El Gobierno andaluz ha recuperado 685 millones de euros en remanentes de tesorería que dejó sin gastar en los Presupuestos de 2024 y 2025 para destinarlo a ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por las borrascas que azotaron la comunidad a finales de enero. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria, echando mano del superávit de los dos últimos ejercicios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

La partida se desglosa en tres líneas principales: 500 millones de euros para explotaciones agrícolas en zonas gravemente inundadas; 110 millones para agricultores fuera de las zonas delimitadas o con pérdidas de especial intensidad por viento y desbordamientos y 75 millones destinados a la ganadería extensiva para compensar la pérdida de renta y daños estructurales.

La movilización de todo este dinero se enmarca en el llamado Plan Actúa, que el presidente Juan Manuel Moreno cifró en 1.780 millones para obras de reconstrucción y ayudas directas (no préstamos) a los afectados, para el campo andaluz, autónomos y pymes. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha cifrado en 1.410 millones el dinero que ya se ha movilizado, y ha añadido que “el resto lo iremos activando conforme lo vayamos necesitando”.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento trabaja con “dos cronogramas” para los afectados por la borrasca, una para las ayudas directas y otra para la contratación de obras de emergencia. La concesión definitiva de estas ayudas llegará a los agricultores y ganaderos que lo soliciten el próximo 1 de julio. La orden de ayudas saldrá publicada en el BOJA el 1 de abril, el plazo para solicitarlas se abrirá el día 17; el 5 de junio saldrá la concesión provisional y a primeros de julio llegará el dinero a los afectados, según el calendario de la Junta.

Ayudas de 800 a 15.000 euros por hectárea

El máximo de las ayudas directas a los agricultores será de 150.000 euros, aunque éstas dependerán del número de hectáreas afectadas que acrediten. Si hubiese más solicitudes que presupuesto, se prorratearán, explican fuentes de la consejería. El importe de las ayudas oscila en función del tipo de daño, si está en “capa de inundación” -la cosecha totalmente inundada- o fuera de ella.

Las primeras, las más cuantiosas, se rigen por el reglamento de exenciones y van de 800 euros por hectárea (herbáceos de secano) a 15.000 euros por hectárea (invernaderos y túneles). Las segundas se calculan “en base a un informe particular”, y la cuantía depende si tienen seguro (un 80% de la ayuda) o si no lo tiene (un 40%). Aquí, el derrumbe de un invernadero puede alcanzar ayudas de hasta 200.000 euros son seguro. En cuanto a las ayudas a ganaderos, estas oscilan entre los 100 euros por rumiante y porcino; y los 20 euros en apicultura.

El departamento de Fernández-Pacheco también ha destinado una partida de 16,6 millones de euros para ayudas directas a paliar las consecuencias de la borrasca en el sector pesquero, que estuvo varios días amarrado a causa del temporal.

El pasado febrero, la Junta de Andalucía solicitó formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiso para poder usar el superávit de los ejercicios 2024 y 2025 a reparar los cuantiosos daños de la borrasca, y flexibilidad en la regla de gasto, para que esa inversión sobrevenida no computase en la deuda pública andaluza, como concedió el Gobierno de España a Canarias tras el volcán de La Palma.

El remanente de 2024 ascendía a 1.158 millones de euros, proveniente de una reprogramación de fondos europeos, pero el superávit de 2025 se desconocía en ese momento, porque aún no estaba cerrado el ejercicio presupuestario. El Ministerio prevé hacerlo en los próximos días, que rondará los 400 millones, según estimación de la Junta.

Extremadura tiene un superávit de 286 millones, lo que equivale al 1,08% del Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de septiembre.

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son las únicas dos autonomías que incurrieron en déficit, según Hacienda, que informa así mismo de que el conjunto de las comunidades autónomas presenta en septiembre un superávit de 6.017 millones.

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2024. Según dicho informe, el superávit del conjunto de las autonomías en septiembre equivale al 0,38% del PIB, frente al déficit del 0,23% del PIB alcanzado en el año anterior, lo que supone una mejora de 0,61 puntos porcentuales.

El mismo informe dibuja un contexto de reducción del déficit de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales; se sitúa en septiembre en el 1,63% del PIB y se reduce respecto al 1,71% del mismo periodo de 2023.

La reducción del déficit en las autonomías obedece a un aumento de los gastos del 7,2%, mientras que los ingresos se han incrementado en un 12,7% respecto a septiembre de 2023.

Así, por ejemplo, las transferencias recibidas del Estado por el sistema de financiación han aumentado un 17,2%, situándose en 80.513 millones a finales de septiembre de 2024.

El Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026. Hasta ahora, los objetivos de estabilidad eran más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios (siempre respecto al PIB).

En este momento, en el caso de las entidades locales, “con la nueva senda el objetivo es de equilibrio presupuestario para todo el periodo 2025-2027, lo que supone una décima más de margen [para gastar e invertir] en 2025 y dos décimas más de margen en 2026”, explica el Ministerio de Hacienda. En el caso de las Comunidades Autónomas, la nueva senda de estabilidad comunicada este lunes contempla un objetivo de déficit del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027. 

Exactamente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comunicado a las Comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que recibirán en 2025 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta [los recursos del Estado de los que dispondrán]. Se trata de un 9,5% más en recursos provenientes del Estado que las que recibieron en 2024, lo que supone un nuevo récord en financiación para las autonomías.

El Ministerio detallará las entregas a cuenta para cada Comunidad en una próxima reunión con los consejeros de Hacienda de cada región. Esta cifra es esencial para desarrollar los Presupuestos anuales. En esa nueva reunión, se conocerá también la liquidación del ejercicio anterior.

Previamente, la también ministra de Hacienda ha comunicado en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que los ayuntamientos recibirán en 2025 unas entregas a cuenta récord de 26.893 millones de euros, un 13,1% más que en 2024, en un contexto en el que las Administraciones nunca habían recaudado tanto principalmente por el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la inflación.

“En total, incluyendo también la liquidación, las entidades locales recibirán 28.935 millones de euros en 2025, lo que supone la mayor financiación de su historia”, señala el Ministerio.

Reglas fiscales de la UE

El próximo año es el ejercicio del regreso de las reglas fiscales a la Unión Europea (UE), que obligan a España a dejar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos) en el 3% o por debajo, para lo que son cruciales todos los niveles de la Administración, desde la central, pasando por las regionales, hasta las corporaciones locales. El objetivo del Gobierno es dejar el déficit en el 2,5% del PIB en 2025.

“Se pueden reducir los desequilibrios sin recortes”, ha defendido Montero, quien ha destacado que desde 2020 ha bajado del 10% al 3,6% en 2023. La proyección es que se quede en el 3% en 2024. Y en 2025 todo el esfuerzo se lo cargará el Estado, “dando margen a las Comunidades y las entidades locales”.

Sin embargo, la cita de la ministra de Hacienda con las Comunidades (el Consejo de Política Fiscal) ha cobrado una importancia definitiva por la participación de la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas. El año pasado se ausentó, pero en esta ocasión se ha presentado para defender la “financiación singular” de Catalunya, la pieza clave para que su partido, ERC, acuerde la investidura de Salvador Illa con el PSC.

La propuesta de Esquerra, que busca que la Generalitat se quede con el 100% de los ingresos del territorio al estilo del cupo vasco, está muy lejos del acuerdo al que se ha mostrado dispuesto a llegar el Ejecutivo de Pedros Sánchez, aunque Mas ha dicho que “Montero está de acuerdo con algunas cosas y con otras no”.

Mientras, buena parte del resto de Comunidades Autónomas “del régimen común” —la mayoría gobernadas por el PP, pero también Castilla-La Mancha (PSOE)— piden que se reconozca su propia singularidad y que se afronte la reforma del sistema financiación, que lleva 10 años caducado. Solo Euskadi y Navarra tienen conciertos propios.

La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte [las entregas a cuenta] entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres.

En el segundo, la Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central, más una contribución 'solidaria' al Fondo de Compensación Interterritorial).

Extremadura cerró el mes de marzo con un superávit de 50 millones de euros, el equivalente a 0,22 de su Producto Interior Bruto, cuando en el mismo periodo de 2021 anotó un déficit de 59 millones, el 0,28 de su PIB.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas de España, salvo las entidades locales, ascendió en el primer trimestre a 4.633 millones de euros, una cifra un 77,8 % inferior a la del mismo periodo de 2021 y que equivale al 0,35 % del PIB.

Según los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, esta corrección del déficit se ha producido gracias a un fuerte incremento de los ingresos, del 11,6 %; así como a una reducción de los gastos, del 2,7 %.

Entre los ingresos destacó la recaudación tributaria, que repuntó un 17,1 %; mientras que entre los gastos aumentaron los consumos intermedios, los intereses de la deuda y la inversión.

En el primer trimestre, la administración central registró un déficit de 3.746 millones de euros, un 75,5 % menos y un 0,29 % del PIB, ante el fuerte crecimiento de los ingresos, sobre todo los impuestos, y la reducción de los gastos, debido a que el año pasado computaban los avales del ICO.

Las comunidades autónomas lograron cerrar marzo con un superávit de 220 millones (0,02 % del PIB), lejos del déficit de 2021, gracias tanto a la buena marcha de los ingresos como a las mayores transferencias recibidas del Estado, entre las que se incluyen las correspondientes al cambio del sistema de IVA en 2017.

Solo cinco comunidades autónomas registraron déficit en el primer trimestre: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia.

Por lo que respecta a la Seguridad Social, redujo su déficit a la mitad, 1.107 millones (0,08 % del PIB), debido al menor gasto en prestaciones y subvenciones al superarse los peores momentos de la pandemia.

Una vez eliminado el impacto de las ayudas financieras, el déficit público del primer trimestre se sitúa en 4.412 millones, un 78,4 % menos y un 0,34 % del PIB.

Menos déficit del Estado

Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta abril, que arrojan un déficit de 6.553 millones, un 67,6 % menos, lo que equivale al 0,5 % del PIB. En términos primarios -es decir, sin tener en cuenta el coste de los intereses de la deuda-, el Estado cerró abril con un superávit de 1.368 millones, el 0,1 % del PIB.

En los cuatro primeros meses del año, el Estado contabilizó unos ingresos de 72.617 millones, un 16,7 % más, gracias al impulso de la recaudación tributaria, que se situó en 62.638 millones, un 17,7 % más.

El IVA ingresó 30.730 millones, un 19,4 % más; el IRPF, 13.473 millones, un 29,2 % más; y el impuesto de sociedades, 8.709 millones, un 2,9 % más. El impuesto de hidrocarburos recaudó un 14,4 % más y el del alcohol, un 60,2 % más, lo que contribuyó a compensar la menor recaudación por los tributos eléctricos.

Por lo que respecta a los gastos, ascendieron a 79.170 millones, un 4 % menos, debido a las menores transferencias a otras administraciones, a la menor aportación a la Unión Europea por RNB y al efecto comparación con el ejercicio 2021, cuando computaban las garantías estandarizadas.

