Carmen Calvo: “El Gobierno no puede cuestionar la jefatura del Estado porque estaría incumpliendo la Constitución”

Pasa que España vive una pandemia que se ha llevado ya casi 30.000 muertos. Pasa que el país está pendiente de una negociación en Bruselas para la llegada de fondos europeos con los que afrontar la reconstrucción económica derivada de la crisis sanitaria. Pasa que el Congreso es un campo de batalla en el que la oposición no entiende de momentos históricos, ni de asuntos de estado y todo lo convierte en un barrizal. Pasa que hay un rey emérito que está siendo investigado por la justicia suiza y la española por blanqueo y presunto fraude fiscal, después de haberse beneficiado del cargo para un obsceno enriquecimiento. Pasa que el independentismo catalán ha acusado al Ejecutivo de “espionaje” político y pasa que uno de los partidos que conforma el actual Gobierno de coalición trata de marcar perfil propio en muchos de estos asuntos. Este es el cuadro. De su composición y sus matices habla la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien recibe a elDiario.es en La Moncloa, justo después del primer homenaje civil de Estado en memoria de las víctimas del COVID. Un acto aconfesional que es, como define la Constitución, a nuestro estado aunque no lo haya sido en 40 años, y en el que  Felipe VI solo fue uno de los tres protagonistas que hubo. Del rey, de su padre y de la decisión que el monarca debe tomar para que no se tambalee aún más la institución monárquica también habla Calvo para insistir una y otra vez que la del jefe del estado es una actitud “absolutamente impecable” y que hay repúblicas menos democráticas que algunas monarquías. Sobre la Iglesia Católica ya avanza que muy pronto la veremos pagando el IBI de sus edificios.

Viene usted del homenaje civil por las víctimas de la COVID-19. ¿Lo que hemos visto es el primer paso para que España sea el Estado aconfesional que no ha sido en 40 años?

Lo que hemos visto ha sido una ocasión obligada para la unidad de todos los poderes del Estado y de todos los representantes políticos arropando a las víctimas y a la sociedad, sin más intermediarios. Ha sido la sociedad la que ha hablado por sí misma, con la presidencia del jefe del Estado. Era una ocasión absolutamente triste, pero completamente idónea para hacer una ceremonia de estas características. Es verdad que nunca se había hecho de esta forma. Los precedentes que tenemos eran o bien funerales religiosos o ceremonias militares de despedida a los fallecidos de las Fuerzas Armadas, pero nunca habíamos tenido que establecer un rito civil, completamente democrático, en el que caben todos los poderes, todas las confesiones religiosas...

¿Es el momento de impulsar la ley de libertad religiosa que metió en el cajón Zapatero para no soliviantar a la conferencia episcopal y que, por otra parte, forma parte del acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos?

Tenemos que seguir esforzándonos mucho por proteger la diversidad religiosa de nuestro país. Como cualquier sociedad abierta, desarrollada y libre, convivimos quienes tienen sentimientos religiosos, quienes no y quienes los tienen de muy diversa manera. Eso ya está aceptado en la sociedad española, y ese es un valor constitucional a proteger: la libertad que implica diversidad religiosa. A lo largo de esta legislatura, en algún momento, tendremos que seguir dando pasos respecto a la neutralidad en términos religiosos. Las instituciones del Estado tienen que ser neutras en cuanto a la religión, que cada cual tiene el derecho de vivir y sentir como derecho individual, y a la diversidad en el conjunto de toda la sociedad. Esas son dos líneas en la que esta sociedad ya está viviendo y en las que hay que seguir avanzando. 

¿Esa neutralidad hay que desarrollarla mediante una nueva iniciativa legislativa? ¿Se ha de proteger por ley?

Es una materia que llevo yo particularmente. De momento me estoy planteando llevar la Ley de Memoria Histórica en muy pocos días. Pero sí, destaco dos cosas: somos una sociedad de diversidad religiosa, hay que proteger esa diversidad que es la libertad individual de cada uno y de cada una y hay que procurar la neutralidad de las instituciones. Las instituciones son civiles y tienen que ser neutras porque es la única forma de respetar a todo el mundo. 

A la ceremonia han invitado a los ex presidentes del Gobierno, pero no al ex jefe del Estado, Juan Carlos I.

Esto era un acto público y él ya está fuera de la actividad pública.

Los ex presidentes del Gobierno también.

Pero los ex presidentes del Gobierno tienen un estatuto público, como es sabido. Siguen teniendo auxilio de recursos públicos, como es lógico, además de la pensión que reciben, aunque no tengan un papel determinado. El rey emérito está fuera de las actividades públicas desde hace ya algún tiempo.

¿Entonces no ha tenido nada que ver los escándalos que hemos conocido las últimas semanas?

Esas informaciones, que algunas están siendo objeto de investigación por parte de la justicia de otro país y, en alguna medida, también en la Audiencia Nacional afectan al rey emérito en su condición de ex jefe del Estado, obviamente. El presidente lo dijo el otro día, habrá muchos ciudadanos que estarán siendo críticos o sentirán inquietud por estas informaciones. Pero para el Gobierno hay una situación absolutamente clara: el jefe del Estado actual es Felipe VI, que tiene un comportamiento absolutamente correcto en la posición constitucional. El rey emérito está siendo objeto de una información pública que, de momento, afecta a la justicia que está fuera de nuestro país en la que él no está directamente implicado sino personas colaterales en relación a su propia vida, y esa es la situación que mantenemos. Lo que esté en la justicia está en la justicia, y como Gobierno no tenemos nada que comentar, como es lógico. Lo que es cierto y verdad es que tenemos una opinión absolutamente correcta y totalmente constructiva y positiva del papel que está cumpliendo Felipe VI en relación a esta Legislatura y a lo que contiene la relación Gobierno-Jefe del Estado.

