El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rebajado de tres años a seis meses de cárcel la pena a un manifestante condenado por atentado contra los agentes de la autoridad durante una protesta por el rapero Pablo Hasel al apreciar “un defecto” en la sentencia inicial, que consideró una botella de cristal un elemento peligroso para agravar la pena sin describirlo de forma suficientemente adecuada.

Así lo ha sentenciado la Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC, que ha estimado el recurso de la defensa del manifestante, ejercida por el letrado Xavier Monge, y ha rebajado al mínimo la pena para el condenado, frente a los tres años de cárcel que implicaban, de ser confirmados, su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2021 después de una concentración en el centro de Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de Hasel en la plaza Tetuán de Barcelona, que terminó en disturbios contra los Mossos d'Esquadra.

Según la sentencia inicial de la Audiencia de Barcelona (de la que no se modifican los hechos probados), el acusado lanzó varias botellas y al menos una “estalló en el suelo junto a los agentes”.

Sin embargo, los magistrados del TSJC consideran que durante el juicio no está suficiente bien descrito en los hechos probados que lo que estallara fuera una botella. Tampoco se aportó “pieza de convicción alguna”, agregan los magistrados, que sustentara la afirmación de que la botella estalló.

El “defecto” en la sentencia inicial, agrega el TSJC, se encuentra en “la insuficiencia en la descripción fáctica” de la sentencia, que no puede sustentar la agravación de la pena hasta los tres años de cárcel por considerar la botella un instrumento peligroso.

La Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC se ha mostrado tradicionalmente exigente con las condenas a manifestantes y ha rebajado las penas que algunas secciones de la Audiencia de Barcelona imponían por los delitos habituales contra activistas (atentado contra los agentes y desórdenes) basándose únicamente en el testimonio policial.

En este caso, los magistrados rebajan la pena por el “defecto” de la Audiencia de Barcelona a la hora de considerar la botella como elemento peligroso, y dejan la pena en el mínimo legal de seis meses por atentado a los agentes de la autoridad.

El resto de extremos de la sentencia sí se han confirmado. La Audiencia dio “plena credibilidad” a las declaraciones de los agentes de los Mossos d'Esquadra, y consideraba que declararon “de forma coherente, firme y coincidente”.

Remarcó la Audiencia que para que una declaración resulte “fiable y suficiente para fundar en ella una condena penal no es necesario que el testigo sea capaz de recordar con precisión todas las circunstancias”. “En realidad, una excesiva precisión resulta sospechosa, pues ni la percepción ni la memoria humana son exactas y completas”, añadió.

La sentencia consideraba “normal” que los testigos recordaran “lo esencial y no circunstancias accesorias”. Los jueces declararon probado que el otro acusado arrojó piedras, pero concluía que los agentes “no fueron suficientemente precisos” sobre el objetivo de estas piedras, por lo que llevó a la absolución, confirmada también por el TSJC.

“Lamentablemente se produjo un desgraciado accidente, pero la responsabilidad en modo alguno es achacable a la actuación policial”. Así concluye la Audiencia de Barcelona la investigación abierta a dos agentes de los Mossos d'Esquadra imputados por disparar el proyectil de 'foam' que reventó el ojo a una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel 2021. El caso queda definitivamente archivado en la vía penal.

En un auto, los magistrados concluyen que la lesión en el ojo de la joven se produjo por el impacto de un proyectil de 'foam' de la policía catalana, si bien descartan un “incumplimiento del protocolo” por parte de los agentes. Rechazan los magistrados que los antidisturbios rebasaran el Código Penal, no solo al negar que actuaran con ánimo de lesionar a la joven sino también porque concluyen que su intervención no fue imprudente.

Todo lo contrario. “No se ha objetivado -concluye la resolución- que la conducta de los agentes investigados haya llegado a infringir las más elementales normas de cuidado”. La única finalidad de los agentes, insisten los togados de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, fue “salvaguardarse”.

Según exponen los jueces, los escopeteros de la policía autonómica dispararon las balas de 'foam' autorizados por sus superiores y “con estricta observancia de los protocolos vigentes” en unas “circunstancias adversas”, en referencia a los disturbios que se estaban produciendo.

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021. Los Mossos dispararon decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados. Los distintos documentos recabados durante la instrucción del caso han constatado que los protocolos de los Mossos permiten disparar balas de 'foam' a una distancia en la que pueden provocar lesiones graves.

En su querella, la joven recalcó que en el momento de la lesión se encontraba junto a un grupo de viandantes y periodistas que grabaron los hechos, “lejos” del cordón formado por los antidisturbios, a unos 20 metros, y “alejada de la zona donde se podrían producir lanzamientos que causaran un riesgo a la línea policial”.

La resolución judicial pone en duda la versión de la joven. Sin llegar a culparla de las lesiones, como hizo el juez instructor Joaquín Aguirre, la Audiencia de Barcelona sí señala a la víctima por “efectuar dos lanzamientos” contra la línea policial. “Cabe la posibilidad”, agrega el auto, que disparo se produjera cuando la joven se agachaba “para aprovisionarse de botellas para lanzarlas al cordón policial”, de forma que el impacto del proyectil de 'foam' se produjera en el ojo cuando en realidad iba dirigido al abdomen.

“No se trata de buscar una valoración que justifique una conducta ilícita en la que hubieran incurrido los agentes para eximirlos, sino únicamente de buscar una hipótesis alternativa razonable para entender cómo pudo llegarse a producirse un hecho cierto, la lesión”, concluye el auto. Cerrada la vía penal, la joven ahora tiene la puerta abierta para reclamar una indemnización en vía administrativa a la Generalitat.

El centro Irídia, que ejercía la acusación del caso, ha destacado que el auto de la Audiencia corrobora que la lesión en el ojo de la joven fue causada por un proyectil de 'foam', lo que, a juicio de la entidad, “confirma la peligrosidad y la falta de precisión de estos proyectiles, que pueden causar lesiones irreversibles”.

Hace ya más de tres años, el 16 de febrero de 2021 una mujer de 19 años perdía un ojo. Un proyectil de foam, balas de goma utilizadas por los Mossos d'Esquadra, mutiló a esta joven cerca de la comisaría de Balmes (Barcelona), donde se manifestaba en contra de la entrada en prisión del cantante Pablo Hasél condenado ese mismo mes de febrero a la pena de nueve meses y un día de prisión a la que le sentenció el Tribunal Supremo en mayo de 2020 por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. Después se sumarían otras condenas.

En aquel momento, España salía de una dura pandemia, el activismo reaccionaba tras un 15M que iba quedando lejos y lo hacía en las mismas calles que en 2014 presenciaron la Diada de mayor convocatoria de la historia y que cinco años más tarde, en 2019, alojaron las convulsas protestas que dejaron a este país sobrecogido. Hay momentos de la historia donde parece que todo el pasado que nos conforma, reciente y menos reciente, converge.

Ese martes de febrero de 2021, a las ocho y media pasadas, cuando ese proyectil salió a más de 300 kilómetros con el peor de los destinos, bien podría ser uno de ellos. Ese es el momento que recoge el texto de Antonio Morcillo López, Azul (breve epopeya de un ojo entre la vida y la muerte, y que la compañía Hijas de Maritornes ha elegido montar. Un texto donde realidad, sueño y poesía se entremezclan. El ojo, de ese azul cuarzo de “días despejados y extremadamente fríos” será el personaje que sobrevuele y consiga fijar ese momento de la historia reciente de España para mirar y auscultar quiénes éramos, qué queríamos, qué odiábamos y a qué teníamos miedo en esa noche de febrero.

Azul propone partir de una situación teatral. Dos amigas de la joven mutilada, Maica y Carlota, esperan en una sala de espera mientras la operan. Lloran e insultan, culpan y se culpan. Pero en escena también aparecerán el exnovio antidisturbios de Carlota, la propia pelota de goma harta de “limpiar la mierda de los otros”, el funcionario del régimen nazi responsable del exterminio de los judíos Adolf Eichmann o la propia Audiencia Nacional que conversan y se quejan de que nadie les comprenda.

Incluso veremos pulular por escena al fantasma de María de Villota, la piloto de Fórmula 1 que perdió un ojo en un accidente y que después falleció debido a un coágulo. Todos convertidos en personajes de un espacio que va alejándose de la realidad y en el que reina ese ojo que va aprendiendo a mirar desde su nuevo estado incorpóreo tras acabar en un pequeño “cubo de basura, convertido en una masa gelatinosa de color púrpura”. Además, para rizar el rizo, la voz de ese ojo en escena es la de Carlos Hipólito.

¿Teatro político?

La obra que se presenta esta semana en la Cuarta Pared (del 12 al 21 de septiembre) no cubrirá las expectativas de quienes vayan a refrendar una injusticia, a reafirmar en escena lo que ya piensan. La apuesta es otra. “He huido de la pancarta todo lo posible”, cuenta a este periódico Rakel Camacho, “la propuesta del autor va por otro lado, que es la que me interesa, política, sí, pero con un plano poético que da profundidad y abre”, concluye.

Antonio Morcillo López es ya un bregado autor con obras como Los carniceros que ganó el Premio Marqués de Bradomín en 1998 o Bangkok que se estrenó en la sala La Villaroel de Barcelona en 2013. Su carrera mayoritariamente la ha ejercido en Barcelona y sus textos siguen la larga estela de influencia de Sanchis Sinisterra donde el relato se extraña dejando entrar lo poético, los cambios de plano y la pluralidad de registros. Aunque es un autor reconocido es quizá poco conocido. Camacho describe muy bien esta circunstancia, “hay algo de que es manchego en Barcelona y catalán en La Mancha o en Madrid, que es absurdo”.

En este montaje destaca también la mezcla de un código supuestamente amable, que incluso roza con la comedia blanca, pero que contienen a la vez ciertas cargas invisibles que incomodarán a más de un espectador. “Antonio no carga las tintas sobre el hecho en sí, es un texto irreverente pero que no ofende”, explica Camacho, “hay un humor negro, pero casi inocente, una nobleza que se aleja de la transgresión pero que sigue siendo bien cañera. La inocencia es lo más cercano al amor y a la no violencia”.

Mi hija me decía el otro día que qué podía pasar si un policía fuera a ver la obra, pues tendrá que abrirse de mente o, si no, irse”

Rakel Camacho — Directora escénica

El diálogo entre las dos amigas es apasionado, veloz en muchas partes, pero también de una radicalidad inmoderada y prejuiciosa. Exageran, insultan, deforman y denigran a la policía tildándolos de hijos de puta autómatas, psicópatas incapaces de amar o puros sádicos. “Mi hija me decía el otro día que qué podía pasar si un policía fuera a ver la obra”, cuenta Camacho, “pues tendrá que abrirse de mente o, si no, irse”, responde. Del mismo modo un espectador que vaya esperando ver una sofisticada teoría sociopolítica detrás de los discursos de las jóvenes se llevará una decepción. Maica y Carlota son dos veinteañeras, confundidas, en un momento extremo donde salen a flote sus miedos y contradicciones.

Nadie sale muy victorioso y la obra apuesta por una aproximación diferente. “Para mí es bien importante la inclusión de esos otros personajes como la propia pelota o María de Villota, personajes venidos de la nada a los que se invoca a dar su punto de vista”, apunta Jorge Kent. “Lo interesante es cómo a partir de un hecho concreto el autor abre las puertas a lo filosófico y lo poético, y cómo esa apuesta tiene una dimensión en la puesta en escena creando un viaje donde la violencia se enfrenta al amor”, remata Camacho.

Las Maritornes

Rakel Camacho acaba de estrenar en el Festival de Mérida La paz de Aristófanes en versión de Francisco Nieva. Camacho es una de las directoras más solventes del país. Hace dos años, sacó adelante uno de los mayores éxitos del teatro capitalino, Coronada y el toro, obra que recuperó al mejor Nieva y colgó el cartel de no hay entradas durante semanas en las Naves del Matadero (Madrid). Jorge Kent, a su vez, es uno de los actores más potentes y polivalentes del panorama patrio, capaz de interpretar a un trans espiritual de tres pechos en Coronada, el gran Hombre Monja, y de abordar proyectos como El padre, dirigido por Josep María Mestres en el que compartía escena con José María Pou. Son ya veteranos de la escena. Ambos son de Albacete.

Pero la industria teatral, el oficio, “no está bueno” ―que diría Yung Beef― y estos dos manchegos han decidido replegarse para retomar vuelo. La obra Coronada y el toro no ha conseguido tener ni un solo bolo de gira después de Madrid, algo incomprensible y que habla mucho de la salud de los circuitos teatrales del país.

“Coronada ya está muerta, quien quiera verla tendrá que hacerlo en vídeo. Hubo muchas llamadas, muchos proyectos que extrañamente se truncaron”, explica con amargura Camacho, “lo he pasado mal, pero no más quejas, además ahora estoy sacando proyectos adelante como el Nieva que hemos hecho en Mérida o la obra que estamos preparando para el Teatro de la Abadía de Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás”, afirma esta directora, que dice estar muy ilusionada con el proyecto de la nueva compañía donde “se unen las ganas de trabajar juntos y hacerlo desde la cercanía, en familia, con criterios comunes”.  

Camacho y Kent se juntaron con otra actriz manchega, Nuria López, “que es quien ha conseguido bajar a tierra el proyecto y lo ha posibilitado”, apunta Jorge Kent, y así nació Hijas de Maritornes. Nuria, además de llevar la producción, interpreta el papel de una de las amigas, Carlota. Un elenco en el que también están, aparte de Kent, Raquel Arroyo y Marta Mejías. La obra ha sido estrenada en el Teatro de la Paz de Albacete hace unos días. Un repliegue al terrruño que tiene en el nombre de la compañía su explicación.

