Segona Guerra Mundial i que compartien una concepció nacionalcatòlica de l’oci.

“Volia saber com actua el turisme, més enllà del que coneixem avui”, explica De Andrés, que el defineix com “una terraformació del lloc, de l’imaginari, que acaba substituint la història d’un lloc amb una postal que funciona com un bé de consum”. Així, el projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna. “Ambdues ciutats de vacances estan pensades per a les famílies de classe treballadora, en llocs on la principal font d’ingressos des de fa anys és el turisme”, resumeix l’artista.

El projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna

L’origen d’aquest model es remunta, segons la creadora, a la Itàlia de Mussolini i l’Opera Nazionale Dopolavoro, que l’Alemanya nazi replicaria amb el programa Kraft durch Freude. Portugal va desenvolupar la seva pròpia versió a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho i Espanya mitjançant l’Obra Sindical de Educación y Descanso. Tots aquests organismes responien, en part, a una conquesta prèvia del moviment obrer: el dret al descans, la reducció de la jornada laboral i les vacances pagades. “Els règims dictatorials no podien ignorar aquestes conquestes, però sí apropiar-se’n i organitzar-les des de l’Estat. Era una propaganda molt potent”, resumeix la creadora.

El model no es va desenvolupar, a més, de manera aïllada a cada país. L’artista assenyala que els organismes portuguès i espanyol van mantenir durant anys intercanvis, una circulació d’idees i experiències que permet entendre aquestes ciutats de vacances com a part d’una xarxa més àmplia de polítiques d’oci sota les dictadures. L’objectiu no era només facilitar el descans: també organitzar el temps lliure i oferir una determinada forma de vida sota el paraigua de l’Estat. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta dimensió obertament adoctrinadora va començar a diluir-se, segons l’artista, a mesura que els règims intentaven adaptar-se i mantenir-se en el poder, però les infraestructures i el model turístic van romandre.

Els règims dictatorials no podien ignorar les conquestes [socials], però sí apropiar-se'n i organitzar-les des de l'Estat. Era una propaganda molt potent

Irene de Andrés — Artista

Església, turisme i famílies

En aquestes colònies, la família nuclear i catòlica ocupava, a més, un lloc central. De Andrés aborda aquesta qüestió des de les teories de la reproducció social: “Tenien aquest interès per mantenir la família unida, la família nuclear, nacional i catòlica, i al final és una forma també de continuar reproduint treballadors”. El període vacacional permetia, a més, una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: “Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família”. La presència de capelles i altres elements religiosos formava part d’aquesta concepció dels complexos. “En estar construït en aquella època, era un element que havia de ser-hi. Al final, són com una mena de pobles on anar de vacances”, assegura De Andrés.

El període vacacional permetia una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: "Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família", afirma l’artista

La Ciudad Residencial de Marbella es va construir, a més, en paral·lel als anomenats pobles de colonització franquistes, dissenyats per intentar frenar l’èxode rural de la població espanyola. “Es creen en paral·lel als pobles de colonització que s’estaven construint per al treball dels agricultors que mai no anirien a aquells altres pobles”, explica l’artista. La pròpia lògica d’aquells desplaçaments tenia, a més, un revers turístic: mentre uns territoris expulsaven població rural cap a les ciutats i les zones costaneres en expansió, d’altres començaven a rebre aquests treballadors per construir els hotels i les infraestructures del nou sector turístic. La relació entre tots dos models li interessa precisament perquè uns organitzaven la vida laboral i els altres el temps de descans: “És força similar”.

Però aquelles vacances tampoc no estaven obertes indiscriminadament a tota la classe treballadora. A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. “No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat”, matisa l’artista. Precisament per això Por un lugar en el sol no s’atura en la caiguda de les dictadures, sinó que segueix què passa després. “Jo he triat alguns dels models que han continuat en funcionament, perquè em semblava especialment interessant estudiar aquesta evolució, que també forma part de l’evolució de la pròpia història del turisme, i no m’interessava estudiar-los com a ruïna, sinó quina ha estat aquesta transformació d’aquest ús social d’aquests espais”, afirma la creadora.

A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. "No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat", matisa l’artista

Vacances socials a la ciutat del luxe

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va sobreviure a la Transició i va mantenir durant dècades una funció de turisme social. Amb la transferència de les estructures de patrimoni sindical, va passar a mans de Comisiones Obreras i UGT i va continuar oferint vacances de baix cost, inclosos viatges de l’Imserso i programes per a persones amb discapacitat. “Són unes vacances de baix cost en un lloc com Marbella, que té aquesta connotació també de turisme una mica luxós”, assenyala l’eivissenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionava com una anomalia: un lloc on les vacances continuaven sent accessibles per a aquells que no podien assumir els preus de la resta de la ciutat.

Fins que va deixar de fer-ho. De Andrés ha investigat a l’Arxiu de Comissions i a l’Arxiu Històric de Sevilla l’evolució del complex i recull les denúncies dels seus propis treballadors. “Recentment, per exemple, la de Marbella ha estat privatitzada, i ja denunciaven els propis treballadors de la ciutat residencial la desinversió, una mica com estaven deixant morir una mica aquell espai per després tenir l’excusa de la privatització”.

Durant la pandèmia, les seves instal·lacions van arribar, a més, a posar-se a disposició de treballadors sanitaris que no es podien desplaçar. Per a l’artista, el deteriorament no era inevitable. “Em sembla que ja que hi ha aquesta arquitectura i que hi ha aquesta infraestructura, el que tocava era mantenir-la, no deixar d’invertir-hi. Perquè, és clar, arriba un moment en què el cost de la reforma excedeix el que suposadament es pot pagar, però això es podia haver evitat”, reivindica De Andrés.

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va acabar en mans dels sindicats i va continuar oferint vacances de baix cost fins que ha estat privatitzada

D’altra banda, el cas portuguès ofereix una evolució diferent. La FNAT va ser substituïda per l’Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que manté una activitat vinculada al turisme social i gestiona el complex de Caparica. La mateixa artista hi ha estat com a usuària: “Ara pots ser soci, pots no ser soci, i jo hi he anat com a usuària”. Dos edificis nascuts sota dictadures sobreviuen, per tant, de formes diferents als règims que els van construir. Aquesta transformació també apareix a l’exposició, on imatges d’arxiu, postals, materials publicitaris i fotografies turístiques es barregen amb vídeos realitzats durant els seus recorreguts.

La metodologia d’Irene de Andrés busca precisament posar en relació aquestes diferents capes temporals. “Intento treballar amb moltes capes i dades temporals. No m’interessa quedar-me en el passat, en on i com es va construir, sinó quina ha estat l’evolució”, assegura la creadora. Per fer-ho combina documents d’arxiu amb imatges preses durant els seus propis recorreguts, entrevistes a persones que hi van passar les seves vacances i materials turístics contemporanis, des de fotografies de TripAdvisor fins a postals que adquireix i digitalitza. El resultat evita convertir aquests complexos en simples restes d’un passat autoritari i els presenta com a espais la història dels quals continua escrivint-se.

La promesa turística a Eivissa

La investigació connecta amb el lloc d’origen d’Irene de Andrés, Eivissa, on la promesa turística de prosperitat ha transformat completament l’illa. “Hi ha en aquests llocs els qui serveixen i els qui són servits, però per a qui és aquest lloc al sol, per a qui és aquesta promesa d’un lloc al sol”, planteja l’artista. El desenvolupament turístic hi va suposar el pas d’una economia pràcticament de subsistència a una altra basada en el turisme, però també ha dificultat que molts dels treballadors que sostenen aquesta indústria puguin viure a l’illa. “Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya”, critica la creadora.

Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recorda també el cas de Can Rova I i Can Rova II, on persones que vivien en assentaments “estaven pagant per un tros de terra sense accés a llum elèctrica”. “És a dir, això està passant a Eivissa”, denuncia. Així mateix, rebutja que la solució passi simplement per substituir el turisme de masses per un suposat “turisme de qualitat” si això significa reservar determinats territoris a qui té més poder adquisitiu: “Que unes persones són de qualitat o no pel seu poder adquisitiu? Tornarem a fer que només els súper rics puguin viatjar. Doncs tampoc no és això”. La seva alternativa passa per “trobar un equilibri” mitjançant “una regularització de l’habitatge” i “un repartiment just dels recursos”.

Aquest és, en darrer terme, el recorregut de Por un lugar en el sol: de les vacances com a dret conquerit a les vacances com a instrument polític i, finalment, al turisme com una de les grans indústries contemporànies. Una història que parteix de les arquitectures de les dictadures europees, però acaba plantejant una pregunta molt present: qui pot viure als llocs convertits en destinacions, qui pot permetre’s gaudir-ne i qui treballa perquè altres ho puguin fer.

¿Qué tiene que ver una ciudad de vacaciones construida por el franquismo en Marbella y una colonia de vacaciones levantada durante el Estado Novo portugués en Caparica? Para la artista ibicenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), ambas forman parte de una misma historia que arranca en la Italia de Mussolini y atraviesa los proyectos turísticos de las dictaduras europeas: la del turismo como herramienta política, como promesa de bienestar y, finalmente, como industria capaz de transformar radicalmente los territorios que ocupa. En la exposición Por un lugar en el sol, inaugurada en la Galería Juan Silió en el marco de Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta archivos, propaganda, fotografías, vídeos y souvenirs para seguir la evolución de ambos complejos desde su nacimiento bajo regímenes autoritarios hasta el presente.

El proyecto prolonga una investigación desarrollada desde 2018 en torno al ocio, el turismo y las arquitecturas que lo hacen posible, desde las discotecas abandonadas de Eivissa hasta los grandes resorts y cruceros. El punto de partida fue un trabajo sobre Prora, el gigantesco complejo turístico que la Alemania nazi comenzó a construir en 1936 en la isla de Rügen como ciudad de vacaciones para trabajadores y que, décadas después, acabó convertido en apartamentos de lujo. En su nueva exposición individual en Madrid, la artista conecta Marbella y Caparica, dos ciudades de vacaciones levantadas bajo dictaduras que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que compartían una concepción nacionalcatólica del ocio.

“Quería saber cómo actúa el turismo, más allá de lo que conocemos hoy”, cuenta De Andrés, quien lo define como “una terraformación del lugar, del imaginario, que acaba sustituyendo la historia de un lugar con una tarjeta postal que funciona como un bien de consumo”. Así, el proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común. “Ambas ciudades de vacaciones están pensadas para las familias de clase trabajadora, en lugares donde la principal fuente de ingresos desde hace años es el turismo”, resume la artista.

El proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común

El origen de este modelo se remonta, según la creadora, a la Italia de Mussolini y la Opera Nazionale Dopolavoro, que la Alemania nazi replicaría con el programa Kraft durch Freude. Portugal desarrolló su propia versión a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho y España mediante la Obra Sindical de Educación y Descanso. Todos estos organismos respondían, en parte, a una conquista previa del movimiento obrero: el derecho al descanso, la reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas. “Los regímenes dictatoriales no podían ignorar esas conquistas, pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente”, resume la creadora.

El modelo no se desarrolló, además, de forma aislada en cada país. La artista señala que los organismos portugués y español mantuvieron durante años intercambios, una circulación de ideas y experiencias que permite entender estas ciudades de vacaciones como parte de una red más amplia de políticas de ocio bajo las dictaduras. El objetivo no era solo facilitar el descanso: también organizar el tiempo libre y ofrecer una determinada forma de vida bajo el paraguas del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión abiertamente adoctrinadora comenzó a diluirse, según la artista, a medida que los regímenes intentaban adaptarse y mantenerse en el poder, pero las infraestructuras y el modelo turístico permanecieron.

Los regímenes dictatoriales no podían ignorar las conquistas [sociales], pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente

Irene de Andrés — Artista

Iglesia, turismo y familias

En estas colonias, la familia nuclear y católica ocupaba además un lugar central. De Andrés aborda esta cuestión desde las teorías de la reproducción social: “Tenían ese interés por mantener a la familia unida, la familia nuclear, nacional y católica, y al final es una forma también de seguir reproduciendo trabajadores”. El periodo vacacional permitía, además, una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: “Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia”. La presencia de capillas y otros elementos religiosos formaba parte de esa concepción de los complejos. “Al estar construido en esa época, era un elemento que tenía que estar ahí. Al final, son como una especie de pueblos donde viajar de vacaciones”, asegura De Andrés.

El periodo vacacional permitía una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: 'Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia', afirma la artista

La Ciudad Residencial de Marbella se construyó además en paralelo a los llamados pueblos de colonización franquistas, diseñados para intentar frenar el éxodo rural de la población española. “Se crean en paralelo a los pueblos de colonización que se estaban construyendo para el trabajo de agricultores que nunca iban a ir a esos otros pueblos”, explica la artista. La propia lógica de aquellos desplazamientos tenía, además, un reverso turístico: mientras unos territorios expulsaban población rural hacia las ciudades y las zonas costeras en expansión, otros empezaban a recibir a esos trabajadores para construir los hoteles y las infraestructuras del nuevo sector turístico. La relación entre ambos modelos le interesa precisamente porque unos organizaban la vida laboral y otros el tiempo de descanso: “Es bastante similar”.

Pero aquellas vacaciones tampoco estaban abiertas indiscriminadamente a toda la clase trabajadora. En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. “No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado”, matiza la artista. Precisamente por eso Por un lugar en el sol no se detiene en la caída de las dictaduras, sino que sigue qué ocurre después. “Yo he elegido algunos de los modelos que han seguido en funcionamiento, porque me parecía especialmente interesante estudiar esa evolución, que también es parte de la evolución de la propia historia del turismo, y no me interesaba estudiarlos como ruina, sino cuál ha sido esa transformación de ese uso social de esos espacios”, afirma la creadora.

En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. 'No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado', matiza la artista

Vacaciones sociales en la ciudad del lujo

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre sobrevivió a la Transición y mantuvo durante décadas una función de turismo social. Con la transferencia de las estructuras de patrimonio sindical, pasó a manos de Comisiones Obreras y UGT y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste, incluidos viajes del Imserso y programas para personas con discapacidad. “Son unas vacaciones de bajo coste en un lugar como Marbella, que tiene esa connotación también de turismo un poco lujoso”, señala la ibicenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionaba como una anomalía: un lugar donde las vacaciones seguían siendo accesibles para quienes no podían asumir los precios del resto de la ciudad.

