Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha viven este próximo jueves un momento clave para el futuro de la ya demorada reforma del Estatuto autonómico, un trámite que se ha ido posponiendo en el tiempo por los desencuentros entre los grupos políticos parlamentarios, principalmente entre el PSOE y el PP, sobre una cuestión: el número de diputados que debe tener el Parlamento regional. No solo el que debe reflejar la nueva Carta Magna regional, sino el que deberá trasponerse a la ley electoral de la comunidad autónoma.

“Espero que esta reforma no se frustre. La ley electoral no puede ser un obstáculo al consenso en el Estatuto”, comentaba este martes el catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Javier Díaz Revorio, durante la 28ª edición de las Jornadas sobre el Sistema Autonómico de Castilla-La Mancha, celebradas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca.

Expertos del derecho constitucional y también periodistas participan desde este martes y hasta el miércoles 7 de mayo en estas consolidadas jornadas que destacan por ser una de las actividades más longevas del campus y son fruto del convenio de colaboración entre la UCLM y las Cortes de Castilla-La Mancha.

Al acto inaugural han asistido el vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez Meléndez; la secretaria de las jornadas, Pilar Molero Martín-Salas; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Ricardo Martínez Cañas y el letrado mayor de las Cortes regionales, Nicolás Conde.

Este último se mostraba “optimista” sobre el futuro del que sería un renovado Estatuto de Autonomías. En su intervención ha dicho confiar en que si se retoma la tramitación a partir de esta semana “en la primera quincena de junio estará aprobado por las Cortes regionales” y sería remitido al Congreso de los Diputados antes del verano.

La Comisión de Asuntos Generales del Parlamento regional abordará este jueves 8 de mayo las 116 enmiendas presentadas al borrador del texto. 40 han sido presentadas por el PSOE, idénticas a otras 40 del PP y 35 de Vox. A ellas hay que sumar otra enmienda más presentada por los 'populares', por sorpresa, el pasado mes de octubre y que rompía el consenso PP-PSOE hasta esa fecha tras un año de negociaciones discretas con amplios sectores de la sociedad castellanomanchega

“Saldremos de dudas este jueves”, comentaba Nicolás Conde, tras definir como “conflictiva” la enmienda planteada por el PP sobre la horquilla de diputados, el mínimo y el máximo, que deben tener las Cortes regionales. Mientras que el planteamiento inicial era pasar de los 33 diputados actuales a un escenario entre los 25 y los 59, los 'populares' se descolgaban de esta parte de la propuesta para establecer el tope en 35. Los mismos por los que apuesta Vox.

El catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Javier Díaz Revorio, fue el encargado de la ponencia inaugural, 'Pautas constitucionales y estatutarias del sistema electoral: el caso de Castilla-La Mancha'. Confía también en que el nuevo Estatuto de Autonomía, que considera necesario, pueda salir adelante.

Revorio recordó que el “tamaño” del Parlamento ha sido la causa de que la reforma del Estatuto, que cumple ya 43 años, haya estado “estancada” y “paralizada” en los últimos siete meses. También recordó el intento, en el año 2010, de una reforma integral del texto que fue tumbada en el Congreso de los Diputados por el rechazo a la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha, con José María Barreda al frente, de blindar el agua para la región y derogar el trasvase Tajo-Segura.

Han pasado 15 años desde aquello y el catedrático cree que hay que actualizar el texto legislativo. “No alcanzo a comprender como no puede haber un acuerdo en algunas cuestiones básicas”, lamentó en relación con el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía.

La ley electoral regional, “manifiestamente mejorable”

Además, y tras analizar la evolución de la ley electoral de Castilla-La Mancha, resaltó que, constitucionalmente, es “manifiestamente mejorable”, pero a la vez advirtió: “Que nadie tome mis palabras como una forma de deslegitimar el sistema electoral”.

El catedrático explicó, igualmente, que propuestas como la de circunscripción única, que ha realizado en ocasión el partido Podemos, no ayudarían a que la representación de la ciudadanía fuese “mucho más proporcional”. “Creo que sería muy dudosamente constitucional que un territorio como el de Castilla-La Mancha, de 80.000 kilómetros cuadrados distribuidos en cinco provincias, fuese una circunscripción única”, recalcó el catedrático.

Su apuesta pasa por un replanteamiento de la fórmula electoral con distintas variaciones. Por ejemplo, un sistema de “doble lista”, que combine circunscripciones regionales y provinciales, que garantizaría una mejor proporcionalidad en la representación, pero que reconocía que también sería más compleja. 

Y es que, recordaba que en Castilla-La Mancha se ha dado el caso de que cerca de 100.000 votos han ido en ocasiones a parar a opciones políticas que se quedaron sin voz en el Parlamento. Obtener un escaño 'cuesta' de forma teórica un 3% del total de los votos que no se cumple en el caso de la comunidad autónoma. “En ocasiones se requiere incluso el 13% de votos”.

“Los resultados más desproporcionales de la historia democrática en España son los de Castilla-La Mancha en las elecciones de 2015 y de 2019”, aseveró.

Revorio apuesta por aumentar el número de diputados en las Cortes regionales y afirma que hay datos que “sugieren” llegar incluso hasta los 73 o 74, pero describió que “por lo menos” se permita llegar hasta los 59. 

También instó reducir el mínimo de representación en cada una de las cinco provincias de los actuales tres diputados a dos. Sería conveniente“, señaló.

Los resultados más desproporcionales de la historia democrática en España son los de Castilla-La Mancha en las elecciones de 2015 y de 2019

Francisco Javier Díaz Revorio — Catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM

En esta jornada también se habló de 'Estatuto de Autonomía y Opinión Pública' en una mesa redonda con profesionales de la información de la región. Enrique Lumbreras, periodista en Radio Castilla-La Mancha y director del espacio 'El escaño', Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha y la directora de elDiarioclm.es, Carmen Bachiller.

Por parte de la UCLM, también han participado Elena Rebato, profesora titular de Derecho Constitucional de la UCLM, Eduardo Espín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Este miércoles cierran las intervenciones Tomás Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM Y Cecilia Rosado, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos I.

Después, se celebrará otra mesa redonda, bajo el lema 'El actual proceso de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha' en la que participarán el presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, diputado regional por Cuenca, la vicesecretaria del PP de Castilla-La Mancha y diputada por Albacete, Tania Andicoberry y el diputado regional de Vox por Guadalajara Iván Sánchez.

Podemos Castilla-La Mancha ha asegurado que una reforma del sistema electoral regional sería “en falso” si se aprueba uno que incluya una horquilla de “entre 25 y 50 y tantos escaños”, tal y como ha señalado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, en una entrevista reciente.

Para la formación morada, dicha horquilla “no resuelve el problema democrático de representatividad ni el golpe electoral de Cospedal, por lo que consideran que se trataría de una reforma ”en falso“ si se llega a consumar el acuerdo ”en ciernes“ del PP y PSOE.

El coordinador regional de la formación, José Luis García Gascón, vuelve a reclamar “un sistema verdaderamente proporcional y representativo como el que desde hace años venimos proponiendo en Podemos”, y que es una “reclamación generalizada en la región”. Gascón ha recordado que hay “varias y varios académicos y expertos de la UCLM sostienen propuestas en la línea de la que venimos realizando”.

Para García Gascón “la única opción que asegura en la región una verdadera representatividad y pluralidad es la creación de una circunscripción única total o adicional a las cinco provinciales que ya existen y un número en torno a los 100 escaños”,

“El problema es doble”, afirman. “Por un lado, los pocos escaños para la población que tiene nuestra comunidad en comparación con el resto de España y por otro que los mismos están repartidos en cinco circunscripciones, con lo que una horquilla de entre 25 y 50 escaños no resuelve la situación de falta de representatividad y pluralidad”, aseguran desde el partido. “El mínimo no varía, el máximo no sube lo suficiente y sigue habiendo 5 circunscripciones”, remata Gascón,

La formación pone como ejemplo a otras comunidades autónomas, como Extremadura donde la “mitad de la población” se reparte en dos circunscripciones electorales, o Aragón, donde “la mitad de la población” está en tres circunscripciones. También resaltan el caso de Castilla y León, donde hay 84 diputados, con la misma población que en Castilla-La Mancha, donde solo hay 33 parlamentarios.

Piden “más transparencia y participación” a PSOE y PP

Desde Podemos han criticado igualmente que la negociación entre PSOE y PP se esté llevando a cabo con “total opacidad”, en un asunto en el que “debe haber el máximo debate, la máxima participación social, total transparencia”. En ese sentido han exigido “incluir las más de 300 aportaciones de más de 4.000 personas de la región que en 2017 hicieron en el proceso participativo de la reforma del Estatuto que guarda el PSOE en un cajón, y escuchar las propuestas de los y las expertas de la Universidad de Castilla-La Mancha”.

Además, y sobre quiénes están llevando a cabo el acuerdo, desde Podemos han criticado que el PSOE lo haga “con el mismo PP que hizo el recorte electoral”. La única razón para ello, señalan desde el partido, es que “no buscan recuperar la representatividad y democracia”, sino “solo salir el uno o el otro”.

De este modo, ha vinculado “el pacto bipartidista de gran coalición” con el reciente acuerdo estatal del Consejo General del Poder Judicial. Frente a ello, José Luis García Gascón ha pedido “un acuerdo con las fuerzas progresistas para mejorar de verdad la democracia”, pues “es nuestra motivación principal por la que venimos luchando desde el 15M y eso es bueno para todas y todos más allá de los intereses cambiantes de cada partido político en cada momento”.

“Blindaje de derechos fundamentales”

Desde Podemos han pedido también que la reforma del Estatuto de Autonomía incluya el “blindaje de derechos fundamentales, sociales, feministas, ecologistas y culturales en Castilla-La Mancha que actualmente no están en nuestro estatuto a diferencia de otras regiones, para reforzar los servicios públicos, la sanidad,la educación, la vivienda, la dependencia, el medio ambiente, los derechos del río Tajo y de las Tablas de Daimiel, los derechos laborales, los derechos de las mujeres y el feminismo”.