Maritornes, “una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy sana”, como la describe Cervantes en su Quijote. Maritornes, que sirve comidas y favores en la Venta de Palomeque y de quien el teórico Agustín Redondo diría, “lleva pues inscrita en la cara la señal de su lujuria, dado que es roma y además tuerta, lo que hace de ella una mujer al revés, según los cánones al uso. De ahí que la asturiana se llame Maritornes es decir que es una María al revés, una de esas que se llaman también Marimontón, ya que no tiene nada del virginal pudor de la madre de Cristo”.

Al leerle ese pasaje a la compañía Kent dice, “eso es, bien explicado”. Camacho a su vez añade “Maritornes, manceba, puta, tabernera, sin hijos, nosotras somos las hijas de Maritornes, pura paradoja, donde no existe hay que crearlo. De eso va la compañía”. Además, el nombre fonéticamente me encanta, pura sequedad manchega, pero con brillo“, sentencia.

El final de la obra es encendidamente poético y abierto. Casualmente fue escrito poco antes de la sentencia de un juzgado de Barcelona que exculpaba de cualquier responsabilidad a los Mossos d’Esquadra y en la que además el juez afirmaba que la joven debía “cargar con las consecuencias” de haber acudido a unos disturbios y haberse “autopuesto en peligro”. La compañía y el autor no han tocado el final tras la sentencia. Aun así, ese momento de esa noche del 16 de febrero de 2021 rescatado y fijado por la obra, ese momento donde convergían tantas cosas de esta sociedad contemporánea, ya no es el mismo desde la sentencia. Nada lo es, ni ir a manifestarse, ni esta obra llamada Azul, ni tan siquiera ir al teatro.  

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha decidido exculpar a los Mossos d'Esquadra de la pérdida de un ojo que sufrió una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel 2021. En un auto, el magistrado no solo descarga de toda responsabilidad a la policía catalana, sino que también considera que la joven debe “cargar con las consecuencias” de haber acudido a unos disturbios.

El reproche que el magistrado realiza a la joven por haberse, en palabras del juez, “'autopuesto en peligro”, ha indignado a la familia y a la propia víctima, que ha escrito una carta de respuesta. “Para el juez mi mutilación es considerada justa porque yo me expuse a ella. ¿Eso quiere decir que no es seguro salir a la calle a manifestarse?”, se lamenta la joven en la misiva que ha leído su padre ante los medios.

La familia ha comparecido para explicar el recurso de apelación que tanto la acusación particular como la popular del centro Irídia han presentado contra el archivo del caso a los tres mossos imputados (dos escopeteros de 'foam' y su superior jerárquico).

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021. Los Mossos dispararon decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados. En su querella, la joven recalcó que en el momento de la lesión se encontraba junto a un grupo de viandantes y periodistas que grabaron los hechos, “lejos” del cordón formado por los antidisturbios, a unos 20 metros, y “alejada de la zona donde se podrían producir lanzamientos que causaran un riesgo a la línea policial”

Por contra, el juez afea a la joven haberse integrado en unos altercados que, según su relato, intentaron “asaltar” una comisaría de la Policía, lo que provocó que los Mossos tuvieran que disparar los proyectiles de 'foam'. No valora el juez en su auto si la distancia a la que dispararon los agentes se ajustó a los protocolos ni si, como marcan las normas internas, pudieron disparar por encima del abdomen.

Se centra mucho más el magistrado en los altercados y el “lanzamiento de objetos peligrosos” que sufrieron los agentes. “Ante la incesante lluvia de objetos es imposible afinar el tiro”, considera el juez, que afea a la joven “haberse autocolocado en situación de peligro al verse obligados los Mossos a repeler la agresión contundente de los manifestantes”.

“Lo que en modo alguno es esperable es que las fuerzas policiales no reaccionen ante una agresión tan grave y violenta como la que estaban sufriendo, lo cual obliga a la querellante a cargar con las consecuencias de su autopuesta en peligro”, asevera el magistrado.

El juez llega a comparar los disturbios de Barcelona por Hasel con la 'Kale Borroka': “Si estos hechos hubieran sucedido en el País Vasco antes de la tregua con ETA, hubieran sido calificados como actos terroristas”.

En su carta, la joven mutilada, que por entonces tenía 19 años, relata los daños psicológicos sufridos debido a la pérdida del ojo. “Tuve que reaprender a comer sola, pasé meses en cama medicada y recibiendo cuidados”, señala. Y prosigue: “Empezó a darme asco mirarme al espejo y cogí complejo de que me mirasen a los ojos por si alguien pudiera darse cuenta de que ahora soy un monstruo”.

Denuncia la afectada que desde entonces sufre estrés posttraumático y ataques de ansiedad graves. Un “sinfín de trabas”, como lo describe ella, que considera que al juez “le dan igual”. “Voy a tener que seguir esperando más tiempo para intentar obtener la justicia que merezco”, cierra el texto.

La acusación de la joven, que ejerce el abogado Xavier Muñoz, mantiene en su recurso que el juez ha realizado “un juicio de fondo anticipado” sobre el caso que no le corresponde como instructor, sino que es algo que deberá realizar un tribunal tras una vista oral.

Por su lado, el centro Irídia, que ejerce la acusación popular, ha advertido en su recurso que el juez confunde los proyectiles de 'foam', un tipo de arma de precisión, con las anteriores balas de goma, que los Mossos emplearon hasta su eliminación en 2015 tras el caso Ester Quintana. “Todo el argumentario va encaminado a justificar la actuación policial, sea cual sea, por el contexto de altercados”, critica el recurso.

Ambas acusaciones insisten además en que pese a que anteriormente se habían producido altercados, en el momento del disparo que dejó sin ojo a la joven, ella se encontraba “resguardada tras un contenedor” y que no se estaban produciendo lanzamientos a la línea policial. Los recursos se han presentado directamente ante la Audiencia de Barcelona.

“No existe lawfare en España”. Así de contundente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 31 de diciembre pasado en La Vanguardia. Semanas antes, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentaba argumentar que era un concepto que había quedado fuera del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía.

Unos años antes, en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era tajante ante quienes, desde la izquierda, como el vicepresidente Pablo Iglesias, hablaban de déficits democráticos en España. “España es una democracia plena”. insistía Sánchez en sede parlamentaria.

Por aquel entonces, se acumulaban casos, como la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos, las causas a raperos como Josep Valtònyc y Pablo Hasel, por ejemplo, la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio parcial a Arnaldo Otegi, quien pasó siete años de cárcel, y las causas contra los titiriteros, o los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, el caso Alsasua, los seis de Zaragoza... Incluso quedaban en la memoria casos previos, como el del concejal sevillano de IU Antonio Torrijos, por ejemplo. Y es que el lawfare busca expulsar a quienes representan una amenaza para el sistema, a través del uso de causas falsas y en connivencia con el poder mediático.

Pero Pedro Sánchez no lo criticaba entonces. Y cuando habla ahora y apela a la “regeneración democrática” no recuerda aquel pasado: el presidente dice que no hay precedentes con respecto a lo que él y su familia están sufriendo: “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”.

Sin embargo, su caso no es el primero de noticias falsas y bulos que terminan siendo dosieres judiciales, como aquel informe PISA sobre la financiación de Podemos y el posterior bulo de los pagos del Gobierno de Nicolás Maduro, ante los que respondía Sánchez de esta manera: “Venezuela llegó a la política española de la mano de Iglesias y Monedero”. El uso de la justicia contra rivales políticos estaba presente en muchos ámbitos, pero entonces reivindicaba índices democráticos como el de la revista The Economist y pedía “máximo respeto a la independencia de los jueces”.

Pero en los últimos tiempos el presidente del Gobierno ha visto cómo se le deshumanizaba, cómo se asociaba el sanchismo a las peores pesadillas, al terrorismo y al golpismo, y cómo se construían procesos judiciales contra su esposa con mentiras publicadas en medios de comunicación.

Y, entonces, hace una semana, Sánchez estalla. Ya no habla de “máximo respeto a la independencia de la Justicia”, como hacía ante informaciones sobre uno de los múltiples casos archivados –más de 20 querellas desde 2015– sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, por ejemplo: aquellos eran tiempos en los que Ximo Puig y el PSOE terminaron dejando caer a Mónica Oltra en Valencia por un caso armado por grupos de extrema derecha y que posteriormente se ha demostrado inconsistente.

Oltra, en su despedida, en junio de 2022, sentenciaba: “Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también”. Una de esas personas fulminadas políticamente, por ejemplo, ha sido Victoria Rosell, jueza y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género con Irene Montero. Rosell vivió desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella, y por el camino tuvo que dejar la primera línea política como diputada, además de recibir el veto del PSOE a su acceso al CGPJ como vocal. Y esta semana pasada pedía reformas al presidente:

¿Y cómo se aterriza la “regeneración democrática”?

El miércoles de la semana pasada Sánchez dice que ya no puede más: está sufriendo en sus carnes cosas parecidas por las que otros pasaron anteriormente en los últimos años, ve el daño que eso causa a su familia y decide dar un puñetazo encima de la mesa en forma de carta.

La carta es inédita: nunca antes en España –ni en el resto del mundo– un jefe de Gobierno escribía a la ciudadanía para anunciar un periodo de reflexión de cinco días en torno a su continuidad al frente del Ejecutivo. Lo habitual, hasta ahora, era que el líder político reflexionaba en la intimidad y, posteriormente, comunicaba una decisión de este tipo.

Pero Sánchez hace otra cosa, comparte su sufrimiento, comparte sus sentimientos de amor a su esposa y su familia y muestra un lado humano desconocido en él; desconocido en cualquier líder político.

El marco estaba claro, y lo había establecido el presidente del Gobierno: el acoso mediático y judicial injusto contra su esposa está causando un daño tan profundo como para replantearse su permanencia al frente del país. A partir de ahí, Sánchez inicia cinco días de reflexión y el país y su partido viven cinco días en vilo, con momentos dramáticos en la reunión del Comité Federal del PSOE, un partido de 145 años de historia que, de repente, se siente huérfano ante la hipótesis de la renuncia de Sánchez.

Y los días pasan, arranca la campaña electoral de Catalunya sin saber si Sánchez seguirá siendo presidente, se celebra el principal órgano del PSOE entre Congresos –Comité Federal– sin la presencia de su secretario general, se convocan movilizaciones el sábado y el domingo en Madrid, y los medios de comunicación se llenan de informaciones y tertulias en torno a los asuntos señalados por Sánchez en su carta: el uso de la justicia, la política y los medios para acabar con el rival político y la consecuente necesidad de una regeneración democrática.

Llegó el lunes, concluyeron los cinco días de reflexión y, ¿qué pasó después? Nada aún, a pesar de que sus socios de Gobierno y parlamentario han presentado numerosas propuestas.

Sánchez dijo que se quedaba, el PSOE respiró aliviado, sus socios de gobierno respiraron aliviados, pero no anunció nada más en su comparecencia sin preguntas. Tampoco en su entrevista de esa noche en TVE ni a la mañana siguiente en la Cadena SER. Se dice que quiere reformar la Justicia pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Cuándo? Sánchez se ha mostrado como víctima del lawfare, por el espionaje al que fue sometido por las cloacas policiales al llegar a la secretaría general del PSOE, en 2014, pero ni siquiera ha tenido el gesto de recordar a quienes sufrieron las cloacas antes que él y en todos estos años se mostró cuando menos poco empático.

En efecto, Sánchez señaló la importancia del poder mediático en la destrucción de los rivales políticos, pero ni anunció ninguna medida al respecto ni reivindicó a las víctimas que lo precedieron.

Sánchez paró cinco días, mantuvo en vilo a un país de 47 millones de habitantes, a un partido de 145 años... Y, cuando volvió, pronunció un discurso ya pronunciado muchas veces en el pasado por otras personas que no necesitaron cinco días de reflexión para elaborarlo y que, además, no vino acompañado por ninguna medida concreta, por ninguna transformación que hiciera posible atajar el uso político de la justicia y los medios para destruir rivales sin reproche alguno.

Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tampoco aprobó ninguna medida para atajar los males enunciados por Sánchez 24 horas antes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco fue capaz de concretar ninguna propuesta que el Gobierno esté pensando en presentar para contrarrestar lo que denunció Sánchez el día antes.

Nada.

Sánchez se tomó sus cinco días de reflexión: publicó una carta abierta, mantuvo a un país y un partido en vilo. Y, después de todo, no hay nada concreto.

El 16 de febrero se cumplen tres años de la entrada en prisión del rapero catalán Pablo Hasél. Desde entonces, su voz apenas ha traspasado los muros de la cárcel de Ponent (Lleida) donde está a punto de completar la mitad de la condena.

Hasél tiene dos condenas que suman dos años y nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en canciones y tuits, a las que se le añadieron otras dos penas de cárcel. Una es por agresión a un periodista y otra por obstrucción a la Justicia y amenazas a un testigo de un juicio en el que se absolvió a varios policías de Lleida acusados de agredir a un activista. Todo ello suma algo más de seis años y dos meses de cárcel. Pablo Rivadulla Duró (su nombre real) no obtendrá la libertad definitiva hasta el 14 de abril de 2027.