¿El Gobierno es partidario de mantener los títulos y honores de Estado que tiene Juan Carlos I desde su abdicación y en los mismos términos que las infantas Leonor y Sofía?

Eso tiene un paso que es el de la propia normativa de la Casa Real. Es la propia Casa Real quien toma decisiones sobre ello y quien tendrá o estará deliberando en este momento acerca de tomar decisiones relativas a estos asuntos. El Gobierno de España se relaciona con el actual jefe del Estado.

¿Le consta que esté planteándose este escenario?

Entiendo que, evidentemente, la principal obligación que tiene que tener en este momento la Casa Real es el trabajo del actual jefe del Estado. Es su obligación, es lo razonable. En ese sentido, creo que tienen el trabajo lógico por delante de saber todas esas informaciones de qué modo y manera, están afectando al rey emérito, no en la del actual jefe de la Casa Real, que es el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Pero hay una serie de circunstancias por las que usted me pregunta que las tiene que determinar la Casa Real en caso de que las determine.

¿Debería abandonar España Juan Carlos I?

Lo que sí es verdad es que la monarquía parlamentaria, que es la forma de Estado que consagra nuestra Constitución, es objeto de protección y de respeto al orden constitucional. Y eso hoy lo encarna el rey Felipe VI. Todo lo que vaya en dirección a proteger la jefatura del Estado en la persona de Felipe VI es lo que tenemos que hacer todos porque ese es el cumplimiento de nuestra Constitución.

¿Qué tendría que hacer Juan Carlos I para proteger al actual jefe del Estado? ¿Se debería ir?

Esa pregunta que me hace estará en la persona del rey emérito como parte del pasado de nuestro país y como padre que es del actual rey, pero es difícil para el Gobierno que nosotros podamos contestar a eso. Nosotros estamos en la posición en la que la Constitución nos coloca como Gobierno que se relaciona con la jefatura del Estado -y esa relaciones son buenas, impecables, de colaboración, de coordinación permanente y mucho más en los tiempos que estamos atravesando- para proteger los intereses generales de nuestro país. Al Gobierno no le toca otro papel diferente de este porque no sería tampoco correcto en otro ámbito que no sea este.

Ha dicho que Felipe VI había tenido un comportamiento correcto. ¿No cree que va demasiado tarde en la respuesta a lo que estamos conociendo sobre los escándalos de Juan Carlos I?

Creo que las informaciones que conocemos no están en ningún caso sustanciadas procesalmente hablando. Desde el punto de vista procesal no hay nada en este momento en los tribunales de manera directa. De manera colateral, sí. Todos lo sabemos. Hay un procedimiento abierto en otro país sobre asuntos que son los que vamos conociendo como información pública, que manejan los medios de comunicación, pero no hay ninguna situación procesal en este momento abierta en la figura del rey emérito. Así que la principal obligación, no solamente de la Casa Real, sino del resto de las instituciones del Estado es la protección de la jefatura del Estado porque eso es cumplir en este momento la Constitución. Cualquier elemento del que podamos tener conocimiento vía medios de comunicación o en la justicia -que en ese momento no se produce- no está afectando a Felipe VI, estará afectando en su caso y si así fuere al anterior jefe del Estado.

Felipe VI informó al Gobierno de los problemas que el rey emérito tenía con la justicia suiza. ¿En qué momento y en qué términos se produjo esa comunicación?

No conozco ni debo conocer -y si lo conociera tampoco sería mi trabajo comentarlo en público- cuáles son los despachos semanales del presidente del Gobierno con el jefe del Estado. Pero sí es verdad que en un determinado momento en el que todas esas informaciones estaban publicándose, recibimos esa información. Yo la recibo esa información directamente del jefe de la Casa diciéndome que el rey Felipe VI está absolutamente al margen de eso, e incluso que cuando tuvo conocimiento, hizo una renuncia, que fue pública, de lo que pudiera tener de implicación en su herencia o en términos de beneficio de todas estas situaciones que hemos conocido. Nosotros lo recibimos en el tiempo en el que el rey lo hace.

¿Está en peligro la Monarquía?

Yo entiendo que no. Y entiendo que no porque para que eso fuera así tendríamos que estar haciendo un trabajo de crítica a la labor que desempeña el rey Felipe VI. Y eso no se está produciendo en este país, sino todo lo contrario. Creo que el rey Felipe VI tomó muchas decisiones al inicio de su llegada a la jefatura del Estado muy en la dirección de poner la institución en los términos en los que yo creo que sociológicamente España hoy quiere a su monarquía parlamentaria: austeridad, trabajo, oficio, de buen hacer y de compartir los mismos destinos que compartimos el resto de los españoles. Yo creo que eso fue determinante al inicio de su llegada y entiendo que ahí se ha mantenido el trabajo del rey y también el trabajo de ayuda en la agenda que hace también la reina, además de la incorporación paulatina de la heredera, de la princesa de Asturias. Eso es distinguible. Otra cosa es que haya una situación de pasado que estamos en este momento conociendo y manejando, pero la monarquía parlamentaria es la forma de Estado que establece nuestra Constitución. Y la actitud, el comportamiento y el trabajo que desarrolla el rey Felipe VI es absolutamente impecable.

