Adelante Andalucía ha presentado este jueves ante la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece.

“Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, ha afirmado el portavoz y candidato de la formación a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios. En la denuncia, la formación ha señalado que la labor de Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo.

García ha indicado que “van a quedar a la espera” de la respuesta de la oficina y no han descartado elevar la denuncia ante la Fiscalía “por presunta financiación ilegal”, en caso de “inacción” por parte del organismo. “Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas”, ha subrayado García. El candidato del partido ha asegurado que el discurso de Vox sobre “pagas para los migrantes, no solo es falso y racista, sino que encubre que son ellos los que se lucran de ellas”.

Cese

“No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas”, ha declarado García. En esta línea, el portavoz de Adelante ha señalado “las promesas de Vox de cerrar Canal Sur”, a la que, según ha indicado García, calificaba como un “chiringuito”.

“El Partido Popular podría cesar a este señor automáticamente si verdaderamente tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos que haya un señor que va hablando de paguitas, pero él cobra una paguita de 60.000 euros de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino que trabaja para Vox? Estos son los que se cargan los servicios públicos, estos señores”, ha concluido.

En el escrito, se señala que Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox. El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

Asimismo, ha subrayado que el consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito pide “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Respuesta de Vox

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este jueves que el responsable de comunicación del partido, Álvaro Zancajo, “cumple con todas sus obligaciones” tras la denuncia presentada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por Adelante Andalucía señalando la posible “incompatibilidad” de la labor de Zancajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA).

“Le puedo garantizar que el señor Zancajo cumple con todas sus obligaciones, cumple con todos sus deberes. Esto seguramente responderá a ese miedo que nos tienen, a que cuando Vox esté en los gobiernos y en Andalucía estemos en los gobiernos, pues quitemos la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda”, ha respondido Gavira a las preguntas de los periodistas al respecto.

La convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo anunciada por Juan Manuel Moreno, antes de lo previsto, supondrá el cierre del miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre y con los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León en el aire por la falta de entendimiento de PP y Vox, que mantienen abierta su negociación, al PSOE con María Jesús Montero todavía más pendiente de Madrid que de Sevilla y a la izquierda dividida en tres candidaturas con pocos visos de entenderse.

Moreno busca maximizar la participación en unas elecciones que se le presentan complicadas cuando su objetivo declarado es el de revalidar la mayoría absoluta que logró en 2022 gracias a llevarse los últimos diputados en algunas provincias solo por un puñado de votos. Su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, también le exige que iguale un éxito difícil de repetir.

“Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones y la discusión es si las va a ganar o no con mayoría absoluta”, reconoció este martes Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP admitió que es “difícil” que Moreno lo consiga. La experiencia de los últimos comicios les obliga a la prudencia: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco quedaron lejos, y los dos primeros perdieron incluso votos sobre la anterior cita electoral.

Vox logró en las tres comunidades un aumento de sus apoyos, y en Castilla y León rozó el 19% del voto. En Andalucía, aún sin candidato, las encuestas anticipan un resultado similar. Por eso, Moreno dijo este martes en Onda Cero que no deben “estar obsesionados” con el partido de Santiago Abascal, que marca de forma constante el camino discursivo al PP.

“Cuanto menos hablemos de Vox, mejor”, dijo Moreno, quien ha anticipado que pedirá el voto para evitar que Andalucía caiga en el “bloqueo” que sufren sus compañeros. 

La semana pasada, Feijóo planteó este mes de marzo como fecha límite para que Vox acordara con el PP en las tres comunidades pendientes, pero nada apunta a que se vaya a cumplir su petición.

El líder del PP reveló este martes que ambos partidos se reunirán de manera “formal” esta misma semana en Extremadura para intentar avanzar en un acuerdo. En Aragón, Azcón ha asumido que las elecciones andaluzas sí pueden influir en sus negociaciones. En un acto informativo este martes, recordó que la fecha límite para un acuerdo es “el 3 de mayo, y sería deseable que sirvan para adelantar los acuerdos de Aragón y Extremadura”. Lo cual es tanto como admitir que puede tener el efecto contrario. En cuanto a Castilla y León, los plazos son otros porque los comicios acaban de celebrarse y, de momento, ni siquiera se han constituido las Cortes.

El PSOE, frente a los peores presagios

En el PSOE, mientras, se afanan en el desembarco definitivo en Andalucía de María Jesús Montero, que este martes asistió a su último Consejo de Ministros como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Aunque Montero ha compaginado estos últimos meses su agenda ministerial con la de candidata, en su día tomó la decisión de apurar los plazos para abandonar su trabajo en el Ejecutivo, algo que está previsto que sea oficial antes de que finalice la semana. 

No le otorgan mucha relevancia en las filas socialistas al impacto de la fecha elegida por Juan Manuel Moreno, el 17 de mayo, para unos comicios que también se podría haber llevado al mes de junio. Pero la propia candidata socialista aseguró en una comparecencia en Sevilla este martes que ella sí atisba la intencionalidad de que no prenda el ambiente electoral en la ciudadanía. 

“Moreno Bonilla no quiere ambiente electoral ni de campaña, porque sabe que eso le perjudica. Por eso ha puesto esa fecha, en mitad de las fiestas de primavera”, dijo Montero, que llegó a insistir en que su partido experimenta un “repunte” que hace temer al PP. “Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones porque sabe del repunte del PSOE y del desgaste de su gestión” apuntó. 

El gran reto en las filas del PSOE de Andalucía, antaño un garante de éxitos electorales para la calle Ferraz, es conseguir activar al partido y al electorado progresista en tiempo récord para voltear unas encuestas que pronostican el peor de los resultados posibles. Los últimos sondeos internos señalan la posibilidad, incluso, de que la candidatura de María Jesús Montero obtenga peores números que la de Juan Espadas hace cuatro años. Y el riesgo cierto, por tanto, de cosechar el suelo electoral de los socialistas en una tierra que era bastión hasta hace apenas dos legislaturas. 

El guion trazado pasa por poner toda la maquinaria electoral al servicio de la gran causa de la sanidad pública, el auténtico agujero negro de gestión de la era Juanma Moreno, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama como principal argumento. “En estas elecciones nos va la vida, nos va la salud de los andaluces. No son unas elecciones más, son un referéndum sobre la sanidad pública”, clamó Montero. 

Mientras, en Moncloa y en Ferraz miran con recelo la cita del 17 de mayo. Persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y una de las pocas ministras que ha permanecido a su lado desde que fue investido presidente, un batacazo de María Jesús Montero implicaría en gran medida un duro revés para el propio presidente y para el PSOE en su conjunto. Encomendados a la capacidad de reanimación de la fuerte maquinaria socialista andaluza, en el Ejecutivo defienden en cualquier caso como “un activo” el bagaje de Montero como ministra con “una gestión inmejorable” y como “la mejor candidata posible”.

La izquierda alternativa, dividida

A la izquierda del PSOE, por el contrario, el problema no es tanto que la convocatoria electoral haya cogido al espacio en un momento de debilidad política como que parece imposible que vaya a presentarse unido. Ahora mismo, la izquierda alternativa prevé concurrir en tres listas separadas: la de Por Andalucía (la coalición entre IU y Movimiento Sumar, la más fuerte de las tres, aunque no termina de arrancar en las encuestas), la de Adelante Andalucía (la formación de Teresa Rodríguez) y la de Podemos. Y, aunque ni IU ni los morados quieren descartar un acuerdo de última hora para acudir conjuntamente a las elecciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que ese pacto termine produciéndose.

Una vez se ha puesto en marcha la cuenta atrás para los comicios, Podemos e IU tienen diez días naturales para intentar reconducir la situación, puesto que será entonces cuando termine el plazo para registrar las coaliciones. Pero ni en público ni en privado los mensajes que trasladan sus dirigentes son demasiado halagüeños. Este martes, el coordinador de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, dejó en manos de Podemos —que ha elegido como candidato a Juan Antonio Delgado— la decisión de integrarse en su proyecto, que a su juicio es el “único unitario” en la izquierda alternativa. Pero también dejó caer que su organización había esperado sin éxito durante “nueve meses” a que Podemos “respondiera” a su invitación.

Por su parte, la secretaria general morada, Ione Belarra, también evitó cerrar expresamente la puerta a una coalición, pero planteó que su modelo es “el de Extremadura”, que ahora mismo es inasumible para IU. En esas elecciones —celebradas el pasado diciembre—, los de Maíllo aceptaron que Movimiento Sumar quedara fuera de la alianza y que la lista la liderase la candidata de Podemos, Irene de Miguel. En Andalucía, en cambio, IU ya ha cerrado un acuerdo político con el pequeño partido de Yolanda Díaz y no tiene intención de romperlo. Varios pesos pesados de la dirección andaluza de Podemos han defendido públicamente la reconciliación con IU, pero la dirección estatal que lidera Belarra siempre se ha mostrado esquiva ante esa posibilidad. 

Sin embargo, fuentes de la cúpula estatal de Podemos sostienen que, lejos de buscar un pacto, son los de Maíllo quienes están haciendo todo lo posible por torpedear cualquier posibilidad de entendimiento, y afirman que el acuerdo solo se producirá si IU “cambia de actitud”. Para los morados, no obstante, las elecciones andaluzas llegan en un momento muy complicado, tras dos batacazos electorales consecutivos en Aragón y Castilla y León —en ninguna de las dos comunidades llegaron al 1% de los votos— y con malas perspectivas también para la cita de mayo. Las encuestas, de hecho, coinciden en pronosticar que Podemos se quedaría fuera si se presentara en solitario.

Alejada de esta pugna se encuentra Adelante Andalucía, que aspira a recoger una parte del voto desencantado con el resto de la izquierda alternativa. La formación andalucista, que presentará como candidato a José Ignacio García, mantiene un discurso muy crítico con el PSOE y también serias diferencias estratégicas con los demás partidos de su espacio, puesto que rechaza compartir gobiernos con los socialistas. Y su objetivo es intentar ampliar su espacio tras haber obtenido representación la pasada legislatura en el Parlamento de Andalucía por primera vez, después de su traumática ruptura con Podemos e IU.

La convocatoria de las elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo ha activado el calendario de los partidos para confeccionar sus listas de candidatos (del 8 al 13 de abril) y decidir si concurren en solitario o en coalición (hasta el 3 de abril).

Este último asunto está despejado para todos los aspirantes, excepto para Podemos, que a estas alturas aún no ha confirmado oficialmente si permanecerá en la coalición Por Andalucía, que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, o si se presenta en solitario.

El tercero en liza es la marca Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, que decidió hace meses que iría en solitario y cuyo candidato es su portavoz parlamentario, José Ignacio García.

Los límites que separan las tres formaciones a la izquierda del PSOE están muy definidos para sus dirigentes, pero comparten el temor que el baile de nombres, dirigentes y candidatos que han pasado de unos a otros vuelva a confundir al votante progresista, como ocurrió en 2022. La confusión es lógica, porque Podemos e IU fueron separados en las autonómicas de 2015; se coaligaron bajo la marca Adelante Andalucía en 2018; y se rompieron en dos coaliciones enfrentadas en 2022: la refundada Adelante Andalucía y la nueva Por Andalucía.

Tras el anuncio electoral del presidente Juan Manuel Moreno, este lunes, ningún dirigente de Podemos, ni en la dirección nacional ni en la andaluza, ha querido aclarar este martes si se presentarán en solitario o en coalición con los de Maíllo, por mucha insistencia de los periodistas. En Podemos Andalucía, de hecho, hay dirigentes que se encogen de hombros y remiten a la cúpula del partido en Madrid. La secretaria general, Ione Belarra, estuvo el sábado en Sevilla en un acto con medios junto al candidato en Andalucía, el diputado Juan Antonio Delgado, pero se resistió a despejar la duda pese a que le preguntaron cuatro veces.

El plazo oficial para registrar una coalición de partidos ante la Junta Electoral de Andalucía finaliza el 6 de abril, es decir, Podemos dispone de esta semana y la Semana Santa para deshojar la margarita, unas fechas en las que Andalucía estará sumergida de lleno en procesiones, nazarenos y cofradías.

Maíllo ha mostrado este martes, una vez más, su incomodidad e irritación por dilatar un debate interno que él cree zanjado desde hace meses. “Basta con que no se salgan”, ha respondido, tajante, cuando le han preguntado si aún existía margen de negociación para seguir juntos dentro de la coalición Por Andalucía.

El líder federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía ha jurado y perjurado que “no se repetirá el escenario patético” de las elecciones de 2022, cuando Podemos e IU apuraron hasta el último minuto la negociación y los morados llegaron tarde al registro de la Junta Electoral, quedando formalmente fuera. “No vamos a seguir ningún tipo de incertidumbre ni va a haber dramas de última hora”, ha reiterado hoy Maíllo, tras recordar que su formación envió la propuesta para renovar la coalición Por Andalucía al resto de partidos integrantes en octubre de 2024.

La situación política de Podemos en Andalucía es complicada, no sólo porque venga de encadenar dos resultados escuálidos en las elecciones de Aragón y Castilla y León, donde han perdido toda representación en las Cortes regionales. La presencia institucional en Andalucía, tras las municipales de 2023, también convirtió a los morados en una fuerza prácticamente irrelevante: hoy, en una comunidad con 785 municipios, tienen tres concejales en solitario en tres pueblos y 18 en coalición con IU u otras fuerzas de izquierdas, incluido una en el Ayuntamiento de Sevilla.

Pero la mayor preocupación de Podemos en Andalucía no nace de las bajas expectativas electorales, sino por aquel incidente en el registro de la Junta Electoral en 2022, que les dejó formalmente fuera de la coalición con IU, Más País y otras tres formaciones de izquierdas.

Aunque fruto de la negociación entre esos seis partidos, tres de los cinco diputados que obtuvo Por Andalucía en el Parlamento fueran designados por Podemos, sobre el papel figuran como independientes. Ante la Junta Electoral, la formación morada no forma parte oficialmente de la coalición Por Andalucía y, por tanto, Podemos no tiene garantizados derechos políticos, ni de subvención económica ni de cobertura informativa en medios públicos de comunicación para afrontar la campaña para las elecciones del 17 de mayo.

¿Tiene Podemos derechos electorales el 17 de mayo?