Coincidiendo con el tercer aniversario de su encarcelamiento, se ha publicado Open Letter To Pablo Hasél, canción compuesta para recordar al mundo que en España hay un rapero encarcelado por delitos de opinión. La idea fue del pianista Albert Marquès, que meses atrás grabó un disco con Keith LaMar, convicto estadounidense que lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte de una prisión de Ohio. Marquès contactó con Hasél a través de la plataforma No Callarem, pero a Hasél no ha podido participar en la grabación. El rapero estadounidense Samuel Omare y el productor Hermes LeBleu han completado la pieza.

La siguiente entrevista, una de las pocas que ha concedido, se ha realizado por escrito. Ese formato sí se le permite, en cambio, por una entrevista reciente con una radio, ha sufrido una sanción. Según explica el Departament de Justícia de la Generalitat, hacer una entrevista con “un medio de comunicación audiovisual” sin autorización previa “se considera un mal uso del derecho a las comunicaciones y es objeto de sanción”.

Siendo sus delitos, principalmente, sus opiniones, ¿a qué le suena la palabra reinserción y en qué sentido percibe que su paso por la cárcel va a reinsertarle?

La ‘reinserción’, en general, es una auténtica farsa, al nivel de ‘la ley es igual para todos’. No ofrecen oportunidades dignas para que los reclusos abandonen la delincuencia y además los primeros que la ejercen son los poderosos que jamás pisan la cárcel. En el caso de los presos políticos como yo, no tenemos que reinsertarnos porque estamos bien insertados defendiendo intereses populares, con una vida íntegra. Los represores llaman ‘reinserción’ a que los luchadores acatemos su orden terriblemente injusto, criminal y putrefacto; para eso se ensañan. Pero un revolucionario solo puede reafirmarse aún más si cabe en estos pozos, viendo más injusticias flagrantes y siendo castigado por pelear por intereses colectivos. Así que no van a lograr su objetivo. No me arrepiento, estoy orgulloso de oponer resistencia.

Los presos políticos que no renegamos de la lucha por la que nos encarcelaron y rechazamos realizar el programa de tratamiento enfocado al arrepentimiento no tenemos beneficios penitenciarios

¿Cuáles cree que son las dinámicas que buscan su reinserción y cuáles cree que están más enfocadas a la represión y el castigo?

Ambas cosas van ligadas. Voy a poner un ejemplo que ilustra bien el timo. Otro preso de mi módulo y yo intentamos estudiar un ciclo y nos pusieron tantas dificultades que tuvimos que dejarlo. A él incluso le recomendaron no estudiar, ¡cuando en teoría han de fomentar el estudio y cobran por ello!

Los presos políticos que no renegamos de la lucha por la que nos encarcelaron y rechazamos realizar el programa de tratamiento enfocado al arrepentimiento no tenemos beneficios penitenciarios. Es decir, que cumplimos la condena hasta el último día. De lo contrario, cumplido un cuarto de la condena hubiera tenido permisos y por la mitad ya estaría fuera. Llevaría tiempo en la calle si me hubiera arrodillado. Pero no luché para luego legitimar la represión y no mantenerme firme ante esta; eso sería una falsa libertad. Una humillación, una traición a la causa y a mí mismo que evidentemente la conciencia hace imposible. Cuando uno dice que está mal la lucha que ha llevado a cabo, aparte de denigrarse, está legitimando que también se castigue a otros que hagan lo mismo. ¿Cómo voy a decir que lo mejor que un ser humano puede hacer, servir al bien común, es erróneo? Precisamente hace falta enaltecer la lucha y más en estos tiempos. Así es como la intención de su castigo fracasa.

La música es una de las herramientas que se utilizan en los centros penitenciarios para hacer más llevadera la vida de los convictos. En algunos centros de Catalunya incluso se ofrecen talleres de rap. ¿Los hay en la prisión de Ponent? ¿Ha participado en algún taller de este u otro tipo?

Aquí no hay talleres de rap. A lo que llaman ‘talleres’ es a la sobreexplotación de los presos que van a coser por una miseria; entre otras cosas, sacos para cadáveres.

En teoría, nuestra condena es la privación de libertad, no de música. Deberíamos tener acceso a la que nos plazca. Es una de las cosas que me ha jodido más porque me gusta mucho escucharla y descubrir cosas nuevas

¿Puede escuchar música grabada en la cárcel? ¿Tiene televisión, reproductor de CD o reproductor de mp3? ¿Cómo obtiene la música y qué tipo de músicas escucha? ¿Me puede poner ejemplos de discos, artistas o canciones que le hayan acompañado a lo largo de estos meses?

He escuchado canciones de flamenco o de rap de presos que las han grabado aquí. Tengo televisión y reproductor de mp3. Conseguir la música que uno quiere ha sido muy difícil durante muchísimo tiempo. Ahora hay alguna facilidad más en informática, pero lógicamente no toda la que quisiéramos.

En teoría, nuestra condena es la privación de libertad, no de música. Deberíamos tener acceso a la que nos plazca. Es una de las cosas que me ha jodido más porque me gusta mucho escucharla, descubrir cosas nuevas, etc. Escucho canciones de multitud de géneros y últimamente ando muy centrado en las bandas sonoras de películas. Me apasionan y además me inspiran para escribir. Una de mis favoritas es la de El último samurái, de Hans Zimmer.

Por poner ejemplos de algunas de las canciones que más he escuchado aquí: A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke. Es muy esperanzadora y me anima. Behind The Enemy Lines de Dead Prez habla de la cárcel, de los presos políticos y es uno de los grupos que más me marcó para hacer rap revolucionario. Poema Dels Oprimits, de Ken Zazpi, habla de lucha y represión. Y Vientos de octubre de RPG-7. También he quemado mucho las canciones revolucionarias irlandesas o las de Grup Yorum, un grupo comunista turco con miembros encarcelados.

¿Me puede resumir su régimen de visitas y contactos con el exterior ya sea físico, por teléfono, correo electrónico...?

Dos visitas semanales de media hora en locutorios a través de un cristal. Un vis a vis al mes con mi compañera de cuatro horas y 25 llamadas semanales de ocho minutos cada una. Antes había menos llamadas y no las han subido únicamente por las reiteradas quejas, sino porque suponen un gran negocio. Cada llamada cuesta un euro y los fines de semana o en según que horarios, dos. No tenemos acceso a correo electrónico. Esas son las comunicaciones a las que tenemos derecho todos los presos, además de las de abogados, excepto cuando hay sanciones graves. Hay presos que reciben algún vis a vis extra por realizar algunos trabajos no remunerados.

Solicité grabar música porque todos los presos que quieren pueden hacerlo en la actividad musical y el propio profesor me lo ofreció cuando llegué. Luego le dieron el toque y vinieron las evasivas sin hablar claro. No me lo permitieron

¿Ha solicitado poder grabar música en la prisión? ¿Sabe de otros presos que hayan grabado canciones? Si se le ha denegado, ¿qué justificación le dieron?

Lo solicité porque todos los presos que quieren pueden hacerlo en la actividad musical y el propio profesor me lo ofreció cuando llegué. Luego le dieron el toque y vinieron las evasivas sin hablar claro. Venían con la excusa de que primero tenía que hacer clases de guitarra en la actividad musical, cuando a otros presos les graban enseguida. Para desmontarles el pretexto, acudí unos meses a las clases de guitarra y solfeo, pero tampoco me lo permitieron. Ante mis quejas, corroboré que las órdenes venían de arriba. No me han dado un argumento, pero es evidente que es un castigo por no doblegarme. También, para desenmascarar la prohibición, les dije que grabaría canciones sin el contenido por el que he sido encarcelado, dejando claro que la censura es repugnante porque la Generalitat se llena la boca de libertad de expresión. Pero no me dejaron ni grabar una canción para mi compañera o para mi madre. La prueba más palpable de que es por joder y punto.

Esto incumple su código penitenciario que dice que no se puede discriminar a un preso por razones ideológicas. Pero, vamos, incumplen numerosos puntos en incontables asuntos quienes luego nos repiten hasta la saciedad que cumplamos la ley que ni ellos respetan.

¿Puede describirme su actitud dentro de la cárcel en términos de cooperación o enfrentamiento a las diferentes disciplinas internas? ¿Cree que su actitud es un agravante para que no se le permita grabar? ¿Y que no dejarle grabar es, por lo tanto, un castigo a su actitud? ¿O cree que precisamente por su condición de persona presa por sus opiniones políticas es imprescindible que no grabe ninguna canción que pueda ser escuchada fuera de la prisión?

El hecho de no realizar el programa de tratamiento, que es un lavado de cerebro fascista en el que pretenden que realice cursos de corrección de actitudes y pensamientos al lado de muchos que han cometido atrocidades, es para ellos un mal comportamiento porque el objetivo de la condena es mi sometimiento. La Generalitat es tan opresora que equipara la defensa de derechos y libertades a las violaciones, pues los cursos se hacen al lado de violadores, maltratadores, pederastas, etc. Lógicamente no los realizaría bajo ningún concepto porque no he de corregir mi rebeldía, pero estas condiciones aún ponen más de relieve cómo actúan. No puede ser que si esto sucede con Franco se le llame fascismo y si se impone en nombre del progresismo sea baladí, cuando aún adquiere mayor gravedad y repugnancia.

Tampoco les gusta un pelo que dentro de la lucha que llevo a cabo denuncie las condiciones inhumanas de la cárcel ―especialmente en Catalunya, la de Ponent, que literalmente se cae a cachos y tiene plagas de chinches, cucarachas y ratas, como incluso han denunciado sindicatos de carceleros―, la farsa-negocio que es esta o las políticas en general del Govern. Esto aumenta su inquina y si no me han jodido aún más es porque saben que no me quedaré de brazos cruzados y que fuera hay mucha solidaridad.

Si me hubiera rendido no solo accedería a beneficios penitenciarios. También me hubieran permitido grabar canciones inofensivas para ellos.

¿Podría grabar canciones en Ponent si estas no salieran de la cárcel o ni siquiera se le ofrece esta opción?

No, no se me permite.

¿Qué estamento impide que grabe música?

Instituciones Penitenciarias, el Departament de Justícia. Pero lógicamente, en colaboración con los tribunales que me condenaron. En definitiva, con el resto del régimen. No actúan por separado en cuestiones de este calado. El colaboracionismo de la Generalitat en multitud de casos represivos es un no parar.

En Estados Unidos, el convicto Keith LaMar ha podido grabar un disco desde el corredor de la muerte con el pianista de jazz Albert Marquès. ¿Cómo se explica que usted, con una condena mucho menor que responde a un delito mucho menos grave, no pueda grabar música desde la cárcel?

Este ejemplo lo resume todo. Estoy encarcelado por una lucha revolucionaria y eso los Estados capitalistas en general es lo que más combaten. Aún mucho más, un régimen como el español, en el que no hubo ruptura con el fascismo ni depuración alguna. No hay otro caso como el mío en Europa y en tantos otros lugares.

¿El régimen penitenciario es más estricto en España que en Estados Unidos o simplemente es más estricto con usted?

No conozco con precisión el régimen penitenciario estadounidense, aunque me consta que también es muy duro e igualmente se ceba con los luchadores. Pero incluso en las entrañas de la bestia imperialista hay más libertad de expresión que aquí. Lo que a mí me sucede puede ser una novedad en cuanto a que en la farsa ‘democrática’ se encarcele a un artista, pero no es ninguna novedad en cuanto a que se castigue especialmente a los presos políticos. Muchos encarcelados durante décadas han sufrido y sufren golpes mucho más duros, como los [prisioneros] que no son liberados pese a tener enfermedades graves.

¿Qué sensación te produce no poder explicar con su propia voz lo que siente en estos momentos y tener que delegar ese papel en otro rapero, el estadounidense Samuel Omare para el tema con Albert Marquès?

La música para mí siempre ha sido un desahogo, además de un medio para transmitir y denunciar. Claro que echo de menos poder vomitar las entrañas grabando; y más, en una situación como esta. Pero no solo por este contexto, sino por el genocidio que sufre el pueblo palestino y por tantas otras atrocidades más. No delego en otro rapero porque no graba una letra mía. Es más una muestra de solidaridad suya y de Albert, una defensa de la libertad de expresión.

Mucha gente, cuando escuche la canción, y aún agradeciendo el esfuerzo y la cooperación del rapero neoyorquino Samuel Omare, se preguntará, ¿ningún rapero español podría ser la voz de Pablo Hasél en esta canción?

Ha habido solidaridad por parte de algunos raperos, pero muy poca a efectos prácticos. Como el resto del mundo del arte y de la cultura, es un panorama muy individualista, cobarde y mercenario. No comprenden o no quieren comprender cuánto nos jugamos en la defensa de la libertad de expresión u otros derechos y libertades. Algunos lo saben, pero se ponen vendas de billetes. Sí se podría haber contado con alguno para la canción como sí se ha podido contar para otras cosas, pero la idea que comparto con Albert es que se refleje la importancia de la solidaridad internacionalista.

¿Se le permite publicar libros de poemas como Poemas para atravesar las rejas (2022) o el más reciente Erosionant murs (2023) pero no grabar canciones? ¿Resulta menos peligroso un poemario que una pista de audio?

No pueden prohibirme escribir, aunque realmente el contenido sí está prohibido, porque imponen condenas para intentar condicionar lo que escribimos. Han demostrado en numerosas ocasiones que literalmente es ilegal denunciar según qué hechos objetivos u opinar según qué cosas sobre los poderosos. Otra cosa es que no puedan condenar a todo el mundo. Para eso están los castigos ejemplarizantes, los cabezas de turco.