Hasta que dejó de hacerlo. De Andrés ha investigado en el Archivo de Comisiones y en el Archivo Histórico de Sevilla la evolución del complejo y recoge las denuncias de sus propios trabajadores. “Recientemente, por ejemplo, la de Marbella ha sido privatizada, y ya denunciaban los propios trabajadores de la ciudad residencial la desinversión, un poco cómo estaban dejando morir un poco ese espacio para luego tener la excusa de la privatización”.

Durante la pandemia, sus instalaciones llegaron además a ponerse a disposición de trabajadores sanitarios que no podían desplazarse. Para la artista, el deterioro no era inevitable. “Me parece que ya que está esa arquitectura y que está esa infraestructura hubiese sido lo suyo mantenerlo, no dejar de invertir. Porque, claro, llega un momento en el que ya el coste de la reforma excede lo que supuestamente se puede pagar, pero eso se podía haber evitado”, reivindica De Andrés.

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre acabó en manos de los sindicatos y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste hasta que ha sido privatizada

Por otro lado, el caso portugués ofrece una evolución diferente. La FNAT fue sustituida por el Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que mantiene una actividad vinculada al turismo social y gestiona el complejo de Caparica. La propia artista ha estado allí como usuaria: “Ahora puedes ser socio, puedes no ser socio, y yo he ido allí como usuaria”. Dos edificios nacidos bajo dictaduras sobreviven, por tanto, de formas distintas a los regímenes que los construyeron. Esa transformación también aparece en la exposición, donde imágenes de archivo, postales, materiales publicitarios y fotografías turísticas se mezclan con vídeos realizados durante sus recorridos.

La metodología de Irene de Andrés busca precisamente poner en relación esas diferentes capas temporales. “Intento trabajar con muchas capas y datos temporales. No me interesa quedarme en el pasado, en dónde y cómo se construyó, sino cuál ha sido la evolución”, asegura la creadora. Para ello combina documentos de archivo con imágenes tomadas durante sus propios recorridos, entrevistas a personas que pasaron allí sus vacaciones y materiales turísticos contemporáneos, desde fotografías de TripAdvisor hasta postales que adquiere y digitaliza. El resultado evita convertir estos complejos en simples restos de un pasado autoritario y los presenta como espacios cuya historia continúa escribiéndose.

La promesa turística en Eivissa

La investigación conecta con el lugar de origen de Irene de Andrés, Eivissa, donde la promesa turística de prosperidad ha transformado por completo la isla. “Hay en esos lugares quienes sirven y quienes son servidos, pero para quién es ese lugar en el sol, para quién es esa promesa de un lugar en el sol”, plantea la artista. El desarrollo turístico supuso allí el paso de una economía prácticamente de subsistencia a otra basada en el turismo, pero también ha dificultado que muchos de los trabajadores que sostienen esa industria puedan vivir en la isla. “Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza”, critica la creadora.

Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recuerda también el caso de Can Rova y Can Rova II, donde personas que vivían en asentamientos “estaban pagando por un pedazo de tierra sin acceso a luz eléctrica”. “O sea, esto está pasando en Ibiza”, denuncia. Asimismo, rechaza que la solución pase simplemente por sustituir el turismo de masas por un supuesto “turismo de calidad” si eso significa reservar determinados territorios a quienes tienen mayor poder adquisitivo: “¿Que unas personas son de calidad o no por su poder adquisitivo? Vamos a volver a que solo los súper ricos puedan viajar. Pues tampoco es eso”. Su alternativa pasa por “encontrar un equilibrio” mediante “una regularización de la vivienda” y “un reparto justo de los recursos”.

Ese es, en último término, el recorrido de Por un lugar en el sol: de las vacaciones como derecho conquistado a las vacaciones como instrumento político y, finalmente, al turismo como una de las grandes industrias contemporáneas. Una historia que parte de las arquitecturas de las dictaduras europeas, pero acaba planteando una pregunta muy presente: quién puede vivir en los lugares convertidos en destinos, quién puede permitirse disfrutarlos y quién trabaja para que otros puedan hacerlo.

Jaume Serra Cardell no té prou paper per escriure a la seva família, així que busca un altre suport: la roba. Acaba omplint de paraules la tela de l'esquena de dues camises. No és l'únic que acut a les formes més inimaginables de deixar constància del que passa rere els murs de la Presó Provincial de Palma. Ricardo Ordinas Fuster, a més d'escriure sobre el seu tancament, ho dibuixa. Per fer-ho, utilitza petits trossos de paper de fumar que li fa arribar la seva família. En un d'ells identifica pel seu nom els presos que comparteixen l'espai i deixa constància de la distribució de la cel·la. El que sembla una escena quotidiana acaba convertida en una radiografia del massificació, amb noms i cossos encaixats en un espai mínim.

Julio López Bermejo, per la seva banda, aprofita els documents que té a mà a les oficines de la presó, on es troba destinat, i utilitza els seus revessos per dibuixar, convertint-los en un suport clandestí. De sobte, comencen a florir desenes de caricatures tant dels seus companys com dels guardes i els capellans, conformant una col·lecció improvisada que, molt de temps després, permetrà recuperar els rostres dels qui van compartir aquella vida penitenciària. Joan Cortès Cànaves farà una cosa semblant a Can Mir, una de les presons més fosques i tràgiques de l'època, reproduint també l'interior del recinte.

Són petits gestos de resistència enfront d'un sistema que intenta controlar fins a l'última paraula que surt de les presons franquistes de Mallorca. En elles, fins i tot una peça de roba pot convertir-se en una via clandestina de comunicació amb l'exterior. Les cartes estan censurades, els presos tenen limitat quan i quant poden escriure i qualsevol missatge considerat inconvenient pot ser destruït. Per això busquen escletxes: amaguen notes al coll de les camises, entre els plecs dels pantalons o als cinturons, dibuixen en papers destinats a altres usos i aprofiten qualsevol superfície que pugui sobreviure als murs de la presó.

Són petits gestos de resistència davant un sistema que intenta controlar fins a l'última paraula que surt de les presons franquistes de Mallorca. En elles, fins i tot una peça de roba pot convertir-se en una via clandestina de comunicació amb l'exterior

Dècades després, aquells diminuts dibuixos, les cartes i els escrits sobre roba obren una finestra a una realitat que el règim franquista va intentar mantenir a l'altre costat dels murs i rescaten aspectes de la vida quotidiana que difícilment apareixen en els expedients administratius. Són rastres mínims, però eloqüents, que han recopilat els investigadors Manel Suárez Salvà i Maria Eugènia Jaume Esteva en un estudi sobre els llocs de la repressió franquista a les Balears. Entre els documents conservats hi ha un dibuix d'Ordinas: està datat el 29 d'agost de 1936, tot just unes setmanes després del cop militar, i representa el pati de la Presó Provincial de Palma.

73 llocs per tancar els “enemics”

La investigació, encarregada pel Govern durant la passada legislatura progressista, recorda com van començar els empresonaments sistemàtics de Mallorca després de l'alçament feixista de juliol: no van ser una reacció improvisada a l'esclat del cop, sinó que van respondre a una planificació prèvia, seguint les instruccions que el general Emilio Mola Vidal havia fixat el 25 de maig: “Es tindrà en compte que l'acció ha de ser en extrem violenta per reduir com més aviat millor l'enemic, que és fort i ben organitzat. Sens dubte, seran empresonats tots els directius dels partits polítics, societats o sindicats no afectes al moviment, aplicant-los càstigs exemplars a els dits individus per estrangular els moviments de rebel·lia o vagues”.

A partir d'aquell moment, l'informe, de 366 pàgines, identifica fins a 73 llocs de reclosa i concentració de presos a l'arxipèlag -65 a Mallorca, quatre a Menorca, tres a Eivissa i un a Formentera- i mostra una xarxa molt més extensa del que suggereixen les presons que han quedat en la memòria col·lectiva, com la de Can Mir. La raó és que no es tractava únicament de presons: el règim va reutilitzar magatzems, convents, hospicis, hospitals, fortaleses, vaixells, edificis públics i altres espais per tancar aquells a qui considerava enemics. La mateixa arquitectura del sistema revela la improvisació com una característica del mateix: la majoria dels centres habilitats com a presons o camps de concentració van ser espais preexistents reutilitzats, a vegades mitjançant expropiacions o lloguers a baix cost.

El règim franquista va reutilitzar magatzems, convents, hospicis, hospitals, fortaleses, vaixells, edificis públics i altres espais per tancar els qui considerava enemics

Com documenten Suárez i Jaume, l'empresonament no només buscava aïllar físicament els presos. També pretenia convertir-los en paries socials. Heinz Kraschutzki, pacifista i antifeixista alemany, recordava, per exemple, la humiliació que suposava rebre diaris dins la presó. La lectura podia ser un entreteniment, però també els recordava diàriament com els presentava la propaganda del nou règim.

“Érem 'gentussa' que no tenia cap valor”

Kraschutzki, autor de Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca, ho evocava així: “Podíem rebre periòdics i no era una lectura agradable. Podíem llegir pàgines i més pàgines de com 'els rojos', és a dir, nosaltres, no érem altra cosa que 'gentussa' que no tenia cap valor”. En algunes ocasions, i assumint un gran risc, els presos aconseguien introduir a la presó periódics republicans, una de les escasses vies que tenien per accedir a una informació distinta de la propaganda que difonia el nou règim.

Podíem rebre diaris i no era una lectura agradable. Podíem llegir pàgines i més pàgines de com 'els rojos', és a dir, nosaltres, no érem res més que 'gentussa' que no tenia cap valor

Heinz Kraschutzki — Pacifista i antifeixista alemany

La mateixa presó es convertia així en un espai d'exclusió. L'estudi explica que rebre una visita, un paquet de menjar o fins i tot una carta depenia que la direcció considerés que el pres acceptava les regles del nou Estat. Les famílies quedaven atrapades també al voltant de les presons, desplaçant-se per portar roba, menjar o qualsevol ajuda que pogués evitar que els seus familiars morissin de fam.

La Presó Provincial de Palma resumeix aquesta precarietat. El 1936, l'augment de detinguts va obligar a utilitzar fins i tot la capella com a espai de reclusió. Presos comuns i polítics van arribar a conviure aclaparats i els calabossos no tenien lavabos: els interns havien de fer servir grans recipients coneguts com a “zambullos”. Un informe posterior va descriure la “pútrida olor i emanacions perjudicials” provocada per aquelles condicions. A finals de 1941, hi havia 277 reclusos i prop d'un miler d'homes havien passat pel centre des del 1936. Deu van morir dins la presó o durant el seu trasllat a l'Hospital Provincial, víctimes de la mala alimentació, les malalties, l'angoixa i la manca d'higiene.

Les “nits tristes” de Can Mir

La imatge més brutal d'aquell sistema potser sigui la de Can Mir. El recinte no havia estat construït com a presó: era un magatzem de fusta. La investigació actualitza les xifres d'aquell espai i permet dimensionar la magnitud delTheorem i les condicions en què foren reclosos els presos. Entre el 19 de juliol de 1936 i començaments de 1941, hi passaren 2.081 homes i una dona. D'ells, 128 moriren víctimes de les anomenades “tretes” (“sacas”), altres 54 foren afusellats i deu moriren per malalties contretes durant el seu empresonament. En total, 192 homes no varen sobreviure al seu pas per la presó, gairebé el 10% dels reclusos.

Dins d'aquella nau, els presos amb prou feines podien sortir a l'exterior. Els qui aconseguien alguna feina -els coneguts com a “peladors de patates”- podien escombrar el pati, descarregar camions o treballar a la cuina. Era una de les escasses oportunitats per respirar aire lliure i, amb sort, intentar veure els seus familiars a l'altre costat de la tanca.

Entre el 19 de juliol de 1936 i principis de 1941, per Can Mir van passar 2.081 homes i una dona. D'ells, 128 van morir víctimes de les anomenades "tretes" ("sacas"), altres 54 van ser afusellats i deu van morir per malalties contretes durant el seu empresonament

El menjar tampoc arribava a Can Mir. El menú habitual estava compost per patates, moniatos, mongetes i algun os bullit. Els presos passaven fam i depenien dels paquets que enviaven les seves famílies. L'estudi explica que aquells paquets arribaven de vegades oberts i amb part del seu contingut desaparegut, fins al punt que els familiars van començar a enganxar a les caixes una llista del que havien introduït. En aquella presó, a més, hi va haver moments en què fins i tot s'interrompia el subministrament d'aigua, especialment durant l'estiu.

Les “tretes” van seguir un patró particularment sinistre. De nit, algú entrava a la presó i llegia una llista de noms. Als presos se'ls deia que serien posats en llibertat. Quan arribaven a la porta, en molts casos els lligaven les mans uns amb els altres amb filferro o manilles i els pujaven a un camió. Alguns eren alliberats. Altres eren conduïts cap a la mort. Més de 300 persones van morir a conseqüència d'aquestes sacs o “tretes”, segons l'estudi. Entre les presons de les quals van sortir presos per ser assassinats hi havia Can Mir, Bellver, Manacor i Can Sales. Quan van acabar les “tretes” generalitzades, el nou governador civil, Víctor Enseñat, va pronunciar una frase que va quedar associada a Can Mir: “S'han acabat les nits tristes en aquesta casa”.

Un miler de dones entre quatre parets

La repressió va tenir també un escenari específicament femení. Can Sales, antic hospici gestionat per les Germanetes dels Pobres, es va convertir des de 1940 en la Presó Central de Dones de Palma i va començar a rebre internes procedents d'altres punts de l'Estat. El que havia començat amb 31 dones repartides en dos dormitoris d'uns 66 metres quadrats va acabar convertint-se en un espai que va arribar a albergar al voltant d'un miler de recloses entre 1941 i 1942. L'alimentació es va tornar escassa i de mala qualitat i les malalties es van estendre entre les internes.

Algunes van ser tancades sense una acusació concreta. Altres van ser utilitzades com a “hostatges” per intentar localitzar familiars amagats. I cinc dones -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer i Belarmina González- van ser tretes de Can Sales sota una ordre que formalment deia que quedaven “en llibertat, a disposició” del governador civil. Poc després van ser assassinades a Son Coletes. El document que va ordenar aquella falsa alliberació conserva encara els seus cinc noms mecanografiats i la signatura del governador civil Mateu Torres Bestard.