Semana de tensiones en Francia después del fracaso de la moción de censura. La ajustada votación que permitió al Gobierno francés sobrevivir a la moción del lunes significó, además, que su reforma de las pensiones franqueaba una nueva etapa antes de su entrada en vigor. Al no prosperar la votación contra el Ejecutivo, el proyecto de ley cierra la fase de tramitación legislativa al quedar aprobado por decreto, en virtud del artículo 49.3 de la Constitución francesa.

Ahora solo queda el visto bueno del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida, antes de su adopción definitiva. Los nueve miembros de esta institución, entre los que se encuentran dos antiguos jefes de Gobierno (Alain Juppé y Laurent Fabius), disponen de un plazo máximo de un mes, que podría reducirse si el Gobierno reclama un examen de urgencia.

Pese a que la primera ministra, Élisabeth Borne, logró esquivar la moción de censura –por nueve votos–, el Gobierno y el presidente de la República no han conseguido cerrar la crisis política y social en la que se hallan inmersos desde que se anunciase la aprobación por decreto de la impopular reforma, piedra angular del segundo mandato de Emmanuel Macron, que ha despertado el rechazo unánime de ciudadanos, sindicatos y de casi toda la oposición.

Así, las formaciones políticas han multiplicado las llamadas a la dimisión de Borne, que concentra las críticas de la oposición en las últimas semanas. “Señora primera ministra, usted va a ceder. Va a ceder porque resiste solo por nueve votos. Va a ceder porque dos de cada tres franceses quieren que se vaya. Va a ceder, porque ir por la fuerza contra el pueblo, los sindicatos y el Parlamento es una locura. Va a ceder porque el riesgo de un estallido de ira [social] es ya demasiado grande”, ha dicho este martes en la Asamblea Nacional la jefa de grupo de Francia Insumisa, Mathilde Panot. 

En la misma línea, Sébastien Chenu, vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen (extrema derecha), ha preguntado a la jefa del Gobierno: “¿Qué espera para prestar el mejor servicio posible a nuestra República, que es dimitir?”. La salida de Borne y la caída de su Gobierno probablemente precipitarían unas nuevas elecciones legislativas en las que la reforma de las pensiones sería el tema central, un escenario que penalizaría a los partidos de la coalición presidencial.

Solicitud de referéndum

Este lunes se presentó una solicitud de referéndum de iniciativa compartida sobre la reforma de las pensiones ante el Consejo constitucional, que deberá examinar si cumple los criterios de admisibilidad. Se trata de una medida impulsada de unos 250 parlamentarios, principalmente de los partidos de izquierda, para someter a voto popular la reforma. En cualquier caso, el trámite de esa consulta no implica el bloqueo de la ley, que podría entrar en vigor en cuanto reciba el visto bueno del constitucional.

Según la Agencia France-Presse (AFP), Macron ha afirmado en una reunión con ministros y figuras del partido este martes que no disolverá la Asamblea Nacional, ni remodelará el Gobierno, ni convocará un referéndum sobre su reforma de las pensiones para aliviar las protestas. El presidente de la República se ha reunido por la mañana con Borne y ha recibido al mediodía a los presidentes de la Asamblea y del Senado, Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, antes de reunirse con otros miembros de su partido por la tarde. Este miércoles está previsto que hable sobre la reforma y las protestas en una entrevista en televisión.

Más movilizaciones

En paralelo a la actividad política, las acciones sindicales siguen multiplicándose en los días previos a la gran movilización convocada para este jueves. Sectores como el transporte, la educación y la energía siguen afectados por paros y huelgas. Con el bloqueo de varias refinerías ha resurgido el riesgo de escasez de combustible en las gasolineras, como ya ocurrió el pasado otoño a consecuencia de los paros en el sector en el marco de las negociaciones salariales entre los trabajadores y la empresa TotalEnergies.

Así, el Ministerio de Transición Energética ha anunciado este martes la obligación de trabajar de “tres empleados en cada turno” en el depósito de petróleo de Fos-sur-Mer, cerca de Marsella, “por el agravamiento de las tensiones de abastecimiento en el departamento de Bouches-du-Rhône”, a consecuencia de la movilización del personal contra la reforma de las pensiones. En Donges, cerca de Nantes, las fuerzas policiales desalojaron la noche del lunes a los piquetes de las instalaciones de la refinería.

Más allá de las alteraciones en sectores esenciales de la economía, el recurso al artículo 49.3 para aprobar la reforma ha supuesto un aumento en la tensión y en la frecuencia de las protestas. Como ya habían advertido los líderes sindicales, la aprobación por decreto ha aumentado la indignación. “El recurso al 49.3 acelera y refuerza el resentimiento y, con él, la movilización”, explicaba Laurent Berger, líder de la Confederación Democrática del Trabajo francesa, en una entrevista en Libération. “Hemos pasado de sentirnos despreciados a sentir rabia, sobre todo porque se ha privado a los trabajadores del resultado de su movilización: el rechazo del texto en la Asamblea por una mayoría de diputados”, indicaba.

Tanto Laurent Berger como su homólogo de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martinez, llevan semanas alertando sobre el riesgo de que ese descontento creciente pase a manifestarse de forma violenta. Desde la tarde del pasado jueves, las manifestaciones espontáneas se multiplican tanto en París como en otras ciudades. “Más de 1.200 (...), a veces violentas”, ha dicho el ministro del Interior, Gérald Darmanin. 

En paralelo, la respuesta policial se endurece ante el aumento de estas movilizaciones improvisadas. 287 personas, 234 de ellas en París, fueron detenidas el lunes por la noche durante las manifestaciones contra la reforma. En la capital, esa noche hubo varias cargas policiales contra pequeños grupos de manifestantes, especialmente en el barrio de la Bastilla, donde se quemaron papeleras, bicicletas y mobiliario urbano.

Este martes por la tarde varios miles de manifestantes han respondido a un llamamiento de la intersindical a manifestarse en la plaza de la República en París, así como en otras ciudades como Nantes, Mans, Rennes o Montpellier.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha emitido este martes un informe desfavorable a la proposición de reforma de la ley electoral planteada en el Parlamento Vasco por Elkarrekin Podemos-IU y que aboga por poner fin a la propaganda individualizada en campaña para establecer un único sistema de envíos centralizado con todas las candidaturas. Este dictamen adelanta que la iniciativa, que nunca ha sido publicitada por sus autores, no tendrá recorrido alguno ya que PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta en la Cámara. 

El Ejecutivo explica que el retoque planteado en la normativa electoral autonómica “plantea establecer un sistema de envío centralizado y común de sobres, papeletas y propaganda electoral unificada” y “propone que sea la Administración electoral la que efectúe el envío centralizado”. Pero el Gobierno entiende que las juntas electorales son órganos “semijudiciales” y que no pueden asumir ese nuevo cometido. “Las juntas electorales no tienen encomendadas ni están preparadas para cuestiones de mecánica electoral y pura gestión, como sería si se ocuparan de la remisión masiva de material electoral. Esa atribución de funciones que se pretende con la modificación de ley propuesta no es acorde ni con su finalidad original ni con su composición y funcionamiento actuales”, argumenta el informe del Gobierno.

Mientras Elkarrekin Podemos-IU considera que este sistema ofrecería igualdad de oportunidades a todos los partidos, incluso a los extraparlamentarios, a la hora de comunicar sus mensajes básicos a la ciudadanía, el Ejecutivo se muestra en desacuerdo. Aprecia que acarrearía “una limitación y un constreñimiento de la libertad de los partidos, federaciones o coaliciones” en el margen que tienen para hacer propaganda. Actualmente se financian estos envíos de manera proporcional al número de votos recibidos pero solamente si se obtiene al menos un escaño. Formalmente, el Gobierno afea también algunas “incorrecciones” de tipo jurídico en el planteamiento realizado desde la oposición por la coalición de izquierdas.

El Ejecutivo, tras su reunión semanal, ha comunicado también la subida “adicional” del 1,5% de las retribuciones de los funcionarios en línea con la decisión adoptada ya por el Estado. Ello se une a la ya aprobada del 2%, de modo que “la subida total es del 3,5%” en este 2022, ya que se aplica con carácter retroactivo para combatir la inflación. Igualmente, se ha ajustado el funcionamiento del organismo conocido como Labi, la mesa de crisis que se hizo popular en la emergencia sanitaria ya que era ahí donde se decidían las restricciones para combatir la COVID-19. Se busca que, “en caso de una nueva emergencia de salud por pandemia”, el sistema está mucho más engrasado fruto de la “experiencia adquirida” en los últimos años.

Hace unos días causé cierta polémica con mi propuesta contra el Sindiós político de nuestro país: tener elecciones concurrentes. Para evitar que los partidos estén inmersos en una continua campaña, recortemos la posibilidad de que los presidentes de gobierno, central y autonómicos, aprieten el interruptor electoral. Otras democracias, como EEUU o Suecia, tienen fijado un día concreto para celebrar determinadas elecciones. El primer domingo de septiembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre, da igual. Lo importante es hurtar a los actores políticos la posibilidad de decidir estratégicamente cuándo acaba la función. Mejor que todos sepan que la espada de Damocles caerá implacablemente tal día de tal año que no que el Sánchez, el Aragonès o la Ayuso de turno la hagan caer a su conveniencia cuando deseen.

Pero, a pesar de que muchos ciudadanos están hartos de vivir permanentemente en una campaña electoral, existen muchas reticencias a restringir la capacidad de los gobiernos –sobre todo, de los más “importantes”: el nacional y las comunidades más históricas, como Cataluña o País Vasco, y las más postmodernas, como Madrid– para elegir libremente el momento de enfrentarse a las urnas. Los muchos amantes platónicos de la democracia de nuestro país consideran que, si todos los representantes políticos fueran elegidos el, pongamos, primer martes de febrero cada cuatro años, se perdería cierta magia democrática, o incluso se adulteraría la competición. Sería peligroso que, en el mismo momento, los ciudadanos depositáramos una papeleta para elegir a los concejales, otra para los diputados autonómicos y otras dos para Congreso y Senado. Nos liaríamos. Seríamos incapaces de distinguir quién es responsable de qué y votaríamos en bloque, por el mismo partido.