Hay repúblicas menos democráticas que las monarquías

Unidas Podemos, sin embargo, ha cuestionado en los últimos días la utilidad de la monarquía. 40 años después de la aprobación de la Constitución, ¿es el momento de revisar nuestro modelo de Estado?

A veces en estos debates se producen extremos un poco puristas. Tenemos repúblicas nutridas de jefes de Estado en forma republicana bastante menos democráticas que monarquías consolidadas en Europa. A veces tenemos la tentación de hacer un binomio como si fuera perfecto: la república es más democrática que la monarquía y la monarquía no es democrática porque la elección no se produce de manera directa como se producen los cargos en las democracias. Eso en términos racionales es absolutamente entendible. Votar es mucho más democrático, pero sin embargo la realidad histórica lo desmiente. Tenemos democracias absolutamente históricas, impecables, con un funcionamiento ejemplar en forma de monarquía y tenemos estados en forma de república a los que les podríamos hacer muchas críticas sobre el nivel de calidad de sus democracias. La teoría resiste muchas cosas, pero la práctica no tantas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en 40 años? Hemos tenido un formato de monarquía parlamentaria que desde la Transición ayudó bastante a la democracia en nuestro país. Y tenemos en este momento un relevo en la jefatura del Estado, que ha traído como consecuencia comportamientos también nuevos y diferentes que corresponden a un monarca distinto y que yo creo que están adecuados bastante bien al funcionamiento del país en este momento.

Sin embargo, hay una parte del Gobierno que sí está cuestionando la figura de Felipe VI, ¿eso es sostenible?

Una parte del Gobierno no está cuestionando la figura de Felipe VI. El Gobierno no puede cuestionar la jefatura del Estado porque estaría incumpliendo la Constitución. Otra cosa distinta es que los partidos políticos que componen el Gobierno tengan tradicionalmente sus líneas de visión o de posición política conocidos por todos en este país, y sobre todo por los electorados que nos votan. Pero el Gobierno, ni una parte de él, cuestiona la Constitución ni cuestiona la jefatura del Estado porque ni lo puede hacer ni lo está haciendo en ninguno de los dos partidos que lo sostienen. Otra cosa distinta es que en el nivel de los partidos tengamos posiciones, como las tienen todos los partidos, y como es lógica. Pero el Gobierno no. El Gobierno es el órgano constitucional que trabaja codo a codo con la jefatura del Estado y que cumple la Constitución a rajatabla como tal .

Entiendo que no es un elemento disruptivo dentro de la coalición, pero ¿tienen que mejorar la convivencia dentro del Gobierno?

La fase esta tan tremenda que hemos pasado nos ha ayudado mucho a engrasar mucho más rápido lo que era una gran novedad en la política española, y es que en el nivel del Gobierno de la nación hubiera dos partidos. Y, por cierto, será a una fórmula a la que tendremos que acostumbrarnos con bastante normalidad porque la sociedad está mucho más fragmentada políticamente. Apenas nos dio tiempo a ponernos a trabajar como Gobierno de coalición y, de repente, apareció la situación tremenda de la pandemia. El PSOE está acostumbrado a gobernar y tenemos una cierta cultura, generación tras generación, de cuando nos toca a algunos de nosotros tener un cargo público cómo abordarlo. Pero nosotros hemos sido también muy respetuosos con un partido que no tenía tradición de Gobierno porque es relativamente joven y que se tenía que incorporar a las tareas de Gobierno, que son de una complejidad importante y que tienen que ver no solamente con las posiciones políticas, sino con la obligación de trabajar con el Estado de Derecho, eso que a veces le llamamos tecnicismo, rigor jurídico, gestión administrativa... Eso es lo que da garantías. Hemos sido también muy respetuosos con el trabajo que para el partido que llegaba por primera vez al Gobierno esto suponía. Pero yo creo que en eso está todo bastante bien engrasado, otra cosa es que podamos tener matices en las cosas, pero es que eso es lógico, somos dos partidos distintos.

Una de las desavenencias que tienen es a propósito de la autodeterminación de género y de la ley que quiere impulsar el Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha cambiado en el PSOE para que en 2017 presentara una proposición de ley que defendía que no hubiera una patología de las personas trans y en favor de la autodeterminación de género y ahora no lo defienda?

El PSOE no ha cambiado ni un milímetro su posición. Hemos sido el partido que a lo largo de 40 años en este país hemos estado al lado del movimiento LGTBI y de las personas trans, siempre. Lo que este partido y este Gobierno tiene que vigilar es estar dentro de los conceptos jurídicos de seguridad de nuestra Constitución, de nuestra legislación y de toda nuestra jurisprudencia. Pero el PSOE no ha cambiado ni un solo milímetro el apoyo a las personas transgénero, entre otras cosas por el respeto inmenso que hemos de tener a las personas que tienen que vivir situaciones muy complicadas. Todas las leyes que han ayudado a la igualdad de hombres y mujeres, que han ayudado al reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y de las personas trans, han salido del Partido Socialista. El Partido Socialista no ha cambiado su posición en esto. Otra cosa diferente es que el PSOE y el Gobierno defienda que cualquier ley tenga que estar dentro de los parámetros de seguridad jurídica de toda la estructura jurídica de nuestro país, pero como lo hacen otros países.