A pesar de ello, en los cuatro primeros meses del año, el gasto en consumos intermedios aumentó un 31,3 %; en remuneración de asalariados, un 4,1 %, debido a las mayores retribuciones; y en intereses de la deuda, un 8,9 %, alcanzando los 7.921 millones. 

Extremadura cerró el ejercicio 2021 con un superávit de 41 millones, un 0,20 % del PIB, según las cifras facilitadas este jueves por el Ministerio de Hacienda. Si se atiende al hecho de que Extremadura arrojó un déficit de 37 millones de euros en 2020, un -0,19 % del PIB, la variación con respecto a 2021 es de 78 millones en positivo, un 0,39 % del PIB.

Extremadura fue una de las diez comunidades autónomas que cerraron el pasado ejercicio con superávit, con Navarra (1,30 % del PIB) y Baleares (1,17 %) a la cabeza, y siete lo hicieron con déficit, en este caso con Murcia (-1,40 %) y la Comunidad Valenciana (-1,15 %) al frente.

Con superávit finalizaron también Asturias y Cantabria (0,93 % del PIB), País Vasco (0,84 %), Canarias (0,50 %), Castilla-La Mancha (0,33 %), Madrid (0,32 %), Extremadura (0,20 %) y La Rioja (0,03 %).

Por el contrario, cerraron con déficit, además de Murcia y la Comunidad Valenciana, Cataluña (-0,33 %), Andalucía (-0,19 %), Galicia (-0,16 %), Aragón (-0,15 %) y Castilla y León (-0,10 %).

En cifras absolutas, el superávit lo encabezó Madrid (735 millones de euros), seguida de País Vasco (602 millones), Baleares (338 millones) y Navarra (269 millones), y el déficit la Comunidad Valenciana (-1.292 millones), Cataluña (-752 millones), Murcia (-450 millones) y Andalucía (-305 millones).

Finalmente, la Junta de Andalucía ha cerrado 2020 con un superávit de 206 millones de euros, según el dato confirmado este lunes por el Ministerio de Hacienda, una cifra cuatro veces menor a la registrada hasta el tercer trimestre y que ha servido estos meses a PP y Ciudadanos para presumir de gestión y a la oposición para criticar que se alardee de ahorro con las evidentes necesidades que ha dejado la pandemia.

Y es que en el asunto del superávit se diluyen otras cuestiones, como que el último trimestre ha mermado notablemente ese ahorro como se ve ahora con la confirmación de la ejecución presupuestaria; que ha ocurrido en buena parte de las comunidades autónomas; y, relacionado con esto, que el cierre en positivo o en equilibrio en un año como el pasado, que como se ha dicho no es comparable que hay una pandemia, tiene mucho que ver con la inyección extraordinaria de fondos desde el Gobierno de España, que en el caso de Andalucía han supuesto 2.199 millones de euros adicionales.

Es pues, un triple espejismo. Y empezamos por el primero: el último dato que ofreció la Consejería de Hacienda hace un par de meses eran 853 millones de euros de superávit. Pero no estaba cerrado el cálculo. En el último trimestre se ha ido mermando por las necesidades de una crisis sanitaria a la que se han sumado la social y la económica. Ese “milagro” del Gobierno de Andalucía, como se ha llegado a vender, era pues relativo en muchos sentidos. 

Pero hay más, tampoco es tan excepcional. Primero, porque han presentado superávit nueve comunidades autónomas. Sin contar las forales, que tiene su propio régimen, han gastado también menos de lo ingresado Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Han sumado 2.306 millones de euros de superávit de los que Andalucía habría aportada, pues, algo menos de uno de cada 10 euros. Tampoco es el más elevado porcentualmente, dado que ha sido del 0,14% de su PIB (producto interior bruto), y a excepción de Castilla y León, el resto de las que están en este paquete de territorios con superávit lo superan. En cualquier caso, todas se encuentran en una buena posición para pedir o renegociar deuda gracias a este equilibrio.

Segundo, porque si no es tan excepcional el superávit comparado con otras comunidades autónomas, tampoco lo es echando la vista atrás. En 2019 se cerró en positivo por 32 millones de euros. Sin embargo, la cuestión ha sido indudablemente usada de distinto modo en el último ejercicio por encontrarnos ante una situación sin precedentes.

El análisis de los economistas

En opinión del economista Antonio Cabrales Goitia, “los ingresos han caído mucho este año, como era de esperar, a niveles del 2011, pero esta vez los mercados no están secos” y la AGE ha podido pedir prestado y ha realizado transferencias como otros, “de manera que no han hecho falta recortes”. Recuerda que las autonomías “no tienen mucha capacidad de endeudarse, ni de gastar más de la cuenta”. Es posible que si han ahorrado algo “es porque esperan años difíciles en el futuro y quieren algo de margen de maniobra, o simplemente no les ha dado tiempo a pensar en programas de gasto extra efectivos”.

Por otra parte, matiza que “la consigna de la UE no es gastar sin parar”. Se trata de “aprovechar la oportunidad de tipos de interés bajos para invertir en proyectos transformadores de nuestra estructura productiva y la descarbonización de la economía”. En esta línea, apunta que “son proyectos de alta rentabilidad privada y social, y es natural aprovechar la coyuntura de mercados favorables para al mismo tiempo estimular la economía que lo necesita y renovarla, algo necesario para el futuro”.

Por su parte, Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas, matiza que “en 2020 se ha realizado por parte de la AGE una liquidación de ingresos a las autonomías a partir de los datos definitivos de 2018, que fue un buen año económico”. Esta circunstancia y alguna transferencia adicional “han dado lugar a una situación irreal”, según apunta parafraseando lo sostenido por el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, José Fernández-Lasquetty.

Explica en este sentido que los responsables en la materia temen que los recursos que les corresponda recibir a partir de los datos de 2019 -bastante menos positivo que 2018- “serán peores y que los anticipos basados en 2020 van a ser un desastre, pues el Gobierno de España les puede exigir devolver el exceso de dinero recibido en 2020”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado este miércoles que se buscará el “mecanismo más beneficioso” para las autonomías a la hora de reclamarles el dinero que han podido recibir en exceso, lo que se sabrá en torno a julio.

Por otro lado, José Fernández-Lasquetty aclara que no figuran entre las que presentan superávit Navarra ni País Vasco, “que tienen otra forma de financiarse , el concierto o cupo, bastante diferenciada del resto”. Ha habido, insiste, “un exceso de generosidad desde la AGE, en línea con las apelaciones a la cogobernanza y al dejar crecientes segmentos de competencias en manos de las autonomías por parte de un gobierno deseoso de quitarse de encima responsabilidades”.

El que también fuera el primer consejero de Economía en Andalucía subraya igualmente que “los sucesos de Linares y la tensión en Jaén” por no ser la provincia destinataria de la inversión del Ministerio de Defensa para su base logística “han puesto de manifiesto que en Andalucía hay territorios, sobre todo en el interior, donde las expectativas económicas y sociales son más bien negativas”. Tras aseverar que carecen de alternativas al turismo, “pues hasta la agricultura de esas provincias de interior se concentra sobre todo en el olivar, cuya rentabilidad se ha reducido bastante en los últimos años”, critica que “la Junta de Andalucía parece haberse instalado en una especie de gestión de lo que hay, sin incorporar a su política elementos de dinamización económica significativos”. Observa que en los planes territoriales se respeta “demasiado” el interés de las corporaciones locales para “facilitar la construcción residencial y de grandes superficies comerciales, reservándose el suelo para tales objetivos limitados y no facilitando la instalación de empresas”. Y agrega: “Una cosa es el rigor presupuestario y otra es no desarrollar actuaciones que favorezcan una mayor diversificación de la economía”.

Por ello, entiende en un contexto global el estímulo del gasto público en 2020 y 2021 ha sido preconizado por el FMI, la UE, el BCE y la OCDE: “Se trata de impulsar la demanda para que no decaiga la actividad y también de ayudar a que no desaparezcan empresas a las que la recesión derivada del confinamiento ha puesto en una coyuntura proclive a la desaparición de las mismas. Es, pues, de una consigna temerosa de que el agujero de actividad y de empleo provocado por los confinamientos acabe traduciéndose en cierres empresariales y en aumentos del desempleo”.

Sigue sin llover a gusto de todos. La rebelión de los alcaldes condujo a Pedro Sánchez a su primera derrota en el Congreso, que rechazó el decreto ley impulsado con el objetivo de dar respuesta a una de las principales exigencias de los ayuntamientos: poder gastar los cerca de 15.000 millones de euros que tienen acumulados en los bancos desde que una ley de Cristóbal Montoro les impide gastar de forma libre su superávit. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que consistía en que los ayuntamientos prestaran esos fondos al Estado a cambio de poder gastar 5.000 millones los próximos dos años, solo contó con los votos de PSOE y Unidas Podemos -tras una ardua negociación que colocó a los comunes en el sí- y de Teruel Existe, que secundó el decreto al pensar que se había alcanzado un acuerdo satisfactorio para la mayoría de grupos.

El revés ha obligado al Gobierno a rectificar su intención inicial de no plantear un nuevo decreto, una victoria para la oposición y para los ayuntamientos, que habían liderado la respuesta contra los planes del Ejecutivo. Pero ahí termina el triunfo, ya que la nueva propuesta de María Jesús Montero sigue siendo insuficiente para la mayoría de partidos y de regidores, ya que han desaparecido algunos elementos que eran clave, como un fondo específico para el transporte público y otro más importante, de hasta 3.000 millones de euros, que se repartiría entre todos los municipios por población, independientemente de su situación financiera. Esa fue la cesión de Hacienda en el último minuto para conseguir el apoyo de En Comú.

“Nos han castigado sin postre”, ironiza uno de los miembros de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en conversación con elDiario.es. El organismo celebró este mismo lunes una reunión de su Junta de Portavoces, en la que su presidente, el socialista Abel Caballero, se ha comprometido a contactar con Hacienda para retomar la negociación cuanto antes, esta misma semana si es posible. Si las conversaciones se extienden más allá de 2020, se bloqueará el superávit de 2019 y unos 3.000 millones de euros pasarán a engrosar los otros 15.000 millones que cogen polvo en los bancos sin que se puedan utilizar, tal y como dicta la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2012.

El conflicto con las entidades locales amenaza con enquistarse tras varios meses de desencuentros entre el ministerio de Montero y los alcaldes, que sienten un maltrato por parte del Estado en contraposición con las comunidades. Durante la pandemia se ha aprobado destinar a las comunidades 16.000 millones de euros a fondo perdido. La reclamación de las entidades locales pasa por que les dejen invertir al menos lo que tienen ahorrado en remanentes, dado que la Ley de Estabilidad les impide no solo gastarlo, sino que mantener esos 15.000 millones en los bancos cuesta unos 70 millones en intereses. Y en esa batalla llevan desde principios del verano. La FEMP acabó aprobando la anterior propuesta de Hacienda con el respaldo de los votos del PSOE -en muchos casos a regañadientes-, y gracias al voto de calidad de Abel Caballero y de la abstención in extremis del representante de Unidas Podemos, el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro el Cura (IU). Pero los números no le salieron en el Congreso.