A Can Sales, algunes dones van ser tancades sense una acusació concreta. Altres van ser utilitzades com a "hostatges" per intentar localitzar familiars amagats. I cinc preses -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer i Belarmina González- van ser posades "a disposició" del governador civil. Poc després van ser assassinades

Un camp de concentració al costat del mar

A Formentera, el tancament va adquirir una altra dimensió. La colònia penitenciària de La Savina va rebre entre 1940 i 1942 al voltant de 2.133 presos. Un mur de més de dos metres envoltava les instal·lacions i fins i tot un filferro travessava la zona de mar per impedir les fugues. Els barracons estaven alineats al costat de la costa i les latrines consistien en simples barres de fusta: les deposicions queien a una canaleta que les conduïa directament a l'aigua.

En total, 58 homes van morir allà. L'estudi assenyala que un percentatge elevat de les morts es va produir per tuberculosi i caquèxia, és a dir, per fam. La manca d'higiene, d'aigua potable i l'alimentació deficient van agreujar les malalties entre uns presos sotmesos a condemnes de llarga durada. D'aquell camp encara queden restes físiques: part del mur, els terres d'alguns barracons, les canaletes que conduïen les deposicions des de les latrines fins al mar i dos pous d'aigua construïts pels mateixos presos, que encara conserven les inicials d'alguns.

A Formentera, el tancament va adquirir una altra dimensió. La colònia penitenciària de La Savina va rebre entre 1940 i 1942 al voltant de 2.133 presos. 58 homes hi van morir, molts d'ells per tuberculosi i caquèxia, és a dir, per fam

Aules i claustres convertits en presons

La repressió, però, no es va quedar a les presons. Va sortir-ne per instal·lar-se en espais quotidians com les escoles, les aules de les quals van deixar de ser espais per ensenyar per albergar adults detinguts, com la de Santanyí, La Salle de Llucmajor i la de Santa Margalida.

A Santanyí, la Guàrdia Civil i la Falange van utilitzar el col·legi com a centre de detenció durant les primeres setmanes del cop. Dinou persones hi van ser tancades fins a finals d'agost de 1936 abans de ser traslladades a altres presons de l'illa. L'edifici, construït entre 1926 i 1931 i amb una superfície de 1.503 metres quadrats, va continuar funcionant com a escola després de la guerra. La mateixa construcció que havia acollit alumnes es va convertir així, durant aquelles setmanes, en un espai de tancament.

L'Escola Graduada de Manacor es va sumar a aquests enclaus. Allà hi van ser retingudes cinc infermeres catalanes i altres milicians republicans després del fracàs del desembarcament del capità Alberto Bayo el setembre de 1936. També hi va passar Magdalena Bassa Galmés, “na Mora”, esposa de Jaume Pompeia, alcalde de Son Carrió. Es va negar a facilitar informació sobre el parador del seu marit i va ser detinguda el 4 de setembre de 1936. Va ser alliberada aquest mateix dia i assassinada poc després.

Magdalena Bassa Galmés, "na Mora", es va negar a proporcionar informació sobre el parador del seu marit, Jaume Pompeia, alcalde republicà de Son Carrió. Va ser detinguda el 4 de setembre de 1936, alliberada el mateix dia i assassinada poc després

Mentrestant, el dipòsit municipal de Palma es va convertir, des del cop d'Estat, en una de les primeres estacions de la maquinària repressiva. Entre el 20 de juliol i finals d'agost de 1936, al voltant de 60 veïns de Palma, homes i dones, van passar pels seus calabossos, la majoria detinguts simplement com a “sospitosos”. Entre ells figuren Antoni Perales Hernández i Francesc Veny Nadal, arrestats sota l'acusació de ser “polítics”, i Hellmuth Kaiser, assenyalat per ser “alemany”. Altres cinc van ser detinguts per secundar la vaga convocada pels sindicats.

L'estada solia ser breu: la majoria recuperava la llibertat el mateix dia i la resta hi romania, com a màxim, dos dies, abans de ser traslladat principalment a Can Mir o al castell de Bellver. El dipòsit va continuar funcionant com a centre de detenció almenys fins al 1938.

Convents i hospitals

Mentrestant, a Palma, el franquisme va habilitar com a espais de detenció el convent del carrer Missió i el de la Pietat; a Porreres va utilitzar Cals Germans; a Artà, el claustre dels franciscans; i a Inca, el claustre de Sant Domingo. Fins i tot els vaixells es van convertir en presons: el Cala Gat i el Jaume I van ser emprats com a presons habilitades al costat d'espais tan distints com el mercat de Felanitx o el cinema Modern d'Inca, on, tal com consta en els registres de la repressió a les illes, van ser retinguts, entre d'altres, els socialistes Jaume Beltran Munar i Antoni Muntaner Sampol.

També hospitals com els de Manacor, el Provincial de Palma -on arribaven presos des de totes les illes, majoritàriament des de Can Mir o de Formentera- i l'hospital militar van acollir desenes de reclusos. El cas de Bernat Colomar Martorell, també recuperat en la investigació, mostra fins a quin punt el tancament podia acabar destruint els mateixos presos. Electricista d'Inca, tenia 30 anys quan va ser condemnat a mort per adhesió a la rebel·lió, una pena que posteriorment li va ser commutada per 30 anys de reclusió. Durant la seva estada a Can Mir va acabar perdent la raó i va ser traslladat al manicomi de Palma, on finalment va morir.

Es Pujol, una finca convertida en campament de presos

Es Pujol, una finca del terme de Santanyí, va ser també un dels espais que el franquisme va incorporar a la seva xarxa de camps de concentració i treballs forçats. L'estudi situa allí un dels enclaus utilitzats per recloure presos durant la Guerra Civil i la postguerra, dins d'un sistema que va aprofitar grans propietats rurals per concentrar els captius i destinar-los a treballs.

Les seves primeres construccions es remunten a finals de l'Edat Mitjana, encara que la major part dels edificis actuals van ser lle- vantats entre el segle XVI i principis del XX. El 26 de febrer de 1940, tanmateix, el lloc va adquirir una funció radicalment distinta: va obrir allí un camp de concentració de postguerra. Per aquest camp van passar almenys 357 presoners del Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors número 39, tots ells presos de postguerra que havien retornat de l'exili. Després de ser classificats en els principals dipòsits de la Península, entre ells Miranda de Ebro (Burgos) o Miguel de Unamuno (Madrid), van ser distribuïts per distints punts d'Espanya per fer treballs forçats.

Es Pujol, una finca del terme de Santanyí, va ser també un dels espais que el franquisme va incorporar a la seva xarxa de camps de concentració i treballs forçats. L'estudi el situa dins d'un sistema que va aprofitar grans propietats rurals per concentrar els captius i destinar-los a treballs

A Es Pujol, el seu destí va estar lligat a la construcció de carreteres incloses en l'anomenat Circuit Estratègic, entre elles la carretera de Santanyí a Portocolom. La proximitat del camp a les obres no era casual: el mateix projecte justificava evitar desplaçaments llargs a uns homes que havien de recórrer el trajecte d'anada i tornada cada dia. El juny de 1940 van arribar a destinar-se 150 homes a aquestes obres, mentre que un altre destacament d'un centenar de presos va ser emprat durant un temps en els treballs del Circuit Estratègic del far de Cap de ses Salines i en la construcció del camí militar entre el far i la bateria de Salines.

El pressupost inicial del campament, aprovat el 23 d'abril de 1940, pujava a 4.710 pessetes per a les denominades obres majors. Es Pujol era així molt més que un lloc de tancament: formava part d'un sistema que utilitzava els presos com a mà d'obra per transformar infraestructures estratègiques de l'illa.

El castell de Sant Felip

A Menorca, una antiga fortificació del segle XVI va acabar convertida en presó. El castell de Sant Felip, a Maó,es va fer servir com a presó entre abril i novembre de 1939. Les cartes del pres Jaume Bestard Mateu permeten reconstruir fins i tot el moment del desallotjament: “La notícia del meu trasllat a La Mola t'havia causat gran pesar [...] s'havia de buidar Sant Felip i tots vam ser traslladats aquí a la Mola”. No tots van acabar allà: alguns van ser enviats a l'Hospital de Sang i altres a la Presó Provincial de Palma. El mateix Hospital de Sang ofereix una altra imatge insòlita: havia estat projectat com un hospital subterrani i, en quedar inacabat el 1939, les noves autoritats el van transformar primer en camp de concentració de classificació i després en presó.

Una xarxa de repressió que va ocupar tota la geografia

El nou mapa que dibuixa l'estudi mostra que la repressió franquista a les Balears no va tenir un únic centre ni es va limitar a les presons. Va ser una xarxa que va aprofitar edificis existents, va desplaçar presos d'uns centres a uns altres i va convertir espais quotidians en llocs de tancament. El mateix informe considera que la investigació haurà de completar-se amb estudis locals capaços de treure a la llum altres llocs encara desconeguts.

Però potser els documents més eloqüents no siguin els mapes ni les estadístiques. Són aquelles petites traces que els presos van deixar per demostrar que hi van ser: un dibuix fet sobre paper de fumar, els noms escrits dins d'una cel·la, una caricatura amagada al revers d'un document, una carta cosida a una camisa o les inicials gravades en un pou de Formentera. La dictadura va voler convertir-los en números. Ells van deixar, en canvi, els seus noms, els seus dibuixos i les seves paraules.

Jaume Serra Cardell no tiene suficiente papel para escribir a su familia, así que busca otro soporte: la ropa. Termina llenando de palabras la tela de la espalda de dos camisas. No es el único que acude a las formas más inimaginables de dejar constancia de lo que ocurre tras los muros de la Prisión Provincial de Palma. Ricardo Ordinas Fuster, además de escribir sobre su encierro, lo dibuja. Para ello, utiliza pequeños trozos de papel de fumar que le hace llegar su familia. En uno de ellos identifica por su nombre a los presos que comparten el espacio y deja constancia de la distribución de la celda. Lo que parece una escena cotidiana acaba convertida en una radiografía del hacinamiento, con nombres y cuerpos encajados en un espacio mínimo.

Julio López Bermejo, por su parte, aprovecha los documentos que tiene a mano en las oficinas de la cárcel, donde se encuentra destinado, y utiliza sus reversos para dibujar, convirtiéndolos en un soporte clandestino. De repente, comienzan a florecer decenas de caricaturas tanto de sus compañeros como de los guardias y los capellanes, conformando una colección improvisada que, mucho tiempo después, permitirá recuperar los rostros de quienes compartieron aquella vida penitenciaria. Joan Cortès Cànaves hará algo parecido en Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la época, reproduciendo también el interior del recinto.

Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior. Las cartas están censuradas, los presos tienen limitado cuándo y cuánto pueden escribir y cualquier mensaje considerado inconveniente puede ser destruido. Por eso buscan resquicios: esconden notas en los cuellos de las camisas, entre los dobleces de los pantalones o en los cinturones, dibujan en papeles destinados a otros usos y aprovechan cualquier superficie que pueda sobrevivir a los muros de la prisión.

Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior

Décadas después, aquellos diminutos dibujos, las cartas y los escritos sobre ropa abren una ventana a una realidad que el régimen franquista trató de mantener al otro lado de los muros y rescatan aspectos de la vida cotidiana que difícilmente aparecen en los expedientes administrativos. Son rastros mínimos, pero elocuentes, que han recopilado los investigadores Manel Suárez Salvà y Maria Eugènia Jaume Esteva en un estudio sobre los lugares de la represión franquista en Balears. Entre los documentos conservados hay un dibujo de Ordinas: está fechado el 29 de agosto de 1936, apenas unas semanas después del golpe militar, y representa el patio de la Prisión Provincial de Palma.

73 lugares para encerrar a los “enemigos”

La investigación, encargada por el Govern durante la pasada legislatura progresista, recuerda cómo comenzaron las detenciones sistemáticas de Mallorca tras el alzamiento fascista de julio: no fueron una reacción improvisada al estallido del golpe, sino que respondieron a una planificación previa, siguiendo las instrucciones que el general Emilio Mola Vidal había fijado el 25 de mayo: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

A partir de ese momento, el informe, de 366 páginas, identifica hasta 73 lugares de reclusión y concentración de presos en el archipiélago -65 en Mallorca, cuatro en Menorca, tres en Eivissa y uno en Formentera- y muestra una red mucho más extensa de lo que sugieren las prisiones que han quedado en la memoria colectiva, como la de Can Mir. Y es que no se trataba únicamente de cárceles: el régimen reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos. La propia arquitectura del sistema revela la improvisación como una característica del mismo: la mayoría de los centros habilitados como prisiones o campos de concentración fueron espacios preexistentes reutilizados, en ocasiones mediante expropiaciones o alquileres a bajo coste.

El régimen franquista reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos

Como documentan Suárez y Jaume, el encierro no solo buscaba aislar físicamente a los presos. También pretendía convertirlos en parias sociales. Heinz Kraschutzki, pacifista y antifascista alemán, recordaba, por ejemplo, la humillación que suponía recibir periódicos dentro de la prisión. La lectura podía ser un entretenimiento, pero también les recordaba diariamente cómo los presentaba la propaganda del nuevo régimen.

“Éramos 'gentuza' que no tenía ningún valor”

Kraschutzki, autor de Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca, lo evocaba así: “Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor”. En algunas ocasiones, y asumiendo un gran riesgo, los presos conseguían introducir en la cárcel periódicos republicanos, una de las escasas vías que tenían para acceder a una información distinta de la propaganda que difundía el nuevo régimen.

Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor

Heinz Kraschutzki — Pacifista y antifascista alemán

La propia prisión se convertía así en un espacio de exclusión. El estudio explica que recibir una visita, un paquete de comida o incluso una carta dependía de que la dirección considerara que el preso aceptaba las reglas del nuevo Estado. Las familias quedaban atrapadas también alrededor de las cárceles, desplazándose para llevar ropa, comida o cualquier ayuda que pudiera evitar que sus familiares murieran de hambre.

La Prisión Provincial de Palma resume esa precariedad. En 1936, el aumento de detenidos obligó a utilizar incluso la capilla como espacio de reclusión. Presos comunes y políticos llegaron a convivir hacinados y las celdas carecían de retretes: los internos tenían que utilizar grandes recipientes conocidos como “zambullos”. Un informe posterior describió el “hedor y emanaciones perjudiciales” provocado por aquellas condiciones. A finales de 1941, había 277 reclusos y cerca de un millar de hombres habían pasado por el centro desde 1936. Diez murieron dentro de la prisión o durante su traslado al Hospital Provincial, víctimas de la mala alimentación, las enfermedades, la angustia y la falta de higiene.