Pero la verdad es que, para empezar, ahora tampoco sabemos discriminar responsabilidades. De hecho, es peor. Por ejemplo, el liderazgo abrumador de Ayuso en las encuestas de las elecciones madrileñas no se puede explicar por su gestión al frente de la Comunidad. En prácticamente cualquier indicador de gestión de la pandemia, empezando por el exceso de mortalidad durante los meses más duros, Madrid es una de las peores, por no decir la peor, región de toda Europa. Sin embargo, Ayuso puede ganar porque lo que se dirime, a ojos de los electores, no es la gestión de la Comunidad (pésima) frente a la potencial gestión de un gobierno de Gabilondo, sino frente a la gestión de Sánchez para todo el país (mediocre). Es ahora, con las elecciones autonómicas y generales celebrándose en momentos distintos, cuando no es posible separar las esferas de responsabilidad de cada uno. Todas las contiendas son un referéndum sobre la política general.

Hagamos el siguiente ejercicio. Si el 4M hubiera también elecciones generales, un votante de centro descontento tanto con el extremismo de Ayuso como con el intervencionismo de Sánchez, podría castigar a ambos, optando por Gabilondo en las autonómicas y por Casado en las generales.

¿Es quimérico pensar que la gente vote a partidos distintos el mismo día? En primer lugar, me parece arrogante suponer que el electorado no está capacitado para hacer un juicio razonable. Pero, aunque al principio fuera difícil, iríamos aprendiendo con el paso de los años.

Es lo que ha pasado en otros países que, iluminados por una varita mágica en un momento dado, decidieron imponer elecciones concurrentes, como Suecia en 1970. La primera vez que los suecos tuvieron que introducir todas las papeletas en las urnas el mismo día (primer domingo de septiembre) votaron de forma bastante homogénea. Sólo un 6% votó a un partido en las locales y a otro en las nacionales. Pero desde entonces el voto diferenciado ha subido de forma constante y, en los comicios de 2018 (sí, hace casi tres años, y desde entonces no ha habido elecciones ni campañas en el país y los políticos se han tenido que entretener…gobernando) un 31% optó por partidos distintos para el gobierno local y el nacional. Es decir, parece que los electores son capaces de valorar de forma distinta a cada uno de los niveles administrativos: local, regional y nacional.

Los expertos detectan una segunda ventaja del voto simultáneo. Si las elecciones se celebran de forma separada, como ocurre en España, la probabilidad de que la gente haga un voto protesta es muy elevada. Por el contrario, las elecciones simultáneas reducen la relevancia del voto protesta y los electores se sienten menos inclinados a usar su voto para mostrar insatisfacción con el sistema.

Otra razón más para que votemos a todos nuestros representantes el mismo día. Por una democracia mejor, recortemos las elecciones.

Miles de personas han protestado este lunes en Budapest por quinta jornada consecutiva contra una polémica reforma laboral del Gobierno nacionalista de Viktor Orbán, esta vez ante la sede de la radiotelevisión pública (MTVA), de la que horas antes fueron expulsados por la fuerza dos diputados opositores.

Los parlamentarios independientes Ákos Hadházy y Bernadett Szél fueron expulsados por la mañana del edificio por la seguridad privada de la cadena, después de rechazar su petición de leer en directo cinco demandas de los manifestantes.

En un vídeo difundido en la página de Facebook de Szél se observa cómo ella y su compañero son expulsados a la fuerza de la sede de MTVA, lo que hizo que numerosos manifestantes se concentrasen a las puertas del ente público, acusado por la oposición de difundir solo información favorable al Gobierno.

Sobre las 19.30 hora local, alrededor de 2.000 personas se concentraban ante la MTVA. La diputada Szél ha pedido la dimisión del ministro húngaro de Interior, Sándor Pintér, al asegurar que la policía no intervino cuando la seguridad privada les agredió. “Esto ya no es un sistema híbrido, es una dictadura”, afirmó Szél ante los manifestantes.

La protesta de este lunes, en cualquier caso, es sensiblemente inferior en número a la del domingo, cuando reunió a unas 10.000 personas frente al Parlamento.

Tras la expulsión de los diputados, un grupo de legisladores opositores entró en el edificio e insistió en su derecho a leer las demandas de los manifestantes, entre las que se incluye la revocación de la polémica reforma laboral aprobada la semana pasada.

Esa normativa, apodada “ley de esclavitud”, aumenta de 250 a 400 el número de horas extra anuales, con lo que ciertos empleados pueden verse obligados a trabajar seis días por semana, mientras que se da al empresario la posibilidad de posponer hasta en 36 meses el pago de ese trabajo adicional.

En las reclamaciones de los manifestantes también se reivindica la independencia de la Justicia y de los medios de comunicación, así como la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y una reducción de las horas extra para los policías.

La decena de diputados y eurodiputados húngaros presentes en el edificio no consiguieron leer sus peticiones.

Prácticamente todas las formaciones políticas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, coinciden en criticar la reforma de Orbán. “Se está formando una unión en la oposición”, afirmó Lajos Kepli, diputado del partido de extrema derecha Jobbik y agregó que no dejará que agentes de empresas de seguridad agredan a miembros del Parlamento.

Además de las protestas de los últimos días, lideradas por estudiantes aunque en las últimas jornadas se unieron los partidos opositores, los sindicatos advirtieron de que si el presidente del país, János Áder, firma la ley para que entre en vigor, comenzarán a organizar una huelga.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, no ha escondido que no cree en la lista regional incluida en la reforma electoral aprobada tras la publicación en el BOE del Estatuto de Autonomía y ha puesto en duda de que ésta se vaya a aplicar en las próximas elecciones, pues “existen muchas incógnitas que alguien tendrá que resolver”.

A pesar de los esfuerzos de la plataforma ciudadana Demócratas para el Cambio por aclarar que la reforma electoral se aplicará con toda seguridad en las elecciones de 2019, cuando se elegirán un total de 70 diputados al Parlamento de Canarias; 61 distribuidos entre las siete circunscripciones insulares y los nueve restantes asignados por la lista regional, Narvay Quintero añade más dudas. Cabe recordar que es miembro de la Agrupación Herreña Independiente, que está en contra de la reforma electoral.

En una entrevista a COPE Canarias, Narvay Quintero ha indicado que nadie ha aclarado quién tiene que aplicar el nuevo sistema electoral y opina que hay “muchas incógnitas que tienen que salvarse”, por ejemplo, si un candidato puede ir en la lista insular y regional, cómo será el sistema de papeletas o cómo será la urna.

Sobre quién debe articular el nuevo sistema, Quintero considera que el Estatuto de Autonomía mandata al Parlamento a hacerlo y quiso recordar que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ya ha dicho que en principio es la Cámara quien tiene que hacerlo o, en todo caso, “la Junta Electoral Regional”. No obstante, cree que nunca tendría que ser el Ejecutivo.

En este asunto Demócratas para el Cambio, que elaboró un informe avalado por más de 10 expertos en Derecho, ya ha explicado que si el Parlamento de Canarias no consigue aprobar la modificación de la ley que regula la reforma electoral, debe ser el Gobierno regional el encargado de aplicarla a través de un decreto. Otros, como el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, recelan ante “el el maniobrerismo crónico de Coalición Canaria”, pues cree que pueden usar “cualquier resquicio que les pueda servir de excusa para boicotear la reforma electoral”.

El consejero insistió en que todavía quedan “muchas incógnitas” al respecto, como en qué lista tiene que ir el candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno, en la insular o en la regional. “Aquellos que han promovido una lista regional, ahora ven que sus líderes a presidir el Gobierno no van en la lista regional, sino en la insular. ¿Entonces de qué estamos hablando? ¿De insularismo? ¿De doble vara de medir? ¿De que en verdad la lista regional no era por el interés general de que al presidente o presidenta lo votaran todos los canarios, sino por los números que salen en las próximas elecciones?”, cuestionó.

Preguntado por si AHI va a abandonar el barco de Coalición Canaria, Narvay Quintero indicó que su formación lo decidirá en enero, tras la celebración de un proceso asambleario. “Ahora estamos en CC y vamos a concluir nuestro compromiso hasta final de legislatura, pues somos un partido de palabra, aunque discrepamos en algunas cosas, como en la ley electoral, que hemos votado en contra dentro del Comité Permanente y del Consejo Político Nacional de CC”, concluyó.

La plataforma Demócratas para el Cambio ha aclarado que los ciudadanos canarios votarán en los comicios de 2019 con un nuevo sistema electoral “sí o sí” porque, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, el anterior procedimiento de la triple paridad quedará derogado. “Eso es impepinable”, ha afirmado Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL).

Para despejar las dudas a la ciudadanía sobre cuáles son los escenarios que se presentan para la puesta en marcha del nuevo sistema electoral contenido en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, Demócratas para el Cambio ha dado a conocer un informe elaborado por el propio Gerardo Pérez y el investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Fernández en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

El portavoz de Demócratas para el Cambio, Vicente Mujica, considera que “la reforma electoral integrada en el Estatuto de Autonomía de Canarias es la principal novedad y el principal elemento innovador que trae el texto” y ha atribuido la consecución de este “objetivo” a un “triunfo de la sociedad civil”, que supondrá para los comicios de 2019 un “sistema más democrático y proporcional”.

Se refiere a que en las próximas elecciones se elegirán un total de 70 diputados al Parlamento de Canarias por representación proporcional; 61 distribuidos entre las siete circunscripciones insulares (15 por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife, ocho por La Palma, ocho por Lanzarote, ocho por Fuerteventura, cuatro por La Gomera y tres por El Hierro) y los nueve restantes asignados por la lista regional. Además, para poder optar al reparto de escaños en las circunscripciones insulares, las candidaturas deberán superar una barrera legal del 15% insular, mientras que para poder optar al reparto de escaños en la circunscripción regional deberán superar una única barrera legal del 4%.

Sin embargo, el Estatuto de Autonomía presenta algunas lagunas sobre cómo votará el ciudadano canario con un doble lista, insular y regional, porque se basa en la aplicación de una disposición transitoria (que fija el acuerdo al que llegaron los grupos políticos en el Parlamento de Canarias) en ausencia de una ley del Parlamento de Canarias que lo desarrolle. Esto no impide su aplicación pues, como explica Gerardo Pérez, “no cabe ninguna opción de considerar que haga falta el desarrollo de una ley posterior para que necesariamente pueda ser aplicable a las próximas elecciones”, ya que precisamente se han fijado unas reglas destinadas a ser aplicadas entre la derogación de la triple paridad y la norma que regule el nuevo sistema, que se debe redactar en un plazo máximo de tres años.

