La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

Cuenca se encuentra hoy ante una de esas decisiones que marcan una generación entera, aunque se presenten como simples trámites administrativos. El convenio entre ADIF, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento no es un documento técnico más, ni una pieza burocrática dentro de un engranaje institucional. Es, en realidad, un punto de inflexión que puede determinar el modelo territorial, económico y social de la provincia durante décadas. Y precisamente por eso, lo que está en juego no es solo una opción política, sino una cuestión de legalidad, de responsabilidad y, llegado el caso, de consecuencias penales.

Durante demasiado tiempo, en provincias como Cuenca, se ha instalado la idea de que las decisiones públicas carecen de responsables individuales. Que los acuerdos se diluyen en la institución, que las votaciones colectivas protegen a quienes participan en ellas, que los informes técnicos son meros trámites sin trascendencia jurídica real. Esa cultura de la dilución ha alimentado una forma de gobernar donde el coste de equivocarse —o de actuar de forma arbitraria— ha sido prácticamente nulo más allá del desgaste electoral. Pero ese paradigma está cambiando, y el convenio que hoy se debate en torno al futuro del ferrocarril puede convertirse en uno de los casos que marquen ese cambio.

El ordenamiento jurídico español no deja lugar a dudas: las autoridades y los funcionarios responden penalmente cuando dictan resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. No se trata de una formulación abstracta, sino de un tipo penal concreto que ha sido aplicado en múltiples ocasiones en el ámbito urbanístico. La clave no reside en que una decisión sea discutible o incluso errónea, sino en que sea groseramente contraria al Derecho y adoptada con pleno conocimiento de ello. Ese es el umbral que separa la mala gestión de la prevaricación.

El voto de un concejal ya no es solo un acto político. Es, potencialmente, un acto con relevancia penal

En el caso del convenio de Cuenca, el contexto en el que se produce su tramitación eleva de forma notable ese umbral de exigencia. No estamos ante una decisión tomada en un vacío informativo o en una situación de incertidumbre técnica sin precedentes. Al contrario, el proceso está rodeado de alegaciones, informes, controversias públicas, movilización ciudadana y debate jurídico. Tal y como se desprende del análisis jurídico aportado, la eventual responsabilidad penal exige precisamente la concurrencia de una ilegalidad patente y la conciencia de dicha ilegalidad. Y cuando ese conocimiento está sobre la mesa —cuando existen advertencias fundadas y objeciones razonadas—, el margen para alegar desconocimiento desaparece prácticamente por completo.

Esto tiene una consecuencia directa que conviene subrayar con claridad: el voto de un concejal ya no es solo un acto político. Es, potencialmente, un acto con relevancia penal. En los órganos colegiados, la responsabilidad no se diluye en la institución, sino que se individualiza en quienes votan a favor de la resolución. Cada voto favorable a un acuerdo que pudiera considerarse arbitrario y contrario a Derecho puede ser analizado posteriormente desde una perspectiva judicial. Y esa realidad transforma profundamente el significado de la decisión que hoy tienen ante sí los representantes públicos.

Pero la responsabilidad no se detiene en el ámbito político. La arquitectura administrativa que sostiene cualquier decisión de esta magnitud descansa también sobre informes técnicos, controles de legalidad y evaluaciones económicas. Secretarios, interventores, arquitectos municipales y demás técnicos no son meros fedatarios de decisiones ajenas. Son garantes del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y en ese ámbito, la jurisprudencia ha sido igualmente clara: la omisión también puede ser delictiva. La llamada prevaricación por omisión implica que quien, teniendo el deber de advertir o impedir una resolución ilegal, opta por el silencio, por la ambigüedad o por el acomodo, puede incurrir en responsabilidad penal.

La planificación urbanística no es un trámite posterior que se adapta a decisiones ya tomadas, sino el marco que debe garantizar la coherencia y la legalidad de cualquier actuación

En este sentido, el convenio de Cuenca plantea un escenario especialmente delicado. Las dudas sobre su encaje en el planeamiento vigente, la necesidad de replantear instrumentos urbanísticos y la propia situación jurídica de la infraestructura ferroviaria generan un marco en el que cualquier informe técnico adquiere una relevancia extraordinaria. No se trata de un expediente rutinario, sino de una operación compleja que puede implicar la transformación irreversible de suelo público y la desaparición de una infraestructura de transporte con implicaciones territoriales de gran alcance.

Estas cuestiones fueron precisamente el eje del encuentro celebrado el 17 de marzo de 2026 en la Biblioteca Pública del Estado de Cuenca, convocado por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, en el que también participaron Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción y la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. En esta convocatoria coincidieron expertos, ciudadanos y representantes sociales en señalar la trascendencia del momento actual. Allí se expuso con claridad que el levantamiento de las vías no es una actuación neutra ni reversible, sino que implica, de facto, el cierre definitivo de la infraestructura ferroviaria convencional. No se trata, por tanto, de una mera reordenación urbanística, sino de una decisión estructural que afecta a la vertebración del territorio y a las posibilidades futuras de desarrollo.

En ese mismo encuentro se subrayó la necesidad de replantear el Plan de Ordenación Municipal y de rectificar instrumentos como el PERI-9, precisamente porque el modelo territorial que se dibuja con el convenio no puede construirse sobre bases jurídicas débiles o contradictorias. La planificación urbanística no es un trámite posterior que se adapta a decisiones ya tomadas, sino el marco que debe garantizar la coherencia y la legalidad de cualquier actuación. Alterar ese orden lógico supone asumir riesgos que no son solo técnicos, sino también jurídicos.

La dimensión penal deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en un riesgo real

Pero quizá uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la reivindicación de un modelo territorial que no deje fuera a ninguna parte de la provincia. La desaparición de la línea ferroviaria convencional no afecta únicamente a la capital, sino a la totalidad de un territorio que ha encontrado históricamente en esa infraestructura un eje de conexión, de cohesión y de oportunidad. La idea de que el futuro pasa por integrar esa vía de comunicación en un modelo adaptado al presente europeo, en lugar de desmantelarla, introduce un elemento adicional en el debate: la existencia de alternativas. Y cuando existen alternativas razonables, la elección de una opción que pueda resultar jurídicamente cuestionable adquiere una dimensión aún más problemática.

En este contexto, la dimensión penal deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en un riesgo real. No porque toda decisión controvertida deba acabar en los tribunales, sino porque determinadas decisiones, adoptadas en determinadas condiciones, pueden traspasar la línea de la legalidad. Y esa línea, aunque a veces difusa, existe.

A todo ello se suma un elemento que, sin ser jurídico en sentido estricto, resulta esencial para entender la situación actual: el papel de la información. La exigencia expresada en el encuentro del 17 de marzo de contar con una prensa libre e independiente no es una reivindicación retórica, sino una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier democracia real. Cuando la información se ve condicionada por intereses políticos o por dependencias económicas, la capacidad de la ciudadanía para formarse un criterio propio se ve gravemente limitada. Y en un contexto como el actual, donde las decisiones tienen un alto componente técnico y jurídico, esa limitación resulta especialmente grave.

La relación entre poder político, financiación pública y medios de comunicación no es una cuestión menor. En entornos donde la publicidad institucional se convierte en un elemento clave de supervivencia para los medios, el riesgo de que la información se vea matizada, suavizada o directamente silenciada es evidente. Y sin una información veraz, completa e independiente, el control ciudadano sobre la actuación de los poderes públicos se debilita hasta el punto de volverse ineficaz.

Quienes hoy tienen en sus manos la aprobación, modificación o ejecución del convenio no pueden ignorar el contexto en el que se produce su decisión

El caso de Cuenca refleja, en muchos aspectos, una dinámica más amplia, descrita como una relación de dependencia entre estructuras políticas y socioeconómicas que tienden a perpetuar un modelo de bajo dinamismo y escasa rendición de cuentas. En ese marco, decisiones de gran calado pueden presentarse como inevitables, como fruto de circunstancias externas o como únicas alternativas posibles, cuando en realidad responden a opciones concretas adoptadas por personas concretas.

Y es precisamente ahí donde entra en juego la responsabilidad. Porque más allá del debate político, más allá de las diferencias ideológicas o de las estrategias de partido, existe una cuestión básica: actuar conforme a Derecho. Ese es el límite que no puede traspasarse. Y ese es también el punto en el que la política deja de ser un espacio de discrecionalidad para convertirse en un ámbito de responsabilidad jurídica.

Quienes hoy tienen en sus manos la aprobación, modificación o ejecución del convenio no pueden ignorar el contexto en el que se produce su decisión. Saben —o deben saber— que existen dudas jurídicas, que hay advertencias técnicas, que la sociedad está movilizada y que el debate no se limita a una cuestión de oportunidad política. Saben también que el resultado de esa decisión puede ser irreversible.

Por eso, la pregunta que se plantea no es si el convenio es conveniente o inconveniente desde el punto de vista político. La pregunta es otra, mucho más exigente: si es conforme a Derecho. Y, en caso de no serlo, si quienes lo aprueban son conscientes de ello.

Porque en ese punto, la responsabilidad deja de ser colectiva para convertirse en individual. Cada firma, cada informe, cada voto deja huella. Y en un contexto de creciente control judicial y social, esa huella puede ser analizada, revisada y, en su caso, sancionada.

Cuenca no está solo ante un debate urbanístico ni ante una decisión sobre infraestructuras. Está ante una prueba de calidad democrática. Una prueba que no se mide en discursos ni en promesas, sino en el respeto efectivo a la legalidad y en la capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos.

El tiempo de las decisiones sin responsables está llegando a su fin. Y en ese nuevo escenario, gobernar no es solo decidir. Es, sobre todo, responder por lo que se decide.

Antonio Sanz Fuentes desmonta en Diario de un criminólogo incomprendido (Alrevés Editorial) el tópico de que la gente de izquierdas no habla sobre seguridad. Este experto lo hace, pero fuera del marco basado exclusivamente en incrementar las penas de cárcel que propone la extrema derecha. Para empezar, reivindica el buenismo en materia de Justicia ante la ola reaccionaria que lo menosprecia, y recuerda clásicos que los partidos progresistas, en ocasiones, parecen haber olvidado.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo consiste en hacernos creer que un mayor castigo implica una mejor prevención de la criminalidad. Es una falsa expectativa de control, porque en realidad el endurecimiento de las normas o el Código Penal no conlleva una alteración ni una prevención efectiva del crimen. No persigue un cambio real, sino que es una medida para mantener el status quo.

¿Nos centramos demasiado en el castigo en vez de la reinserción?

El castigo de por sí no es algo necesariamente malo, lo necesitamos para reconocer que una conducta es rechazable y se debe perseguir como sociedad. Pero es muy populista enfrentarse y relacionarse con el castigo siempre desde la dureza. Deberíamos reflexionar sobre otros aspectos como la certeza del castigo, la rapidez en su aplicación, que no sea arbitrario y que sea proporcional…

En España la izquierda gobierna desde hace ocho años y no ha derogado la prisión permanente revisable, que fue muy criticada cuando la aprobó el PP.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad o incluso cuando hace referencia a la seguridad personal. Parece que la seguridad sea un problema que ocupa el centro de nuestras vidas y realmente existen otros muchos problemas sociales a los que quizás deberíamos prestar más atención.

Ha habido algunas propuestas legislativas que eran menos populistas punitivas. Las catedráticas María Acale y Patricia Faraldo, con sus propuestas para la ley de libertad sexual, ponían el foco en la prevención, la creación de centros de prevención de violencias sexuales, la educación, la obligatoriedad de crear actuaciones concretas para proteger la libertad sexual en las empresas… Pero todo el mundo se terminó fijando solo en el tema de las penas, cuando era una ley mucho más compleja.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad

¿La izquierda también cae en la tentación del populismo punitivo?

La izquierda también ha caído en el populismo punitivo, y además tiene un problema: se muestra muy firme respecto a las violencias sexuales que sufren las mujeres, y luego resulta que los partidos encubren casos de acoso sexual dentro de sus filas. Algo parecido ocurre con la corrupción.

¿El último ejemplo de populismo punitivo en España es la ley para endurecer las penas por robos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Junts?

Esta ley me preocupa mucho. No hay nadie experto en la materia, ya sea desde la criminología, la sociología o el derecho penal, que no tenga una opinión crítica sobre este tipo de propuestas legislativas. Hay decenas de estudios que nos dicen que este tipo de reformas no tienen ningún tipo de capacidad preventiva, y que además probablemente acentuarán los problemas: si las personas que cometen los robos callejeros ya se encuentran en una situación de exclusión social, su paso por prisión posiblemente la acentuará.

¿Por qué los políticos hacen caso omiso a estos expertos?

Es muy difícil ofrecer un debate ético sobre el populismo punitivo porque parece que cuestionarlo supone estar en contra de la seguridad. ¡A ver quién es el valiente que está en contra! Decir en el debate público que más castigo no es mejor tiene un coste social (se te señalará casi como un hereje) y electoral que ningún partido está dispuesto a asumir, incluso los partidos de izquierdas lo temen.

Cuando tratan la criminalidad, los medios de comunicación lo hacen de manera demasiado rápida, poco reflexiva y contextualizada

¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en la creación de este caldo de cultivo?

En el libro encajo a los medios de comunicación en un capítulo que se llama ‘rabia’. Cuando tratan la criminalidad, los medios lo hacen de manera demasiado rápida y poco reflexiva y contextualizada. Nos hacen creer que la delincuencia se comete por parte de sujetos excepcionales, monstruos, personas que son imposibles de reinsertar. Este relato impacta en la percepción de las personas, les hace sentir que son seres que han tomado una decisión racional cuando realmente puede estar fundamentada en un contexto social muy complejo de exclusión social, problemas de consumo, de salud mental…. Son tantos los problemas que realmente pueden motivar que esa elección parezca racional, pero no lo es tanto.

Y si los medios tradicionales ya hacemos esto, no quiero preguntarle por Tik Tok…

El algoritmo termina fomentando la confrontación directa hacia ese tipo de sujetos. Los medios de comunicación tradicionales todavía están sujetos a unas normas deontológicas, aunque hagan ciertas trampas porque tienen que atraer al público, ser los más rápidos… Pero cuando hablamos ya de algunos influencers que parece que no están sujetos a nada, que hablan desde la ignorancia y se sienten capaces de afirmar cualquier cosa… Lo que más me preocupa es que tienen un público bastante más amplio quizás que los medios tradicionales y que es el futuro de la sociedad. Es clave apuntar hacia lo que están haciendo.

En el libro dice que vivimos en un caos ético que se origina cuando el mal ya no se esconde ni se opone, sino que se celebra. ¿Hay alguna manera de revertirlo o ya no podemos escapar de él?

Me encantaría haber propuesto algo más concreto, porque es algo en lo que pienso a menudo. Es difícil no reconocer que existe un malismo que está de moda. Yo no era del todo consciente hasta que leí el libro sobre ello de Mauro Entrialgo. Hay una tendencia a apreciar más al malo y parece que ser bueno es ser un pringado. En política criminal, pasa un poco lo mismo: se nos tilda de buenistas, dicen que la justicia es buenista, por lo que la alternativa es una justicia malista.

Lo primero es no olvidarnos de reivindicar el buenismo. Y no achantarnos ante los malistas. Cuando desde el malismo se señala como buenista una idea progresista (o incluso una conservadora o liberal, como las garantías procesales penales), parece que nos acobardemos y no queremos contestar. Debemos decir que sí, que es una medida buenista y a mucha honra. El hecho de ser buenos nos ha llevado a ser mucho más civilizados. El hecho de abandonar la violencia y la agresividad nos ha llevado a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso nos ha hecho mejores.

¿Esta reivindicación del buenismo se le ha olvidado a la izquierda? Pienso en el acto del otro día de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, donde se asumía que había barrios en los que los niños no podían bajar a la calle.

Parece que la propia izquierda tiene que comprar este discurso sobre seguridad para no perder votantes. El miedo siempre ha sido una estrategia de manipulación y una herramienta muy poderosa para controlar a la población. En los 80 en Estados Unidos se descubrió que vender la idea del incremento del castigo era infalible: el votante tiene la sensación de que mejora su seguridad, y la izquierda quiere apuntarse a ese tanto porque este discurso ha calado.