¿Pero debe dejar de considerarse la transexualidad una patología?

La transexualidad no es una patología, es un camino que una persona sigue para estar donde él quiere estar con arreglo a su propia armonía vital. Eso no es una patología, ni lo entendemos como una patología. Otra cosa diferente es que nuestro país o cualquier país en la innovación jurídica no pueda poner en riesgo la seguridad jurídica.

¿A qué se refiere? ¿Quieren mantener los controles para las personas que quieren cambiar de identidad?

Lo que es evidente es que nadie puede barrer el hecho biológico de los sexos. Ni aquí ni en ningún sitio. Por más que se mire en el derecho comparado de cualquier país del mundo, incluso el que haya avanzado más, existe la obligación de tener una determinación del sexo género. Es que eso ordena un sistema legal de momento. Yo no sé si dentro de 20, 30, 40 o 50 años estaremos en una dimensión diferente, pero en este momento no hay un solo país del mundo que no tenga ordenado de una manera o de otra. Hemos avanzado bastante en relación a las personas trans y ha sido gracias a la legislación que impulsó el PSOE justamente porque nos parece un avance importante en materia de derechos humanos, porque son personas que tienen que encontrar con el respeto y con la misma igualdad que los demás cuál es su verdadera identidad y la armonía de su propia identidad. Estamos hablando de parámetros jurídicos muy amplios, no estamos hablando de situaciones concretas. Esas están bastante bien resueltas y estamos dispuestos a impulsar una ley de registros que se quedó también parada en la anterior legislatura y que estaríamos dispuestos a mover pronto. Ya lo hicimos para los menores transgénero con unas modificaciones de registro importantes porque nos parece que las personas transgénero tienen absolutamente el mismo derecho a alcanzar su identidad que todas las demás.

Habla de proyectos legislativos, pero para que la legislatura dure son necesarios los presupuestos. ¿Van a esperar a que haya elecciones en Catalunya para presentarlos?

La ministra de Hacienda ha sacado ya la normativa con la que arranca la confección de un presupuestos: la fecha del 29 de julio, es decir, ya es la fecha interna para empezar a cargar presupuestos. Iniciamos unos trámites que a nadie se le escapa son complejos internamente y son complejos políticamente si miramos la estructura parlamentaria. Pero necesitamos tener unos presupuestos pronto porque estamos al inicio de una legislatura muy especial, ya que no solo tenemos la perspectiva de recibir fondos comunitarios de una manera muy diferente a como se trabaja en la línea de presupuesto común europeo, sino que necesitaremos también reorganizar todas nuestras partidas de ingresos y de gastos para afrontar una crisis que está aquí. En la coyuntura en la que vivimos, con mucha más razón hacen falta unas cuentas que se adapten a los objetivos y a las prioridades de este Gobierno.

¿Se ha complicado la negociación en Bruselas más de lo que esperaban?

No. El presidente en eso pisa un terreno que conoce bien. Sabe que las cosas no son fáciles. Lo dijo estos días: todos tendremos que ceder porque en eso consiste un pacto. Pero hay unas situaciones nuevas muy interesantes: que los cuatro grandes estén ahora mismo en la misma dirección no es cosa habitual en Europa, eran habituales otro tipo de ordenaciones y equilibrios. El Reino Unido no está y tenemos que seguir negociando el Brexit. Creo que todo eso ayuda. Y creo también que los países del norte, que son más pequeños por población y mercado, que los grandes somos los del sur, sobre todo Francia, Italia y España, y con una visión parecida a la que tiene ahora mismo la canciller Merkel. Para Merkel es muy importante que Europa salga fortalecida de esto, no tanto por lo que necesita Alemania sino por una visión que tiene la canciller de Europa en el mundo. Esto es así y es interesantísimo. Y para Francia, Italia y España, es muy importante salir de esta crisis rápido y con parámetros de Estado de Bienestar europeo.

El presidente habló el miércoles por primera vez de renuncias, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno en su posición inicial?

El presidente negocia bien. Tiene que hacer lo que ha hecho hasta estos últimos días: colocar primero la necesidad de que Europa responda como tal y que Europa salga fuerte de esto porque la política internacional está muy compleja ahora mismo, es importante que a Europa se la visibilice fuerte, que no se pare mucho en esta crisis y que salga de ella con parámetros de Estado de Bienestar europeo que es un grandísimo mensaje democrático al mundo. Que Europa se quede defendiendo el Estado de Bienestar tal cual ahora lo conocemos es importantísimo para la política internacional de todo el planeta porque si no, daremos pasos para atrás en el eje maldito de la riqueza-pobreza, en el eje maldito de los destrozos del derecho a sobrevivir de la población pobre del mundo. En ese sentido el presidente ha hecho bien el trabajo porque primero ha estado insistiendo sobre lo que Europa tiene que hacer y lo que España necesita y conforme se sitúa esa idea, que yo creo que el primer rubicón ya ha pasado -ahora lo damos por bueno porque ya ha ocurrido: la primera respuesta del BCE, la primera respuesta de la Comisión, de la presidenta de la Comisión...-, y luego las negociaciones ya entran en otra parte. Una vez que nos sentamos y que el objetivo lo asumimos todos tenemos que empezar a ceder. Es lógico. Pero creo que los países del norte también entienden que su mercado está aquí en el sur, o sea que su economía depende también de los mercados que ellos tienen aquí en el sur.