En cualquier caso, sí será necesario activar los mecanismos para paliar las lagunas jurídicas o los vacíos normativos de la aplicación del nuevo sistema electoral. “Lo deseable” y “lo más responsable” para Vicente Mujica es que sea el Parlamento de Canarias “el que sabiendo que se va a producir una modificación de la Ley que regula desde 2003 en Canarias las elecciones a la Cámara, la acometa lo antes posible, porque de esta manera evitamos tener que ir a otro tipo de instancias a que lo regulen”.

La alternativa sino se consigue una mayoría de tres quintos en el Parlamento de Canarias pasa por el Gobierno regional, que deberá aplicar el nuevo sistema electoral a través de la reforma del Decreto 99/2011 del 27 de abril, por el que se regulan las condiciones de los locales, las urnas, las papeletas, los sobres y otros elementos que se utilicen en las elecciones.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que el posicionamiento de Coalición Canaria respecto al nuevo sistema electoral (al que se ha opuesto aunque votara a favor del Estatuto de Autonomía) “da igual” porque los partidos políticos que han abogado por la reforma (PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias) “tienen la mayoría suficiente para poder sacarlo adelante”.

Escenarios seguros

Aunque la responsabilidad recae sobre los grupos políticos, Gerardo Pérez ha esbozado los escenarios “más seguros para que todo se desarrolle bajo la constitucionalidad y el respeto escrupuloso de los derechos de los que van a participar en los comicios electorales”. Así, ha explicado que debido a la doble circunscripción, el ciudadano debe disponer de “libertad de voto” en ambas listas, “de tal manera que no se puede obligar al ciudadano canario a que, si vota una determinada opción política en la circunscripción insular, necesariamente y por obligación, tenga que votar la misma opción política en la lista autonómica”.

“No existe ninguna jurisprudencia que estudie un procedimiento electoral como este. Este procedimiento es original y novedoso. Pero sí existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humano e incluso un código de buenas prácticas electorales de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en el que se establece con rotundidad la necesidad de otorgar al ciudadano la libertad de elección en diferentes opciones cuando hay distintas circunscripciones”, recuerda Pérez.

Ante esta tesitura se produce un doble escenario: o se desarrolla en una sola papeleta esa doble elección o se establecen dos distintas que se depositan en dos urnas por separado. Para el profesor de Derecho Constitucional de la ULL la opción “más sencilla, lógica, la que ofrece menos dificultades y es plenamente respetuosa con el ordenamiento jurídico” es la segunda. La posibilidad de votar en una sola papeleta “se deviene en imposible o muy dificultosa, porque las dimensiones sería enormes y generarían una dificultad práctica y logística innecesaria”.

El portavoz de Demócratas para el Cambio ha incidido en que este sistema “es muy novedoso” y “no hay otro modelo igual en España”, por ello, considera necesario que los poderes públicos realicen una campaña informativa para explicar a los ciudadanos cómo se vota en las elecciones 2019 “con mucho tiempo de antelación”. Sobre el futuro del foro ciudadano, Mujica ha reconocido que el objetivo por el que fue creado “se ha cumplido” y ahora ayudarán en la medida de sus posibilidades a que se completen las últimas fases de cara a la aplicación de la reforma electoral. Cuando finalice ese proceso, sus integrantes decidirán “los pasos siguientes o si directamente nos disolvemos, pero esto es algo que aún no contemplamos”.

Previsiblemente, la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía se aprobará  el próximo 24 de octubre en las Cortes y se publicará en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor inmediatamente. Con la ratificación de este texto, también debería salir adelante el nuevo sistema electoral canario, pues solo quedaría pendiente su ejecución definitiva por parte del Gobierno de Canarias, ya sea a través de una ley que deberá ser aprobada por el Parlamento regional o la diligente redacción de un decreto por parte de la Consejería de Presidencia, de cara a los comicios de 2019.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, anunció el pasado miércoles su intención de que sea el Parlamento de Canarias el órgano encargado de aprobar una ley para que el nuevo sistema electoral esté vigente antes de las elecciones de 2019, pero el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias Santiago Pérez cree que detrás de esta intervención “tan solemne como cínica se esconde la intención y el filibusterismo de Coalición Canaria (CC) para maniobrar en la Cámara e impedir que el nuevo sistema electoral opere en las elecciones de 2019”.

El también profesor de Derecho Constitucional considera que CC “hará todo lo posible para que en 2019 las elecciones al Parlamento de Canarias se vuelvan a realizar con la normativa establecida en el año 1996”, es decir, la triple paridad que ha sido “la base fundamental” para mantener a la formación nacionalista en el poder “siendo tercera fuerza política”. De hecho, recuerda que ya Ana Oramas (CC) ha intentado bloquear en las Cortes la reforma electoral alegando un cambio sustancial en la tramitación y solicitando un informe al Congreso para que, si así lo decide la Cámara Baja, pueda volver al Parlamento regional “y tener ellos la oportunidad de bloquearla de nuevo”.

El artículo 37 del nuevo Estatuto de Autonomía deja fijado el marco en el que se debe encuadrar la ley del Parlamento de Canarias que desarrolle el nuevo modelo electoral: entre 50 y 70 diputados, con circunscripciones de ámbito insular, autonómica o de ambos. Pero hasta que no se apruebe dicha ley (la Cámara tiene un plazo de tres años para ello), la disposición transitoria primera fija el acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas en las Islas: 70 diputados, 61 distribuidos entre las siete circunscripciones insulares; ese diputado de más correspondería a Fuerteventura. Pero de los nueve restantes no había ninguna referencia, aunque días después se enmendó el error para asignarlos a la circunscripción regional.

Por ello, Pérez cree que “la actual reforma, tal y como va a quedar, resulta inaplicable”, porque la circunscripción autonómica tiene que establecer no sólo el número de escaños que se le adscribe, sino su forma de elección, “si va a responder al sistema proporcional o si se van a repartir esos escaños por un sistema mayoritario y, en consecuencia, cómo se van a configurar las candidaturas y la papeleta”, pues “son elementos indispensables del sistema electoral” y “no se le puede pedir a los tribunales que cumplan la función del legislador”.

Sin embargo, para el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, está bastante claro que en las elecciones 2019 se aplicará el nuevo sistema y la triple paridad “habrá pasado a mejor vida” porque, una vez que se apruebe definitivamente el nuevo Estatuto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, desde ese día, el artículo 9 y la disposición transitoria de la triple paridad “dejarán de existir”. Así, “las nuevas previsiones estatutarias electorales exigirán que se ejecute mediante un decreto o una modificación de la ley de 2003 y su posterior aprobación en el Parlamento de Canarias”, recuerda Rodríguez, quien ha añadido que “así se ha hecho siempre”.

Desde el foro ciudadano Demócratas para el Cambio manifiestan con más contundencia que el nuevo sistema electoral se aplicará y detalla las fórmulas que puede emplear el Ejecutivo de Clavijo para ejecutarlo: regular a través de una nueva ley o modificar la norma vigente de 2003 para su posterior votación en el Parlamento de Canarias que, de tener una mayoría de 3/5, quedaría aprobada; en principio esta sería “la opción ideal”, pero, en caso de que esto no fuese posible, la Consejería de Presidencia debe redactar un decreto para “desarrollar las lagunas que no estén especificadas en el Estatuto”.

Se refiere Vicente Mujica, presidente de Demócratas para el Cambio, a que, una vez Fernando Clavijo publique un decreto de convocatoria para disolver el Parlamento regional 55 días antes de las elecciones y decir cuántos diputados se van a elegir, debe haber explicado previamente cómo lo va a hacer, es decir, cómo se llevará a cabo la elección de los nueve diputados de la circunscripción autonómica, si pondrá una o varias urnas o el color de las papeletas, entre otras especificaciones.

“Estos detalles debe recogerlos la Consejería de Presidencia, es decir, José Miguel Barragán: al haber un cambio en la normativa superior (Estatuto) que afecta al sistema electoral y, si no ha habido ley, hay que organizar las elecciones. Si el Parlamento no hace nada cuando llegan las fechas, la responsabilidad directa es del presidente del Gobierno, que debe redactar un decreto. Y ahí debe aparecer recogido todo” detalle Mujica, quien recuerda que en 2011 José Miguel Ruano, que era titular de esa Consejería, redactó un decreto en este sentido después de que se modificara la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Sobre las palabras de Clavijo, Mujica considera que el líder del Ejecutivo regional “no termina de asumir que ha habido un cambio en el sistema electoral y todavía pretende que no lo haya, por eso introduce dudas, esquiva su responsabilidad, pero está obligado (si no hay ley o si el Parlamento no lo aprueba) a emitir un decreto para aclarar cómo se vota”. 

El PP se ha quedado solo este martes en su intento de reformar la ley electoral para beneficiar a la lista más votada en las elecciones municipales. El resto de grupos, con la única excepción del diputado de UPN, no han apoyado –todos han votado en contra excepto Ciudadanos, que se ha abstenido– en el Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de los conservadores que introducía primas de concejales para las fuerzas políticas que se situaran en primera posición en número de votos, con el objetivo de darles el control total de los consistorios. Todos los partidos han criticado la propuesta de los populares por “antidemocrática” y por ir en contra de los principios de “proporcionalidad” y “pluralidad” del sistema electoral recogidos en la Constitución.

El texto cuya toma en consideración se ha sometido a debate este martes se circunscribía al ámbito municipal e introducía como novedad que cuando una candidatura obtuviera la mayoría simple y superara el 35% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancia, al menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura, obtendría automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el ayuntamiento.

Esa misma asignación de concejales –añadía la propuesta– se produciría cuando una candidatura hubiera obtenido la mayoría simple, superara el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distanciara, al menos, en diez puntos porcentuales a la siguiente candidatura. Además, cuando no se dieran esos dos supuestos la propuesta del PP contemplaba la celebración de un proceso electoral entre las candidaturas que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

En esa segunda vuelta, a la candidatura mayoritaria, si hubiera obtenido más del 40% de los votos válidos emitidos, o distanciase en al menos siete puntos porcentuales a la segunda candidatura se le adjudicaría la mayoría absoluta. Y cuando ninguna alcanzase ese porcentaje la atribución de los puestos de concejales en cada ayuntamiento se realizaría siguiendo el sistema actual de la Ley D'hondt y en función de los resultados de la primera vuelta.