Pero si analizamos las cosas con algo más de profundidad, observamos que las mejores decisiones de los seres humanos siempre han apuntado hacia un modelo buenista, que se aleja del ideal de venganza y del abuso de poder. Lo que ha hecho mejor a la humanidad siempre han sido ideas que apuntaban hacia un progreso, no hacia un retroceso.

Aquí en Barcelona se da la paradoja de que los datos oficiales no dejan de desmentir los discursos alarmistas sobre seguridad, pero igualmente estos calan en la sensación de los habitantes.

En Barcelona existe una narrativa, muy extendida, en el resto de España, de que la delincuencia está desbordada. Además, existe un cierto esfuerzo por ligarla a la inmigración. Pero basta con venir a Barcelona para constatar que es una ciudad normal y corriente, probablemente con una delincuencia bastante común a cualquier otra gran ciudad.

De hecho, Barcelona fulmina el relato ultra y reduce la mayoría de delitos pese al gran aumento de la inmigración.

El problema no está ahí. Tenemos que hacer un análisis crítico de cómo lo hemos estado haciendo. Creo que hemos sido incapaces de asimilar la inmigración. Hemos apuntado hacia un modelo multicultural en el que el país de acogida parece que tan solo tolera al que viene, y esa sensación de superioridad no fomenta una verdadera convivencia. No se valora suficientemente el desarraigo y el desconocimiento del migrante cuando llega. Apuesto por una interculturalidad en la que nos conozcamos, dialoguemos y mejoremos.

¿La vinculación entre delincuencia y migración ya no es monopolio de la extrema derecha?

Es curioso que determinados discursos, para perseguir sus propios fines políticos y señalar a las personas migrantes, recurren a las mujeres y a las personas LGTBI cuando también son negacionistas de este tipo de violencias. Nos venden la moto, por ejemplo, de que la violencia de género no va a descender porque están viniendo personas migrantes que son menos civilizadas, cuando la realidad no es así: un estudio del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo mostró que la prevalencia de la violencia de género había disminuido conforme se incrementaba la inmigración.

Me perturba que existen numerosos estudios científicos, académicos que han dedicado toda su vida a estudiar las potencialidades de la reinserción, las causas de la delincuencia, las limitaciones del derecho penal para prevenir el delito e incluso reflexiones realmente profundas sobre la necesidad del garantismo penal y de que el derecho penal sea mínimo. Y sin embargo, todas estas personas, están siendo silenciadas, apartadas y olvidadas del debate público.

E incluso se les critica por no querer hablar de inmigración o seguridad, cuando a lo mejor lo que pasa es que no quieren hablar en los términos de la extrema derecha.

La izquierda tendría que ser un poco más valiente y reivindicar el buenismo cuando se le ataca por no hablar de seguridad o no hablar de inmigración. Si somos capaces de alejarnos de la idea individualista y asumir que la delincuencia es un problema que tiene una dimensión colectiva, quizás también podamos adoptar decisiones más adecuadas. Y si todo esto es buenista, pues sí, soy buenista. Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista.

Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista

¿Cómo podemos abordar y cómo podemos luchar contra esta sensación de inseguridad?

La seguridad es un sentimiento mucho más complejo y mucho más amplio. Cuando hablamos con familia o amigos, todo el mundo expone algún problema. El más común es el acceso a la vivienda, pero los que vivimos en ciudades también las reconocemos cada vez menos. Donde estaba nuestro bar de confianza, ahora hay hamburguesería que te pone salsas extrañas y que podría estar lo mismo en Brooklyn que en Cádiz.

A eso hay que sumar los grandes problemas globales, como las guerras o las crisis económicas. En este contexto todo el mundo tiene mucha inseguridad y siente mucha incertidumbre. El trabajo como institución ya es incapaz de resolver muchas necesidades básicas, porque trabajando honestamente se paga el alquiler y se compra en el supermercado, pero poco más. La seguridad personal ofrece ese chivo expiatorio, cuando ese miedo puede estar vinculado a una sensación de inseguridad mucho más amplia y a una incertidumbre que se ha instaurado en nuestras personalidades como una forma de vida.

¿La agenda de la seguridad ha desplazado el foco de la política pública de otros ámbitos como la prevención o la rehabilitación?

La priorización de la seguridad busca un confort rápido, que es lo que abre la puerta a discursos populistas como expulsar a los migrantes o meter en la cárcel de por vida a determinados delincuentes. En este contexto, en el que existe además esa creencia popular tan arraigada sobre el castigo, el político encuentra algo extraordinario: la posibilidad de vender un cambio legislativo o proponer medidas que son una porquería, como poner una cámara de vigilancia, para pretender que resuelve los problemas, cuando seguramente la solución pasa por procesos mucho más complejos.

¿Y más caros a nivel de recursos?

Mucho más caros y mucho más difíciles de vender. Una política social que apunta a largo plazo es muy difícil de vender. Es mucho más fácil proponer una modificación legislativa o una medida simplista pero que permite al político salir en una foto rápida. En cambio, algo que va a empezar a tener efectos dentro de 10 o 20 años, puede resultar poco atractivo porque posiblemente no será el mismo político el que se pueda poner la medalla en el futuro.

Este libro es una apuesta para que la gente reflexione y encuentre herramientas más allá de ese discurso simplista. Creo que todo el mundo es consciente de que la criminalidad no es un problema simple. Es un problema muy complejo y difícilmente lo vamos a resolver apuntando a una única causa.

Julio Iglesias ha interpuesto una demanda contra cinco periodistas de elDiario.es por las informaciones publicadas a partir del 13 de enero, cuando este medio reveló los testimonios de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales. Estas dos mujeres, de nombres ficticios Rebeca y Laura, le denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero. La denuncia fue archivada cuando la Fiscalía consideró que España no tenía jurisdicción para investigar a Iglesias, pese a ser un ciudadano español.

La demanda es un escrito que solicita un acto de conciliación y que todavía no ha sido notificado a Diario de Prensa Digital SL, la empresa editora de elDiario.es y a la que también se dirige la demanda. Esta acción legal es un paso previo obligatorio antes de presentar una querella. La demanda fue adelantada por Okdiario, pero elDiario.es ha accedido a su contenido este martes.

Iglesias acusa a los periodistas de elDiario.es de hacer un “supuesto trabajo de investigación”, califica las informaciones publicadas como “opiniones”, atribuye al medio el haber “participado” en la elaboración de la denuncia judicial y acusa a sus periodistas de actuar con un “manifiesto desprecio a la verdad” al realizar “un montaje con actrices profesionales”.

elDiario.es entrevistó a las denunciantes en diferentes ocasiones durante los años 2024 y 2025, siempre grabando las entrevistas en audio. En 2025, tras la incorporación de Univision Noticias a la investigación, se volvieron a repetir las entrevistas, esta vez realizando una grabación en vídeo para que se pudieran difundir los testimonios en formato audiovisual. Con el objetivo de preservar la identidad de Rebeca y Laura, y a petición de sus abogadas, tal y como este medio explicó desde el primer día de la publicación, se encargó un doblaje profesional que reprodujera de manera exacta sus palabras. Antes de la publicación, se cotejó que la pista de audio del doblaje se correspondiera con el original de las entrevistas.

Garantizar el anonimato

En su demanda, Iglesias afirma que las entrevistas son “vídeos prefabricados” que hacen “creer a la opinión pública que comparecían ante la cámara las supuestas víctimas, ocultando, sin embargo, que se trataba de una recreación con actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. Pero como se indicó en el reportaje, las mujeres que aparecen en los vídeos son Rebeca y Laura, las dos extrabajadoras que denunciaron a Iglesias.

La demanda de Julio Iglesias sugiere que “la opinión pública” pudo descubrir “con posterioridad que no se trataba realmente de las denunciantes, sino de personajes figurados”. Pero tal y como se ha explicado en repetidas ocasiones y desde el primer día de la publicación, las mujeres que aparecen en los vídeos son las denunciantes. La medida de protección de su identidad que supone modificar su voz no se ha ocultado en ningún momento.

“La imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices. Sin embargo, este dato no es incluido en ningún momento a lo largo del texto de la noticia”, prosigue la demanda. Esta afirmación es rotundamente falsa: la imagen corresponde a Rebeca y a Laura, estos nombres son ficticios (no corresponden a ninguna actriz) para evitar las represalias contra las demandantes y proteger su intimidad, y esta advertencia se ha señalado desde el primer día y en todos los vídeos y podcast publicados por elDiario.es.

“Nos encontramos ante un caso sin precedentes en el periodismo español que (...) choca frontalmente con la ética de dicha profesión”, dice Iglesias en su demanda al respecto de proteger la identidad de las mujeres entrevistadas utilizando un doblaje. No es cierto. Por nombrar un caso reciente, el reportero Antonio Pampliega utilizó el mismo método de doblaje en el podcast Costa Nostra al entrevistar a un sicario que temía por la revelación de su identidad. “Lo que dice es real, es la conversación que tuvimos él y yo, pero era un actor de doblaje porque él no permitía que su voz real apareciese en ningún sitio”, explicó Pampliega en el podcast de la Fundación Gabo El diván del periodismo.

Otros documentales han recurrido a técnicas similares. El que realizó el español de Pablo de la Chica Infiltrada en el búnker (Prime Video, 2025) sobre la experiencia de Carlota Saorsa, nombre ficticio de una activista animal que mostró el funcionamiento de un laboratorio de experimentación animal y cuyo testimonio fue interpretado por una actriz, después de que los periodistas hicieran la entrevista. Medios de prestigio como BBC recurren con frecuencia a esta técnica de protección de sus fuentes, como en este testimonio de una mujer que afirmaba ser víctima de los abusos sexuales del presentador Jimmy Savile.

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales, según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario. elDiario.es ha confirmado con el despacho de José Antonio Choclán que la demanda de conciliación se ha interpuesto este lunes en Madrid, pero el abogado se ha negado a facilitar una copia a este periódico.

La demanda, según Okdiario, cita los delitos de injurias y calumnias. “El medio reconoce haber fabricado la denuncia que luego difunde con grave desprecio hacia la verdad”, dice ese medio atribuyendo la cita a la demanda, la cual contiene acusaciones falsas.

elDiario.es nunca ha reconocido haber “fabricado” la denuncia presentada por las dos extrabajadoras de Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta denuncia fue archivada tras recabar el testimonio de las dos mujeres no porque los fiscales encargados de la investigación entendieran que su versión de lo ocurrido fuera falsa, sino porque consideraron que la justicia española carecía en ese caso de jurisdicción para juzgar unos hechos ocurridos en el extranjero. Este criterio ha suscitado un debate jurídico y catedráticas de derecho penal como Lucía Martínez Garay valoran que España sí es competente para investigar y juzgar a Iglesias. Las abogadas de las extrabajadoras aseguraron que a pesar de este archivo, continuarán con su batalla legal para acceder a la justicia.

La denuncia de las extrabajadoras Rebeca y Laura (nombres ficticios) presentada ante la Fiscalía el pasado 5 de enero hacía referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”, unas acusaciones que Julio Iglesias niega.

La demanda de conciliación por injurias y calumnias es el paso previo a la interposición de la querella que Julio Iglesias dice tener voluntad de llevar adelante, según informa Okdiario. La demanda de conciliación ha sido presentada contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar; contra las periodistas que han firmado algunas de las informaciones: Ana Requena Aguilar, María Ramírez y Elena Cabrera; contra el autor del podcast Un Tema Al Día y subdirector de elDiario.es, Juan Luis Sánchez, así como contra Diario de Prensa Digital S.L., empresa editora de elDiario.es.

Okdiario asegura que la demanda de 33 páginas acusa a elDiario.es de “elaborar un montaje periodístico que supuso una grave lesión a los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia” del cantante. elDiario.es no elaboró ningún montaje periodístico. Informó sobre la denuncia de dos mujeres por graves agresiones sexuales contra Julio Iglesias, al que este medio de comunicación ofreció reiteradamente su derecho a dar su versión sobre la información que se iba a publicar, un derecho que el artista no quiso utilizar.

Señala la demanda que la publicación de la noticia por elDiario.es se hizo “a sabiendas de que no se había comprobado su veracidad”. Para comprobar su veracidad, el trabajo de las redactoras de elDiario.es, al que se sumó en 2025 un equipo de cinco periodistas de Univision Noticias, se prolongó durante tres años. Este medio realizó las debidas comprobaciones periodísticas para chequear la credibilidad de los testimonios: entrevistó a las mujeres en repetidas ocasiones a lo largo de dos años, que ofrecieron siempre testimonios consistentes, buscó testimonios secundarios de personas que confirmaron que habían tenido noticia de los hechos en el momento en el que se produjeron, y recabó toda una serie de pruebas documentales que afianzaban el relato de estas mujeres.

Entre esas pruebas estaban los exámenes ginecológicos que se mandaba hacer a las trabajadoras de la casa de Julio Iglesias en Punta Cana, incluyendo pruebas de enfermedad de transmisión sexual, como hepatitis C o VIH, y eran conocedores de los resultados, algo que es ilegal en República Dominicana.

Además, tanto elDiario.es como Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

El requisito de veracidad

La injuria es una lesión a la dignidad o a la fama de una persona. Solo suponen un delito cuando se consideran “graves”, según el Código Penal. Y son graves si se realizan con conocimiento de su falsedad o desprecio por la verdad. Por su parte, el delito de calumnias se da cuando se imputa un delito concreto a sabiendas de su falsedad, lo cual se castiga en España con penas de multa e incluso prisión.

Cuando las noticias suponen un menoscabo del crédito de una persona, para que prevalezca el derecho a la información se exige que las noticias cumplan con el requisito de la veracidad. “Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”, según una de las muchas sentencias del Tribunal Supremo al respecto de los conflictos entre honor e información.

“El requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información”, dice la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional. “Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”, señalan las sentencias judiciales.

La primera de las informaciones de la investigación sobre Julio Iglesias se publicó el 13 de enero, junto a la cadena de televisión estadounidense Univision, la cual no ha sido mencionada en la demanda de conciliación, según Okdiario.

Durante los 10 días previos a su publicación, los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias intentaron por diferentes medios recabar la versión del cantante denunciado, sin obtener respuesta suya ni de sus representantes legales. Posteriormente a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante negó en un comunicado a través de sus redes sociales “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Alexandra García Tabernero (Barcelona, 1991) es fiscal de la Audiencia de Barcelona, profesora de Derecho Penal y una experta y apasionada de la Justicia Internacional. Trabajó en la Corte Penal Internacional y en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Su currículum es aún más extenso, pero esta entrevista no es a la Alexandra fiscal. O no solo a ella. Es a la Alexandra que un día, en una comida familiar, descubrió que un familiar suyo, de la parte que emigró a Argentina, podía haber tenido “problemas” con la Justicia. Intentó saber más, pero no lo logró hasta que, 12 años más tarde y gracias a una de sus tías, apareció ya el nombre del coronel Tabernero. Su tío.

A partir de ahí empezó una investigación que concluye con un libro, Carta al coronel (Debate), en el que la autora reconstruye la historia real de su viaje a Argentina para conocer quién fue su tío, subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que murió preso sin llegar a ser juzgado. Alexandra García Tabernero tampoco le juzga aunque, como buena fiscal, señala los indicios en una carta que aspira a ser también una reparación para las víctimas de la atroz dictadura.

¿Quién es Reinaldo Tabernero?

Reinaldo Tabernero es mi tío y fue coronel del ejército argentino. En 1977, en plena dictadura de Videla, era subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Años después acabó preso, investigado por crímenes de lesa humanidad.

Y usted sabe de su existencia casi por casualidad. 

Sí. Yo volvía de Londres, de una estancia por un máster en la que justo había escrito sobre la orden de detención a Pinochet. Me puse a contarlo en una comida familiar en Barcelona. Alguien mencionó que tenía familia en Argentina y que uno de mis tíos de allí terminó, dijo, con problemas de esos con la Justicia.

Qué frase. “Problemas de esos con la Justicia”.

Exacto, como si no hubiera pagado una multa, como si hubiera tenido, no sé, un embargo por alguna cuestión de Hacienda. Pregunto en esa mesa y a partir de ese día también a otros familiares y nadie me confirma absolutamente nada. Ese comentario espontáneo termina arrinconado y de algún modo paso página. Acababa de volver de una estancia de máster y me pongo a pedir una beca para irme a Estados Unidos justo para profundizar en temas de derecho penal internacional, que es lo que a mí me había despertado vocación desde hace años.