Ahora, la intención del ministerio es poner el contador a cero para aplacar el malestar de las corporaciones municipales, incluidas las que están en manos de los socialistas. Montero ha anunciado que da marcha atrás y que planteará un nuevo decreto que recoja algunas de las cuestiones en las que sí había consenso: anular la regla de gasto para 2020 (la tasa de referencia por encima de la cual no se puede invertir dinero público), prorrogar el uso del superávit de 2019 para las inversiones financieramente sostenibles ya autorizadas o usar el superávit para cancelar deudas, entre otras. La ministra considera que se da cumplimiento a un 85% de las medidas del anterior decreto y que supondrá un impacto de 3.000 millones de euros para las arcas municipales.

Los alcaldes ponen deberes: fondo incondicionado, transporte y remanentes

Sin embargo, la victoria es parcial para los ayuntamientos, según reconocen desde la mayoría de partidos. Los alcaldes han puesto deberes al Gobierno, al que, en primera instancia, exigen reiniciar una negociación. Más allá de las voces que surgieron al inicio del debate en el seno del PSOE, los alcaldes socialistas han optado por no hacer ruido en este asunto, aunque reconocen en privado que “queda lo más importante”. De hecho, el presidente de la FEMP ha reclamado al Gobierno que incluya en esta nueva oferta el fondo para cubrir el agujero que la pandemia ha dejado en el transporte público -entre 270 y 400 millones de euros- que Hacienda ha dejado fuera por ahora. En una reunión con alcaldes celebrada este mismo lunes, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha comprometido a abordar con Montero esa cuestión, que lleva en liza desde que el confinamiento provocara un desplome en los servicios públicos.

Aparte de esa exigencia, Caballero reconoce que es necesario mantener la negociación sobre la distribución del fondo de 5.000 millones, 3.000 de ellos a fondo perdido, así como de la utilización de los remanentes con los que cuentan los gobiernos locales. Esos dos asuntos los deja fuera Montero al no haber contado con el consenso necesario e invita a las formaciones políticas a poner una “alternativa” sobre la mesa.

Exigencias compartidas por alcaldes de todos los colores

La pelea estará precisamente en esas dos cuestiones que todos los grupos con representación en la FEMP exigen negociar. El PP ha celebrado la rectificación de Hacienda, pero asegura que es “insuficiente”. Así, reclama, además de la parte correspondiente al transporte, que se incluya un “fondo incondicionado” de 5.000 millones de euros -similar a lo que se planteó en el decreto inicial pero que no obligue a las corporaciones locales a ceder previamente sus remanentes al Estado-. “No nos conformaremos con miserias”, ha expresado el portavoz conservador en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. En cuanto a la anulación de la regla de gasto, varios regidores del PP, como el madrileño José Luis Martínez-Almeida o el de Estepona, José María García Urbano, han pedido al Ejecutivo que se extienda a 2021 “que será el año en el que más incidencia va a tener la crisis generada por la pandemia de la COVID-19”.

Pero no solo el PP mantiene el pulso al Gobierno, sino que en el frente del municipalismo coinciden alcaldes de muy distinto signo. La regidora de Barcelona, Ada Colau, también ha reivindicado un fondo específico para las corporaciones municipales. Tras semanas de tiras y afloja, Hacienda tuvo que negociar in extremis con los socios del Gobierno para evitar una quiebra en los apoyos de los grupos que sustentan a la coalición. En Comú no aceptaba el texto que salió del Consejo de Ministros y Montero acabó cediendo para que los 5.000 millones no fueran a parar únicamente a los ayuntamientos con ahorros sino que un 60% de esa cuantía -en torno a 3.000 millones- se distribuyera entre el conjunto de las entidades locales de acuerdo a un criterio de población. La alcaldesa de Barcelona considera ahora que esa idea debe formar parte del futuro decreto.

En esa misma línea se pronuncian desde IU, donde ven las rectificaciones de Hacienda “insuficientes”. “Hacienda debe mantener su propuesta de poner al servicio de las corporaciones locales el fondo de ayuda de 5.000 millones de euros y que llegue a todas, tengan remanentes de tesorería o no”, expresa el responsable de Política Municipal, Daniel González Rojas, que reclama igualmente la anulación de la regla de gasto en 2021. La coalición de izquierdas plantea, además, que ha llegado el momento de acabar con la 'ley Montoro' que constriñe la capacidad de gasto de los ayuntamientos.

Esa es la principal “arista” que tiene la negociación, según apunta el representante del grupo en la dirección de la FEMP, Pedro del Cura: cómo se gestiona la fórmula para que los ayuntamientos puedan tener acceso a sus remanentes sin hacer un préstamo al Estado. “Todos los portavoces hemos entendido que hay que retomar el decreto y no hacer sangre sobre lo ocurrido”, explica Del Cura, quien cree que  la clave pasa por cerrar un acuerdo con ellos: “Si en la FEMP hay consenso, en el Congreso se convalida”.

El enfado ha sido transversal en el municipalismo y desde todas las formaciones emplazan a Montero a reiniciar la negociación. “Celebramos que el Gobierno se haya dado cuenta de que negociando se puede llegar a acuerdos”, ha expresado el diputado de Compromís Joan Baldoví, que ha celebrado la anulación de la regla de gasto para este año o el permiso para invertir el superávit de 2019, pero ha pedido un fondo que se distribuya en función de la población independientemente de la situación financiera de los consistorios y que se negocie la fórmula para gastar los remanentes.

El PSOE sugiere que al Gobierno que solucione el conflicto con los alcaldes a propósito del bloqueo de sus ahorros y le amina a hacerlo introduciendo una modificación de la ley en alguna otra que esté en tramitación o que vaya a tramitarse, como los Presupuestos Generales del Estado. Tras la derrota de este jueves en el Congreso, que rechazó el decreto ley con el que Hacienda permitía a las entidades locales invertir hasta 5.000 millones en dos años a cambio de que cedieran sus remanentes -un total de 15.400 millones de euros- al Estado, la ministra María Jesús Montero descartó proponer un nuevo decreto ley y emplazó a la oposición a plantear una alternativa. Guillermo Fernández Vara, que preside el Consejo de Política Federal del PSOE que se ha reunido este viernes, ha animado a que “algunos de los aspectos” que recogía ese decreto se retomen “en alguna otra ley”, como por ejemplo la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha convocado a la comisión permanente de la institución para “empezar de cero” ante la pelea de los alcaldes a cuenta de la imposibilidad de gastar su superávit según la ley de estabilidad de Cristóbal Montoro.

“Es bueno que los ayuntamientos puedan gastar sus recursos de tal suerte que permita la reactivación de la economía”, el presidente extremeño en una rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz en la que se ha mostrado convencido de que el Gobierno será “sensible” con el “sentir general” de los alcaldes que reclaman una movilización de recursos para las entidades locales y que “aprovechará una ley para incluir algunos elementos que estaban en ese decreto ley”. No obstante, ha matizado que no lo ha abordado con el Ejecutivo. Fuentes presentes en el encuentro del organismo que reúne a los barones socialistas aseguran que Pedro Sánchez les ha trasladado que se intentará buscar una solución, aunque admite que los márgenes son estrechos. “En nuestro ánimo está buscar una salida”, expresan desde Hacienda.

“Lo que ocurre -ha explicado- es que hay una ley que no lo permite y solo lo puede cambiar otra ley”, ha asegurado Fernández Vara, que se ha mostrado convencido de que ayer hay quien votó “lo contrario de lo que creía que era lo mejor” en referencia a algunos grupos parlamentarios. No obstante, la propuesta de Hacienda solo fue apoyada por los socialistas en el seno de la FEMP y no convencía siquiera a muchos de los alcaldes del PSOE.

Lo que descartan los socialistas es plantear un decreto ley distinto, a pesar de que es lo que le reclamaron muchos grupos políticos, entre ellos su socio de Gobierno Unidas Podemos. El diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, invitó a la ministra a que el punto de partida fuera el acuerdo alcanzado in extremis con los comunes a cambio de su voto afirmativo y que pasaba por permitir que los ayuntamientos sin ahorros pudieran acceder a 3.000 millones del fondo de 5.000 que se iba a desbloquear y que inicialmente estaba pensado para las corporaciones que tienen ahorros.

Por su parte, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha convocado a la permanente de esa institución el próximo lunes para abordar el asunto. “Empezaremos a trabajar. Partimos de cero. Nos devolvieron a la casilla cero”, ha lamentado el alcalde de Vigo en declaraciones a los medios.

El portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha instado a Caballero a reactivar la propuesta consensuada en el seno del muncipalismo en el mes de mayo. El regidor zaragozano reclama que los consistorios puedan “contar con un fondo de liquidez inmediata de 5.000 millones de euros, así como otro tipo de ayudas directas como los 1.000 millones que reclamamos para abordar los problemas financieros del transporte urbano”. Así, ha criticado la “tozudez” del Gobierno y de Caballero por no “rectificar” y ha instado al presidente de la FEMP a que “vuelva a ejercer el papel que le corresponde como presidente de la Federación de defender los intereses municipalistas o, en caso contrario, abandonar el cargo”.

El Gobierno mantiene la respiración contenida hasta el último momento, pero se hace ya a la idea de que se enfrenta a su primera derrota parlamentaria con el decreto para el gasto de los ahorros de los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda ha hecho una última concesión en una negociación in extremis para desvincular hasta 3.000 de los 5.000 millones de la cesión de los ahorros de los ayuntamientos al Gobierno, condición indispensable hasta ahora para el Ejecutivo.

De esta forma, se crearía un fondo similar al que se entregó a las Comunidades Autónomas, pero esta vez para las entidades locales, tal y como habían reclamado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el de Valencia, Joan Ribó. Desde En Comú Podem, que forma parte de Unidas Podemos, se había reiterado esta condición en las últimas horas como condición para no romper la disciplina de voto y posicionarse en el Congreso contra una medida del Gobierno del que participan.

Pese a esta última oferta, en el Ejecutivo hay pocas expectativas de que salga adelante el real decreto en el Congreso, donde hasta ahora casi todos los grupos habían rechazado la propuesta de que los consistorios con remanentes de tesorería puedan gastar 5.000 millones de euros en dos años a cambio de ceder al Estado todos sus ahorros, que luego irían recuperando en un plazo de 15 años. El debate de ese decreto comenzará este jueves a las 9 de la mañana y en ese momento la suerte ya estará echada, porque el 50% del Hemiciclo habrá votado telemáticamente antes de esa hora. Si hay un acuerdo de última hora, tiene que ser antes.