El “preferido de los vecinos”

El PP ha defendido su proposición argumentando que “el alcalde de un pueblo debe ser el preferido por los vecinos” y que “la última palabra la deben tener los votantes” y no los partidos. La portavoz popular durante el Pleno, Ana Isabel Alós, ha asegurado que los objetivos de la propuesta son “facilitar la gobernabilidad del municipio, contribuir a la estabilidad institucional del ayuntamiento, reforzar la legitimidad popular del alcalde o alcaldesa, así como el sentimiento de los electores de participar en la elección del alcalde”. A su juicio, la iniciativa “solo puede dar miedo a quien crea que no puede tener el apoyo mayoritario de los votantes”.

Tras su defensa de la propuesta, el PP ha encajado una cascada de reproches por parte del resto de fuerzas políticas. Susana Sumelzo, diputada del PSOE, ha considerado que la iniciativa conservadora “es inoportuna” y pretende “cambiar las reglas del juego” apenas unos meses antes de las elecciones municipales. “Asúmanlo, allí donde no gobiernan es porque los ciudadanos no quieren que gobiernen”, les ha dicho a los populares. Sumelzo ha criticado la “incapacidad de hacer autocrítica” del PP y sus dificultades para “sentarse a dialogar” con el resto de fuerzas.

Desde el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la diputada Alicia Ramos ha considerado que con su propuesta el PP “se retrata como un partido centralista al que le gusta muy poquito la democracia”. Se trata, a su juicio, de una “proposición pataleta, rencorosa de quien ha perdido el poder y no sabe manejarse”. “Les da miedo la gente, no quieren reconocer que hay otra mayoría social y política. Les gusta el rodillo y el mando. No les preocupa la gobernabilidad, les preocupa la democracia”, ha zanjado.

En busca de un “atajo”

También desde Ciudadanos han arremetido contra las pretensiones del partido de Pablo Casado. El diputado José Ignacio Prendes ha considerado “curioso” que el PP lleve al Congreso la toma en consideración de su propuesta “para que gobierne la lista más votada” el mismo día “que abandonan ese principio en Andalucía” al sugerir un pacto precisamente con Ciudadanos para desbancar a Susana Díaz del poder aunque el PSOE sea la fuerza más respaldada en las elecciones del 2 de diciembre. “Están tratando de encontrar un atajo ante el adelanto electoral”, ha denunciado. El parlamentario se ha mostrado a favor de una reforma para garantizar la “elección directa del alcalde” pero no está que consideran “partidista y unilateral”.

En la misma línea se han manifestado todo los portavoces de las fuerzas nacionalistas e independentistas. “Buscan recuperar alcaldías perdidas lo cual es legítimo pero no lo es tanto intentando hipotecar la calidad del sistema democrático”, consideraba el portavoz de ERC, Joan Tardà. Él ponía el ejemplo de Badalona como símbolo de la “contradicción” del PP. En el municipio barcelonés, los populares respaldaron en junio una moción de censura para hacer alcalde al candidato socialista, Álex Pastor, cuyo grupo tan solo tenía tres concejales.

Ni es más democrática, ni garantiza que gobierne la lista más votada, ni impide los pactos postelectorales entre las fuerzas políticas que queden en segundo o tercer lugar para desbancar al partido ganador de las elecciones. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que ha registrado el PP en el Congreso de los Diputados, la primera iniciativa de la presidencia de Pablo Casado, no asegura que se vayan a cumplir esas tres promesas que han motivado la presentación de la iniciativa que los populares quieren aprobar antes de las elecciones municipales de 2019, aunque por el momento no cuentan con el respaldo del resto de los partidos con representación parlamentaria. 

El texto presentado este martes y que se circunscribe al ámbito municipal introduce como novedad que “cuando una candidatura obtenga la mayoría simple y haya superado el 35% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancia, al menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura, obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el ayuntamiento. Esa misma asignación de concejales –añade la propuesta– se producirá cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancie, al menos, en diez puntos porcentuales a la siguiente candidatura”. 

Además, cuando no se den esos dos supuestos “se celebrará un proceso electoral entre las candidaturas que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos emitidos en la circunscripción”. En esa segunda vuelta, “a la candidatura mayoritaria, si hubiera obtenido más del 40% de los votos válidos emitidos, o distanciase en al menos siete puntos porcentuales a la segunda candidatura” se le adjudicaría la mayoría absoluta. Y cuando ninguna alcanzase ese porcentaje la atribución de los puestos de concejales en cada ayuntamiento se realizaría siguiendo el sistema actual de la Ley D'hondt y en función de los resultados de la primera vuelta. 

La sobrerrepresentación del ganador

La propuesta del PP no es más democrática que la normativa actual que contempla mayorías absolutas y simples, en contra de lo que vienen defendiendo desde el partido conservador en los últimos años. Que con solo el 30% de los votos un partido político pueda lograr la mayoría absoluta de concejales y, por tanto, pueda tener el control total de un consistorio podría ir de hecho contra la proporcionalidad del sistema electoral que requieren la Constitución y la propia LOREG. De aprobarse, implicaría que ese 30% de ciudadanos estaría sobrerrepresentado en un 51% de ediles, frente al 70% que estaría infrarrepresentado por el 49% de concejales.

Tampoco garantizaría siempre que pudiera gobernar la lista más votada, en contra de lo que insistentemente recalca el PP. Para hacerlo, el partido más apoyado debería cumplir con el requisito de lograr al menos el 35% de los apoyos y situarse cinco puntos porcentuales por encima del siguiente o el 30% de los votos y 10 puntos de diferencia en la primera vuelta, o bien lograr el 40% de los sufragios y estar 7 puntos por encima de su rival más inmediato en la segunda. En el caso de que no se produjeran esas condiciones, un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas podría arrebatar el poder a la ganadora. 

En la presentación de la iniciativa, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguraba que la propuesta responde a una demanda de los ciudadanos, que reclaman que “gobiernen los alcaldes que ellos deciden” y que no haya “acuerdos oscuros en los despachos en contra de la voluntad de los ciudadanos”. “Así sólo hay gobiernos débiles que pagan hipotecas ocultas como pasa con el Gobierno de Sánchez”, apostillaba. Sin embargo, el texto planteado por los populares no impide en ningún caso esos “acuerdos oscuros” o “pactos de perdedores”, como suelen llamarlos desde el PP.

“Deformar” la voluntad de las urnas

En su exposición de motivos, la propia proposición reconoce que “es evidente que los pactos y coaliciones electorales son algo lícito en España y en general están admitidos en la mayoría de los sistemas electorales vigentes en los países de nuestro entorno”, si bien denuncia que “estas alianzas, en la mayoría de los casos post-electorales, en numerosas ocasiones están exclusivamente motivadas por el único interés y singular propósito de desplazar al partido político que esté gobernando en ese ayuntamiento”, lo que a juicio de los populares provoca “una interpretación forzada de la voluntad popular expresada en las urnas, deformándola y privando de manera efectiva al electorado de su capacidad de poder decidir sobre un programa político y un candidato o candidatos concretos”. 

No obstante, la reforma que plantea el partido de Pablo Casado no hubiera garantizado, por ejemplo, que tras las últimas elecciones municipales hubiera gobernado la lista más votada en las dos principales ciudades españolas, ni habría impedido acuerdos entre el resto de fuerzas políticas.

En Madrid, la formación más respaldada fue el PP con el 34,55% de los votos, seguida de Ahora Madrid (31,85%), el PSOE (15,28%) y Ciudadanos (11,41%). Si se hubiera aplicado la propuesta de los populares no se habrían cumplido los requisitos para que a la ganadora se le asignara una mayoría absoluta de concejales, por lo que se tendría que haber celebrado una segunda vuelta a la que únicamente podrían haber concurrido PP, Ahora Madrid y PSOE, al haber obtenido todos ellos más del 15% del voto. Nada hubiera garantizado que en esa segunda votación el PP seguiría siendo el más votado ni impediría que Ahora Madrid y PSOE concurrieran juntos. 

Sin apoyos en el Congreso

En Barcelona, los comicios los ganó Barcelona En Comú, con el 25,22% de los votos, seguido de CiU (22,72%), Ciudadanos (11,05%), ERC (11,01%), PSC (9,63%), PP (8,7%) y la CUP (7,42%). En este caso, de aplicarse la reforma electoral que plantean los populares también hubiera sido necesaria una segunda vuelta a la que únicamente habrían podido concurrir Barcelona En Comú y CiU, sin que se asegurara el triunfo de la primera como más votada ni se impidiera un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas para que ganara la segunda. 

Para aprobar su iniciativa, el PP busca ahora el respaldo del resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Por el momento ninguna se ha mostrado a favor de la propuesta, por lo que previsiblemente ni siquiera se pueda iniciar su tramitación parlamentaria.

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias con intención de elevarla al Pleno de la Cámara en septiembre para que la remita al Senado y prosiga allí su tramitación.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos.

Esta reforma llegó al Congreso en abril en 2015, pero quedó varada por las sucesivas convocatorias electorales y el Pleno no debatió su toma en consideración hasta diciembre de 2016.

Después, durante casi un año se fueron prorrogando sucesivamente los plazos para la presentación de enmiendas, que finalmente se registraron en noviembre de 2017.

La ponencia encargada de discutir las aportaciones de los grupos acabó su trabajo el pasado 28 de junio y este miércoles, tres años y tres meses después de que el texto arribara al Congreso, la Comisión Constitucional ha aprobado la reforma, una decisión que deberá luego ser ratificada por el Pleno, ya en el nuevo periodo de sesiones tras el paréntesis estival.

Este es el segundo intento de reforma del Estatuto de autonomía que hace el Parlamento, que ya remitió un texto al Congreso hace casi doce años, pero que no culminó su tramitación por falta de consenso.