Después estoy en La Haya, en casos de crímenes de lesa humanidad, de militares, precisamente. Terminado ese año vuelvo a España y me pongo a opositar, saco plaza de fiscal y empiezo a trabajar. Transcurren doce años desde esa comida. Pero en enero del 2025 estoy hablando con una de mis tías y le cuento que me voy a Argentina. No me da tiempo de mencionarle que es para visitar a unas amigas. Mi tía se confunde, se descuelga y de repente me dice, 'madre mía, si investigas lo del coronel no te va a gustar'. Y ahí ya toca hueso.

Y empieza a tirar del hilo.

Ahí ya sí que me pongo a investigar a fondo, a solicitar documentación. Confirmo que se trata de un pariente mío llamando a una prima de mi tía que resulta que había elaborado un árbol genealógico. Esa prima de Barcelona me confirma que tenemos a una parte importante de nuestra familia en Argentina, porque de un pueblecito, de una aldea de La Rioja, una familia con seis hijos, cinco se fueron para Argentina a principios del siglo XX. Solamente uno de los hijos se quedó. Yo desciendo de ese, del mayor, el resto, todos los hermanos se fueron para Argentina y este militar, este coronel, es el hijo de uno de ellos.

Su tía le dijo que no le gustaría lo que encontraría, pero en su familia tampoco sabían mucho de Reinaldo Tabernero.

No sé todavía, a día de hoy, hasta qué punto mi familia española conocía detalles de todo esto. No termina de quedar nunca claro. Forma parte de esos secretos familiares vinculados a la idea de estigma, el peso social de la familia. Es un personaje que acabó preso. Allí era un cargo público conocido. Lo que yo descubro es que la gente en la provincia de Buenos Aires conoce mi apellido y que lo asocian a la dictadura, evidentemente.

¿Por qué decide averiguar más sobre él?

Lo único que tengo por seguro cuando emprendo el viaje es que tengo vínculo de parentesco con un coronel del ejército que fue jefe de la Policía con Videla. Que era subjefe de la Policía Provincial de Buenos Aires, y que terminó preso por crímenes de lesa humanidad. Esto es todo lo que yo sé, lo que hay en una primera búsqueda en internet.

Contacto con los archivos de memoria, con asociaciones de memoria, Abuelas de Plaza de Mayo… Ellos me facilitan toda la documentación que está pública y desclasificada. Han hecho un trabajo impresionante de documentación. Y empiezo a entrevistarme también con personas, sobre todo buscando a víctimas de 1977, de torturas, de apropiaciones de bebés, y me voy empapando de la época. No solamente de la figura en concreto de quién fue mi tío y qué había hecho, que eso era lo que a mí me obsesionaba más, sino que también necesitaba sumergirme al máximo en esa época para poder entender las implicaciones de lo que fue su figura y de lo que representó. 

También reconoce que no era consciente de hasta qué punto le marcaría. 

Sí, eso es así. Me voy con la intención y el objetivo de documentarme, de obtener información, casi como una labor periodística de investigación. Lo que me encuentro es con un montón de testimonios personales. Conozco a mi familia argentina y eso me traspasa todas las capas porque es muy distinto a leer lo que puede reflejar un documento. El testimonio vivo se convierte en un viaje emocional, en una montaña rusa porque atravieso un montón de emociones.

A la vuelta hay unos días en los que no puedo escribir, no puedo seguir. Había empezado a escribir la carta, y me bloqueo, porque tengo tal cóctel emocional, tanto conflicto interno, tanta emoción ambivalente, que me cuesta avanzar. Siento que me he acercado demasiado a él en este viaje. El hecho de saber que somos familia, que compartimos apellido, sangre e incluso apariencia física, según el fiscal del caso, y yo dedicándome a lo que me dedico hace que al principio se produzca un efecto inconsciente de querer exculpar. El buscar el resquicio, la versión exculpatoria posible, la duda razonable. ¿Y si estuvo en el cargo equivocado, en el momento equivocado? Es algo que pienso de forma inconsciente.

¿En cierta manera este libro, esta carta que le escribe, es una especie de rendición de cuentas en su nombre?

En este sentido me encuentro con un escollo y es que él, pese a entrar en prisión, muere antes de su juicio. Fallece preso preventivo y, por tanto, sin una sentencia, sin un proceso público en el que pueda demostrarse en sentencia firme lo que hizo o dejó de hacer.

Lo que yo puedo hacer frente a eso es publicar esta carta y evidenciar un compromiso desde el mismo apellido y desde la misma sangre con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la memoria, para lo que eso pueda servir. Ya no solo en mi persona, que ya te digo que ha tenido un efecto terapéutico, sino también para otras personas dentro de mi familia española y argentina. Mi esperanza es que también pueda llegar a tener un cierto efecto reparador y de justicia en personas que atravesaron esa época en Argentina. 

¿En posibles víctimas?

Sí, en posibles víctimas.

¿Encontró todas las respuestas que buscaba?

Encontré muchas de las respuestas, no todas. Me queda la duda y la arrastraré siempre, me queda el no haberlo conocido, haberme entrevistado con él y haberme podido llevar una impresión directa de quién era.

Si eso hubiera sido posible, ¿qué le habría preguntado?

Muchas de las preguntas están en el libro. Fundamentalmente, ¿qué fue lo que ocurrió ese año?, ¿qué hay de cierto en lo que te atribuyó el fiscal?, ¿participaste?, ¿sabías lo que estaba pasando?, ¿ordenaste alguna detención ilegal?, ¿ordenaste algún asesinato?, ¿cometiste algún asesinato?, ¿torturaste a alguien?, ¿tuviste algo que ver en la apropiación sistemática de bebés que se produjo ese año?

Lo que yo puedo hacer frente a eso es publicar esta carta y evidenciar un compromiso desde el mismo apellido y desde la misma sangre con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la memoria, para lo que eso pueda servir.

Hay un momento en el que reflexiona sobre el mal, sobre su génesis. ¿Hasta qué punto piensa que nace de la propia persona y cómo puede verse propiciado también por el contexto?

No entiendo de biología pero, por lo que he leído, se dice que podría haber un elemento congénito. Lo que sí he podido ver como fiscal es que hay personas que tienen una absoluta falta de empatía y una frialdad frente al dolor ajeno y la causación del dolor ajeno.

A mí me parece que el contexto, la socialización de los humanos, tiene un papel muy importante. Y el contexto no solo social y familiar sino también el cultural. En Argentina se instauró un relato oficial, el de que había una guerra contra el terrorismo y de que había que hacer frente a los elementos subversivos con todos los medios al alcance del aparato estatal. Ese paraguas fue utilizado por muchas personas para justificar atrocidades. 

En el libro, una de las víctimas le explica que no cree en la humanidad, que la historia no existe. ¿Para alguien que se dedica a impartir justicia es especialmente difícil escuchar una frase como esta?

Sí, lo es. Siempre que trato con una víctima le transmito una idea y es que soy consciente de que no puedo hacer lo que a mí me gustaría, que es borrar lo que le ocurrió. Hay que ser realistas, nosotros no podemos borrar lo que les hicieron. Sí podemos comprometernos a poner todos los medios públicos a nuestro alcance para que esa persona sienta que está siendo escuchada y que se está intentando algún tipo de reparación, ya sea en la forma de consecuencia punitiva, que es lo que hacemos en derecho penal, o en otra forma.

Este libro es otra forma de justicia en algún sentido. Yo no le hago un juicio a mi tío, no puedo, pero puede haber un efecto restaurador a lo largo de la historia.

Dice que este libro no lo escribe como fiscal, pero algo habrá influido su mirada de jurista a la hora de tratar con algunas víctimas y también a la hora de escribirlo.

Se me escapa un poco el papel de fiscal. Llevo el personaje dentro y no puedo separarme del todo de él porque para mí mi elección de oficio fue algo muy vocacional. Yo no me veo haciendo otra cosa. Soy fiscal y seguiré siendo fiscal. 

Aquí he hecho un esfuerzo por colocarme en el papel de sobrina porque me interpela. Como fiscal podría haber escrito sobre muchos otros posibles perpetradores y hacer una valoración de indicios, pero elegía al coronel Reinaldo Tabernero por una razón y es que es mi tío. Es cierto que hay algo que hago a lo largo de toda la carta que es muy de fiscal sin reconocerlo abiertamente y es poner sobre la mesa los indicios que había en su contra.

Tal vez también llevar la coraza abrochada.

Sí, ese consejo me lo dio un magistrado del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia cuando terminé mi periodo allí de estancia antes de convertirme en fiscal y es el mejor que me han dado. Yo pensé que para el oficio, pero lo es para la vida. Hay que protegerse. Estamos en un mundo en el que no todas las personas tienen buenas intenciones y es necesario protegerse. En mi oficio lo es para poder prestar un servicio público en condiciones.

Estamos en un mundo en el que no todas las personas tienen buenas intenciones y es necesario protegerse. En mi oficio lo es para poder prestar un servicio público en condiciones.

Usted es experta en Derecho Internacional. Viendo lo que ha pasado en Gaza, habrá gente a la que le cueste creer aún en la Justicia internacional. Parecería que entre la justicia y la geopolítica ha ganado la segunda.

El sistema de justicia penal internacional requiere de voluntades soberanas de los países y necesitamos de su consentimiento y de la cooperación permanente de los países que son soberanos, que pueden retirarla. Vivimos un momento actual de fragilidad en el que hay que tomar decisiones pensando a largo plazo y de forma estratégica para la supervivencia de este modelo. 

Es un modelo que nació de forma imperfecta. Tenemos los juicios de Núremberg con todas las objeciones legales que se podían formular. Sin embargo, fue el peaje, el mal menor, para que naciera este proyecto en el que yo sigo creyendo firmemente. No es el mejor momento que atraviesa, pero sigo creyendo en su viabilidad. 

Es de las fiscales que ha hablado más claro reclamando una especialización para lidiar en los casos de violencia sexual. Aunque se haya avanzado, aún cuesta mucho que una mujer se decida a denunciar.

Las reticencias que me he encontrado en este tipo de delitos no las he encontrado en otros. El miedo, la vergüenza, el estigma, las presiones frenan a la víctima y la paralizan como no lo hacen en ningún otro caso. Eso es comprensible y precisamente por ello, nosotros somos los que debemos poner mayores facilidades para que se venzan esas barreras de miedo inicial a denunciar. Porque en España, sin una denuncia, no podemos investigar un delito sexual. Necesitamos esa denuncia. La puede interponer el fiscal, pero para que el fiscal la interponga necesita información que normalmente le va a proporcionar la víctima. Ahí tenemos un reto pendiente. Argentina creó una especialidad en violencia sexual. Podemos aspirar a ello y sería un gran acierto.

Leí una frase suya que lo resume muy bien: “No todo empieza y termina en el derecho”.

La ley es una parte de la solución, pero es necesario el enfoque multidisciplinar.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la multa de 5.700 euros a María León por un delito de resistencia y otro leve de lesiones por haber agredido a la Policía Local de la capital hispalense en el mes de octubre del año 2022 junto al Parque de María Luisa. Con ello, se ha rechazado los recursos de los agentes atacados que ejercen la acusación particular y de la Fiscalía de Sevilla contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla para que se incluyera la pena de cárcel, según ha adelantado el Grupo Joly y confirmado elDiario.es.

Contra esta resolución solo cabe recurso de casación. Además, cabe recordar que, en la sentencia de marzo del año pasado, el juzgado condenaba a la acusada al pago de una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia y al abono de una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, concurriendo la atenuante de reparación del daño.

Asimismo, la investigada tendrá que indemnizar a la agente lesionada en la cantidad de 100 euros, a cuyo fin se destinará la cantidad de 150 euros consignada por la propia acusada antes de la celebración de la vista oral, con devolución en su caso del sobrante. De otro lado, el juzgado absuelve a los otros dos acusados que fueron enjuiciados junto a la actriz por delitos de atentado, resistencia y desobediencia.

Pena de cárcel

En el juicio, la Fiscalía solicitó para la acusada un año y nueve meses de cárcel por un delito de atentado y el pago de una multa de 720 euros por un delito leve de lesiones, así como que indemnizara a la policía lesionada con 100 euros. Asimismo, pidió para un segundo investigado un año de prisión por un delito de atentado, y para el tercer acusado reclamó nueve meses de cárcel por un delito de resistencia.

La magistrada considera probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 4.45 horas del día 1 de octubre de 2022, cuando los tres acusados paseaban por la avenida de María Luisa de la capital hispalense junto con otros acompañantes, uno de ellos en bicicleta, procedentes de una cena y en busca de un local abierto.

De este modo, dos agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio en coche patrulla y uniformados, exhibiendo placa emblema, procedieron a dar el alto al ciclista y le requirieron para que se sometiese a las pruebas de determinación del grado de impregnación alcohólica, para lo cual solicitaron la presencia del vehículo policial que portaba el denominado test de aproximación y, tras su realización y a la vista de su resultado, pidieron la presencia de furgón policial para la práctica de prueba con etilómetro evidencial.

La sentencia considera probado que, durante esta actuación, la actriz acusada fue requerida por los agentes para identificarse, mientras que, posteriormente, le informaron de que iba a ser conducida a dependencias policiales para su identificación en forma, motivo por el que la acusada se introdujo por su propio pie en el vehículo policial.

Propinó un puñetazo a una agente

Al hilo, la jueza añade que, una vez iniciada la marcha por el vehículo policial, uno de los acusados “se situó delante del mismo, impidiendo que continuase avanzando, mientras los agentes desde el interior hacían indicaciones con gestos para que se apartara hasta que, finalmente, descendieron del vehículo para poder reanudar la marcha”, momento en el que una persona no identificada abrió la puerta trasera del vehículo policial.

Los dos agentes del vehículo policial “fueron tras ella y trataron de sujetarla cada uno por un brazo”, momento en el que la acusada, “movida por el ánimo de oponerse a la actuación policial y asumiendo causar con ello un menoscabo físico a la agente, forcejeó y lanzó un puñetazo con el brazo izquierdo a la agente en la mejilla derecha, perdió el equilibrio y cayó al suelo, desde donde le lanzó también una patada al tiempo que se dirigía a ella diciéndole ”hija de puta, zorra“”.

En este punto, la magistrada considera igualmente probado que, la acusada “trató de eludir a los agentes, intentando huir de los mismos, hasta que le dieron alcance, reteniéndola contra una valla, donde la agente trató de ponerle los grilletes, precisando la ayuda” de dos compañeros en tanto la condenada “gritaba que no la tocaran”.

Tal y como recoge la sentencia, mientras la agente “trataba de proceder a la detención” de la investigada, “otra persona, con total desprecio por el principio de autoridad y asumiendo la posible causación de menoscabo físico a la agente, la sujetó del chaleco protector que llevaba, zarandeándola con intensidad para impedir que pudiera esposar” a la acusada, “cesando en su actitud sólo cuando fue separado por otro agente”, aunque la jueza no considera que el autor de tales hechos fuera uno de los acusados que ha sido por ello absuelto.

El 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia nacional dictó un Decreto de archivo, en el que declara que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar los hechos por los que la organización Women’s Link Worldwide, en representación de varias mujeres, ha acusado recientemente al cantante Julio Iglesias, y a otras dos personas. Los hechos son conocidos y, según recoge el escrito de la propia Fiscalía, podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, acoso sexual, agresión sexual, lesiones, y contra los derechos de los trabajadores.

Pues bien, en contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de estas acusaciones, al menos las que van dirigidas contra el Sr. Iglesias (puede que no las que afectan a las otras dos personas acusadas, que al parecer no tienen nacionalidad española), porque así lo establece el principio de personalidad activa regulado en el art. 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles […] y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, […] b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. […] c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero […].”.

El Sr. Iglesias tiene nacionalidad española, por lo que el primer requisito está cumplido. Por lo que hace al segundo (que los hechos sean punibles tanto en España como en el lugar en el que se han cometido; es lo que se suele denominar “doble incriminación”), no conozco con detalle la legislación de República Dominicana y Bahamas, países en los que tuvieron lugar los hechos, pero cabe pensar que al menos delitos tan básicos como las lesiones y las agresiones sexuales estarán tipificados en cualquier código penal (y respecto del resto, es algo que se puede comprobar una vez iniciada la investigación). Por otro lado, es evidente que el Sr. Iglesias no ha sido aún juzgado, y por tanto no ha sido absuelto, indultado ni penado en el extranjero, de manera que se respeta también la letra c) del art. 23.2 LOPJ. El único requisito que faltaría por cumplir es (letra b) que las agraviadas o el Ministerio Fiscal interpongan querella antes los tribunales españoles.