Las “noches tristes” de Can Mir

La imagen más brutal de ese sistema quizá sea la de Can Mir. El recinto no había sido construido como prisión: era un almacén de madera. La investigación actualiza las cifras de aquel espacio y permite dimensionar la magnitud del hacinamiento y las condiciones en las que fueron recluidos los presos. Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas “tretes” (“sacas”), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento. En total, 192 hombres no sobrevivieron a su paso por la prisión, casi el 10% de los reclusos.

Dentro de aquella nave, los presos apenas podían salir al exterior. Los que conseguían algún trabajo -los conocidos como “peladores de patatas”- podían barrer el patio, descargar camiones o trabajar en la cocina. Era una de las escasas oportunidades para respirar aire libre y, con suerte, intentar ver a sus familiares al otro lado de la valla.

Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, por Can Mir pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas "tretes" ("sacas"), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento

La comida tampoco alcanzaba en Can Mir. El menú habitual estaba compuesto por patatas, boniatos, judías y algún hueso hervido. Los presos pasaban hambre y dependían de los paquetes que enviaban sus familias. El estudio explica que esos paquetes llegaban a veces abiertos y con parte de su contenido desaparecido, hasta el punto de que los familiares comenzaron a pegar en las cajas una lista de lo que habían introducido. En aquella cárcel, además, hubo momentos en que incluso se interrumpía el suministro de agua, especialmente durante el verano.

Las “tretes” siguieron un patrón particularmente siniestro. De noche, alguien entraba en la prisión y leía una lista de nombres. A los presos se les decía que iban a ser puestos en libertad. Cuando llegaban a la puerta, en muchos casos les ataban las manos unos a otros con alambre o esposas y los subían a un camión. Algunos eran liberados. Otros eran conducidos hacia la muerte. Más de 300 personas murieron como consecuencia de estas sacas o “tretes”, según el estudio. Entre las prisiones de las que salieron presos para ser asesinados estaban Can Mir, Bellver, Manacor y Can Sales. Cuando terminaron las “tretes” generalizadas, el nuevo gobernador civil, Víctor Enseñat, pronunció una frase que quedó asociada a Can Mir: “Se han acabado las noches tristes en esta casa”.

Un millar de mujeres entre cuatro paredes

La represión tuvo también un escenario específicamente femenino. Can Sales, antiguo hospicio gestionado por las Hermanitas de los Pobres, se convirtió desde 1940 en la Prisión Central de Mujeres de Palma y comenzó a recibir internas procedentes de otros puntos del Estado. Lo que había comenzado con 31 mujeres repartidas en dos dormitorios de unos 66 metros cuadrados terminó convirtiéndose en un espacio que llegó a albergar alrededor de un millar de reclusas entre 1941 y 1942. La alimentación se volvió escasa y de mala calidad y las enfermedades se extendieron entre las internas.

Algunas fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como “rehenes” para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco mujeres -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron sacadas de Can Sales bajo una orden que formalmente decía que quedaban “en libertad, a disposición” del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas en Son Coletes. El documento que ordenó aquella falsa liberación conserva todavía sus cinco nombres mecanografiados y la firma del gobernador civil Mateu Torres Bestard.

En Can Sales, algunas mujeres fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como "rehenes" para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco presas -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron puestas "a disposición" del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas

Un campo de concentración frente al mar

En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. Un muro de más de dos metros rodeaba las instalaciones y hasta un alambre atravesaba la zona de mar para impedir las fugas. Los barracones estaban alineados junto a la costa y las letrinas consistían en simples barras de madera: las deposiciones caían a una canaleta que las conducía directamente al agua.

En total, 58 hombres murieron allí. El estudio señala que un porcentaje elevado de las muertes se produjo por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre. La falta de higiene, de agua potable y la alimentación deficiente agravaron las enfermedades entre unos presos sometidos a condenas de larga duración. De aquel campo todavía quedan restos físicos: parte del muro, los suelos de algunos barracones, las canaletas que conducían las deposiciones desde las letrinas hasta el mar y dos pozos de agua construidos por los propios presos, que aún conservan las iniciales de algunos de ellos.

En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. 58 hombres murieron allí, muchos de ellos por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre

Aulas y claustros convertidos en cárceles

La represión, sin embargo, no se quedó en las cárceles. Salió de ellas para instalarse en espacios cotidianos como las escuelas, cuyas aulas dejaron de ser espacios para enseñar para albergar a adultos detenidos, como la de Santanyí, La Salle de Llucmajor y la de Santa Margalida.

En Santanyí, la Guardia Civil y Falange utilizaron el colegio como centro de detención durante las primeras semanas del golpe. Diecinueve personas fueron encerradas allí hasta finales de agosto de 1936 antes de ser trasladadas a otras prisiones de la isla. El edificio, construido entre 1926 y 1931 y con una superficie de 1.503 metros cuadrados, continuó funcionando como escuela después de la guerra. La misma construcción que había acogido a alumnos se convirtió así, durante aquellas semanas, en un espacio de encierro.

La Escola Graduada de Manacor se sumó a estos enclaves. Allí fueron retenidas cinco enfermeras catalanas y otros milicianos republicanos tras el fracaso del desembarco del capitán Alberto Bayo en septiembre de 1936. También pasó por allí Magdalena Bassa Galmés, “na Mora”, esposa de Jaume Pompeia, alcalde de Son Carrió. Se negó a facilitar información sobre el paradero de su marido y fue detenida el 4 de septiembre de 1936. Fue liberada ese mismo día y asesinada poco después.

Magdalena Bassa Galmés, "na Mora", se negó a proporcionar información sobre el paradero de su marido, Jaume Pompeia, alcalde republicano de Son Carrió. Fue detenida el 4 de septiembre de 1936, liberada ese mismo día y asesinada poco después

Mientras tanto, el depósito municipal de Palma se convirtió, desde el golpe de Estado, en una de las primeras estaciones de la maquinaria represiva. Entre el 20 de julio y finales de agosto de 1936, alrededor de 60 vecinos de Palma, hombres y mujeres, pasaron por sus calabozos, la mayoría detenidos simplemente como “sospechosos”. Entre ellos figuran Antoni Perales Hernández y Francesc Veny Nadal, arrestados bajo la acusación de ser “políticos”, y Hellmuth Kaiser, señalado por ser “alemán”. Otros cinco fueron detenidos por secundar la huelga convocada por los sindicatos.

La estancia solía ser breve: la mayoría recuperaba la libertad el mismo día y el resto permanecía allí, como máximo, dos días, antes de ser trasladado principalmente a Can Mir o al castillo de Bellver. El depósito siguió funcionando como centro de detención al menos hasta 1938.

Conventos y hospitales

Mientras tanto, en Palma, el franquismo habilitó como espacios de detención el convento del carrer Missió y el de la Pietat; en Porreres utilizó Cals Hermanos; en Artà, el claustro de los franciscanos; y en Inca, el claustro de Sant Domingo. Incluso los barcos se convirtieron en cárceles: el Cala Gat y el Jaume I fueron empleados como prisiones habilitadas junto a espacios tan distintos como el mercado de Felanitx o el cine Moderno de Inca, donde, tal como consta en los registros de la represión en las islas, fueron retenidos, entre otros, los socialistas Jaume Beltran Munar y Antoni Muntaner Sampol.

También hospitales como los de Manacor, el Provincial de Palma -a donde llegaban presos desde todas las islas, mayoritariamente desde Can Mir o de Formentera- y el hospital militar acogieron a decenas de reclusos. El caso de Bernat Colomar Martorell, también recuperado en la investigación, muestra hasta qué punto el encierro podía acabar destruyendo a los propios presos. Electricista de Inca, tenía 30 años cuando fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión, una pena que posteriormente le fue conmutada por 30 años de reclusión. Durante su estancia en Can Mir acabó perdiendo la razón y fue trasladado al manicomio de Palma, donde finalmente murió.

Es Pujol, una finca convertida en campo de presos

Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio sitúa allí uno de los enclaves utilizados para recluir a presos durante la Guerra Civil y la posguerra, dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos.

Sus primeras construcciones se remontan a finales de la Edad Media, aunque la mayor parte de los edificios actuales fueron levantados entre el siglo XVI y comienzos del XX. El 26 de febrero de 1940, sin embargo, el lugar adquirió una función radicalmente distinta: abrió allí un campo de concentración de posguerra. Por este campo pasaron al menos 357 prisioneros del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 39, todos ellos presos de posguerra que habían regresado del exilio. Tras ser clasificados en los principales depósitos de la Península, entre ellos Miranda de Ebro (Burgos) o Miguel de Unamuno (Madrid), fueron distribuidos por distintos puntos de España para realizar trabajos forzados.

Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio lo sitúa dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos

En Es Pujol, su destino estuvo ligado a la construcción de carreteras incluidas en el llamado Circuito Estratégico, entre ellas la carretera de Santanyí a Portocolom. La proximidad del campo a las obras no era casual: el propio proyecto justificaba evitar desplazamientos largos a unos hombres que debían recorrer el trayecto de ida y vuelta cada día. En junio de 1940 llegaron a destinarse 150 hombres a estas obras, mientras que otro destacamento de un centenar de presos fue empleado durante un tiempo en los trabajos del Circuito Estratégico del faro de Cap de Ses Salines y en la construcción del camino militar entre el faro y la batería de Salines.

El presupuesto inicial del campamento, aprobado el 23 de abril de 1940, ascendía a 4.710 pesetas para las denominadas obras mayores. Es Pujol era así mucho más que un lugar de encierro: formaba parte de un sistema que utilizaba a los presos como mano de obra para transformar infraestructuras estratégicas de la isla.

El castillo de Sant Felip

En Menorca, una antigua fortificación del siglo XVI acabó convertida en cárcel. El castillo de Sant Felip, en Maó, fue utilizado como prisión entre abril y noviembre de 1939. Las cartas del preso Jaume Bestard Mateu permiten reconstruir incluso el momento del desalojo: “La noticia de mi traslado a La Mola te había causado gran pesar [...] se tenía que vaciar San Felipe y todos fuimos trasladados aquí en La Mola”. No todos terminaron allí: algunos fueron enviados al Hospital de Sang y otros a la Prisión Provincial de Palma. El propio Hospital de Sang ofrece otra imagen insólita: había sido proyectado como un hospital subterráneo y, al quedar inacabado en 1939, las nuevas autoridades lo transformaron primero en campo de concentración de clasificación y después en prisión.

Una red de represión que ocupó toda la geografía

El nuevo mapa que dibuja el estudio muestra que la represión franquista en Balears no tuvo un único centro ni se limitó a las cárceles. Fue una red que aprovechó edificios existentes, desplazó presos de unos centros a otros y convirtió espacios cotidianos en lugares de encierro. El propio informe considera que la investigación deberá completarse con estudios locales capaces de sacar a la luz otros lugares todavía desconocidos.

Pero quizá los documentos más elocuentes no sean los mapas ni las estadísticas. Son aquellos pequeños rastros que los presos dejaron para demostrar que estuvieron allí: un dibujo hecho sobre papel de fumar, los nombres escritos dentro de una celda, una caricatura escondida en el reverso de un documento, una carta cosida a una camisa o las iniciales grabadas en un pozo de Formentera. La dictadura quiso convertirlos en números. Ellos dejaron, en cambio, sus nombres, sus dibujos y sus palabras.

Les empremtes que les necròpolis darrere seu voltant són un testimoni immaterial de la nostra història i prova d’això és Son Coletes. Ubicat en Manacor (Mallorca), és un cementiri que va passar de ser un dels testimonis muts de l’epidèmia de pesta durant el segle XIX a convertir-se en una de les zones amb major nombre de foses comunes a les illes fruit de la Guerra Civil i el franquisme, juntament amb el cementiri de Porreres. Un cementiri on es van descobrir les restes de símbols de la repressió franquista de tal rellevància com les d'Aurora Picornell i la resta de les represaliades conegudes com les Roges del Molinar. Un lloc que impedeix que es difumini l’empremta que va deixar la dictadura a les illes i a Espanya, tot i la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a les Balears, la qual, no obstant això, el Tribunal Constitucional va suspendre el passat 7 de juliol.

Precisament per a ressaltar la rellevància de Son Coletes dins la història de les Balears, l’historiador Toni Tugores va publicar recentment l’assaig Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, en la qual narra l’evolució del camp sant manacorí i el reflex de com els successos històrics ressignifiquen el concepte d’un lloc amb un canvi tan dràstic.

Tugores estableix una línia cronològica de l’evolució d’aquest cementiri a través de tres etapes. En primer lloc, “quan es va inaugurar, el 1820 un tros de terra de conró de 3.550 m2, voltats de paret seca i sense la més mínima iconografia funerària, amb la finalitat d’enterrar-hi les víctimes de la pesta que afectava la zona de Llevant”. Una segona etapa fa un salt de més d’un segle i “seria la de la utilització d’aquell espai allunyat de Manacor com a lloc de repressió i extermini, entre agost de 1936 i gener de 1937”. Finalment, Son Coletes arriba a una fase final, “la seva inauguració com a cementeri catòlic municipal el 1953, realitzat amb una certa fastuositat i degudament ampliat”, detalla l’historiador.

Tot i la seva vasta cronologia, resulta pràcticament impossible parlar de Son Coletes sense incidir en el fet que va ser el testimoni mut dels assassinats fruit de la Guerra Civil a les Balears, fins al punt de considerar-se, juntament amb el cementiri de Porreres, l’epicentre de la repressió a Mallorca.

El fet que aquesta zona de l’illa concentrés la repressió no es deu a un únic motiu. “La Falange tenia molta força a Manacor i alguns falangistes es mostraren ben disposats a fer la feina bruta”, afirma Tugores. “Per una altra banda, no es pot oblidar que el desembarcament republicà (desembarcament de Mallorca) havia començat a la costa manacorina i que hi havia pànic al quintacolumnisme i a les tropes de Bayo. Altrament, Son Coletes oferia una certa ‘discreció’ perquè estava allunyat del nucli urbà; i en darrer terme, perquè un pres havia estat cavant rases més que suficients que oferien ‘facilitats’ a l‘hora dels enterraments”, desgrana l’historiador.