Reforma electoral

El proyecto de nuevo Estatuto fue aprobado en Canarias por el PSOE y Coalición Canaria, pero recibió el voto en contra del PP, mientras que Nueva Canarias (NC) se abstuvo. Sin embargo, tras el acuerdo entre los populares y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP apoyó su tramitación en la Cámara Baja.

Este miércoles, finalmente la Comisión Constitucional ha aprobado el dictamen con los votos de PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos, y no ha habido ningún voto en contra.

La ponencia encargada de la reforma concluyó su trabajo con la introducción de una novedad en la disposición transitoria que regula el sistema electoral y que establece que el Parlamento regional deberá elaborar su propia ley electoral en el plazo de tres años.

En el caso de que en ese plazo no se alcance un acuerdo en el Parlamento de Canarias, la disposición transitoria será la que rija el sistema electoral del Archipiélago.

Esta disposición incluye el preacuerdo alcanzado en el Archipiélago entre el PP, el PSOE, Podemos y Nueva Canarias de aumentar el número de diputados de 60 a 70 -uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una lista regional-, así como reducir los topes electorales del 30% al 15% en la circunscripción insular, y del 6% al 4% en el conjunto del Archipiélago.

Además, el estatuto fija una horquilla de un mínimo de 50 diputados y un máximo de 75, aspecto que deberá tener en cuenta la próxima ley electoral que salga del Parlamento autonómico.

Podemos, que inicialmente anunció que se desvincularía del preacuerdo suscrito por su grupo en las Islas, finalmente votó a favor de la disposición transitoria porque el resto de formaciones aceptó incluir esa cláusula temporal de tres años para dotar a Canarias de una ley electoral propia.

El PP, el PSOE y Nueva Canarias (NC) también votaron a favor, Ciudadanos se abstuvo porque considera que la cifra de 60 diputados es suficiente, pero no quería “obstaculizar”. Por su parte, Coalición Canaria votó en contra, igual que ha hecho este miércoles, junto al PNV.

Su diputada, Ana Oramas, ha mostrado su “alegría” por el hecho de que, 36 años después de iniciar su autogobierno, el Archipiélago suba por fin “el último peldaño” y sea reconocida “dentro del Estado como una comunidad de máximo nivel”, pero ha vuelto a mostrar su oposición a la disposición sobre el sistema electoral: “No compartimos que en Madrid se decida la composición del Parlamento canario, no entendemos el atajo elegido para aprobar en Madrid esta ley fundamental”, se ha quejado.

Coalición Canaria está a favor de la rebaja de los topes electorales y de la creación de una lista regional, pero era más partidaria de la propuesta inicial remitida desde el Parlamento autonómico que mantenía los 60 diputados, pero reducía los topes electorales al 15% y 3%, respectivamente.

En nombre de Nueva Canarias, Pedro Quevedo ha replicado a Oramas que este asunto “se ha resuelto donde se tenía que resolver” porque ha quedado claro que en las Islas no existía la “voluntad política” que se requería para hacerlo allí.

En la misma línea, el socialista Sebastián Franquis ha puntualizado a Oramas que la nueva Ley Electoral se tendrá que hacer en Canarias.

Además, se ha felicitado por el alto grado de acuerdo logrado en la ponencia lo que, a su juicio, se ha producido porque los grupos han puesto a Canarias “por encima de las siglas y de las diferencias políticas”.

También una de las principales novedades del texto estatutario es que blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) desvinculando los recursos fiscales de la financiación autonómica y la otra es el sistema electoral, que ha sido el punto de mayor conflicto durante la discusión del texto. De hecho, este ha sido uno de los asuntos que se ha vuelto a votar este miércoles.

Poco ambiciosa y frustrante

La popular María del Carmen Hernández Bento también ha recordado que el acuerdo sobre el régimen electoral no ha sido posible en Canarias y ha justificado el apoyo del PP a la disposición consensuada alegando que, sin ser su propuesta, “es la que ha conseguido el mayor de los acuerdos posibles”.

Desde Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha lamentado que se haya “perdido la oportunidad” de aprobar un texto que responda a todas las necesidades de los canarios y ha calificado de no suficientemente ambiciosa la disposición sobre el sistema electoral. Eso sí, se ha congratulado de que al menos se hayan aceptado algunas de sus enmiendas como la que suprime el aforamiento para los diputados autonómicos.

“Hemos vuelto a dejar escapar una oportunidad histórica”, ha denunciado, por su parte, la diputada de Podemos Meri Pita, quien ha confesado su “frustración” porque, a su juicio, el texto resultante “es una oda a los problemas estructurales de Canarias” y “engaño” más su tierra.

Aunque este miércoles se ha abstenido en el dictamen, su voto en Pleno podría variar en función del resultado de la consulta que su formación va a hacer entre sus inscritos en Canarias para que se pronuncien sobre el nuevo estatuto.

El PSOE, el PP, Podemos y NC “están preparados para evitar” que Coalición Canaria bloquee la entrada en vigor del nuevo sistema electoral que se ha incluido en el Estatuto de Autonomía durante su tramitación en el Congreso solicitando su devolución al Parlamento canario.

Coalición Canaria anunció hace días que entendía que el Congreso había introducido “cambios sustanciales” en el proyecto de Estatuto que le había remitido el Parlamento canario que justificarían su devolución a la Cámara autonómica para que sea esta la que los valide o rechace; en concreto, la elevación del número de diputados elegibles y la creación de una lista electoral de carácter regional.

El presidente de NC, Román Rodríguez, ha explicado que una vez que el Estatuto de Autonomía ha completado prácticamente su tramitación en la ponencia del Congreso que lo debate, los cuatro partidos que pactaron la reforma electoral están preparándose para garantizar que ese nuevo sistema esté en aplicación en 2019.

En declaraciones realizadas antes de reunirse con la patronal de Las Palmas, la CCE, Rodríguez ha recordado que, en primer lugar, CC no tiene hoy mayoría en el Parlamento de Canarias para solicitar la devolución del Estatuto, porque los cuatro partidos que promueven el nuevo sistema electoral suman 39 diputados, sobre un total de 60.

Pero, además, ha argumentado que tampoco lo podría hacer aunque tuviera los votos, porque existen dictámen jurídicos que indican que cuando una propuesta de ley es tomada en consideración por el Congreso, ya solo este puede aprobarla, rechazarla o suspender su tramitación, sin que pueda intervenir el Parlamento canario en ello.

El líder de NC ha subrayado, además, que el nuevo Estatuto tiene conquistas “históricas” en materia de competencias para Canarias, que su partido no está dispuesto a que se sacrifiquen para proteger los intereses electorales de nadie.

Rodríguez mantiene que, en 2007, CC ya promovió la retirada de la anterior reforma del Estatuto por sus propios intereses como partido, para impedir otro cambio en el sistema electoral.

Y los cuatro partidos que han pactado la actual reforma, ha enfatizado, “están preparados” para que eso no vuelva a ocurrir.

PSOE, PP, Podemos y NC pactaron en Parlamento de Canarias elevar de 60 a 70 el número de diputados a elegir a partir de 2019, con un escaño adicional para Fuerteventura en reconocimiento al aumento de su población y nueve dependientes de una lista regional.

Además, la propuesta rebaja al 4 % autonómico y al 15 % insular el mínimo de votos que una candidatura debe obtener para tener derecho a entrar en el reparto de escaños en el Parlamento.

La secretaria de organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, ha defendido este lunes que el posible aumento de diputados en el Parlamento de Canarias hasta los 75 parlamentarios se decida en la Cámara regional y no en el Congreso de los Diputados al tratarse de “una modificación sustancial”.

Guadalupe González Taño, tras la reunión del Consejo Político Nacional del partido, ha precisado que una modificación sustancial de este tipo requiere la vuelta al Parlamento de la modificación del sistema electoral canario.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado mes de mayo la ponencia del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral concluyera sus reuniones sin alcanzar un acuerdo, con lo cual será el Congreso el que en su caso decida el modelo autonómico canario a través de la reforma del Estatuto de Autonomía.

Los grupos de la oposición, PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, que suman 39 escaños, uno menos de los necesarios para aprobar una ley electoral en Canarias, habían planteado una oferta a Coalición Canaria (18 escaños) y ASG (tres escaños) basada en la introducción de una nueva circunscripción regional, pero en la reunión de la ponencia estos dos grupos no la aceptaron.

Para CC es “socialmente inaceptable”, “un error” y “absolutamente inasumible” el posible aumento de diputados hasta llegar a los 75, frente a los 60 actuales y los 70 que establece el texto que se tramita en el Congreso.

“El Estatuto contiene modificaciones sustanciales que obligan a una nueva votación”, ha manifestado González Taño, quien ha considerado que el incremento de diputados requiere la vuelta al Parlamento canario para su aprobación.

Según la secretaria de Organización de CC, el Estatuto de Autonomía de Canarias contempla que si los cambios que se producen en el Congreso son sustanciales o importantes esas modificaciones tienen que ser ratificadas en el Parlamento regional.

En su opinión, una elevación de 60 a 75 en el número de diputados en el Parlamento es “evidentemente una modificación sustancial” y sí lo defenderá CC si la propuesta es finalmente aprobada por la Cámara Baja.

Serán los servicios jurídicos del Congreso los que deben decidir si se trata de una modificación tan relevante como para que tenga que ser votada en el Parlamento canario, ha agregado González Taño, quien ha asegurado que su partido activará todas las fórmulas que permitan que la decisión sobre el número de diputados se tome en Canarias.

“Siempre existe la posibilidad de que la gente reconsidere su postura”, ha afirmado la portavoz de CC, quien ha agregado que si no es así CC pedirá que el propio Parlamento canario decida sobre el número de escaños.

Por otro lado, el Consejo Político Nacional de CC ha aprobado el acuerdo del procedimiento previsto respecto al calendario de elección del candidato del partido a la presidencia del Gobierno de Canarias.

En base a este reglamento, el 21 de julio se elegirá al candidato en un acto que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria.

Anteriormente, desde este lunes y hasta el 20 de julio los miembros del Consejo Político Nacional podrán valorar y formalizar su propuesta de candidatura con un mínimo del 20% de avales de los miembros de este mismo órgano.