Casado quería unas terceras elecciones

Y, volviendo a España para los presupuestos, ¿van a priorizar a los socios de la investidura?

Nosotros somos un gobierno progresista. Otra cosa diferente es que hayamos tenido que vivir la excepción de decretar la alarma y la prórroga del decreto cada quince días. Cuando alguien preguntaba: ¿hay que negociar con todos para mantener la alarma? Por supuesto. Lo que yo nunca entenderé es cómo tanta gente pensó que había que aprovechar la alarma para negociar otras cosas. Lo que nunca entenderé es cómo hubo algunos que pensaron que se podían permitir el lujo de votar contra la alarma cuando lo que estábamos haciendo era salvar vidas. Yo esto no lo voy a olvidar nunca. Pero nosotros somos un Gobierno progresista que se apoya en los partidos progresistas de la Cámara y de todos aquellos que quieran entender en algún momento que la política no puede ser de bloqueo y de destrucción continua. Es así y no es geometría variable. No, es otra cosa mucho más importante. Es que el reglamento de la Cámara y la Constitución te obligan a los porcentajes de ley ordinaria o de ley orgánica para sacar la legislación adelante. Y lo contrario es aquello que dijo el señor Casado en la sesión de investidura, que él quería terceras elecciones. Nunca podré entender cómo un partido de la importancia del Partido Popular ha llevado hasta el límite la posición que ha mantenido, incluso contra el estado de alarma que protege la salud. Cuando el partido principal de la oposición hace eso, el Gobierno con sus dos partidos negocia con todo el mundo, porque es la única manera de decirle a los ciudadanos que si ese partido no está por la labor de proteger los intereses generales de España, ya estaremos los demás como sea que lo tengamos que hacer.

Entiendo del comienzo de su respuesta que, efectivamente, van a priorizar a los aliados de la investidura y que Ciudadanos y sus postulados liberales no entran en esa ecuación con las subidas de impuestos que pretenden hacer ustedes, por ejemplo, a las rentas más altas

Es que en la política española, salvo para quienes intentan romper el orden constitucional y quienes reivindican el fascismo,el blanco y el negro tienen que desaparecer. Tiene que ser la política de los matices, porque eso es lo que ha votado la gente.. No es geometría variable, es reglamento del Congreso de los Diputados que te dice: la mitad más uno y si no, no sacas adelante el trabajo que nos han encargado los ciudadanos. Es que si no, es decir a los ciudadanos que vayan a las urnas otra vez, como dijo el señor Casado, “hasta que salga lo que yo quiera”. El mensaje del Partido Popular es: usted no puede negociar ni con este, ni con este, ni con este, ni con este, ni con este, ni con ninguno. Es decir, que usted aunque gane las elecciones no gobierna, mejor gobierno yo, que ya gobierno con Vox, aunque no lo siente en el Consejo de Gobierno. Eso no es lo que dicen los ciudadanos en las urnas. Los ciudadanos en las urnas votan diferentes programas y dicen: pónganse usted de acuerdo. Así que no se llama geometría variable ni vetos cruzados. Se llama sacar este país adelante en una legislatura muy complicada después de lo que ha pasado, con el mejor ánimo constructivo posible. ¿Quién lo va a tener? Pues yo espero que muchos. Si Ciudadanos ha tenido la capacidad de entender que no les podía arrastrar la ultraderecha y ayudar con el estado de alarma, pues es que está bien. Imagino que sus votantes lo habrán visto bien, porque hemos vivido situaciones absolutamente inaceptables. La historia dictaminará lo que algunos han dicho durante esas prórrogas de alarma, lo que algunos han intentado hacer para que tuviéramos que levantar un estado de alarma por no tener el respaldo suficiente y poner en riesgo la sanidad de nuestro país.

¿Qué han intentado hacer?

Intentar que no tuviésemos capacidad de apoyo para el estado de alarma y tener que levantar una alarma precipitada cuando teníamos todavía hospitales luchando, sanitarios infectándose...

O sea que el Gobierno reconoce que ha tenido que levantar precipitadamente el estado alarma por su debilidad parlamentaria

No, no. No me habré explicado o no me habrá entendido. Cuando hemos tenido que buscar el respaldo para mantener las prórrogas hasta donde nosotros consideramos que la pandemia estaba controlada, nos hemos encontrado con un partido como el PP que ha pretendido poner contra la pared a un Gobierno que tenía que buscar esos apoyos cada quince días. Quien pretendía tal vez que no pudiéramos finalizar bien el estado de alarma para proteger la sanidad no ha sido el Gobierno, quizá eso lo han pretendido otros porque hemos tenido voto en contra de la alarma. Voto en contra de la alarma por parte de quienes al minuto siguiente pedían la alarma para su territorio.

La situación actual, con 120 brotes activos, ¿es la que esperaban para estas fechas?

Los datos que tenemos ahora mismo es que casi un 40% de algunos de los contagios vienen ya del seno de la familia. Esto estaba absolutamente previsto. Pero claro, la otra opción era mantener a un país confinado, cosa que es también imposible. Hemos mantenido un periodo de confinamiento parecido al de otros países. Lo que sí tengo que decir es que el comportamiento de los españoles ha sido bastante más ejemplar que el de otros países. En ese sentido, sí sabíamos que iban a llegar rebrotes y sabíamos, además, que no iban a parar en verano porque parece que las temperaturas no le afectaban. Hemos pasado un documento a las comunidades para poder tener mejoras, modificación y reforzamiento, para tener todavía más capacidad de prevención y de respuesta.