Y en esa negociación llevan Hacienda y los grupos parlamentarios los últimos días. En las filas socialistas ya se daba por hecha la derrota de una propuesta que salió adelante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, del voto favorable de los regidores del PSOE -que lo apoyaron, en muchos casos, a regañadientes- y la abstención del representante de Unidas Podemos, Pedro del Cura, quien cambió del ‘no’ a la abstención con la intención de permitir la negociación que se ha prolongado hasta el último momento. A pesar de que nadie avalaba ese decreto, Pedro Sánchez lo presentó en un acto en la Moncloa la víspera de su aprobación en el Consejo de Ministros. 

Un mes después la batalla sigue coleando y los socialistas se han tenido que remangar para salvar el decreto que supondría una inyección de 5.000 millones para los consistorios en los próximos dos años a cambio de que presten sus ahorros al Estado a través del Tesoro con un compromiso de devolución de diez años a contar desde 2022. 

Los grupos de todo el arco parlamentario, incluidos los socios del Gobierno, lo consideran un “chantaje”, “incautación” o una “coacción”. “Estamos en ello. Aún no hemos cerrado, pero lo estamos intentando”, expresan en la cúpula socialista. “Hacienda parece que se está moviendo, pero aún no está cerrado”, señalaban a media tarde desde Unidas Podemos. La negociación entre los dos integrantes del Ejecutivo de coalición ha ido en paralelo a la de Hacienda con los demás grupos parlamentarios, para intentar al menos salvar la unidad de acción de los partidos del Gobierno.

Especialmente críticos con la medida han sido los diputados de En Comú Podem, hasta el punto de que la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha implicado directamente en la negociación. Colau se ha desplazado este miércoles a Madrid, donde además de ofrecer una entrevista en TVE ha mantenido varias reuniones precisamente sobre las negociaciones de este real decreto. Entre otros, se ha reunido con el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y con el jefe de filas de los comunes en Madrid, Jaume Asens, para buscar una posición conjunta de negociación.

El movimiento de Hacienda ha sido aceptar que de esos 5.000 millones que previamente los ayuntamientos con ahorros cederían al Estado se puedan beneficiar no solo ellos sino también los que no tienen superávit. Entre este segundo grupo, la parte que les corresponde se repartiría de acuerdo a un criterio poblacional. 

Fuentes de la negociación aseguran que un 60% del dinero podría ser “a fondo perdido”. El otro 40% se destinaría a las entidades que sí aceptaran poner sus ahorros a disposición del Gobierno, según han confirmado a eldiario.es fuentes de la negociación. “Hacienda se está moviendo”, reconocen desde En Comú Podem. 

Con todo, los votos para que se apruebe el real decreto están lejos de conseguirse. Esta sería la primera derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición y de las pocas que se han visto en el Congreso en la convalidación de ese tipo de normativas, que entran en vigor nada más aprobarlas el Consejo de Ministros, aunque las tiene que ratificar el Parlamento. Los dos casos anteriores se produjeron con el decreto de la estiba durante el último mandato de Mariano Rajoy y con el del alquiler, impulsado en el primero de Sánchez. 

“Hemos transmitido a todos los grupos la necesidad de convalidar este decreto ley en aquellos aspectos que son imprescindibles para el funcionamiento de ayuntamientos”, expresó este martes María Jesús Montero, que se refirió a cuestiones como el fondo de 400 millones para afrontar la caída de ingresos del transporte, la suspensión de la regla de gasto o la actualización de la financiación autonómica en base al crecimiento del 1,6% del PIB que había en enero antes de la crisis de la COVID-19. 

“Les he propuesto dejar para la tramitación como proyecto de ley ofreciendo a los diputados de PSOE y Unidas Podemos para abordar de forma puntual la cuestión relativa al fondo de 5.000 millones que se pone a disposición de los ayuntamientos y el manejo de los remanentes en forma de préstamos hacia el Estado”, apostilló Montero.

De esta forma, el Gobierno lograría salvar el decreto al que se introducirían cambios consensuados por los grupos parlamentarios. “Nuestra propuesta ha sido que se convalide, que se tramite como proyecto de ley y el Gobierno se compromete a no hacer nada con estos aspectos hasta que el Congreso adopte una fórmula que sea más consensuada con el resto de formaciones que no la comparten”, zanjó la ministra de Hacienda.

Y son esas enmiendas las que se están abordando en el último minuto con todos los grupos, incluidos los socios de Gobierno. “Es más un pacto del PSOE con el propio PSOE que con el resto de formaciones políticas”, reprochó Jaume Asens a los socialistas.

A pesar de que el cambio aceptado por Hacienda acerca las posiciones en el seno del Gobierno, en el momento de redactar esta información, el Ejecutivo sigue sin tener asegurados los apoyos suficientes. Con todo, en Unidas Podemos confían en un efecto dominó si se confirma oficialmente que una parte del fondo será a fondo perdido. “3.000 millones es mucho dinero, es un cambio sustancial”, apuntan desde los comunes.

Los de Pablo Casado ya han anunciado que escenificarán su rechazo con la presencia de importantes ediles conservadores en la tribuna del Congreso. Reclaman “un fondo sin condiciones de 5.000 millones de euros” que no esté vinculado con la cesión de los remanentes en la línea de lo que ha ofrecido Hacienda, pero para la totalidad del fondo. También piden que “se habilite la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para posibilitar que los consistorios puedan gastar los 15.000 millones de euros que tienen ahorrados después de muchos esfuerzo”, según ha informado Génova en un comunicado. Se da la circunstancia de que esa norma que es la que arrastra este conflicto de los ayuntamientos con el Estado la aprobó Cristóbal Montoro. El exministro ha defendido este miércoles en TVE que la normativa se puede suspender “en situaciones de excepcionalidad”. Su derogación figura en el acuerdo programático de la coalición, pero aún no se ha acometido. 

El PNV mantiene los contactos con el Gobierno, pero de momento se mantiene en el no, según fuentes de la formación, que critican cómo se ha gestionado este decreto por parte de Hacienda. Los nacionalistas vascos recuerdan que Euskadi tiene una singularidad económica y financiera en su relación con el Estado por lo que sostienen que cualquier acuerdo de esta naturaleza tendría que haberse canalizado a través de la comisión mixta de concierto. EH Bildu también ha sido muy crítico con el planteamiento de Hacienda y mantiene el rechazo “a expensas de que hagan alguna modificación más en las próximas horas”.

ERC tampoco se mueve porque exige un “replanteamiento global” del decreto. “No podemos funcionar con los presupuestos de Montoro, bueno, tampoco podemos funcionar con las normas de Montoro”, señalan desde el grupo que pilota Gabriel Rufián, desde el que sostienen que hay mecanismos para que los ayuntamientos puedan gastar ese dinero. JxCAT y otras fuerzas minoritarias, como Más País-Equo y Compromís, también mantienen el rechazo, aunque las conversaciones siguen abiertas.

El conflicto entre el Gobierno y los alcaldes sigue empantanado a la espera de una fórmula que permita a los ayuntamientos ahorradores gastar el superávit que tienen en los bancos y que asciende a cerca de 14.000 millones de euros. Casi un mes después de que Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, rubricaran un acuerdo en Moncloa que solo contaba con los votos favorables de los alcaldes socialistas y la abstención del representante de Unidas Podemos en la FEMP rompiendo el tradicional consenso que imperaba en este organismo, el Ejecutivo se arriesga a una derrota en el Congreso. Ningún partido –salvo el PSOE, y con algunos alcaldes muy enfadados dentro de sus filas– apoya el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Ante la amenaza de tumbar esa propuesta, los aliados parlamentarios de la coalición emplazaron al Ejecutivo a negociar un nuevo texto. Hacienda, sin embargo, no prevé impulsar un nuevo decreto y emplaza a los grupos a llegar a un entendimiento tramitando el decreto como proyecto de ley para que se puedan introducir cambios vía enmiendas a lo largo del procedimiento.

Pero la mayoría de partidos ya han advertido de que no les sirven modificaciones puntuales sino que el problema que encuentran es de fondo por la fórmula planteada por la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento sostiene que es “la única solución técnica que se ha podido encontrar” y no contempla en este momento dar marcha atrás. La propuesta que salió del Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto pasa por que los ayuntamientos que tengan ahorros los presten al Estado a través del Tesoro a cambio de poder invertir un total de 5.000 millones en los próximos dos años. El resto del importe se les devolvería en un periodo de diez años a partir de 2022.

El conflicto parte de las normas de contención del gasto y cumplimiento del déficit que se aprobaron en la anterior crisis y que impiden a las entidades locales endeudarse, así como gastar el grueso de su superávit. En los últimos años, con la mejora de la situación económica, se han ido introduciendo excepciones puntuales para rebajar esa prohibición genérica. El compromiso de PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático es derogar esa normativa, pero la urgencia de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha hecho a los ayuntamientos reivindicar una solución exprés antes de que lleguen los cambios legislativos. Sin embargo, la respuesta de Hacienda, que ha tenido que negociar a fondo e incluso se ha peleado con los representantes socialistas, les parece insuficiente.

Fuentes gubernamentales señalan que esta propuesta permite a los consistorios gastar el remanente de acuerdo a las normas y sin incumplir a ojos de la UE las restricciones respecto al déficit al mismo tiempo que se inyecta liquidez en un momento que lo necesita la economía española ante la crisis que deja la pandemia.

Ninguna fuerza política, salvo el grupo socialista, está por la labor de apoyar el decreto –que tiene que convalidarse para seguir vigente en el primer pleno, que se celebrará la segunda semana de septiembre–. Todo el arco parlamentario, incluido Unidas Podemos, critica el decreto ley de Montero, que ha recibido calificaciones como “chantaje”, “incautación” o “coacción” desde los grupos de todos los colores políticos. La ministra tendrá que explicar su propuesta este lunes en una comparecencia en la Comisión de Hacienda que secundaron todos los grupos, pero ninguno parece dispuesto a aceptar la formulación en los términos en los que se publicó en el BOE. Desde el municipalismo recriminan, además, un ninguneo a los ayuntamientos frente a las comunidades, a las que el Estado ha concedido 16.000 millones a fondo perdido para combatir esta crisis.

“El Gobierno de España abandonó durante la pandemia al conjunto de los ayuntamientos, que siguen desde entonces sin recibir un solo euro de dinero público nuevo para luchar contra la pandemia y sobre todo contra la crisis económica en la que nos meten de cabeza. Por cierto, a aquellos ayuntamientos que tienen recursos suficientes se les hurta, eso sí, voluntariamente: si me das todos tus ahorros te dejo una parte y te la gastas en lo que yo te diga. Es lo que dice el Gobierno de España a los ayuntamientos, y a los que no tienen ahorros directamente les niegan la capacidad de gastarse o acceder al fondo que crea el Ministerio”, reprochó el diputado del PP Antonio González Terol, miembro de la dirección de Pablo Casado, en la Diputación Permanente en la que se debatió la comparecencia de Montero. El gran reproche desde el resto de grupos al PP, por su parte, es que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impuso esas restricciones en el gasto municipal y su ministro llevó sus amenazas hasta el final, tal y como conoció de primera mano el Gobierno de Ahora Madrid en la capital de España.

