El condenado por corrupción Alfonso Arriola, excargo del PNV y actualmente alto funcionario en el Gobierno vasco, percibe un salario público de al menos 76.571,36 euros anuales, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en respuesta a una pregunta formulada desde la oposición por la representante del PP Ana Morales. Adicionalmente, Barredo ha informado de que, en el último año, Arriola ha presidido cinco comisiones de valoración de ayudas públicas cuyo montante total asciende a 31,5 millones de euros, el equivalente al 11% del disponible total de la consejera Barredo.

Arriola, aunque fue absuelto de todas las peticiones de entrada en prisión en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama que ha salpicado a excargos públicos y orgánicos del PNV alavés, está cumpliendo formalmente todavía una pena por corrupción. En concreto, hasta marzo de 2027 pesa sobre él una inhabilitación por ser responsable de un delito de prevaricación por haber facilitado desde su posición como gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, que su compañero de partido Alfredo de Miguel intercediera para manipular adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Sin embargo, se determinó que la inhabilitación para ocupar un cargo o empleo públicos se aplicara exclusivamente en sociedades públicas, como lo es Miñano, y no en la Administración general. Gracias a ello, Arriola no sólo ha podido mantener su condición de funcionario del Gobierno vasco sino incluso ascender.

Desde el 13 de marzo de 2025, siempre según la documentación oficial sobre su caso enviada al Parlamento por la consejera Barredo, también del PNV, pasó a ser “responsable del servicio de programas” en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Tiene como funciones “elaborar informes” sobre política industrial y comercial, “establecer criterios” de la actuación del Ejecutivo, “gestionar programas” de ayudas, “diseñar estrategias” o incluso “asesorar”, señala Barredo. En su momento, se aludió también tareas relacionadas con fondos europeos.

Por todo ello, percibe al menos 76.751,36 anuales, lo correspondiente a su nivel “28 I-A” en el escalafón del personal de Lakua, aunque Barredo no especifica nada sobre posibles complementos por su antigüedad. De hecho, en el momento de la condena, en 2023, 'El Correo' aludió a una cifra superior, a 79.533,36 euros anuales sin que hubiese asumido las nuevas responsabilidades.

El Gobierno admite que, en 2025, Arriola “ha presidido un total de cinco comisiones de valoración correspondientes a distintos programas de ayudas públicas”. En concreto, se trata de los planes Lehiatu Inversión (17,4 millones y 101 beneficiarios), ISV Inversión (2,5 millones y 50 adjudicatarios), Handitu Innova (1,2 millones, cinco perceptores), Handitu Egurra (9 millones para una única solicitud) y Gastrobikain (0,35 millones repartidos en a siete beneficiarios). Es una cifra más alta que las estimaciones que se conocían.

La consejera Barredo explica que la previsión es que Arriola se jubile “en el mes de junio” de 2026 y que, por lo tanto, no tenga que gestionar más ayudas ya. “Las convocatorias [...] se publican habitualmente en primavera y las comisiones de valoración se constituyen en período estival”, indica la titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Con todo, señala que las ayudas no las asigna una única persona y que los nombramientos se hacen “de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras” de cada convocatoria. Barredo siempre ha insistido en que la posición de Arriola no es de designación política en ningún caso.

El pasado año, cuando este periódico adelantó las nuevas funciones de Arriola, el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV, y de mucha relevancia, mostraron una opinión muy contraria. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. Y el propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

“La zorra en el gallinero”

“Es un escándalo. Es indignante, una tomadura de pelo. Es como meter a la zorra en el gallinero meter a un condenado por corrupción, y encima con el tipo de delito que tenía, de modificar contratos, a presidir una comisión de valoración de adjudicación de ayudas de tanto dinero. Es un nuevo caso de amiguismo orientado a blanquear a condenados por corrupción. Es un descrédito de las instituciones. Lo mínimo que se puede pedir es un Gobierno limpio y que hagan una gestión ejemplarizante”, protesta Morales, del PP, a la luz de la información recibida.

En el 'caso De Miguel', cuatro excargos nacionalistas recibieron penas efectivas de prisión. La más alta, de nueve años, fue para De Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés y cerebro de la trama corrupta. También ingresaron en la cárcel sus compañeros en el Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles. Todos ellos gozan ya de tercer grado sin haber alcanzado la mitad de cumplimiento de su pena. Salvo en el caso de Ochandiano, el resto han logrado la semilibertad contra el criterio técnico de Prisiones. Otros implicados recibieron penas alternativas, como la inhabilitación de Arriola o responsabilidades económicas. En algunos casos, la sentencia sí implicó el despido de sus puestos como empleados públicos.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, rechaza que el “perfil político” de los presos en las cárceles vascas, en referencia a los exdirigentes del PNV que cumplen penas de corrupción, “influya” o “afecte” a su “situación” penitenciaria. Agrega que no es “excepcional” que se hayan producido “progresiones” de grado, ya que eso es una posibilidad prevista en la normativa y que se aplica por razones “técnicas” y nunca de otra naturaleza.

San José ha realizado estos comentarios en respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante del PP Santiago López Céspedes. La iniciativa fue registrada después de que trascendiera que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, había logrado ya un tercer grado, es decir, un régimen de semilibertad, cuando ni siquiera ha llegado a un tercio del tiempo total de cumplimiento efectivo de su pena, ya de por sí reducido en tres años.

De Miguel, condenado a doce años como cabecilla de una trama de corrupción, entró en prisión en el verano de 2023 y con fecha de salida en el verano de 2032. Ya disfrutaba de un régimen cerrado atenuado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Asimismo, los otros tres excargos del PNV igualmente en prisión han saltado también al tercer grado sin alcanzar la mitad de sus penas. Son Xabier Sánchez Robles, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Solamente en el último caso la progresión se ha hecho a propuesta de Prisiones; los otros tres lo lograron con recursos ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

San José, en sus explicaciones al Parlamento, no entra en detalles concretos escudándose en la protección de datos. De hecho, ni siquiera confirma que las juntas de tratamiento plantearan no conceder a De Miguel -y a otros dos implicados en la misma trama- el tercer grado en un estadio tan prematuro de la condena total, algo inhabitual según fuentes penitenciarias. Ya antes los funcionarios se habían opuesto al 100.2 para el expolítico. Según la consejera socialista, que dice no tener datos del tiempo habitual para las progresiones de grado, es impepinable acatar las resoluciones judiciales y “no corresponde al Gobierno vasco valorarlas”. Que la Justicia enmiende la plana al Ejecutivo no supone una “disfunción”, sostiene.

Remarca la titular de Justicia y Derechos Humanos que una característica fundamental del sistema penitenciario español es la “individualización”, y eso implica que “una persona no debe permanecer en un grado más restrictivo ni más flexible que aquel que, conforme a su situación individual, resulte adecuado”. “Por lo tanto, la progresión a tercer grado cuando concurren dichos elementos constituye una consecuencia natural y necesaria del principio de individualización”, abunda San José. Es más, recuerda que el “modelo penitenciario vasco” puesto en marcha en 2021 con la transferencia de Prisiones y que “fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Vasco”, establece “una apuesta expresa y decidida” por “potenciar el régimen abierto”. Los condenados del 'caso De Miguel' han superado un programa llamado Pideco, de prevención de la delincuencia económica. Es el mismo que realizó durante su estancia en Zaballa Iñaki Urdangarin.

En el plano cuantitativo, San José -que habitualmente tiene que dar explicaciones sobre otros presos, los de ETA- indica que en los últimos cinco años 56 presos de todo tipo han visto atenuado su régimen interno en aplicación del 100.2. Asimismo, en enero de 2026 eran 424 los reclusos en tercer grado. Hay hasta cinco modalidades, en función de si tienen o no control telemático o el artículo por el que accede a esa progresión. El más común es el 86.4 del reglamento penitenciario, con control telemático. Es en el que están 352 de los 424.

De los cuatro excargos del PNV que cumplen penas de prisión por corrupción que han accedido al tercer grado en fechas recientes sin haber llegado siquiera a la mitad de su condena efectiva, solamente uno de ellos, Koldo Ochandiano, ha logrado esa semilibertad con el criterio técnico favorable de la junta de tratamiento a la luz de su proceso de reinserción. Al igual que en el caso de Alfredo de Miguel, los también reos Aitor Tellería y Xabier Sánchez Robles tuvieron que recurrir ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, para progresar de grado ya que el informe inicial era desfavorable. Fuentes conocedoras del caso han explicado que estos movimientos son “extraordinarios” en el sentido de que es enormemente inhabitual que se concedan estos regímenes en estadios de cumplimiento de la pena tan tempranos. Desde el entorno de los expolíticos se recalca que “no hay ningún trato de favor”, solamente “cumplimiento de la ley”.

