El rechazo de los alcaldes obliga al Gobierno a retrasar la aprobación del decreto para autorizar el uso de sus ahorros

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en una rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento olívico.

El Gobierno no ha logrado aplacar a los alcaldes con la propuesta que les hizo llegar la semana pasada para que pudieran gastar parte del superávit que tienen acumulado prestando los cerca de 14.000 millones de ahorro al Estado a cambio de disponer de 5.000 millones de euros en lo que queda de 2020 y 2021. El restante les sería devuelto en un plazo de diez años. El enfado de los regidores se mantiene y rechazan el planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ante la falta de apoyos, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, desconvocó el viernes a la Junta de Gobierno apenas dos horas antes de la reunión en la que se iba a discutir el asunto. La negativa de los alcaldes ha obligado, además, a cambiar los planes del Ejecutivo, que pretendía aprobar este martes en el Consejo de Ministros el decreto ley con las nuevas excepciones a la prohibición general de gastar el superávit.

La guerra entre los ayuntamientos y el Estado viene de lejos, pero se ha recrudecido en los últimos meses ante la crisis económica y social que ha dejado la pandemia. La COVID-19 ha resituado en primera línea la reivindicación del municipalismo de acabar con la conocida como 'ley Montoro', la normativa impuesta en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy que impide a los consistorios endeudarse y gastar el superávit que generen. Los alcaldes reclaman al Gobierno que elimine esa limitación y permita que aquellos ayuntamientos cumplidores puedan invertir sus ahorros. La FEMP aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamaba poder usar la "totalidad" del remanente de tesorería -unos 14.000 millones- y envió al presidente y alcalde de Vigo a negociar con Hacienda.

Pero la propuesta que recibieron los alcaldes de Montero tras semanas de negociación choca con la representación del municipalismo. El planteamiento de que los ayuntamientos presten al Estado sus ahorros a cambio de percibir solo 5.000 millones en los próximos dos años y el resto en plazos durante la próxima década no convence a nadie en el seno de la FEMP, ni siquiera los socialistas, que encabezaron el choque con el Gobierno por la negativa a dejarles invertir el superávit, aunque públicamente tanto la vicepresidenta de la institución, Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, y el de Sevilla, Juan Espadas, pusieron en valor la propuesta de Hacienda. No obstante, insistieron en la necesidad de alcanzar un "consenso" entre las partes.

Ante las reticencias, el presidente de la FEMP suspendió al Junta de Gobierno prevista para el viernes y la pospuso para esta semana (aún sin fecha) con el objetivo de "seguir estudiando las propuestas económicas de las Entidades Locales que se están negociando con el Ejecutivo". La nota de la institución no daba por cerrada la negociación con Hacienda, mientras que el ministerio había asegurado que la propuesta se había negociado y estaba a la espera del visto bueno definitivo de la FEMP. La negativa de los alcaldes ha obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retrasar la aprobación del decreto ley -previsto para el Consejo de Ministros de este martes- en el que iba a recoger la autorización para la inversión de parte de los ahorros municipales -en cuestiones relacionadas con agenda urbana y movilidad, sistema de cuidados y cultura- a cambio del préstamo "voluntario" a las arcas del Estado.

Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que es imposible sacar adelante esa propuesta sin contar con el beneplácito de los alcaldes en el marco de la FEMP. La idea de Caballero es convocar de nuevo la Junta de Gobierno de la organización esta semana.

Desde el PP lamentan que el Gobierno pidiera a los alcaldes una propuesta hace meses y que hayan ignorado el documento que le remitieron acordado por unanimidad. "Ha sido una sorpresa recibir ese documento que nada tiene que ver con el que propusimos. El rechazo ha sido casi unánime", expresa José María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, que considera que Caballero optó por suspender la reunión de la Junta de Gobierno "ante la certeza de que no tenía ningún viso de prosperar" la propuesta.

Los alcaldes del PP están a la espera de una nueva convocatoria y de una nueva propuesta que se asemeje a la que pactaron todos los partidos dentro del municipalismo, aunque aseguran que no hay una negociación abierta con el PP. "Nos gustaría recibir el ok al documento que nos pidió el Gobierno", admite el regidor conservador, que está dispuesto a "flexibilizar" algo la posición si hay "diálogo": "No vamos a aceptar un chantaje ni a renunciar a que el dinero de los ayuntamientos se reinvierta en los ciudadanos [a través de los ayuntamientos]". En conversación con elDiario.es, el regidor de Estepona se muestra convencido de que con el PP en el Gobierno se habría modificado ya la ley que impide gastar el superávit, que se aprobó con Cristóbal Montoro en Hacienda, y que considera que fue necesaria en su momento dadas unas circunstancias socio-económicas "que han cambiado": "Gracias a esas normas, esos ahorros, pero ha llegado el momento de invertir".

El alcalde de Rivas Vaciamadrid y portavoz del grupo Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la FEMP, Pedro del Cura, coincide en que la propuesta de Hacienda "va en la dirección opuesta" al planteamiento que los alcaldes hicieron llegar al Gobierno por lo que considera que es "inaceptable": "La mayoría de grupos entendimos que es insuficiente". "Se está trabajando en clave interna para hacer una propuesta complementaria a Hacienda", explica el regidor de IU, que considera que los ayuntamientos no pueden volver a ser "los paganinis de la crisis".

Del Cura sostiene que los consistorios no pueden ser los "hermanos pequeños siempre tutelados" cuando son "parte del Estado para solucionar la crisis" y apuesta por renegociar el planteamiento de Hacienda de manera que haya varias propuestas y que las entidades locales "puedan acogerse a diferentes medidas" en función de su situación.

"Deseo que la FEMP siga teniendo posición de consenso", explica Del Cura a elDiario.es. Los socialistas son mayoritarios en la institución que representa a municipios y diputaciones, pero, en el caso de rechazo del PP, necesitan del respaldo al menos de uno de los otros tres grupos con representación en la Junta de Gobierno (IU-Podemos-Comus, Ciudadanos o JxCat) si se produjera una votación en la Junta de Gobierno. Ninguna de esas tres formaciones acepta la propuesta en los términos en los que la ha planteado Hacienda.

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20 de julio de 2020 - 22:22 h

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