En las conversaciones secretas que han mantenido sus dirigentes en los últimos meses ha aflorado un documento que generado discordia: una doctrina de la Junta Electoral Central, dictada en 2015, cuando irrumpe Podemos en el panorama político español, precisamente el Parlamento andaluz fue el primero en el que lograron representatividad, con 15 diputados, entonces capitaneados por Teresa Rodríguez.

Según la doctrina de la Junta Electoral, “se reconocerá la condición de grupo político significativo [con derechos políticos, económicos y de cobertura informativa] a aquellas formaciones concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido reprsentación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”.

En el caso de las coaliciones electorales, Podemos Andalucía sólo puede tener condición de grupo político significativo si cumple por sí mismo lo dispuesto en el párrafo anterior, según el escrito, publicado en el BOE el 21 de abril de 2015. Podemos no figura oficialmente en la coalición Por Andalucía, que concurrió en 2022, pero sí se presentó en solitario a las elecciones europeas de 2024. Sin embargo, en aquellos comicios, Podemos obtuvo en toda Andalucía menos del 5% necesario: en concreto un 2,71%.

Sus antiguos socios de IU interpretan que esto les deja automáticamente “sin derechos electorales” para las próximas andaluzas, sin subvenciones para financiar la campaña ni silla en los debates entre candidatos en Canal Sur o RTVE. En cambio, el partido del agitador ultra Alvise Pérez -Se Acabó la Fiesta- sí podría reclamar estos derechos en la campaña andaluza, en tanto que en las europeas obtuvo en esta comunidad un mejor resultado que Podemos -el 6,21% del escrutinio-.

La relación personal de los de Maíllo y los de Belarra no es buena. Por Andalucía era una coalición de seis partidos en 2022, que en 2026 se presenta con tres formaciones (quedan en el camino Podemos, Alianza Verde y Equo). En Izquierda Unida, que pilota la renovación de la coalición, temen que el partido morado espere al último minuto, como hace cuatro años, para airear públicamente su intención de confluir con el resto de fuerzas de izquierdas, y “vender” la imposibilidad de renegociar todo a esas alturas como un portazo decidido de antemano por Maíllo.

En Podemos, en cambio, creen que los plazos a los que se remite IU cuando habla del inicio de la negociación para relanzar su coalición -octubre de 2024- “no son reales”. Los morados denuncian que la coalición de entonces “no tiene nada que ver con la de ahora”, porque entonces estaba Más País Andalucía -la marca de Íñigo Errejón- que en mitad de legislatura desapareció para renacer como Movimiento Sumar, la marca de Yolanda Díaz, de la que siempre han recelado.

Una de las condiciones que han puesto los de Belarra para pactar con IU su continuidad en la coalición es la salida necesaria de Sumar; la otra es que los ministros de Pedro Sánchez que dependen de Maíllo abandonen el Gobierno.

Dos de las tres formaciones a la izquierda del PSOE han comparecido este martes en el Parlamento para valorar el anuncio electoral de Moreno. Podemos ha enviado una nota de prensa a los medios y un audio de su candidato donde no aclara si permanecerán en la coalición Por Andalucía o se presentarán en solitario. “Delgado afronta con ”ilusión“ las próximas elecciones andaluzas: ”estamos preparados y vamos a darlo todo“ y ”Podemos es una alternativa fiable y comprometida con la gente“, reza el comunicado.

Una fuente de Podemos Andalucía explica que, una vez realizaron sus primarias para elegir candidato, el pasado noviembre, “ofrecimos de manera pública y abierta nuestra disposición a conformar una coalición y que nuestro modelo era Extremadura”, donde se presentaron en coalición con IU. La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, firmó el pasado verano un manifiesto promovido por el histórico dirigente Diego Cañamero en favor de la “unidad de las izquierdas”, que fue desautorizado por la dirección nacional del partido. Martínez no acudió el sábado al acto de Belarra y Delgado en Sevilla, argumentando que estaba de baja.

Tanto Maíllo como el candidato de Adelante Andalucía han negado que en las últimas horas o días hayan cruzado conversaciones con dirigentes de Podemos para explorar una alianza electoral. Ambos han hablado de sus respectivas campaña y de sus objetivos políticos, que pasan por evitar otro Gobierno de Moreno en Andalucía y “preservar los servicios públicos”.

Adelante Andalucía ha arrancado su precampaña electoral en una bodega del centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) con un acto que quiso alejarse del mitin tradicional y presentarse como un festival político y cultural coincidiendo con el Día de Andalucía.

La formación andalucista apostó por un ambiente festivo, con actuaciones de Albertucho, Carme Xía, Abocajarro, la chirigota Las Matacharis y DJ David Abad, además de exposiciones y stands de una veintena de artistas gráficos, artesanos y diseñadores que, según la organización, representan “lo mejor de la construcción cultural andaluza”. El objetivo era trasladar desde el primer momento la idea de campaña que quieren impulsar: abierta, participativa y vinculada a la cultura popular.

Ante un público diverso, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a las próximas elecciones, defendió el formato escogido como una declaración de identidad política. “En Adelante Andalucía somos esto, somos esto que veis, no engañamos a nadie”, aseguró desde el escenario, subrayando que su organización no es “el partido que más dinero tiene” ni el que dispone de más recursos institucionales, pero sí uno formado por “manos, pies, corazón, cabeza y una gente maravillosa”.

En su intervención agradeció la asistencia de personas que no pertenecen al partido y afirmó que la campaña que comienza ahora será “100% abierta”, insistiendo en que cualquiera puede participar sin necesidad de militar porque, según dijo, “nadie quiere militar en un partido, no pasa nada, se puede echar una mano”.

El candidato explicó que iniciar la campaña en un festival responde a una decisión política consciente y no a un gesto anecdótico. Relató que en el Parlamento le preguntaron por qué no optaban por “un mitin serio, gente de orden, con el ceño fruncido”, y respondió que la razón es sencilla: “La derecha y la extrema derecha nos quieren enfadados, nos quieren aburridos, nos quieren regañando a nuestro pueblo”.

Frente a eso, defendió que su respuesta será la contraria: “Nosotros le vamos a responder como más le fastidia, con alegría”, reivindicando una campaña construida junto a músicos, artesanos y agentes culturales porque, afirmó, “somos la izquierda alegre, la izquierda divertida, la izquierda joven”.

A lo largo de su discurso, García insistió en que la confrontación política no debe limitarse al terreno institucional y sostuvo que “a la derecha y a la extrema derecha se le echa con propuestas y con ideas”, pero también creando comunidad. “Se les combate cantando, bailando, comiendo cosas ricas, construyendo comunidad”, afirmó, defendiendo que la campaña de Adelante Andalucía sale “a combatir el aburrimiento” y a disputar el concepto de libertad a quienes, según dijo, solo quieren a la ciudadanía “trabajando de sol a sol y pagando el alquiler”.

En ese tono, añadió que su formación se reivindica como “el partido de la alegría” y que esa será una de las claves de su estrategia política.

El dirigente andalucista dedicó parte de su intervención a criticar a la extrema derecha, sobre la que afirmó que hay que reírse porque, aunque la considera peligrosa, cree que el humor es una herramienta política eficaz. “No porque no sean peligrosos, son peligrosos, pero la herramienta más eficaz es reírnos de ellos”, dijo, asegurando que cuando los observa en el Parlamento “no dais miedo, dais risa”.

aSegún García, estos partidos buscan dividir a la sociedad enfrentando colectivos para evitar que se hable de problemas estructurales como la sanidad, la educación o la vivienda. “Quieren que hablemos de sus tonterías para que no hablemos de que en Andalucía se han dado 4.700 millones de euros a la sanidad privada”, denunció, acusándolos de representar intereses económicos concretos y de utilizar la confrontación como estrategia política.

Coincidiendo con el 28 de febrero, el candidato vinculó su discurso al significado político del Día de Andalucía, que definió como una jornada de memoria y reivindicación social más allá de los símbolos. “Andalucía no es simplemente el día del mollete con aceite”, afirmó, sino el recuerdo de las luchas de generaciones anteriores para conquistar derechos que hoy, según dijo, deben defenderse y ampliarse.

En ese contexto cargó contra el Gobierno andaluz, al que acusó de practicar un “gobierno del postureo”, criticando cuestiones como la vivienda protegida, el acceso a la formación profesional o la situación de la sanidad pública, y sostuvo que “el pueblo andaluz se merece algo mucho mejor”.

García también quiso marcar distancias con etapas políticas anteriores y defendió que la alternativa no pasa por regresar a gobiernos pasados, sino por construir “una izquierda diferente, una izquierda nueva, joven, valiente, feminista y andalucista”. En la recta final del acto afirmó que su formación no solo compite contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, sino también contra “todo el poder económico y mediático”, asegurando que, aunque otros tengan recursos y altavoces, Adelante Andalucía cuenta con “la gente trabajadora y honesta de Andalucía”.

Cerró su intervención apelando a la movilización colectiva y al optimismo, asegurando que quieren hacer “la campaña más bonita de la historia” y que afrontan el proceso electoral como “David contra Goliat”, convencidos de que sus principales herramientas serán “la valentía y la alegría”.

Entre los asistentes destacó la presencia de Pilar González, histórica dirigente andalucista y ex candidata de Adelante al Congreso por Cádiz, que siguió el acto desde el público y mostró su respaldo al proyecto. González, que forma parte de la dirección del partido, afirmó sentirse “muy contenta porque el andalucismo arraiga con fuerza de nuevo en Andalucía” y aseguró que José Ignacio García es “el mejor portavoz que se puede tener ahora mismo en el Parlamento de Andalucía”, destacando que ha sabido encontrar la manera de confrontar políticamente al presidente de la Junta. 

Según explicó, el andalucismo vive un momento de reagrupación tras años de dispersión y considera que Adelante Andalucía puede convertirse en un espacio común para quienes comparten esa identidad política. Las encuestas, dijo, son “esperanzadoras”, aunque advirtió de que deben tomarse con prudencia porque solo representan “una fotografía de un instante”.

También tomó la palabra Carlos Fernández, portavoz local de Adelante Andalucía en Jerez, quien reivindicó el papel histórico del andalucismo y aseguró que “los andaluces y las andaluzas no podemos seguir siendo el patio trasero de Despeñaperros para abajo”.

Fernández recordó la trayectoria de Pilar González y quiso dedicar un reconocimiento a Teresa Rodríguez, a la que definió como una figura clave para mantener vivo el proyecto andalucista, antes de presentar a José Ignacio García como “el mejor candidato” para la nueva etapa que la formación aspira a abrir.

El alegato mediático de Gabriel Rufián para unificar a todas las izquierdas ante al auge de Vox ha catapultado el nombre de Adelante Andalucía por encima de Despeñaperros. El líder de ERC colocó a los andalucistas en la misma terna que a otras fuerzas nacionalistas e independentistas, como Bildu, BNG o Compromís, partidos con los que comparten estrategias e incluso iniciativas en el Congreso y en el Parlamento europeo.

Adelante Andalucía ha aprovechado la ola de popularidad del debate abierto por Rufián para ocupar espacio mediático y político pero, en el fondo, está esquivando prudentemente los “cantos de sirena que llegan desde Madrid”. Los andalucistas no están en ese escenario -más pensado para las próximas generales- porque centran todos sus esfuerzos en consolidar su marca en las autonómicas, “el gran Rubicón” para afianzar su proyecto.

“Cuando lleguen las generales, nos presentaremos. Pero ahora vamos a aislarnos del debate estatal de las izquierdas. Nos renta no entrar en estas peleítas y apostar por un carril propio”, dice su candidato a la Presidencia de la Junta, el diputado por Cádiz y portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García.

Estos días andan gestionando la popularidad sobrevenida que les ha regalado Rufián en plena precampaña para las andaluzas, y del contagio del éxito de la Chunta en las elecciones de Aragón, otro partido de izquierdas arraigado al territorio, sin ataduras con Madrid, que ha duplicado sus escaños a costa del desgaste del PSOE. “Estamos de moda”, bromea García.

El portavoz de ERC en el Congreso no les llamó antes de hacerles coprotagonistas de su épica reunificación de izquierdas, pero conoce bien su proyecto. Adelante Andalucía le invitó hace dos años a su Escuela de Otoño, una suerte de think tank que organizaron en Marinaleda (Sevilla), epicentro simbólico de la izquierda más contestataria, junto a otros dirigentes de Bildu, BNG y la CUP.

Los andalucistas, expertos en hacerse hueco a codazos en el superpoblado espacio mediático, han sabido rentabilizar la proyección que les da Rufián para presentar sus credenciales a pocos meses para las andaluzas. Este lunes en la Sala Cachorro de Sevilla, con un éxito de convocatoria ante la prensa, lanzaron su estrategia de precampaña, que arranca el viernes con una fiesta mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz), previa al 28F, día de Andalucía.

Campaña puerta a puerta

Adelante Andalucía es una de las tres formaciones a la izquierda del PSOE que concurren esta primavera a las elecciones autonómicas. Las otras dos son la coalición Por Andalucía, donde se integran IU y Movimiento Sumar; y Podemos.

Partido soberanista, andalucista y de raíz anticapitalista, Adelante es una escisión de una coalición anterior electoral entre Podemos e IU, refundada en 2021 como partido autónomo y que hoy tiene dos diputados en el Parlamento. En las elecciones de 2022, encabezados por Teresa Rodríguez y sin apenas recursos económicos, lograron colarse en la Cámara autonómica con 167.970 votos (un 4,58%).

El llamamiento de Rufián no es nuevo en Andalucía, en realidad arrastra diez años de tensiones internas en el espacio a la izquierda del PSOE, con nueve partidos y dos coaliciones fallidas. La propia Adelante Andalucía de hoy es la escisión de una Adelante Andalucía anterior, fundada también por Teresa Rodríguez desde la dirección regional de Podemos, y coaligada con la IU de Antonio Maíllo, antes de romper con Iglesias y ser expulsada por sus viejos compañeros de partido de esa misma coalición (y del grupo parlamentario), bajo la acusación de transfuguismo.

La nueva Adelante Andalucía dejó definitivamente atrás el laberinto de la unidad de las izquierdas en las elecciones de 2022. Su objetivo en los próximos comicios no es mantenerse, sino crecer y lograr, al menos, los cinco diputados que les permitiría tener grupo parlamentario propio (ahora forman parte del grupo mixto y tienen una capacidad legislativa muy limitada).