“O que venga aquí a explicar los motivos, o que hable con los grupos parlamentarios, o que retire el real decreto y que inmediatamente se ponga a negociar uno nuevo, o que hable de un modelo de financiación local del que hablaron hace dos años y que han dejado en agua de borrajas”, remató el vicesecretario territorial del PP en el Congreso.

No fue el único que reclamó la retirada del decreto para buscar un acuerdo con los ayuntamientos. También los aliados parlamentarios del Gobierno le instaron a llevar una nueva propuesta. “Les emplazamos a presentar un nuevo acuerdo que recoja las necesidades reales del municipalismo”, afirmó la diputada de ERC Carolina Telechea, quien defendió que “ahora más que nunca los ayuntamientos deben disponer de la totalidad de sus ahorros para recuperar la economía de pueblos y ciudades”. En términos similares se expresó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que consideró que el planteamiento “confiscatorio” es “erróneo”: “Esto no se soluciona con trámites a través de enmiendas en una posterior tramitación como proyecto de ley de este decreto, no. La dificultad viene ya de raíz y lo que correspondería es sustituir este decreto por otro”. “En situaciones extraordinarias se han de tomar medidas extraordinarias y la medida extraordinaria no puede ser imponer un decreto a machamartillo. Creo que es el momento de rectificar, es el momento de consensuar”, dijo en esa misma dirección el diputado de Compromís, Joan Baldoví: “Le pido a la facción socialista del Gobierno que rectifique, que piense y que lleguemos realmente a un acuerdo que podamos compartir todos”.

Ni siquiera Unidas Podemos apoya esa medida, pese a que se aprobó en el Consejo de Ministros. El representante del grupo confederal en la FEMP, el alcalde de Rivasvaciamadrid, Pedro del Cura, se abstuvo en esa institución en la que los alcaldes socialistas tenían reticencias pero siguieron la disciplina de partido. “Hemos manifestado en otras ocasiones nuestras reservas a ese acuerdo, que, como se ha dicho, es más un pacto del PSOE con el propio PSOE que con el resto de formaciones políticas”, reprochó el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que consideró que el acuerdo rubricado entre Sánchez y Caballero es “poco coherente con el acuerdo de Gobierno de coalición y con los respectivos programas electorales”. “Recentralizar y tutelar a los ayuntamientos como si fueran menorres de edad, pedirles que renuncien a su autonomía, al grueso de sus ahorros, es poco coherente”, recriminó en ese mismo debate.

“El dinero que han ahorrado los ayuntamientos y que ha salvado la presentación de cuentas del Estado ante Europa pasa ahora a destinarse a préstamos al Estado y solo aquellos ayuntamientos que lo acepten podrán disponer de parte de sus fondos para invertir en las necesidades del municipio. No sé, quizá es excesivo llamarlo chantaje pero sí es coacción”, dijo la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que recordó que PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo con la izquierda abertzale para una de las prórrogas del estado de alarma que incluía la derogación de la ley de estabilidad. Incluso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, planteó que se reforme la legislación: “Dejémonos de temas políticos y resolvamos este tema: si tenemos que cambiar la ley orgánica y la Constitución en veinticuatro horas, las cambiamos”. Vox, Ciudadanos y JxCat también dejaron claro su rechazo a la medida del Gobierno.

“Los ayuntamientos que quieran, voluntariamente, podrán utilizar los remanentes que equivalen a los remanentes líquidos de tesorería íntegramente, sin que computen en la regla de gasto ni en el déficit. Esta fórmula consiste en hacer un préstamo de los remanentes al Estado voluntariamente –defendió la diputada del PSOE Susana Sumelzo–. Cada ayuntamiento puede decidir hacer la fórmula que le sea más ventajosa. Las obligaciones las impuso el Partido Popular, que obligó a los ayuntamientos a tener sus ahorros en el banco, mientras los ayuntamientos tenían que hacer frente a una crisis durísima, mirando a la cara a sus vecinos con sus ahorros en el banco y sin poderlos utilizar, y mientras el Gobierno del Partido Popular aprobaba amnistías fiscales. Esto sí que era insultante”.

Con esos mimbres, el Congreso tendrá que debatir el decreto ley cuando se reanude la actividad parlamentaria, pero en el Ejecutivo son conscientes de que se encaminan a una derrota en la convalidación. Aunque no es habitual, se ha producido en alguna ocasión, como los decretos sobre vivienda o el de la estiba, que fueron rechazados y los correspondientes ejecutivos tuvieron que aprobar nuevos textos para recibir el visto bueno de las Cortes.

A pesar del rechazo generalizado, Hacienda no baraja llevar al Congreso un texto diferente. “Ahora mismo no está encima de la mesa”, señalan fuentes del departamento que pilota Montero. La invitación que hacen desde el Gobierno es que se apruebe el texto y se introduzcan cambios en una tramitación parlamentaria posterior. “El próximo partido va a ser el de la votación: convalidar, no convalidar o tramitar como proyecto de ley”, dicen esas fuentes. Sin embargo, en el Gobierno creen que son los ayuntamientos los que tienen un problema provocado por la legislación que llevó a cabo el PP y que se les ha dado una solución técnica –“la única posible”, subrayan en Hacienda–.

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns.

En una rueda de prensa telemática celebrada este lunes tras la sesión, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que se ha dado luz verde a la propuesta con 12 votos a favor (PSOE), 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) y una abstención (Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns). De este modo, el voto de calidad del presidente socialista de la federación ha resultado determinante para aceptar una iniciativa que ha requerido de múltiples reuniones y votaciones pospuestas.

En concreto, el acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. Posteriormente, a partir de 2020, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses.

Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable. El Gobierno revisará también las condiciones financieras de los préstamos de los fondos de financiación que tienen instituciones locales.

Mientras, en 2020 no será efectiva la regla de gasto, por lo que las corporaciones locales no contarán con esta limitación. Abel Caballero ha detallado también que el acuerdo establece la prórroga del sistema del superávit de 2019 y 2020, además de la de 2018. También mantiene las entregas a cuenta a las corporaciones locales y la liquidación del ejercicio 2018, positiva para los ayuntamientos en 600 millones de euros.

A ese respecto, el presidente de la FEMP ha apuntado que en el ámbito del fondo de ordenación para ayuntamientos en una situación económica difícil el Gobierno establece una renegociación de esa estructura. La nueva agenda urbana a la que se dedicará parte del fondo de 5.000 millones de euros, ha explicado Caballero, está definida por la movilidad sostenible, las ayudas directas a las personas, la calidad de vida, la cultura y el deporte.

Adicionalmente, ha indicado que el acuerdo habilita un fondo de transporte de 275 millones de euros extensibles hasta 400 para cubrir el déficit que presentan algunas ciudades en ese ámbito, así como que garantiza que “las entidades locales puedan participar en los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE)”.

Tolón: “Es el mejor acuerdo posible”

La vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, destaca que al fin los ayuntamientos podrán abordar con el Ejecutivo la reforma de la financiación local, además de optar a un fondo de 5.000 millones de euros para la reactivación económica y social, y participar de manera directa en los fondos europeos para la recuperación.

“Es la primera vez en años que el Gobierno de España reconoce la labor y el esfuerzo de los ayuntamientos como interlocutores para la financiación de las administraciones locales a través de sus superávit y fondos propios o remanentes y ahorros hasta ahora vetados y limitados”, ha indicado Tolón, que ha reivindicado la necesidad de los ayuntamientos de “recuperar la capacidad financiera y la autonomía”.

A su juicio, se trata de “un acuerdo histórico para los ayuntamientos” que se ha hecho “después de muchas negociaciones y de que en el año 2012 los ayuntamientos hayamos pasado la peor época por no poder disponer de nuestros ahorros y recursos para invertir en la ciudad y sobre todo en los ciudadanos”. “Hoy nos sentimos orgullosos de que por fin el Gobierno de España nos meta en la agenda no solo de la desescalada sino que también haya un compromiso e revisar la financiación local a la vez que revisa la financiación autonómica”, ha agregado.

Toledo cerró 2019 con 5,3 millones de superávit. Dicha cantidad se pondrá a disposición, si el Ayuntamiento así lo aprueba, del Gobierno central, que retornará el montante tal y como se ha acordado. La duda se cierne en conocer la cuantía de las ayudas de las que pueda beneficiarse el Consistorio toledano de los 5.000 millones que se pondrán a disposición para todos los ayuntamientos del país, así como de los fondos que se repartan tras el acuerdo de financiación alcanzado por la Unión Europea (UE) de cara a dar respuesta a las consecuencias inmediatas generadas por la COVID-19.

Mesa de trabajo técnico desde septiembre

En virtud del acuerdo, Abel Caballero ha recalcado que el Gobierno de España compromete además la negociación en este mandato de la financiación local al mismo tiempo que la autonómica y la sustitución de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que “tanto frustró y paralizó competencias de ayuntamientos”.

En esta línea, el presidente de la FEMP ha incidido en que en septiembre se constituirá una mesa de trabajo técnico para abordar la reforma del sistema de financiación local. Del mismo modo, ha recordado que, en virtud de otro acuerdo, se ha garantizado una mesa para estudiar la adaptación de la regla de gasto a los ayuntamientos.

Acuerdo de reconstrucción

En otro orden de cosas, Abel Caballero se ha referido a un acuerdo referente al municipalismo enmarcado en la comisión de reconstrucción firmado por Junts per Catalunya, Compromís, Ciudadanos, Coalición Canaria, Más País-Equo y el PP.

Sobre este punto, ha concretado que en ese documento se solicitó el superávit 2019 y 2020, mientras ha destacado que en el acuerdo aprobado este lunes se incluyen los remanentes de 2012 a 2018. También ha recordado que se demandó que no fuese efectiva la regla de gasto en 2020 y 2021, un compromiso que se ha alcanzado para el primero de estos años que y que espera que se extienda al segundo.

Abel Caballero ha detallado que el acuerdo también se ajusta a lo solicitado en la comisión de reconstrucción del Congreso en relación al acceso a fondos europeos para las instituciones locales, pero ha destacado que incluye más compromisos, como el fondo de transporte.

Claudia Alonso (PP): “Tolón es comisaria política de Pedro Sánchez”

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha criticado el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos.

“Ha aprobado que los ayuntamientos de España le demos a Pedro Sánchez 15.000 millones de euros de nosotros ahorros, y lo ha hecho con el voto de Milagros Tolón. Eso en Toledo supone que los toledanos le vamos a regalar a Pedro Sánchez 5 millones de euros que hemos ahorrado durante estos años por los altísimos impuestos que pagamos”, ha señalado la 'popular'.