Estos días lo que hemos visto, con el caso de Lleida, es que no está del todo claro que se pueda confinar determinados lugares. Ustedes dijeron que iban a hacer un paquete legislativo para estas situaciones, ¿por qué ya no lo van a hacer?

Lo haremos si hace falta, pero el caso es que para parar y trabajar en el día a día tenemos todos los mecanismos. Yo lo dije en la Comisión de Reconstrucción para confinar un país entero, no tienes otra vía que la alarma. A la vista está que no solamente lo decía la Abogacía General del Estado, sino que ha habido algunos pronunciamientos jurídicos importantes diciendo que el Gobierno ha utilizado la vía que tenía que utilizar, no había otra manera para confinar a un país entero. Dicho esto, yo también lo dije: a partir de ahora tendremos que trabajar en términos cotidianos, con las posibilidades tradicionales que están en las leyes de sanidad, que es el confinamiento de movilidad de lugares acotados (un hotel, un edificio, un municipio...).

Pero estamos viendo distintas interpretaciones de eso.

Pero salvo en un caso donde ha habido un auto concreto, en todos los demás el funcionamiento ha sido absolutamente bueno. Hemos tenido pronunciamientos de juzgados concretos que han entendido perfectamente la decisión de la autoridad ejecutiva. Y solo un auto que ha discrepado. En el resto, hemos visto que los confinamientos han funcionado bastante bien. Hemos visto cómo han funcionado en Galicia y cómo están funcionando en Catalunya...

En el caso de que las cifras aumentaran y se tuviera que hacer el confinamiento en una comunidad autónoma entera, ¿habría que decretar un estado de alarma? Y, en ese caso, ¿estarían ustedes dispuestos a ceder el mando único a los presidentes autonómicos?

Lo que no podemos es adelantar acontecimientos y crear todavía más inquietud desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de un país que está intentando remontar su crisis económica y su crisis social. No nos merecemos hacernos esto porque hemos vivido una alarma muy dura y un confinamiento general muy grande. Lo que tenemos que hacer en este momento es estar todos bastante unidos, bastante coordinados -todas las autoridades, las que están en el Ejecutivo, las que están en los legislativos, las que están también en el Poder Judicial- cada uno en su posición para saber que primero está la protección de la salud y después está la protección social y económica, porque es ya mucho tiempo viviendo una crisis como la que tenemos. Lo que veo es que, salvo un auto que no acompaña la autoridad ejecutiva, el resto lo he visto bastante bien: a las comunidades autónomas trabajando, a los pronunciamientos judiciales acompañando, a los parlamentos, en el caso del catalán, que tiene delante un real decreto... Yo he visto la capacidad de coordinación entre poderes y en este caso del Gobierno de España, acompañando en todo lo que podemos y más. Esta es la situación a la que nos tenemos que atener. Hacer futuribles no ayuda ahora mismo. Ahora mismo lo único que ayuda es que todos seamos capaces de cumplir lo que nos dicen (mascarilla, manos, distancia y mucha prudencia todavía), que nuestra capacidad sanitaria esté en las mejores condiciones de respuesta y que todas las autoridades seamos capaces de echarnos una mano unas a las otras para cualquier situación de prevención o de reacción.

En el horizonte del Gobierno está una reforma del Código Penal, tal como dijimos en su momento, porque hace falta para algunas cosas, diferentes, ni siquiera de la misma materia. Pero también con la situación de Catalunya y con la sentencia.

En la política de los matices que antes reivindicaba para esta etapa política, el ministro de Justicia ha enfriado la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición. ¿Se han acabado ya los gestos con el independentismo de este Gobierno?

No. Entiendo que usted lo exprese de esa manera periodística, pero no. En el horizonte del Gobierno está una reforma del Código Penal, tal como dijimos en su momento, porque hace falta para algunas cosas, diferentes, ni siquiera de la misma materia. Pero también con la situación de Catalunya y con la sentencia y mirando el derecho comparado en Europa, nosotros no vamos a perder la meta que nos hemos trazado en esta legislatura.

¿De qué horizonte estamos hablando? ¿También incluirá la rebaja de las penas por sedición?

Más que la rebaja de las penas, lo importante son los tipos penales. Si ni siquiera la sentencia pudo entender que había rebelión. Estamos hablando de hacerle caso al Tribunal Supremo. Esa sentencia es, en realidad, lo que suele ocurrir con mucha frecuencia con las sentencias, un mensaje al legislador. Después de todo aquel periodo de tiempo donde se hablaba concretamente de este tipo penal [rebelión], finalmente la sentencia no lo vio. Eso no lo va a abandonar este Gobierno. Lo que es verdad es que esta pandemia nos ha alterado un poco el orden de prioridades inminentes que pudiéramos tener, pero no lo hemos abandonado en absoluto. Este Gobierno tiene que proponer una modificación reflexiva del Código Penal en algunos asuntos. Por cierto, que nos interesa mucho reforzar nuestro Código Penal en todos los delitos medioambientales.

Le hablaba de las relaciones con el independentismo, con ERC, y de ese compromiso del presidente del Gobierno de reunir a la mesa con la Generalitat antes de que finalice el mes de julio. ¿Nos puede dar una fecha?