Sus principios ideológicos y su programa electoral se asimilan mucho al de Por Andalucía, pero ostentan una seña de identidad grabada a fuego: jamás entrarán en un gobierno de coalición con el PSOE. García ha geolocalizado su formación en un punto intermedio “entre el Gobierno de Juanma Moreno y el Gobierno de PSOE y Sumar”. “Una tercera vía”, advierte.

Adelante Andalucía tiene que compaginar el optimismo de sus buenas expectativas políticas -los sondeos vaticinan un crecimiento significativo- con un escenario adverso para la izquierda. Moreno roza la mayoría absoluta en las encuestas y el auge de Vox le garantiza un amplio colchón para dar continuidad a un Gobierno conservador otros cuatro años. “En un momento de bajonazo mundial para la izquierda, estamos construyendo un partido a contrapelo”, admite el candidato.

Pero García no espera que su formación crezca a costa de robarle apoyos a sus competidores de izquierdas: “No vamos a competir electoralmente con Antonio Maíllo. Nuestro único adversario es la derecha, no vamos a enredarnos en otro escenario que no sea parar a las derechas. Yo no quiero quitarle votos a Por Andalucía. Es contraproducente para las clases populares a las que representamos, es una suma cero”, dice.

Los gurús de Adelante Andalucía identifican una “orfandaz entre el votante progresista, que demanda hacer una oposición fuerte a Moreno”, pero también “una fiscalización más dura al Gobierno de Pedro Sánchez”. La estrategia de los andalucistas no está en el trasvase de votos desde el PSOE o desde Por Andalucía, sino en “despertar” al electorado desmovilizado de los socialistas. Lo mismo que trata de conseguir, desesperadamente, el equipo de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista.

Una bolsa potencial de medio millón de votantes de izquierdas, la diferencia entre los socialistas que se quedaron en sus casas en las autonómicas de 2022, pero regresaron a las urnas en las generales de 2023 para apoyar a Sánchez. “Ojalá las otras izquierdas movilicen a más gente. No se trata de competir entre nosotros, sino de competir todos contra la abstención”, explica García, cuando le plantean que su discurso choca con la realidad de unos espacios políticos comunes a todas las formaciones progresistas (feminismo, ecologismo, derechos sociales, memoria...).

“No somos la izquierda que abronca”

Las semejanzas del contenido político hacen que el equipo de Adelante Andalucía marque la diferencia en las formas (la política, en realidad, siempre son las formas): “No queremos ser la típica izquierda gris que siempre está echando la bronca a la gente. Nuestro estilo es otro: se basa en la valentía y la alegría”, dice García, sin citar a nadie, pero demonizando la “persecución moral” del espacio progresista.

Hace un año que Adelante Andalucía viene trabajando en una campaña electoral decisiva para su futuro. Fue cuando contactaron con dirigentes de la izquierda alemana, en el partido poscomunista Die Linke (La Izquierda), para importar su estrategia de captación de voluntarios y militantes con las que ensanchar su base social, sobre todo entre los jóvenes.

La izquierda alemana ha protagonizado una resurrección política en el último lustro, aunque eso no ha evitado el avance acelerado de la extrema derecha. Die Linke pasó de la debacle electoral de 2021, cuando estuvo a punto de salir del Bundestag con el 4,9% de votos, a doblar resultado en las elecciones del año pasado, con un 8,8% (cuatro millones de votos y un aumento de afiliados: en torno a 110.000).

¿Cómo lo han hecho? Se preguntaron sus compañeros de Adelante Andalucía. El pasado noviembre, los andalucistas pusieron en práctica a modo de experiencia piloto una de las estrategias de Die Linke: visitar en sus casas a los ciudadanos a los que pretenden representar, puerta a puerta, para preguntarles cuáles son sus problemas.

Las encuestas ya señalan cuáles son los principales problemas de los andaluces -el costoso acceso a la sanidad pública, a la vivienda, a la dependencia, a la Formación Profesional gratuita...-, pero los de Adelante querían escucharlo de primera mano. Desde el pasado noviembre han hecho siete salidas, en parejas de dos, que se presentan a puerta fría con sus distintivos del partido, verde y blanco, y a veces les hacen pasar y charlan con los vecinos, y otras les cierran la puerta en la cara. “Hay quien te invita a una cerveza y en otras casas vemos que ha calado el odio”, advierten.

El partido se sirve de voluntarios y militantes (unos 120, de momento), que previamente han recibido una formación sobre cómo interactuar con la gente. “Sólo en barrios obreros, no en barrios de clase alta, porque esos nunca nos van a votar y ni les preocupan las mismas cosas”, explica Ana Fernández, responsable de la campaña puerta a puerta. De momento lo han puesto a prueba en barrios de Cádiz y de Sevilla.

Adelante Andalucía asegura que tiene responsables de áreas y voluntarios en todas las comarcas andaluzas, en todas las provincias y en las grandes ciudades, tiene a esos coordinadores incluso en algunos distritos. La presentación, este lunes, de la precampaña electoral ha orbitado en torno a la figura del militante y del voluntario, clave en esa estrategia del puerta a puerta importada de Alemania (incluso han puesto en valor el aumento de afiliados que logró Die Linke).

Sin embargo, García y su equipo se han resistido panza arriba a responder a los periodistas cuando le preguntaron cuántos afiliados tiene Adelante. “No vamos a dar el número de militantes porque creemos que se va a utilizar mal”, dice el candidato. Los andalucistas cuentan con una estructura orgánica modesta -“somos un partido pequeño”, admite García-, sin embargo, el espacio mediático y político que han logrado con dos diputados es significativamente superior.

Es el único partido de la oposición que, ante una mayoría absoluta de Moreno, ha conseguido que una proposición de ley suya (la gratuidad de las gafas para menores) se acepte en el Parlamento andaluz y se tramite en el Congreso de los Diputados, con el consenso de las fuerzas de derechas e izquierdas.

Los dos grandes hándicaps de Adelante Andalucía de cara a las próximas elecciones, según las encuestas, son el escaso índice de popularidad de su marca y el de su candidato. García sustituyó a Teresa Rodríguez como referente, portavoz parlamentaria y diputado en el Parlamento, cuando la gaditana abandonó su escaño para volver a impartir clases en un instituto de Cádiz.

Adelante Andalucía se quedó sin el hiperliderazgo arrollador de una figura política nacional, la primera secretaria general de Podemos Andalucía, y la primera en romper con el partido de Pablo Iglesias para montar un proyecto política y orgánicamente autónomo. Pero García no sólo ha mantenido a flote la marca en esta legislatura bajo la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno, también ha sabido labrarse un camino propio alejado del baile del resto de izquierdas (IU, Podemos, Sumar, Más País...) apiñadas en la coalición Por Andalucía.

Reconocido por el presidente Moreno y por otros dirigentes de izquierdas como “un diputado y orador brillante”, tan ágil como Rufián para captar la atención mediática con sólo dos diputados, o de multiplicar el impacto de sus intervenciones parlamentarias con vídeos virales en las redes sociales, García se ha abierto camino con un discurso entendible por todos, y con una estrategia digital muy pensada. Lo mismo aparece con un melón en el Parlamento, con el que interpela al presidente Moreno, que se encara con la bancada ultraderechista que le insulta por lo bajini.

En el cartel de precampaña que han diseñado no aparece la palabra Andalucía, sólo Adelante. “Adelante con José Ignacio”, sobre una foto del candidato frente a la de su adversario, el presidente Moreno. En las pasadas autonómicas, los seis partidos que integran Por Andalucía se quejaron de que la “confusión de sus papeletas con las de Adelante Andalucía” les restó votos. Esa confusión a la que se ve abocada el votante de izquierdas ante un corolario de partidos y coaliciones, cuyos integrantes ayer iban juntos y hoy separados, creen haberla superado todos.

Entre 2015 y 2026, los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía han probado, sin éxito, todas las fórmulas posibles para ensanchar el electorado progresista, ante el avance inexorable de la extrema derecha. Es un debate guadianesco, recurrente entre los referentes políticos, sociales y culturales de la izquierda andaluza, que reaparece hoy propulsado por el líder catalanista Gabriel Rufián.

En Andalucía, detrás de este análisis siempre inconcluso, hay nueve partidos a la izquierda del PSOE, que en distintos momentos electorales formaron coaliciones con el objetivo de sumar fuerzas, unificar a sus votantes en las circunscripciones más pequeñas y sortear la ley d'Hondt, que históricamente penaliza la fragmentación del voto progresista.

No resultó como esperaban. Estos partidos -Izquierda Unida, Podemos, Más País, Sumar, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Anticapitalistas Andalucía, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucísta- acabaron enfrentados entre sí, rompieron sus coaliciones, pugnaron por sus siglas, forzaron la expulsión de compañeros, se acusaron de transfuguismo y crearon otras coaliciones de izquierdas que terminarían disputando el mismo espacio electoral menguante a sus antiguos socios.

En el camino se dejaron candidaturas de peso e hiperliderazgos, como el de Teresa Rodríguez (Podemos) o el de Antonio Maíllo, que en su día supuso un cambio generacional y de ciclo político dentro de la vetusta IU. También sacrificaron marcas potentes (Podemos, IU) en pos de nomenclaturas que no cuajaron del todo y despistaron al votante de izquierdas, que llegó a las urnas sin saber exactamente en qué gazpacho de siglas se había integrado su partido de siempre.

En 2022, cuando las izquierdas orbitaban alrededor de Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera del Gobierno aún no había formalizado la candidatura de Sumar en las generales, el tortuoso debate de la confluencia Por Andalucía se alargó durante meses, con reuniones, portazos, entradas y salidas de la coalición, e injerencias de la dirección nacional de los partidos integrantes...

El asunto se zanjó con forceps, a las puertas de la Junta Electoral, minutos antes de cerrarse el plazo para inscribir a la coalición. Podemos se quedó fuera jurídicamente, pero logró imponer sus condiciones -tres diputados de cinco-, aunque en el desarrollo de la legislatura quedasen orillados en la toma de decisiones.

La otra coalición -la primera Adelante Andalucía- nació con más ilusión al unificar por primera vez a Podemos e IU, pero su relacíón se deterioró en tiempo récord. Su fundadora, Teresa Rodríguez, forcejeó con su jefe de filas, Pablo Iglesias, reacio a perder la marca morada en Andalucía tras una sola convocatoria electoral.

Luego Rodríguez abandonaría Podemos con todo su equipo -y cargos públicos- para convertir Adelante Andalucía en un partido autónomo. Y luego ella misma sería expulsada de su propia coalición, junto a otros siete diputados, por los partidos fundadores, Podemos e IU, bajo acusación de “transfuguismo”. Acabaron en el grupo mixto.

En las andaluzas de 2022, “la confusión del votante de izquierdas era total”, admiten hoy sus principales referentes. “Sometimos a nuestros electores a un caos organizativo intragable. Nuestra gente ya no sabía si estábamos en Adelante o en Por Andalucía pero, sobre todo, no sabían la diferencia entre nosotros y ellos, porque unos meses antes íbamos juntos bajo la misma marca”, recuerda una de las candidatas.

Hoy, a punto de expirar la legislatura y tras cuatro años de sesiones parlamentarias, el presidente Moreno suele jugar con esa confusión a su favor, mezclando a sus rivales cuando le interpelan los diputados de Adelante Andalucía o los de Por Andalucía. “Yo ya me lío”, dice, con media sonrisa.

Por Andalucía logró 281.688 votos (7,68%) y cinco diputados; Adelante Andalucía obtuvo 167.688 votos (4,58%) y dos escaños, entre las dos coaliciones no superaron a Vox, que se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento con 493.932 votos (13,46%) y 14 diputados.

Las alianzas andaluzas siempre han estado (y están) condicionadas por la realidad política nacional, cuando se trata de partidos que nacen en Madrid, que carecen de implantación territorial y no tienen ni autonomía política ni económica ni orgánica en Andalucía. Le ocurrió a Teresa Rodríguez con Pablo Iglesias, cuando lideraba Podemos Andalucía, y le sucede ahora a Raquel Martínez, nueva secretaria regional de los morados.

A cuatro meses para las elecciones (como máximo), Podemos Andalucía está en una situación políticamente muy confusa. Se ha quedado fuera de la reedición de Por Andalucía, de la que ha formado parte los últimos cuatro años, pero no ha confirmado que vaya a presentarse en solitario. Algunos de sus dirigentes en Andalucía apelan a la unidad, pero en Madrid exigen que Movimiento Sumar salga de la ecuación para poder entrar ellos. Y Maíllo rechaza los vetos.

De cómo Moreno pescó en el río revuelto de la izquierda

Mientras las izquierdas se resituaban, apiñadas en un espacio político menguante, la ultraderecha había emergido en el mapa político andaluz, por debajo del radar de los sociólogos, pasando de 18.000 votos en las autonómicas de 2015 (Vox logró apenas el 0,45% del escrutinio, por detrás del desaparecido UPyD) a los 494.000 votos en las elecciones de 2022, cuando se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento andaluz, sorpasando a las dos coaliciones de izquierdas.

En la última década, la tendencia internacional a la derechización del voto ha cristalizado en el resurgir de partidos ultra y el éxito de las guerras culturales que han dinamitado los grandes consensos sociales (el feminismo, la lucha contra la violencia de género, el cambio climático...).

Todo esto ha achicado el pensamiento progresista, empujando a sus referentes políticos a la búsqueda desesperada de una identidad colectiva que movilizara y unificara a los suyos en la defensa de unos principios comunes. Esos principios democráticos que todos, por separado, ven hoy en serio peligro de retroceso o desaparición.

Pero el miedo al fascismo no ha servido como catalizador para el repliegue de las múltiples ofertas de izquierdas que concurren a las elecciones, ni tampoco ha sido incentivo suficiente para movilizar al electorado progresista. En Andalucía, estas formaciones se han presentado solas y juntas, pero en ningún caso han logrado frenar el avance de las derechas.

El PP de Juan Manuel Moreno gobierna con mayoría absoluta, y afronta los próximos comicios con un colchón de 14 a 18 diputados más, que es la horquilla en la que se mueve Vox, según los sondeos. El bloque conservador acapara hoy el 75% de los escaños del Parlamento andaluz y es en este contexto en el que se está debatiendo, una vez más, sobre la enésima refundación de la izquierda y la búsqueda de la unidad.