El 'caso De Miguel' es la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. La investigación se inició en 2009, en 2010 hubo detenciones por parte de la Ertzaintza, la instrucción finalizó en 2015, el juicio fue en 2018 y en 2019 llegó una primera y contundente condena para la mayoría de imputados, encabezados por Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. En 2023, el Tribunal Supremo confirmó el grueso de las penas y, desde entonces, se inició la fase de ejecución. Aunque hubo más condenados, cuatro de ellos tuvieron que ingresar en centros penitenciarios. Fueron De Miguel y los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, socios en la empresa pantalla Kataia Consulting, ideada para recaudar comisiones y a nombre de las esposas de los tres, y su amigo y alto cargo del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles, que procuró financiación a la trama mediante adjudicaciones irregulares.

Ochandiano, contable de profesión y en cuyo domicilio aparecieron muchas de las pruebas incriminatorias, recibió una pena de siete años y medio, seis de cumplimiento efectivo. Según fuentes penitenciarias, él sí ha recibido un dictamen favorable de Prisiones para avanzar al régimen de semilibertad. Lo logró en enero por sus circunstancias particulares y no tendrá que regresar para nada a Zaballa, la cárcel de Álava. Tendrá seguimiento telemático de sus movimientos.

No es el caso de los otros tres. La junta de tratamiento rechazó sus solicitudes y tuvieron que recurrir por la vía judicial. Como la Fiscalía no ha presentado más alegaciones, la resolución adoptada por la magistrada de Bilbao Ruth Alonso, la encargada de vigilancia penitenciaria en Euskadi, ya es firme. El juzgado ha rechazado la petición de este periódico de acceder a las resoluciones judiciales con los argumentos para esta progresión de grado.

Era ya conocido que De Miguel no contaba con el visto bueno de los funcionarios para pasar a tercer grado. Ocurrió lo mismo cuando quiso empezar ya a tener largas estancias fuera de la cárcel al llevar apenas un año encarcerlado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar el segundo grado. Lo consiguió, traslado de Zaballa a Basauri mediante, pero de nuevo merced a un auto judicial y contra el criterio de los funcionarios. El Gobierno vasco tiene competencias desde 2021 en materia de Prisiones. Eso sí, desde 2024 esta cartera la dirige el PSE-EE y no el PNV. Este martes, la portavoz del Ejecutivo, la nacionalista María Ubarretxena, ha insistido en que lo sucedido “es una decisión judicial, no del Gobierno vasco” y ha confirmado públicamente que la Administración “se opuso a la progresión por criterios técnicos”.

De Miguel, que recibió una pena de más de doce años modulada por las dilaciones indebidas, ya supo desde el inicio que iban a ser nueve de cumplimiento efectivo. Sea como fuere, no ha alcanzado aún ni un tercio de su pena, que expira en julio de 2032, como conoció en su día este periódico de fuentes de la Audiencia Provincial de Álava, el tribunal que juzgó el caso. Quien todos conocen como 'Txitxo', no obstante, tiene que pernoctar de lunes a jueves en su cárcel de referencia, que ya es la de Basauri porque optó por residir tras estallar el caso no en Vitoria sino en Gorliz. Reside en una casa, por cierto, reformada a modo de comisión por un constructor, Prudencio Hierro.

Respecto a Tellería, también exdirigente del PNV así como exconcejal en Vitoria, entre otros cargos, logró igualmente en enero un régimen similar al de Ochandiano. Era su segundo intento, según fuentes judiciales. En el primero se había opuesto, igualmente, la Fiscalía. En su caso, pesa sobre él una condena de algo más de seis años de cumplimiento íntegro. Sánchez Robles, de su lado, lleva meses en tercer grado, desde septiembre de 2025. De nuevo, lo consiguió merced a un recurso judicial. Con una condena de algo más de siete años, fue el primero en acceder a prisión y también el único en no invocar el perdón político del Gobierno de España mediante un indulto. Era el más vinculado al partido cuando llegó la condena, ya que su esposa, Josune Gorospe, ha sido diputada del PNV en el Congreso hasta 2023.

Los cuatros excargos del PNV condenados a prisión por la trama de corrupción del 'caso De Miguel', incluido el que fuera 'número dos' de la formación nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, han accedido ya al tercer grado penitenciario, es decir, a regímenes de semilibertad. De Miguel ha sido el último en lograrlo, en fechas recientes, pero Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exdirigentes también del PNV alavés, lo consiguieron en enero de 2026. Y Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe lo obtuvo ya en septiembre de 2025, según fuentes penitenciarias.

En el caso de De Miguel, adelantado por 'El Mundo', pesa sobre él una pena de más doce años que ya inicialmente se rebajó a nueve de cumplimiento efectivo que no expiraría hasta julio de 2032. El avance se ha hecho contra el criterio técnico de Prisiones y merced a un recurso aceptado por la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso. De los cuatro, solamente él volverá a prisión, ya que el resto tendrán semilibertad plena con control telemático en virtud del artículo 86.4 del reglamento penitenciario.

Tras el éxito de la “queja” de De Miguel -el término lo emplean fuentes oficiales de Prisiones para describir el comportamiento de quien todos conocían como Txitxo-, el expolítico logra sin haber llegado a un tercio del cumplimiento de su condena pernoctar únicamente de lunes a jueves en su cárcel de referencia, en este caso la de Basauri, en Bizkaia. El resto del tiempo gozará de libertad.

Ya había logrado al año de estar en Zaballa, su primer destino, un segundo grado atenuado con salidas regulares en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Nuevamente, lo consiguió contra el criterio de la junta de tratamiento y gracias a un recurso judicial. Otras fuentes consultadas consideran “extraordinario” que esto haya sucedido no porque no lo merezca sino por lo inhabitual de esta mejora en un estadio de cumplimiento efectivo de la pena tan corto.

De Miguel, como el resto de los cargos corruptos encarcelados, superaron en Zaballa un cursillo de prevención de los delitos económicos. Es el mismo en el que participó, en su momento, Iñaki Urdangarin, igualmente condenado por corrupción y que terminó el cumplimiento de su pena cerca de su ciudad de origen, Vitoria.

Los otros condenados del 'caso De Miguel' -la mayor trama descubierta en Euskadi y que operó como un red de cobro de comisiones ilegales a cambio de influencia política en la adjudicación de contratos- que entraron en la cárcel fueron los también dirigentes del PNV alavés Ochandiano y Tellería y el vizcaíno Sánchez Robles. Para ellos, las penas efectivas rondaban los seis años, de modo que la libertad llega también antes de que hayan alcanzado la mitad. Ochandiano y Tellería compartían con De Miguel una sociedad pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar las mordidas. Sánchez Robles propició contratos 'a dedo' a la trama.

Fue en el verano de 2023 cuando se hicieron efectivos los ingresos en prisión de los cuatro. Antes, en enero, el Tribunal Supremo confirmó casi en su integridad la sentencia inicial de la Audiencia de Álava, de finales de 2019. El juicio tuvo lugar en 2018. Hace ya 17 años, en 2009, que se inició la investigación.

De Miguel mantuvo hasta 2023 un salario público en la sociedad Hazi, dependiente del Gobierno vasco. No sólo eso. Fue mejorando su posición y logrando ascensos incluso después de una primera sentencia condenatoria y bajo la excusa de que la resolución judicial no era firme. Finalmente, acabó siendo despedido poco antes de entrar en prisión, aunque intentó conseguir una indemnización en la vía judicial al entender que se habían vulnerado sus derechos.

La Justicia continúa haciendo efectiva la ejecución de la pena a los implicados en la trama de corrupción del 'caso De Miguel', la mayor causa de corrupción conocida en Euskadi y que, después de lustros de investigación, quedó cerrada con una sentencia firme del Tribunal Supremo en 2023. Así, el líder de la trama de cobro de comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava hasta su detención por este caso, tendrá que abonar otros 5.706,50 euros, por ejemplo.

Son las denominadas “costas”. En las últimas semanas, la Audiencia Provincial de Álava, encargada de controlar esta fase del proceso, ha puesto números al abono de este concepto, que suma a las otras medidas de tipo económico como las multas o las responsabilidades civiles y, desde luego, a las penas privativas de libertad e inhabilitaciones. El total ronda los 35.000 euros.

La parte más alta corresponde a De Miguel, pero los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Aitor Tellería y Koldo Ochandiano han recibido, igualmente, minutas de 2.663 y 3.423,90 euros, respectivamente, según indican fuentes judiciales. El exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, de su lado, tendrá que abonar 1.902,20 euros. De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles fueron, de la docena de condenados, los únicos que ingresaron en la cárcel, aunque pasados menos de dos años ya han logrado un régimen atenuado con salidas diarias y pernocta en prisión.