Pero no es por nosotros. Estos días leía yo en la prensa un cruce de comentarios entre los dos partidos que gobiernan Catalunya. Nosotros dijimos en el estado de alarma que todas nuestras energías eran para proteger la salud de este país. Después hemos estado todos en campaña electoral, desde luego los dos partidos del Gobierno han estado en campaña electoral, pero nosotros dijimos que en el mes de julio, antes de agosto, que siempre es un mes un poco más complicado, y que estamos dispuestos. Lo que ocurre es que nos han llegado mensajes distintos.

¿Lo que impide poner una fecha es la división entre los socios del Gobierno catalán, y no la voluntad del Gobierno de España?

Esquerra nos da un mensaje y el otro partido que compone el Gobierno de la Generalitat nos da otro. El propio president Torra dijo hace un par de semanas que no veía la mesa de diálogo en este momento. Nosotros no tenemos ningún problema y no lo tenemos por una razón bastante profunda, porque creemos que no hay más salida que dialogar con acuerdo la situación que vivimos en Catalunya. Esto es de fondo, no de forma, no es de un día, ni de dos, ni de tres. Entendemos que no hay otra alternativa en democracia y, de hecho, yo creo que tiene buenos frutos y no voy a adentrarme ahí para no ser muy prolija. Pero el anterior Gobierno y este que en su conjunto son dos años, poco más de dos años, hemos conseguido una situación radicalmente distinta de la que heredamos del Partido Popular. Lo que heredamos del Partido Popular fue: dos referéndum ilegales, saltarse las normas constitucionales, desacatar al Tribunal Constitucional, destituir, abrir un procedimiento penal, encarcelar a los responsables de las instituciones catalanas y, finalmente, una sentencia tremenda que era del Partido Popular y que tuvo, obviamente, que asumir el Gobierno anterior, del que yo también formaba parte. Eso es lo que nosotros heredamos y en algo más de dos años estos dos gobiernos hemos conseguido una situación radicalmente diferente.

Los planteamientos siguen siendo muy diferentes.

Obviamente, el Gobierno está muy lejos del independentismo.

¿El Gobierno ha tenido algo que ver con el espionaje a los móviles de Torrent y Maragall?

En absoluto. Ni este Gobierno ni el anterior del que formamos parte algunos tenemos nada que ver con una situación como esta.

Si ese programa de espionaje solo lo pueden comprar los gobiernos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado...

Estamos moviéndonos en este terreno por informaciones de medios de comunicación. Yo entiendo que esa pregunta hay que hacerla, pero desde el Gobierno no podemos movernos por lo que puede estar comentándose en la opinión publicada Este Gobierno no espía a nadie.

Y si este Gobierno no espía a nadie, ¿cómo puede explicar que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, sostenga que en España se persigue a la disidencia y se haya sumado a varios grupos parlamentarios pidiendo que se investigue el espionaje? ¿Tiene dudas Unidas Podemos de lo que hace su propio Gobierno?

Absolutamente no. Otra cosa diferente es que el vicepresidente segundo tenga una situación procesal que todos conocemos y mantenga su posición, como es lógico, y su defensa, como es lógico, de una situación que nada tiene que ver con el Gobierno ni con su condición de vicepresidente del Gobierno. Nada, ni en el período de legislatura ni en su condición de cargo de Gobierno.

Este Gobierno no ha espiado a sus adversarios políticos.

No le hablaba del procedimiento judicial que afecta al vicepresidente del Gobierno...

Sí, pero es que el caso que afecta al vicepresidente del Gobierno forma parte de la de la posición que pueda mantener ese partido político.Y hay que distinguir la situación que pueda tener el vicepresidente, que nada tiene que ver con su condición de vicepresidente, y la posición que pueda mantener ese partido político con el Gobierno, con el Gobierno como tal. El Gobierno no espía a sus adversarios políticos. Eso ya lo vimos del Gobierno del Partido Popular, razón por la cual están sentándose en el banquillo algunos ex cargos del Partido Popular para responder de eso. Eso lo está dilucidando la justicia española. Este Gobierno no espía a sus adversarios políticos.

El presidente del Parlament de Catalunya ha anunciado una querella contra el anterior director del CNI, ¿cree que tendrá algún recorrido?

No lo sé. Vivimos en un Estado de Derecho donde los cargos públicos, que somos también personas individuales y ciudadanos al fin y al cabo, tenemos todo el derecho del mundo a reaccionar jurídicamente como consideremos oportuno. Pero repito, este Gobierno no espía a sus adversarios políticos.

¿Ni el CNI, que depende de este Gobierno tampoco?

No, a los adversarios políticos no se les espía. A los adversarios políticos se les reconoce que están ahí, dialogamos con ellos, nos sentamos con ellos... Este Gobierno se sienta con dos partidos que gobiernan Catalunya y que son independentistas, con los compañeros del señor Torrent.

En las elecciones de Galicia y de Euskadi, el Partido Socialista se ha quedado prácticamente igual que en 2016, ¿le ha lastrado la gestión de la pandemia?

En absoluto, hemos crecido un escaño en cada sitio en condiciones muy complicadas. En situaciones de cambio la gente suele sostener a los gobiernos y, de hecho, así ha sido para el Partido Popular en Galicia y para el PNV en el País Vasco. Aún así, y con vientos favorables a los nacionalismos, que también forman parte en los tiempos de cambio y de inseguridad y de situaciones como las que estamos viendo, hemos crecido dos escaños. Si eso tuviese que extrapolarse a si ha sido sostenido o no el Gobierno de España, claramente al Partido Socialista sí nos ha sostenido el electorado gallego y vasco. En unas condiciones muy complejas, siendo nosotros quienes ponemos freno a los nacionalismos, hemos incluso crecido un escaño. ¿Que nos habría gustado un mejor resultado? Por supuesto, eso siempre.