La voz, y más en estos tiempos, puede llegar mucho más lejos que algo escrito. Por eso puedo realizar entrevistas escritas, pero no grabadas con audio. Acaba de llegarme una sanción de 15 días quitándome una hora y media de patio por las tardes por haber realizado una entrevista por teléfono para la radio.

Lo más doloroso es la distancia forzada con mis seres queridos más cercanos, la falta de una mínima libertad para cosas tan básicas como comer algo decente o pasear al aire libre y los problemas de salud que me han generado

Estamos hablando solo de música. ¿Es el musical el aspecto en el que más le duele no poder desarrollar su vida como lo haría en el exterior?

No, lo más doloroso es la distancia forzada con mis seres queridos más cercanos, la falta de una mínima libertad para cosas tan básicas como comer algo decente o pasear al aire libre y los problemas de salud que me han generado.

¿Hay otros aspectos de su vida en prisión en los que considera que se están vulnerando sus derechos?

No recibo todo el tratamiento que necesitaría para la enfermedad que me diagnosticaron aquí, la [Enfermedad] de Crohn. Es estomacal y no tengo acceso a la dieta adecuada. Si me realizaron las pruebas en condiciones fue gracias a la lucha exterior, pues los Mossos vulneraban el derecho a la intimidad y la enfermedad se agravó por la tardanza. Las condiciones tan indignas de esta prisión ―valga la redundancia― también vulneran los pocos derechos que tenemos como presos. Uno de las más graves es la ausencia de timbres en las celdas para avisar de madrugada si hay una urgencia, como en teoría tiene que haber.

A punto de cumplir tres años en prisión, ¿cuál es su misión en Ponent?

Continuar aportando a la lucha y aprovechar el tiempo para mejorar.

Keith LaMar debería estar viviendo hoy el último capítulo de su vida. Este 16 de noviembre de 2023, una inyección letal debería entrar por sus venas, paralizar sus pulmones y finalmente causarle un paro cardíaco. Ese era su destino, y de él era consciente desde que en 1993 fue condenado a la pena capital por participar activamente en la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de Lucasville donde cumplía condena por otro asesinato. En julio, tras casi tres décadas en el corredor de la muerte, recibió la noticia de que su ejecución quedaba aplazada al 13 de enero de 2027. El motivo no fue misericordioso, sino meramente logístico: la empresa farmacéutica que fabrica esas inyecciones se niega a servirlas a centros penitenciarios de Ohio para que ejecuten a personas. La semana pasada otro reo de Texas sí fue ejecutado mediante una inyección letal.

La plataforma Justice For Keith LaMar lleva años defendiendo su inocencia y luchando para impedir esa ejecución. Uno de sus últimos cartuchos era actuar en Ohio, el Estado donde nació Keith LaMar y donde lleva encarcelado más de media vida. En primavera ya se celebraron tres conciertos con el objetivo de presionar al gobernador de ese Estado para que anulase la ejecución. Lo hizo, pero no por voluntad propia sino forzado por la ausencia de inyecciones. Aun así, fue una victoria que permitiría ganar tiempo al tiempo. Una semana antes de la anunciada ejecución, hubo otra ronda de actuaciones en Ohio. La primera fue en Cleveland y la segunda en Akron, la ciudad más próxima a la prisión de Youngstown donde sigue esperando su ejecución o su liberación.

En estos recitales se presenta Freedom First, el disco que grabó en 2022 el pianista catalán Albert Marquès con la valiosísima participación de Keith LaMar, que recitaba poemas desde su celda. En el último año, ese repertorio se ha presentado en lugares como Nueva York, Barcelona, San Francisco y Santiago de Chile. En todas estas ciudades, el público podía escuchar la voz de LaMar en vivo, lo cual convertía las actuaciones en un efímero espacio de libertad y en un altavoz para defenderse por sí mismo. Pero ninguna actuación podía ser más intensa y conmovedora que las programadas en Ohio en presencia de sus familiares y amigos. Inicialmente, se planificaron como último cartucho para evitar su ejecución, pero el aplazamiento ha transformado completamente el ambiente.

El kilómetro cero

No es la primera vez que el cuarteto de Albert Marquès y Keith LaMar actuaba en Ohio, ya que en primavera hubo otra gira de tres conciertos. “Pero Ohio es el kilómetro cero de todo esto porque es donde la presión popular puede surtir más efecto”, destaca el pianista por vía telefónica. Sin embargo, los recitales se viven de otra manera. “En un concierto con afroamericanos entre el público, casi todos tienen algún familiar en la cárcel o han vivido algún episodio de violencia. En el peor de los casos, estos conciertos generan una retraumatización o una reapertura de heridas. Y en el mejor, una catarsis colectiva”, valora. “La pregunta es si después de sentir todo esto eres capaz de dar el siguiente paso e implicarte en esta lucha”, se pregunta. Y ahí entra en juego la campaña Justice For Keith LaMar que lleva años recogiendo fondos y trabajando por la causa.

Amy Gordiejew conoció a Keith LaMar hace 13 años. Ambos vivían en Youngstown; ella en libertad y él en el corredor de la muerte de la prisión de la ciudad. Fue ella quien ayudó a que su versión de los hechos cruzase los muros de la prisión a través de la autobiografía Condemned. Una vez publicada, coordinó su distribución y las relaciones de LaMar con el exterior. “He ayudado a que Keith esté en lugares a los que en otra situación podría haber ido solo y hablado por sí mismo”, aclara. Como máxima responsable de la campaña que pide su liberación, no ha faltado a estos conciertos en Ohio. “De niña me enseñaron que si alguien pide ayuda, tienes una oportunidad de responder y sentirte orgullosa de no haber dado la espalda. Pero más allá de eso, Keith es mi amigo más íntimo y como somos amigos, lo correcto es ayudarle”, resume.

Ken Wright también asistió al concierto de Akron. Es amigo de la adolescencia de Keith LaMar, pues se conocieron con 15 años en el instituto y jugaban en el equipo de baloncesto. “Crecimos en la misma zona, pero nuestros contextos familiares eran muy distintos. Él tuvo que afrontar unos desafíos en esa época de crecimiento por los que yo no tuve que pasar. A esa edad tú quieres tener libertad de movimientos y no tener que responder por nada ni ante nadie y yo pensaba que deseaba eso que sí tenía Keith. Pero él siempre me decía: ‘Eres muy afortunado por tener la familia que tienes. No creo que quisieras cambiarte por mí’”, explicaba por teléfono horas antes de la actuación.

LaMar empezó a traficar con drogas y en 1989 se vio envuelto en un tiroteo en el que recibió dos balazos y disparó a un rival, otro amigo de la infancia, al que mató. Por aquel asesinato fue condenado a 18 años de prisión y tras cuatro años encarcelado se produjo el motín penitenciario en el que murieron nueve personas. A LaMar se le acusó de participar en el asesinato de cinco de ellas. Él siempre negó su autoría. “He mantenido el contacto con Keith desde 1989 hasta hoy”, explica Wright. “Principalmente, por su brillantez y cariño. Nuestras conversaciones siempre son amplias y profundas. Para mí no es nada complicado mantener esta relación con él. Me encanta relacionarme con él. El tiempo pasa muy rápido cuando conversamos. Es mi hermano, mi apoyo, mi aliento y una persona capaz de ver cosas de mi vida que me pasan desapercibidas y darme consejos valiosos. Ha sido mi mejor amigo estos 38 años”, resume.

Un operativo complicado

El primer concierto se celebró el 8 de noviembre en el Museo de Arte de Cleveland, ciudad natal de LaMar. “Hay muchos héroes en esta historia”, quiere resaltar Marquès. El programador del museo se la ha jugado mucho llevándonos a tocar. Ha tenido que enfrentarse a todos sus jefes. Aquel día la sala estaba llena de afroamericanos y los afroamericanos no van nunca a ese museo. Esta era una de las intenciones del programador“, destaca. ”En Estados Unidos este proyecto es muy controvertido. En Europa nadie está a favor de la pena de muerte, pero aquí es un tema muy sensible“, matiza Marquès para poner la gira el contexto.

Hay otros factores que complican organizar unas actuaciones con este voltaje político. Criticar el sistema penitenciario estadounidense es visto como una afrenta especialmente en Estados donde la industria penitenciaria es omnipresente y da trabajo a tantísima gente. Y Ohio es precisamente uno de los Estados donde esta industria es más potente. Hay 108 centros penitenciarios en Ohio y la proporción de personas encarceladas es de 659 por cada 100.000 habitantes. Ninguna democracia del planeta tiene una tasa más alta de prisioneros.

La segunda actuación se celebró el sábado pasado en Akron. “Pudo haber sido el último antes de la ejecución de Keith y por eso lloramos mucho con Amy”, confiesa Marquès horas después de la actuación. Hubo incluso la posibilidad de organizar un concierto en Youngstown, la ciudad en cuya prisión está encarcelado, pero LaMar no lo vio claro. “Keith no quería generar un clima de antagonismos entre la gente de la ciudad y también temía que a raíz de ese concierto le complicasen aún más la vida en la prisión”, explica Marquès.

En Akron, el recital de jazz se celebró en la universidad y no en un club. “En Estados Unidos, salvo excepciones, el mundo del jazz no ha comprado este proyecto. Tocamos mucho en universidades y la mayoría de veces esos conciertos los organizan exalumnos míos”, explica. Albert Marquès, además de pianista, es profesor de música en una escuela pública de Nueva York. Algunos de sus alumnos tienen un contexto familiar comparable al de LaMar. La historia de LaMar no les queda muy lejos y por eso cuando se matriculan en universidades de otros Estados contribuyen como pueden con su causa. El caso de LaMar también extiende sus tentáculos de otro modo: Marquès busca músicos afroamericanos de los Estados donde lleva el proyecto. “Es más barato tocar con músicos locales que llevarlos desde Nueva York, pero hay una parte de activismo: involucrar a músicos que hacen un trabajo similar en los sitios donde vamos, y así generar más dinero para la causa”.

Ha habido cierta sensación de victoria y alivio durante la gira gracias al aplazamiento de la ejecución. Pero, también, la constatación de que el racismo sigue muy interiorizado en ese estado y que es un factor inherente al veredicto. “De todos los sitios donde he tocado, Ohio ha sido el único en el que al acabar el concierto la gente me preguntaba: ¿cómo te sientes tocando con negros? Esto me lo preguntó una mujer blanca. Otro hombre negro me preguntó: ¿por qué un blanco como tú quiere ayudar a Keith, que es negro? Yo vivo en Nueva York, pero esto es otro planeta. Es como viajar en el tiempo 50 años atrás”, asume.

Gordiejew también ha asumido que la posibilidad de que el gobernador de Ohio indulte a LaMar es remota. “Ha tenido que aplazar la ejecución porque no había medicación, pero no tiene intención de revocar o abolir la pena de muerte y él es la única persona con poder para hacerlo”, lamenta. La otra vía es que se reabra el caso. Y a ello se dedica el equipo de abogados de la plataforma Justice For Keith LaMar. “Ninguna de las evidencias que se presentaron [en el juicio] conectan con él de ningún modo. Un nuevo juicio no se desarrollaría con tanta opacidad como la que hubo en el primero hace 30 años. Tenemos mucha confianza en que un nuevo juicio no acabaría con el mismo veredicto. Esta vez toda la información que se ocultó estaría disponible”, advierte Gordiejew por teléfono. No es una opción tan remota: “La han solicitado otros hombres negros juzgados por el mismo fiscal, Mark Piepmeier, y se les ha concedido”, explica.

Hay planes, hay futuro

“Si el jueves hubiesen ejecutado a Keith, habríamos organizado otro concierto en Youngstown”, confiesa Marquès. “Meses atrás fuimos a hablar con un hombre que vive delante de la prisión y que la odia. Le pedimos si podríamos tocar el 16 de noviembre en su patio y nos dio permiso. Habríamos instalado los instrumentos y habríamos tocado durante todo el día. Tal vez nos habríamos juntado 30 músicos”, calcula el pianista catalán. “Ese era el plan para el día de la ejecución. Por suerte no se ha tenido que realizar el concierto”, celebra.

Pero los proyectos artísticos se siguen acumulando en la mesa. En septiembre salió a la venta El jazz suena en el corredor de la muerte, un libro en el que Marquès habla de sus orígenes como activista, explica el caso de LaMar, analiza el sistema judicial estadounidense y lo compara con el de países como España. En el libro ya avanza que Elvis Costello ha contactado con LaMar con el objetivo de componer una canción. Por su parte, el propio Marquès se ha citado en la cárcel de Lleida con el rapero Pablo Hasél (encarcelado desde febrero de 2021 por el contenido de sus canciones) para grabar juntos. “Cuando explico este caso a mis amigos neoyorquinos les parece algo medieval e inconcebible en su país”, explica el pianista en su libro. Y mientras estos proyectos avanzan, hoy mismo, 16 de noviembre de 2023, sale a la luz una nueva colaboración entre LaMar y Marquès. The journey, grabada con músicos de la escena hip-hop neoyorquina, es una composición con aire sanador y triunfal. “En el activismo, muy pocas veces puedes celebrar victorias. Casi siempre te enfrentas a un sistema enorme al que, con suerte, puedes molestar o cosquillear. Es importante celebrar las victorias por pequeñas que sean. Y esta no es pequeña”, resalta.