Cuando se apela hoy a la unidad de las izquierdas andaluzas, desde un escenario político de auge total de la extrema derecha, se hace un llamamiento de reconciliación (o al menos de estrategia conjunta) a estas mismas formaciones que lo han intentado varias veces y han acabado como el Rosario de la aurora.

La nueva Adelante Andalucía, pilotada hoy por su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio Gacía, ya no está en esa pantalla. No se sintió interpelado en 2022 por Yolanda Díaz ni en 2026 por Rufián. Su objetivo en las autonómicas de este año es consolidar su marca y su proyecto político, netamente andalucista, que ocupa una posición tan crítica con el PP de Juanma Moreno como con el PSOE de Pedro Sánchez.

También la coalición Por Andalucía vuelve a intentarlo sin cambiar la marca, aunque hoy sus integrantes son la mitad de los que eran en 2022 (IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). La lista está encabezada por Maíllo, líder federal de IU, que ha decidido avanzar sin esperar a Podemos, pero invitándoles a subirse a un tren en marcha. La candidatura se presentó este viernes, sin la presencia de los morados, poniendo en valor que el proyecto político se ha consolidado en estos cuatro años y está por encima de la siglas.

Maíllo es un convencido del valor de las alianzas de izquierdas cosidas desde abajo, entre partidos que vertebran el territorio, y no como un simple artificio electoral. “La unidad de las izquierdas ya está amortizada como lema de campaña, por sí misma no moviliza. No es un fin en sí mismo, pero sí es una condición para consolidar un proyecto que construimos, mal que bien, hace cuatro años”, resume la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, que fue cartel electoral de la coalición en 2022.

Las próximas elecciones andaluzas tienen dos relatos: por un lado, van a medir la capacidad de resistencia de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno [hoy con 58 dputados], frente a la tendencia al crecimiento de Vox. Ese pulso de las derechas se resolverá, a decir de las encuestas, con un Gobierno de coalición, como el que se pergeña en Extremadura y Aragón. O con una nueva mayoría absoluta de Moreno.

En el otro escenario, el PSOE de María Jesús Montero trata de movilizar a un electorado aturdido, capaz de pasar del millón de votos en las autonómicas al millón y medio en las últimas generales, con Pedro Sánchez como el gran agitador del espacio progresista. A su izquierda renuevan dos coaliciones de izquierdas más reconocibles, distinguibles e identificables hoy que hace cuatro años.

En efecto, la ley d'Hondt castiga la fragmentación del voto, sobre todo en las provincias con menos escaños en liza, y más aún con Vox postulando al PSOE la segunda plaza. Pero el resultado de las tres últimas elecciones andaluzas nos dicen que hay electorado disponible para dos proyectos políticos a la izquierda del socialismo, que ni la unidad ni la división de los partidos han sido tan determinantes para el resultado como la desmovilización del electorado progresista.

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que el jueves “nos mintió” durante la pregunta que le hizo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento de Andalucía por cuanto aseguró que la Junta de Andalucía concertaba “cero” mamografías con clínicas privadas.

García, tras la información publicada este viernes por elDiario.es Andalucía, ha sostenido en una nota de audio remitida a los medios de comunicación que “el problema es que estaba mintiendo a los andaluces” y ha calificado a Moreno de “desbordado” y “descolocado” en la gestión de esta crisis sanitaria. Adelante ha registrado este viernes una pregunta escrita para que la Junta de Andalucía aclare si ha concertado pruebas de mamografía entre los ejercicios 2023 y 2025 y cuántas han sido.

En este sentido ha blandido los datos que han aparecido en distintas informaciones periodísticas para concluir que el presidente andaluz “nos mintió” por cuanto ha señalado que se hablan de 300.000 mamografías concertadas en centros privados, así como que “el cribado en las unidades móviles también ha estado privatizado”.

“El señor Moreno Bonilla lleva 10 días mentira tras mentira”, ha afirmado en este sentido, convencido de que “no sabe cómo gestionar esta crisis” y ha inferido que por ello “no para de mentir”, por lo que ha concluido que “los andaluces y andaluzas no nos merecemos un presidente que nos mienta con algo tan grave como es el cáncer de mama”.

Adelante Andalucía concluyó este sábado su II Escuela de Otoño con un encuentro que recibió a medio millar de personas y cuya culminación fue un mitin que protagonizó su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas en 2026, José Ignacio García, quien alentó a que esa cita electoral sirva para “borrarle la sonrisa a Moreno Bonilla”.

García sostuvo en su intervención que en el caso de Andalucía se da la circunstancia de que “tenemos al peor Partido Popular del Estado”, por cuanto considera que tenemos “un lobo con piel de cordero que es capaz de dejar morir a la gente en las listas de espera o a nuestros mayores con la Ley de la Dependencia, y todo ello con una sonrisa”, según una nota de este partido.

El también portavoz de Adelante en el Parlamento de Andalucía ha recordado, a cuenta de los debates que mantiene con Moreno en la sesión de control en el Pleno de la Cámara autonómica, que al presidente de la Junta ha pasado de considerar a Adelante Andalucía como “los de la camiseta que hacíamos gracia”, cuando en estos momentos “nos llaman indignos e inmorales”, para concluir entonces que “ya no somos graciosos sino incómodos”.

“La realidad es que somos los que nos vamos a poner delante de la derecha y la extrema derecha, y sin miedo les vamos a decir que Andalucía merece mucho más y mejor, merece tomar las riendas de su futuro con alegría y valentía”, argumentó José Ignacio García en el mitin de cierre de la II Escuela de Otoño de Adelante.

Un debate sobre cómo dar la batalla cultural a la extrema derecha

Otro de los platos fuertes de este evento fue la charla que protagonizaron el diputado de EH Bildu Oskar Matute, el periodista, Antonio Maestre, la abogada y activista Pastora Filigrana y la fundadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Con un objeto de debate que giraba alrededor de cómo dar la batalla cultural a la extrema derecha, coincidieron en una “receta” como es recurrir “ineludiblemente a una óptica feminista, social, anticapitalista y de la mano de todos los colectivos (sociales, educativos, sanitarios, migrantes, etc.), organizados y comprometidos en esta lucha y desde todos los frentes”.

En torno a esta idea la escuela ha tenido charlas que han abordado el debate desde la lucha por la vivienda, los servicios públicos, el antineoliberalismo, el feminismo, la LFGTBIfobia, la islamofobia, el ecologismo, el municipalismo o la cultura.

Además de Matute, Maestre, o Filigrana, otros protagonistas de este cónclave político han sido Adrián Pino, Sandra Morales, José Carlos Mancha, Yago Álvarez, Óscar García, Pamela Palenciano, Irantzu Varela, Ángela Lara, Ana Jiménez, Fran Fernández, Chaimaa Boukharsa o Spitou Mendy.

La II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía se ha celebrado desde la tarde del viernes en localidad malagueña de Cuevas del Becerro, municipio gobernado por Más Pueblo, con el que Adelante Andalucía tiene lazos, una formación a la que Adelante le ha agradecido su “magnífica acogida y el buen trato recibido por parte de su gente”, en especial a la Cooperativa Extiercol, encargada de la comida, como proyecto referente en agroecología de la localidad.

Adelante ha destacado que el evento se ha desarrollado con una mirada de solidaridad hacia el pueblo palestino y ha anunciado que “nos seguiremos movilizándonos para ponerle fin definitivo al genocidio que están sufriendo”.

Los grupos parlamentarios Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía han registrado de forma conjunta una solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento para que dicho órgano, a su vez, convoque una “sesión extraordinaria” del pleno de la Cámara autonómica que incluya comparecencias de consejeros del Gobierno andaluz por los incendios forestales registrados este año en Andalucía, y por el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto.

Así se desprende del documento que ambos grupos parlamentarios han registrado en el Parlamento y del que han informado este martes, a tres días de que la Diputación Permanente se reúna, el viernes día 22, para abordar, entre otras cuestiones, unas solicitudes del Grupo Socialista de comparecencias de consejeros por los incendios forestales registrados este verano en Tarifa (Cádiz) y por el referido fuego de la Mezquita cordobesa.

En concreto, lo que solicitan los grupos de Por Andalucía y de Adelante Andalucía es, por un lado, que la Diputación Permanente del Parlamento convoque un pleno extraordinario en el que comparezca el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), para “informar sobre las causas, alcance y consecuencias de los incendios forestales acaecidos en Andalucía durante la presente anualidad y las actuaciones de extinción y prevención de los mismos”.

Petición de pleno extraordinario

De igual modo, los citados grupos quieren que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, comparezca ante el pleno para “informar sobre las causas, alcance y consecuencias del incendio acaecido en la Mezquita-Catedral de Córdoba el día 8 de agosto de 2025, y las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía en relación con la gestión, conservación, restauración y protección de este bien Patrimonio de la Humanidad”.

En un audio remitido a los medios, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido que “tanto lo sucedido en la Mezquita de Córdoba como la oleada de incendios que asola nuestro país y a la que, por desgracia, Andalucía no es ajena, son situaciones lo suficientemente graves como para que el Gobierno de Moreno Bonilla hubiera venido a sede parlamentaria a dar cumplida explicación a la ciudadanía andaluza de qué está pasando, de qué está haciendo y qué va a rectificar para minimizar los riesgos de vernos ante situaciones tan terribles como las que estamos padeciendo este mes de agosto”.

Por ello, la portavoz de Por Andalucía ha pedido que “se atienda” la petición de su grupo y del de Adelante para que “haya una convocatoria de pleno extraordinario” en la que el Gobierno de Moreno “comparezca, dé la cara y todas las explicaciones, y aclare todas las dudas que se van acumulando ante su silencio”.

A falta de un año para las elecciones autonómicas, los andaluces de izquierdas tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre el proyecto político que queremos para nuestra tierra. Y nos toca hacerlo en un momento difícil, marcado por la precariedad que afecta a sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad andaluza, el miedo creciente a un futuro incierto y el peligro de una involución reaccionaria espoleada por la ultraderecha.

En este contexto necesitamos más que nunca pensar con calma. Los llamamientos histéricos a la urgencia de la unidad electoral no pueden ser la excusa para sortear debates cruciales para el presente y el futuro de la izquierda andaluza. Las prisas son malas consejeras, y la única posibilidad de que la izquierda andaluza construya un proyecto sólido, coherente y sostenible en el tiempo exige partir de un análisis correcto de las circunstancias.

De dónde venimos y (por tanto) cómo estamos

En primer lugar, la izquierda andaluza tiene que ser muy crítica con el recorrido histórico que nos ha conducido hasta nuestra actualidad. Porque la situación presente (la precariedad laboral, el paro, la emigración, la destrucción de nuestro patrimonio, la especulación en nuestras ciudades, etc.) es responsabilidad directa del gobierno de Moreno Bonilla, pero no es solo suya: a la hora de hacer política para Andalucía, PP y PSOE han sido básicamente iguales.

La corrupción sistemática, la privatización del modelo de gestión de los servicios públicos, el apoyo tácito a la especulación con nuestro territorio, la promoción de una economía de base extractiva-colonial y el manoseo impúdico de nuestra identidad cultural han sido practicados exactamente igual por ambos partidos, que en Andalucía han demostrado, más que en ningún otro sitio, ser las dos caras de la misma moneda.

Lo último que necesitan las clases trabajadoras andaluzas es otro envoltorio que les venda por enésima vez las mismas fórmulas vacías que solo sirven como muletas del PSOE en la gestión del régimen del 78

Solo esa larga trayectoria de traición bipartidista a los intereses de los andaluces explica el panorama actual de nuestra tierra. Un panorama donde, siendo preocupante la situación material de miles de andaluces, es más preocupante aún su resignación frente al futuro: su desconfianza en la capacidad de nuestro pueblo para liberarse a sí mismo. Solo así se explica la desmovilización fatalista de muchos andaluces de izquierdas, que ha abierto la puerta a la entrada de las derechas españolas en el gobierno andaluz.

En estas circunstancias históricas, lo peor que puede hacer la izquierda andaluza es encerrarse en el cocinado de la enésima marca electoral cuqui para las próximas elecciones. Lo último que necesitan las clases trabajadoras andaluzas es otro envoltorio que les venda por enésima vez las mismas fórmulas vacías que solo sirven como muletas del PSOE en la gestión del régimen del 78. Por eso hay que ser muy críticos con las prisas: para que la excusa de “lo urgente” no nos impida debatir sobre lo importante.

Una izquierda con luces largas

La izquierda andaluza necesita un buen resultado en las próximas autonómicas, pero necesita mucho más un proyecto político a largo plazo: una agenda, una estructura y una estrategia propias. Necesitamos una izquierda con luces largas.

Para construir una agenda propia es fundamental que la izquierda andaluza piense desde Andalucía. Y pensar desde Andalucía no es repetir muchas veces el nombre de nuestra tierra, ni poner ejemplos de aquí para ilustrar los problemas generales del universo mundo. Pensar desde Andalucía es entender que el capitalismo, el racismo y el patriarcado se hilvanan de una forma específica en Andalucía: que responde a la historia de nuestro país, que resulta coherente con nuestras estructuras sociales y que necesita respuestas construidas por nosotros mismos y desde nuestra cultura.

Andalucía no necesita muletas para el PSOE: necesita una izquierda propia, seria y coherente, que barra la corrupción y se enfrente sin miedo a quienes realmente mandan

De aquí se desprende, lógicamente, que la izquierda andaluza solo puede sobrevivir a largo plazo si se organiza con estructuras andaluzas. El aterrizaje en Andalucía de sucursales de los partidos españoles puede servir para el acarreo de votos a Madrid, pero no ha conseguido ni conseguirá nunca traducirse en un proyecto político coherente que devuelva a los andaluces la confianza en su propia capacidad para cambiar su historia. Del mismo modo en que ya lo han entendido en otras naciones del Estado español, los andaluces necesitamos nuestras propias organizaciones políticas si queremos hacer valer nuestros derechos.

Por último, precisamos de una estrategia sólida, que tenga claras las prioridades y que no se asfixie en los bandazos sistemáticos. Y existen como mínimo dos criterios claros que deben guiar esa estrategia. El primero es asumir que los problemas de los andaluces son sistémicos y que para solucionarlos tenemos que construir una alternativa frontal a todas las caras del régimen. Andalucía no necesita muletas para el PSOE: necesita una izquierda propia, seria y coherente, que barra la corrupción y se enfrente sin miedo a quienes realmente mandan. Y en segundo lugar, hay que asumir que necesitamos herramientas jurídicas y políticas para decidir sobre nuestros problemas. Andalucía no puede seguir esperando a que los gobiernos de Madrid nos escuchen: necesita hacer valer sus derechos y ejercer con su propio criterios y soberanamente sobre sus asuntos.