Según explican las fuentes consultadas, las costas ya no se utilizan para que los condenados cubran el coste del procedimiento, que en este caso ha durado más de una década y ha implicado incluso la reforma de una sala de vistas de la Audiencia Provincial para dar cabida a todos los procesados en su día, más de una veintena. Se emplean para resarcir el coste que ha supuesto el proceso para las acusaciones no públicas. La liquidación, en este caso, menciona expresamente que atienden a los gastos en que ha incurrido el “Gobierno vasco”. Esta institución estuvo personada principalmente por los contratos irregulares que Sánchez Robles facilitó a la trama de empresas controladas por De Miguel para procurarles financiación ilícita.

La condenada por corrupción en la trama del 'caso De Miguel' Iratxe Gaztelu-Urrutia, del PNV, intentó con varios recursos evitar su inhabilitación como funcionaria del Gobierno vasco y también su exclusión de la bolsa de trabajo y la advertencia de no participar en convocatorias de acceso al empleo público. Sin embargo, en una reciente sentencia, la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado sus pretensiones y ha dado la razón a la Administración.

Gaztelu-Urrutia, que llegó a ser candidata en unas autonómicas con Juan José Ibarretxe, era la esposa de Koldo Ochandiano. Ochandiano, con sus compañeros dirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, conformó una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para canalizar el cobro de comisiones ilegales. Pusieron la mercantil a nombre de sus tres esposas. Las administradoras nominales eran Gaztelu-Urrutia y las parejas de De Miguel y Tellería, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo.

Aunque las tres intentaron esquivar sus responsabilidades asegurando que no tenían conocimiento de nada, el sumario acreditó su participación en la asociación ilícita. Gaztelu-Urrutia, por ejemplo, realizó en plena calle una entrega de 30.000 euros en metálico al entonces 'número dos' del PNV alavés, De Miguel. Lo hizo con 60 billetes de 500 euros. Esos fondos procedían de la comisión abonada por promotores catalanes de un proyecto urbanístico en la localidad alavesa de Zambrana. Usaron como justificación una falsa amenaza de ETA para justificar semejante movimiento de dinero en efectivo.

Gaztelu-Urrutia fue hallada responsable de un delito de asociación ilícita y de otro de blanqueo de capitales. Su pena de prisión fue de 18 meses, pero no se ejecutó al carecer de antecedentes. Su marido, Ochandiano, sí entró en prisión, al igual que Tellería y De Miguel y un cuarto implicado, Xabier Sánchez Robles. Además, las diferentes sanciones económicas que pesaban sobre ella sumaban un máximo de 324.650,63 euros.

La sentencia se convirtió en firme en 2023, cuando el Tribunal Supremo ratificó casi en su integridad el fallo inicial de la Audiencia Provincial de Álava, de 2019. En su caso, el Gobierno informó de su inmediata salida como funcionaria interina y también del veto a poder optar a nuevas convocatorias. La sentencia preveía para ella una inhabilitación para cualquier cargo tanto en las instituciones autonómicas como locales. En su caso, estaban vinculados con su formación en medicina.

El despido fue ejecutado por un director del Gobierno vasco y recurrido inicialmente en vía interna. El argumento de la condenada era que la sentencia no precisaba para qué puesto específico era la inhabilitación “especial” y que, por lo tanto, se le estaba aplicando una inhabilitación “absoluta” en ningún caso prevista en la sentencia judicial. Un viceconsejero denegó sus pretensiones y Gaztelu-Urrutia acudió a los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo. Perdió en primera instancia en un juzgado de Vitoria y lo ha hecho también, hace apenas unas semanas, en el Superior vasco. Uno de los argumentos que se le repiten es que no se puede pretender anular una condena penal en la jurisdicción contencioso-administrativa por más que la ejecución material la adoptara el Gobierno vasco.

Esta sentencia sobre Gaztelu-Urrutia, a la que ha tenido acceso este periódico, aparece mencionada en el expediente de otro de los condenados, Alfonso Arriola. En su caso, continúa trabajando para la Administración y ha sido objeto de controversia por el desarrollo profesional interno que ha tenido en los últimos años. Ahora gestiona programas de ayudas forestales, por ejemplo, y ha llegado a ser “responsable de políticas y fondos de la UE”. En su caso se argumenta que la inhabilitación -que sigue vigente- es para puestos en sociedades públicas y no en la Administración general, ya que el delito lo cometió siendo gerente del parque tecnológico de Miñano. En su caso, la pena era de prevaricación sin prisión, más atenuada que la de Gaztelu-Urrutia.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava conocido como Txitxo, cargó contra el Gobierno de Iñigo Urkullu y recurrió por dos veces su despido de la sociedad pública autonómica Hazi consumado al fin en marzo de 2023 después de que el Tribunal Supremo confirmara para él una pena de nueve años de cárcel como líder de una trama de corrupción dedicada al cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos descubierta varios lustros atrás. El expolítico, que nunca ha admitido los hechos públicamente, quiso que su salida de la Administración fuese considerada “improcedente” —lo que da derecho o a la readmisión o a una indemnización económica, lo que es más habitual—y llevó sin éxito sus reclamaciones primero a un juzgado de lo social de Bilbao y finalmente, ya desde la cárcel, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Se cumplen ahora justamente quince años de la detención por parte de la Ertzaintza de De Miguel, que en aquel momento ejercía como diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo). Unos meses antes, a finales de 2009, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi había denunciado ante la Fiscalía que el influyente Txitxo le había reclamado 100.000 euros por un contrato que le facilitó a su consultora en el parque tecnológico de Miñano. De ahí se descubrió una empresa pantalla llamada Kataia Consulting creada por De Miguel con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Estaba a nombre de las esposas de los tres.

La investigación, completada en 2015, acreditó la existencia de otras comisiones más allá de Miñano y de una compleja madeja empresarial. En 2018 se celebró un macrojuicio, el mayor de corrupción conocido en Euskadi y en el que algunos otros imputados confesaron. En 2019 llegó la sentencia de la Audiencia de Álava y, en enero de 2023, el Supremo la ratificó salvo por unos matices. La lista de delitos cometidos por De Miguel como cabecilla de una “asociación ilícita” era larguísima —de catorce puntos— y se estipuló en nueve años su estancia en prisión, además de las elevadas responsabilidades económicas.

Al poco de ser detenido en 2010, De Miguel salió de sus cargos públicos. Pero disponía de dos excedencias en sociedades autonómicas para seguir teniendo garantizado un salario público. Ambas plazas las logró al poco de entrar a la dirección del PNV alavés en 2000, con apenas 28 años. Liquidó una de ellas, en la red de Industrialdeak de Sprilur, previo cobro de una indemnización económica. Ingresó 22.000 euros de una tacada. Y empezó a trabajar en lo que ahora se conoce como Hazi, una fundación que cuelga del Gobierno vasco. Su plaza estaba en IKT, una de las partes constituyentes de la nueva entidad.

Como ha venido publicando este periódico, la investigación no solamente no afectó a Txitxo en su recorrido laboral, sino que fue ascendiendo y teniendo subidas salariales. Incluso después de la que sentencia de primera instancia acreditara lo que ya se barruntaba desde el inicio del sumario, continuó en Hazi. Llegó a tener funciones de representación en algunos foros y ejercía labores de “coordinación”. Su salario final era de 57.407,45 euros, incluido un “complemento de responsabilidad”, cuando por su categoría en el convenio se aludía a 35.000. Estando ya condenado como cabecilla de una trama de corrupción tuvo una mejora retributiva de 5.000 euros anuales, alrededor del 10%.

Hazi permitía expresamente un despido sin necesidad de que la sentencia fuera firme. El convenio lo recoge para los condenados por “malversación”, por ejemplo, siempre que la pena sea superior a seis años, extremo que se superaba claramente. En otras reglamentaciones se puntualiza que la condena ha de ser definitiva, pero es algo que no ocurría en esta sociedad pública. Sin embargo, sus servicios jurídicos hicieron siempre una lectura muy garantista de esa disposición y mantuvieron a De Miguel los tres años largos que pasaron desde el fallo de primera instancia hasta la condena en firme del Supremo.

Con todo, De Miguel interpretó que había sido maltratado por el Gobierno de Urkullu. En su demanda, el expolítico se quejaba de que la consejera responsable de Hazi, que era Arantxa Tapia, también del PNV, había hecho declaraciones públicas dando por hecho el despido. Su deseo era lograr una declaración de “improcedencia” en su despido disciplinario, petición a la que no han accedido los jueces ni en primera ni en segunda instancia. Al inicio del caso, Urkullu no era aún lehendakari pero sí presidente del PNV. También entonces De Miguel y otros imputados se resistieron a entregar sus carnés de afiliados.

¿Qué hubiese implicado la “improcedencia” del despido? Expertos laboralistas indican que la empresa podría optar por la readmisión o por abonar una indemnización. “Pero nadie va a por el puesto de trabajo. Se va a por el dinero”, indican estas fuentes. Esa cuantía sería de 33 días por año trabajado. En el caso de De Miguel, una hipotética indemnización habría rondado los 70.000 euros.