La Falange tenia molta força a Manacor i alguns falangistes es mostraren ben disposats a fer la feina bruta. Altrament, Son Coletes oferia una certa ‘discreció’ perquè estava allunyat del nucli urbà; i en darrer terme, perquè un pres havia estat cavant rases més que suficients que oferien ‘facilitats’ a l‘hora dels enterraments

Toni Tugores — Historiador

Exhumació i identificació de les víctimes

Després de l’aprovació de la Llei de Fosses el juny del 2016 a les Balears, Son Coletes ha estat pressent en tots els plans de Fosses del Govern balear. L’arqueòloga Almudena García-Rubio ha sigut la coordinadora dels diferents plans de fosses a les Balears, juntament amb les entitats Atics i Aranzadi. “Vam fer una investigació d’arxiu on vam trobar unes fotos britàniques del 1941 que reflectien el lloc exacte del cementiri antic davall del nou, fet que ens va permetre que en 2020 es dugués a terme la primera exhumació, en la qual es van localitzar les tres primeres fosses i es van identificar les primeres víctimes”, explica la investigadora. “Posteriorment, a partir del 2021, vam treballar junts i vam documentar les primeres restes trobades a les fosses”, afegeix García-Rubio.

Respecte a les víctimes, “el nombre d’individus recuperats és de 129; alguns els hem recuperat de forma completa i altres només de forma parcial. Sabem que part de les fosses que hem documentat es van quedar davall de les tombes modernes; per tant, és un mínim”, detalla l’arqueòloga.

El nombre d’individus recuperats és de 129; alguns els hem recuperat de forma completa i altres només de forma parcial. Sabem que part de les fosses que hem documentat es van quedar davall de les tombes modernes; per tant, és un mínim

Almudena García-Rubio — Arqueòloga

“El cementiri de les dones represaliades”

Les característiques físiques d’aquestes víctimes conclouen que “hi ha principalment individus de sexe biològic estimat masculí”, ratifica García-Rubio. No obstant això, la proporció de dones assassinades trobades a les fosses -Tugores afirma que s’han trobat 14 de les 17 dones assassinades a l’illa- permet sostenir que Son Coletes és el ‘cementiri de les dones represaliades’.

“S’han trobat un grup important de dones, que són les que ja s’han pogut identificar al 100%, que són Francesca Llull i Francesca Salas (mare i filla), a més del grup d’Aurora Picornell, Belarmina González i les Roges del Molinar [Antònia i Maria Pascual Flaquer], que també van poder ser identificades”, agrega la investigadora.

“A més, trobam un conjunt d’esquelets femenins que encara no han pogut identificar-se per ADN, però que la hipòtesi d’identificació és que siguin les milicianes-infermeres de Bayo, ja que és l’únic grup de dones que falta per trobar a Mallorca, però encara és només una hipòtesi”, especifica. Així mateix, segons destaca Toni Tugores, també “Va ser clau comptar amb l’ADN de la família Picornell i trobar la ploma estilogràfica de n’Aurora. Va ser igualment decisiu l’excel·lent treball dels tècnics d’Aranzadi i Àtics, així com dels centres d’investigació genètica”.

Una altra de les particularitats del cementiri manacorí és “la seva ubicació i la convivència entre víctimes locals i víctimes de fronts, és a dir, els milicians que van ser afusellats i enterrats allà”. “Una peculiaritat de Son Coletes respecte al què hem trobat fins ara”, detalla García-Rubio. A més de Porreres, s’han localitzat també alguns cossos a zones com Calvià, Marratxí o el Pou de s’Àguila (Llucmajor).

Víctimes sense filiació política

Respecte a les característiques de les víctimes, “el patró comú era la ideologia, però hi ha moltes víctimes que no tenien cap filiació política i que, a hores d’ara, desconeixem els motius de la seva mort violenta”, explica Tugores qui, així mateix, rebutja la idea que els cossos enterrats a les fosses només pertanyien al front republicà. “La gran majoria de les víctimes correspon a civils que no tenien res a veure amb el desembarcament. Hi hagué un pretext –totalment fals– d’una fantasmagòrica revolució comunista preparada per a finals de juliol de 1936, que es va fer servir per eliminar de manera arbitrària i indiscriminada persones que no tenien res a veure amb cap mena de complot, ni tan sols amb la política”, exposa l’historiador.

La gran majoria de les víctimes correspon a civils que no tenien res a veure amb el desembarcament. Hi hagué un pretext –totalment fals– d’una fantasmagòrica revolució comunista preparada per a finals de juliol de 1936, que es va fer servir per eliminar de manera arbitrària i indiscriminada persones que no tenien res a veure amb cap mena de complot, ni tan sols amb la política

Toni Tugores — Historiador

Per una altra banda, desgranar l’origen dels cossos trobats al cementiri ha sigut senzill: “En Son Coletes es distingeix perfectament les restes antigues del segle XIX de les restes de les fosses (de la Guerra Civil) perquè les restes del segle XIX estan en tombes individuals i en posicions totalment ritualitzades, és a dir, amb les mans sobre el tòrax o sobre l’abdomen, i cada persona amb el seu propi enterrament”, assevera García-Rubio.

Un fet que dista radicalment de les víctimes represaliades: “Estan enterrades en foses comunes, són enterraments col·lectius en els quals hi ha diversos individus enterrats amb simultaneïtat al mateix temps, en posicions que no són les ‘adequades’ -boca avall, de lateral, amb les mans lligades a l’esquena- i, per descomptat, amb signes de mort violenta”, afegeix la investigadora.

Procés d’investigació i dignificació

Per a poder arribar a la conclusió de què les restes trobades es tractaven de les víctimes de la Guerra Civil, l’equip va dur a terme els desenterraments de les fosses ubicades a Son Coletes, format per arqueòlegs, antropòlegs i genetistes que han fet feina a distintes campanyes, amb un total de 30 persones.

Aquest procés d’exhumació comprèn distintes fases: “La primera és la de la informació històrica o ante mortem de les víctimes que cercam; és a dir, a quins estem buscant, quina edat, quins signes identificables o característics tenien, d’on eren, què se sap de la seva detenció o desaparició i si van ser detinguts de forma individual o en grups”, detalla Almudena García-Rubio. “Per exemple, en el cas d’Aurora Picornell, sabem que de la presó van sortir cinc dones juntes i hem trobat cinc dones juntes... O la saca del Castell de Bellver, de la qual també es va identificar un grup a Son Coletes”, afegeix la investigadora.

García-Rubio sosté que, després de la següent passa, que seria la fase arqueològica -en la qual es troben fosses i individus- es procedeix a la fase de laboratori. “Allà, les antropòlogues hem de recavar l’estimació de sexe, edat, altura, documentació de patologies, documentació d’estat dental i causes i circumstàncies de la mort”, explica.

Posteriorment, es procedeix a la ‘materialitat’, és a dir, “l’estudi dels materials que apareixen, de la balística, dels objectes que localitzam; per exemple, a Son Coletes van trobar medalles religioses, vestimenta, la ploma estilogràfica de l’Aurora Picornell... distints elements que ens parlen d’estatus i de la persona que hem descobert”, desgrana García-Rubio.

Finalment, la investigadora detalla una fase final: “La realització de proves genètiques, la recerca de familiars, a part d’aquells que ja s’han posat en contacte amb nosaltres perquè estan en cerca activa dels seus desapareguts, i l’anàlisi genètica de les restes per a arribar a la identificació”.

El fet que Son Coletes fos un testimoni mut de les morts fruit de la repressió de la Guerra Civil ha convertit aquest espai en un escenari de dignificació i recuperació de la memòria històrica, tot i que Tugores matisa que “potser de manera insuficient”. “El 1985 es va instal·lar un petit monument al·lusiu als morts de la guerra i el 2016, s’hi va instal·lar un impressionant mural de ferro de grans dimensions, que avui és l’emblema de diversos col·lectius memorialístics”, assenyala l’historiador.

La reclamació de les restes per part dels familiars forma part també d’aquesta dignificació de les víctimes: “Hi ha moltíssims casos a Mallorca, Eivissa i Formentera. En el cas dels represaliats en El Penal de Formentera, la majoria de les famílies, si s’arriba a la identificació, volen la recuperació de les restes i enterrar-los amb les seves famílies”, relata Almudena García-Rubio. “A Son Coletes, s’han realitzat també actes d’homenatge, actes de devolució digna de les restes, i en les quals les institucions i l’equip que formam acompanyam als familiars de les víctimes, qui les enterren al lloc que han elegit”, afegeix l’arqueòloga.

Contra l’oblit

L’historiador Toni Tugores assegura que la seva obra Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil és “un llibre contra l’oblit”: “Hi havia un desconeixement generalitzat sobre el paper d’aquest cementeri tant al segle XIX com al XX. Perquè el llibre no parla solament de Son Coletes, també del protagonisme del cementeri del Jardí del Rector els primers dies després del desembarcament, on es van afusellar un número que pot anar de 100 a 200 persones, que varen ser cremades en tres caramulls. És un fet documentat que sovint s’oblida, com si Son Coletes hagués estat l’únic lloc d’extermini massiu”, sosté.

Un oblit contra el qual vol lluitar que també s’ha fet patent a les institucions públiques després de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica el passat mes de març -que finalment fou anul·lada pel Tribunal Constitucional el 7 de juliol- i l’expulsió el 2024 de dues diputades socialistes del Parlament després de mostrar una instantània d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar i la posterior ruptura de la fotografia per part del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), fet que encara segueix sent investigat.

Un fet que Tugores considera de gravetat, ja que “és un greuge que comet la persona que presideix la institució democràtica més important de les Illes, la que representa el poble. I, a més, la seva vexació afecta persones i famílies que patiren persecució, humiliacions i mort i que no mereixen ser menystingudes en un acte d’altivesa i manca d’empatia que no ha tengut cap mena de conseqüència. Per no parlar de delicte d’odi –veurem que diuen els jutjats– i misogínia”, agrega l’investigador.

Per a l’historiador Tugores, que el president del Parlament, de Vox, trenqués una fotografia de la víctima franquista Aurora Picornell és una «vexació» que «afecta persones i famílies que van patir persecucions, humiliacions i la mort i que no mereixen ser menystingudes en un acte d’arrogància i falta d’empatia

Una tasca parcialment acabada

Respecte al procés d’exhumació a Balears -el qual inclou Son Coletes-, Almudena García-Rubio celebra que estan “en un moment positiu”. “Estam molt a prop de poder dir que a les Balears s’han cercat totes les foses de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura”, afegeix. Sobre Son Coletes en concret, la investigadora sosté que ja han acabat “amb la part arqueològica”, i que ara només estan treballant “amb la part genètica”. “Ens queda molt per identificar, així que a nivell de genètica i identificacions encara ens queda un recorregut al davant”, comenta.

Així mateix, Toni Tugores indica també que falta “continuar treballant en la difusió de la tasca realitzada entre 2020 i 2023, especialment entre la gent jove. Intentar identificar el major nombre d’individus exhumats, senyalitzar els espais més icònics i, si és possible crear a Son Coletes un espai que, com deia abans, es poguessin exposar documents (cartes, dietaris, sentències, etc.), fotografies i els objectes que s’han anat trobant al costat de les víctimes i que demostren que Son Coletes es va convertir en un autèntic epicentre de la repressió feixista a Mallorca”.

Tot i el camí que encara queda per recórrer, García-Rubio destaca “el fructífer que és tot quan col·laboren els investigadors i les associacions memorialístiques amb els equips tècnics”. L’arqueòloga agraeix la implicació de Toni Tugores en les exhumacions a Son Coletes: “La seva col·laboració des del primer minut ha sigut vital, ens ha compartit la seva informació i ha sigut un membre més de l’equip per a les visites guiades, per als seus treballs amb els instituts i he tingut, a més, l’honor d’escriure el pròleg del seu llibre”, conclou.

Las huellas que las necrópolis dejan tras de sí son un testimonio inmaterial nuestra historia y prueba de ello es Son Coletes. Ubicado en Manacor (Mallorca), es un cementerio que pasó de ser uno de los testigos mudos de la epidemia de peste durante el siglo XIX a convertirse en una de las zonas con mayor número de fosas comunes en las islas fruto de la Guerra Civil y el franquismo, junto al cementerio de Porreres. Un cementerio donde se hallaron los restos de símbolos de la represión franquista de tal relevancia como los de Aurora Picornell y el resto de las represaliadas conocidas como les Roges del Molinar. Un lugar que impide que se difumine la impronta que dejó la dictadura en las islas y en España, pese a la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Balears, la cual, sin embargo, el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 7 de julio.

Precisamente para resaltar la relevancia de Son Coletes en la historia de Balears, el historiador Toni Tugores publicó recientemente el ensayo Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, en el cual narra la evolución del camposanto manacorí y el reflejo de cómo los sucesos históricos resignifican el concepto de un lugar con un cambio tan drástico.

Tugores establece una línea cronológica de la evolución de este cementerio a través de tres etapas. En primer lugar, “cuando se inauguró en 1820, el cual era un trozo de tierra de 3.550 metros cuadrados, rodeados de pared seca y sin la más mínima iconografía funeraria con la finalidad de enterrar allí las víctimas de la peste que afectaba la zona del Llevant de Mallorca”. Una segunda etapa realiza un salto de más de un siglo y “sería la utilización de aquel espacio alejado de Manacor como lugar de represión y exterminio, entre agosto de 1936 y enero de 1937”. Finalmente, Son Coletes alcanza una fase final, “su inauguración como cementerio católico municipal en 1953, realizado con una cierta fastuosidad y debidamente ampliado”, detalla el historiador.

Pese a su vasta cronología, resulta prácticamente imposible hablar de Son Coletes sin incidir en que fue el testigo mudo de los asesinatos fruto de la Guerra Civil en Balears, hasta el punto de considerarse, junto al cementerio de Porreres, el epicentro de la represión en Mallorca.

El hecho de que esa zona de la isla concentrara la represión no se debe a un único motivo. “La Falange tenía mucha fuerza en Manacor y algunos falangistas se mostraban bien dispuestos a hacer el trabajo sucio”, afirma Tugores. Por otra parte, “no se puede olvidar que el desembarco republicano [desembarco de Mallorca] había comenzado en la costa manacorina y que había pánico al quintacolumnismo y a las tropas del capitán Alberto Bayo. Además, Son Coletes ofrecía una cierta 'discreción' porque estaba alejada del casco urbano y también un preso había estado cavando zanjas más que suficientes que ofrecían 'facilidades' a la hora de los enterramientos”, desgrana el historiador.