“Con esos 5 millones podríamos bajar impuestos a todos los toledanos, ayudar a las empresas a que se recuperasen de la crisis, ayudar a las familias, hacer muchas obras en la ciudad pero, sin embargo, lo que ha aprobado Tolón es que Pedro Sánchez se quede con esos 5 millones para que haga su política”, ha agregado Alonso.

Asimismo, ha lamentado que “solamente los miembros del PSOE han elegido ser comisarios políticos de Sánchez en lugar de ayudar a sus vecinos. Lo que ha hecho Tolón ha sido aprobar y decidir que ella lo que quiere ser es comisaria política de Sánchez en lugar de ayudar a todos los vecinos de Toledo. Desde el PP vamos a hacer todo lo posible para que esto finalmente no se acepta y que algo así no suceda”.

Tras la resaca por la celebración del acuerdo europeo para los fondos de reconstrucción, a Pedro Sánchez le toca ahora retomar la negociación. Aunque los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas son un balón de oxígeno para los planes de la coalición, que había visto cómo sus perspectivas económicas se difuminaban ante la devastadora pandemia de la COVID-19, el Gobierno tiene que empezar a distribuir ese dinero. Por un lado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que no tienen aún el camino despejado, y, por otro, abordar el asunto con alcaldes y presidentes que han mostrado su desagrado con la distribución que se ha hecho hasta ahora.

Nada más aterrizar desde Bruselas, Sánchez reiteró su compromiso de convocar una conferencia presencial con los presidentes autonómicos para dar continuidad al diálogo que ha mantenido semanalmente con ellos durante el estado de alarma y para detallarles, además, el logro conseguido en la UE. “Quiere compartir con todos los presidentes de comunidades autónomas la situación respecto a las ayudas europeas. Este un objetivo de país. Queremos que todo el mundo se sienta involucrado”, expresó la portavoz, María Jesús Montero, el pasado martes. La cita ya tiene fecha y lugar: el viernes 31 de julio en La Rioja.

Los encuentros telemáticos que Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos durante catorce domingos se convirtieron en una retahíla de reproches generalizados que no ha terminado. Algunas comunidades autónomas no han recibido con satisfacción el reparto de 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable que el Gobierno ha puesto a su disposición para hacer frente a los efectos de la pandemia. La Comunidad de Madrid es la que más ha celebrado la recepción de los 1.495 millones correspondientes al desbloqueo del primer tramo de 6.000 millones. Pese a ser la segunda más beneficiada, Catalunya considera que sus 1.246 millones son insuficientes porque el cálculo de su agujero es mucho mayor. La distribución de los fondos -a partir de criterios como población protegida, ingresos en UCI, pacientes ingresados o PCR realizadas- no ha convencido a algunas comunidades, como Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares o Aragón.

Además de abordar la situación de los rebrotes, los criterios para el reparto de los fondos europeos amenazan ahora con convertirse en el nuevo caballo de batalla entre autonomías y con el Gobierno central. La Generalitat ya ha expresado que su pretensión es obtener 30.000 millones de los fondos europeos -casi una cuarta parte del total que corresponde a España (140.000 millones)-. Ese cálculo desairó al Gobierno de Emiliano García-Page, que aseguró que las “peticiones” de Catalunya “son siempre al alza” y “siempre va pensando únicamente en sus intereses”. Pero no solo el Govern de Quim Torra ha planteado ya sus exigencias. El de Andalucía aspira a que el reparto tenga en cuenta los niveles de renta, de desempleo y la población. Otras autonomías como Cantabria, Galicia o la Comunidad de Madrid exigen tener cuanto antes la estimación de lo que percibirán del dinero de la UE para hacer sus planes de reconstrucción.

Ayuntamientos en pie de guerra

Más dura está siendo la pelea con los ayuntamientos, que se sienten ninguneados por el Gobierno central. “Me harta sentirme como un niño pequeño tutelado por su papá, un niño que hace sus deberes y saca buenas notas, mientras que el hermano mayor [en referencia a las autonomías] suspende constantemente y es profundamente desleal con su padre pero recibe toda la atención y todos los recursos”, expresó el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, en plenas negociaciones con el Ministerio de Hacienda a propósito de la financiación de los ayuntamientos y, en concreto, de la reivindicación de las entidades locales de poder invertir su superávit.

El Gobierno ha tenido que retrasar la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto ley con el que pretendía desbloquear el gasto de una parte de los ahorros de los ayuntamientos ante el rechazo generalizado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La propuesta formulada por el departamento que dirige María Jesús Montero no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante en el organismo que representa a las entidades locales y diputaciones por lo que el presidente, Abel Caballero, se vio obligado a aplazar una reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando con Hacienda. La nueva cita será este martes, aunque los cambios introducidos por el Gobierno a su propuesta inicial siguen sin convencer a los alcaldes porque mantiene el grueso de lo que rechazan: que las entidades locales tengan que prestar sus ahorros a cambio de poder gastar solo 5.000 millones de los 14.000 que tienen en total en dos anualidades y recuperar el resto en un plazo de diez años. La otra queja es que no se establezca financiación directa para las corporaciones municipales que no disponen de superávit, aunque la proposición de Hacienda incluye el compromiso genérico de estudiar “la forma en la que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos recibidos” de la UE.

Pero con esos mimbres los socialistas -que también tienen reticencias- no cuentan con una mayoría en la FEMP para aprobar el planteamiento de Hacienda ya que necesitan al menos el apoyo de uno de los otros grupos con representación (PP, IU-Podemos-Comuns, Ciudadanos o JxCat) y ninguno está ahora mismo por la labor, además de que sacarlo por la mínima sería un golpe para el Gobierno dado que se rompería una cierta tradición de consenso en el municipalismo. De hecho, en una nota de prensa emitida por la FEMP, señala que la convocatoria del martes tiene carácter ordinario y que la Junta de Gobierno en la que se abordará la propuesta económica del Gobierno aún no ha sido convocada.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, trata de convencer al resto de alcaldes, aunque por ahora están lejos de transigir. “El planteamiento de Hacienda es muy bueno para las Entidades Locales -expresó este viernes-. En la actualidad, los gobiernos locales no pueden usar sus remanentes y, en este marco, la propuesta del Ministerio permite el uso de una parte de estos, de forma inmediata y sin que compute el déficit. Pasamos de una ley que no nos dejaba utilizarlos, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos”. También puso en valor que incluye otras propuestas “muy importantes” sobre Fondos Europeos, sobre uso del superávit, sobre entregas a cuenta y “otras para los Ayuntamientos que no tienen déficit ni superávit”. “Se trata de una propuesta del Gobierno muy asumible por parte de las entidades locales”, zanjó Caballero, que admitía que las conversaciones seguían abiertas.

El PP considera que la propuesta del Ejecutivo para la inversión del superávit es “inaceptable” y avisa de que no cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante en la Junta de Gobierno del próximo martes. El alcalde de Zaragoza y miembro de ese organismo, Jorge Azcón, reprocha, además, que no se tenga en cuenta a los ayuntamientos que no tienen remanentes. “Cero euros”, expresa en conversación con elDiario.es. “¿A qué ha ido el Gobierno a Europa?”. Azcón es poco optimista respecto a que el próximo martes se cierre un acuerdo y plantea que ya no solo negocie con Hacienda Abel Caballero sino el conjunto de portavoces de la FEMP.

También el regidor de Granada y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP por Ciudadanos, Luis Salvador, cuestiona que el plan solo incluya a los ayuntamientos con ahorros: “¿Y el resto? Los ciudadanos tienen el mismo derecho a salir de la crisis”. “El Gobierno tiene que aportar financiación directa para los ayuntamientos”, zanja Salvador, que se mantiene a la espera de la marcha de “la negociación que o se ha dado por cerrada”.

Ni siquiera el grupo de izquierdas que gobierna en coalición apoya en estos momentos al Gobierno. “La propuesta, a pesar de los cambios incluidos, sigue siendo claramente insuficiente. El acuerdo no alcanza el consenso requerido ni tiene el apoyo de la mayoría en la Junta de Gobierno”, señala en un comunicado. “Tiene aún un claro margen para moverse de sus primeras propuestas, sobre todo si aparece una voluntad política que aún no ha aparecido. No queremos que se produzca una imposición de ningún acuerdo a los municipios e insisto en que hay margen para mejorar su contenido”, señala el portavoz del grupo y alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura. Además de ampliar las excepciones a la regla de gasto que impide a los ayuntamientos gastar el superávit y endeudarse y permitir que esos ahorros se inviertan en más partidas que las que inicialmente propone Hacienda, IU-Podemos-Comuns quiere que “se garantice la participación directa de los ayuntamientos en las ayudas europeas, igual que las comunidades autónomas” y un “calendario” para la reforma de la financiación local.

“A lo largo de este proceso de discusión ya se han ido variando o incorporando algunas cuestiones en la propia propuesta que se entregó a la FEMP. Quiero decir que esto es un proyecto y un proceso dinámico, que vamos recorriendo, que vamos trabajando y que espero que culmine con el voto favorable por parte de la FEMP para hacer posible que este Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que le dé forma a ese acuerdo que posteriormente se tendrá que ratificar por el Congreso de los Diputados”, dijo, por su parte, Montero el martes. Esos cambios son insuficientes por ahora para la mayoría de grupos con representación en la FEMP, que esperan poder avanzar en la negociación y enterrar el hacha de guerra.

Canarias presenta en abril el mayor superávit de entre todas las Comunidades Autónomas, con un 0,73% de su PIB, lo que supone un total de 309 millones de euros, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, las islas han reportado descensos de recaudación, tanto en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) como en el de combustibles y otros, como consecuencia de la crisis del coronavirus, lo que supone una pérdida global solo en abril de 61 millones de euros y un 0,14% del PIB regional.

En concreto, el IGIC ha disminuido un 8,8% hasta situarse en 467 millones en abril, mientras que el Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo recaudado en Canarias descendió un 3,6% hasta los 106 millones --cuando hasta marzo crecía un 31,7%, con un total de 83 millones--.

Canarias también ha registrado pérdidas de recaudación en abril en los impuestos sobre la producción y las importaciones, de hasta el 38,2%, al bajar de los 191 millones de 2019 a los 118 de 2020. Los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio y otros, por su parte, han aumentado un 39,1% en abril, pasando de 110 a 153 millones de euros.

En el conjunto del Estado, el déficit alcanzó en los cinco primeros meses del año los 32.251 millones de euros como consecuencia de la crisis del Covid, una cifra que más que duplica la del mismo periodo del año pasado (15.556 millones) y que equivale al 2,88% del PIB, frente al 1,25% del año pasado. Además, hasta abril, el déficit consolidado de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se sitúa en el 2,14% del PIB

Hacienda achaca el comportamiento del déficit del Estado a la caída de la actividad por el confinamiento “necesario para combatir la pandemia”, lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%.