En tiempos de zozobra, lo peor que podemos hacer es enrolarnos en expediciones improvisadas que navegan sin rumbo. La izquierda andaluza necesita construir su propio barco y tomar el timón con fuerza, resistiendo a los cantos de sirena y sin perder nunca de vista el rumbo a seguir. Toca poner las luces largas y centrarse en la construcción de una referencia sólida en clave soberanista, feminista y anticapitalista. Y para eso hay que tener claro cómo hacerlo.

La unidad no se alcanza cosiendo retales de partidos para unas elecciones, sino cosiendo las necesidades, las reivindicaciones y los códigos culturales de las mayorías sociales andaluzas

Las buenas costuras

Evidentemente la izquierda andaluza necesita aglutinar apoyos. No sirve de nada cargarse de buenos argumentos si no somos capaces de que muchos andaluces los hagan propios y se involucren en su defensa. Y en ese sentido, la izquierda siempre debe tener en su horizonte el objetivo de la unidad. Ahora bien: la unidad no se alcanza cosiendo retales de partidos para unas elecciones, sino cosiendo las necesidades, las reivindicaciones y los códigos culturales de las mayorías sociales andaluzas.

La izquierda andaluza se aleja de la unidad cuando se encierra para discutir puestos en listas electorales. Y avanza hacia la unidad cuando consigue gafas gratuitas para todos los andaluces. La izquierda andaluza se aleja de la unidad cuando se mete en el fango de las purgas y las peleas por redes sociales. Y avanza hacia la unidad cuando construye una ley de vivienda junto a las plataformas ciudadanas involucradas en su defensa. La izquierda andaluza se aleja de la unidad cuando cose su futuro al de un PSOE que, con su papel de manijero al servicio de las élites, ha sido el principal abono para el crecimiento de la derecha y la ultraderecha en Andalucía. Y avanza cuando cose su programa con la lucha real de los andaluces por la sanidad pública, por una red de transporte público digna, por el combate al turismo depredador o por la defensa de nuestra tierra frente a las agresiones medioambientales.

A falta de un año para las elecciones autonómicas, la izquierda andaluza enfrenta el reto de atender a las urgencias electorales sin dejar de mirar hacia adelante. La clave estará en saber coser todas las causas que realmente nos acercan a la unidad con nuestro pueblo. Y poner las luces largas para no perdernos por el camino.

La entrada de dos agentes de la Policía Nacional al despacho de un diputado del Parlamento andaluz, sin que el presidente de la Cámara ni los servicios jurídicos tuvieran constancia de ello, no se ha saldado como algo anecdótico.

A resultas de una petición de amparo de aquel diputado, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, el letrado mayor de la Cámara, Manuel Carrasco, ha elaborado un informe para aclarar cómo sucedió aquello y qué conclusiones sacar. Lo primero que sugiere el informe es que hubo una brecha de seguridad, a la que resta importancia porque fue el propio García quien citó a los agentes en su “lugar de trabajo”.

Pero, acto seguido, el letrado argumenta que este suceso violenta la “inviolabilidad” de la sede legislativa y concluye que no puede volver a repetirse. “No existe el deber de solicitar autorización por parte de los agentes de policía para acceder a la sede de la Cámara. Sin embargo, especialmente de cara a clarificar el protocolo de actuación de cara al futuro, cabe afirmar la obligación de solicitar autorización por parte de los agentes de policía para el acceso a la sede del Parlamento de Andalucía, que se puede deducir de la propia garantía de inviolabilidad de la Cámara, en su faceta de inmunidad de sede”, reza el informe, al que ha tenido acceso este periódico.

Esta, en síntesis, es la conclusión del informe de los servicios jurídicos del Parlamento elaborado a petición de su máximo órgano de dirección, después de que el portavoz de Adelante Andalucía solicitara amparo al presidente de la institución, Jesús Aguirre, tras la visita de dos agentes a su despacho el pasado abril para entregarle una denuncia de la Fiscalía por sus comentarios políticos, que tildó de “libertinaje de expresión”.

Los agentes que entraron en el Parlamento andaluz llevaban consigo la notificación de una querella criminal del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra García, acusándole de haberse “extralimitado” en su prerrogativa como parlamentario (y en el ejercicio de su libertad de expresión) por las críticas vertidas contra la actuación policial que desembocó en la muerte de Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que fue perseguido por agentes municipales de Sevilla y murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre.

La muerte del inmigrante Mamouth Bakhoum causó una ola de protestas civiles en Sevilla. García se unió a una de las concentraciones de la población africana y, desde allí, censuró con dureza la actuación policial y, por esa crítica pública, fue objeto de una querella criminal por parte del Ministerio Público, que le fue notificada en persona en su lugar de trabajo: el Parlamento andaluz.

El portavoz de Adelante habló de “violencia institucional” y el fiscal le acusó de “incitar al odio y la violencia contra la Policía”, le denunció por “injurias” al cuerpo y llego a afearle que, desde su posición como parlamentario, pudo poner en riesgo a los agentes con sus valoraciones políticas.

Sin entrar en el fondo del asunto, el letrado mayor analizó el recorrido desde que el fiscal ordena a la Policía Judicial que notifique la querella al diputado hasta que dos agentes se plantan en las dependencias del grupo parlamentario Adelante Andalucía. Para sus conclusiones, Carrasco se apoya en el propio Reglamento de la Cámara y en el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento (sobre medidas de seguridad), pero también en aspectos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, más contundentes sobre la “inmunidad de una sede legislativa”.

La ley dice (artículo 548) que un juez “necesitará para la entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores la autorización del Presidente respectivo”, un precepto pensado para las Cámaras estatales -Congreso y Senado- pero que el letrado del Parlamento andaluz hace extensible a las comunidades autónomas.

El Código Penal (artículo 499) establece que “la autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave”.

Petición de amparo al presidente

José Ignacio García pidió protección al presidente de la Cámara tras serle notificada la querella criminal por sus declaraciones públicas en la misma sede parlamentaria, un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria. Aguirre encargó dos informes a los letrados: uno para clarificar cómo habían accedido los dos agentes a la sede de la segunda institución de Andalucía, y otro para analizar el alcance de la inmunidad del diputado ante la querella del fiscal. En ambos informes juega un papel fundamental el concepto de “inviolabilidad”, tanto del diputado como del propio edificio legislativo.

El informe jurídico retrata una especie de vacío legal sobre el acceso de los dos agentes al Parlamento y, aunque fue el propio diputado quien les citó allí, el letrado mayor desliza que hubo una brecha de seguridad que permitió a los policías llegar hasta el mismo despacho del grupo parlamentario acompañados de una ujier, sin conocimiento del presidente de la Cámara ni de los servicios jurídicos, que se enteraron cuando García lo hizo público.

El letrado reafirma la competencia de Aguirre para “autorizar la entrada de agentes de policía a la sede de la Cámara” y, añade, “resultaría conveniente también que este hecho se pusiera previamente en conocimiento de Secretaría General del Parlamento”. Es decir, el informe reconoce que tanto el presidente como el letrado mayor debieron ser informados de la presencia de dos policías en el Parlamento para notificar una denuncia a uno de sus diputados.

El documento recoge, a su vez, dos informes solicitados por el letrado mayor tanto al Jefe de la Unidad de Régimen Interior de la Cámara, responsable de su seguridad, y a la propia Policía Judicial que envió a los agentes. Las versiones discrepan en algo sustancial: el primero sostiene que el diputado salió a recoger la notificación y que los agentes no llegaron a pasar de la puerta, concretamente del Patio de los Leones, donde habrían estado “entre 15 y 20 minutos”.

Pero el informe de la Policía dice que los agentes sí fueron conducidos por una ujier hasta las dependencias el grupo Adelante Andalucía, una versión que coincide con la que dio el propio diputado. Es raro que se mantenga esta contradicción de versiones en un informe jurídico, porque un simple visionado a las cámaras de vigilancia que controlan cada rincón del Parlamento podría corroborar los hechos tal como ocurrieron.

Con todo, el letrado mayor resta importancia a esta discrepancia de relatos, porque cree que el hecho clave y que se repite en ambas versiones es que el diputado y los agentes de Policía acordaron la entrega de la notificación de la querella en la propia sede parlamentaria. Esto, dice el informe, “nos lleva a concluir que la entrada de los agentes y la práctica de la notificación no han afectado al funcionamiento libre y eficaz de la institución, cuya preservación constituye el objeto de la garantía de la inviolabilidad de la Cámara”.

Los dos informes del Parlamento se emitieron a principios de junio, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya había dado carpetazo a la querella contra el portavoz de Adelante con un durísimo auto.

Los jueces inadmitieron la querella de la Fiscalía contra García por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla, un caso que convulsionó el Parlamento autonómico al poner en cuestión la libertad de expresión y la inviolabilidad de la que gozan sus señorías para trasladar sus opiniones políticas fuera de la Cámara. “No hay injurias graves, no hay calumnia, no hay incitación al odio, sino ejercicio de la libertad de expresión que pretende cambios de políticas, legislación o prácticas”, concluyó el auto del juez ponente del TSJA, Miquel Pasquau.

Mientras deliberaban los magistrados, el mismo tema motivó un debate entre los distintos grupos políticos. Las izquierdas defendieron el derecho constitucional del diputado de Adelante para expresar sus opiniones políticas, el PP andaluz, en cambio, se alineó con la tesis del fiscal en defensa del derecho al honor de la Policía, aunque luego el TSJA echó por tierra sus argumentos.

Sobre este mismo asunto también versa el segundo informe encargado a los servicios jurídicos del Parlamento andaluz que, en este caso, elaboró la letrada Cristina Romero. El documento, alineado con el auto que dictaron los jueces del Alto Tribunal andaluz en defensa del portavoz de Adelante, recopila la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la “inviolabilidad” del parlamentario a expresar sus ideas políticas -“declaraciones de juicio y voluntad”-, dentro y fuera de la Cámara.

“La inviolabilidad, se configura como un límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto, en la medida en que impide la apertura de cualquier clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los miembros de la Cámara por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”, concluye el informe.

A falta de ocho meses -como máximo- para la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en Andalucía, el PP de Juan Manuel Moreno retiene su mayoría absoluta y observa de lejos a su principal perseguidor, un PSOE que retrocede posiciones desde que asumió el liderazgo María Jesús Montero, hace cinco meses.

El segundo barómetro trimestral de 2025 de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), publicado este jueves, congela la imagen actual del Parlamento andaluz, resultado de las urnas en 2022, con un bloque robusto de las fuerzas conservadoras (56,4%) que aleja la hipótesis del cambio de ciclo político ansiado por la izquierda.

Según el llamado CIS andaluz, el Partido Popular obtendría el 41,7% de los votos y entre 55 y 57 escaños, frente a los 58 que logró en las autonómicas de junio de 2022. El PSOE andaluz, algo vigorizado desde que Montero sustituyó a Juan Espadas al frente, se queda con el 19,8% de los votos y entre 24 y 26 escaños, por debajo de los 30 actuales, su cota electoral más baja en la historia.

La tercera fuerza en la Cámara sigue siendo Vox, con el 14,7% del escrutinio y una horquilla de 16 a 18 diputados, por encima de los 14 que ahora tiene. Y muy por debajo de estos tres partidos se sitúan las dos formaciones a la izquierda del PSOE -antaño aliadas- que son las que mejoran significativamente su resultado actual, en detrimento del desplome socialista:

Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz (Podemos aún no ha confirmado si seguirá dentro), alcanza el 10% de los votos y de cinco escaños pasaría a una horquilla de 8 a 9. Adelante Andalucía, que carece de grupo parlamentario propio por falta de apoyos, se aferra a la Cámara con el 6,2% del escrutino, que le permitiría pasar de dos diputados a una horquilla de dos a tres.

Respecto al último sondeo del Centra, publicado en abril, las dos fuerzas del bipartidismo retroceden, mientras avanza la ultraderecha y las izquierdas alternativas que se benefician del desgaste agudo en el PSOE.

El PP de Moreno pierde 1,4 puntos y se queda, en la cota más baja de la horquilla, con los 55 escaños justos para la mayoría absoluta. Los socialistas se dejan 4,3 puntos -su peor resultado histórico-, mientras Por Andalucía recoge los frutos de su alianza de partidos (avanza 2,3 puntos) y Adelante Andalucía da un respingo de 1,6 puntos y alcanza su mejor cota hasta la fecha.

La intención de voto que dibuja el sondeo es la línea de salida para los próximos comicios que tocan en la primavera de 2026, si Moreno mantiene su compromiso de no adelantarlos. De momento, la hoja de ruta en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, pasa por aprobar los Presupuestos Autonómicos para 2026 en diciembre y la Ley andaluza de Vivienda -un asunto que será mollar en la próxima campaña- antes de que termine el año.

Los partidos se miran en el espejo de su último resultado en las urnas, que dieron 58 diputados al PP de Moreno, 30 al PSOE, 14 a Vox, cinco a Por Andalucía y dos a Adelante Andalucía. El barómetro del Centra, denostado por la oposición por depender de la Consejería de Presidencia, otorga una ventaja de 21,9 puntos a los populares sobre los socialistas [la mayor en la serie histórica].

Los hombres del presidente andaluz concluyen que “no ha habido efecto Montero”, es decir, un repunte en las expectativas de voto desde que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y número dos del PSOE federal se hizo con las riendas del partido.

Los socialistas andaluces han recuperado el pulso desde que les comanda Montero, pero se reconocen a los pies de una cordillera importante. En la horquilla más alta, el bloque de la derecha suma 75 escaños de los 109 del Parlamento [56,4%], frente al 36% que reúnen PSOE, Por Andalucía y Adelante (más la incógnita de si un cuarto partido de izquierdas, Podemos, concurrre en solitario): 38 escaños. Moreno concentra más diputados que todo el arco de los partidos progresistas juntos.