Las mujeres directamente agraviadas tienen por tanto expedita la vía judicial en España, aunque es comprensible que no quieran asumir en primera persona la responsabilidad exclusiva de llevar adelante un juicio tan complicado, largo y costoso —a todos los niveles— como previsiblemente sería este.

Y también el Ministerio Fiscal puede interponer la querella, si le consta —como es el caso— que las mujeres quieren que se juzguen los hechos. Nótese que el art. 23.2 LOPJ no exige nada más: ni que el acusado se encuentre en territorio español, ni que estén aquí las víctimas, ni que el estado en el que ocurrieron los hechos se haya negado a juzgarlos… Nada más. Solo los cuatro requisitos que acabo de reproducir.

¿Cómo se explica, entonces, que la Fiscalía haya afirmado lo contrario? Pues no es fácil de entender. Como único argumento para no aplicar el principio de personalidad activa previsto del art. 23.2 LOPJ, la Fiscalía cita una sentencia del Tribunal Supremo, la número 974/2016, de 23 de diciembre, que afirmó que el art. 23.2 LOPJ debe aplicarse restrictivamente, “pues no implica que un ciudadano «lleve consigo la ley penal española» más allá de las fronteras del Estado. La sentencia destaca que la extensión de jurisdicción exige estricta concurrencia de requisitos, especialmente el de doble incriminación, y que el legislador no contempla una competencia automática por el solo hecho de ser el investigado español”.

Desde luego, es muy cierto que la ley no contempla una competencia automática de los tribunales penales españoles por el mero hecho de ser el acusado español, al contrario: como acabamos de ver, exige que concurran otros requisitos, especialmente el de doble incriminación. La Sentencia del Tribunal Supremo 974/2016 se refiere a un caso en el que faltaba, precisamente, este requisito: era un supuesto de pesca ilegal en aguas internacionales, y el Tribunal entendió que esas aguas, puesto que ningún Estado tiene soberanía sobre ellas, no eran un territorio en el que pudiera considerarse tipificada como delito la pesca ilegal. Ahora bien, el caso de Julio Iglesias es muy distinto: los hechos se han cometido en el territorio de dos países (República Dominicana y Bahamas) cuyos códigos penales es muy probable que sí regulen como delito, igual que hace España, los comportamientos por los que se le acusa. El precedente de la Sentencia 974/2016 no es, por tanto, aplicable aquí.

El resto de razones que ofrece la Fiscalía para argumentar que España no puede juzgar estos hechos se centran en que no concurrirían en este caso los requisitos del principio de justicia universal, regulado en otros apartados del art. 23 LOPJ. Creo que tampoco aquí tiene razón la Fiscalía: los delitos de violencia contra las mujeres y de trata de seres humanos sí están contemplados en las letras l) y m) del art. 23.4, que confiere competencia a España para juzgarlos en virtud del principio de justicia universal siempre que “el procedimiento se dirija contra un español”, circunstancia que evidentemente se cumple en el caso de Julio Iglesias. El Decreto de archivo de la Fiscalía cita aquí como precedente la Sentencia del Tribunal Supremo nº 387/2022, pero se equivoca otra vez: esa sentencia denegó la competencia de los tribunales españoles (por delitos, además, distintos de los que se ventilan en el caso de Julio Iglesias) en un caso en el que los autores eran colombianos. Siendo Julio Iglesias español, obviamente estamos ante un precedente que no es aplicable a su caso. Es más, en esa Sentencia de 2022 parece que los hechos ya habían sido juzgados y condenados en el país en el que ocurrieron (Colombia), mientras que en el caso de Julio Iglesias no consta que se haya iniciado ninguna investigación judicial ni en República Dominicana ni en Bahamas, por lo que tampoco eso es impedimento para juzgarlos en España (art. 23.5 LOPJ).

Es cierto, efectivamente —y en esto es en lo único en lo que a mi juicio tiene razón la Fiscalía— que, tras la muy discutida reforma del año 2014, el principio de justicia universal quedó configurado (o desfigurado) de una manera tan restrictiva, que es bastante difícil que por esa vía España pueda juzgar hechos cometidos fuera de sus fronteras, aunque uno de los resquicios que aún lo permiten es, precisamente, que la persona acusada sea de nacionalidad española. Y, en todo caso: una cosa es el principio de justicia universal, y otra muy distinta el de personalidad activa. Basta con que se cumplan los requisitos o bien de uno, o bien del otro, para que los tribunales españoles sean competentes. Y en este caso se cumplen sin duda los del principio de personalidad, previsto en el art. 23.2 de la LOPJ.

En definitiva, los tribunales españoles son competentes para conocer los hechos por los que se acusa a Julio Iglesias, probablemente en virtud del principio de justicia universal (art. 23.4 LOPJ), y con toda seguridad en virtud del principio de personalidad activa (art. 23.2 LOPJ), si la Fiscalía o las personas agraviadas interponen una querella ante la Audiencia Nacional. Que las mujeres víctimas no quieran hacerlo directamente, se comprende por muchos motivos. Que no quiera hacerlo el Ministerio Fiscal, es bastante más difícil de entender.

“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún no pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.

Discret, reflexiu i de to serè, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) va prendre, el passat 17 de setembre, possessió del seu càrrec com a president de l'Audiència Provincial de les Balears després de més de tres dècades de carrera judicial i una reconeguda especialització en dret civil balear, camp en el qual ha contribuït a preservar la singularitat jurídica de l'arxipèlag. La seva trajectòria professional ha estat vinculada especialment a les Illes, territori del qual és originària la seva família i en el qual resideix des de la seva infància. L'òrgan que ara presideix és la destinació en la qual ha romàs durant més temps.

El 2022 va participar en l'elaboració de la Guia de Bones Pràctiques del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), un document destinat a unificar criteris i facilitar la feina de jutges i advocats als tribunals, que ara aspira a aplicar en la seva nova etapa al capdavant de l'Audiència.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, conscient de la sobrecàrrega que suporten els òrgans judicials -un de cada sis ciutadans a les illes espera una resolució, segons dades del TSJIB-, confia que la implantació dels jutjats d'instància i la digitalització del sistema contribueixin a alleujar els retards. Així mateix, defensa la necessitat d'incorporar la intel·ligència artificial com a eina de suport, no com a substitut del criteri humà “en els casos concrets que afecten ciutadans en particular”. El magistrat subratlla la importància de normalitzar l'ús del català a la Justícia i reivindica la plena vigència del dret civil balear en matèries com les successions i el règim econòmic matrimonial.

Sobre l'actuació dels jutges en les causes de més ressò mediàtic, assenyala que, “lògicament, les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima”, encara que apel·la a “la independència i la imparcialitat” que els magistrats “intentem defensar cada dia amb la nostra actuació”.

El 2022 va participar en el grup que va elaborar la Guia de Bones Pràctiques del TSJIB. Quins són aquests exemples? Hi ha alguna cosa d'aquesta guia que pensi aplicar des del seu nou càrrec?

La Guia es va elaborar en col·laboració amb advocats, procuradors i altres professionals i la finalitat era unificar els criteris d'actuació als tribunals per la raó que una cosa és el que diu la llei i després estan les pràctiques diàries del tribunal. Buscàvem facilitar als professionals el poder treballar i que els jutjats poguessin fer-ho a través d'unes normes orientatives. La guia conté un elenc de recomanacions sobre, per exemple, l'extensió dels escrits, el tipus de lletra, la forma de presentació de les proves en els judicis i aquest tipus de qüestions diàries, a més d'altres que es poden dur a terme en els judicis per facilitar la tasca dels jutges. En les vistes, cada tribunal té instaurades unes pràctiques diferents.

En el seu discurs de presa de possessió va esmentar l'excessiva càrrega de feina que sostenen els tribunals, un fet que provoca, a més, que un de cada sis ciutadans a les Balears es trobi a l'espera d'una resolució judicial, tal com va donar a conèixer el passat mes de maig el president del TSJIB, Carlos Gómez. Quines mesures concretes considera més urgents per reduir els retards judicials?

És difícil parlar de mesures concretes perquè la realitat és que el retard en la tramitació i la falta de mitjans personals i materials és un tema recurrent en l'administració de Justícia. I és cert que hem arribat a un moment en què aquest retard és acusat en matèria civil pel cúmul d'assumptes que van arribant, amb recursos d'apel·lació que fan que les seccions civils estiguin tensionades. I en matèria penal, per la dificultat de senyalament dels judicis i per la complexitat dels casos degut al nombre de parts. Això ocupa temps en els tribunals. I no només l'Audiència, sinó també els Jutjats, estan saturats de feina. Llavors és una mica difícil. Fa un mes que sóc president de l'Audiència Provincial i el que estic fent és prendre consciència de quina és la situació per veure què és el que es pot fer.

El retard en la tramitació i la falta de mitjans personals i materials és un tema recurrent en l'administració de Justícia. Ha arribat un moment en què aquest retard és acusat en matèria civil pel cúmul d'assumptes que van arribant. Fa un mes que sóc president de l'Audiència Provincial i estic prenent consciència de la situació per veure què es pot fer

Seria viable ampliar plantilla judicial a les Balears?

A lo que estem ara assistint és al naixement dels tribunals d'instància, que a les Balears han començat a arrencar a Manacor i a partir de gener començaran a Palma, a Eivissa i a Menorca. I també afectarà l'Audiència Provincial. Potser aquesta sigui l'oportunitat, atès que es deslliga la creació d'una plaça judicial al fet de crear Jutjats, és a dir, assignar un nombre de funcionaris a la tramitació dels assumptes que porta un jutge. Potser això permeti ser més optimistes en la creació de places judicials.

Com influeix l'augment poblacional a les illes en aquesta càrrega de feina? S'han fet previsions per adaptar-se a aquests canvis demogràfics?

No hi ha un estudi concret sobre això, però sí que és una qüestió que crec que és rellevant. L'augment de la població a les Balears és important i això té un reflex en l'increment dels assumptes que arriben als Jutjats.

No hi ha un estudi concret sobre com influeix l'increment demogràfic en la nostra càrrega de feina, però sí que és una qüestió rellevant. L'augment de la població a les Balears és important i això té un reflex en l'increment dels assumptes que arriben als Jutjats

Quina paper creu que poden jugar la digitalització, l'eficiència processal i l'organització judicial per alleujar aquests dèficits? Hi ha projectes concrets en marxa?

La digitalització ja és un fet en els processos civils, on els Jutjats estan plenament digitalitzats, i crec que és una realitat a la qual la Justícia no pot ser aliena. No obstant això, en matèria penal és una mica més complexa l'ordenació, sobretot en instrucció, encara que crec que funciona d'una forma raonablement bé i els operadors jurídics hem hagut d'anar habituant-nos. Els advocats, per exemple, ja no presenten els seus escrits en paper. Als Jutjats, la tramitació ja és plenament digital.

El maig de 2024 va organitzar, juntament amb el president del TSJIB, la jornada 'Intel·ligència artificial i decisió judicial', en què es va abordar l'impacte de la IA en la funció jurisdiccional. Quins són els reptes que afronta la Justícia en aquest sentit?

El repte és que la Justícia no pot ser aliena a aquesta realitat. La intel·ligència artificial ja està sent utilitzada pels despatxos d'advocats i la Justícia també ha d'incorporar-se a aquesta modernització. La qüestió és que encara estem a l'inici de veure com pot afectar la nostra feina i com podem aprofitar aquest instrument, que certament tindrà un reflex en la tramitació, agilització i resolució dels procediments. Existeixen algunes experiències pilot a Espanya, però a les Balears encara no.

De quina forma podrà la Justícia aprofitar els recursos de la IA?

Jo crec que la intel·ligència artificial servirà, sobretot, per ajudar en la gestió documental, donat que ens ajudarà potser a resumir els textos i a trobar de forma més fàcil la legislació i la jurisprudència. Això pot ser útil. Sí que existeix en aquests moments la tramitació del procediment monitori per via electrònica i això agilitza i automatitza els tràmits.

Arribarà la IA a substituir determinats operadors jurídics?

Penso que no. La intel·ligència artificial l'hem de veure com un assistent, sense eliminar l'element personal, que és molt important sobretot en la Justícia, en què resolem casos concrets que afecten ciutadans en particular.

En matèria de drets lingüístics, quines millores considera necessàries perquè es garanteixi l'ús del català en jutjats i tribunals a les Balears, no només com a dret formal sinó efectiu?

Una de les propostes que hi ha, i crec que molt seriosa, és aconseguir que la tramitació pugui realitzar-se als Jutjats tant en castellà com en català, i per això és necessari un esforç i que les aplicacions que s'utilitzen per tramitar puguin permetre que els documents estiguin redactats en ambdós idiomes. Seria un element important per poder normalitzar l'ús del català a la Justícia. La realitat és que no ho està i això es veu en el dia a dia.

Una de les propostes que hi ha, i crec que molt seriosa, és aconseguir que la tramitació pugui realitzar-se als Jutjats tant en castellà com en català. Seria un element important per poder normalitzar l'ús del català a la Justícia. La realitat és que no ho està i això es veu en el dia a dia

Vostè està especialitzat en dret civil balear, ordenament jurídic propi que regula, entre altres, qüestions com els pactes successoris i les figures tradicionals de transmissió patrimonial. Creu que aquestes institucions segueixen tenint sentit en la realitat econòmica actual?

Jo crec que té un ple sentit ja que a les Balears, per exemple, regula una cosa tan important com el règim econòmic del matrimoni o les successions. De fet, té plena aplicació en aquestes últimes. Respecte al règim econòmic matrimonial hi ha menys supòsits.

Creu que podria ampliar-se a altres àmbits?

Aquesta és una decisió que hauran d'adoptar les persones a les quals els correspon. En altres Comunitats el dret civil propi ha tingut una visió més expansiva i aquí s'estan fent esforços per regular-lo i adaptar-lo a la realitat actual.

Tornant a la càrrega de feina que acumulen els òrgans judicials a les Balears, està previst que es revisin els procediments o temps per assegurar una resposta més ràpida i efectiva a les víctimes de violència masclista o abusos sexuals?

El que és cert és que tots aquests procediments tan importants també s'estan veient afectats per la situació de retard en els senyalaments. I és cert que haurem d'analitzar i buscar alguna solució per evitar aquests llargs retards en processos que afecten temes tan sensibles com aquests.

Tots aquests procediments tan importants [de violència masclista i abusos sexuals] també s'estan veient afectats per la situació de retard en els senyalaments. Haurem d'analitzar i buscar alguna solució per evitar aquests llargs retards en processos que afecten temes tan sensibles com aquests

Respecte a la vaga de jutges i fiscals contra la reforma del Govern d'Espanya en l'accés a ambdues carreres per l'accés a la carrera judicial i fiscal, creu que s'ha de modificar el model d'exàmens?

L'accés a la carrera judicial està basat en un sistema d'un examen purament memorístic. No és descartable que pugui revisar-se aquest model per adaptar-lo al que és una nova realitat, en què potser, amb els mitjans dels quals disposem, la memòria no té tanta importància en la formació que reben els alumnes de les facultats de Dret. Ara bé, també penso que és un material molt sensible que ha de ser objecte d'un estudi pormenoritzat.

Depenent del sentit de les seves resolucions, els partits polítics acusen els tribunals, de vegades fins i tot obertament, d'estar mediatitzats. Ho considera un exercici de democràcia, en tant que demostra el respecte a la llibertat d'expressió, o, per contra, creu que suposa un atac a la democràcia i a l'actuació dels jutges?

Si bé jo sempre defenso el caràcter institucional dels càrrecs, crec que lògicament les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima. I això no s'ha de discutir, està clar. A les Balears, segons la memòria de l'any 2024, es van resoldre gairebé 200.000 assumptes. No sé quants d'ells són rellevants. Però penso que el que no pot posar-se en dubte és la independència i la imparcialitat dels jutges que intentem defensar cada dia amb la nostra actuació.