CC da la oportunidad “a cualquier persona” del partido a presentarse a este proceso, ha recalcado González Taño, quien ha quitado importancia al número de posibles candidatos: “No pasa nada si surgen siete como si surgen 10”, ha dicho.

También el máximo órgano de CC ha dado luz verde los acuerdos electorales con Unidos por Gran Canaria y Avesan para el Ayuntamiento de La Vega de San Mateo y ha aprobado una adenda para ir de la mano con el Partido Nacionalista Canario en los próximos comicios.

Respecto a la Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha señalado que no hace falta suscribir un acuerdo con esta fuerza porque ya está coaligada con CC, con el que mantiene un acuerdo permanente.

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha avisado de que una de las enmiendas aprobadas, que prevé el aumento de la horquilla electoral hasta los 75 diputados, supone “una modificación sustancial” del texto procedente del Parlamento regional, por lo que debería volver a este antes de su ratificación definitiva en las Cortes Generales.

La enmienda transaccional al artículo 37 del Estatuto, presentada por el PSOE y Nueva Canarias (NC) y apoyada por el Partido Popular (PP), fija una horquilla de entre 50 y 75 diputados en el Parlamento regional. El dictamen remitido por la Cámara autonómica contempla aumentar hasta 70 los diputados, uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una lista regional- y se rebajara los topes electorales -del 30 al 15% en la circunscripción insular y del 6 al 4% en el conjunto del Archipiélago-.

Al término de la reunión, Oramas ha matizado que esto no significa que su partido plantee una “retirada” o “ralentización” del Estatuto porque, según ella, el contenido de este está por encima de la ley electoral y ha asegurado que el objetivo de CC es que el nuevo Estatuto salga adelante “antes de final de año”. Pero sí ha defendido que una vez pase por el Senado, antes de regresar para su aprobación definitiva en el Congreso, debería pasar por el Parlamento de las Islas porque “el texto que sale de Madrid tiene modificaciones sustanciales”.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, cree que el hecho de que Oramas considere “una modificación sustancial” el incremento a un máximo de 75 diputados significa “solo eso”, y ha explicado que después de decirlo, la propia Oramas ha apuntado que no pedirá la devolución del Estatuto al Parlamento. “No podemos seguir dilatando este tema ni nos podemos permitir el lujo de no tener un nuevo estatuto en esta legislatura, dure lo que dure”, ha sentenciado.

La parlamentaria popular María del Carmen Hernández Bento ha admitido que han estado “más de una hora dándole vueltas” solo al artículo 37, pero ha subrayado que “la única modificación que se introduce” es el aumento del número máximo de diputados de 70 a 75, dada la “vocación de durar en el tiempo” que tiene el Estatuto.

Franquis ha aseverado que le ha preguntado si el objetivo de CC es “una hoja de ruta” que pase por “que se retire el Estatuto o retrasar su aprobación”, tras lo que esta le ha asegurado lo contrario. “Yo quiero creer en esa posición de Ana Oramas y que lo que ha hecho simplemente es manifestar una posición”, ha expresado, y ha apostillado que “no resiste ningún debate” que la nueva horquilla de diputados suponga un cambio sustancial “ni en términos políticos ni técnicos”.

Podemos y Cs presentarán un voto particular

Podemos y Ciudadanos (Cs) han rechazado también la transaccional de PSOE y NC y han anunciado que presentarán un voto particular en la Comisión Constitucional, cuando el Estatuto se debata en ella.

Para la secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos, Meri Pita, el aumento a un máximo de 75 diputados es “una deriva excesiva”, mientras que la portavoz adjunta de Cs en la Cámara Baja, Melisa Rodríguez, ha tachado de “estafa a los canarios” esta nueva horquilla y sostiene que “a todas luces” una horquilla de 20 diputados ya da “bastante margen”.

Mientras que Cs no ha podido votar en el Parlamento de Canarias al no contar con representación, Podemos dio su respaldo a un dictamen consensuado junto a PP, PSOE y NC pero, al llegar a Madrid, la postura de la formación morada contradice a la mantenida en el Archipiélago.

La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha querido transmitir toda la tranquilidad del mundo“ y ha garantizado que el líder del partido, Pablo Iglesias, apoya la posición de su grupo en las islas. Santana explica la formación morada trata de que conseguir ”una reforma más ambiciosa“ pero ”si no es posible, nuestro suelo es el acuerdo de Canarias“.

Cuenta atrás para tener un nuevo sistema electoral

El objetivo que persiguen los grupos políticos que buscan aprobar una reforma necesaria para la sociedad canaria es llegar a las próximas elecciones autonómicas con el Estatuto aprobado. Para ello, Quevedo asegura que se habilitará el mes de julio si es preciso con el objetivo de acelerar los trámites para que antes de finalizar el año pudiese estar vigente, como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Senado.

La ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que tenía previsto concluir este jueves su trabajo, se reunirá en principio por última vez el próximo jueves 28 de junio, en el que coincidirán la ponencia del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF) una vez concluya el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado.

Si consiguen finalizar sus trabajos, el texto debe pasar a la Comisión Constitucional para ser votado antes de llegar por primera vez al Congreso de los Diputados; de ahí pasaría al Senado, y, finalmente, volvería a la Cámara Baja para su definitiva aprobación. Sin embargo, el procedimiento anunciado por Ana Oramas puede ralentizar este proceso. Si uno de los diputados considera que el texto que se debate en Madrid tiene modificaciones sustanciales con respecto al consensuado en el Archipiélago puede pedir a las Cortes que lo remita al Parlamento. Si así lo estima, el Congreso traslada ese debate a la Cámara regional para que decida si existen o no modificaciones sustanciales para que se remita de nuevo a las Cortes con ese reconocimiento.

España es como es y el nacionalismo catalán y vasco forman parte de ella. Es posible o, mejor dicho, probable o incluso seguro que hay nacionalistas vascos y catalanes a los que no les gusta que sea así. Pero lo es, porque quienes somos españoles no depende de nuestra voluntad, excepto si decidimos nacionalizarnos como ciudadanos de otro Estado. Españoles por voluntad propia solamente lo son los extranjeros que deciden nacionalizarse. Los demás lo somos independientemente de nuestra voluntad. Y por lo tanto, los nacionalistas catalanes y vascos son ciudadanos españoles. Forman parte del “pueblo español” en el que reside la “soberanía nacional”, como dice el art. 1.2 de la Constitución. En la Constitución no hay nada más que UN PUEBLO, el pueblo español. No hay un pueblo andaluz, ni vasco o catalán. Hay un pueblo español del que formamos parte todos, independientemente de nuestro lugar de nacimiento o residencia. Esto es algo que, dicho sea de paso, debió tener en cuenta el Rey Felipe VI en su discurso televisado del 3 de octubre de 2017. Se habría ahorrado y nos habría ahorrado a todos espectáculos perfectamente evitables.

El nacionalismo catalán y vasco políticamente forman parte de la Constitución material de España y tienen que estar representados, en consecuencia, en el órgano constitucional portador de la soberanía nacional/popular. Y tienen que estarlo en condiciones de igualdad con los demás españoles. Y así es como lo están. Las provincias catalanas y vascas no están sobrerrepresentadas en comparación con las de las demás Comunidades Autónomas. Y los partidos nacionalistas catalanes y vascos no están sobrerrepresentados en comparación con los demás partidos. El sistema electoral español es NEUTRO para los partidos nacionalistas. Favorece a PP y PSOE y desfavorece o directamente penaliza a los demás partidos de ámbito estatal.

Dicho de otra manera: los partidos nacionalistas vascos y catalanes tienen en el Congreso de los Diputados los escaños que les corresponden. Ni más ni menos. Y esos escaños son esenciales para que el Congreso de los Diputados sea una fotografía y no una caricatura de la sociedad española. Sin la presencia del nacionalismo catalán y vasco el Congreso de los Diputados sería un órgano constitucional deforme, mutilado. El sistema político español no podría calificarse de democrático.

Esta es la razón por la que resulta disparatado el contenido del tuit que hizo público ayer Andrés Rivera: “Necesitamos una ley electoral que fije el umbral del 3% del voto nacional para que un partido tenga representación en el Congreso; se debe proteger el interés general”.

Está claro que con esa propuesta los partidos nacionalistas pasarían a ser partidos extraparlamentarios. Serían mayoritarios en sus Comunidades Autónomas e inexistentes en el Estado. ¿Hay alguien que de verdad piensa que una sociedad puede autodirigirse políticamente, que es en lo que consiste la democracia, mutilándose de esta manera? Si los excluimos de la representación en el Parlamento del Estado, ¿cómo argumentamos que no tienen derecho a ser independientes? El argumento más sólido frente al nacionalismo independentista es que todos somos titulares de derechos en condiciones de igualdad, que ellos no están privados del ejercicio de ningún derecho y que no pueden justificar su voluntad de independencia en tal privación.

Con la reforma de la ley electoral que propone el líder de Ciudadanos se les regala este argumento. Si el voto nacionalista es un voto estéril porque demográficamente es imposible que llegue al 3% del voto nacional, se les está privando del ejercicio del derecho de sufragio, que es el derecho constitutivo de la ciudadanía, que, justamente por eso, está reservado a los “españoles” (art. 23 en relación con el 13.2 de la Constitución). Políticamente se los está convirtiendo en extranjeros, que pueden ejercer los derechos fundamentales, como lo puede hacer los extranjeros, pero no el de sufragio en las elecciones generales, que solo lo pueden ejercer los españoles. ¿Cabe mayor disparate?

La complejidad de la sociedad española es la que es y tiene que autogobernarse sin mutilación de ningún tipo. Me temo que la moción de censura y la formación de Gobierno por Pedro Sánchez ha trastornado a Ciudadanos mucho más de lo que cabía esperar. Con propuestas disparatadas como la que estoy comentando, únicamente puede llegar a quienes están en la muy, pero que muy extrema derecha. Sería negativo para todos, pero para ellos más que para los demás.

El suicidio es libre.

El presidente de NC, Román Rodríguez, que ha dirigido este sábado la Ejecutiva Nacional del partido, ha dicho que su compromiso con el PSOE “es que se mantengan los Presupuestos y se gestionen”, ya que “no hay alternativa”.