La mayoría absoluta está en 55 y algunos dirigentes del PSOE admiten que su expectativa no alcanza a ganar a Moreno, sino hacerle perder esa mayoría, obligándole a volver a pactar su investidura con la ultraderecha, como ya hizo en su primer mandato. El presidente y líder del PP andaluz es el candidato preferido para los encuestados (49,4%), seguido de Montero (21,5%); el líder federal de IU, Antonio Maíllo (9,2%), que no es candidato en esta comunidad; la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto (6,7%); el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (5%); y el portavoz Vox, Manuel Gavira (4,7%).

Entre las preocupaciones de los andaluces, según la encuesta, la sanidad se mantienen en el segundo puesto, por detrás del paro, pero ha escalado posiciones respecto al último sonceo. El desempleo, que históricamente ha encabezado la lista de problemas en esta comunidad, sigue liderando este ránking de preocupaciones, pero ahora es señalado por el 19,3% de los encuestados, cuando hace tres meses lo era para el 43,3%.

La sanidad, en cambio, ha pasado de indentificarse como el segundo problema de los andaluces para el 19,9% a serlo para el 16,1%, apenas a tres puntos del paro. La oposición de izquierdas está percutiendo en el malestar ciudadano por el colapso sanitario, las listas de espera para ser atendido por un médico, o la sombra de los contratos a dedo con la sanidad privada, ahora bajo investigación de dos juzgados y de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de malversación y prevaricación.

El sondeo, a partir de 3.600 entrevistas telefónicas, se realizó entre el 13 de junio y el 1 de julio, un periodo marcado por el terremoto político que sacudió al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, con la entrada en prisión del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, acusado de gestionar mordidas por la adjudicación de obras públicas, y los polémicos audios que reveló el informe de la Guardia Civil en los que se oye al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, hablar con su mano derecha, Koldo García, de mujeres como si fueran ganado.

El CIS andaluz no pregunta por la gestión del Gobierno andaluz de Moreno, pero sí señala como primer problema de España la corrupción, la desconfianza con los partidos y la desafección con la política. Es una preocupación para el 36% de los encuestados, aunque en Andalucía este asunto sólo es especialmente significativo para el 8,1%.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido la querella criminal interpuesta por la Fiscalía contra el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla, un caso que ha sacudido el Parlamento autonómico al poner en cuestión la libertad de expresión y la inviolabilidad de la que gozan sus señorías para trasladar sus opiniones políticas fuera de la Cámara.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces desmontan los duros argumentos que esgrime el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, para acusar al diputado de Adelante de ejercer una suerte de “libertinaje de opinión”, “un derecho al insulto” y “un exceso verbal” por haber cuestionado la actuación de los agentes que persiguieron en moto durante un kilómetro y “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que se ahogó en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre.

El portavoz de Adelante Andalucía acudió a la manifestación de protesta que convocó la comunidad senegalesa y africana en Sevilla el pasado 2 de enero para apoyar su reivindicación de abrir una investigación más a fondo de lo ocurrido. García se grabó un vídeo, que más tarde difundió en sus redes sociales, denunciando “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”. Esas expresiones motivaron una querella de dos sindicatos policiales, a la que se sumó después la Fiscalía Superior del TSJA, que envió a dos agentes de paisano al Parlamento andaluz para notificar en mano la denuncia al aludido. Un hecho sin precedentes en la historia autonómica.

La conclusión de los jueces es diametralmente opuesta a la del Ministerio Público: “No hay injurias graves a la policía, no hay calumnia, no hay incitación al odio, sino ejercicio de la libertad de expresión constitucionalmente protegido”, replican en su auto, notificado al letrado mayor del Parlamento el pasado 6 de mayo.

Pero el escrito de los magistrados, que firma el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y del que es ponente el jurista Miguel Pasquau Liaño, va mucho más allá de la defensa férrea de la libertad de expresión, “principio básico de la democracia”.

Los jueces entran de lleno en el debate abierto por el diputado -“racismo institucional, violencia policial, represión”-, y legitiman cada expresión, vislumbrando, de paso, un profundo conocimiento y una clara empatía respecto a la situación de desprotección que padecen y denuncian los inmigrantes en este país, y los manteros en particular.

“Nada impide a un español opinar”

En el auto, los jueces replican al fiscal, con rotundidad, que “nada impide, desde el punto de vista penal, a un ciudadano español sostener en público, con razón o sin ella, que perseguir policialmente a inmigrantes manteros es expresión de un racismo institucional, si lo que se pretende es defender que deberían suprimirse o cambiarse las leyes y políticas que lo permiten. Y si puede hacerlo un ciudadano cualquiera, también, o aún con mayor razón, un diputado en su cometido de dar visibilidad a cualesquiera reivindicaciones políticas”. 

En consecuencia, “la decisión no puede ser otra que la inadmisión a trámite de la querella, a fin de impedir la incoación en vano de un procedimiento penal”, avisa desde el primer instante el documento.

En su querella, el teniente fiscal endurecía aún más los argumentos de la denuncia interpuesta por los sindicatos policiales contra el parlamentario, llegando a calificar las opiniones de García como un delito “de odio”, aunque se trataba de una querella por injurias al “prestigio” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, otro delito que tiene una tipificación menor en el Código Penal.

Muñoz Oya acusaba al portavoz de Adelante Andalucía de motivar “un hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales”, hablaba de “concretos actos de apoyo explícito a la violencia contra ellos” y señaló al diputado por “incitar a actuar violentamente contra” los agentes. “No es libertad de expresión. Es odio y ataques al honor”, concluía en su escrito.

El TSJA defiende la actuación de los agentes que persiguieron a Mamouth, admite el malestar que pudo generarles la crítica del diputado de Adelante, pero invalida por completo los argumentos del fiscal al querellarse contra sus opiniones, porque le asiste, por encima de su inviolabilidad como parlamentario, la libertad de expresión, consagrada en la Constitución.

“El cauce exento de sanción penal de la libertad de expresión ha de ser ”lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor“, sin correr el riesgo de ”hacer del Derecho penal un factor de disuación del ejercicio de la libertad de expresión“, reza el auto, citando jurisprudencia ”contundente“ del Tribunal Constitucional.

Sacudida al Parlamento andaluz

El escrito de la Fiscalía contra un diputado causó estupor en el Parlamento andaluz, donde todos los partidos han coincidido en pedir a los servicios jurídicos que encarguen un informe sobre el caso de García y los límites de la inviolabilidad de los diputados -derecho blindado en el Estatuto de Autonomía- ante posibles “delitos de opinión”.

Más allá del contenido de sus palabras, el Ministerio Público llega a censurar la potestad del parlamentario por ejercer la crítica política contra una institución pública, como la Policía Local, fuera de la Cámara que le otorga esa inviolabilidad como diputado. Muñoz Oya arremete contra García por “extender la responsabilidad de lo ocurrido al ámbito político” y “por contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de una institución o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del TSJA defiende que el trabajo de García es precisamente ese: “el debate político”. Los jueces argumentan que la expresión “racismo institucional”, pronunciada por el diputado andalucista, “no es en absoluto un insulto ni una ofensa ni una injuria, sino un concepto político de muy larga tradición acuñado en la lucha contra las desigualdades por razón de raza, etnia u origen (...) utilizado reiteradamente como lema por los movimientos de apoyo al colectivo de inmigrantes que se dedican a la venta ambulante no autorizada (coloquialmente ”manteros“) para criticar la consideración de tal actividad como delito y la política de represión de la misma. Es, digamos, equiparable a expresiones como ”Justicia machista“ o patriarcal”.

En aquella manifestación convocada por la comunidad africana en Sevilla, el diputado de Adelante, según el auto, “está expresando una opinión y pretende cambios de políticas, legislación o prácticas”.

Es, pues, “un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuyo control penal jamás puede rozar consideraciones simplemente éticas, o de estilo, y ni siquiera de verdad o falsedad, pues la libertad de expresión ampara la defensa y difusión de opiniones o valoraciones que parezcan indefendibles para la mayoría social, incluso si resultan excesivas, desagradables, molestas u ofensivas para una persona, un colectivo o una institución, siempre que la finalidad de zaherir no prevalezca y se anteponga a la de expresar una opinión sobre una cuestión de alcance político”, concluyen los magistrados.

“La función policial comporta violencia y represión (legítimas)”

Los jueces también defienden que la expresión “violencia policial” “no puede considerarse injuria” porque “entra dentro del debate político” -“la función policial comporta violencia y represión (legítimas)”, subrayan-; y recuerdan antecedentes similares a la muerte del mantero senegalés en Sevilla, como los casos de Mbolo Moye Doole (Bilbao) o Mame Mbayé (Lavapiés; Madrid), que también fallecieron perseguidos por la Policía.

En todos los casos, la actuación de los agentes provocó “actos de protesta, concentraciones y manifestaciones organizadas por asociaciones y organizaciones de lucha contra el racismo, que ”denuncian sistemáticamente el binomio “racismo institucional” y “violencia policial”, lemas que aglutinan a una no insignificante diáspora de organizaciones y movimientos, por sustentar la opinión de que el hecho de perseguir para incautar mercancías y detener a los manteros es un exceso de represión contra el que protestan“, subraya el auto.

Los magistrados defienden la función policial y da por válido el sobreseimiento del caso que abrió un juzgado para investigar la muerte de Mamouth y la actuación de los agentes (ahora recurrido por su familia ante la Audiencia de Sevilla). Pero el auto resume el caso en una frase rotunda, donde concluye que sin la persecución policial la muerte del mantero senegalés no se habría producido: Se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, concluye.

Respeto a las instituciones

Por último, lo jueces cierran el auto haciendo un análisis sobre el alcance del artículo 504.2 del Código Penal, que invocaron los querellantes al denunciar las “graves injurias” a la Policía. El auto subraya la importancia de esa sobreprotección jurídica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero añade: “no lo están más que otras instituciones como el Gobierno de la Nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Supremo, o el Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma”.

“No hace falta hacer una relación o recordatorio de contundentes críticas habitualmente proferidas en medios de comunicación contra representantes de tales instituciones, o contra la institución misma, en asuntos delicados (confinamiento, vacunación, muertes en residencias, compraventa de armas, presentación de proyectos de ley, dictado de sentencias en asuntos controvertidos, etc.)”, recuerdan los jueces.

En efecto, en esta legislatura de polarización extrema, los partidos de la derecha han cuestionado -dentro y fuera de los parlamentos- prácticamente a todas las instituciones del Estado, acusando a Pedro Sánchez de “colonizarlas”. Empezando por el propio presidente del Gobierno, a quien dirigentes de PP y Vox le niegan toda legitimidad democrática, y le califican de “autócrata”, “tirano”, “felón”, “sinvergüenza”, “psicópata” o directamente “hijo de puta”.

Y los dirigentes de izquierdas han roto el tabú que hacía intocables a los jueces, sus instrucciones y sus sentencias, hablando de “lawfare o cacería política”, tildando de “vergonzosas” sus fallos o llamándoles “corruptos” y “prevaricadores”, como hizo la líder de Podemos, Ione Belarra, en referencia al exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo cual motivó una protesta unánime del Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz de Adelante Andalucía ha comparecido este martes para valorar el auto del TSJA: “Hoy se acaba este esperpento que nunca debió producirse, pero el caso de Mamouth sigue abierto, con muchas cosas por resolver, muchas preguntas, y desde Adelantes nos ponemos al servicio de la familia y de la comunidad senegalesa”, ha asegurado.

García se ha mostrado contento con la decisión de los jueces, pero espera que el informe jurídico del Parlamento andaluz clarifique aún más hasta dónde llega la inviolabilidad de los diputados ante supuestos “delitos de opinión”. “Hablar de racismo institucional, de violencia policial y de represión es perfectamente legítimo. Los policías son instituciones y las instituciones son criticables, se tienen que acostumbrar a que son criticables. El trabajo de un diputado es hacerse eco de reivindicaciones políticas. Lo que yo hice fue ir a una manifestación y hacerme eco de una situación muy triste”, concluye.

Hace tiempo que Anticapitalistas rompió con Podemos y se alejó de lo que denominan la “izquierda gobernista”, y también de Sumar. La formación que fue parte fundamental en el nacimiento del partido de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Miguel Urbán y compañía encara un nuevo congreso con el que buscan afinar una hoja de ruta de cara al próximo ciclo electoral. Con una estrategia alejada de la izquierda institucional y centrada en la construcción de un nuevo “poder popular”, con los dos pies en las movilizaciones sociales por el derecho a la vivienda o contra las políticas de rearme que atribuyen al Gobierno.

El partido de Urbán, Teresa Rodríguez o José María González, Kichi, aprobó hace seis años la separación de Podemos, justo cuando el partido que entonces todavía lideraba Pablo Iglesias decidió entrar en el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Aquel paso fue el argumento definitivo para la ruptura de una relación marcada por múltiples desencuentros casi desde el inicio.

Cinco años después de esa ruptura y de dos experiencias de gobiernos de coalición que en su opinión se han demostrado fracasadas, Anticapitalistas se prepara para el nuevo ciclo electoral con un nuevo congreso el próximo verano. La intención de la militancia pasa por seguir marcando distancias con esa izquierda que tildan de “gobernista”, ahora encarnada por la alianza de partidos alrededor de Sumar, para centrar los esfuerzos en la construcción de un nuevo “poder popular” que tenga base en los movimientos sociales que marcan el nuevo tiempo, las movilizaciones por el derecho a la vivienda en un contexto de precios del alquiler desorbitados o el movimiento propalestino. 

De hecho, la formación se ha propuesto en las últimas semanas levantar una oposición ecosocialista desde la calle a las políticas de rearme que está aprobando el Gobierno. “Nos proponemos levantar una oposición al militarismo que impulsan las burguesías europeas y que el gobierno español acata plenamente. No basta con votaciones simbólicas en el parlamento: no se puede estar ”parcialmente“ en contra de la dinámica de militarización, si están en contra lo mínimo que deben hacer es abandonar el gobierno”, sostienen fuentes del partido. 

En las últimas semanas la coalición ha vivido sus momentos más tensos desde el inicio de la legislatura por la política exterior que quiere impulsar el presidente, Pedro Sánchez, con la aprobación de un paquete millonario para incrementar el gasto militar y por la compra de armamento a empresas israelíes que Interior se vio obligado a cancelar tras la presión de Sumar. 