La Falange tenía mucha fuerza en Manacor y algunos falangistas se mostraban bien dispuestos a hacer el trabajo sucio. Además, Son Coletes ofrecía una cierta ‘discreción’ porque estaba alejada del casco urbano y también un preso había estado cavando zanjas más que suficientes que ofrecían ‘facilidades’ a la hora de los enterramientos

Toni Tugores — Historiador

Exhumación e identificación de las víctimas

Tras la aprobación de la Ley de Fosas aprobada en junio de 2016 en Balears, Son Coletes ha estado presente en todos los planes de Fosas del Govern. La arqueóloga Almudena García-Rubio ha sido la coordinadora de los diferentes planes de fosas en Balears, junto a las entidades Atics y Aranzadi. “Hicimos una investigación de archivo donde encontramos unas fotos británicas de 1941 que reflejan el lugar exacto del cementerio antiguo debajo del nuevo, con los que se permitió que en 2020 se realizara la primera exhumación, en la cual se localizaron las tres primeras fosas y se identificaron a las primeras víctimas”, explica la investigadora. “Luego, a partir de 2021, trabajamos juntos y documentamos los primeros restos encontrados en las fosas”, añade García-Rubio.

Respecto a las víctimas, “el número de individuos recuperados es de 129; algunos los hemos recuperado de forma completa y otros solo de forma parcial. ”Sabemos que parte de las fosas que hemos documentado se quedan debajo de las tumbas modernas, por lo que es un mínimo“, detalla la arqueóloga.

El número de individuos recuperados es de 129; algunos los hemos recuperado de forma completa y otros solo de forma parcial. Sabemos que parte de las fosas que hemos documentado se quedan debajo de las tumbas modernas, por lo que es un mínimo

Almudena García-Rubio — Arqueóloga

“El cementerio de las mujeres represaliadas”

Las características físicas de esas víctimas concluyen que “hay principalmente individuos de sexo biológico estimado masculino”, corrobora García-Rubio. No obstante, la proporción de mujeres asesinadas encontradas en las fosas – Tugores afirma que se han encontrado a 14 de las 17 mujeres asesinadas en la isla– permite sostener que Son Coletes es el 'cementerio de las mujeres represaliadas'.

“Se han encontrado un grupo importante de mujeres, que son las que ya se han podido identificar al 100%, que son Francesca Llull y Francesca Salas (madre e hija), además del grupo de Aurora Picornell, Belarmina González y las Roges del Molinar [Antònia y Maria Pascual Flaquer], que también pudieron identificarse”, agrega la investigadora.

“Además, encontramos un conjunto de esqueletos femeninos que aún no han podido identificarse por ADN, pero que la hipótesis de identificación es que sean las milicianas-enfermeras de Bayo, ya que es el único grupo de mujeres que falta por encontrar en Mallorca, pero todavía es solo una hipótesis”, especifica. Asimismo, según destaca Toni Tugores, también “fue clave contar con el ADN de la familia Picornell y encontrar la pluma estilográfica de Aurora, junto con el excelente trabajo de los técnicos, así como de los centros de investigación genética”.

Otras de las particularidades del cementerio manacorí es “su ubicación y la convivencia entre víctimas locales y víctimas frentes, es decir, los milicianos que fueron fusilados y enterrados allí”. “Una peculiaridad de Son Coletes respecto a lo que hemos encontrado hasta ahora”, detalla García-Rubio. Además de en Porreres, se han encontrado también algunos cuerpos en zonas como Calvià, Marratxí o el Pou de s'Àguila (Llucmajor).

Víctimas sin filiación política

Respecto a las características de las víctimas, “el patrón común era la ideología, pero hay muchas víctimas que no tenían ninguna filiación política y que, hoy en día, desconocemos los motivos de su muerte violenta”, explica Tugores quien, asimismo, desecha la idea de que los cuerpos enterrados en las fosas solo pertenecían al bando republicano. “La gran mayoría de víctimas corresponde a civiles que no tenían nada que ver con el desembarco de Mallorca. Hay un pretexto –totalmente falso– de una fantasmagórica revolución comunista preparada para finales de julio de 1936, que se empleó para eliminar de manera arbitraria a personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de complot, ni tan solo con la política”, expone el historiador.

La gran mayoría de víctimas corresponde a civiles que no tenían nada que ver con el desembarco de Mallorca. Hay un pretexto –totalmente falso– de una fantasmagórica revolución comunista preparada para finales de julio de 1936, que se empleó para eliminar de manera arbitraria a personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de complot, ni tan solo con la política

Toni Tugores — Historiador

Por otra parte, desgranar el origen de los cuerpos hallados en el cementerio ha sido sencillo: “En Son Coletes se distingue perfectamente los restos antiguos del siglo XIX de los restos de las fosas [de la Guerra Civil] porque los restos del siglo XIX están en tumbas individuales y en posiciones totalmente ritualizadas, es decir, con las manos sobre el tórax o sobre el abdomen y, cada persona con su propio enterramiento”, asevera García-Rubio.

Algo que dista radicalmente de las víctimas represaliadas: “Están enterradas en fosas comunes, son enterramientos colectivos en los que hay varios individuos enterrados con simultaneidad al mismo tiempo, en posiciones que no son las 'adecuadas' –boca abajo, de lateral, con las manos atadas a la espalda– y, por supuesto, con signos de muerte violenta”, añade la investigadora.

Proceso de investigación y dignificación

Para poder llegar a la conclusión de que los restos hallados se trataban de víctimas de la Guerra Civil, el equipo llevó a cabo los desenterramientos de las fosas ubicadas en Son Coletes, formado por arqueólogos, antropólogos y genetistas que han trabajado en distintas campañas, con un total de 30 personas.

Este proceso de exhumación se compone de distintas fases: “La primera es la de la información histórica o ante mortem de las víctimas que buscamos; es decir, a quiénes estamos buscando, qué edad, qué signos identificables o característicos físicos tenían, de dónde eran, qué se saben de su detención o desaparición y si fueron detenidos de forma individual o en grupos”, detalla Almudena García-Rubio. “Por ejemplo, en el caso de Aurora Picornell, sabemos que de la cárcel salieron cinco mujeres juntas y hemos encontrado cinco mujeres juntas… O la saca del Castell de Bellver, de la que también se identificó un grupo en Son Coletes”, añade la investigadora.

García-Rubio sostiene que, tras el siguiente paso, que sería la fase arqueológica –en el que se encuentran fosas e individuos, además de hallazgos de restos relativos a los cuerpos– se procede a la fase de laboratorio. “Ahí las antropólogas tenemos que recabar la estimación de sexo, edad, altura, documentación de patologías, documentación de estado dental y causas y circunstancias de muerte”, explica.

Posteriormente, se procede a la 'materialidad', es decir, “el estudio de los materiales que aparecen, de la balística, de los objetos que encontramos; por ejemplo, en Son Coletes hallamos medallas religiosas, vestimenta, la pluma estilográfica de Aurora Picornell… distintos elementos que nos hablan de estatus y de la persona que hemos encontrado”, desgrana García-Rubio.

Finalmente, la investigadora detalla una fase final: “La realización de pruebas genéticas, la búsqueda de familiares, aparte de aquellos que ya se han puesto en contacto con nosotros porque están en búsqueda activa de sus desaparecidos, y el análisis genético de los restos para llegar a la identificación”.

El hecho de que Son Coletes fuera un testigo mudo de las muertes fruto de la represión de la Guerra Civil ha convertido este espacio en un escenario de dignificación y recuperación de la memoria histórica, aunque Tugores matiza que “quizá de manera insuficiente”. “Desde 1984 se vienen celebrando actos periódicos de homenaje a las víctimas, gracias al comité de Son Coletes. En 1985 se instaló un pequeño monumento alusivo a los muertos de la guerra y en 2016 se erigió un impresionante mural de hierro de grandes dimensiones, que hoy en día es el emblema de diversos colectivos memorialísticos”, señala el historiador.

La reclamación de los restos por parte de los familiares forma parte también de esta dignificación de las víctimas: “Hay muchísimos casos en Mallorca, Eivissa y Formentera. En los casos de los represaliados en El Penal de Formentera, la mayoría de las familias, si se llega a la identificación, quieren la recuperación de esos restos y enterrarlos con sus familias”, relata Almudena García-Rubio. “En Son Coletes, se han realizado también actos de homenaje, actos de devolución digna de restos, y en el que las instituciones y el equipo que formamos acompañamos a los familiares de las víctimas, quienes los entierran en el lugar que han elegido”, añade la arqueóloga.

Contra el olvido

El historiador Toni Tugores asegura que su obra Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil es “un libro contra el olvido”: “Había un desconocimiento general del papel de este cementerio tanto en el siglo XIX como en el XX. El libro no solo habla de Son Coletes, sino también del protagonismo del cementerio del Jardí del Rector los primeros días después del desembarco de Mallorca, donde se fusilaron a entre 100 y 200 personas, que fueron quemadas en tres montones. Es un hecho que a menudo se olvida, como si Son Coletes hubiera sido el único lugar de exterminio masivo”, sostiene.

Un olvido contra el que quiere luchar que también se ha hecho patente en las instituciones públicas tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de marzo –que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional el 7 de julio– y la expulsión en 2024 de dos diputadas socialistas del Parlament tras mostrar una instantánea de Aurora Picornell y las Roges del Molinar y la posterior ruptura de la fotografía por parte del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), hecho que todavía sigue siendo investigado.

Algo que Tugores considera de gravedad, ya que “es un agravio que comete la persona que preside la institución democrática más importante de las islas, la que representa el pueblo”, asevera. “Y, además, la vejación afecta a personas y familias que padecieron persecuciones, humillaciones y la muerte, y que no merecen ser menospreciadas en un acto de arrogancia y falta de empatía que no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Por no hablar del delito de odio –veremos lo que dicen los juzgados– y la misoginia”, agrega el investigador.

Para el historiador Tugores, que el presidente del Parlament, de Vox, rompiera una fotografía de la víctima franquista Aurora Picornell es una 'vejación' que 'afecta a personas y familias que padecieron persecuciones, humillaciones y la muerte y que no merecen ser menospreciadas en un acto de arrogancia y falta de empatía'

Una tarea parcialmente acabada

Respecto al proceso de exhumación en Balears –el cual incluye Son Coletes–, Almudena-García Rubio celebra que están “en un momento positivo”. “Estamos muy cerca de poder decir que en Balears se han buscado todas las fosas de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”, añade. Sobre Son Coletes en particular, la investigadora sostiene que ya han acabado “con la parte arqueológica”, ahora solo están trabajando “con la parte genética”. “Nos queda mucho por identificar, así que a nivel de genética e identificaciones todavía nos queda un recorrido por delante”, comenta.

Asimismo, Toni Tugores indica también que falta “continuar trabajando en la difusión del trabajo realizado entre 2020 y 2023, especialmente entre la gente joven, señalizar los espacios más icónicos y, si es posible, crear en Son Coletes un espacio en el que se puedan exponer documentos, fotografías y objetos que se hayan ido encontrando al lado de las víctimas y que demuestren que el cementerio se convirtió en un auténtico epicentro de la represión fascista en Mallorca”.

Pese al camino que aún queda por recorrer, García-Rubio destaca “lo fructífero que es todo cuando colaboran los investigadores y las asociaciones memorialísticas con los equipos técnicos”. La arqueóloga agradece la implicación de Toni Tugores en las exhumaciones en Son Coletes: “Su colaboración desde el primer minuto ha sido vital, nos ha compartido su información y ha sido un miembro más del equipo para las visitas guiadas, para los trabajos con los institutos, y he tenido, además, el honor de escribir el prólogo de su libro”, concluye.

El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la única institución democrática que mantiene abierta una batalla para preservar el monumento a Franco, ha anunciado que “ejercerá sus competencias” y utilizará todas las vías jurídicas y administrativas a su alcance para defender su conservación.

La defensa del monumento por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez, adquiere además una particular dimensión por los antecedentes franquistas documentados de su familia. Su abuelo, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de Agaete tras el golpe de Estado de 1936 y participó en actos de exaltación del bando franquista, como recogió la prensa de la época.

El Consistorio ha reaccionado así después de que el Gobierno de Canarias rechazara declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la estatua.

El Ayuntamiento sostiene que la no declaración como BIC “no elimina las competencias municipales en materia de protección del patrimonio artístico ni impide que la ciudad adopte sus propias medidas de conservación y catalogación”.

“El Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición”, ha señalado Bermúdez, quien considera que existen informes técnicos que acreditan valores artísticos, culturales y urbanos que justifican la preservación del conjunto.

Bermúdez ya había anunciado hace unas semanas que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz había aprobado por unanimidad estudiar la inclusión del monumento en el listado de elementos protegidos.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir defendiendo esa posición y ejerciendo todas las vías que nos permita la legislación para que el futuro de este elemento de nuestra historia no quede condicionado únicamente por una decisión administrativa”, ha apuntado el alcalde.

El Ayuntamiento, contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática

El Consistorio ha recordado que ya ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el conjunto escultórico en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada, recurso que todavía no ha sido resuelto.

En dicho recurso, el Ayuntamiento solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales previstas en la legislación patrimonial.

El recurso municipal al Ministerio plantea, además, la suspensión cautelar de la ejecución de la retirada mientras se resuelve el procedimiento, al considerar que el desmantelamiento físico del conjunto podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos “de difícil o imposible reparación”.

El escrito advierte también de los posibles efectos que una retirada del monumento podría producir sobre la infraestructura del Fuerte de Almeyda, al señalar que podría afectar a la estabilidad de parte de sus muros perimetrales.

El Ayuntamiento ha afirmado además que la defensa municipal del monumento no responde únicamente a una decisión política, sino que está respaldada por informes de carácter técnico y especializado.

El informe del arquitecto municipal incorporado al recurso de alzada destaca los valores artísticos de la obra y considera que Juan de Ávalos fue “una de las figuras relevantes de la escultura española del siglo XX”.

El mismo informe apunta a valores histórico-documentales, al considerar que la conservación del conjunto permitiría estudiar manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en Canarias y mantener abierta la posibilidad de una reinterpretación museográfica de la obra sin necesidad de eliminarla físicamente.

Desde el punto de vista urbano y paisajístico, el documento municipal destaca que el monumento “forma parte del trazado urbano histórico de Santa Cruz desde 1966, constituye un elemento reconocible para varias generaciones y mantiene una relación visual con el Fuerte de Almeyda”.

Su retirada, según el informe, produciría además un impacto sobre la imagen y el perfil urbano del área portuaria

El PSOE urge a Bermúdez que “retire ya” el monumento

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya Rodríguez, por el contrario, ha urgido al alcalde José Manuel Bermúdez a que “cumpla la ley” y a que “retire ya” el monumento a Franco.