Asimismo, la formación nacionalista exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que “la ponencia sobre el Estatuto de Autonomía con la reforma electoral se acelere”, al igual que “la ponencia sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF)”.

Tal y como ha insistido, exige la agilización de los trámites “para que en otoño se tenga un nuevo REF económico, un Estatuto de Autonomía, una reforma electoral y unas cuentas diligentes”.

Rodríguez ha apoyado “una censura necesaria” porque “el PP no asumió la responsabilidad de la grave crisis de corrupción de la organización”.

“Apoyamos a Sánchez en su decisión y un programa conjunto que contempla un conjunto de cambios en la política social, económica y democrática para el conjunto de España y una agenda canaria que suscribe Nueva Canarias”, ha agregado.

Así mismo, el líder de NC ha apoyado el Gobierno de Pedro Sánchez que, como ha definido, “ha sorprendido” por la combinación “de gente experimentada, histórica del partido socialista, con gente nueva joven e independiente”, así como por “la presencia de once mujeres”.

La apuesta por representantes femeninos, a su juicio, “recoge bien el espíritu del 8 de marzo y la idea de que el feminismo no es un asunto de izquierdas, sino de las mujeres y de la sociedad en general, pues la paridad es de justicia”.

Sánchez “está ahí con las reglas en la mano con el apoyo de 180 diputados y con una mayoría poblacional detrás de esos escaños”, ha añadido.

Para Román Rodríguez, esta nueva situación política ha dejado a Ciudadanos “noqueado” porque “andaba borracho de encuestas y la realidad sociopolítica en estado puro no es solo estudio demoscópico”.

Para el dirigente nacionalista “la censura y la dimisión obligará al PP a reinventarse para competir con la otra fuerza de la derecha, Ciudadanos”.

La misma idea ha expuesto con Podemos, ya que, a su juicio, la formación morada “también ha quedado descolocada”.

El presidente de Nueva Canarias ha destacado de este giro político “la posibilidad de un Gobierno que abre expectativas”, con la oportunidad “de mejorar las reglas laborales, la sanidad, la educación, la democracia, a los sectores de población que perdieron en la crisis y a los servicios públicos”.

La comisión de estudio de la reforma del sistema electoral de Canarias ha finalizado este viernes con la aprobación del dictamen de ponencia, que incluye el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP, Podemos y NC con bajada de topes electorales -del 30% al 15% insular y del 6% al 4% regional-, un diputado más para Fuerteventura y una lista regional adicional con otros nueve.

En la comisión no salieron adelante las propuestas de los Grupos Nacionalista y Mixto, quienes han anunciado la presentación de sendos votos particulares al dictamen.

La votación final se producirá en el Pleno de la próxima semana, y el dictamen se incorporará a la reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita en el Congreso de los Diputados.

La comisión de estudio ha concluido tras 14 meses de trabajo y la presencia de cinco partidos políticos extraparlamentarios, dos organizaciones sociales y más de una quincena de expertos.

El portavoz del Grupo Mixto (AS), Casimiro Curbelo, ha comentado que “la gente no va a entender” que se aumenten los dipuatados, cuya “única función” será servir a los intereses de los partidos políticos, especialmente en las islas grandes.

Ha comentado que se quiere favorecer el “voto urbano” de los grandes partidos, lo que “rompe los equilibrios” y perjudica a las islas periféricas. “Quieren destruir el modelo sin consenso y por la puerta de atrás”, ha subrayado.

Curbelo señala que es una “chapuza”

Curbelo ha dicho que a los proponentes de la reforma “no les interesan las islas menores” y por eso “quieren quitarles voz”, criticando que la reforma laboral “se hace como si fueran unos zapatos a la medida”.

En su opinión, los nueve diputados de la lista regional “no van a aportar absolutamente nada al Parlamento, solo gasto”, aparte de que se van a crear “diputados de primera y de segunda” entre los insulares y los regionales. “Están haciendo una chapuza”, ha comentado.

Con todo, ha dicho que si la reforma se aprueba “por la puerta trasera” en el Congreso, tendrá que volver al Parlamento para que “los cabildos sean escuchados”, dado que hay una “modificación sustancial” del texto del Estatuto.

“Esta reforma va a dividir Canarias, y si no, tiempo al tiempo”, ha indicado, pidiendo a todos los diputados de las islas no capitalinas que “no obedezcan” a sus partidos sino a los intereses de cada una de sus islas.

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que el nuevo modelo electoral va a “mejorar la calidad democrática” en el archipiélago, sin criticar no obstante el sistema aún en vigor, porque respondía a las necesidades del momento.

Ha apuntado que “no es verdad” que las islas periféricas sigan en un cierto subdesarrollo en comparación con las islas capitalinas, como ocurría en los años 70, aparte de que en la reforma, las islas menores no pierden diputados.

En su opinión, la Cámara actual está “desproporcionada” desde el punto de vista demográfico, recordando que el modelo actual también se aprobó en el Congreso dado que Canarias no tiene una ley electoral propia. “No satanicemos la herramienta del Estatuto”, ha señalado.

Campos ha dicho que la propuesta de reforma del Estatuto ya incluye la posibilidad de que haya lista regional, de ahí que niegue que haya una “modificación institucional” del texto, como esgrimen CC y ASG.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que la reforma impulsa un modelo más “solidario y justo” frente a lo “perverso” del actual, dado que con los 5.000 votos de ASG se “secuestra” la voluntad de los ciudadanos.

Al igual que Campos, ha destacado la colaboración del Foro Cívico Demócratas para el Cambio para poder impulsar la reforma electoral, y ha avisado a CC de que no van a permitir “vetos” para bloquearla en las Cortes.

Ha negado que el aumento de diputados suponga incremento presupuestario y ha retado a Curbelo a que diga cuantos diputados hacen falta en las islas. “¿Uno y hagamos de esto una dictadura?”, le ha espetado.

Según Santana, el nuevo modelo aboga por la “cohesión” del archipiélago frente al “insularismo caciquil” y el “baile de la yenka” que ha protagonizado CC en las últimas décadas.

El PP espera que CC y ASG “recapaciten”

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que el sistema actual de triple paridad “resiente” el principio de proporcionalidad, porque el voto de la isla periférica vale 17 veces más que el voto capitalino.

Ha dicho que está “al borde” de lo “constitucionalmente admisible”, y frente al nuevo escenario, ha mostrado su “decepción” por que no haya habido consenso para cerrar la reforma en Canarias y no a través del Congreso.

Por ello, ha pedido a CC y ASG que “recapaciten” y no den un “portazo” al consenso y a la posibilidad de que la reforma se cierre en el archipiélago. “Hay que evitar la perversión de que las minorías se sigan imponiendo a las mayorías”, ha subrayado.

Según Navarro, “esta es la única reforma posible en estos momentos”, pese a que cada grupo podría haber optado por otros sistemas. “Este es un paso discreto, pero imprescindible y en la buena dirección”, ha afirmado.

Ventura del Carmen, del Grupo Socialista, ha comentado que el modelo actual ofrece resultados que “distorsionan” la realidad y aumentan el “desapego” de los ciudadanos hacia los políticos, remarcando que la lista regional es la que “mejor” responde a los criterios de proporcionalidad entre población y territorio.

Ha dicho que la reforma responde a la “Canarias de hoy y no a la de 35 años”, y ha señalado que es “más costoso” que una isla no reciba lo que merece por determinadas alianzas derivadas del sistema electoral.

Además, ha advertido a CC de que no “dilate” la tramitación del Estatuto en el Congreso para evitar que el nuevo sistema no esté en vigor en 2019. “Todos debemos tener responsabilidad y altura de miras”, ha comentado.

“A lo mejor se van a tropezar”, insinúa CC

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha señalado que Canarias está construida sobre “equilibrios y solidaridad” y de abajo hacia arriba, de la isla a la autonomía, destacando que “se ha logrado” construir un sentimiento de canariedad común.

Ha comentado que solo con bajar las barreras electorales se logra que Ciudadanos entre en el Parlamento, “y sobre eso había acuerdo”, y ha avisado de que CC va a apoyar la reforma del Estatuto pero no la reforma electoral que se incluye. “Han buscado un atajo”, ha indicado.

Ruano ha dicho que al haber “modificación sustancial” del texto estatutario debe volver al Parlamento para que la debata, por lo que ha pedido a la oposición que afine “los tiempos” del proceso. “Quieren correr, correr, correr y a lo mejor se van a tropezar”, ha indicado.

El presidente de la comisión, Antonio Castro, ha señalado a modo de cierre que este proceso ha servido para constatar que el modelo actual es “constitucional y democrático” y al mismo tiempo, es “legítimo” que se quiera mejorar y que “se para bien” para todas las islas.

Curbelo ha pedido que conste en acta su “rechazo absoluto” a la presidencia de la mesa por no dejarle intervenir por alusiones de otros grupos.

El grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, integrado por ASG, ha presentado un voto particular al dictamen de la comisión parlamentaria que estudia la reforma electoral para defender “a ultranza” el vigente sistema de la triple paridad en la distribución de escaños.

Los grupos Socialista Popular, Podemos y NC han presentado una propuesta de dictamen en la que plantean ampliar los diputados hasta 70, desde los 60 actuales, y la incorporación de una circunscripción regional junto a las siete insulares, además de una rebaja en las barreras electorales.

La comisión de estudio se reunirá el próximo viernes para debatir el dictamen, que se someterá a votación en el pleno del Parlamento de la próxima semana, en donde se necesitan 40 votos para su aprobación, si bien los grupos proponentes del cambio solo reúnen 39.

En su voto particular, ASG plantea la rebaja de las barreras electorales, del 6% al 3% regional y de l 30% al 15% insular, informa este partido en un comunicado.

Pero en cuanto a las circunscripciones y la distribución de escaños, ASG defiende “a ultranza” que no haya cambios en el sistema, que considera de equilibrios. ASG estima además que aumentar los parlamentarios supondría asumir “un gasto público innecesario”.

El líder de ASG, Casimiro Curbelo, ha lamentado que el sistema electoral se acuerde en las Cortes, al no haber mayoría de dos tercios en el Parlamento de Canarias para cambiarlo en las islas, lo cual es una “maniobra política” que, aunque legítima, “perjudica gravemente al equilibrio de las islas”.