“Debemos reaccionar. Es urgente impulsar la movilización unitaria contra la militarización y dejar claro que no vamos a aceptar esta política. Debemos hacerlo desde un punto de vista internacionalista y a escala internacional, sin olvidarnos nunca de la solidaridad anticolonial con luchas como la del pueblo palestino frente al genocidio sionista [...] Es necesario organizar una confrontación bajo un programa ecosocialista, que haga frente a sus planes de rearme y luche en todos los ámbitos contra la Europa del capital”, defendió hace poco el partido en un comunicado. 

Ese distanciamiento de las opciones de la izquierda de gobierno ha marcado el camino de Anticapitalistas desde la ruptura con Podemos, como ya hicieron patente en su III Congreso. 

“En nuestra opinión se han confirmado las diferencias estratégicas que teníamos con la izquierda oficial. Hoy la mayoría de la izquierda asume que no hay otro horizonte que no sea reclamar pequeños parches al PSOE, reconociendo que no hay otra alternativa que aspirar a un par de ministerios dentro de eso que durante tanto tiempo hemos llamado ”Régimen del 78“, sostienen fuentes del partido.

Ahora tras un periodo marcado primero por las consecuencias de la pandemia y después por la transformación de la izquierda, el partido reflexionará durante su nuevo congreso en los próximos pasos para el ciclo electoral que comenzará, si no hay otros adelantos, con las andaluzas y las elecciones de Castilla y León en 2026 y que tendrá como plato fuerte las próximas generales, previstas para un año después, aunque siempre dependientes de una eventual convocatoria anticipada que solo puede decidir Pedro Sánchez. 

Entre los planes que el partido llevará a su congreso y que ya están debatiendo las bases está la idea de construir un partido de clases trabajadoras, según fuentes de la organización, “que sea capaz de combinar la intervención electoral con la construcción por abajo de un tejido social fuerte, autónomo del poder y en confrontación con él”. “Es decir, una organización que dé cabida a quienes consideran que es posible y necesario organizar de otra manera el mundo y nuestras vidas, sobre los intereses de la mayoría y no un selecto y pequeño grupo de privilegiados ricos”, sostienen esas fuentes.  

El partido tiene en Adelante Andalucía su principal referencia, con José Ignacio García como cartel electoral para esas próximas elecciones en las que esperan crecer por encima de los dos escaños (un 5% de los votos) que consiguieron en las de 2022, cuando Teresa Rodríguez era todavía la candidata a la Junta. 

Pero más allá de la pura contienda electoral, la formación cree imprescindible la creación de un “poder popular”, “al igual que los empresarios y la patronal tienen el suyo”, defienden. “Por supuesto, participamos en las elecciones y queremos tener presencia institucional, pero subordinado a este objetivo, que tiene como fin luchar por un gobierno de los trabajadores, y construir una sociedad que rompa con la propiedad privada y basada en la planificación ecológica y democrática de la economía”, defienden. 

“No hablamos de recetas mágicas, sino de reforzar el poder estructural de la clase trabajadora, es ahí donde podemos levantar una garantía para una alternativa a la guerra y la barbarie que nos presentan como inevitable. Por eso, nos volcaremos en lanzar una campaña contra el rearme y la guerra, desde un punto de vista ecosocialista que ponga sobre la mesa una alternativa”, resumen en el partido.

El Parlamento andaluz se ha metido de lleno en un debate resbaladizo sobre los márgenes de la libertad de expresión de sus diputados, un debate que empezó hace más de cuatro décadas, cuando empezó la democracia.

El año del golpe de Estado fallido del teniente coronel Antonio Tejero (1981), el Congreso tramitó uno de los primeros suplicatorios de la incipiente democracia española, que puso a prueba la “inmunidad parlamentaria”, para que el Tribunal Supremo procesase a varios diputados por sus opiniones políticas, tras recibir una querella criminal de la Fiscalía. La libertad de expresión, como derecho fundamental consagrado en la Constitución, tenía tres años de vida.

En el archivo de la Cámara baja, donde los debates y las votaciones sobre suplicatorios tienen carácter secreto, hay pocos precedentes de un cargo electo imputado y juzgado por un “delito de opinión” a resultas de una denuncia del Ministerio Público. En la hemeroteca del Parlamento andaluz, ninguno. Pero eso está a punto de cambiar.

El pasado 4 abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron de paisano en la Cámara autonómica, identificaron en su despacho al diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y le notificaron una querella de la Fiscalía Superior del TSJA por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Dos meses antes, García había participado en una concentración de protesta en la capital andaluza por la muerte de Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que fue perseguido por agentes municipales y murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. El diputado cuestionó la actuación policial con unas palabras que han motivado la querella del Ministerio Público: “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

Los servicios jurídicos del Parlamento tratan ahora de aclarar cómo accedieron aquellos policías sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre. En realidad, fue García quien les citó “en su domicilio laboral”, porque entiende que el fiscal se querella contra él por una opinión política que hizo “en el ejercicio de sus funciones como parlamentario”, aunque las hiciera fuera del Parlamento.

Y de eso, en parte, trata esta insólita querella contra un cargo público, que ha reabierto el debate sobre los límites de la “inviolabilidad” de los diputados -blindada en el Estatuto de Autonomía (artículo 101.3)- y del “plus de libertad de expresión del que gozan”.

El caso ha captado la atención de todos los partidos representados en la Mesa del Parlamento, que el pasado miércoles decidió por unanimidad solicitar un informe jurídico a sus letrados. Varios juristas han consultado el escrito de querella y coinciden en que el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, hace una “interpretación excesivamente dura” de las palabras del diputado.

De entrada, es una querella por injurias contra el prestigio de la Policía (un derecho con un nivel de garantía menor que la libertad de expresión o el derecho al honor de una persona de relevancia pública).

Pero, además, el fiscal termina argumentando que se trata de un delito de “odio”, algo que no le imputa la querella, y que tiene una tipificación más dura en el Código Penal, pues castiga la “violencia contra una minoría” con penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a 12 meses. “El cuerpo de Policía no entra en la categoría de minoría vulnerable, que es el sentido del delito de odio”, argumenta el jurista Joaquín Urías.

En su escrito, Muñoz Oya denuncia “un hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales”, habla de “concretos actos de apoyo explícito a la violencia contra ellos” y acusa al diputado de “incitar a actuar violentamente contra” los agentes. “No es libertad de expresión. Es odio y ataques al honor”, concluye sobre las palabras del diputado.

La muerte de Mamouth Bakhoum

El 2 de enero, el portavoz de Adelante Andalucía asistió a una concentración de ciudadanos senegaleses en la Plaza de la Gavidia, en el centro de Sevilla, donde cuestionó la actuación de los policías que habían perseguido “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum,

Bakhoum era un hombre de 43 años con los papeles en regla, con mujer, una hija de un año y con sus padres a su cargo. Aquel día, en plenas fiestas navideñas, estaba vendiendo 34 camisetas falsas de equipos de fútbol en la céntrica Avenida de la Constitución, y echó a correr cuando vio llegar a la Policía. Los agentes le persiguieron durante más de un kilómetro hasta el muelle, junto al río donde se ahogó.

La Policía Local de Sevilla informó del suceso en una nota de prensa que recogía datos del atestado, asegurando que Mamouth Bakhoum huyó corriendo durante un kilómetro y medio, se tiró voluntariamente al agua y los agentes trataron de rescatarle sin éxito. Los medios de comunicación difundieron la versión oficial, pero la familia y sus allegados exigieron más explicaciones.

La comunidad senegalesa y africana asentada en Sevilla convocó aquella concentración del 2 de enero frente a la Consejería de Justicia del Gobierno andaluz, y contactó con partidos políticos de izquierdas, ONGs, agentes sociales y periodistas para buscar amparo frente a la versión oficial.

El portavoz de Adelante Andalucía estaba pasando las fiestas con unos amigos en una casa rural de Los Alcornocales (Cádiz) cuando recibió un mensaje de su compañera, la entonces diputada Maribel Mora, en el chat de Telegram que usa el grupo parlamentario:

-“La comunidad senegalesa está empezando a moverse. Los colectivos sociales están pendientes y hay una reunión con el sindicato de manteros y con ONGs”.

-“Ok. Ve contando. Yo el día 2 puedo ir a la manifestación”, respondió García.

Enero es un mes inhábil en el Parlamento andaluz, que permanece cerrado aunque sus señorías cobran igualmente sus salarios e indemnizaciones por gastos de viaje y alojamiento, que oscilan entre los 200 y los 500 euros semanales. Más que ningún otro partido, los de Teresa Rodríguez han criticado mucho que los diputados perciban esos pluses en la nómina incluso cuando la Cámara está cerrada.

La legislatura pasada pelearon para suprimirlos y, al no lograrlo, decidieron donar los suyos a una causa social cada mes. En aquel debate, la Mesa del Parlamento y el resto de partidos les acusó de “hacer demagogia”, y les recordó que “los diputados no dejan de ser diputados aunque la Cámara esté cerrada”, que siguen ejerciendo sus funciones en sus respectivas provincias, y que las indemnizaciones para desplazamientos y alojamiento sirven a este propósito.

En la primera semana de enero de 2025, la planificación de trabajo del grupo parlamentario Adelante Andalucía incluía la participación de uno de sus miembros en la concentración por la muerte de Bakhoum, en apoyo a su familia y a la comunidad africana en Sevilla.

En aquella protesta se estaba reclamando una investigación independiente de las circunstancias del fallecimiento del mantero senegalés, la regularización de inmigrantes y el cambio en las leyes de Extranjería que, según denunciaban, “son caldo de cultivo para tragedias como esta”. En 2018, otro ciudadano senegalés de 34 años (Mame Mbaye Ndiaye) que vendía perfumes en el centro de Madrid fue perseguido por policías municipales y falleció de un infarto en una calle de Lavapiés.

La jueza que investiga la muerte Bakhoum en el Guadalquivir logró acceder a las cámaras de seguridad de la zona y ha archivado dos veces la denuncia de su familia, aunque en su último escrito describe la intervención de los agentes como “un cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

“Racismo institucional y violencia policial”

García hizo allí las declaraciones que han desatado todo este lío: “Hay que investigar lo que ha cometido la Policía Local. Un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”, dijo.

El diputado andalucista grabó en vídeo sus declaraciones y las difundió en la red social X para sus 16.600 seguidores [tuvo más de 48.000 visualizaciones], en Instagram (13.900 seguidores) y en Facebook (4.998 amigos). El secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y el presidente del Sindicato de la Policía Local le denunciaron por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” (artículo 504.2 del Código Penal), penado con una multa de 12 a 18 meses y con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

García entendió que la querella trataba de “infundir miedo” para que la gente no cuestionara la actuación policial que, a su juicio, había “influido” en la muerte de Bakhoum, aun bajo investigación judicial. “Si amedrentan a un representante público que tiene más voz y está más protegido que un ciudadano de a pie para discrepar contra el poder establecido, el mensaje que dan es que ellos mandan y que nosotros callamos”, explica.

El 17 de enero, el portavoz de Adelante Andalucía convocó a los medios de comunicación en la sede del partido en Sevilla, se ratificó en sus declaraciones y avanzó un paso más, al denunciar que la “ley Mordaza” había endurecido las penas contra la venta ambulante, pasando de falta a delito, y denunció que “si el chaval fallecido hubiera sido blanco y sevillano, habría una investigación abierta, si no la hay, es porque era negro y migrante, y eso se llama racismo institucional”, sentenció.

Adelante Andalucía no sólo se sumó a la concentración de repulsa en la calle, también llevó el debate al Parlamento autonómico y al Congreso de los Diputados. El 25 de enero, registró -a través de los diputados de Bildu- varias preguntas dirigidas al Gobierno de España con solicitud de respuesta por escrito para esclarecer lo ocurrido y “determinar responsabilidades”. Una de las preguntas es llamativa, porque recoge la literalidad de las palabras que han motivado la querella contra García: “¿Cuáles son los planes del Gobierno para prevenir posibles casos de racismo institucional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?”.

Libertad o “libertinaje de opinión”

Y en este punto, la historia da un salto de gigante, cuando la Fiscalía Superior del TSJA se alinea con los querellantes y acusa a un parlamentario de confundir libertad de opinión con “libertinaje de opinión”, y de actuar como muchos -en el ámbito de la política- entienden que puede y debe actuar un parlamentario. A saber: “por extender la responsabilidad de lo ocurrido al ámbito político” y “por contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de una institución o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

¿Puede un ciudadano de a pie “contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática” de la Policía o de cualquier otra institución del Estado? ¿Puede hacerlo un representante público elegido en las urnas? ¿Hasta dónde se puede “generar un estado de opinión” sin injuriar a los poderes establecidos? ¿La inviolabilidad protege a un diputado por sus opiniones políticas dentro de los muros del Parlamento, pero no si las expresa fuera? ¿Le protege también fuera, pero si las pronuncia en el marco de un “acto parlamentario”, como recoge el artículo 101.3 del Estatuto? ¿Qué se considera un “acto parlamentario”: el que organiza el propio Parlamento, o basta con que lo organice un grupo parlamentario?

El debate sobre los límites de la inviolabilidad de un parlamentario frente a denuncias por “delitos de opinión” se ha reabierto en un momento político especialmente crítico, en el que a diario diputados, senadores, alcaldes y concejales de un signo político u otro vierten durísimas declaraciones -cuando no insultos- contra todas las instituciones del Estado y cuestionan la legitimidad de todos los poderes públicos que ellos no controlan.

Empezando por el propio presidente del Gobierno, a quien dirigentes de PP y Vox -desde Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso hasta Santiago Abascal- le niegan toda legitimidad democrática, y le califican de “autócrata”, “tirano”, “felón”, “sinvergüenza”, “psicópata” o directamente “hijo de puta”.

En esta legislatura de polarización extrema, los partidos de la derecha han cuestionado -dentro y fuera de los parlamentos- prácticamente a todas las instituciones del Estado, acusando a Pedro Sánchez de “colonizarlas”.

Y los dirigentes de izquierdas han roto el tabú que hacía intocables a los jueces, sus instrucciones y sus sentencias, hablando de “lawfare o cacería política”, tildando de “vergonzosas” sus fallos [léase la crítica de María Jesús Montero a la sentencia que absolvió a Dani Alves, por la que tuvo que pedir perdón] o llamándoles “corruptos” y “prevaricadores”, como hizo la líder de Podemos, Ione Belarra, en referencia al exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo cual motivó una protesta unánime del Consejo General del Poder Judicial.

