El Gobierno quiere presentar los presupuestos en septiembre si antes logra amarrar todos los apoyos

El acuerdo de la UE para los fondos de reconstrucción ha insuflado ánimos al Gobierno, que recibe así un balón de oxígeno en forma de 140.000 millones de euros -de los que 72.700 son transferencias-, un 11% del PIB español en 2019, para hacer frente a la reconstrucción económica y social tras la pandemia de la COVID-19. Ni Pedro Sánchez ni su gabinete han escondido la euforia, que ha llevado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a asegurar que el pacto del Consejo Europeo es “determinante” y “definitivo” para los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en los que se deben plasmar los planes y proyectos que se financiarán con ese dinero. Aunque el Ejecutivo ha comenzado ya el trámite interno de elaboración de las cuentas públicas para el próximo ejercicio, la intención de Montero es presentarlos una vez tenga amarrados los apoyos para que salgan adelante.

A pesar de que Bruselas ha dado un respiro a la coalición con lo que Sánchez ha considerado un acuerdo “histórico”, en el Gobierno son conscientes de que la aprobación de los presupuestos es vital para su continuidad y que la derrota en su tramitación no es una opción. De hecho, la presentación de sendas enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2019 por parte de las fuerzas independentistas condujo al adelanto electoral del 28 de abril. Pero las circunstancias eran completamente distintas a las de ahora, que la legislatura acaba de comenzar.

Por eso desde el Gobierno advierten de que su intención por el momento es negociar los presupuestos antes de llevarlos al Congreso. La ministra de Hacienda siempre ha dicho que su intención es presentarlos “en tiempo y forma”, es decir, el 30 de septiembre, independientemente del calendario electoral en Catalunya; pero el Ejecutivo condiciona, al mismo tiempo, ese plan a tener los apoyos previamente cerrados. “Va a depender de las conversaciones con los grupos”, reconocen fuentes gubernamentales: “La pretensión es presentarlos con los apoyos. En ese esquema nos movemos hoy por hoy”.

“Si no tenemos capacidad de alcanzar un acuerdo habrá que seguir hablando hasta que se consiga”, expresan esas mismas fuentes. No obstante, la inyección de la UE ha sido económica, pero también ha incrementado el optimismo en el gabinete. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Montero explicó que no tendría sentido que España -con el visto bueno de la mayoría del Parlamento- solicita fondos a Europa y que después no los ponga en práctica a través de la herramienta que tienen para ello: los presupuestos. “Sería como despreciar esa capacidad económica que ha puesto la UE”, señaló.

La ministra de Hacienda aprovechó para presionar a Pablo Casado para que entre en esa ecuación en un momento insólito para el país tras el paso de la pandemia del coronavirus y la amenaza de una nueva ola. “Animamos a que el PP se contagie de ese espíritu de colaboración y de consenso. No se está apoyando a este Gobierno sino contribuyendo a la recuperación de este país”, afirmó Montero, que pretende descolgar el teléfono para hablar con todos los grupos con representación parlamentaria. No obstante, el entendimiento con el principal partido de la oposición parece imposible a juzgar por las señales que emiten los de Casado y lo compleja que ha sido la negociación de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, que ni siquiera tienen efectos jurídicos ni legislativos.

El Gobierno ha jugado, además, a varias bandas en las últimas semanas a raíz de la alianza sorpresa que logró con Ciudadanos para las últimas prórrogas del estado de alarma. Ese entendimiento llevó a los de Inés Arrimadas a abrir la puerta a secundar las cuentas públicas y a la parte socialista del Gobierno a dejar de señalar a los de la investidura como socios prioritarios para los presupuestos. No obstante, en los últimos días ha retomado la vía de las fuerzas progresistas para el proyecto presupuestarios. Lo hizo la número dos del PSOE, Adriana Lastra, en su última rueda de prensa y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en elDiario.es: “Nosotros somos un gobierno progresista. Otra cosa diferente es que hayamos tenido que vivir la excepción de decretar la alarma y la prórroga del decreto cada quince días -señaló Calvo-. Nosotros somos un Gobierno progresista que se apoya en los partidos progresistas de la Cámara y de todos aquellos que quieran entender en algún momento que la política no puede ser de bloqueo y de destrucción continua”.

Aunque el Ejecutivo asegura que trabajará en los presupuestos independientemente de la decisión de Quim Torra sobre las elecciones catalanas, sí mira de reojo el calendario electoral en Catalunya. Fuentes gubernamentales sostienen que ERC tendrá que “reflexionar” dado que, según entienden los socialistas, los acuerdos progresistas que puedan alcanzar les sirve de cara a su electorado. “Cada uno tiene que plantearse cómo llega a esas elecciones. ERC se ha visto beneficiada de los acuerdos con el Gobierno”, señalan esas fuentes, que subrayan que los republicanos catalanes “no ha dicho que no se vaya a sentar”.

Efectivamente, Gabriel Rufián mantiene su intención de negociar las cuentas, aunque los republicanos reconocen que la posibilidad se celebren los comicios catalanes complica su eventual apoyo. No obstante, no es la única advertencia: ERC lleva semanas afeando al Gobierno su acercamiento a Ciudadanos y algunas decisiones de la coalición como la rebaja de expectativas de algunas de las medidas previamente acordadas -como la derogación de la reforma laboral- en las conclusiones de la comisión de reconstrucción en aras de lograr recabar el mayor respaldo parlamentario.

Una derogación a la que desde la pata del Gobierno de Unidas Podemos asegura que no renuncian. Este mismo martes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba en una conferencia que el plan de reconstrucción europeo no está condicionado a mantener la reforma laboral del PP y que su desmontaje sigue en su agenda.

El último apercibimiento en esa dirección lo hizo Rufián este mismo martes en el Congreso, durante el debate de las conclusiones en el Pleno y tras el acuerdo en el Consejo Europeo: “¿Alguien cree que los centenares de millones de de la UE son gratis? ¿Nadie puede llegar a pensar que todo esto tiene una contrapartida? Nosotros lo sospechamos. La contrapartida puede ser la siguiente: recortes en los Presupuestos. Y todo el mundo puede llegar a pensar que es mucho más sencillo negociar recortes en los presupuestos con Ciudadanos que con ERC. He aquí la presencia de Ciudadanos en la ecuación”. “Esperamos no tener razón”, sentenció.

Por ahora el Gobierno sostiene que no está en su plan hacer recortes y que los fondos europeos refuerzan esa posición. “Gracias a este programa, el Gobierno podrá impulsar un plan de reformas ambicioso, orientado con las líneas estratégicas de la UE, que coinciden con las prioridades que marcó durante la legislatura y al inicio de la legislatura el propio presidente, es decir, una apuesta por el crecimiento verde, digital, inclusivo, que apueste por la por la innovación, la formación de capital humano, la ciencia, la formación profesional y la educación”, explicó la portavoz este martes.

Fuentes del Gobierno aseguran que el acuerdo de la UE no va a suponer, por tanto, un problema con el aliado de la coalición, Unidas Podemos, y que siguen adelante las reformas planteadas en el programa de gobierno, como la reforma fiscal -que incluye impuestos como el de transacciones financieras, la Tasa Google o la lucha contra el fraude-. Montero también negó que la UE haya impuesto condiciones relativas a la derogación de la reforma laboral, que fueron solo “pretensiones” de algunos países, y aseguró que el objetivo del Gobierno se mantiene según el calendario que permita la pandemia y siempre en el marco del diálogo social. “Aquí solo han hablado de reforma laboral Holanda y el PP”, zanjan en Moncloa.