“La vida de Keith LaMar ha dado muchos giros y vueltas su historia no va a tener una solución fácil”, asume Amy Gordiejew. “Pero toda la dedicación que hemos puesto está fructificando. Estamos llegando a la verdad y la verdad es lo que consumará su liberación. Jamás, ni por un minuto, he pensado que se saldrían con la suya respecto a Keith”, afirma. Algo parecido opina su amigo Ken Wright: “Siempre creí que lo que estaba marcado para el 16 de noviembre de 2023 no iba a suceder. Me parecía totalmente imposible que la historia acabase de esa manera. Y aquí estamos”, celebra. Para Marquès, “el camino es largo, pero vamos en la dirección correcta. El otro día Keith me decía: ‘Hasta ahora hemos estado construyendo, construyendo, construyendo… Ahora tenemos que asegurarnos de no cagarla. Esto puede acabar bien'”.

Los tribunales españoles no vulneraron la libertad de expresión de Pablo Hasel al condenarle por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por sus canciones. Así lo ha sentenciado este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia), que ha desestimado la demanda del rapero, encarcelado desde febrero de 2021.

La base de la condena por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del Estado que acumula Hasel son 64 tuits y fragmentos de una decena de sus canciones. La sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Supremo y el Constitucional, fue considerada por no poco juristas incompatible con la libertad de expresión y artística, pero el TEDH la avala y niega que fuera “desproporcionada”.

La Audiencia Nacional condenó a Hasel a 9 meses de cárcel. Entendió que los tuits de Hasel no encajaban dentro de la libertad de expresión o la creación artística porque comportaban violencia y enaltecían terrorismo. Sobre el delito de injurias y calumnias contra las instituciones del Estado y la Corona, por el que también fue condenado Hasel, la Sala afirmó que en sus mensajes mezclaba hechos históricos con “intenciones espurias”.

Además de los tuits sobre terroristas y críticas a los cuerpos policiales, Hasel publicó un vídeo en su cuenta de Youtube en el que la cabeza del rey Felipe VI emerge de la de su padre, el rey emérito, y esta, de la del dictador Francisco Franco. De fondo, una canción de su autoría en la que habla de Juan Carlos “el bobón” y califica al monarca retirado de “borracho tirano” y “mafioso”, para afirmar que “la Historia no perdona ni a la escoria con corona”.

Los jueces europeos, al igual que los españoles, consideran que Hasel traspasó los límites de la libertad de expresión y la crítica política, ya que sus opiniones y canciones sí exhortan al uso de la violencia. Las palabras del rapero, dice la sentencia del TEDH, “van más allá de lo que puede ser percibido como un menaje de protesta”.

El TEDH también remarca las diferencias del caso de Hasel con otros casos de crítica al rey en los que sí condenado en el pasado a España: hace una década, Estrasburgo concedió el amparo al líder abertzale Arnaldo Otegi porque consideró que España vulneró su libertad de expresión al condenarlo por haber llamado “jefe de los torturadores” a Juan Carlos I.

Según razona el TEDH, a diferencia de Otegi, Hasel no es un representante electo y no pronunció sus críticas de forma espontánea en una rueda de prensa como Otegi, sino que fueron producto de un proceso de creación artística. “Los mensajes [de Hasel] no se pueden justificar por la inmediatez”, reza la resolución.

Muchos de los tuits de Hasel contra la monarquía y las fuerzas de seguridad, continúa la sentencia, “constituyen acusaciones y acusaciones graves de delitos graves sin ninguna prueba más allá de su propia opinión”. El rapero, observa el tribunal, “acusó repetidamente y sin pruebas a miembros de la policía, a quienes llamó nazis, de delitos como la tortura y el asesinato de inmigrantes”.

Además de coincidir en la censura a los mensajes de Hasel, el TEDH incide en que la Audiencia Nacional evaluó si los insultos del rapero estaban amparados por la libertad de expresión. Este examen de los tribunales nacionales, aunque fuera contrario a los alegato del cantante, resulta suficiente para el TEDH e impide condenar a España.

La Audiencia Nacional, a juicio del TEDH, sentó la culpabilidad de Hasel “sobre la base de los criterios definidos por la jurisprudencia” europea y tuvo en cuenta los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo, en suma “no ve ningún motivo para sustituir su valoración por la de las autoridades nacionales”.

Un Juzgado de Manacor ha archivado la causa abierta contra el rapero Pablo Hásel por unos disturbios producidos en un cuartel de la Guardia Civil en Sineu. Las pesquisas fueron incoadas a instancias del grupo ultraderechista Actúa Balears, génesis de Vox en las islas.

Inicialmente, la denuncia de Actúa estaba relacionada con la quema de una bandera española por parte del cantante en un festival de música en Felanitx el 12 de octubre de 2019. Sin embargo, la Fiscalía consideró que no se podía contemplar un delito de ultraje a la insignia.

Con todo, las acusaciones pidieron investigar si los disturbios ocurridos horas después en las dependencias del Instituto Armado en Sineu habían sido provocados por algunos de los asistentes al concierto, alentados por la acción de Pablo Hasél.

Según la querella de Actúa, Hásel se pronunció en estos términos antes de quemar la bandera rojigualda: “Voy a quemar esta odiosa bandera, esta bandera sólo representa los intereses de la oligarquía fascista. Muerte al Estado fascista, viva la república popular”.

El Juzgado, en su auto, asevera que “se desprende que los hechos investigados [en torno a los disturbios de Sineu] son constitutivos de infracción penal”, si bien, apunta, “no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada”, por lo que no se ha podido acreditar la vinculación del rapero con lo sucedido, motivo por el que ha procedido a sobreseer la causa, tal como ha adelantado Diario de Mallorca.

Citado por estos hechos, el rapero se acogió a su derecho de no declarar ante el Juzgado en mayo de 2021. El cantante, entonces encarcelado en la prisión de Lleida como responsable de un delito de enaltecimiento del terrorismo, estaba emplazado a comparecer por videoconferencia.

Se jugaba ocho años de prisión y ha terminado condenada solo a una multa mínima. Este ha sido el resultado del juicio para una joven acusada de provocar disturbios y agredir a agentes de los Mossos d'Esquadra durante los altercados en Girona en 2021 por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. La reducción del castigo penal a la joven gerundense se explica en buena medida por la cazadora Harrington que llevaba.

El caso juzgado en Girona reúne los elementos comunes de los casos de desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad. El tribunal de la Audiencia de Girona analiza unos disturbios en situaciones de caos y la credibilidad de la palabra de los agentes que señalaron a los procesados, que se contrastan con vídeos y otros testigos para determinar si se puede enervar su presunción de inocencia.

Resulta relevante la valoración de las declaraciones de los mossos que realizan los jueces. Lejos de dar por buena sin más la versión policial, el tribunal de la sección 4ª de la Audiencia de Girona realiza un pormenorizado análisis del testimonio de los agentes sobre los disturbios por los que se sentaron en el banquillo cuatro acusados. Tres de ellos, defendidos por el letrado Benet Salellas, han logrado bien la absolución bien la condena mínima de 2.400 euros de multa.

En cambio, el cuarto acusado ha sido condenado a tres años y medio de cárcel, que han sido sustituidos por su expulsión de España, por lanzar piedras “del tamaño del puño” a la línea policial, sin herir a ningún agente, precisa la sentencia.

Aunque la llevaron hasta Elvis Presley y James Dean en los cincuenta, la cazadora Harrington estará para siempre ligada a los 'mods' y los 'skins' de los sesenta y setenta. La popularidad de esta chaqueta de entretiempo hecha de algodón en el exterior y lana escocesa en su interior sigue hasta nuestros día: jóvenes de izquierda lucen la cazadora como expresión política, si bien también forma parte del catálogo de grandes multinacionales de la moda sin planteamientos progresistas conocidos.

La joven de la chaqueta Harrington estaba acusada de arrojar una botella a los agentes mientras detenían al condenado, pero los jueces inciden en que “no ha quedado acreditado” que la procesada fuera la autora del lanzamiento. La acusación se basaba en tres agentes de los Mossos d'Esquadra.

Los antidisturbios identificaron en el juicio a la acusada por su vestimenta y color de pelo. “Chaqueta negra con estampado escocés, pantalones grises, mascarilla y pelo castaño claro”, dijo uno de los mossos. “Pantalones grises, chaqueta negra escocesa, mascarilla gris y pelo castaño claro”, reiteró el segundo mosso.

La descripción de la ropa de la joven que realizaron los agentes, zanja el tribunal, no es suficiente para condenar a la joven, ya que “no es descartable que en los incidentes participara una persona con vestimenta similar” a la acusada. A esa conclusión llegan los jueces tras valorar el alegato de la defensa, que adujo que la acusada llevaba una chaqueta tipo Harrington que se repite en muchos jóvenes de la misma estética, por lo que no se podía concluir solo por su vestimenta que la procesada lanzó la botella.

La Harrington, “habitual en la estética 'mod'”

A la falta de identificación de la acusada, escriben los magistrados, ayuda “el argumento de la defensa y desconocido por la Sala de la chaqueta tipo Harrington que portaba es habitual en la estética 'mod'”. Además, la acusada fue perdida de vista unos minutos desde que se produjo el lanzamiento de la botella hasta su detención, que se produjo únicamente por el tipo de ropa que llevaba, remarca el tribunal.

Recuerdan los jueces que a la hora de analizar los testigos no pueden “asumir acríticamente” su relato por su condición de funcionarios policiales, sino que como magistrados están constitucionalmente obligados a “utilizar criterios objetivos que desde una perspectiva metodológica presenten un alto grado de seguridad”. Para dictar sentencia, agregan, tampoco pueden recurrir a “impresiones personales o convencimientos íntimos”, sino que deben emplear “elementos objetivos verificables que hayan resultado probados”.

No se dan todos estos elementos en el caso de la joven M. La “percepción” de los agentes de que fue la acusada quien lanzó la botella a los antidisturbios “no ha podido ser corroborada por imágenes”, ni siquiera por el mosso a quien el objeto le pasó más cerca. En consecuencia, expresa la Sala, “no se puede descartar que, en el tumulto, fuera otra persona y no la acusada la que llevara a cabo el lanzamiento contra los agentes”.

“Concurre una duda razonable sobre los hechos, en concreto sobre su autoría, lo que debe concluir con una sentencia absolutoria del delito de atentado por falta de identificación”, resuelve la sentencia.

La credibilidad policial

Pese a salvar esa primera acusación, los jueces sí condenan a la joven a la pena mínima de multa por resistirse a su detención la misma noche de autos. En este caso, sí ha resultado decisiva y totalmente creíble la declaración de los mismos mossos cuyas palabras no han servido para condenar por atentado a los agentes de la autoridad.

Destaca la sentencia que la declaración de los tres agentes ahora sí presenta una “minuciosidad y coincidencia que ofrece total credibilidad”. En concreto, la joven se resistió a su detención forcejeando con los agentes, moviendo los brazos para evitar ser esposada y lanzando patadas al aire. En el trascurso del forcejeo, dos agentes resultaron heridos leves, uno en el pie y la muñeca derechas y otro en el pie izquierdo.

Por contra, no es suficiente la palabra policial para condenar a los otros dos acusados de desórdenes públicos, porque lo que relataron los agentes sobre el comportamiento de ambos acusados en la noche de disturbios no es delictivo. Así, los dos mossos que los detuvieron dijeron que no se acordaban de su ropa pero que siguieron “claramente” a ambos acusados, quienes, según su versión, apilonaban tablones, sin prenderles fuego, hacían añicos una baldosa y movían una jardinera.

“De las declaraciones de los agentes se extrae que los acusados no queman objetos ni contenedores, simplemente apilan tablones y algún material de obra, en una calle prácticamente peatonal, sin que en el lugar se estuvieran ejerciendo actos de violencia”, aseveran los jueces.

Por contra, las declaraciones de los mossos sí son válidas para condenar al cuarto acusado a tres años y medio de cárcel por atentado contra los agentes de la autoridad por haber arrojado piedras a la línea policial. Los tres agentes que lo señalaron se pronunciaron “con claridad”, destaca la Sala, y lo detuvieron en el mismo momento del lanzamiento. “La identificación es clara, lo ven sin ningún género de dudas lanzar piedras”, remarca la sentencia, que además destaca que el joven llevaba piedras en los bolsillos al ser arrestado, lo que sirve de elemento de “corroboración” a la versión policial.

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Los raperos Pablo Hasel , Valtónyc y Elgio protagonizan el documental No callarem, un film para la libertad, que se estrena este sábado en Guadalajara en el marco de las XVIII Jornadas del Centro Social Octubre. Fran Garcia, miembro de la plataforma No Callarem, que agrupa a decenas de artistas de toda la Península, destaca que el objetivo fue mostrar la cara más íntima de los tres raperos en esta película, que denuncia la represión contra la libertad de expresión. “Queríamos desenmascarar a estos tres raperos, que han sido tildados a menudo de muy radicales y casi se ha justificado que estén en prisión porque no gusta su música”, explica la codirectora del documental Claudia Arribas. El filme, que recoge la única entrevista que se ha podido grabar de Hasel en prisión, se proyectará a las 19 horas.

El rodaje del documental, codirigido por Arribas, Violeta Octavio y Carlos Juan Martínez, comenzó diez días antes de que encarcelaran a Hasel. La primera duda que tuvo el equipo del documental fue si iban a la cárcel de Lleida a cubrir el encarcelamiento, pero ya había muchos medios que cubrían la noticia y consideraron que no era la película que querían hacer.