Si bé jo sempre defenso el caràcter institucional dels càrrecs, crec que lògicament les resolucions judicials estan subjectes a la crítica legítima. I això no s'ha de discutir, està clar. Però penso que el que no es posa en dubte és la independència i la imparcialitat dels jutges que intentem defensar cada dia amb la nostra actuació

A les Balears està garantida la independència judicial front a pressions externes polítiques o mediàtiques?

[Riure] Penso que sí.

Fa diversos anys l'allau de casos de corrupció era contínua a les illes, què ha canviat?

Jo no estic gaire en disposició de donar una contestació molt clara a aquesta pregunta. El cert és que ara existeixen menys casos de corrupció als Jutjats. Hi ha temporades cícliques, tant en matèria civil com en matèria penal. Hi va haver una època en què hi va haver una acumulació de casos de corrupció i ara hi ha un altre tipus de temàtiques. Potser l'experiència de l'etapa dels casos de corrupció ha ajudat a millorar la situació en aquest àmbit.

Ha de ser condemnat el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la fotografia de tres víctimes del franquisme?

Comprendrà que aquesta pregunta no la puc respondre. És un cas el judici del qual està pendent de senyalament i la meva única funció com a president de l'Audiència serà posar-me a disposició de la Secció perquè disposi dels mitjans necessaris per celebrar aquest judici.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el president del TSJIB, Carlos Gómez, va considerar que les Balears, amb la seva resposta judicial als nombrosos casos de corrupció destapats, han sabut posar de manifest que la Justícia “tracta igual les persones independentment de la seva condició”. Opina igual?

Jo ho crec així.

Discreto, reflexivo y de tono sereno, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) tomó, el pasado 17 de septiembre, posesión de su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Balears tras más de tres décadas de carrera judicial y una reconocida especialización en derecho civil balear, campo en el que ha contribuido a preservar la singularidad jurídica del archipiélago. Su trayectoria profesional ha estado vinculada especialmente a Balears, territorio del que es originaria su familia y en el que reside desde su infancia. El órgano que ahora preside es el destino en el que ha permanecido durante más tiempo. 

En 2022 participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), un documento destinado a unificar criterios y facilitar el trabajo de jueces y abogados en los tribunales, que ahora aspira a aplicar en su nueva etapa al frente de la Audiencia.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, consciente de la sobrecarga que soportan los órganos judiciales -uno de cada seis ciudadanos en las islas espera una resolución, según datos del TSJIB-, confía en que la implantación de los juzgados de instancia y la digitalización del sistema contribuyan a aliviar los retrasos. Asimismo, defiende la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, no como sustituto del criterio humano “en los casos concretos que afectan a ciudadanos en particular”. El magistrado subraya la importancia de normalizar el uso del catalán en la Justicia y reivindica la plena vigencia del derecho civil balear en materias como las sucesiones y el régimen económico matrimonial.

Sobre la actuación de los jueces en las causas de mayor eco mediático, señala que, “lógicamente, las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima”, aunque apela a “la independencia y la imparcialidad” que los magistrados “intentamos defender cada día con nuestra actuación”.

En 2022 participó en el grupo que elaboró la Guía de Buenas Prácticas del TSJIB. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Hay algo de esa guía que piense aplicar desde su nuevo cargo?

La Guía se elaboró en colaboración con abogados, procuradores y otros profesionales y la finalidad era unificar los criterios de actuación en los tribunales por la razón de que una cosa es lo que dice la ley y luego están las prácticas diarias del tribunal. Buscábamos facilitar a los profesionales el poder trabajar y que los juzgados pudiesen hacerlo a través de unas normas orientativas. La guía contiene un elenco de recomendaciones sobre, por ejemplo, la extensión de los escritos, el tipo de letra, la forma de presentación de las pruebas en los juicios y este tipo de cuestiones diarias, además de otras que se pueden llevar a cabo en los juicios para facilitar la labor de los jueces. En las vistas, cada tribunal tiene instauradas unas prácticas distintas.

En su discurso de toma de posesión mencionó la excesiva carga de trabajo que sostienen los tribunales, un hecho que provoca, además, que uno de cada seis ciudadanos en Balears se encuentre a la espera de una resolución judicial, tal como dio a conocer el pasado mes de mayo el presidente del TSJIB, Carlos Gómez. ¿Qué medidas concretas considera más urgentes para reducir los retrasos judiciales? 

Es difícil hablar de medidas concretas porque la realidad es que el retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Y es cierto que hemos llegado a un momento en el que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando, con recursos de apelación que hacen que las secciones civiles estén tensionadas. Y en materia penal, por la dificultad de señalamiento de los juicios y por la complejidad de los casos debido al número de partes. Esto ocupa tiempo en los tribunales. Y no solo la Audiencia, sino también los Juzgados, están saturados de trabajo. Entonces es un poco difícil. Yo llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y lo que estoy haciendo es tomar conciencia de cuál es la situación para ver qué es lo que se puede hacer.

El retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Ha llegado un momento en que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando. Llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y estoy tomando conciencia de la situación para ver qué se puede hacer

¿Sería viable ampliar plantilla judicial en Balears? 

A lo que estamos ahora asistiendo es al nacimiento de los tribunales de instancia, que en Balears han comenzado a arrancar en Manacor y a partir de enero comenzarán en Palma, en Eivissa y en Menorca. Y también afectará a la Audiencia Provincial. Quizás esa sea la oportunidad, dado que se desliga la creación de una plaza judicial al hecho de crear Juzgados, es decir, asignar un número de funcionarios a la tramitación de los asuntos que lleva un juez. Quizás esto permita ser más optimistas en la creación de plazas judiciales.

¿Cómo influye el aumento poblacional en las islas en esta carga de trabajo? ¿Se han realizado previsiones para adaptarse a esos cambios demográficos?

No hay un estudio concreto sobre ello, pero sí es una cuestión que creo que es relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados.

No hay un estudio concreto sobre cómo influye el incremento demográfico en nuestra carga de trabajo, pero sí es una cuestión relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados

¿Qué papel cree que pueden jugar la digitalización, la eficiencia procesal y la organización judicial para aliviar estos déficits? ¿Hay proyectos concretos en marcha?

La digitalización ya es un hecho en los procesos civiles, donde los Juzgados están plenamente digitalizados, y creo que es una realidad a la que la Justicia no puede ser ajena. Sin embargo, en materia penal es algo más compleja la ordenación, sobre todo en instrucción, aunque creo que funciona de una forma razonablemente bien y los operadores jurídicos hemos tenido que ir habituándonos. Los abogados, por ejemplo, ya no presentan sus escritos en papel. En los Juzgados, la tramitación ya es plenamente digital.

En mayo de 2024 organizó, junto al presidente del TSJIB, la jornada 'Inteligencia artificial y decisión judicial', en la se abordó el impacto de la IA en la función jurisdiccional. ¿Cuáles son los desafíos que afronta la Justicia en este sentido?

El desafío es que la Justicia no puede ser ajena a esta realidad. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada por los despachos de abogados y la Justicia también debe incorporarse a esta modernización. La cuestión es que todavía estamos en el inicio de ver cómo puede afectar a nuestro trabajo y cómo podemos aprovechar este instrumento, que ciertamente tendrá un reflejo en la tramitación, agilización y resolución de los procedimientos. Existen algunas experiencias piloto en España, pero en Balears todavía no.

¿De qué forma podrá la Justicia aprovechar los recursos de la IA?

Yo creo que la inteligencia artificial servirá, sobre todo, para ayudar en la gestión documental, pues nos ayudará quizás a resumir los textos y a encontrar de forma más fácil la legislación y la jurisprudencia. Esto puede ser útil. Sí que existe en estos momentos la tramitación del procedimiento monitorio por vía electrónica y eso agiliza y automatiza los trámites.

¿Llegará la IA a sustituir a determinados operadores jurídicos?

Pienso que no. La inteligencia artificial la tenemos que ver como un asistente, sin eliminar el elemento personal, que es muy importante sobre todo en la Justicia, en la que resolvemos casos concretos que afectan a ciudadanos en particular.

En materia de derechos lingüísticos, ¿qué mejoras considera necesarias para que se garantice el uso del catalán en juzgados y tribunales en Baleares, no solo como derecho formal sino efectivo?

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán, y para eso es necesario un esfuerzo y que las aplicaciones que se utilizan para tramitar puedan permitir que los documentos estén redactados en ambos idiomas. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día.

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día

Usted está especializado en derecho civil balear, ordenamiento jurídico propio que regula, entre otras, cuestiones como los pactos sucesorios y las figuras tradicionales de transmisión patrimonial. ¿Cree que estas instituciones siguen teniendo sentido en la realidad económica actual?

Yo creo que tiene un pleno sentido ya que en Balears, por ejemplo, regula algo tan importante como el régimen económico del matrimonio o las sucesiones. De hecho, tiene plena aplicación en estas últimas. Respecto al régimen económico matrimonial hay menos supuestos.

¿Cree que podría ampliarse a otros ámbitos?

Esta es una decisión que tendrán que adoptar las personas que a las que les corresponde. En otras Comunidades el derecho civil propio ha tenido una visión más expansiva y aquí se están haciendo esfuerzos para regularlo y adaptarlo a la realidad actual.

Volviendo a la carga de trabajo que acumulan los órganos judiciales en Balears, ¿está previsto que se revisen los procedimientos o tiempos para asegurar una respuesta más rápida y efectiva a las víctimas de violencia machista o abusos sexuales?

Lo que es cierto es que todos estos procedimientos tan importantes también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Y es cierto que tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos.

Todos estos procedimientos tan importantes [de violencia machista y abusos sexuales] también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos

Respecto a la huelga de jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno en el acceso a ambas carreras por el acceso a la carrera judicial y fiscal, ¿cree que debe modificarse el modelo de exámenes?

El acceso a la carrera judicial está basado en un sistema de un examen puramente memorístico. No es algo descartable que pueda revisarse este modelo para adaptarlo a lo que es una nueva realidad, en la que quizá, con los medios de los que disponemos, la memoria no tiene tanta importancia en la formación que reciben los alumnos de las facultades de Derecho. Ahora bien, también pienso que es un material muy sensible que tiene que ser objeto de un estudio pormenorizado.

Dependiendo del sentido de sus resoluciones, los partidos políticos acusan a los tribunales, a veces incluso abiertamente, de estar mediatizados. ¿Lo considera un ejercicio de democracia, en tanto demuestra el respeto a la libertad de expresión, o, por el contrario, cree que supone un ataque a la democracia y a la actuación de los jueces?

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. En Balears, según la memoria del año 2024, se resolvieron casi 200.000 asuntos. No sé cuántos de ellos son relevantes. Pero pienso que lo que no puede ponerse en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación.

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. Pero pienso que lo que no se pone en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación

¿En Baleares está garantizada la independencia judicial frente a presiones externas políticas o mediáticas?

[Ríe] Pienso que sí.

Hace varios años la avalancha de casos de corrupción era continua en las islas, ¿qué ha cambiado?

Yo no estoy muy en disposición de dar una contestación muy clara a esta pregunta. Lo cierto es que ahora existen menos casos de corrupción en los Juzgados. Hay temporadas cíclicas, tanto en materia civil como en materia penal. Hubo una época en que hubo una acumulación de casos de corrupción y ahora hay otro tipo de temáticas. Quizá la experiencia de la etapa de los casos de corrupción ha ayudado a mejorar la situación en ese ámbito.

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Comprenderá que esta pregunta no la puedo responder. Es un caso cuyo juicio está pendiente de señalamiento y mi única función como presidente de la Audiencia será ponerme a disposición de la Sección para que disponga de los medios necesarios para celebrar ese juicio.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, consideró que Balears, con su respuesta judicial a los numerosos casos de corrupción destapados, ha sabido poner de manifiesto que la Justicia “trata igual a las personas independientemente de su condición”. ¿Opina igual?

Yo lo creo así.

Carlos García Valdés (Madrid, 1947) es el autor de la Ley General Penitenciaria en nuestro país. Data del año 1979, pero sigue en vigor. Abogado y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá (UAH) marcó -lo sigue haciendo- toda una época en la historia de derecho penitenciario de España. 

Un libro recuerda ahora su contribución al sistema de prisiones del país, humanizándolo con un enfoque dirigido a la reinserción social. 

Estudios de Derecho Penitenciario en homenaje al profesor Carlos García Valdés (Edisofer, 2025) es una publicación que recopila contribuciones de más de medio centenar de juristas, muchos de ellos discípulos, amigos o estudiosos de su obra. 

“Él fue el padre del derecho penitenciario en España. Lo hizo desde la Universidad de Alcalá, a la que ha estado vinculado desde 1978”, explica Esteban Mestre Delgado, catedrático de Derecho Penal en la universidad alcalaína que ha coordinado la publicación. “Este es un libro homenaje a una trayectoria científica. Estábamos en deuda con él y debía tener reconocimiento público”. 

La publicación intenta conjugar todos los ámbitos vinculados a la ciencia del Derecho penitenciario en una presentación monográfica con enfoque histórico, de Derecho comparado hasta llegar al ámbito internacional, con un análisis de las instituciones vigentes y finalmente propuestas de reforma o actualización de cara al futuro. 

Ahora mismo el derecho penitenciario español es puntero en Europa, no solo por el trabajo doctrinal y científico sino por la inversión económica desde la Transición hasta ahora y por el ambiente de garantías y derechos que se respira en las prisiones

García Valdés se jubiló con 70 años. “Llenaba siempre las clases y fue sin duda el más laureado por los alumnos”, apunta quien fue y se sigue considerando su discípulo. Su legado tiene nombre propio. La ‘Escuela de Alcalá’ o ‘Escuela Valdesiana’, que se expandió desde el ámbito académico hacia el ámbito político, jurídico o penitenciario.

Cuenta Esteban Mestre que “en la Universidad de Alcalá ha sido un símbolo”. Fue decano en el momento de la consolidación de la Facultad de Derecho y creó el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. “Somos la única Universidad que tiene un proyecto común con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en materia de formación en este ámbito”.

“Ni de derechas ni de izquierdas, ha sido siempre un demócrata”

Carlos García Valdés había acompañado muchas veces a su padre en su labor como médico en instituciones penitenciarias.

Tras finalizar sus estudios en Derecho en Madrid en 1969 ejerció la abogacía defendiendo a quienes habían sido acusados de delitos políticos ante el Tribunal del Orden Público (TOP). Era una jurisdicción especial. “No había jueces de carrera. Todos estaban ahí por designación política, en algunos casos su origen era militar”, recuerda Mestre. El sistema funcionó desde 1963, en la última etapa del franquismo, hasta llegar a la democracia, en 1977.

En 1971 pasó del papel de abogado a convertirse en procesado al defender a un estudiante de Medicina con un argumento que no gustó al TOP. Llegó a ser suspendido durante un año.

“Carlos no ha sido ni de derechas ni de izquierdas. Siempre ha sido un demócrata que se comprometía con los perseguidos, con las personas que resultaban procesadas por ejercer la libertad de expresión o de asociación”, relata Esteban Mestre.

En esa etapa defendía a estudiantes, a sindicalistas y obreros, a profesores o a quienes se habían reunido con personas que no estaban bien vistas por el régimen, a quienes habían escrito un libro incómodo o impartido una conferencia fuera de lo políticamente correcto en la época.

En aquel año de inhabilitación profesional, durante los coletazos del franquismo, se marchó a Italia para realizar una tesis doctoral sobre la reforma del sistema de prisiones español. “Percibió que era un ámbito de actividad excluido del Derecho y en el que a nadie le importaban los condenados porque, o eran muy rojos, o muy delincuentes o muy pobres”, apunta el catedrático.

Por eso, Carlos García Valdés comenzó a escribir sobre cómo se gestionaban las prisiones en otros países y sobre cómo diseñar un régimen penitenciario respetuoso con los derechos humanos.

No fue fácil leer aquella tesis en la Universidad Complutense de la época. “Había un núcleo duro de profesores muy cercanos al franquismo y estos procesos aperturistas no gustaban nada”. Su transcendencia en el ámbito jurídico y penitenciario ha llegado hasta nuestros días porque “humanizó las prisiones”.

En 1978 el director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, fue asesinado por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y llegó la oferta para que Carlos García Valdés ocupase el cargo. Tenía 31 años. También sufrió en sus carnes otro atentado, del que lograría salir ileso.