Catorce delitos de corrupción

El fallo del Supremo se firmó el 9 de enero de 2023 y se dio a conocer al día siguiente. El 13 de enero Hazi incoó un expediente disciplinario a su empleado tras la confirmación de que De Miguel era responsable de catorce delitos: “un delito de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, un delito de cohecho pasivo impropio, un delito de prevaricación como cooperador necesario, un delito de malversación de fondos públicos como cooperador necesario, dos delitos de coche pasivo, tres delitos de tráfico de influencias y cuatro delitos de falsedad en documento mercantil”. A los cinco días, De Miguel presentó alegaciones quejándose de las “filtraciones” de la sentencia. En estos años, una de sus obsesiones era hacer ver que había una persecución con mentiras hacia él.

Sin embargo, cuestiones formales hicieron que se demorara un par de meses la declaración de “firmeza” del fallo, aunque los hechos y los delitos estuvieran muy claros. Ese trámite lo realizó la Audiencia de Álava, el tribunal de instancia, el 15 de marzo. El 16 de marzo Hazi acordó su despido disciplinario definitivo. Txitxo se quejaba, eso sí, de que hasta el 17 no hubo una notificación del acuerdo de “firmeza” y cree que Hazi se precipitó al despedirle. Se da la circunstancia de que para entonces ya estaba de baja por “ansiedad”. Cuando estalló el caso y después de asegurarse el retorno a ese puesto también pasó muchos meses de baja y llegó a ser investigada su situación por la Seguridad Social.

El Superior, en una sentencia emitida en abril de 2024, recalca que no cabe interpretar mala fe del Gobierno vasco y de la consejera Tapia en este asunto. Asegura que sus “manifestaciones públicas” explicando su salida de Hazi “sencillamente quedan en el ámbito de la libertad de expresión y del normal ejercicio de las funciones políticas”. No se puede pretender hacer ver que su despido fue una decisión “personal” de Tapia “al margen de la fundación [Hazi] y de los hechos por los que se produjeron las condenas penales”. Le recuerda el alto tribunal vasco a De Miguel que el suyo es un “acontecimiento grave” y de “notoriedad pública” y que era lógico que hubiera noticias y comentarios sobre ello, más si cabe porque “desempañaba puestos de confianza política” en Hazi. No se aprecia vulneración alguna de los derechos laborales del expolítico ni desde luego base para decretar su readmisión —probablemente imposible ya que su pena implica también inhabilitación “absoluta” para empleos públicos— o una compensación económica.

En prisión atenuada

Parte de este procedimiento laboral tuvo lugar cuando De Miguel ya había ingresado en prisión. Lo hizo en julio de 2023 después de intentar postergarlo al máximo con recursos procesales e incluso con una solicitud de indulto que no consta que haya sido resuelta por el Gobierno de España, que es el competente, según indican fuentes cercanas al caso.

Cumplió los primeros meses en Zaballa, el penal a las afueras de Vitoria, pero luego solicitó un traslado a Basauri, en Bizkaia, su lugar de residencia desde que fue detenido y abandonó Álava para instalarse en la residencia de Gorliz que un empresario cercano a su partido, Prudencio Hierro, le había reforzado a cambio de favores. En paralelo, accedió tras cumplir uno de los nueve años de condena a un régimen atenuado (el del artículo 100.2 del reglamento penitenciario) que le permite salidas regulares entre semana para trabajar. Ha completado un curso de reinserción para delincuentes económicos, el mismo que superó Iñaki Urdangarin. Se da la circunstancia de que Txitxo logró este régimen abierto gracias a un recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria ya que el criterio de la junta de tratamiento de Prisiones era negativo.

Con él entraron en prisión también Ochandiano y Tellería, al igual que el exdirector de Juventud con el PNV Xabier Sánchez Robles, que procuró contratos 'a dedo' a la trama y que en el juicio presentó pruebas falsificadas para tratar de justificarlos. Todos ellos también han accedido ya al 100.2. Hubo otros condenados que eludieron la cárcel en el denominado 'caso De Miguel' por tener penas menores o por recibir otro tipo de condenas como la inhabilitación.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha querido recalcar en una respuesta parlamentaria que la decisión de que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, haya pasado a un régimen penitenciario atenuado al poco de superar el primero de sus nueve años de condena de prisión por graves delitos de corrupción “no es administrativa” ni política. San José, que es de la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Imanol Pradales, recalca que la junta de tratamiento de la cárcel de Zaballa, donde ingresó en julio de 2023, se opuso a que pudiera tener salidas diarias y que solamente regresara a la cárcel para pernoctar y los fines de semana. Pero el expolítico conocido como Txitxo recurrió y logró que la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, accediera a concederle un artículo 100.2 porque, aparentemente, habría logrado un empleo en una consultora.

De Miguel fue denunciado en diciembre de 2009. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, le acusó de extorsión, de que pretendía cobrarle una comisión de 100.000 euros tras haberle facilitado un contrato en el parque tecnológico de Miñano, en Vitoria. Fue detenido en marzo de 2010 junto con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. La investigación duró cinco años y se fue ampliando la trama. El juicio fue en 2018, la condena en primera instancia llegó en 2019 y a principios de 2023 el Tribunal Supremo emitió la sentencia firme confirmando la existencia de graves delitos de corrupción.

A De Miguel le cayeron doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. Tras varios meses de idas y venidas, con todo tipo de alegatos para evitar el ingreso efectivo en Zaballa, finalmente entró en julio de 2023 y se fijó julio de 2032 como el momento de la liquidación de la condena. También recalaron en Zaballa Ochandiano y Tellería, así como el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, que financió a la trama con adjudicaciones irregulares. Como De Miguel, en verano también Ochandiano y Sánchez Robles se habían beneficiado del régimen atenuado del 100.2 y, de nuevo, contra el criterio de los funcionarios de Prisiones. De Miguel y Sánchez Robles, de hecho, fueron trasladados a Basauri, en Bizkaia, ya que ambos residían allí en los últimos años. Según fuentes judiciales, Tellería es el único que sigue en régimen ordinario aunque es igualmente cierto que tardó también más meses en acudir a Zaballa.

El PP ha preguntado por dos veces en el Parlamento Vasco por De Miguel. En la primera respuesta, San José matiza que no dará muchos datos al tener carácter “protegido” el expediente concreto de un preso. Sin embargo, admite que la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria es opuesta al criterio técnico-administrativo, que denegó un régimen de salidas que en puridad no es una progresión de grado o un beneficio penitenciario, pero que opera de igual forma.

La consejera socialista comparte una reflexión más general sobre los presos y asegura que “no hay privilegios” pero admite que sí hay “desigualdades” porque “quienes tienen más recursos económicos y más apoyo social y familiar están mejor dentro y fuera de los centros”. Plantea, por lo tanto, ir a la “raíz” del problema y lograr que “todas” las personas encarceladas accedan de igual forma a todas las posibilidades de reinserción. De Miguel y el resto en excargos del PNV encarcelados superaron un programa de rehabilitación para delincuentes económicos, el mismo que hizo Iñaki Urdangarin, que también completó su recorrido carcelario en Zaballa.

Contra el criterio de la junta de tratamiento, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de MIguel, ha logrado ya que le sea aplicado un régimen penitenciario atenuado poco más de un año después de ingresar en prisión para cumplir una pena de nueve años por graves delitos de corrupción. Según ha publicado 'El Correo' también, será trasladado de la cárcel de Zaballa, en Álava, a la de Basauri, en Bizkaia, donde residió los últimos años antes de ser encarcelado y donde aparentemente empezará a trabajar en una consultora.

El expolítico solicitó acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario estatal, que es el mismo que se aplica en las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco y que en su momento popularizó Iñaki Urdangarin, también responsable de delitos económicos. La junta de tratamiento le denegó esa posibilidad pero ha logrado revertir esa decisión con un recurso a la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

No se trata formalmente de una progresión de grado ni de un beneficio penitenciario sino de una aplicación atenuada y flexible de su régimen actual, el segundo grado. De este modo, podrá tener salidas diurnas diarias entre semana y solamente tendrá que regresar a prisión para pernoctar y en fines de semana. De Miguel superó en los primeros meses de su estancia en Zaballa un programa de rehabilitación para condenados por delitos económicos, entre otras actividades dentro de su programa de reinserción.