En un comunicado, Raya indica que la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la resolución del ejecutivo canario poniendo fin a la vía administrativa “deja sin su principal argumento a quienes pretendían conservar el monumento en el espacio público”.

“Hoy se termina la última excusa de José Manuel Bermúdez. Ya no existe ninguna expectativa de protección como Bien de Interés Cultural y el alcalde debe cumplir la ley y retirar de una vez un monumento concebido para glorificar al dictador”, afirma Tamara

El Gobierno de Canarias ha rechazado definitivamente la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, al considerar que no concurren los valores que justificarían otorgarle el máximo nivel de protección patrimonial.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y firmada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y por el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, pone fin a la vía administrativa, aunque la decisión puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Gobierno fundamenta su decisión en los dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias.

El Consejo de Patrimonio rechazó la declaración por amplia mayoría

El Ejecutivo canario sostiene que el procedimiento debía concluir con una posición coincidente entre el criterio técnico de la Ponencia Técnica y el criterio institucional del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Ambos órganos se pronunciaron en contra de la declaración del monumento de Juan de Ávalos.

La Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico emitió en abril un dictamen desfavorable con seis votos en contra, ninguno a favor y una abstención. Posteriormente, el pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, celebrado el pasado 11 de junio, también rechazó la declaración, con 16 votos desfavorables, ninguno favorable y una abstención.

La resolución recuerda que la declaración BIC fue promovida inicialmente en mayo de 2018 por la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Posteriormente, en febrero de 2020, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel solicitó la incoación del procedimiento, petición que reiteró en marzo de 2021.

El Cabildo de Tenerife tomó conocimiento de la misma y acordó posponer su pronunciamiento hasta la emisión de un dictamen especializado por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la adecuación del monumento a la normativa sobre memoria histórica.

En febrero de 2020, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel presentó solicitud de incoación del procedimiento de declaración como BIC acompañada de un informe de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y diversa documentación complementaria, y en marzo de 2021 reiteró su petición.

Fue en octubre de 2021 cuando el Cabildo de Tenerife solicitó informes especializados de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, y la primera institución académica emitió el suyo dos meses más tarde, en el que se concluía que el monumento carecía de valores artísticos excepcionales para merecer tal distinción.

En marzo de 2022, el Cabildo de Tenerife emitió un informe en el que desestimaba las solicitudes de iniciar el expediente BIC, contra el cual la asociación promotora presentó un recurso de alzada que fue desestimado por la presidencia de la corporación insular.

A continuación, presentó otro ante el Juzgado de lo Contencioso 3 de Santa Cruz, que lo estimó y condenó al Cabildo a incoar el procedimiento, lo cual se produjo en septiembre de 2024.

El expediente BIC llegó a los tribunales

En la tramitación del expediente se solicitaron dictámenes a la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, que validó la calidad escultórica del monumento a Franco; del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo, en sentido desfavorable a la declaración; del Colegio de Arquitectos provincial, que propuso un concurso de ideas para su resignificación; de la Universidad de La Laguna, que no vio valores artísticos excepcionales; y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que se mostró favorable a su protección.

A continuación, se abrió un trámite de audiencia e información pública, en el que se presentaron 42 escritos y alegaciones, de los cuales cinco a favor de la declaración BIC, 31 en contra y seis no expresaron un sentido concluyente.

En abril de 2025, el Ayuntamiento de Santa Cruz remitió al Cabildo tres informes emitidos por la técnico de gestión cultural del área de Patrimonio Histórico y por la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP).

Ese mismo mes, el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife presentó dos informes adicionales: uno suscrito por el arquitecto y director científico Carlos Pallés Darias, en defensa de la protección del patrimonio cultural, y un informe histórico-artístico sobre el monumento elaborado por un técnico del Museo de Historia y Antropología.

En enero de 2026, según se recoge en la resolución publicada en el BOC este lunes, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural solicitó al Ministerio de Cultura la anotación preventiva en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, que fue practicada un mes más tarde.

Los órganos de Patrimonio rechazaron la declaración

El pasado abril fue convocada la potencia técnica de Patrimonio Arquitectónico del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, y tras el análisis y deliberación del expediente emitió un dictamen desfavorable a la declaración del monumento a Franco como BIC: seis votos en contra, cero a favor y una abstención.

El dictamen fue elevado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, que acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente y solicitó el informe preceptivo del Consejo del Patrimonio Cultural.

Este organismo, en un pleno celebrado el pasado 11 de junio, informó desfavorablemente a la declaración BIC del monumento de Juan de Ávalos con el resultado de 16 votos desfavorables, ninguno a favor y una abstención.

A partir de ahí, se acordó el levantamiento de la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el expediente y se dispuso la continuación de su tramitación.

Esgrime el Gobierno de Canarias que tiene la competencia para la declaración de BIC y que se han cumplido todos los trámites establecidos en la ley, que otorga al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias el papel de órgano especializado de referencia.

En este punto, insiste en que el informe de este órgano ha de ser positivo para que el Gobierno de Canarias pueda proseguir con el expediente BIC.

Y recalca: “El legislador no exige únicamente la emisión de un informe preceptivo, ni siquiera de un informe determinante, sino que exige expresamente que dicho informe tenga carácter favorable. Esta exigencia normativa no puede considerarse una mera formalidad procedimental ni un requisito desprovisto de eficacia jurídica. Antes al contrario, constituye una auténtica condición positiva para el ejercicio de la potestad administrativa de declaración”.

“No se trata, por tanto, de un requisito accesorio del procedimiento, sino de un auténtico límite material al ejercicio de la potestad declarativa atribuida al Gobierno”, añade el ejecutivo canario en su resolución.

Con lo cual, “cuando el informe emitido por el Consejo es desfavorable, desaparece uno de los presupuestos legales que habilitan el ejercicio positivo de dicha potestad, de manera que el ordenamiento jurídico ya no permite la adopción del decreto declarativo”.

Recuerda por último que en dicho Consejo participan representantes de las administraciones públicas competentes, universidades, academias e instituciones científicas y culturales.

La noche del 18 de julio de 1936, más de un centenar de personas se concentró en torno al Cuartel de Castillejos, en Zaragoza. Eran civiles que llevaban días esperando que los rumores y conspiraciones se convirtieran en realidad. Ese fin de semana, “por fin”, se hacía efectivo el golpe de Estado: había llegado el momento de tomar la ciudad. Allí fueron instruidos y equipados durante las primeras horas de la sublevación. Nadie —ni ellos ni los leales a la República— imaginaba lo que vendría después: tres años de una guerra en la que el bando contrario serían sus propios familiares y convecinos.

Siete años después y en conmemoración de esta fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza concede a estos y otros muchos 'Voluntarios del 18 de julio' uno de los reconocimientos más importantes que esta institución pública tiene el poder de otorgar: la Medalla de Plata de Zaragoza. En el mes de julio de 1943, más de 400 nombres propios la reciben por sus servicios —avalados previamente— durante estos primeros días de contienda. Noventa años después, siguen contando con este honor. Ni uno solo de los equipos de gobierno del Consistorio zaragozano ha tratado de retirar esta distinción a aquellos que jugaron un papel clave a la hora de rebelarse contra el Gobierno legítimo de la República surgido de las urnas en febrero de 1936. Tampoco se han planteado mociones dirigidas a este fin, a pesar de contar con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática, actualizada en 2022.

Las investigadoras Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, autoras de ‘El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza’, sitúan a estos civiles como “elemento esencial” que decantaría la balanza hacia los sublevados. De esta manera, afirman como clave “el papel de los miembros de las organizaciones derechistas, situadas desde el primer momento del lado de los insurrectos”. Asimismo, aseguran en este estudio que “la contrarrevolución llevaba meses con sus efectivos preparados y en alerta”.

Ángel Alcalde, autor de ‘Lazos de sangre’, confirma esta idea: “A la vez que se conspiraba en los cuarteles, había conexiones con civiles para colaborar cuando llegase la insurrección”. Y corrobora que, cuando estalla la sublevación, el voluntariado de ultraderecha —de Renovación Española a Falange, pasando por los requetés, entre otros— “tiene muy claro que es allí donde tiene que ir”, refiriéndose al Cuartel de Castillejos. “Estaban convenidos desde antes del golpe y tenían instrucciones muy claras al respecto”, asegura el investigador.

Entre estos varones se encuentran jóvenes pertenecientes a organizaciones como Falange o Acción Ciudadana y también antiguos militares que habían dejado el Ejército pocos años antes. Otros, sin afiliación política clara, pertenecían a familias de clase media y de la burguesía zaragozana. También se encontraban entre ellos profesionales de la medicina, la abogacía o la arquitectura.

Por su parte, el autor de la exitosa publicación ‘Verdugos del 36’, David Alegre, puntualiza que “no todos eran convencidos”. Hubo personas de organizaciones de izquierda que se alistaron en las milicias falangistas por autopreservación —los “chaqueteros”—, tratando de encontrar refugio “donde menos se les fuera a buscar”. En cualquier caso, reitera que Falange, “un partido minoritario hasta la primavera del 36”, creció exponencialmente y, tras el 18 de julio, se convirtió en un partido de masas. “La gente está tomando decisiones en un margen de tiempo muy reducido y de muy alta incertidumbre, nadie tiene ni idea de que va a haber una guerra civil de tres años ni una violencia desatada que puede afectar a casi cualquier persona”, insiste el autor.

La labor de los voluntarios

Sea como fuere, el día siguiente, 19 de julio, la ciudad se envolvió en un ambiente protagonizado por la incertidumbre. Los rebeldes, junto a los voluntarios ya armados y uniformados, salieron de los cuarteles en formación con oficiales del Ejército para declarar el estado de guerra y ocupar los centros de poder, como Capitanía o el Gobierno Civil.

Es difícil determinar qué hizo exactamente cada uno de ellos; sin embargo, sí se puede afirmar que los falangistas se encargaron de detener a afiliados de izquierdas y del Frente Popular, y encerrarlos en centros de detención y en la cárcel. Lo que en principio se presentaba como una acción preventiva derivó muy pronto en asesinatos sistemáticos, sobre todo a partir de los primeros días del mes de agosto.

El historiador David Alegre asevera que, en Aragón, fueron miles los jóvenes que acabaron sumándose como voluntarios a la causa golpista. Tarde o temprano, la mayoría marchó a primera línea: los golpistas aragoneses, sin recursos suficientes frente a las columnas llegadas de Cataluña y el País Valenciano, se vieron abocados a “una guerra autosostenible” y tuvieron que echar mano de todo lo que tenían.

Otros quedaron vinculados a la represión en la retaguardia. Alegre habla de “cuadrillas de perpetradores” ligadas a Falange, integradas por personas seleccionadas exclusivamente para esa tarea “porque habían mostrado un talento caracterizado para matar”. Columnas mixtas —Guardia Civil, falangistas, unidades del Ejército— recorrieron pueblos como Gurrea de Gállego o Torres de Berrellén para sofocar focos de resistencia. Quienes demostraban ese “talento” en el frente eran a veces devueltos a Zaragoza, donde a partir de agosto se sistematiza la 'eliminación' de los que habían sido detenidos.

Han pasado noventa años desde aquellos días en los que más de 400 civiles contribuyeron, en la capital aragonesa, al golpe de Estado militar y violento, a este asalto a mano armada a la democracia española que arrebató no solo libertades, sino también muchas vidas inocentes. Hoy, los secuaces de los golpistas que iniciaron el periodo más negro de la historia reciente patria, que rompieron miles de familias a lo largo y ancho del territorio español, que abrieron heridas que no terminan de cicatrizar, esos 'Voluntarios del 18 de julio’ que, reitera Alegre, “contribuyeron justamente a lo contrario, a romper el marco cívico de convivencia comunitaria en paz”, siguen siendo reconocidos como héroes por la ciudad de Zaragoza.

Canarias: 50 años tras la oscuridad' es un documental producido por Clan de Medios sobre el golpe de estado y la brutal represión que ejerció el franquismo en Canarias. En este segundo capítulo historiadores e historiadoras como Sergio Millares, Ricardo A. Guerra Palmero, Alexis Orihuela, Raquel Pérez Brito, Pilar Domínguez Prats, Cristina Martín Gómez, Víctor M. Ramírez, Olegario Negrín o el arqueólogo Javier Velasco explicarán cómo la violencia es el ADN de toda la represión tras el golpe. Y cómo lo que se pretendía era causar el terror entre la población y que el daño que se causara sirviera de elemento aleccionador.

También se contará con testimonios como el de Mari Luz Dámaso, que perdió a su padre con solo 22 meses, el de Pepe Valencia o el de Elina Bencomo Ascanio, sobrina de Blanca Ascanio, ‘La maestra Roja’.

Se trata de una serie documental que se enmarca dentro de las acciones de 50 años de España libertad y que consta de tres capítulos: El Golpe, La Represión y La Reparación.

“Recuerdo como si fuera ayer retumbar los disparos en mi conciencia antes de que se hiciera definitivamente el silencio y cayera a paladas la noche del tiempo sobre mi memoria. Hasta que de pronto sentí un aleteo vegetal agitarse en mi pecho y un soplo de luz erigirse al cielo. Era la flor del almendro”. Se hace el silencio en la plaza del pueblo de Alcanadre, que ha improvisado esta noche un cine de verano, con lleno total. Hay quienes conocen bien la historia que narran esas frases y se tienen que limpiar los ojos de emoción en este primer minuto de la película. Otros, nunca habían oído hablar de ello. Es la historia de Agustín Martínez Royo, el alcalde de Alcanadre torturado y fusilado en agosto de 1936, que durante las exhumaciones fue encontrado enterrado solo con un almendro nacido desde su pecho.

Devolvemos lo que uno ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo

Jesús Rocandio — Director de 'La Flor de Almendro'

Su historia es el inicio del documental La Flor del Almendro, que después del pase en el ZINEBI de Bilbao, se ha decidido estrenar en la plaza del pueblo, parte fundamental de la película. “Es devolver lo que uno ha trabajado y ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo”, subraya con seguridad Jesús Rocandio, el director. “No se me ocurre un formato más emocionante”, añade Santiago Tabernero, el guionista, justo antes de empezar la proyección.