Asimismo, el aumento del déficit estatal también se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis, que conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.

Al igual que los meses anteriores, Hacienda subraya que en esta evolución se debe tener en cuenta que las operaciones del Estado se encuadran en un contexto extraordinario por la emergencia sanitaria originada por el Covid-19, que se ha reflejado en un incremento de los programas de prestaciones sanitarias y farmacia y en un aumento de las transferencias corrientes a Seguridad Social y comunidades autónomas.

A esto se suma que desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones.

En cuanto al déficit público, excluyendo las corporaciones locales, escaló al 2,14% del PIB hasta abril, si bien Hacienda subraya el “buen comportamiento” de las comunidades, que registran un superávit del 0,02% gracias a los recursos transferidos por el Gobierno, como el adelanto de recursos para este subsector de 6.218 millones, lo que ha llevado a 13 regiones con saldo positivo frente a las cinco del año pasado.

En concreto, presentaron superávits las regiones de Aragón (0,24% del PIB), Asturias (0,39%), Baleares (0,43%), Canarias (0,73%), Cantabria (0,09%), Castilla-La Mancha (0,16%), Castilla y León (0,05%), Cataluña (0,12%), Extremadura (0,57%), Galicia (0,04%), Murcia (0,2%), La Rioja (0,62%) y País Vasco (0,63%).

Por el contrario, continuaron con déficit Andalucía (-0,06%), la Comunidad de Madrid (-0,3%), Navarra (-0,95%) y la Comunidad de Valencia (-0,45%). No obstante, todas las regiones han comunicado un impacto asociado al Covid, que en el caso de Andalucía alcanza el 0,11% del PIB, en Madrid el 0,23%, Navarra el 0,12% y en Comunidad Valenciana el 0,21%. Cataluña lo cuantifica en el 0,25%.

Los fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 0,39% del PIB, frente al superávit del 0,30% de abril de 2019, debido a un alza de los recursos (+0,4%), inferior al notable aumento de los gastos (+15,7%), con un alza de 7.176 millones de las prestaciones sociales.

El gasto en prestaciones sociales ha aumentado en abril en 4.564 millones respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales 3.000 millones corresponden a ERTES y 1.100 millones a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos.

Destaca también el gasto en subvenciones, que crece en 1.159 millones respecto a 2019 debido a las exoneraciones de cuotas. El sistema de la Seguridad Social registra un déficit de 821 millones por el aumento del gasto en prestaciones sociales (+6,9%), frente al alza de los ingresos por cotizaciones sociales (+0,1%).

Incluyendo las corporaciones locales, que registraron un déficit de 493 millones hasta marzo (0,04% del PIB), el déficit público supuso el 0,82% del PIB en el primer trimestre, frente al 0,33% del año pasado. Los gastos han crecido un 5,5%, frente al aumento del 1,1% de los ingresos. Del aumento del gasto, el derivado del Covid-19 asciende a 1.832 millones, según Hacienda.

En cuanto a los ingresos del Estado, registraron una caída del 6,7%, hasta los 82.142 millones, de los que 71.219 millones se corresponden a ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, con un 8,6% menos, y 10.923 millones al resto de ingresos (+8,2%). Solo en mayo, los ingresos totales fueron de 13.641 millones, un 16,7% inferiores.

Hacienda explica que el descenso de la recaudación se debe al

parón de la mayor parte de la actividad económica, como consecuencia del estado de alarma, y a la adopción de medidas temporales de

carácter normativo. Por ejemplo, la ampliación de plazos para presentar declaraciones y autoliquidaciones y la posibilidad de solicitar aplazamiento para determinadas deudas tributarias ha tenido un impacto de 2.586 millones, la suspensión de los plazos de deudas tributarias 1.629 millones, entre otros.

Dentro de la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales, la del IRPF alcanzó hasta mayo los 33.149 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades registraron una cifra negativa de 2.165 millones debido a las devoluciones realizadas.

En la imposición indirecta, que cedió un 8,9%, hasta 38.504 millones, la recaudación por IVA cayó un 9,1%, hasta los 29.268 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales sumaron 7.823 millones de euros, un 8,4% menos. Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas alcanzó los 277 millones (-0,7%), el de cerveza los 117 millones (+4,5%) y Labores del tabaco 2.512 millones (+4,8%).

En lo que respecta a los gastos, crecieron un 14,1% en términos de caja, hasta 66.843 millones en los cinco primeros meses del año. Los referidos al personal alcanzaron los 6.656 millones hasta mayo, un 5,1% más, principalmente por el alza de los sueldos (+1,5%), hasta 5.377 millones y las cotizaciones (+24,4%), hasta 1.253 millones.

Mientras, los gastos corrientes se elevaron un 37,6%, hasta los 2.018 millones de euros. De su lado, las transferencias corrientes crecieron un 19,3%, hasta los 42.625 millones, y las de capital subieron un 13,3%, hasta 2.646 millones.

Por último, las inversiones reales bajaron un 4%, hasta los 1.147 millones de euros, como consecuencia del descenso del 37,1% en el Ministerio de Defensa, hasta 307 millones, frente al alza del 18,8% en inversión civil, con 840 millones, por el alza del Ministerio de Fomento (+26,2% y 583 millones).

El Gobierno de Canarias podrá hacer uso del superávit de ejercicios anteriores tras la aprobación de un Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros en el que se regula el reparto de los 16.000 millones de euros del fondo extraordinario de financiación autonómica no reembolsable por la COVID-19 y donde se establecen las reglas especiales para el destino de superávit en Canarias, País Vasco y Navarra, las tres únicas comunidades que tienen, además, un sistema de financiación diferenciado. 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado hoy que, en cuanto al fondo no reembolsable, con este Real Decreto-ley “se mejora la primera propuesta de distribución” porque Canarias pidió que se tuvieran en cuenta todos los test efectuados como criterio de reparto -y no solo los test PCR positivos-, solicitó que hubiera fondos específicos para educación -y los hay-, y también reclamó un fondo específico para transportes, y está, con 32 millones de euros para el transporte interurbano de Canarias, que es competencia de los cabildos. 

El presidente remarcó la importancia de que dentro de los 800 millones de ese último fondo para transportes se destine a Canarias el 4 por ciento, o sea, 32 millones de euros. “Estamos hablando”, apuntó el jefe del Ejecutivo canario, “de una importante inyección económica de cientos de millones de euros para gasto suplementario este año por la COVID-19”. 

Un acuerdo histórico 

El Real Decreto-ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros que regula el reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable también formaliza, en una disposición adicional, el uso del superávit de ejercicios anteriores, medida ésta que ya fue anunciada por el presidente de Canarias y el vicepresidente el pasado 13 de mayo, tras la celebración de una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Hoy ya no es una promesa ni una afirmación; hoy es un hecho reglado que tendrá que ser ratificado en el Congreso de los Diputados, y espero que así sea”, apuntó el presidente. 

Ángel Víctor Torres ha calificado de “histórica” la medida contemplada en el Real Decreto-ley, porque “por primera vez, desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, Canarias podrá usar el superávit, no para pagar deuda, no para los bancos. Ahora se podrá usar para los ciudadanos, para el gasto corriente y para la aminoración de los ingresos”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado hoy su visita a Cuenca y el anuncio de una serie de proyectos de la ciudad, para remarcar que “a todos los alcaldes que me piden nunca les voy a decir que hacen victimismo barato”. ¿Por qué ha mencionado especialmente esta expresión? Justo ayer, la alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Milagros Tolón (PSOE), afirmaba que los alcaldes y alcaldesas españolas están “muy cansados” del “victimismo” de las autonomías.

Y es que la alcaldesa había mostrado su enfado por otras declaraciones iniciales de de García-Page donde señalaba que “quien ha tenido el golpe sanitario son las comunidades autónomas” y que los ayuntamientos, en general, “van a salir todos estupendos, por la puerta grande”.

Como Milagros Tolón ayer se refirió a esas palabras elogiando el papel y el esfuerzo de los ayuntamientos durante la crisis sanitaria y mencionando el “victimismo” de las comunidad autónomas, el presidente de Castilla-La Mancha también ha vuelto hoy a la polémica.

Dirigiéndose al alcalde de Cuenca, Darío Dolz (también del PSOE), le ha dicho que a todos los alcaldes que le piden “yo no les voy a decir que hacen victimismo barato”. “Al contrario, me pongo en vuestra piel. Yo he sido alcalde de Toledo y me encontré 21 millones de euros de ruina sin pagar en los cajones, y cuando me fui ya había dinero para gastar…”.

De hecho, ha dicho comprometerse con la FEMP -“a mí no me han puesto en ningún cargo a dedo”- a que “se os deje gastar el dinero”. Se ha referido con ello al superávit de los ayuntamientos y que en el caso de Toledo, ha dicho, alcanza los 30 millones de euros, que “daría para no cobrar tasas de bares y terrazas, o para pagar mascarillas hasta el año 2035”. “Que no es que yo dé ideas, es que es justo que los ayuntamientos puedan gastar”, ha subrayado.

El Ministerio de Hacienda ha aceptado el uso del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la merma de ingresos que ha sufrido por el parón económico que ha provocado la crisis del coronavirus y que ha afectado con mayor virulencia al archipiélago.

Así lo ha informado este miércoles el Gobierno regional tras una reunión bilateral telemática en la que participó la ministra, María Jesús Montero, por parte del Estado; y el presidente, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, por parte de Canarias.

De igual modo, el Ministerio se ha comprometido a estudiar la situación financiera de los cabildos para permitir el uso de sus remanentes con el objetivo combatir los efectos de la crisis social y económica, abriéndose a partir de ahora un espacio de trabajo continuo entre el Gobierno de España y el de Canarias.

Por otro lado, Montero estudiará la propuesta del Ejecutivo regional para que haya cambios en los parámetros del reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros entre todas las CCAA y que se otorgue más peso al criterio poblacional y al total de PCR realizados en lugar de solo a los que han dado positivo.

Al respecto, el vicepresidente, Román Rodríguez, ha destacado la importancia de este encuentro por el valor que tiene el reconocimiento al “hecho diferencial de las islas”.

Finalmente, el Gobierno canario ha señalado que el propio presidente de España, Pedro Sánchez, llamó durante la mañana de este miércoles al máximo dirigente canario, Ángel Víctor Torres, para hablar de estos asuntos, además de la desescalada en el archipiélago y en el conjunto del país.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, “en consonancia con las corporaciones locales del resto de España, exige al Gobierno del Estado que permita a los ayuntamientos a que utilicen el cien por cien de su superávit para medidas de lucha contra el coronavirus”, indica en una nota de prensa. Al efecto, destaca que “Los Llanos de Aridane cuenta con 6,6 millones de euros de remanente”.  El Consistorio aridande espera que “el Gobierno de España confirme los ingresos previstos para este año y así poder afrontar las necesidades de los ciudadanos”.   