“Fue el director más joven de la historia. En 1979 puso en pie una reforma penitenciaria que fue aprobada por asentimiento. La Ley General Penitenciaria sigue en vigor hoy con apenas tres toques cosméticos”. 

Con la ley en marcha, dejó el cargo de Instituciones Penitenciarias para volver a la universidad, aunque siguió colaborando en la elaboración de distintas leyes orgánicas o en la reforma del Código Penal. Dirigió el Centro de Estudios Judiciales y en ese tiempo “fue responsable de la formación de los jueces en España”, apunta Esteban Mestre, entre otras cosas.

“Los centros psiquiátricos penitenciarios necesitan más desarrollo”

La ley penitenciaria apenas ha necesitado actualizarse, pero su desarrollo sí necesita avanzar, en opinión del catedrático. Por ejemplo, respecto a los centros psiquiátricos penitenciarios. “Necesitan un mayor desarrollo”.

En su opinión, hay un problema de “sobrepoblación” en las prisiones. “Falta espacio debido al problema de saturación que hay que resolver”. Después, dice, siempre hay propuestas para mejorar las condiciones de los funcionarios o la asistencia médica de los internos e internas.

Pero, añade, “ahora mismo el Derecho penitenciario español es puntero en Europa, no solo por el trabajo doctrinal y científico sino por la inversión económica desde la Transición hasta ahora y por el ambiente de garantías y derechos que se respira en las prisiones”.

Durante cuatro años formó parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, un órgano del Consejo de Europa. “Me he pateado Europa viendo prisiones y centros de privación de libertad y hay muy pocos comparables con la situación media en España”. Un país, dice, en el que “el índice de reincidencia es bajísimo”, pero siempre hay espacio para la mejora, reconoce el catedrático.

Este verano Carlos García Valdés impartirá una conferencia en uno de los cursos de verano organizados por la Universidad de Alcalá, en Sigüenza (Guadalajara).

Valentina Ileana Dipse, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria (UC), se muestra partidaria de dejar a un lado el tabú sobre la muerte y tratar este tema con normalidad: “Al final es lo que nos espera a todos”, señala en una entrevista con elDiario.es. Y es que esta experta penalista, que ofrecerá una charla el lunes 28 de abril en el Paraninfo de la UC sobre 'El derecho a morir con dignidad', reflexiona, entre otras cosas, sobre la Ley de Eutanasia aprobada en España en 2021.

Considera que es un paso muy importante, puesto que reconoce a la persona como “un ser digno y libre capaz de determinarse ante su propia muerte”, pero también reconoce que tiene “mucho margen de mejora”, desde las trabas y el “procedimiento farragoso” que hay que superar que acceder a este derecho, hasta las garantías que “van más allá de lo debido” y que permiten a determinados colectivos -como es el caso de la asociación Abogados Cristianos- paralizar los procesos en los tribunales.

¿Qué significa para usted “morir con dignidad”? ¿Es un derecho, una elección, una aspiración… o todo a la vez?

Desde el año 2021, con la promulgación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, es un derecho, y no cualquier derecho. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta ley en dos ocasiones, y ese derecho fijado en una norma con rango de ley orgánica ha sido calificado como un derecho fundamental, que ancla sus raíces ni más ni menos que en el nivel de desarrollo de la personalidad y en la dignidad humana. La promulgación de este derecho ha generado un debate significativo, no exento de críticas y preocupaciones que subrayan los posibles riesgos asociados al reconocimiento del derecho a morir con dignidad. Y lo que se ha planteado también es la posible vulneración del derecho fundamental a la vida, porque, como sabemos, la muerte es justo lo contrario. Y esa vulneración sería posible en el caso en el que la vida fuese un derecho absoluto.

Y no lo es...

No, la vida no es un derecho absoluto porque, como todos sabemos, admite excepciones. Se puede matar en legítima defensa. Y, sin embargo, la dignidad humana es absoluta. En ningún caso se puede vulnerar la dignidad humana. No se admiten torturas, ya sea para salvar 200.000 vidas. Pero para salvar la nuestra propia o ajena sí que podemos actuar en legítima defensa y privar a un sujeto de su vida, de su bien jurídico más importante. Entonces, a partir de esta ley y de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, morir con dignidad no es una aspiración, es un derecho fundamental al que se puede acceder si se cumplen unos estrictos requisitos. Y esa también era una de las preocupaciones de un cierto sector político, si supondría una especie de barra libre que invitaría a las personas vulnerables y de avanzada edad a optar por la eutanasia para aliviar cargas sociales y económicas.

Pero no ha sido así.

No. Mi idea no es convencer a nadie de nada, simplemente, ley en mano, ver si efectivamente cualquier persona puede acceder a esta prestación. Y veremos que hay un procedimiento excesivamente farragoso que en no pocas ocasiones alcanza hasta los cuatro meses, que para el solicitante de la prestación de ayuda para morir son de sufrimiento extremo. Lo que es también muy importante es que con la promulgación de la ley, lo que antes era constitutivo de delito, es decir, prestar ayuda para morir, ahora ha pasado a ser irrelevante penalmente. Y no solamente eso, sino que ha pasado a ser considerado como un acto clínico más, un acto clínico debido, en el caso en el que se conceda efectivamente esa prestación. Y como acto clínico debido, para garantizar su efectiva prestación, se ha previsto por la ley como una prestación de servicio público que está integrado en la cartera común de los servicios públicos sanitarios.

¿Cree entonces que la legislación actual en España refleja realmente la complejidad de este asunto?

Yo creo que la legislación actual en España refleja la complejidad de este asunto. Y lo que también es muy importante es que esta ley refleja –y no porque solamente lo crea yo– el sentir de la sociedad con carácter general, porque ha sido aprobada por nuestros representantes en el Parlamento por una amplísima y muy diversa mayoría. Creo que tiene mucho margen de mejora, porque el procedimiento es muy farragoso, con bastantes trabas, pero es un paso muy importante en el sentido de que por fin se ha reconocido a la persona como ser digno y libre, capaz de determinarse ante su propia muerte.

Sin embargo, en España hemos visto casos recientes en los que, pese a la aprobación médica de la eutanasia, la vía judicial se utiliza para bloquear o retrasar el proceso, como ha ocurrido con los pleitos impulsados por asociaciones como Abogados Cristianos. ¿Qué reflexión le merece este uso de la Justicia como herramienta para obstaculizar un derecho reconocido por la ley? 

Cada caso es particular. Lo que sí está claro es que esta posibilidad es también parte de las garantías que incluyen toda esta ley. Hay garantías, por mucho que se la haya tachado de automatismo y de falta de garantías, que van más allá de lo debido. Si una persona, que es capaz y consciente, decide voluntariamente poner fin a su propia vida, permitir a personas ajenas, a terceros, interrumpir ese proceso... En fin, con esta ley se reconoce la dignidad humana, pero, por otro lado, dejamos la puerta abierta para que otras personas puedan decidir sobre nuestra propia vida. Creo que hay un amplio margen de mejora en ese sentido.

¿Considera que podría tratarse de una forma de imponer creencias y vulnerar la libertad y la dignidad de quienes ya han tomado una decisión consciente sobre su propia muerte y se les ha aprobado la eutanasia?

Habría que analizar cada caso concreto. Con carácter general no se puede afirmar eso. Yo lo que digo es que, con carácter general, la posibilidad de recurrir a la vía judicial para interrumpir es un paso más, una garantía más que añade esta ley, para garantizar que el proceso de toma de decisiones es realmente libre, consciente y voluntario, porque evidentemente es una decisión muy importante para la persona. Ahora bien, creo que hay que estar también muy atentos a cada caso en concreto, a las motivaciones, a las circunstancias y a las necesidades, para evitar alargar el sufrimiento innecesario, cuando, además, todos los indicios conducen a lo que va a ocurrir al final. En ese aspecto quizá se tendría que interpretar con más rigor la ley.

Es llamativo que parte de la sociedad sea reticente a permitir a la persona decidir libremente sobre su propia muerte y ese mismo sector se muestre bastante abierto a la idea de introducir la pena de muerte en nuestro derecho penal

Hablar de la muerte normalmente nos incomoda o nos asusta, y usted propone conversar más sobre ello. ¿Qué cree que hay detrás de ese silencio colectivo? ¿Un miedo, un desconocimiento?

Creo que hay un cúmulo de todo, un poco de desconocimiento y un tanto de miedo. Es verdad que el hombre teme más a la muerte que al propio sufrimiento, sobre todo cuando no sufre. En el momento en el que sufre ya ese miedo a la muerte se disipa. A mí lo que me llama la atención es que algunos colectivos, o parte de la sociedad, se muestran muy reticentes a la idea de permitir a la persona decidir libremente sobre su propio final, sobre su muerte, y ese mismo sector se muestra bastante abierto a la idea de introducir la pena de muerte en nuestro derecho penal. Es decir, se ve mal que la persona decida sobre su propia vida, pero se ve relativamente bien que el Estado decida cuándo, cómo y en qué circunstancias privar a un sujeto de su bien jurídico más fundamental, más personalísimo, de su vida. Eso no deja de ser llamativo. Nos parece bien porque al delincuente lo percibimos como una persona mala, como un villano, como que no somos nosotros. Y, además, se nos olvida una cosa muy obvia: el reconocimiento de un derecho nos va a permitir ejercer en su caso ese derecho, pero no es una obligación. Supone ampliar nuestras posibilidades, y cada uno podrá hacer uso de ese derecho o no.

Eso es un tema recurrente en esos mismos sectores en otro tipo de ámbitos como puede ser el matrimonio homosexual o el divorcio...

Claro, o como el aborto. Son temas en los que el derecho y la moral van muy unidos, y se confunden muchas veces los planos morales y jurídicos. Son cuestiones totalmente distintas, que en la medida de lo posible hay que separar. Una cuestión es que moralmente te puede parecer bien, mal o regular, y es respetable porque afortunadamente vivimos en democracia. Y otra cosa es que jurídicamente existe una ley, unas garantías y un derecho que las personas libremente pueden decidir ejercer o no.

¿Qué consecuencias cree que puede tener convertir en tabú o banalizar sobre la muerte, no solo a nivel personal sino también a nivel social y político?

Llevamos con el tabú de la muerte toda la vida y es necesario normalizar, porque al final es lo que nos espera a todos. No entiendo ese tabú. Lo mismo que hemos normalizado muchas otras cosas que son normales, como por ejemplo el matrimonio homosexual, esto también es una cuestión ligadísima a la vida. Creo que se trata más de infundir miedo, se habla mucho de que existe una coacción silenciosa que obliga a los ancianos o a las personas vulnerables a acudir a la eutanasia para aliviar cargas sociales y económicas. La realidad es que hay dos procesos deliberativos, y en ellos, con el médico responsable, se tocan todos y cada uno de los temas de la vida del paciente. Se reflexiona profundamente y se le explica cuáles son las alternativas y los cuidados paliativos a los que tienen derecho. Porque también se dice que se hurta a los solicitantes la posibilidad de acudir a cuidados paliativos. Y eso no es cierto, porque precisamente una parte muy importante del proceso deliberativo para acceder a la prestación de ayuda para morir es que tengan por escrito o cualquier otro medio que les sea accesible a las personas toda la información relativa a su proceso médico y a los cuidados paliativos. Se dicen muchas falacias. Mi objetivo en el fondo es acercar el texto normativo a la ciudadanía, que es realmente la destinataria de las normas, para ver ley, en mano, cómo efectivamente esos temores son poco fundados.

¿Y cree que precisamente las universidades, escuelas y medios de comunicación tienen una responsabilidad en abrir esos espacios para hablar de la muerte?

Creo que tenemos la obligación de hablar de ello. Yo como profesora de Derecho Penal hablo de la pena de muerte, que en España está abolida, excepto en tiempos de guerra, como así lo dice el artículo 15 del Código Penal. En el momento en el que hablamos de la prisión perpetua revisable, que en caso de que no se revise es perpetua, creo que también tenemos que hablar de la pena de muerte y, por qué no, de la muerte como toma de decisión libre de cada persona. ¿Por qué? Porque la prestación de ayuda para morir hasta el año 2021, cuando se realizaba en el ámbito médico, era constitutiva de delito. Con la entrada en vigor de esta ley se ha destipificado esa conducta y ya no entra en el ámbito del derecho penal. Queda en el ámbito penal la prestación de ayuda para morir cuando esta es ejercida, ofertada o realizada por una persona que no sea médica o sanitaria y fuera del procedimiento establecido por la ley. Con lo cual, no es que podamos, es que debemos hablar de esto.

Esther Montero es jurista de Instituciones Penitenciarias y tiene “un pie en la academia” como doctora de Criminología. Pilar Martín, por su parte, es una apasionada del sistema jurídico que pertenece al mundo de la academia como catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla. Ambas, “entusiastas de la vida”, comparten inquietudes y la convicción de que las investigaciones académicas deben tener “una aplicación práctica”.

Esa perspectiva es la que inspira su participación en el proyecto EPHESUS financiado por la Comisión Europa, que tiene el objetivo de dar a conocer instrumentos de cooperación jurídica internacional alternativos a la Orden de Detención y Entrega Europea (OEDE), también conocida como euroorden. El equipo de investigación formado por Pilar Martín y Esther Montero, junto al profesor César Villegas, ha constatado que en los últimos años se ha producido un uso “desproporcionado” de la OEDE, en detrimento de otros instrumentos que podrían resultar menos aflictivos para la persona reclamada o condenada.

Al trabajar sobre el terreno, la doctora Montero ha podido comprobar el impacto que puede tener una euroorden en personas con arraigo social en España que son reclamadas por otro estado para cumplir condena: “Se le limitan las posibilidades de reinserción social porque en ese otro país no tiene vínculos”, explica esta jurista y criminóloga “de vocación”. Partiendo de esa investigación que lidera la Universidad de Sevilla, el proyecto en el que participan también profesionales de Grecia, Portugal, Bulgaria y Rumanía se centra en “garantizar la difusión de esos resultados en las personas clave”.

“Si los operadores jurídicos no saben que existen otras alternativas difícilmente las pueden aplicar”, explica Pilar Martín, quien es responsable de este proyecto europeo en España. La clave, por tanto, radica en la concienciación. “Todo empieza por concienciar a los operadores jurídicos”, destaca Esther Montero. Por eso, el proyecto incluye diferentes actividades y encuentros internacionales, donde se reúne a abogados, fiscales y jueces de distintos países, pues son quienes pueden llevar a la práctica el conocimiento recogido en las investigaciones.

“Otra forma de hacer las cosas”

Desde ese enfoque práctico, del proyecto también fomenta la creación de redes de contacto entre profesionales de países como Grecia, Portugal, Bulgaria y Rumanía: “El objetivo es poner en contacto a las personas clave porque muchas veces nos enfrentamos a problemas que se pueden resolver fácilmente si conoces a las personas adecuadas”, asegura la jurista experta en extranjería.

Para ambas investigadoras, este tipo de actividades son una forma “muy eficaz” de transmitir el conocimiento por su efecto “bola de nieve”: “A medida que aumenta la concienciación, crece el uso de esos otros instrumentos jurídicos menos aflictivos”, como la Decisión Marco 909, que permite el reconocimiento mutuo de sentencias para que una persona pueda cumplir su condena en el país donde reside y tiene arraigo, reduciendo la afectación de los derechos fundamentales y procesales del condenado.

En definitiva, se trata de “sembrar” una semilla de cambio en el seno de los sistemas de Ejecución Penal “y dejar que desarrolle”, empezando por concienciar a los agentes que lo integran. “Lo importante es conseguir que se paren y piensen: hay otra manera de hacer las cosas”, reflexiona Esther Montero, pensando en el beneficio de los usuarios del proceso judicial. Las dos confían en que “a partir de este proyecto muchos profesionales del ámbito jurídico reflexionarán sobre la utilización de instrumentos alternativos a la OEDE antes de recurrir a una euroorden”.

Un equipo “en racha”

El porcentaje de éxito de este tipo de proyectos europeos es de un 2% y el equipo de la Universidad de Sevilla formado por Pilar Martín Ríos, Esther Montero Pérez de Tudela y César Villegas Delgado ha conseguido dos en dos años. Además del EPHESUS, la Comisión Europea acaba de concederles el proyecto EUROProspects, que da continuidad al primero tratando de mejorar la aplicación de otros instrumentos de reconocimiento mutuo.