La expectación es total en la plaza minutos antes. “Las cosas que me han contado son muy impresionantes”, cuenta Rocío, que conoce desde siempre la historia del alcalde. “Era marido de mi tía”. También parece saber bien lo que ocurrió un hombre mayor que llega a la plaza a pocos instantes del comienzo de la proyección, con un taburete bajo el brazo y se sienta solo detrás. No quiere hablar, pero sus ojos dicen más que cualquier palabra. Entre sus pocas palabras, es rotundo: “Veo muy bien que se haga porque no hay que olvidar esto nunca” y añade: “Demasiado de bien lo conozco yo, pero no puedo decir más porque me emociono, tengo cosas personales”.

¿Qué hay que hacer a los 17 años para que te fusilen?

Y, entre tanto, empieza una película en la que sobrevuela durante todo el tiempo una gran pregunta: ¿Para qué sirve y donde se aloja la memoria?. Sin necesidad de formularla, responde el pueblo donde fusilaron a 29 de sus vecinos. “Hemos querido que sea muy austero, no hay un fundido ni un movimiento de cámara, tiene un formato 4:3 como si fuera una televisión antigua... Porque para nosotros lo importante era el relato, lo que dicen”, expresa Rocandio, que incluso asegura haber eliminado “con gran dolor” los planos de Pepe Viyuela pronunciando las primeras frases “porque él es tan importante y tan conocido que se comía el resto del documental”. Enfatiza igualmente en la dificultad a la que se han enfrentado al ser un documental “una pieza viva”. “La primera escritura de guion y los que ha sido no tienen nada que ver, aunque sí en el fondo y en lo que se iba a contar”, puntualiza.

'La flor del almendro' entrelaza tres historias de forma simultánea. La de Ernesto, sobrino de uno de los fusilados y una de las personas que realizaron sus exhumaciones en el cementerio de Torrero en Zaragoza. La del alcalde Pablo Aranda (dimitido en 2025), que impulsa el homenaje a los represaliados en el 45 aniversario de las exhumaciones y proyecta un alcorque monumental para un almendro que se planta en plaza como símbolo de memoria. Y la de Luis Flaño, un joven de 17 años, que decide realizar en su instituto un trabajo de investigación sobre las víctimas del golpe del 36 en la ribera de La Rioja y Navarra. Este acude al cementerio con sus amigos y frente al panteón de las víctimas repasan las edades: “17, los que voy a hacer yo ahora. ¿Qué hay que hacer con 17 años para que te fusilen?”

Parecida edad tendrá Nerea, una joven que permanece atenta a la película rodeada de amigos de su edad. “Es muy fuerte que esto pasara, es una vergüenza que hicieran eso con las personas y que ahora haya gente que piense que eso en algún momento estuvo bien”, y cree que “la sociedad se está quedando sin humanidad”. A ella le habían contado sus padres lo que ocurrió en el pueblo y está convencida de que hay que romper silencios y conocer la historia “para que no se vuelva a repetir”. Hoy la memoria de su pueblo se ve en pantalla grande “y es que tiene que ser así”. De hecho, la idea del equipo desde el inicio es que la pieza acabe siendo un material educativo y se proyecte en los institutos.

Hay mucho silencio e interesa que haya mucho silencio

Coincide en esta necesidad de llevar este tema a los institutos y “cambiar los planes de estudio” otra de las espectadoras, sin poder contener la emoción en los títulos de crédito. “Y te lo digo como nieta de maestro represaliado”, añade con la voz entrecortada de orgullo. “Para que nuestros hijos y nietos sepan lo que pasó”. Cree que “hacen mucha falta” historias como la que cuenta el documental, que reconoce que no conocía hasta ahora. “Hay mucho silencio, interesa que haya mucho silencio y hay una desinformación tremenda”. Tampoco Milagros conocía muy bien lo que le habían hecho al alcalde Agustín Martínez Royo. “La realidad es que se habla muy poco, no se comentaba mucho en las casas. Es la historia y hay que saberla”. De hecho, el documental rompe también ese silencio y el miedo al que se condenó a las víctimas. Así que tanto en la película como entre el público se oye empezar a comentar: “Yo tengo oído que...” y salen heridas familiares que se curan al compartirlas.

La película también es una lección de humildad frente a la propia vida. Ninguno de los tres protagonistas logró culminar su meta inicial: a Ernesto le denegaron el permiso para visitar, como le había pedido su padre, en la academia militar el lugar en el que había fusilado a su tío, el alcalde dimitió antes de ver construido el monumento al almendro. “Bueno Luis, ¿y cómo fue el trabajo?”, le preguntan. “Calla, que me suspendieron”. “Es un reflejo de la realidad: te propones una cosa y la vida te lleva por otro lado. Al final, los planes cambian, pero lo importante permanece”, reflexiona el director, que ha estrenado el octavo montaje que se ha hecho de la película.

El respeto y la libertad total protagoniza el documental y el estreno. Entre todos, una premisa se repite, da igual si hablan la cuadrilla de jóvenes, los concejales en el pleno o las señoras haciendo la compra: “Para que esto no vuelva a ocurrir”. Para que no vuelva a ocurrir no hay que perder la memoria. Por eso un almendro crece en la plaza de la iglesia en recuerdo al alcalde Agustín Martínez Royo. Y entonces, las luces de la proyección se apagan y los vecinos recogen sus sillas para volver a casa mientras quedan en el aire las historias de las vidas truncadas por la barbarie del golpe del 36, que hoy vuelven a brotar. Una demostración de que, por mucho que se intente sepultar la historia bajo capas de silencio, la vida y la memoria siempre se abren paso. Como la flor del almendro a través del pecho del alcalde.

El segundo capítulo del documental Canarias: 50 años tras la oscuridad, estrenado la semana pasada, verá la luz este sábado con el episodio titulado La Represión, que aborda cómo el franquismo utilizó la violencia para causar terror e imponer el nuevo régimen. Las clases sociales más vulnerables como los trabajadores, jornaleros, también los sindicalistas, las mujeres, los homosexuales... fueron reprimidos durante toda la dictadura. Un capítulo que se podrá ver este sábado a las 11.00 en TVE y en el YouTube de Canarias Ahora a partir de esa hora.

Producido por Clan de Medios, se trata de un episodio en el que historiadores e historiadoras como Sergio Millares, Ricardo A. Guerra Palmero, Alexis Orihuela, Raquel Pérez Brito, Pilar Domínguez Prats, Cristina Martín Gómez, Víctor M. Ramírez, Olegario Negrín o el arqueólogo Javier Velasco explicarán cómo la violencia es el ADN de toda la represión tras el golpe. Y cómo lo que se pretendía era causar el terror entre la población y que el daño que se causara sirviera de elemento aleccionador. Asimismo, se incidirá en cómo se confeccionaron listas de ejecución para hacer desaparecer a personas que no pudieron ser sometidas a consejos de guerra porque no habían cometido ningún delito. Muchísimos de esos desaparecidos aún siguen siendo buscados hoy día por parte de sus familias y fueron arrojados al mar y a lugares como los pozos de Tenoya y Arucas o la Sima de Jinámar, entre otros.

En este capítulo se ahonda en casos como el de Agaete, un pueblo pequeño en el que en solo una noche (el 4 de abril de 1937) desaparecieron 28 personas, la mayoría del que pasó a ser conocido como Valle de Las Viudas. Todo ello generó una fuerte conmoción en el municipio. Pepe Valencia, presidente de la asociación de la memoria histórica de Agaete, era nieto de uno de esos hombres que desaparecieron aquella anoche, Antonio Valencia Expósito.

De Agaete también es Mari Luz Dámaso, una mujer que a sus 94 años explica que tampoco ha encontrado los restos mortales de su padre, Gregorio Dámaso, también desaparecido aquella terrible noche. En su intervención explica que lo ha añorado toda su vida y que tiene “un vacío” muy grande que aún le pesa.

Durante el episodio se hará hincapié en la violencia que sufrieron los maestros y maestras, a quienes incluso depuraban con sanciones como expulsarlos de sus puestos de trabajo y también en la brutal represión hacia las mujeres. Además de los datos de los historiadores e historiadoras, Elina Bencomo Ascanio a sus 94 años también explica cómo recuerda a su tía Blanca Ascanio, conocida como La maestra roja, una mujer que fue condenada a pena de muerte que después le fue conmutada por haber participado en el fogueo de Vallehermoso, en La Gomera.

Sobre el documental

Producido por Clan de Medios, Canarias, 50 años tras la oscuridad, desglosa en tres capítulos (El Golpe, La Represión y La Reparación) la llegada de Franco a Canarias, los motivos por los que el Gobierno de La República decide enviar al destituido jefe del Estado Mayor a las Islas y cómo se convierte en capitán general de Canarias, para desde aquí, conspirar y liderar un golpe de Estado al que se opone resistencia en varias islas. Consecuencia de ello se va a generar una brutal represión. Muchos de los desaparecidos en el archipiélago no saben de qué fueron acusados. Sindicalistas, maestros, personas humildes… Miles de víctimas directas e indirectas. Víctimas que a día de hoy siguen buscando reparación, ya que creen que pese a los avances de las leyes de memoria democrática no se han cerrado las heridas.

El primer capítulo, El Golpe, se estrenó el pasado 17 de julio en el Museo Elder que llenó por completo su aforo; un estreno que contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que recordó cómo se puede retroceder en derechos “de un viernes a un sábado” como ocurrió en 1936. El capítulo se emitió al día siguiente en TVE y ya se puede ver en el YouTube de Canarias Ahora.

Me han enviado de Las Palmas algunos artículos de la prensa en los que se pone en duda el asesinato. También se ha hecho en El Debate madrileño.

No me siento molesto. Si respondo es por solidaridad con los dos coautores del libro en el que se demostró: el patólogo Dr. Miguel Ull Laita y mi primo hermano y piloto de Cecilio Yusta Viñas. Ambos con larga experiencia y que me habían ayudado en dos intentos previos (2010 y 2011). Fallecidos en la covid.

En el tercero estuvimos mejor armados. Había aparecido nueva documentación oficial. No pretendimos haberla descubierto. Lo hizo un aficionado cuyo nombre no viene al cuento. Se hallaba en el Ministerio de Defensa en la dirección general que conservaba la documentación sobre pensiones. Hoy se encuentra en otro archivo militar.

En ella figura una supuesta “autopsia” del general. Invalida lo mucho que se ha escrito (y que ha llegado hasta Wikipedia) sobre tal asesinato, es decir, una sarta de estupideces e inverosimilitudes anatómicas, como ya había supuesto el Dr. Ull en 2011.

Tal “autopsia” no se había hecho pública, pero permitió colmar numerosos huecos y reforzar la tesis del asesinato. Tampoco se había realizado con las formalidades previstas por la legislación vigente en 1936. Un “apaño” para ocultar lo ocurrido con los subterfugios necesarios. Justificó un aumento de la pensión de viudedad de la esposa del general tras mover estos numerosos contactos con el fin de ablandar al “Caudillo”, ya que en principio la pensión reconocida había sido mucho menor.

El expediente es una joya y en él participaron algunos de los militares que desempeñaron papeles importantes en la preparación del asesinato y su encubrimiento.

La supuesta “autopsia” no fue un original, sino una copia ya adaptada a las circunstancias creadas por la evolución de la guerra. “Justificó” la mentira con que se rodeó el crimen. Balmes apareció como “muerto en acto de servicio”.

Lo que destaca en la copia es el recorrido del proyectil según los destrozos descritos por los galenos en julio de 1936. No son en modo algunos compatibles con el lugar por el que supuestamente penetró la bala. Balmes no se pegó un tiro. Se lo pegaron.

Casi cien páginas del libro de 2016 describen pormenorizadamente lo que tuvo que ocurrir en el cuerpo del general y la imposibilidad anatómica del “resultado” que algunos airean todavía.

Eso sí, no sabemos cómo y quién le disparó. Lo que se contó adolece de numerosas incongruencias. No es casualidad que la única información certera que se publicó en un diario vespertino de Las Palmas el 16 de julio no se repitiera más y se sustituyera, manu militari, por la tesis oficial.

También se “compró” el silencio del único testigo, el chófer, a quien se le rehizo, a posteriori, un nuevo expediente personal. Se retocó, incluso, muchos años más tarde. Estuvo lejos de los peligros de la guerra pero se le concedieron las medallas de la campaña, como si hubiera batallado en primera línea. Llegó a teniente, pero no ascendió a capitán a pesar de sus esfuerzos. Murió alcoholizado.

Posteriormente, al suceso de 1936 el juez militar que se hizo cargo de la investigación, y apartó a manotazos al civil, redactó en sus memorias un capítulo sobre cómo habría empleado Balmes hasta entonces la mañana. De creerlo, habría visitado dos cuarteles, un barquichuelo militar antes de ir a sus prácticas de tiro.

Tal juez consignó en el expediente que figura en el de la pensión que Balmes iba en pantalón corto y llevaba consigo una camisa de seda. Ambos no reglamentarios. Es decir, se le endilgó una vestimenta más apropiada para pasar revista a las tropas que habrían formado ante su visita a dos cuarteles y al barquichuelo. Como si Las Palmas hubiera sido el remedo de una ciudad india bajo dominación británica.

En contra de lo que servidor había escrito en 2011 no identificamos al autor del asesinato. Nos ahorramos, quizá, consecuencias como las que sufrió un colega catedrático de la Universidad de Alicante. Es notorio que por haber osado mencionar el papel de un militar franquista como secretario del consejo de guerra contra Miguel Hernández.

Preferimos abrir una paleta que iba desde el general Luis Orgaz (topo de Franco ante la guarnición de Las Palmas) a embusteros uniformados. En el primer tiempo del saludo, “testimoniaron” por su honor que Balmes fue a probar pistolas para hacer frente a la supuesta “revolución” que preparaban las izquierdas.

Quizá con los fondos del Gobierno canario y los de la Asamblea de Madrid pueda financiarse una nueva investigación. ¿Descubrirá más documentos que apoyen una tesis para nosotros grotesca y absurda? Ciertamente en las islas vive gente que, quizá para salvar el “honor” de sus antepasados, no se atreve a hacerlos públicos.

Canarias: 50 años tras la oscuridad' es un documental producido por Clan de Medios sobre el golpe de estado y la brutal represión que ejerció el franquismo en Canarias. Cuenta con historiadores como Ángel Viñas, Sergio Millares, Maisa Navarro, entre otros, o los testimonios de la nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife o la nieta de Juan Negrín. Se trata de una serie documental que se enmarca dentro de las acciones de 50 años de España libertad y que consta de tres capítulos: El Golpe, La Represión y La Reparación.