El 'caso De Miguel', que lleva el apellido de este exdirigente del PNV alavés, es la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. La investigación se inició en 2009, el político fue arrestado en 2010, el juicio se celebró en 2018 y en 2019 recibió la condena de primera instancia pero hasta 2023 no llegó la sentencia firme del Tribunal Supremo y su despido de una sociedad pública del Gobierno vasco en la que durante estos años ha disfrutado de ascensos y mejoras salariales. De Miguel peleó hasta el final para no entrar en la cárcel y, de hecho, solicitó al Gobierno de España un indulto político que no se ha llegado a resolver. Finalmente, en julio de 2023 entró en Zaballa y menos de trece meses después ya dispone de la semilibertad aunque la fecha de su licenciamiento se fijó para el verano de 2032.

Otros tres excargos orgánicos y públicos del PNV ingresaron también en prisión por esta misma trama con penas de seis a siete años. Dos de ellos, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, tienen ya también concedido el 100.2, el segundo grado flexible. Necesariamente ha de ir acompañado de la necesidad de realizar actividades laborales, sociales, formativas o de otra índole en el exterior que justifiquen las salidas diarias. En esos casos, lo lograron tras un recurso judicial ya que la Administración penitenciaria también lo había denegado. El cuarto condenado, Aitor Tellería, peleó todavía más para acceder a la cárcel y lo hizo en noviembre. Su defensa ha explicado que también quieren ya la prisión atenuada.

El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que cumple una pena de nueve años de prisión por graves delitos de corrupción, ha solicitado ya un “segundo grado flexible”, es decir, poder salir de prisión entre semana durante todo el día y volver para pernoctar. Ingresó en la cárcel de Zaballa hace justamente un año. Se quiere acoger al artículo 100.2 del reglamento penitenciario estatal, que es el mismo que se aplica en las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco y que en su momento popularizó Iñaki Urdangarin, también responsable de delitos económicos.

Según ha informado 'El Correo', otros dos condenados por la misma trama de corrupción, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, ya se han acogido a ese régimen y están saliendo ya para realizar actividades de tipo laboral, formativo o social, aunque lo han hecho contra el criterio técnico de la junta de tratamiento y tras haber ganado un recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, recientemente condecorada por su trayectoria, según indican fuentes penitenciarias. Fuentes judiciales añaden que, igualmente, el también reo Aitor Tellería ha hecho la misma solicitud.

La solicitud de De Miguel no está resuelta. Él, como todos los presos por el 'caso De Miguel', han superado ya el programa de rehabilitación para condenados por delitos económicos, el mismo que hizo Urdangarin, que liquidó este año su pena también en Zaballa. Si el criterio de la junta de tratamiento no se modifica, los responsables de Prisiones le denegarán el cambio de estatus, que en pura teoría no es un salto al tercer grado pero sí un cumplimiento mucho más atenuado, ya que implica que la estancia en prisión solamente es la ordinaria en fines de semana y en días laborables permite salidas durante toda la jornada. Tampoco se ha resuelto el caso de Tellería.

Sánchez Robles y Ochandiano, sobre los que pesan condenas de siete años y que llevan algo más de un año también cumpliendo la pena, ya han logrado acceder a ese 100.2. Las juntas de tratamiento consideraron que era prematuro pero la magistrada Alonso les ha concedido esa mejora en atención también a su comportamiento y circunstancias personales en el camino de la reinserción. En el caso de Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha sido trasladado al centro penitenciario de Basauri, en su Bizkaia natal, para facilitar sus nuevas circunstancias personales.

En el nuevo Gobierno de Imanol Pradales, la gestión de Prisiones ha pasado del PNV al PSE-EE. La nueva consejera es María Jesús San José, que ha renovado ya a todo el equipo anterior. Se da la circunstancia de que los nacionalistas ficharon como asesor para gestionar el nuevo modelo vasco de Prisiones al presidente del tribunal que enjuició y condenó en primera instancia a De Miguel y los demás, Jaime Tapia, ahora a punto de jubilarse.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, ha cumplido ya su primer año en la cárcel de los nueve que recibió como condena por haber liderado una trama de corrupción para el cobro de comisiones ilegales, la manipulación de contratos públicos y otros delitos económicos. En la cárcel de Zaballa, la más grande de Euskadi y ubicada a las afueras de Vitoria, purgan también su pena los otros tres excargos peneuvistas con condenas de prisión efectivas, Xabier Sánchez Robles (que ingresó un poco antes, en mayo), Koldo Ochandiano (también desde julio del pasado año) y Aitor Tellería (que dilató hasta noviembre la entrada). Todos ellos han completado ya un curso de rehabilitación para delincuentes económicos, el mismo que en su día hizo Iñaki Urdangarin, que ya vio liquidada su condena en abril. Nada se sabe de los indultos que pidieron todos ellos salvo Sánchez Robles al Gobierno de España.

De Miguel tiene el 2 de julio de 2032 como fecha de referencia para la finalización de su condena. Formalmente, recibió doce años de cárcel por el cúmulo de delitos de corrupción que cometió, pero son nueve de cumplimiento efectivo. De Miguel creó una empresa pantalla llamada Kataia Consulting con otros dos miembros del Araba Buru Batzar del PNV, Ochandiano y Tellería. Ellos cumplen siete y seis años, respectivamente. Sánchez Robles, también con una pena de siete años, era director de Juventud en el Gobierno vasco y facilitó a Kataia Consulting y otras empresas de la trama contratos irregulares.

Según las fuentes consultadas, llevan una vida “ordenada” de “trabajo y formación” en un módulo “de convivencia tranquila”. Alguno de ellos va a misa, ya que Prisiones ofrece la posibilidad de ejercer el derecho al culto católico o incluso de otras religiones. 'El Correo' publicó que De Miguel ejerce de bibliotecario. Lo más relevante es que los cuatro “han hecho los programas de delitos económicos”, pensados para resocializar a condenados por infracciones conocidas como “de guante blanco”. “No van a estar todos esos años”, garantizan estas fuentes. Es un sentimiento que comparten desde el entorno de los reos. “En cualquier momento” podrían pasar a tercer grado, con más flexibilidad para continuar cumpliendo la pena en semilibertad, aventuran. Solamente ha trascendido que De Miguel recibió en otoño un primer permiso para visitar en Bilbao a su madre, que estaba enferma.

En paralelo a la ejecución de la pena de un caso cuya investigación se originó a finales de 2009 y cuyo juicio se celebró en 2018, De Miguel, Tellería y Ochandiano pidieron un indulto al Gobierno de España. Quieren una medida de gracia sobre parte de su condena. Inicialmente era un intento más de evitar la entrada efectiva en la cárcel, pero la Audiencia de Álava dictaminó que por la alarma social y relevancia del caso había que iniciar ya el cumplimiento de los castigos sin esperar a la decisión política. Inicialmente, sus defensas hablaban de un año como plazo razonable para la resolución de los indultos, pero ese plazo ha pasado sin respuesta desde el Ministerio de Justicia, que es quien gestiona esta institución regulada por una normativa del siglo XIX.

Muy diferente fue la actitud de Sánchez Robles. En el juicio intentó burlar la condena con la presentación de pruebas falsas pero después de que el Supremo confirmara las penas nunca intentó buscar ningún resquicio ni retrasar la entrada efectiva en prisión a diferencia del resto, que llegaron a apelar a motivos “humanitarios”. Cuando ingresó a Zaballa su esposa, Josune Gorospe, todavía era diputada del PNV en el Congreso.

Se da la circunstancia de que en las últimas semanas el PSE-EE ha asumido la gestión de Prisiones en Euskadi dentro del reparto de áreas en el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales. Desde 2021, la comunidad autónoma tiene la competencia sobre sus centros penitenciarios. Curiosamente, excompañeras de De Miguel en el PNV de Álava como Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa han sido las responsables políticas de las cárceles vascas cuando se ha ejecutado la condena. Y no solamente eso. Artolazabal fichó como asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo penitenciario vasco al magistrado Jaime Tapia, el presidente del tribunal que fijó las condenas de prisión para los integrantes de la trama del 'caso De Miguel'.

La ejecución de la sentencia del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi y que mantiene en prisión desde 2023 a tres exdirigentes del PNV de Álava (Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano) y al exdirector de Juventud del Gobierno vasco (Xabier Sánchez Robles), continúa con flecos pendientes ahora que se han cumplido catorce años del inicio de la investigación judicial y que han pasado más de cinco desde que se celebrara el juicio en la Audiencia Provincial de Álava. En las últimas semanas la Justicia ha requerido que se “acredite documentalmente” la disolución de las tres empresas pantalla principales del caso, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, según indican fuentes judiciales.

Kataia Consulting era la pieza angular de la trama. Creada por De Miguel, Tellería y Ochandiano y a nombre de sus esposas, su propio nombre son las siglas de los seis, con la 'T' referida a Txitxo, como era conocido Alfredo de Miguel, influyente 'número dos' del PNV de Álava hasta su detención en 2010. Nunca tuvo una actividad real y, de hecho, estaba domiciliada en el almacén de bebidas de un familiar de De Miguel, luego reconvertido en sociedad gastronómica. Se creó 'ad hoc' para cobrar las comisiones ilegales de los promotores de un proyecto urbanístico en la localidad alavesa de Zambrana. Con ese dinero se hicieron movimientos en efectivo en grandes cantidades y con billetes de 500 euros (hasta 60 de una tacada) y se compraron joyas, viajes y un coche de la marca Saab. Unas anotaciones probaron que se simulaban gastos para dar “coherencia” a la mercantil y que no llamara la atención.