En este sentido, Arribas cuenta que la película busca repasar la historia de vida de los tres raperos y que la gente, más allá de si es próxima al mundo del rap o de los movimientos sociales, pueda entender que ellos tres han sacrificado su libertad por la nuestra y por los derechos de expresión de todos.

El filme denuncia la represión contra la libertad de expresión y se centra en los casos de Elgio, Pablo Hasel y Valtònyc, que comparten historia con la inhabilitación, la cárcel y el exilio. Arribas remarca que los tres tienen historias parecidas y de muy jóvenes encontraron en el rap su forma de reivindicar los derechos que creían que debían defenderse por el bien de toda la sociedad.

Añade que no querían simplemente explicar su situación judicial porque esto ya lo han contado los medios de comunicación. “Queríamos contar la historia más íntima de tres personas que sufren un trasiego que podría pasar a cualquiera sólo para hacer música”, destaca García.

La plataforma No Callarem se ha aliado con la productora Bruna y el programa Carne Cruda, dirigido por Javier Gallego, para hacer el documental: “No sólo para narrar unos hechos concretos, sino para usar el cine y su capacidad de penetración en amplios sectores de la sociedad para denunciar al estado y dar la vuelta a la represión en forma de boomerang para convertirla en una herramienta contra la opresión y la vulneración de derechos”.

El equipo también viajó a Bruselas, donde Ana Tijoux conversa con Valtónyc; comparte las cartas escritas de Hasel con la voz de Bittah (Tribade) estando en la cárcel, y hace un recorrido por la historia de Elgio como miembro de la Insurgencia de la mano de Yolanda Sey. Aparte de las conversaciones, las tres artistas hacen versiones de letras de los raperos y también crean nuevas en canciones inspiradas en ellos, cada una con su toque personal, y así crean una banda sonora única y genuina para el filme. También se añaden con canciones creadas expresamente por Albert Pla , Za!, Las Bajas Pasiones , Mateu Matas “Xurí” e Irene Reig.

La apertura de puertas será a las 18:30. La entrada es libre y gratuita, aunque es posible “realizar aportes”, explica la organización.

Pablo Hasél lleva veinte meses encerrado en una prisión de Lleida. Valtònyc vive exiliado en Bruselas desde hace más de cuatro años. El primero sale cada día a un rato a caminar a un patio de apenas diez metros de largo y se ha mentalizado para cumplir bastantes años de condena. El segundo ha tenido que cambiar varias veces de domicilio debido a las más de 500 amenazas de muerte que ha recibido. A veces tiene pesadillas: sueña que vuelve a Mallorca, pero que tiene miedo de quedarse allí. Elgio sigue viviendo donde siempre, en Sabadell, pero aún no ha conseguido sacudirse el miedo de entrar un día en la cárcel. “Cuando tienes ejemplos tan cercanos, la posibilidad de entrar no es una ilusión”, sabe.

Quedaron atrás los días más intensos de las acciones de defensa de la libertad de expresión y de protesta contra los juicios a raperos, tuiteros y titiriteros. Ha pasado también una pandemia. Ahora llega el documental ‘No callarem’ para recordar que no todo el mundo ha recuperado su vida normal, que aquella oleada de criminalización de la protesta fue respaldada por la ley Mordaza. El documental se estrenará el 29 de octubre en el festival In-Edit y retrata el pasado y el presente de estos raperos a los que la Audiencia Nacional marcó para siempre.

“Éramos un grupo de rap y nos trataban como una banda armada”, recuerda Elgio, escandalizado, refiriéndose al colectivo La Insurgencia del que formaba parte cuando un buen día, al salir de la universidad, unos policías le entregaron una citación judicial. Apenas nadie había oído sus canciones, pero tenía que ir a declarar a la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Las canciones de Valtònyc tampoco eran precisamente hits. “Quieren meterme siete años en la cárcel por canciones que no han tenido ningún tipo de consecuencia. Si eso no es venganza, ¿qué es?”, se pregunta el mallorquín desde el exilio.

La idea de rodar ‘No callarem’ surgió de Fran García, miembro de la plataforma del mismo nombre que impulsó en 2017 y 2018 dos multitudinarias acciones de protesta en defensa de la libertad de expresión. Cofinanciado por 868 mecenas, con Carne Cruda entre los impulsores, además de autores del guión, y con un presupuesto que ronda los 70.000 euros, el documental cuenta con la participación de las raperas Ana Tijoux y Bittah (del dúo Tribade), la cantante Yolanda Sey, Albert Pla, Za!, Las Bajas Pasiones y la saxofonista de jazz Irene Reig, entre otros. García aclara que si no participan más raperos es porque no han visto “mucha predisposición y empatía por esta causa. Poca gente del hip-hop se ha mojado y se ha pronunciado al respecto”, recuerda.

“Tanta injusticia me desquicia”

‘No Callarem’ está planteado como un recorrido intermitente por la vida de tres jóvenes que pronto intuyeron que el hip-hop podía ser una buena válvula de denuncia y desahogo. En el documental vemos a un adolescente Valtònyc batiéndose en el patio del instituto con el maestro de la glosa mallorquina Mateu Xurí. También, a Hasél recordando el impacto de escuchar el primer disco del grupo de rap angelino N.W.A. Y a Elgio, tararendo en el coche una vieja canción del grupo Falsalarma que escuchaba cuando de joven iba al entreno de fútbol.

El documental no ahonda tanto en la restrictiva legislación española o en las supuestas afrentas a la paz social de los tres raperos como en las razones por las que decidieron utilizar el rap como herramienta de denuncia y desahogo y en el precio que están pagando por ello. Hasél rememora aquel día en que, paseando en bici, vio un barrio de chabolas en pésimas condiciones y se preguntó cómo podía haber gente viviendo en esas condiciones. También explica que la primera rima que mostró a sus colegas de clase decía: “Tanta injusticia me desquicia”.

Elgio ya creció escuchando y admirando las rimas revolucionarias de Hasél. Aún conserva un libro de poemas del rapero de Lleida que le compró por Internet y que le llegó con una dedicatoria escrita a mano. El libro se titulaba “De la ansiedad a la esperanza”. Pero los desequilibros sociales, Elgio los vivió en primera persona: nacido en Moldavia, sufrió un proceso migratorio difícil, con épocas de escasez económica y hasta un desahucio.

Así se aceleró el tránsito de escribir canciones de amor para su madre a rimar versos tipo: “Hacen falta escraches, hacen falta pintadas / Hace falta gente que no se agache por nada”. Y si Hasél grabó su primer rap con 16 años, Valtònyc está pagando por uno que colgó a los 17. “Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear”, cantaba, refiriéndose al fundador de Actúa Baleares, partido hoy integrado en Vox. “La hipérbole se nota, ¿no? Nadie tiene plutonio en su casa”, aclara el rapero mallorquín. Pues no. “Esta frase me ha costado seis meses de prisión”, remarca.

Cada cual lleva su condena como buenamente puede, pero estamos ante tres vidas rotas, truncadas o, cuando menos, alteradas por una decisión judicial. Valtònyc se precipitó con 24 años a un exilio forzoso en una ciudad, Bruselas, donde cuesta desarrollar un sentimiento de pertenencia. Vive extirpado de su familia y, como explica en el documental, hace unos meses tuvo que “enterrar por Skype” a su madre.

Antes de entrar en prisión, Hasél llevaba más de una década sintiendo el aliento de la policía en su cogote: aceptando con resignación, por ejemplo, ser retenido por la policía en una estación de buses y viendo cómo inspeccionaban su cuaderno de notas por si seguía escribiendo versos constitutivos de delito. “Hace diez años nos contábamos nuestros desamores por Messenger”, le recuerda Hasél a Bittah. Ahora solo se pueden comunicar por correo postal o si la rapera lo visita a la cárcel, como hizo durante el rodaje de ‘No callarem’.

Elgio es el mejor parado de los tres protagonistas del documental, aunque sigue condenado a seis meses de prisión, ocho de inhabilitación y 1.200 euros de multa. Tanto él como el resto de raperos de La Insurgencia han recurrido la condena. El recurso está en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Mi sentencia, de momento, no me impide hacer prácticamente nada, pero te cambia la vida; eso es innegable”, reconoce vía email. No ha tenido problemas laborales, pero sabe que si trabajase en algún puesto de la administración pública lo habrían despedido debido a esos ocho años de inhabilitación. Aunque luego están los costes económicos de afrontar un juicio y, claro, el impacto emocional.

La tesis de Valtònyc

En un momento del documental, la chilena Ana Tijoux pregunta a Valtònyc por qué cree que el estado se sintió amenazado por unos raperos sin apenas fans ni repercusión social. Su teoría es la siguiente: tras la crisis económica de 2008, la gente estaba tan harta que se empezó a movilizar y las redes sociales les dieron un poder de organización hasta entonces inimaginado, que puso en guardia al estado. En ese clima de protesta, el auge del yihadismo fue la excusa idónea para introducir modificaciones en la ley antiterrorista que, con la excusa de reprimir el terrorismo yihadista, se escudarían en el delito de enaltecimiento del terrorismo para castigar la disidencia política y, de paso, acallar al resto de la sociedad.

En 2018 España se convirtió en el país europeo con más artistas condenados por delitos vinculados con la libertad de expresión. Y en 2022 el clima de protestas ha desaparecido casi por completo. Si algo inquieta de ‘No callarem’ es justamente el país que retrata. Hace apenas una década, la gente rodeaba el Congreso de los Diputados. Hace cuatro años, miles de personas se reunían en Barcelona en un festival en defensa de la libertad de expresión. Hace solo un año y medio del encierro en la Universidad de Lleida con el que se intentó frenar la detención de Pablo Hasél.

Otras muchas cosas han cambiado también. Las informaciones inculpatorias se siguen acumulando en el expediente del rey emérito y su descrédito social es indudable. Sin embargo, sigue en la cárcel el rapero que firmó ‘Juan Carlos el Bobón’. La pandemia habrá contribuido a desactivar esta y tantas otras luchas, pero lo cierto es que el debate sobre la libertad de expresión ha desaparecido prácticamente del mapa. Y cuando se retoma, es en un contexto totalmente nuevo donde conviven raperos de ultraderecha y opinadores que se sienten cancelados. Que pregunten a Hasél sobre la cultura de la cancelación. A diferencia de otros convictos, a él ni siquiera le permiten grabar canciones en la cárcel.

El productor de ‘No callarem’ desearía que el documental contribuyese a reactivar la lucha por la libertad de expresión y por la absolución de los raperos. “Tras una pandemia, la energía está muy limitada y cada cual destina la que puede a las luchas que siente más cercanas, pero, para mí, el problema es no sentir como algo cercano el ataque a la libertad de expresión. Sin libertad de expresión, ¿cómo lucharás por una mejora de tu sueldo o contra la subida del precio de la luz?”, dice. A la pregunta retórica de García, Hasél responde rapeando en los últimos compases del documental: “Mañana puedes ser tú, si no eres rico. Mañana puedes ser tú quien sufra esta barbarie. Pero mañana puedes ser tú quien organizada lo cambie”.

La Policía Nacional ha detenido en la frontera francoespañola al noveno anarquista acusado de formar parte de un supuesto grupo criminal que tuvo como objetivo causar altercados en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. A sus miembros la jueza les atribuye el delito de intento de homicidio por haber intentado quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro durante los disturbios.

Según han informado fuentes de su defensa, la detención del hombre se produjo este jueves cuando el procesado, que tiene su residencia en Francia, se disponía a cruzar la frontera por La Jonquera. Este viernes por la tarde el arrestado pasará a disposición judicial y la magistrada, previsiblemente, ordenará su ingreso en prisión provisional para combatir el riesgo de fuga. Otros cuatro procesados también se encuentran privados de libertad desde su detención hace un año.

A la espera de la decisión judicial, el detenido se unirá a los otros ocho investigados en la causa, que acaban de ser procesados por la jueza por seis delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa y organización criminal. Será uno de los juicios con penas más altas por disturbios, habida cuenta de que sobre los procesados pesa la acusación de prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana, con un agente dentro, en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Entre los procesados, la jueza incluye a la primera manifestante que quedó en libertad provisional a raíz de un informe pericial antropométrico que descartaba que fuera la mujer que se ve lanzando líquido inflamable al furgón policial, después de que los Mossos la acusaran por error de verter el líquido. El auto de procesamiento no identifica a la mujer que roció la furgoneta de líquido inflamable y se limitar a señalar que era una persona que “había estado todo el tiempo en el grupo” de procesados y que actuó “de forma coordinada” con ellos.

De acuerdo con los informes policiales del caso, los detenidos fueron identificados por agentes de los Mossos d'Esquadra que se infiltraron entre los manifestantes y detectaron a un grupo de personas –que hablaba italiano entre sí– que provocaban ataques a comercios y entidades bancarias de forma coordinada. Las defensas del caso denuncian que se trata de acusaciones “genéricas” basadas en el origen italiano y la ideología anarquista de la mayoría de procesados.

Entre los indicios en que la jueza se basa para atribuir a los manifestantes la pertenencia a un grupo criminal figura que a cuatro de ellos se les intervino un mechero de la misma marca y color, si bien las defensas ya alegaron durante la fase de instrucción que la coincidencia responde a que se se trata de un mechero que se venden junto a una marca de tabaco de liar de bajo precio.