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane pide que “se flexibilice la regla de gasto y las normas fiscales, como medida absolutamente necesaria para afrontar no solo la crisis sanitaria sino la crisis económica y social fruto de la misma puesto que, su uso, se encuentra limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

En este sentido desde el Ayuntamiento se asegura que “Los Llanos de Aridane contará con un plan económico financiero que le permita cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria para corregir el incumplimiento de la estabilidad de 2019 sin complicaciones”. Las arcas municipales, asegura, “cuentan con la solvencia económica suficiente para acometer las medidas necesarias para ayudar a los vecinos e impulsar la economía del municipio, prueba de ello es la liquidación del presupuesto del año pasado que arroja que el municipio cuenta con 6,6 millones de euros de remanente de uso general”.

Para ello, se apunta en la nota, “desde el Ayuntamiento aridanense y gracias a las aportaciones hechas desde las diferente sectores del municipio se está confeccionando una batería de medidas para modificar partidas del presupuesto que se destinarán a gasto e inversión que permita a los empresarios y comerciantes locales afrontar la crisis y que sin duda alguna incluirá una línea de subvención a pymes y autónomos, entre otras, como lo ha manifestado la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, en el primer pleno telemático de la historia municipal celebrado este jueves, 30 de abril”.

En el mismo sentido,  el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane considera que “es indispensable que se reanuden los plazos para continuar con la contratación de obra pública de forma que pueda ser reactivada a la mayor brevedad”. Por lo que “se exige que se permita levantar la suspensión de los plazos para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica y del empleo”.

Se plantea además, concluye, “que los fondos que provienen tanto del Gobierno Central como de la Unión Europea sean administrados por los ayuntamientos de tal forma que los recursos lleguen de forma directa a los ciudadanos”.

Canarias se mantiene expectante ante las decisiones del Gobierno central en materia económica y financiera. Entre las reivindicaciones que desde la primera semana del estado de alarma realizó el presidente regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), destaca que se permita por parte del Estado la utilización del superávit y que además pueda ser gestionado por las propias corporaciones insulares y municipales. Se trata de una decisión en la que es determinante la postura de Bruselas, ya que ejerce control sobre el déficit de España. El correspondiente a la comunidad autónoma del año pasado se sitúa en unos 300 millones de euros, a lo que se suman los 4.500 que cifran los 88 ayuntamientos de las Islas. Sin embargo, estas partidas no serán suficientes ante la crisis económica que ya empieza a hacer estragos. Pese a que se trata de una demanda que se continúa defendiendo desde el Gobierno de Canarias también lo es la de permitir endeudarse a largo plazo, ya que durante los próximos meses se producirá una bajada de la recaudación fiscal, entre otras cuestiones, porque se ha permitido desde el Ejecutivo el aplazamiento de los tributos a los contribuyentes.

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno central ante el impacto que está generando el estado de alarma ha sido la de permitir a los ayuntamientos el uso de un 20% del superávit para “gasto social”. Sin embargo, se trata de una iniciativa, que aunque desde la Federación Canaria de Municipios (FECAM) ven positiva, sí que añaden que no todos los ayuntamientos se pueden acoger a ella ya que está sujeta a una serie de condiciones de acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no todos pueden cumplir: si tienen obligaciones pendientes con respecto al ejercicio anterior o aún no han realizado los debidos pagos a proveedores, por ejemplo. Por ello, solicitan una mayor flexibilización en este sentido, además de que se pueda utilizar el 100% de este dinero.

Hay una serie de ayuntamientos de Canarias que además siguen sometidos a planes de ajuste que comenzaron entre 2012 y 2014 para poder hacer frente a los problemas que generó la crisis económica de 2008. Según el último listado publicado por el Ministerio de Hacienda, de finales de 2019, son 17 los ayuntamientos que no han finalizado este plan, aunque en general muestran una tendencia favorable en su cumplimiento. Uno de los más afectados en los últimos años ha sido Telde, el cuarto en población de Canarias (102.647 habitantes, según el Instituto Canario de Estadística ISTAC). Con una tasa de paro del 29%, es uno de los municipios de España donde más golpea la pobreza. La ciudad está sometida desde 2012 a un duro plan de ajuste desde que fue devastada por la corrupción en 2005 y 2006 (casos Faycán y Grupo Europa, entre otros del periodo de gobierno PP-Ciuca) y la crisis de 2008, aunque este año conseguía situar su deuda en 20 millones y sus gobernantes (pacto entre Coalición Canaria, Nueva Canarias y Más por Telde) eran optimistas en reducir la deuda a cero este año.

El alcalde de Telde, Héctor Suárez (CC), admite que al estar sometido a este plan de ajuste, el ayuntamiento no dispone de superávit en los bancos ya que lo ha utilizado para amortizar la deuda bancaria: de 154 millones de euros, ha pasado a 20. No obstante, sí cree “firmemente” en que hay que dejar a las administraciones locales utilizar el superávit y los remanentes de tesorería del año 2019, para evitar su endeudamiento. “Aunque entiendo que la caída de ingresos es tal que apostaría por las dos posibilidades y así, minimizar el endeudamiento y que no suponga poner en riesgo ningún servicio público, empleo público o recorte de ningún tipo”, apunta.

La necesidad de utilizar el superávit también ha sido reclamada por los siete cabildos para hacer frente a la situación de crisis económica y social sobrevenida por la crisis sanitaria. Uno de los más insistentes ha sido el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que cree que se trata de unas partidas por las que es necesario luchar.

El superávit vuelve a enfrentar a los partidos

La diputada Ana Oramas (CC) y el diputado Pedro Quevedo (NC) han defendido esta semana desde la tribuna la necesidad de que el Ejecutivo central libere el superávit de la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos. Ambos coincidieron en dibujar un panorama nada alentador para el Archipiélago, a lo que Pedro Sánchez subrayó que ya está debatiendo el uso del superávit y que, de momento, se ha permitido el uso del 20% para servicios sociales. No obstante, insistió en que una medida fundamental será el ingreso mínimo vital.

Igual de incisivo sobre el uso del superávit se ha mantenido Ciudadanos en Canarias. La diputada Vidina Espino ha insistido estos días en que se libren esos 300 millones de euros de la comunidad autónoma. Mientras, el PP solicita un plan de choque para la reconstrucción de la comunidad autónoma “que priorice a las personas y los servicios públicos”. A la vez que las formaciones políticas se enzarzan cada día en una guerra por el uso de estas partidas, el Gobierno aguarda también las decisiones de la Unión Europea en esta materia, y determinante para saber cuáles son las normas de estabilidad presupuestaria a las que los países se enfrentarán en los próximos años.

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte repartirá su superávit a ayudas directas a autónomos, empresas y proyectos sociales. El alcalde, Juan Miguel Rodríguez, anuncia “una importante revisión” del presupuesto de 2020 para atender el impacto económico por la crisis del coronavirus, se informa en nota de prensa.

“El día 14 de marzo fue declarado el estado de alarma a nivel nacional por la pandemia del coronavirus COVID-19) y por las medidas adoptadas de confinamiento, se vieron afectados al cierre un gran número de negocios (restaurantes, bares, kioscos, bazares, peluquerías, tiendas textiles, deportivas, etc.)”, señalan. “El panorama socioeconómico, en menos de un mes es alarmante, donde es urgente empezar ya a dar respuestas a las necesidades de nuestra sociedad. Lo principal ahora son las personas, el objetivo es mantener el empleo que teníamos y conseguir que decenas de establecimientos puedan mantener su actividad tras la crisis”, ha anunciado el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez Acosta. 

“En enero de 2020, el número de personas desempleadas en La Palma era de 7.990 y en Tazacorte, 521. El mes de marzo, el número de personas paradas en La Palma era de 8.426, se incrementó en 532 personas, un 6,73% más que en el mes de febrero. En Tazacorte era de 532, incrementándose en 19 personas, un 3,70% más. Este aumento puede ser achacable a los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que muchas empresas han solicitado. No cabe duda de que las cifras irán ascendiendo durante el confinamiento previsto en el presente mes de abril. Actualmente, el número de trabajadores afectados por ERTE en Tazacorte ascienden a 174 personas y en nuestra Isla se han visto afectados ya 3.486 trabajadores. Por consiguiente, el Ayuntamiento destinará medidas de apoyo a las empresas, autónomos, desempleados y familias, pues se vislumbra un futuro de pérdida de empleo con cifras de parados en nuestro municipio que podrán ascender alrededor de los 700 parados. Esta situación nos preocupa y nos ocupa en la búsqueda de medidas para ayudar a nuestros vecinos”, dicen.

El alcalde también ha avanzado que ante el “la crisis económica que está suponiendo la pandemia, afrontará una importante revisión del presupuesto del año 2020. En este sentido, desde el Consistorio se han elaborado diversos proyectos sociales que financiaremos con el 20% del superávit municipal, dando cumplimiento a lo establecido por ley. Además, hemos presentado dichos proyectos sociales a las instituciones supramunicipales solicitando financiación”, señalan. 

Desde el equipo de Gobierno local (Nueva Canaria- Unión Bagañeta ) se han acordado tomar las siguientes medidas: 

Barlovento finalizó 2019 con un superávit de un millón de euros. En concreto, el Ayuntamiento ha cerrado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior con un excedente contable de 989.770,02 euros, se informa en nota de prensa.

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Barlovento hace “una valoración positiva de estas cifras conseguidas gracias a la implicación de todas las áreas, pero entiende que lo más importante es que permitan tanto a esta entidad como a otras destinar estos fondos a aliviar los perjuicios tanto sociales como económicos que esta pandemia tan grave ha ocasionado”.

En palabras del alcalde, Jacob Qadri, “hemos cerrado un año 2019 importante para nuestro municipio en diversas materias; en el área social hemos puesto en funcionamiento nuestra residencia de mayores y centro de día, en agricultura la puesta en marcha del recinto para el agromercado y espacio multifuncional, en turismo la apertura del hotel del Faro de Punta Cumplida, en empleo un programa formativo sociosanitario para mejorar la empleabilidad, en deportes la apertura del polideportivo y el gimnasio municipal, además de destacadas actuaciones en los centros escolares, red de riegos y vías municipales, entre otras. Asimismo, en materia económica hemos continuado avanzando para conseguir el endeudamiento cero, para lo cual hemos destinados 255.713,00 euros a la amortización de deuda bancaria”.

Qadri añade que “lo más importante es el trabajo que aún nos queda por hacer y éste debe ir dirigido inicialmente a  todas las familias, empresas grandes o pequeñas que están sufriendo en sus propias carnes la crisis que en todos los ámbitos ha desencadenado el Covid-19 y para ello es fundamental que a las entidades locales nos permitan el uso de estos fondos”.