En el mismo local se constituyó Errexal, aunque aquí el administrador nominal era un exedil del PNV en Leioa, Iñaki San Juan, también condenado por corrupción pero que no ha entrado en prisión por acumular delitos que, individualmente, no superan en ningún caso los dos años. La creación de Errexal vino motivada por una subvención de 90.000 euros tramitada por Juventud a las comarcas alavesas y que estaba teledirigida para que la recibiera esta firma. A partir de ahí, tanto Errexal como Kataia Consulting empezaron a recibir adjudicaciones 'a dedo' de Sánchez Robles, que era amigo personal y compañero de partido de De Miguel y San Juan. Ocurrió lo mismo con la tercera empresa, Ortzi Muga, detrás de la cual estaban el propio San Juan y otro socio, Josu Azkarraga (Josu Montés antes de la condena). Las tres tenían en común que estaban controladas por Txitxo a través de su hermana Aintzane de Miguel, era la contable.

Las tres obtuvieron de Juventud directamente 320.775,34 euros y 90.000 indirectamente a través de las cuadrillas o comarcas alavesas. A ello se le suman 69.923,20 euros adicionales inyectados por De Miguel a sus propias empresas desde su cargo como diputado foral en Álava. En el caso del Gobierno autonómico, hay contratos que ni siquiera se ejecutaron. Es decir, Sánchez Robles financiaba irregularmente a la trama sin que nunca se haya explicado el motivo de jugarse la libertad para el enriquecimiento ilícito de terceros. De hecho, es el único de los cuatro presos que no ha solicitado el indulto al Gobierno de España. En concreto, apenas el 38% de las labores encargadas a Errexal está documentado. En el caso de Ortzi Muga es el 22%, pero con medios de Errexal. El 0% de Kataia Consulting se ejecutó.

Cuando estalló el caso en 2010 Kataia Consulting cesó totalmente su actividad. Tampoco Ortzi Muga ha tenido movimientos en estos años. Muy diferente es el caso de Errexal. Esta firma tenía una actividad real vinculada a la organización de eventos y de promoción sociocultural además de la parte de tapadera para el cobro de comisiones por adjudicaciones a empresarios corruptores de la órbita del partido como Jon Iñaki Echaburu. De hecho, llegó a ser contratada por el PNV y dio empleo a varios cargos del partido. Después de que trascendiera su implicación en el 'caso De Miguel', San Juan le cambió el nombre y le puso Perexila Proyects, además de operar comercialmente como Karabansarai Produkzioak. Errexal siguió trabajando muchos años con Administraciones públicas e incluso lo hizo después de la condena en primera instancia de 2019 que ya apuntaba a su disolución. De hecho, en un primer momento, San Juan llegó a alegar que no podía entrar en la cárcel por corrupción en contratos con Juventud porque estaba trabajando para Juventud.

Por ejemplo, Errexal fue contratada de modo directo -sin concurso- en el propio Ayuntamiento de Leioa donde San Juan había sido edil. Pero, además, este periódico descubrió que al menos dos ocasiones San Juan se valió de empresas asociadas para intentar facturar de manera indirecta y EH Bildu de Leioa denunció también un tercer caso similar. ¿Cómo lo hizo? La obra de teatro ‘Ángela, el verso suelto de Iparragirre’ se contrató con Trade Affairs. Su nombre completo es Dosuve Marketing & Trade Affairs y es heredera de una compañía ya disuelta llamada Vanitas et Veritas, cuya marca comercial era precisamente Dosuve. Detrás de aquélla y de ésta se halla Juan Antonio Bilbao, amigo personal no solamente de San Juan sino también de De Miguel. Además, en el Festival Internacional de Música Clásica de 2019, en el que consta el logo de Karabansarai en la casilla de “organizadores” del póster que se editó, se tramitó a través la asociación cántabra WOM mediante una subvención de 20.000 euros.

El la trama del 'caso De Miguel' había más empresas. Sin embargo, la sentencia no recoge su liquidación. Es el caso de Stoa, una firma que también abonó comisiones a cambio de contratos. Como Errexal, su administrador, Sergio Fernández Oleaga, también le cambió al nombre a HNK. Stoa ha continuado recibiendo adjudicaciones públicas en estos años, principalmente del Ayuntamiento de Vitoria, que llegó a alegar que era imposible actuar de otra manera cuando ya estaban acreditadas las irregularidades. Emociona Soluciones Creativas fue la compañía que reformó la vivienda de la familia de De Miguel en Gorliz como parte de otra comisión, en este caso del constructor Prudencio Hierro. Esta firma ha sido sancionada por Competencia por irregularidades en los contratos de publicidad del Ayuntamiento de Bilbao pero acaba de volver a ser contratada para los mismos servicios.

Catorce años después de que se iniciara la investigación, todos los exdirigentes y excargos del PNV implicados en la trama de corrupción del 'caso De Miguel' que tenían que entrar en la cárcel han entrado. Este lunes ha ingresado en el centro penitenciario de Zabala, a las afueras de Vitoria, el exmiembro del Araba Buru Batzar, exjuntero y exconcejal Aitor Tellería, según confirman fuentes penitenciarias. Tellería había peleado hasta el final para evitar el trance, incluso apelando a razones “humanitarias”, pero ha iniciado ya el cumplimiento de una condena de seis años, un mes y quince días.

Tellería se reúne en Zaballa con Xabier Sánchez Robles, que ingresó en mayo, y con Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, que hicieron lo propio en julio. De Miguel, Ochandiano y Tellería, además de miembros de la dirección alavesa del PNV, eran socios en la mercantil Kataia Consulting, que estaba a nombre de las esposas de los tres y que se utilizó como pantalla para cobrar comisiones ilegales y manipular contratos. Sánchez Robles, que era director de Juventud, estaba al otro lado, adjudicando irregularmente dinero público para beneficiar a la trama.

Hay más condenados en esta causa, la mayor de corrupción conocida en Euskadi, pero todos ellos tienen suspendida la pena de prisión o incluso condenas diferentes, económicas o de inhabilitación. Con Tellería se cierra un largo ciclo iniciado en enero, cuando se conoció la sentencia firme del Tribunal Supremo. Sin embargo, los tres de Kataia Consulting están a la espera de que el Gobierno de España responda a su solicitud de indulto político. Desean que se suspenda el delito de asociación ilícita de modo que puedan optar a una suspensión de la pena. Ahora bien, la Audiencia de Álava ha repetido en varias resoluciones que duda de la “prosperabilidad” de esos indultos por la gravedad de los delitos y la alarma social que generan estos casos.

En el 'caso De Miguel', la trama de corrupción surgida en 2005, investigada desde 2009, conocida en 2010, instruida desde 2015, juzgada en 2018, resuelta en primera instancia en 2019 y finiquitada por el Tribunal Supremo en 2023, los plazos son elefantiásicos. Tan es así que las 72 horas que la Audiencia Provincial de Álava concedió el pasado lunes, 30 de octubre, para que el último de los condenados con pena de cárcel ingresara efectivamente en prisión aún no sea han cumplido ocho días después.

Aitor Tellería, exdirigente del PNV, exconcejal en Vitoria y exjuntero en Álava pendiente de cumplir una pena de seis años por formar parte de una asociación ilícita para el cobro de comisiones y la manipulación de contratos públicos, continúa en libertad. De hecho, este lunes fuentes judiciales indicaban que ni siquiera había recibido la notificación personal de lo que los medios de comunicación publicaron una semana atrás. “Estará al caer”, era la reflexión precisa sobre este trámite.

Tellería, como el resto, vio refrendada su condena en enero de 2023. Pero hasta marzo no fue firme la pena, de exactamente seis años, un mes y quince días de cárcel de cumplimiento íntegro, en principio. El 30 de marzo, se comunicó que tenía “diez días” para ingresar en un centro penitenciario de su elección. Haciendo el recuento prudente, con días hábiles y no naturales y teniendo en cuenta todos los festivos, se llegó a publicar que tendría que empezar a cumplir la condena el 19 de abril.

Son cuatro los excargos del PNV de entre la docena de condenados que no han podido suspender la pena de prisión. El primero en entrar en Zaballa, a las afueras de Vitoria, fue Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud. Lo hizo en mayo, en la campaña de las elecciones municipales y forales. Después, en julio, coincidiendo con otro período electoral, en este caso el de las generales, accedieron al mismo centro penitenciario alavés Koldo Ochandiano y Alfredo de Miguel, ambos exdirigentes del Araba Buru Batzar y socios junto con Tellería en la empresa pantalla Kataia Consulting.