Homicidio en grado de tentativa, organización criminal, manifestación ilícita, desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, incendio y daños. Esta es la pluralidad de delitos por los que la jueza ha procesado a ocho manifestantes detenidos por intentar quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona en las protestas y altercados contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel de febrero de 2021. Cuatro de ellos permanecen desde hace un año en prisión preventiva.

El auto de procesamiento, al que ha tenido acceso elDiario.es, atribuye todos los citados delitos a todos los investigados, aunque no identifica a la joven que concretamente vertió el líquido inflamable sobre el fuego de la bengala que causó el incendio parcial de la furgoneta policial. El año de investigación no ha permitido, por ahora, enmendar el error de los Mossos d'Esquadra, que detuvieron a la joven equivocada al inicio de las pesquisas, quien no obstante ha sido procesada junto a los otros siete investigados por el mismo altercado y el resto de disturbios.

Para las defensas del caso la investigación adolece del mismo defecto que en su inicio: una atribución demasiado “genérica” de los altercados, en palabras del letrado Eduardo Cáliz, que representa a uno de los procesados. El origen de este problema, según Cáliz, estriba en que el caso se ha construido “sobre un parámetro político de un grupo de anarquistas italianos que es autor de todos los hechos, en vez de sobre pruebas concretas”. “No hay indicios de que sean un grupo criminal”, critica el abogado.

La jueza comunicará formalmente el procesamiento a los investigados este martes, cuando se producirán las denominadas declaraciones indagatorias. Cuatro de ellas se celebrarán por videoconferencia desde la prisión de Brians 1. La Audiencia de Barcelona rebajó hace unas semanas a 15.000 y 20.000 euros las fianzas de 40.000 y 45.000 euros impuestas por la jueza instructora para eludir la prisión. Los investigados y su entorno, que no cuentan con muchos recursos económicos, siguen intentando reunir el dinero.

Las defensas son conscientes de que se enfrentarán a penas de máximos al menos por parte de la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular. También figuran en la causa como perjudicados el agente que logró salir del furgón en llamas, el Ayuntamiento de Barcelona, los cinco bancos cuyas oficinas quedaron destrozadas por los disturbios, así como una marca de moda y un hotel cuyos escaparates también resultaron dañados.

Las futuras peticiones de pena tan altas se explican por la gravedad de los delitos por los que han sido procesados los ocho investigados, que fueron detenidos la misma noche de los hechos, el 27 de febrero del año pasado, tras la manifestación más violenta de las vividas durante la semana de disturbios en Catalunya que siguió al encarcelamiento del rapero. Dos de ellos fueron observados por los agentes de los Mossos mientras se cambiaban de ropa y lanzaban a la papelera una mochila con 20 pastillas incendiarias.

El auto de procesamiento expone que los servicios de información de los Mossos d'Esquadra establecieron un dispositivo de vigilancia durante la manifestación. En la plaza Universidad los agentes “identificaron a un grupo de unas cinco personas que hablaban italiano entre sí” que, agrega la jueza, “ya habían sido observados en manifestaciones de días anteriores”. En este primer grupo figuran tres de los ocho procesados, entre ellos el señalado como líder, quien “va marcando a los demás los objetivos que han de atacar”.

Tras romper los cristales de sedes bancarias y quemar cajeros automáticos, la jueza relata que los ocho procesados “de manera coordinada lanzaron bengalas y una persona [que no se identifica] intentó abrir la puerta lateral izquierda” de la furgoneta de la Urbana mientras insultaba al agente que se encontraba en su interior “llamándole hijo de puta”.

La autoría de la quema del furgón

A continuación ocurrió el momento clave y que vale el procesamiento por tentativa de homicidio: el intento de quemar el furgón de la Urbana, que según el informe pericial aportado por los Bomberos causó un “riesgo bajo” para la vida del agente al ser un fuego de baja intensidad. La magistrada en cambio mantiene que el fuego “sí conllevó un riesgo potencial para la vida del agente de la Guardia Urbana”. Sobre la pregunta clave –quién causó las llamas– la jueza atribuye el intento de incendio al conjunto de los ocho procesados, si bien admite que fue “una joven que había estado todo el tiempo con el grupo de italianos”, a la que no identifica, quien se acercó a la furgoneta y vertió el liquido de una botella sobre el fuego de una bengala, que fue lo que provocó el incendio de la zona lateral izquierda del vehículo.

La botella que llevaba la joven, resalta la magistrada, “era de idénticas características a la que llevaba” el supuesto líder del grupo de anarquistas. “El agente se percató de que la furgoneta estaba ardiendo y sintió un intenso calor temiendo por su vida, pero mantuvo la calma y abandonó el vehículo hasta alcanzar zona de seguridad”, apostilla el auto.

La jueza argumenta el procesamiento por el delito de organización criminal en que seis de los procesados son italianos y en que todos se conocían previamente. El día de los hechos, agrega, actuaron causando destrozos en bancos y formando barricadas “de manera coordinada siguiendo instrucciones del líder”, quien guiaba al grupo “al grito de 'Chihuahua' para juntarse y perpetrar actos violentos o avanzar a otro lugar”. También destaca que cuatro de los procesados llevaban el mismo mechero, un hecho que las defensas ya pusieron de manifiesto durante la instrucción que se debía a que era el mechero que regala la marca más barata de tabaco de liar.

El reparto de roles que exige el delito de organización criminal se explica también por las “distintas funciones” que la jueza mantiene que ejercían. Además del líder, las mujeres del grupo llevaban las mochilas con los objetos para causar daños, y mientras unos destrozaban escaparates otros formaban “perímetros de seguridad”. Destaca que la quema de cajeros automáticos y el resto de acciones se firmaban “pintando en negro la letra 'A' rodeada de un círculo, símbolo anarquista”.

La rúbrica para el procesamiento por organización criminal son las declaraciones de los agentes de Información de los Mossos d'Esquadra que han testificado en la causa, a quien la jueza da plena credibilidad, y que corroboraron la “efectiva unión entre los integrantes del grupo”. Cuatro de ellos vivían juntos en una casa “ocupada por el movimiento antisistema y okupas”, y juntos acudieron a la marcha por Hasel y los ocho procesados mantenían además, según la magistrada, “una relación de amistad” porque hablaban por teléfono, aplicaciones de mensajería instantánea y se seguían en redes sociales antes de los hechos. En los registros de las casas la jueza revela que se halló un 'pendrive' de color negro con la inscripción “provocación al incendio”.

“Todos los procesados, desde su concreta función, participan en las acciones de destrozos continuos que llevaron a cabo de forma sincronizada a lo largo de la manifestación”, remacha la jueza, que enumera hasta una docena de altercados concretos en los que habrían participado los investigados: nueve sucursales bancarias con los cristales rotos y los cajeros quemados, lanzamientos de piedras, bengalas y todo tipo de objetos a los agentes que custodiaban la comisaría de la Rambla y rotura de los escaparates de una tienda de ropa y de un hotel, además de cruzar jardineras y contenedores para obstaculizar la labor policial y “animar al resto de manifestantes a realizar más barricadas”.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha absuelto al rapero Pablo R.D., conocido musicalmente como Pablo Hasél, de los posibles delitos de injurias con publicidad, odio y coacciones por los que fue juzgado por comentarios que publicó en su cuenta de Twitter contra el Real Betis Balompié por su apoyo al futbolista Roman Zozulya, al que el investigado vinculaba con la ideología nazi, considerando que los comentarios vertidos en dichos tuits deben considerarse amparados por el derecho a la libertad de expresión.

El rapero entró en prisión el pasado mes de febrero para cumplir una condena de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

En el juicio celebrado en Sevilla en su contra, la Fiscalía solicitó la absolución del acusado, mientras que la acusación particular ejercida por el Real Betis pidió dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de odio; 6.000 euros de multa por el delito de injurias con publicidad, y 1.200 euros de multa por el delito de coacciones.

Por el apoyo del club al jugador Zozulya

En la sentencia, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, la jueza considera probado que, con fecha 20 de abril de 2017, el Real Betis se querelló contra el acusado tras la publicación de una serie de comentarios a través de su cuenta en la red social Twitter relacionados con la cesión al Rayo Vallecano del futbolista Zozulya, perteneciente al Betis, después de que los jugadores de la primera plantilla de este último club comparecieran junto al equipo técnico y emitieran un comunicado en apoyo del futbolista y su familia.

Así, la magistrada enumera dichos comentarios publicados por el encausado los días 2 y 3 de febrero de 2017, como son “a la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara”, o “basura de jugadores del Betis, hablando de linchamiento contra el jugador nazi, linchamiento es lo que hacen los nazis”.

Sus comentarios “no pusieron en peligro valores esenciales”

En fecha 8 de febrero de 2017, y después de que el Betis anunciase su intención de querellarse contra el investigado, éste publicó una serie de tuits donde decía “en un Estado verdaderamente democrático la querella iría contra el Betis por defender a un nazi habiendo incontables pruebas de que lo es”, “@Realbetis las víctimas de los nazis ucranianos no pueden querellarse porque ya están muertas”, “que sigan retratándose persiguiendo y criminalizando a quienes no toleramos al nazismo ni a sus defensores, abren los ojos a muchos”, o “las bombas de los amigos del juzgador nazi, a los que financia y promociona, hacen esto. Apología del terrorismo es defenderlos”.

En relación al delito de odio, la jueza expone los criterios jurisprudenciales existentes al respecto del mismo y concluye, coincidiendo con el Ministerio Fiscal y la defensa, que los hechos enjuiciados “carecen de la entidad suficiente para su tipificación penal como delito de odio”, ya que, “aún siendo evidente que los comentarios recogidos en el relato fáctico resultan reprobables, de mal gusto e innecesarios, no es posible su reproche penal en cuanto en el contexto en el que se emitieron no pusieron en peligro valores esenciales de aquellos a quienes iban dirigidos, como su vida, integridad física o su libertad”.

La jueza considera, en este sentido, que, “aunque las expresiones y juicios de valor vertidos por el acusado hacia el Real Betis y sus jugadores puedan ser innecesarias para reflejar una opinión o crítica y resulten provocadoras, deben considerarse amparadas por la libertad de expresión en el contexto en que fueron proferidas, porque aunque puedan resultar hirientes, groseras e incluso ofensivas, no reúnen los elementos necesarios para poder integrar la conducta dentro del ámbito típico del delito del artículo 510 del Código Penal”, y es que tales expresiones, “a pesar de su contenido, no eran objetivamente aptas para extender un discurso de odio a los destinatarios de sus mensajes”.

El derecho a la libertad de expresión

“Igual conclusión debería alcanzarse en relación al supuesto delito de injurias denunciado”, afirma la jueza, que agrega que, “si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas, el reconocimiento constitucional de la libertad de expresión ha modificado profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en ejercicio de dicha libertad”, por lo que, “aún cuando se estimara que los comentarios” del acusado “puedan describir una imagen negativa del club y sus jugadores, quedarían amparados en el ejercicio de dicha libertad, aplicando las consideraciones realizadas respecto de dicho derecho al tratar el delito de odio, igualmente extrapolables a esta figura delictiva”.

Al hilo, la jueza señala que, “con independencia de la opinión que pueda tenerse acerca de la corrección y oportunidad de los tweets publicados por el acusado y del tono empleado en los mismos, ha de concluirse que no concurren los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos para considerar cometidos ninguno de los delitos imputados”.

La magistrada asevera que el derecho a la libertad de expresión, “que implica desde luego la posibilidad de crítica, debería ejercitarse, aunque lamentablemente no siempre sea así, con respeto a los demás y tolerancia a las ideas de otros, sin tener que recurrir, como ocurre en el caso enjuiciado, a expresiones desafortunadas y provocativas, pero lo cierto es que no todo exceso verbal, ni todo mensaje que desborde la protección constitucional, por ese solo hecho, debe considerarse constitutivo de delito, ofreciendo en cualquier caso nuestro sistema jurídico otras formas de reparación de tales excesos que no pasan necesariamente por la incriminación penal”.

No hubo empleo de violencia o intimidación

Para finalizar, y en relación al delito de coacciones, la jueza dice que en este caso “no se identifica en la conducta descrita en la querella la concurrencia de los elementos propios” de dicho delito, ya que “no se distinguen elementos tales como el empleo de violencia o intimidación, sin perjuicio de que la conducta desarrollada por el acusado haya sido molesta o incluso inquietante para los querellantes, no se acredita el elemento de la violencia intimidatoria proyectada de forma directa sobre los mismos para forzarles a adoptar un determinado comportamiento, y no consta que, después del comunicado emitido con el equipo técnico el 2 de febrero de 2017, los jugadores vieran coartada su libertad en tal sentido y se les impidiera hacer otras declaraciones públicas en apoyo de su compañero”.

“No cabe entender que el comportamiento del acusado alcance la gravedad que implica su calificación como un delito del artículo 172 del Código Penal, que no puede apreciarse de la sola perturbación del estado de ánimo”, ya que “se requiere una conducta de intensidad suficiente y una clara restricción del derecho a la libertad de obrar de la víctima, que no concurre, por lo que incluir los hechos declarados en el delito de coacciones supondría un exceso en la aplicación de la norma penal”, concluye la magistrada, que por todo lo anterior absuelve al acusado de los delitos de injurias con publicidad, odio y coacciones que le atribuía la acusación ejercida por el Real Betis.