“Estamos en racha”, bromea la doctora Martín, la responsable de este proyecto en España, convencida de que la fórmula de éxito de estos proyectos radica en su enfoque práctico. “No interesa un estudio teórico que quede en un cajón, sino que buscamos que se traduzca en formación e información para quienes tienen que aplicarlo”, explica quien es también directora del departamento de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla.

A partir de ahí, la garantía de que salga bien es “contar con un equipo con el que trabajar a gusto”. Teniendo tanto trabajo, la clave está en que “nos sepamos repartir bien las tareas, nos complementemos y nos entendamos muy bien”. Esta complicidad fue evidente desde que Esther conoció a Pilar y descubrió que era otra “entusiasta” como ella. “Pilar me transmitió mucha motivación y ganas de trabajar”, recuerda ahora la jurista de instituciones penitenciarias, quien fue la que le propuso a la catedrática sumarse al proyecto EPHESUS.

La experiencia ha sido transformadora, especialmente para la profesora Martín, pues es la primera vez que participa en un proyecto europeo de esta envergadura: “He entrado en una Liga que no conocía y donde se trabaja muchísimo, pero está siendo el trabajo más provechoso que he hecho en mi vida porque le ves la traducción práctica de todo, te permite explorar otras realidades y establecer vínculos científicos y académicos que te enriquecen al máximo”.

Ya no puedes parar

Ambas coinciden en que este tipo de proyectos exigen un gran esfuerzo profesional y personal, Martín es también directora de su departamento y madre de dos niños, por lo que en un principio pensó “uno y no más porque no voy a poder con todo”, y ya va por el segundo. “Al final te pica la curiosidad y sigues para adelante porque descubres otra forma de trabajar que es muy gratificante”, reconoce la profesora de Derecho Procesal.

Su compañera Montero, por su parte, valora especialmente lo que está aprendiendo como jurista y especialista en extranjería: “Aunque ya tenía nociones de base, este proyecto me ha permitido conversar con jueces, fiscales y abogados que me aportan muchísimos conocimientos prácticos que puedo aplicar en mi día a día”. A nivel personal, “siento una gran satisfacción por contribuir a mejorar el sistema de justicia penal”.

Con todo, reconocen que un proyecto de estas características supone un reto personal, especialmente para las mujeres. “Para mí, mi rol de madre es tremendamente importante y cada hora que le dedico a un proyecto de este tipo me hace plantearme si merece la pena, si estoy quitándole tiempo a mi familia... Pero creo que el mensaje que transmito a mis hijos es mucho más positivo: se puede ser mamá y una buena profesional, hay que intentar trabajar para mejorar las cosas”, defiende Esther Montero.

Al final, Esther Montero y Pilar Martín son, ante todo, “entusiastas de la vida” y creen en que su trabajo puede contribuir a mejorar el sistema de justicia. Por eso, confían en que la semilla que están plantando con su esfuerzo en EPHESUS y EUROProspects va a servir para inspirar a otros profesionales y cambiar la realidad demostrando que “hay otras alternativas”.

María León ha negado este viernes ante la jueza haber agredido a una agente de la Policía Local durante el incidente ocurrido en la madrugada del 1 de octubre de 2022 en Sevilla, por el que se la acusa de un supuesto delito de atentado a la autoridad y lesiones. La actriz, que solo ha respondido a las preguntas de la defensa, ha reconocido “no estar orgullosa” de su conducta aquella noche, pero ha afirmado que “jamás fui violenta con nadie”, rechazando así el testimonio de los tres policías que intervinieron directamente en el altercado que tuvo lugar cuando volvían de celebrar el fin de rodaje de la serie El hijo zurdo.

La intérprete sevillana ha solicitado declarar en último lugar durante la vista oral que ha tenido lugar este viernes en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, y que se ha prolongado durante más de seis horas. María León ha comenzado su intervención en torno a las 14:45 horas, después de que declararan los agentes implicados junto a los demás testigos propuestos por las partes. Y lo ha hecho mostrando su disconformidad con las declaraciones de los policías, quienes han ratificado que la actriz “insultó” y propinó “un puñetazo y una patada” a una de las agentes que intervinieron en la actuación.

A preguntas de su abogada, María León ha admitido que aquella noche se vivió “mucha tensión” porque “no entendíamos por qué había ese despliegue tan grande”. En esa misma línea, los otros dos acusados y los tres integrantes del grupo que han comparecido en calidad de testigos han coincidido en señalar que la actuación policial fue “desproporcionada”. Por su parte, los agentes implicados han reiterado que la actriz “faltó el respeto” a uno de ellos, motivo por el que procedieron a identificarla y al no portar el DNI, le indicaron que subiera al coche para ir a jefatura a efectos de identificación, tras lo cual “huyó” y agredió a una policía.

“Había bebido, estaba aturdida y cansada”

La actriz ha recordado que la intervención policial comenzó cuando un compañero de rodaje que iba en bicicleta con una copa en la mano fue parado por los agentes. En un principio no le dieron importancia, pero, al ver que no regresaba, se acercaron y observaron que había dos patrulleros y un furgón de la Policía. Ante su desconcierto, decidió grabar con su móvil para “poder entender lo que estaba ocurriendo”.

Entonces, fue requerida a dejar de grabar, algo que hizo inicialmente para después volver a sacar el teléfono por no obtener respuestas de parte de los agentes. De acuerdo con el testimonio de la actriz, uno de los funcionarios le contestó que “el dinero no se iba a gastar en la cultura”, comentario que María León interpretó como un “ataque” a su profesión y dedujo que la había reconocido por su condición de intérprete.

En este punto de su declaración, la actriz ha admitido que “había bebido tres o cuatro tercios de cerveza y un vino cenando” y que, tras una larga jornada de rodaje, se sentía “aturdida y cansada”. Si bien no ha reconocido expresamente haber insultado a los agentes –ellos denuncian que les faltó el respeto llamando “tonto, ¿tú que eres, el sheriff?” a uno de ellos y “zorra hija de puta” a otra–, María León sí ha dicho que verbalizó “pensamientos en alto que no debería haber dicho”. Aun así, ha insistido en que no se siente “capaz” de agredir a un agente de la autoridad y ha confesado haber desarrollado “fobia a la Policía” tras aquel altercado, de ahí que trate de “venir lo menos posible” a su ciudad natal desde entonces.

Claustrofobia y estrés postraumático

Respecto al episodio del coche, la actriz ha relatado que, a pesar de proporcionar oralmente su DNI, accedió a subir al coche porque “había mucha tensión, todo el mundo estaba muy nervioso y al ver que el conflicto era yo, decidí montarme para que el conflicto terminara”. Una vez dentro del vehículo, comenzó a sentirse angustiada: “Tengo claustrofobia desde que soy pequeña y yo no sabía cómo era un coche de la policía por dentro, la sensación es de que te envasan al vacío, no me debería haber montado”, ha confesado la protagonista de El hijo zurdo.

A partir de ese momento, “me empiezo a quedar sin aire, empiezo a gritar y a golpear la mampara pidiendo ayuda”. Según el relato de la actriz, el coche no avanzaba –los agentes lo achacan a que uno de los miembros del grupo también encausado obstaculizó la marcha– y entonces alguien abrió la puerta desde fuera y María León salió “buscando oxígeno”. “No intenté huir; quería que me ayudaran porque me estaba asfixiando”, ha aseverado la sevillana. Fue en ese instante cuando los dos agentes que la acompañaban en el coche salieron tras ella y se produjo el forcejeo en el que, según la acusación, la actriz “lanzó un golpe en el rostro y una patada” contra la policía que intentaba sujetarla.

Sin embargo, María León ha negado haberse mostrado violenta, asegurando que se vio a sí misma en el suelo sin entender lo que estaba pasando. Los agentes la redujeron contra una valla y le colocaron las esposas: “Me dicen que al final me voy a ir detenida y cuando pregunté por qué, si no había hecho nada, me dijeron 'porque sí'”, ha afirmado.

Tras relatar estos hechos, la actriz ha confesado que “después de aquello me he tratado con una psiquiatra y he tenido que tomar medicación”. La defensa de la actriz ha presentado un informe pericial –elaborado en 2022 y que ha sido impugnado por los abogados de la acusación particular– que argumenta que María León, a raíz del episodio de claustrofobia que sufrió en el interior del patrullero, padece un trastorno de estrés agudo de origen fóbico y otro de estrés postraumático que le afectó “a nivel cognitivo, emocional y conductual”, lo que habría condicionado su capacidad para comprender lo que sucedía aquella noche.

La Fiscalía y la acusación reafirman sus peticiones de condena

Al concluir las declaraciones, la Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares han elevado a definitivas sus peticiones de condena. El Ministerio Público ha vuelto a pedir un año y nueve meses de cárcel para María León, al considerar “acreditado” el delito de atentado a la autoridad por “lanzar un puñetazo a la agente” y oponerse “claramente a la actuación policial”.

De su lado, la acusación particular de los tres policías implicados directamente en el altercado solicitan dos años y un día de prisión para la actriz, además de acusarla de desobediencia y lesiones, por lo que exigen multas de 2.700 euros por cada delito, sumando un total de 5.400 euros. Asimismo, la agente que supuestamente fue agredida por la actriz reclama una indemnización de 150 euros por las lesiones físicas y otros 1.000 euros por daños morales, alegando haber sufrido un perjuicio tras “la difusión de vídeos en redes sociales y medios de comunicación”, que han provocado que se le identifique por la calle y “por la presión he tenido que pedir no salir de las dependencias policiales”, según ha expresado la agente afectada en su declaración como testigo.

Junto a León, también están imputados Pedro A. M., para quien se solicita un año de prisión por atentado a la autoridad, y Jorge S. R., acusado de resistencia y enfrentando una pena de nueve meses de cárcel. Ambos negaron durante el juicio haber actuado de manera violenta contra los agentes. Sus respectivos letrados han pedido la absolución, esgrimiendo que los hechos de los que se les acusan “no existieron”, pues los propios agentes no fueron capaces de identificarlos.

La abogada de María León también ha solicitado la sentencia absolutoria para la actriz, alegando que los hechos de aquella noche fueron el resultado de “un efecto bola de nieve para justificar una actuación policial” que se llevó a cabo cuando “no había motivo para intervenir”. En su exposición de conclusiones, la letrada ha incidido en que la actriz “no está orgullosa de su actuación aquella noche, pero eso no significara que rebasara los límites del derecho penal”. En ese sentido, ha basado su defensa en que “sus capacidades cognitivas estaban afectadas” por el episodio de “pánico” que vivió en el coche debido a su claustrofobia, sumado a que estaba “bajo los efectos del alcohol”.

La defensa ha concluido alrededor de las 16:15, cuando la abogada de la intérprete ha manifestado que se trata de un hecho “nimio” y que “no estaríamos aquí si no fuera María León”. Antes de dejar el juicio visto para sentencia tras seis horas de sesión, la jueza ha concedido a los tres acusados su derecho a última palabra. Una invitación que María León ha declinado y los otros dos acusados han aprovechado para reiterar su inocencia.

Prima facie es una expresión latina que en Derecho significa 'a primera vista'. Porque no todo termina siendo lo que parece en un principio. La dramaturga, y antes abogada penalista, Suzie Miller (Melbourne, 1963) eligió ese título para una obra de teatro y una novela que ha terminado por dar la vuelta a medio mundo. Prima facie (Seix Barral) es la historia de una abogada penalista implacable que defiende el Derecho y la ley por encima de todo, también, por supuesto, cuando se trata de defender a agresores sexuales. Hasta que un día las tornas cambian y es ella la que denuncia. En un minuto, su vida se da la vuelta y todo lo que pensaba y creía, también. La obra, protagonizada en España por Vicky Luengo, arrasó en taquilla, como lo hizo antes en muchos otros países, y ha abierto los ojos de profesionales de la justicia, el periodismo o el arte.

Usted misma ha contado que su experiencia como estudiante de Derecho y como abogada penalista tiene mucha influencia en lo que ha escrito como autora y también en esta obra. Pero, ¿por qué eligió concretamente esta trama y estos personajes?, ¿por qué decidió que la protagonista fuera abogada y que la violación la cometiera, no solo un hombre conocido por ella, sino un amante, también abogado?

Quería mostrar, primero, cómo funciona el derecho y cómo todo el mundo cree “esto es la ley” o “han encontrado los hechos, esta es la verdad y ya”. Quería mostrar que eso no funciona así. Es muy importante que no se condene a nadie sin pruebas, esa máxima de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque por eso somos una sociedad civilizada. Pero también la ley tiene sus defectos, aunque cuando eres abogada creo que incluso te enseñan a no verlos y a creerte que la ley es así y punto.

También quería escribir sobre violencia de género y agresiones sexuales, porque cuando estudiaba y ejercía vi muchos casos que quizá no se tomaban tan en serio. Al ejercer trabajé con muchas víctimas de violencia sexual y oí muchas historias, y todas se parecen mucho. La ley no acaba de entender cómo responden físicamente ante un ataque: se congelan, entran en shock psíquico y empiezan a pensar, incluso, que es su culpa, internalizando esos prejuicios que tenemos sobre mujeres y sexualidad. Quería contar todo eso explicando que puede suceder, además, con una persona en la que se confía, porque esto choca más.

¿Uno de esos prejuicios es precisamente que si las mujeres se quedan paradas o no se revuelven con contundencia es que la violación no es 'tan' violación?

Los hombres tienen claro lo que es un ataque sexual cuando le pasa a una niña de 16 años que va sola por la calle a las cuatro de la mañana, pero otros casos de violación no los tienen tan claros. Que sea alguien a quien conoces, que no hayas dicho que no, que no hayas luchado o que no pegues patadas no significa que estés consintiendo. No es menos violencia porque la mujer se congele. O incluso porque intente empatizar, hablar para ver si por ahí te escapas. Es una estrategia de supervivencia, porque muchas creen que van a morir y el cuerpo piensa en cómo sobrevivir, pero el tribunal quizá eso no lo ha tenido en cuenta. Hasta ahora no se ha podido demostrar que el cuerpo se cierra de tal manera e incluso antes esto se interpretaba al revés, como que ella no hizo nada y hasta lo estaba disfrutando. Yo quería mostrar esto, no quería solo hablar de ello, sino mostrarlo con la acción y que diera pie a un debate. No pensaba que iba a ser un debate mundial, pero mira dónde ha llegado.

¿Cree que la sociedad entiende peor el concepto de consentimiento cuando se trata de una agresión sexual entre personas que han tenido hasta ese momento una relación consentida, voluntaria e incluso deseada?

Lo que es interesante es que a las mujeres no nos confunde porque hay muchas que han tenido estas experiencias, o muy parecidas, cosas que no querían que pasaran y han terminado pasando. No creo que confunda tanto, lo que pasa es que se ha despertado este debate de la ultraderecha sobre la masculinidad y eso ha reactivado esos planteamientos que siempre han estado ahí. También es que hasta hace muy poco no se podía hablar de violación dentro del matrimonio, porque si tú te habías casado con un señor, eso significaba que consentías todo cuando él quisiera y como él quisiera. Y esto claro que influye en la manera en que pensamos sobre las relaciones y el consentimiento.

Aquí en España, una encuesta del CIS mostraba que el 20% de la población cree que obligar a tu pareja a tener sexo es inaceptable, pero que no debe ser castigado por la ley.

Es horrible, me indigna, al final el jurado, el tribunal, es gente normal y corriente. Y ahí llegas con tu mochila, con lo que te han contado, con ese “algo haría” o “¿por qué saliste?”. Los hombres tienen que tener conversaciones con sus hijos, decirles, incluso 'oye, quizá yo en el pasado hice tal y tal cosa mal, no quiero que la hagas tú'. La sociedad ha cambiado y muchos hombres están preparados para aceptarlo, a otros no les apetece confrontar ciertas cosas. En Nueva York conocí a un hombre que salía con una amiga mía. Él era canadiense y estaba teniendo muy en cuenta lo que estaba pasando en la sociedad. Nos contó que tenía miedo de pensar en el tipo de sexo que tuvo a sus 20 años porque no sabía si todas las mujeres habían consentido. Esa es la realidad de muchos hombres, pero hay que ceder y decir 'quizá he cometido errores, pero a partir de ahora no voy a seguir así“. Eso también ayuda a esa vergüenza que la víctima internaliza y que puede afectar mucho a su vida. Se sienten juzgadas por sus propias amigas, o su propia familia. No hablan, no cuentan. A veces, aun con buena voluntad, les preguntan: ”¿pero por qué fuiste a su casa?, ¿qué tenías en la cabeza?, ¿por qué bebiste?“. Pero, ¿qué delito es aceptar una invitación, una copa?