Si Ochandiano y De Miguel exprimieron todos los recursos posibles para retrasar el momento de ir a la cárcel, Tellería lo ha hecho aún más. Alegó problemas de salud. En un inicio se le admitieron pero, tras un recurso de la Fiscalía, finalmente se determinó que son compatibles con su estancia entre rejas. Así las cosas, el 29 de septiembre volvió a recibir la comunicación de que tenía “diez días” para cumplir. El reloj se volvió a parar por un último recurso de “súplica” apelando a razones “humanitarias” y así se llegó al 30 de octubre, siete meses después de la primera notificación. Pero no está claro ni siquiera que haya empezado esa cuenta atrás de 72 horas.

Asimismo, Tellería, como De Miguel y Ochandiano, tienen pendiente que el Gobierno de España analice sus peticiones de indultos políticos. Son parciales, aunque suficientes para lograr una suspensión de la pena de prisión. Aunque es una medida de gracia que compete al poder ejecutivo, la Audiencia Provincial de Álava ha estimado que no procede no ir cumpliendo la pena mientras se tramita. Y ha alegado dos motivos: la gravedad de la trama corrupta y la escasa prosperabilidad de las peticiones.

Aunque en el 'caso De Miguel' nunca hay ningún resquicio jurídico descartable después de casi catorce años, la Audiencia Provincial de Álava ha comunicado este lunes que rechaza los dos últimos recursos de súplica del exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería, el último de los cuatro condenados por corrupción con pena de cárcel de obligado cumplimiento pendiente de entrar en el centro penitenciario de Zaballa. No cabe ya recurso alguno, aunque sí está pendiente que el Gobierno de España resuelva las peticiones de indulto formuladas. De este modo, Tellería dispone de 72 horas para su ingreso 'voluntario' en prisión y, de lo contrario, se dictaría una orden de arresto.

Tellería había alargado mucho más que el resto su batalla para evitar la cárcel. Su gran baza eran unos problemas médicos que, en un inicio, le fueron aceptados aunque ulteriores exploraciones han determinado que son perfectamente compatibles con la estancia entre rejas. De hecho, todavía este último recurso apelaba a razones “humanitarias”. La sala, compuesta por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo, ha despachado las argumentaciones de la defensa de Tellería, ejercida por Jesús Villegas, alegando que no hay elementos nuevos para revocar ahora lo que ya le fue denegado en ocasiones anteriores, la última en septiembre.

Tellería tiene pendiente una pena de más de seis años de cárcel. El también exconcejal en Vitoria, entre otros cargos, era socio en una empresa pantalla llamada Kataia Consulting de sus compañeros en el Araba Buru Batzar Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano. Pusieron la mercantil a nombre de sus respectivas esposas y la emplearon para recaudar comisiones ilegales y recibir contratos fraudulentos. En este segundo apartado, su principal benefactor fue el que fuera director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles.

La investigación se inició en 2009, los tres de Kataia Consulting y sus esposas fueron arrestados en 2010, en 2015 se acabó la investigación, en 2018 se celebró el juicio, en 2019 llegó la primera sentencia, en enero de 2023 el Tribunal Supremo dio a conocer la segunda y definitiva y en mayo ingresó en Zaballa Sánchez Robles, el primero de los condenados en cumplir la condena y el único de los cuatro principales implicados en no buscar un indulto político. Ochandiano y De Miguel llevan en prisión desde julio.

El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, condenado a nueve años de cumplimiento efectivo por graves delitos de corrupción, ha recibido ya un primer permiso para abandonar la cárcel en la que está interno, la de Zaballa a las afueras de Vitoria, a los tres meses de su entrada. Según informa 'El Correo', De Miguel fue trasladado por la Ertzaintza a Bilbao para realizar una visita a su madre enferma. El área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que dirige desde 2021 la gestión penitenciaria en Euskadi, asegura, de su lado, que “se conceden centenares de permisos extraordinarios” y que no hay trato de favor.

“Este tipo de permisos de salida no tienen nada que ver con el tratamiento penitenciario. Se refiere a la necesidad de atender a situaciones familiares relevantes por enfermedades graves, alumbramientos, fallecimientos, etcétera”, indican fuentes penitenciarias. Y añaden que “los permisos extraordinarios están regulados por el artículo 155 del Reglamento Penitenciario como un derecho que asiste a los internos e internas para atender situaciones familiares relevantes, como el alumbramiento de la esposa, un fallecimiento o enfermedad grave de familiar”. “Por lo tanto, no se trata de un acuerdo potestativo por parte de la administración penitenciaria”, insisten.

“La normativa penitenciaria no establece la duración concreta de estos permisos de salida más allá del 'tiempo imprescincible'. En el supuesto de las visitas a familiares enfermos en su domicilio familiar se estima un tiempo máximo de una hora de duración. Se añaden los tiempos previstos para el traslado, el viaje de ida y el viaje de vuelta al centro penitenciario. Cuando el domicilio está en una localidad de Bizkaia, se establecen 90 minutos para el viaje de ida desde el Centro Penitenciario de Araba y otros 90 minutos para el viaje de vuelta. Por tanto la suma total serían 240 minutos”, indican desde Prisiones. Se añade que este tipo de licencias requieren una serie de trámites previos que han de ser cumplimentados y luego supervisados.

En cifras, hasta el 29 de septiembre de este año “los permisos extraordinarios otorgados ascendían a 491” y, de ellos, 203 lo eran, como en el caso de De Miguel, para visitar a un familiar directo “gravemente enfermo”. “Los permisos extraordinarios por enfermedad grave de un familiar pueden concederse cuando hay un ingreso hospitalario o cuando se constata una enfermedad grave que impide al familiar trasladarse al centro penitenciario para poder tener un vis a vis con su familiar privado de libertad”, se abunda desde el Gobierno vasco. Se da la circunstancia de que el asesor responsable de las políticas penitenciarias es el magistrado Jaime Tapia, que fue presidente del tribunal que condenó por corrupción en primera instancia a De Miguel.

De Miguel fue denunciado por corrupción en 2009, arrestado en 2010, investigado hasta 2015, enjuiciado en 2018, condenado en 2019 en primera instancia, de nuevo en enero 2023 por el Supremo y encarcelado en julio después de exprimir todos los recursos posibles. Ahora sigue pendiente de que el Gobierno de España le conceda un indulto político. Comparte prisión con otros dos excompañeros del PNV implicados en la trama, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, y está pendiente que en los próximos días ingrese en Zaballa un cuarto condenado en el 'caso De Miguel', Aitor Tellería.

La Audiencia Provincial de Álava ha acordado imponer una nueva multa a dos de los condenados por corrupción en el 'caso De Miguel', Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (Josu Montés antes de un reciente cambio de apellido), según explican fuentes judiciales. En concreto, ha requerido el pago de 6.940 euros adicionales a cada uno a cambio de la suspensión extraordinaria de su entrada en prisión. Ambos tenían penas superiores a dos años de cárcel, el límite habitual para acordar el no ingreso efectivo, pero lograron ese objetivo dado que ninguno de los varios delitos individuales que componen su sumatorio pasa de esos dos años. Sin embargo, como condición adicional en comparación con las que tienen otros con penas realmente inferiores a los dos años se ha adoptado la decisión de fijar una nueva multa que se suma al resto de responsabilidades económicas del caso.

San Juan fue concejal del PNV en Leioa y era amigo personal del cerebro de la trama, quien le da nombre, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. De la mano, crearon una mercantil llamada Errexal asociada a la empresa pantalla central del caso, Kataia Consulting. Ha quedado acreditado que Errexal fue empleada, por un lado, para recibir irregularmente contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el también 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles y, por otro, para el cobro de comisiones ilegales. Había también pagos en B en esa mercantil que fue contratada por el PNV para algunos actos electorales y en la que trabajaron personas próximas al partido. El condenado siempre dijo haber sido víctima de una supuesta conspiración. “Me imagino que uno se sienta en su redacción, abre el correo que diariamente le llega y se encuentra con escritos, documentos, chascarrillos... provenientes de los juzgados, especialistas en ultrajar el secreto sumarial, desproteger el derecho a la dignidad, a la intimidad o a la presunción de inocencia y no le queda más que cumplir con el deber profesional de gestionar toda ese material, a modo de novela-culebrón”, llegó a decir. La firmeza de la sentencia del 'caso De Miguel', en todo caso, tiene como principal consecuencia para San Juan la disolución de Errexal, que seguía existiendo con otro nombre (Perexila Projects) y que continuaba recibiendo contratos públicos, incluida Leioa.