Tras ocho meses en prisión provisional los seis anarquistas acusados de intentar quemar un furgón de la Guàrdia Urbana de Barcelona en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel han visto la posibilidad de quedar en libertad. La jueza que investiga el caso ha decidido que puedan eludir la cárcel si pagan fianzas de 40.000 euros (y 45.000 uno de ellos).

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza considera que todavía persiste el riesgo de fuga en los investigados debido a su origen italiano o francés, si bien matiza que este peligro se puede “soslayar” mediante la imposición de una fianza, la retirada de pasaporte, la fijación de un domicilio y prohibición de salida de España y las comparecencias semanales en el juzgado.

Las defensas de los seis anarquistas habían reclamado su inmediata puesta en libertad en base al informe de los Bomberos de Barcelona, que concluyeron que el incendio de un furgón de la Guàrdia Urbana durante las protestas en favor de la libertad de Hasel generó un “riesgo bajo” para el agente que se encontraba en su interior y que pudo salir del vehículo.

La magistrada considera que el riesgo bajo constatado por los bomberos no impide considerar el intento de incendio del furgón como un presunto delito de tentativa de homicidio. Y añade que la investigación del caso ya se encuentra “muy avanzada”, además de enumerar el resto de delitos a los que se pueden enfrentar los acusados: grupo criminal, atentado a los agentes de la autoridad, desórdenes públicos y “manifestación ilegal”.

Aunque a criterio de la magistrada “persiste el riesgo de fuga” en los investigados, la jueza matiza que la prisión provisional debe aplicarse “con carácter restringido”, por lo que en consecuencia decide que la prisión provisional sea eludible mediante el pago de fianza de 40.000 y 45.000 euros. Fuentes de las defensas consideran demasiado elevada la fianza y avanzan que intentarán rebajarla porque excede de los ingresos de los investigados.

La Fiscalía y los sindicatos policiales que son acusación popular en la causa se habían opuesto a la libertad de los investigados, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación particular, se abrió a la libertad bajo fianza de 50.000 euros.

De los ocho investigados en la causa, seis permanecen en prisión provisional desde hace ocho meses. La Audiencia de Barcelona consideró que la falta de arraigo en España de los seis encarcelados, de origen italiano o francés, hacía que el riesgo de fuga solo se pudiera combatir con la cárcel.

Las otras dos investigadas sí permanecen en libertad después de que los jueces revocaran la prisión preventiva, en un caso por falta de indicios sobre la concreta participación de la investigada en los altercados y en el otro porque los Mossos d'Esquadra se equivocaron y la chica no era la persona que roció de líquido inflamable el furgón policial. Las defensas remarcaron ese error policial para argumentar que la investigación de los Mossos es “genérica” e “inconcreta”, al no atribuir a cada investigado una actuación concreta sino los disturbios en su conjunto como parte de un supuesto grupo criminal dirigido a provocar altercados.

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar de plano las querellas que Vox, un sindicato policial y varios colectivos habían presentado contra Pablo Echenique por un tuit sobre la detención y encarcelamiento del rapero catalán Pablo Hasél y las protestas posteriores. Los jueces no ven delito en el mensaje en el que el parlamentario de Unidas Podemos mandaba apoyo a los que protestaban contra esta decisión tanto en Madrid y Barcelona en unos disturbios que se saldaron con heridos, saqueos y decenas de detenciones en ambas ciudades.

El tuit escrito por Echenique decía lo siguiente: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia”. Durante los disturbios en Barcelona una manifestante perdió un ojo por el supuesto impacto de un proyectil de foam de la Brigada Mòbil de los Mossos d'Esquadra, algo que se encuentra bajo investigación judicial.

Tanto el partido ultraderechista como el sindicato policial CEP, el pseudo sindicato Manos Limpias y un partido político llamado “Por Todos” se querellaron contra Echenique acusándole de un delito de alteración del orden público y otro de odio por la publicación de este mensaje, algo que rechaza el Supremo. Dicen los jueces que ni Vox ni el resto aportan “indicio alguno de su relación con los graves altercados y disturbios que, como se admite, se iniciaron con anterioridad a la publicación del mismo, ni del pretendido incremento de los asistentes a estas convocatorias”.

No es la primera querella de Vox contra Echenique que naufraga en la sala segunda del Tribunal Supremo. El pasado mes de junio los jueces del alto tribunal también rechazaron la acción penal interpuesta por el partido de Santiago Abascal contra él por otro tuit. En ese mensaje, Echenique atribuía a Vox el haber apoyado a los autores de una pintada antisemita en las calles de Barcelona denunciada por la alcaldesa Ada Colau.

En este nuevo caso de inadmisión los abogados de Vox se querellaron contra Echenique al entender que había alentado unas protestas en las que se produjeron detenciones y en el que manifestantes y agentes de la autoridad salieron heridos en diversos altercados. Los jueces del Supremo, con Manuel Marchena como ponente, rechazan de forma tajante que su tuit sea delictivo: afirma por ejemplo sobre la acusación de delito de odio que es un “comportamiento sobre el que no se aporta indicio alguno y que no se infiere sin más del mensaje”.

El parlamentario de la formación que lidera Ione Belarra se ha referido al archivo del Tribunal Supremo. “Imaginaos si la cosa era ridícula que HASTA MARCHENA les ha tenido que desautorizar”, ha dicho Echenique en alusión al presidente de la sala de lo penal del alto tribunal que firma como ponente este auto.

La Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto al rapero Pablo Hasel por la “actitud antisocial” que, a su juicio, revelan las cuatro condenas que acumula el cantante y por su negativa a realizar el programa individualizado de tratamiento propuesto por los profesionales de la cárcel.

Hasel permanece en la prisión de Ponent (Lleida) desde el pasado mes de febrero para cumplir una condena de nueve meses que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo en sus tuits y canciones. En total, Hasel está condenado en firme en cuatro causas, es decir, que ningún tribunal superior puede revisar esas sentencias.

El indulto al cantante lo habían pedido primero la Academia Catalana de la Música y Unidas Podemos después. Al registrarse en primer lugar la petición de los músicos catalanes, ha sido este expediente el primero en llegar a la mesa de la Fiscalía y del tribunal que sentenció a Hasel, tal y como marcan los trámites antes de que el Gobierno resuelve definitivamente sobre la medida de gracia.

En línea con la Fiscalía, el tribunal de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por las magistradas Concepión Espejel y María Riera y el magistrado Francisco Javier Vieira, concluye que “no concurren” motivos de justicia, equidad o utilidad pública para indultar al rapero.

En su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces descartan aplicar a Hasel la excepción de la ley del indulto que permite, de forma excepcional, conceder la medida de gracia a un preso reincidente. Hasel es reincidente en el delito de enaltecimiento del terrorismo, un tipo penal que forma parte de los denominados delitos de opinión, cuya aplicación en España ha cuestionado desde hace tiempo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Además de su reincidencia, los jueces tampoco creen merecedor del indulto a Hasel por su “actitud antisocial que revelan” las otras condenas del cantante, que lo son tanto por otros delitos de opinión –injurias contra la Corona y las instituciones del Estado– como por resistencia a los agentes de la autoridad y allanamiento de morada.

El tercer elemento valorado por el tribunal para rechazar el indulto es la “disconformidad” de Hasel a participar en el programa individualizado de tratamiento que le ha propuesto la prisión de Lleida. En su informe, la cárcel de Lleida destacó la “actitud correcta” de Hasel y su “conducta favorable”, si bien añadió su negativa a participar en el programa propuesto.

La entrada en la cárcel de Hasel provocó una semana de disturbios en Catalunya y la promesa del Gobierno de atenuar las penas de los delitos de opinión, anuncio que ocho meses después no se ha llevado a la práctica. El mundo de la cultura reclamó la libertad de Hasel, que salvo indulto del Gobierno seguirá en prisión.

Los Bomberos de Barcelona han concluido que el incendio de un furgón de la Guàrdia Urbana durante las protestas en favor de la libertad del rapero Pablo Hasel generó un “riesgo bajo” para el agente que se encontraba en su interior y que pudo salir del vehículo.

Así lo exponen dos jefes de guardia del servicio de Bomberos de Barcelona en un informe técnico realizado a petición de la magistrada que investiga los altercados ocurridos en las protestas proHasel y que mantiene en prisión provisional desde el pasado mes de febrero a seis personas. La jueza pidió específicamente a los técnicos que indicaran si hubo riesgo para la vida o integridad física del agente que ocupaba el furgón.

“Teniendo en cuenta que fue un incendio de corta duración, que no se propagó hacia el resto de la furgoneta y gracias a la buena actuación del ocupante, se considera que el riesgo para la vida y la integridad del agente que se encontraba en su interior fue bajo”, reza el informe de los Bomberos que ha adelantado SER Catalunya y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El informe de los Bomberos sobre la quema del furgón era una de las diligencias más importantes que quedaban por practicar en una causa abierta por homicidio en grado de tentativa, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños y organización criminal. El dictamen adquiere relevancia de cara a la acusación y a la capacidad de las defensas para combatir el primero de los delitos.

Para emitir su dictamen los Bomberos se han basado en los informes de inspección ocular de la furgoneta realizados por los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana así como en los vídeos y fotografías que constan en el sumario del caso.

Los dos especialistas relatan que el incendio en el furgón se inició por una bengala que uno de los manifestantes lanzó hacia los bajos de la furgoneta. A continuación un segundo manifestantes lanzó líquido inflamable en el lateral del vehículo, que fue la zona que empezó a arder.

La llama “sostenida” y “con alta intensidad” duró aproximadamente un minuto, indican los Bomberos, que no dudan en tildar de “intencionado” el incendio. El fuego se extinguió una vez consumido el combustible arrojado en el suelo.

Del furgón, continúan los Bomberos, se quemó la parte lateral exterior del vehículo, del lado del conductor, desde su parte posterior hasta el metro anterior a la puerta del ocupante. Fue gracias al “buen estado” de la furgoneta que se consiguió evitar la entrada de llamas y humo en su interior. Tanto las ruedas como el interior del vehículo y sus puertas, salvo la lateral izquierda, no se vieron afectadas por las llamas.

Destacan además los Bomberos que la “rápida reacción” del conductor del furgón y del compañero que lo ayudó a salir por la puerta del copiloto facilitaron la “rápida evacuación” del vehículo. Si el incendio hubiera afectado la zona del depósito de combustible o la puerta del conductor la salida del agente se podría haber visto “comprometida”, agregan los técnicos.

Casi ocho meses en prisión preventiva

De los ocho investigados en la causa, seis permanecen en prisión provisional desde hace casi ocho meses. La Audiencia de Barcelona consideró que la falta de arraigo en España de los seis encarcelados, de origen italiano o francés, hacía que el riesgo de fuga solo se pudiera combatir con la cárcel.

Las otras dos investigadas sí permanecen en libertad después de que los jueces revocaran la prisión preventiva, en un caso por falta de indicios sobre la concreta participación de la investigada en los altercados y en el otro porque los Mossos d'Esquadra se equivocaron y la chica no era la persona que roció de líquido inflamable el furgón policial. Las defensas remarcaron ese error policial para argumentar que la investigación de los Mossos es “genérica” e “inconcreta”, al no atribuir a cada investigado una actuación concreta sino los disturbios en su conjunto como parte de un supuesto grupo criminal dirigido a provocar altercados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado en contra de conceder el indulto al rapero Pablo Hasel al no apreciar razones de equidad, justicia o conveniencia pública para la medida de gracia y por las condenas “por múltiples hechos delictivos” que acumula el cantante.

Hasel permanece en la prisión de Ponent (Lleida) desde el pasado mes de febrero para cumplir una condena de nueve meses que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo en sus tuit y canciones. En total, Hasel está condenado en firme en cuatro causas, es decir, que ningún tribunal superior puede revisar esas sentencias.

En su informe, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, fundamenta su negativa al indulto en esas cuatro condenas y que en el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo Hasel es “reincidente”.

Dos de esas condenas versan sobre los polémicos delitos de opinión –injurias contra la Corona, las instituciones del Estado y enaltecimiento del terrorismo–, tipos penales cuestionados desde hace tiempo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), mientras que las otras dos lo son por resistencia a los agentes de la autoridad y allanamiento de morada.

La entrada en la cárcel de Hasel provocó una semana de disturbios en Catalunya y la promesa del Gobierno de atenuar las penas de los delitos de opinión, anuncio que ocho meses después no se ha llevado a la práctica. El mundo de la cultura reclamó la libertad de Hasel. La Academia Catalana de la Música fue la primera entidad que pidió su indulto, solicitud a la que se sumó Unidas Podemos.

La ley del indulto indica que antes de que el Gobierno decida sobre su concesión deben emitir un informe preceptivo, aunque no vinculante, el tribunal sentenciador, la Fiscalía, el perjudicado por el delito (si lo hubiera) y el centro penitenciario en el que cumple condena el eventual beneficiado por la medida de gracia. El siguiente paso será el informe del tribunal de la Audiencia Nacional que le condenó.

En su informe, la cárcel de Ponent destaca la “actitud correcta” de Hasel y su “conducta favorable”, si bien añade su “disconformidad” con el tratamiento penitenciario propuesto ya que no quiere realizar tratamiento alguno.

El fiscal añade que en el informe de la cárcel “no se hace mención alguna” a que Hasel “sea tributario” del indulto por razones de justicia, equidad o conveniencia pública, los tres motivos contemplados por la norma que regula la medida de gracia. En suma, para el fiscal no hay motivos que permitan encajar a Hasel en la excepción de la ley del indulto que permite la medida de gracia para los reincidentes.