En la primera parte del libro y de la obra de teatro, la protagonista describe la justicia, el derecho como una disciplina infalible que ayuda a encontrar la verdad y que es neutral, una noción que está muy asentada en la sociedad. ¿Hay sesgos en esa apariencia neutral de la justicia?

La manera en que nos enseñan a los abogados es que la ley está por encima de todo y es la verdad absoluta y que hace el bien y que las pruebas siempre son objetivas. Solo se ve a través de un prisma. Cuando superas este lavado de cerebro descubres que no es así. La discapacidad, el género, la raza y la clase social son cosas que cambian la manera en que experimentas el derecho, las leyes. Si te apartas del prototipo hombre, blanco, heterosexual, que es desde donde se diseñan las leyes, y añades capas, te vas encontrando con obstáculos judiciales y legales. Y como esto no se ha reconocido durante cientos y cientos de años, y la ley ha seguido promulgándose desde el prisma del hombre blanco heterosexual, se han retrasado los cambios. No hace tanto que las mujeres no podían ejercer la abogacía, por no hablar de ser juezas.

¿Qué tipo de reacciones a su obra le han llegado desde la judicatura?

Jueces y juezas han contactado conmigo después de haber visto la obra. Uno me llamó al día siguiente. Me dijo 'mira, no me conoces, soy juez en Londres y yo escribo la recapitulación, lo que le dice el juez al jurado antes de que se reúna a deliberar. Y quisiera utilizar el monólogo final de la obra para dirigirme al jurado antes de que delibere“. Le dije 'sí, sí, por supuesto, utiliza el párrafo que quieras'. Y ahora lo utiliza todo el mundo en los tribunales en Reino Unido. Además, todos los jueces en Irlanda del Norte están obligados a ver la obra en vídeo antes de poder juzgar en un caso de violación. A veces es gracias a una novela o a una obra que ves que te planteas cómo puede ser que le esté pasando tal cosa a alguien. Es el poder del arte.

Justo la protagonista es una mujer que viene de una clase humilde, pero al principio del libro vemos que adopta todos los códigos y las formas que se esperan de ella en el derecho. ¿Hay que mimetizarse con el ambiente y adoptar estas normas escritas y no escritas para conseguir entrar en ese mundo del derecho y que te tomen en serio, especialmente si eres mujer y procedes de una clase social humilde?

Yo pienso que sí. Ahora tenemos suerte de que hay muchas más mujeres en muchas profesiones y puedes ser más tú. Pero cuando yo estudiaba, sigues una plantilla, es como se supone que tiene que ser y como vas a evitar los problemas. La clase es efectivamente uno de esos pilares. Los jóvenes que están en Derecho han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo para sacar esas notas y cuando ya llegan a la abogacía, a ejercer, son muy competitivos, muy ambiciosos y quieren seguir escalando. No se conformarán con el escalafón más bajo y según qué raza, género, clase, si eres gay, si eres mujer... es más difícil conseguir encajar. El derecho es una profesión muy patriarcal. Además, estás tan ocupado aplicando la ley y con tanto trabajo que no te cuestionas. Si tienes un poquito más de perspectiva y tiempo, si puedes volcar tu experiencia como mujer, igual impides que unas bragas sean una prueba admisible, como si por llevar esa lencería alguien consintiera.

La protagonista cuenta cómo hay compañeras y compañeros que se mantienen alejados, no toman partido cuando ella cuenta lo que le ha sucedido. Es algo que muchas mujeres que sufren agresiones sexuales o situaciones machistas también relatan. ¿Es ese no tomar partido una manera de, en realidad, tomar partido?

Pienso que a veces no se nos escucha. O te preguntan '¿pero cómo no hiciste nada?', '¿pero cómo que te quedaste paralizada?'. El primer relato de un ataque sexual suele ser a una amiga, a una hermana, a la madre. Hay que escuchar diciendo 'estoy aquí, cuéntame', 'no es culpa tuya'. Esas primeras frases pueden condicionarlo todo. Si la primera reacción es no querer saber o preguntar qué llevaba puesto o qué hora era o cuánto había bebido, eso cierra a la persona, no ayuda. Lo mejor que puedes hacer es escuchar primero. Hay muchas maneras de que alguien pueda acabar siendo vulnerable, y no hay que sentir vergüenza ni hacer sentir vergüenza. Esa vergüenza la tienes que poner sobre la persona que no ha respetado la humanidad de la otra.

Seguro que la respuesta a esta pregunta es larga, pero ¿qué dos o tres cosas tendrían que cambiar para que exista justicia en un sentido amplio?

La gente tiene que empezar a escuchar a las mujeres queriendo creerlas en lugar de ir a buscar las incoherencias. Luego, hay que educar a los niños y varones. Que entendamos que el coste de la violencia contra las mujeres degrada a toda la comunidad, hay que decidir que no se acepta y punto. Está muy bien que los hombres digan que son nuestros aliados, pero que lo sean activamente. Que hablen con los chicos jóvenes, que les hagan de tutor, de mentor, con su hijo, su hermano, su primo, que haya chavales que tengan hombres en quienes confían que les muestren la alternativa a convertirse en un Andrew Tate [un influencer británico misógino, acusado de agresión sexual].

Tarazona de la Mancha acoge este viernes las IV Jornadas para Profesionales sobre 'Violencia Sexual y Consentimiento' desde las 9 de la mañana.

Organizadas por el Ayuntamiento de esta localidad albaceteña, se celebrarán en el salón de plenos, con la participación del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas que hablará sobre 'La nueva regulación del consentimiento en los delitos sexuales“.

Después habrá otra ponencia a cargo de Josean Echauri Tijeras, doctor en Psicología por la Universidad Pública de Navarra, sobre el 'Consentimiento: más allá del sí o el no. Consecuencia psicológicas en las víctimas'. Fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ), es miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo y autor de la primera tesis doctoral en España sobre el perfil de los agresores y la eficacia de los programas de tratamiento con hombres violentos en la relación de pareja.

Al conmemorar el 22º Día Mundial contra la Pena de Muerte el 10 de octubre, nosotros, los Miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), elogiamos los notables progresos realizados por África para poner fin a esta práctica inhumana.

El continente africano ha liderado la tendencia abolicionista desde el año 2000, con países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, como Gabón en 2010, República del Congo y Madagascar en 2015, Chad en 2020, Sierra Leona en 2021, República Centroafricana y Zambia en 2022, mientras que Burkina Faso y Guinea Ecuatorial han abolido la pena capital para los delitos comunes en 2018 y en 2022, respectivamente, y Ghana puso fin a la pena de muerte para todos los delitos, excepto la alta traición, en 2023. Además, en mayo de 2024, el Gabinete de Zimbabue anunció que el país iba a poner fin en breve a la pena de muerte.

En la actualidad, la mitad de los países del continente han abolido la pena de muerte: 23 países africanos la han abolido para todos los delitos, mientras que cuatro Estados han derogado la pena capital para los delitos comunes. 27 de ellos mantienen la pena de muerte en sus leyes, si bien 13 no han llevado a cabo ejecuciones en más de 10 años.

La CIPM, con sede en España, ha estado cerca de África desde sus inicios. El comisario Mohamed Bedjaoui, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, ha sido comisario fundador, mientras que Sudáfrica y Argelia son Estados miembros fundadores del Grupo de Apoyo de la CIPM. Nuestra Presidenta, la Jueza Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es de nacionalidad sudafricana y fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas jueza y Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La Comisaria Sylvie Kayitesi fue Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Ruanda, Presidenta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte en África…

Aparte de los destacados Comisarios de la CIPM procedentes de África, todos los miembros de la Comisión han trabajado activamente para animar a los países a que abandonen la pena de muerte y pongan fin a esta práctica cruel e inhumana que erosiona la dignidad humana. España estuvo presente en el parlamento togolés cuando el país abolió la pena de muerte en 2009. Y, entre otras muchas iniciativas, y por citar una de las más recientes, a finales de 2023, la CIPM llevó a cabo una misión en Zambia y Malawi, coordinando la participación de altos funcionarios de los gobiernos de los países vecinos en diálogos e intercambios de experiencias sobre pasos para abandonar la pena de muerte y animando a ambos países a poner fin a la pena capital para todos los delitos.

Aún queda trabajo por hacer. En 2023 se registraron condenas a muerte en 19 países. La República Democrática del Congo (RDC) levantó su moratoria de 20 años sobre la pena de muerte tras el anuncio, en marzo de 2024, de la ministra de Justicia, Rose Mutombo. Resulta preocupante que 37 personas hayan sido condenadas a muerte acusadas de intentar un golpe de Estado en la RDC.

Multilateralmente, para la última resolución de la Asamblea General de la ONU de 2022 sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, 29 países africanos votaron a favor de la resolución bienal. Existe la esperanza de que, dado el número de países que se están alejando de la pena de muerte en el continente africano, más naciones del mismo puedan votar a favor de la resolución de 2024.

En relación con el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Protocolo), aunque 27 países africanos han abolido la pena de muerte, sólo 15 Estados han ratificado el Protocolo. Y en África, aún no se ha adoptado el proyecto de protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la abolición de la pena de muerte. La adopción de este protocolo sería un paso histórico que reflejaría el claro alejamiento del continente africano de la pena de muerte. 

Mientras conmemoramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, es importante señalar que de los 54 países de África, 52 no llevaron a cabo ejecuciones en 2023; que 40 países han abolido la pena capital o no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace más de diez años, y ello a pesar de que el continente sufre innumerables desafíos, entre ellos el de la pobreza, la inseguridad debida a los conflictos y las sequías, muchas de las cuales se deben al cambio climático y a las consiguientes migraciones masivas y crisis sanitarias. 

Los notables avances del continente hacia la abolición de la pena capital y el refuerzo del respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la vida de sus pueblos sirven como poderoso recordatorio de que un cambio significativo no sólo es posible, sino que está a nuestro alcance. En efecto, parece que en África se ha tomado conciencia de que la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, radicalmente contrario a la dignidad humana, que afecta de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas y marginadas de todas las sociedades. Que perpetúa la injusticia y presenta el riesgo constante de ejecutar a personas inocentes, un riesgo que ningún sistema de justicia debería tolerar.

Los avances en África no son sólo un éxito regional, sino una inspiración mundial, que anima a otras naciones a seguir pasos similares y reafirma la realidad de nuestra humanidad compartida. Estos avances reflejan un profundo compromiso con los derechos humanos y la justicia, marcando una alentadora tendencia abolicionista que sirve de poderoso ejemplo para el resto del mundo.

La jueza Navi Pillay es presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; Sylvie Kayitesi es comisionada de la CIPM; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es miembro honorario de la CIPM

Se aplaza hasta 2025 el juicio contra 18 activistas encausados por intentar ocupar viviendas en el número 42 de la calle Macarena de Sevilla el 16 de febrero de 2018. El inicio de la vista oral, previsto para este próximo lunes 15 de julio, ha sido suspendido tras seis años de espera a petición de uno de los abogados defensores, “al no haberse recibido aún en el juzgado la prueba anticipada ya admitida, siendo imprescindible para la defensa”.

Entre los encausados, cuyas inculpaciones varían según su presunto grado de participación, se encuentran personas sin hogar, activistas vinculados a movimientos sociales, vecinos que acudieron como apoyo y jóvenes universitarios que apoyaban la demanda de vivienda digna. La Fiscalía solicita penas de entre cinco años y medio y tres años y 10 meses de prisión por delitos que incluyen usurpación violenta, daños, atentado a agente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y maltrato de obra. El escrito de acusación del Ministerio Público contempla multas individuales de entre 4.140 y 5.255 euros y una responsabilidad civil colectiva de casi 22.000 euros.

En aquella jornada del 16 de febrero de 2018 se produjo un violento desalojo policial que puso fin a la ocupación de varios inmuebles vacíos que servían de alojamiento a un grupo de personas sin hogar. En el operativo fueron detenidas seis personas, conocidas como 'los seis de la Macarena', quienes permanecieron en prisión preventiva durante dos meses. Además, otras doce personas fueron identificadas en las inmediaciones del inmueble.

La petición de absolución de los enjuiciados está apoyada por diferentes organizaciones sociales de la ciudad y sindicatos como CGT. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha expresado su solidaridad con los acusados y ha denunciado que las actuaciones policiales, así como el juicio, tienen como principal objetivo “acallar la legítima protesta social”. La asociación ha calificado las actuaciones de los ahora encausados dentro del marco de la lucha por el Derecho a la Vivienda.

De esta forma, APDHA sostiene que la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, “pretende desmovilizar y criminalizar a los sectores más críticos y disidentes, limitando derechos y libertades fundamentales”. La entidad denuncia que la Ley Mordaza es “parte de un sistema más amplio que incluye la visión sesgada de medios de comunicación contra colectivos vulnerables y la desmesurada petición de penas por parte de la Fiscalía”.

Criminalización de los movimientos sociales

En este punto coinciden Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, y Antonio Castellano, secretario general de CGT Sevilla, quienes han apuntado este jueves en rueda de prensa que el problema no reside en los movimientos sociales sino en el acceso a una vivienda digna y la “falta de soluciones habitacionales” para personas sin hogar en Sevilla. “Con la criminalización de los movimientos sociales tratan de apartar el foco del verdadero problema”, denuncian.

Entre las principales causas que dificultan el acceso a la vivienda en la capital hispalense, expertas como Ángela Lara, del departamento de Geografía e Historia de la US, sitúan la especulación y el elevado número de viviendas vacías, muchas de ellas destinadas a un uso turístico.

Un crowfunding para los gastos del juicio

Los encausados también se posicionaron en un reciente comunicado difundido por redes sociales de la 'Plataforma de apoyo a los 18 de la Macarena' mediante el cual, aparte de pedir apoyo, han solicitado ayuda económica a través de un crowfunding para poder sufragar los gastos judiciales.

En medio de un contexto de creciente movilización social en defensa del derecho a la vivienda, el desenlace de este juicio se presenta como un precedente significativo para las luchas por los derechos sociales en España. Mientras tanto, la solidaridad con los enjuiciados continúa fortaleciéndose, con numerosos apoyos desde distintos sectores para afrontar los costos del proceso legal.

Más de 70 expertos y expertas en diferentes áreas del derecho, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han firmado un manifiesto en el que piden que se redefina el delito de terrorismo para evitar que se aplique a movilizaciones sociales “a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”, como es la libertad de expresión y de protesta.

Catedráticos y abogados, como Joan Coscubiela o Manuel de la Rocha Rubí, han pedido a los grupos parlamentarios “proceder a una reforma que vuelva a definir el delito de terrorismo” en el mismo marco que lo hace la Unión Europea, especialmente después del auto del Tribunal Supremo de febrero de este año, por el que abrió la causa contra el expresident Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami.

En su escrito, recuerdan lo que ha vivido España con el terrorismo real, especialmente con los atentados de ETA o GRAPO, para “alcanzar objetivos políticos mediante la siembra del terror en la población”. O, más recientemente, con el terrorismo yihadista. Estos nuevos grupos han hecho que la UE adapte sus criterios, aunque no han servido para “modificar lo que es esencial del terrorismo”, especifican.

El grupo de firmantes manifiestan su preocupación por ciertas interpretaciones judiciales de lo que es este delito, de una forma más “expansiva”, y algo que podría llevar a aplicar este delito a “tractoradas de los agricultores” o a “trabajadores en sus acciones de huelga”. Que, aunque sí pueden producirse altercados, estos desórdenes públicos más o menos graves, se deben distinguir “con total precisión” del terrorismo.

En febrero, el Tribunal Supremo decidió abrir la causa contra Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic, como pidió el juez Manuel García Castellón. Entendía que el procés era un movimiento que puede ser considerado como delito de terrorismo. El expresident catalán, dicen, tenía un “liderazgo absoluto” y una “autoría intelectual” de todo lo que hizo la plataforma Tsunami Democràtic, como protestas o disturbios en las calles de la capital catalana.