Azkarraga (antes Montés) era una persona próxima a San Juan y fue el administrador nominal de otra mercantil similar a Errexal llamada Ortzi Muga que, igualmente, se benefició de contratos irregulares de Juventud. Su participación en la trama nunca fue tan relevante como la de San Juan, pero recibió una condena igualmente elevada. La sentencia comporta igualmente la liquidación de Ortzi Muga, pero llevaba ya años sin actividad alguna, al igual que Kataia Consulting. Dos fuentes judiciales indican que San Juan y Azkarraga han solicitado con éxito el abono fraccionado de esas cantidades que incluso podrían haber sido conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad. Antes ya habían afrontado otros conceptos como la responsabilidad civil por su lucro ilícito como beneficiarios de adjudicaciones de Juventud. Componen el tribunal que se encarga de esta fase final del 'caso De Miguel', iniciado en 2009, los magistrados Elena Cabero, Francisco Javier García Romo y Ana Jesús Zulueta.

El exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería, condenado a seis años, un mes y quince días de cárcel por ser partícipe de la red de corrupción del 'caso De Miguel', quiere exprimir hasta el final las posibilidades de eludir la entrada efectiva en prisión o, al menos, retrasarla al máximo. Después de que la Audiencia Provincial de Álava decretara que los problemas de salud que alegó no eran causa suficiente para no ejecutar la pena privativa de libertad y le diera diez días naturales para personarse en Zaballa, su defensa ha formulado un doble recurso a la desesperada que aún no se ha resuelto a horas de que se cumpla el plazo. Y, entre otras cuestiones, alega razones “humanitarias”.

Tellería estima, por un lado, que no se ha tenido en cuenta que se ha solicitado un indulto político al Gobierno de España para que le exima del cumplimiento de la pena más alta de todas las que componen la suma de delitos que cometió. En concreto, esa gracia “parcial” afectaría a los dos años y tres meses por haber formado parte de una “asociación ilícita” para el cobro de comisiones ilegales. Se alega que si se cancela la única pena que supera la barrera de dos años podría suspenderse el conjunto de la pena. Sin embargo, también sus excolegas en el Araba Buru Batzar y socios de la empresa pantalla Kataia Consulting Koldo Ochandiano y Alfredo de Miguel pidieron el indulto y están ya cumpliendo la pena en el centro penitenciario alavés mientras se tramita.

Por otro lado, ha presentado igualmente un escrito para paralizar la entrada en prisión por motivos “humanitarios”. En concreto, apela al artículo 80.4 del Código Penal, que permite suspensiones de condenas en cualquier momento para casos de dolencias muy graves e “incurables”. Los problemas de salud han sido la baza principal de Tellería en estos meses desde que se hizo firme su condena por corrupción política y enriquecimiento ilícito. A diferencia de Ochandiano, a quien desde el inicio le desestimaron esta argumentación, Tellería sí logró un primer informe forense favorable a suspender la entrada en la cárcel. Pero la Fiscalía recurrió, pidió más aclaraciones y se ha constatado ahora que sus dolencias -de las que nunca se ha informado en detalle- son compatibles con la estancia en un centro penitenciario y que, en todo caso, pueden ser atendidas allí mismo.

Los dos intentos 'sobre la bocina' de Tellería tienen la forma de recursos “de súplica”. Esto implica que son resueltos por el propio órgano que controla la ejecución de las penas, en este caso la Audiencia Provincial de Álava. Hasta ahora, la sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta ha desestimado todas las alegaciones presentadas tanto por Tellería como por los otros tres exdirigentes del PNV que también han tenido que ir a la cárcel, Xabier Sánchez Robles (encarcelado desde mayo) y Ochandiano y De Miguel (ambos desde julio en Zabala).

Sin embargo, estas maniobras de quien también fuera concejal en Vitoria y juntero en Álava, entre otros cargos, sí ha logrado posponer al menos hasta ahora la condena. La primera sentencia del 'caso De Miguel' fue de diciembre de 2019 y ya entonces se le evitó el cumplimiento a cambio de medidas cautelares. La sentencia final, del Tribunal Supremo, llegó en enero de 2023 pero no fue firme hasta marzo. Dentro de los implicados en esta trama, Tellería fue el primero que pudo haber pisado la cárcel ya que fue juzgado en 2013, junto a dos ertzainas, en una pieza separada en la que estuvo acusado de haber articulado una red de espionaje con los agentes, destinados en los servicios de Información. Quedó absuelto por falta de pruebas en aquella ocasión.

La Audiencia Provincial de Álava ha rechazado que el exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería, condenado a más de seis años de cárcel por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', pueda evitar la entrada en prisión. Tellería había alegado problemas de salud y, de hecho, recibió un primer informe forense favorable a a sus intereses, pero la Fiscalía recurrió, pidió una segunda opinión y ahora la sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Francisco Javier García Romo y Ana Jesús Zulueta ha dado la razón a Josu Izaguirre y sostiene que sus dolencias pueden ser tratadas en el propio centro penitenciario.

Asimismo, como en otros casos, la petición pendiente de indulto no impide la ejecución de la pena, por lo que Tellería debería ingresar en un centro penitenciario, presumiblemente en el de Zaballa a las afueras de Vitoria, en un plazo máximo de diez días hábiles desde que se haga la notificación de los autos. Tellería es el último de los condenados en la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi que tenía pendiente entrar en prisión, ya que sus excompañeros en el PNV de Álava Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano están encarcelados desde julio y Xabier Sánchez Robles, exalto cargo del Gobierno vasco por el mismo partido, entró en mayo.

Tellería fue el primero de los excargos del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel, allá por 2013, y está siendo el último de los condenados en el marco del 'caso De Miguel' de corrupción en ver ejecutada la pena de prisión, en su caso de seis años, un mes y quince días. En aquella ocasión fue por un caso que quedó archivado por falta de pruebas. El exdirgente nacionalista, que también fue concejal en Vitoria, entre otros cargos, montó con De Miguel y Ochandiano una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para cobrar comisiones ilegales. La firma estaba a nombre de las esposas de los tres, aunque la de Tellería, Araceli Bajo, ha sido la mejor parada y no recibió pena de prisión, siquiera simbólica.

La Audiencia Provincial de Álava ha entregado al Estado, a través del Tesoro Público, la cantidad de 186.488,89 euros, un dinero que devolvió el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, justo antes de entrar en la cárcel por corrupción el pasado mes de julio en concepto de “decomisos”. Estas cantidades resarcen el quebranto producido por las comisiones ilegales percibidas por el político en la promoción de un polígono en Zambrana, en el parque tecnológico de Miñano o en la reforma de su vivienda en Gorliz a costa de un constructor, cifrado en su día en unos 171.000 euros.

Sobre el 'caso De Miguel', que ha sido el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi y cuyas penas ya se están ejecutando desde que el Tribunal Supremo diera por firmes el grueso de penas impuestas por la Audiencia Provincial de Álava en 2019, en no pocas ocasiones se ha tratado de minimizar su efecto económico arguyendo que apenas suponía unos pocos miles de euros. Sin embargo, además de las cuantías ahora recogidas, las responsabilidades económicas son muchas más. También el Gobierno vasco recuperó unos 146.000 euros por el fraude en las contrataciones de la dirección de Juventud y, antes, en 2018, la familia Arruti abonó unos 130.000 euros por fraude fiscal también relacionado con Zambrana. Como dato de referencia, en el caso concreto de De Miguel se acercaba la suma de todos los conceptos a 700.000 euros. Se pueden ver aquí más detalles sobre las condenas.

Indican fuentes judiciales que “en cuanto al decomiso solidario por 17.070,59 euros al que estaba condenado De Miguel junto con los otros dos exdirigentes del PNV en Álava Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, queda pendiente de pago al Tesoro Público la cantidad de 1.895,70 euros ya que no ha sido consignada en el juzgado a fecha de este miércoles”. Ochandiano también está ya encarcelado desde julio pero no así Tellería, pendiente aún de que se analicen sus alegaciones sobre problemas de salud.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Álava -a través de una sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo- ha ordenado ya la disolución de las mercantiles pantalla de la trama, en concreto, de Kataia Consulting, Ortzi Muga y Errexal. Kataia es un nombre que deriva de las iniciales de los nombres de De Miguel (Txitxo era su apodo), Ochandiano y Tellería, así como de sus respectivas esposas, que eran las testaferros del negocio opaco. Como Ortzi Muga, ya no existía desde años. Sin embargo, la medida sí golpea de lleno a Errexal, donde De Miguel tenía como socio el exedil de Leioa Iñaki San Juan, que ha evitado la cárcel a pesar de tener una condena próxima a los cinco años por ser una suma de delitos pequeños. San Juan había cambiado el nombre de la mercantil a Perexila Proyects (o Karabansarai) y seguí trabajando incluso con contratos públicos, también en su Leioa natal.