¿La debacle de Unidas Podemos deja a Pablo Iglesias en una situación de debilidad dentro del Gobierno?

Dentro del Gobierno no, porque dentro del Gobierno tiene la posición de los escaños que representa su partido en la Cámara y del trabajo que tiene asignado en la estructura de Gobierno. Otra cosa distinta es que Unidas Podemos tendrá -ahí ni entro ni salgo como vicepresidenta, ni se me ocurre, y desde luego, como militante de otro partido tampoco- que hacer su reflexión de lo que les ha ocurrido.

Se lo pregunto de otra manera, ¿cree agotado el ciclo político de la nueva política a tenor de los resultados del domingo pasado?

Es verdad que el electorado español en muy poco tiempo introdujo las novedades que suponían Unidas Podemos y Ciudadanos, y creo que aquello era comprensible para dar entrada a posiciones diferentes. Le ha ocurrido a todos los países. Italia tuvo que modificar su ley electoral porque era complejísimo, Francia llegó a tener un Parlamento con 19 grupos; nosotros ya lo tenemos y con más... Es decir, que todas las democracias europeas corrieron esa línea después de 30, 40 y 50 años después de la Segunda Guerra Mundial y España después de la desaparición de la dictadura. Pero lo que hay que concluir es que ha durado muy poco tiempo, porque el electorado español ha reducido mucho el espacio de esas dos novedades.

¿Cree agotado ese ciclo político?

No lo creo agotado, pero creo que -esto no lo digo yo, lo dicen las urnas- en muy poco tiempo nació y en también poco tiempo ha reduciendo el espacio. Unidas Podemos tenía más de 70 escaños, tiene ahora poco más de un tercio de sus escaños. En Ciudadanos ha sido también increíble esa evolución. La única novedad que sigue ahí, intacta, y que, a juicio de una militante socialista como yo, es preocupante, es Vox. ¿Pero eso nos va a conducir a una reestructuración? No lo sé, pero en cualquier caso, lo que sí es verdad que nos ha pasado igual que le pasa a otros países, pero lo que observo es que en muy poco tiempo irrumpió y en muy poco tiempo se ha reducido demasiado.

Ha dicho que van a presentar próximamente la Ley de Memoria Histórica. No lo hacen a través de la proposición de ley que había planteado el PSOE en el Congreso. Entiendo que es por que incorpora algunas novedades, ¿nos puede adelantar alguna? Y, en concreto, si se le van a quitar las medallas a título póstumo a Billy el Niño y si los benedictinos, a pesar de que se modifique la ley, saldrán del Valle de los Caídos.

Lo queremos plantear como proyecto, porque es una modificación importante, en toda regla de la legislación vigente, de la ley de 2007, y porque es una materia particularmente importante para este Gobierno. La democracia española ha ido tarde con este asunto y como ha ido tarde, ya toca ir bien y más rápido. Así que nos ha cogido a tiempo en el proyecto del Ejecutivo que podamos retirarle a título póstumo las condecoraciones a Billy el Niño. Ojalá no hubiésemos llegado tarde, pero sí lo haremos. Y sí que es verdad que planteamos una resignificación bastante grande del Valle de los Caídos. Para este Gobierno, el Valle de los Caídos debería de ser fundamentalmente un lugar de descanso de las víctimas, que allí las hay de los dos bandos, de identificación de esas víctimas para que sus familiares puedan tenerlas consigo si quieren o dejarlas allí también si quieren y, por lo tanto, que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de respeto a las víctimas, y solamente eso y nada más que eso. De respeto, de memoria, de justicia y de perdón de lo que allí ocurrió y de las víctimas que allí hay y para la memoria de todos. Para nosotros, allí solo tendría que haber y ocurrir eso, como Patrimonio Nacional que es además.

Usted también es la encargada de las relaciones con la Iglesia. ¿Tiene previsto revisar los acuerdos con la Santa Sede? ¿Veremos esta legislatura a la Iglesia a pagar el IBI?

He tenido una reunión con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal [Juan José Omella] muy fructífera. Creo que hay un cambio muy razonable sobre algunas de las peticiones que este Gobierno ya ha hecho y creo que veremos pronto a la Iglesia Católica ayudar fiscalmente como lo hace la Conferencia Episcopal italiana o la francesa, cosa que ya el secretario de Estado, [Pietro] Parolin, y yo hablamos en la anterior legislatura. Pero creo que hay un clima propicio a la ayuda también en materia de solidaridad fiscal de la Iglesia Católica, sobre todo en aquellos edificios donde no se produce ni culto ni educación. Son edificios que no tienen justificación la eximente de pagar y tributar, porque tributar es hacer solidaridad de los que más tienen a los que menos tienen. Y yo he encontrado un clima propicio a esto. La semana que viene y la siguiente ustedes serán testigos de cómo vienen aquí a Moncloa para poderme entrevistar con todos los representantes de todas las confesiones religiosas por igual. Es muy importante vivir con normalidad el respeto al derecho individual a la libertad religiosa, a la diversidad de todos y a la neutralidad de las instituciones de este país en materia de religión.

Entrevista completa a Carmen Calvo

Vídeo: Nando Ochando y Leonardo Ibáñez