La inviolabilidad como “privilegio personal”

La querella del teniente fiscal del TSJA va más allá del contenido de las palabras que José Ignacio García profirió contra la Policía Local de Sevilla: hace una interpretación jurídica de los límites de la libertad de expresión, reforzada por la inviolabilidad parlamentaria, de la que goza un representante público.

En su escrito, el fiscal se remonta a la Revolución Francesa de 1789 para tildar de “irrelevante” la esencia de la inmunidad parlamentaria, que considera un derecho de representación susceptible de malentenderse como un “privilegio personal”, y que “la naturaleza y función de tales prerrogativas parlamentarias ya no pueden seguir siendo aquellas con las que nacieron”.

Termina concluyendo que las palabras de García en aquella concentración de repulsa por la muerte del mantero senegalés fueron “una opinión personal del autor desconectada de lo que podría suponer una crítica política”.

El abogado de García da por hecho que su cliente terminará imputado y juzgado en el TSJA por un delito de injurias. De abrirse el proceso, será clave determinar si las palabras del diputado en aquella concentración junto a la comunidad senegalesa fueron “un acto parlamentario”, en los términos que el Estatuto concede a la inviolabilidad. ¿Fue José Ignacio García, en su condición de profesor de un instituto de Secundaria en excedencia, quien cuestionó la acción policial? ¿O lo hizo como un diputado de vacaciones, esto es, fuera de servicio? ¿O lo hizo como un parlamentario en el ejercicio de sus funciones?

También los letrados del Parlamento andaluz tienen ahora que posicionarse sobre este asunto, después de que Aguirre les haya pedido un informe jurídico sobre el caso de García, y un estudio comparado con otras cámaras legislativas. Pero el fiscal ya avanza en su querella que “la protección” de la que goza un diputado por su conducta -“incluso aquella que tuviera trascendencia política”- “cesa” cuando el sujeto actúa “al margen de sus funciones parlamentarias”.

Muñoz Oya se apoya en doctrina constitucional que “limita la inviolabilidad tanto espacial como temporalmente a la función parlamentaria”, y habla de “una extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión merecedora de un reproche penal”. Pero a lo largo de su escrito, una y otra vez, recuerda que está cuestionando un derecho fundamental de la Constitución, “conectado con la libertad ideológica”, y que “tiene una dimensión institucional como garantía de una sociedad libre, plural y democrática”, reconocida en su doctrina por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante 40 años de democracia, este debate ha entrado y salido del Tribunal Constitucional que, al tener que dirimir entre la libertad de expresión y otro derecho, ha manifestado una línea clara: “Cuando la libertad de expresión opera como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúa en otros contextos” (STC 39/2005).

“La libertad de expresión comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática” (STC 23/2010).

Sin embargo, quedan fuera de esta protección “un pretendido derecho al insulto”. “No cabe utilizar, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, expresiones ”formalmente injuriosas“ o ”absolutamente vejatorias“; es decir, quedan proscritas ”aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate“, es decir, ”las frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito“ (STC 23/2010).

El primer suplicatorio en el Congreso

Cuesta hacer el paralelismo entre aquel primer diputado en el Congreso, procesado por el Tribunal Supremo con la democracia en ciernes y la Constitución Española recién estrenada, y la querella contra el parlamentario andaluz, 44 años después.

Pocos meses después del golpe de Estado de Tejero, el Congreso concedió el suplicatorio contra el diputado de Herri Batasuna Francisco Letamendia, junto con su compañero Antxón Ibarguren, acusados de injurias a la Corona y desórdenes públicos por una protesta contra los reyes de España en la Casa de Juntas de Gernika, durante su primer viaje oficial a Euskadi.

Dos años después, el Supremo les condenó por desorden público y les absolvió del delito de injurias. Los diputados vascos recurrieron y, en 1986, el Constitucional anuló la sentencia y obligó al Supremo a repetir el juicio, que terminaría absolviéndoles a todos. Aquella sentencia del Tribunal de Garantías fue de las primeras en anticipar el extraordinario peso de la libertad recobrada para expresar opiniones políticas en España, un derecho violentado con sangre durante 40 años de fascismo.

La protesta de Letamendia y otros cargos electos de HB y LAIA, que terminó en los tribunales, consistió en interrumpir el discurso del rey Juan Carlos I cantando, puño en alto, el Eusko Gudariak (himno del soldado vasco en la guerra civil y en la resistencia antifranquista).

Aquello fue considerado un delito penal por magistrados que, en el 75 operaban aún bajo el franquismo, y diez años después lo hacían bajo la democracia. El Constitucional tumbó su decisión y la nueva sentencia reinterpretó la protesta de los diputados como “un legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, que transmitían “al Monarca un estado de insatisfacción pública”. En resumen, por “contribuir a generar un estado de opinión” en la sociedad.

El Parlamento andaluz ha encargado a sus servicios jurídicos un informe tras la petición de amparo registrada el lunes por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, después de que dos agentes de la Policía Judicial entrasen vestidos de paisano en la Cámara legislativa, identificasen en su despacho al diputado y le entregaran una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Este caso es inédito en la historia parlamentaria andaluza y ha abierto un acalorado debate sobre los límites de “la inviolabilidad” de la que gozan los diputados andaluces “por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios”, un derecho reconocido en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía que protege a sus señorías de ser “juzgados o procesados” por el Tribunal Superior de Justicia sin autorización previa de la Cámara.

El pasado enero, García hizo fuera del Parlamento unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Muñoz Oya las califica de “libertinaje de expresión” en su escrito, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

“La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya el documento.

Los miembros de la Mesa de PSOE, PP, Vox y Por Andalucía no han entrado en la forma ni en el fondo de las palabras de García, pero sí han elucubrado sobre si la inviolabilidad de sus diputados va más allá de los muros del Parlamento, esto es, si las opiniones políticas vertidas fuera de la Cámara están protegidas por ese derecho estatutario, además de la propia libertad de expresión.

La Mesa del Parlamento andaluz, por unanimidad, ha acordado este martes solicitar un informe jurídico con tres patas sobre el asunto que afecta a García: primero, aclarar qué efectos tiene la petición de amparo de un diputado al presidente de la Cámara, reconocida en el artículo 12 del reglamento.

Es el precepto que ha invocado García ante el presidente de esta institución, el popular Jesús Aguirre, y que establece ante “cualquier actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria”, la obligación de “adoptar de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Como no hay antecedentes de que el Parlamento andaluz haya amparado a ninguno de sus diputados, hasta hoy, los letrados de la Cámara tendrán que interpretar cuál es el alcance de ese artículo del reglamento. El portavoz de Adelante Andalucía ha dirigido un escrito a Aguirre denunciando que se siente “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

García espera que se articule algún tipo de medida, porque entiende que la querella del fiscal por sus declaraciones políticas no sólo le afectan a él, sino al parlamentarismo andaluz en su conjunto. Desde su formación aseguran que si Aguirre no actúa como intermediario ante el TSJA -que aún no ha cursado la querella del Ministerio Público- elevarán un recurso ante el Tribunal Constitucional acusando al Parlamento andaluz de no proteger las funciones propias de sus diputados y la libertad de expresión.

La segunda pata del informe encargado a los letrados del Parlamento consistirá en aclarar cómo accedieron dos agentes de paisano hasta el despacho de García para pedirle su credencial de diputado y entregarle en mano la querella del fiscal. Este punto ha levantado cierto revuelo, porque los policías entraron en la Cámara sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la institución.

Según García, los agentes le telefonearon para informarle de que debían entregarle en mano el aviso de querella de la Fiscalía Superior, y éste les citó en su “lugar de trabajo”, es decir, las dependencias del grupo parlamentario Adelante. En un principio, desde la Cámara aseguraron que los agentes no llegaron a entrar y que el diputado salió hasta la puerta del edificio para recoger el escrito. El letrado mayor, en una reunión con García y Aguirre esta mañana, ha explicado que el procedimiento normal habría sido éste, según fuentes presentes.

El portavoz de Adelante, en cambio, afirma que los dos agentes llegaron hasta su despacho, se identificaron con sus placas, le pidieron su credencial y le entregaron el documento en mano. Dos asesores parlamentarios de García le acompañaron y acreditan esta versión.

Para el PSOE, que considera este asunto “muy grave”, una notificación se realiza por el Juzgado, no por la parte querellante, y puede hacerse en persona en el domicilio habitual o en su lugar de trabajo, si no le localizan en casa. “Se debe pedir auxilio desde la Mesa para poder notificar al Parlamentario. Esa es la práctica normal. Lo de notificar querellas por un policía no es normal, es un funcionario del juzgado quien lo hace y menos aun no hacerlo en el domicilio habitual, el centro de trabajo es excepcional. En este caso es además totalmente inadmisible. Lo más adecuado es que te llame el letrado mayor o el presidente de la Cámara”, dicen.

La tercera pata del informe jurídico es un estudio comparativo con casos similares en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en otros parlamentos autonómicos.

Una investigación judicial

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Los límites de la inviolabilidad de un diputado autonómico son difusos. Ni siquiera dentro del PP, el grupo mayoritario de la Cámara, hay consenso al respecto. Su portavoz, Toni Martín, ha asegurado en rueda de prensa que “nuestra inviolabilidad se circunscribe al Parlamento, a lo que digan en la tribuna del Pleno o en comisión, no fuera. Eso lo tenemos clarísimo”.

Sin embargo, al mismo tiempo que Martín hacía estas declaraciones, la Mesa analizaba el caso de García y uno de sus miembros, el popular José Ramón Carmona, defendía “con vehemencia” justo lo contrario, es decir, que la inviolabilidad del diputado persiste fuera de la Cámara cuando expresa opiniones políticas, según la versión de otros miembros de la Mesa. Preguntado al respecto, Carmona “ni confirma ni desmiente”, y se remite a lo que haya dicho su portavoz parlamentario.

34 camisetas y una muerte en el río

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron vestidos de paisano en el Parlamento andaluz, identificaron en su despacho al diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y le entregaron en mano un escrito de 17 páginas, con una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Dos meses antes, García había hecho unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Más bien representan un acto de “libertinaje de expresión”, argumenta el fiscal en su escrito de querella, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. “La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya Muñoz Oya en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este periódico no ha encontrado precedentes en la hemeroteca del Parlamento andaluz en los que el Ministerio Público se querellase contra un diputato autonómico por manifestar una opinión política fuera de la Cámara, por muy duras que fueran sus declaraciones. Para encontrar algo similar en el Congreso de los Diputados hay que remontarse a principios de los 80, en los albores de la democracia española.

A principios de la semana pasada, elDiario.es hizo llegar una consulta a la Secretaría General de la Cámara, pero en ese momento el diputado afectado no había informado a los servicios jurídicos. El letrado mayor del Parlamento andaluz tampoco tenía constancia entonces de que dos agentes de la Policía Judicial habían accedido a las dependencias de un grupo parlamentario, habían pedido a un diputado que se identificase con su credencial y le habían notificado una querella de la Fiscalía Superior por un supuesto “delito de opinión”.

Este lunes, por recomendación de su abogado, el portavoz de Adelante Andalucía tiene previsto registrar un escrito de amparo dirigido al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, por sentirse “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

Lo que hasta hace siete días era un problema del señor García pasa a convertirse en un asunto que afecta a la Cámara legislativa, pues obligará a los servicios jurídicos a evaluar la querella contra uno de sus miembros electos y emitir un informe. Adelante Andalucía forma parte del grupo mixto, tiene dos diputados en la Cámara y logró 167.970 votos en las elecciones de 2022, que encabezó Teresa Rodríguez (4,58% del escrutinio).

Los límites de la inmunidad parlamentaria

Los diputados andaluces gozan de una inmunidad parlamentaria de primer nivel blindada en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía, similar a la que protege a sus señorías en el Congreso. El reglamento de la Cámara así lo recoge en el artículo 11 y añade, en el 12, que “el presidente del Parlamento, una vez conocida la detención de un diputado o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Aguirre no ha adoptado ninguna medida desde que, el pasado 4 de abril, la Policía Judicial accedió al Parlamento y entregó a García la querella de la Fiscalía Superior del TSJA. De momento sólo consta el escrito de notificación, la querella aún no se ha materializado, pero el abogado del diputado cree que el juez atenderá al fiscal y citará a su cliente como imputado.

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

El portavoz de Adelante considera que el asunto trasciende la responsabilidad de su persona y afecta de lleno a la segunda institución de Andalucía, pues está precisamente entre las funciones del Parlamento y de sus representantes –elegidos en las urnas– “el contribuir a generar un estado de opinión” en la ciudadanía sobre asuntos de interés general. Incluso a cuestionar el trabajo de otras instituciones.

Esta legislatura, en concreto, está marcada por la polarización del debate político, en el que dirigentes de Vox y también del PP han naturalizado en su discurso denunciar “la falta de legitimidad” de determinadas instituciones del Estado, desde el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez es, además, diana de todo tipo de insultos e improperios] al Fiscal General del Estado o el propio presidente del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo que pedir disculpas por calificar de “vergüenza” la sentencia que absolvió de violación a Dani Alves, porque la jueza primó la presunción de inocencia del futbolista.

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Ministerio Público se ha alineado con los denunciantes, al considerar que García se había “excedido” en sus opiniones y en la forma de difundirlas para que tuvieran un mayor alcance, lo cual está tipificado con mayor gravedad en el Código Penal. “Son expresiones que, analizadas objetivamente, tienen la envergadura suficientemente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, argumenta el fiscal, que termina acusando a García de “poner en riesgo las funciones” que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin antecedentes

Es la primera vez que ocurre algo así en el Parlamento andaluz y hay dos o tres antecedentes tardíos registrados en el Congreso, a principios de los 80, cuando la democracia española echaba a andar. El Ministerio Público argumenta que la libertad de expresión tiene límites cuando choca con otro derecho fundamental: al honor. Colisionan dos derechos constitucionales de primer orden, algo siempre controvertido cuando salpica a un ciudadano pero, en este caso, resulta más complejo porque los llamados delitos de opinión no afectan a los diputados como al resto.

Sus señorías no pueden ser “inculpados ni procesados” por un juzgado ordinario, es competencia del Supremo o del TSJA imputarles algún delito, previa autorización de su Cámara legislativa. Los diputados del Congreso tienen “inmunidad parlamentaria” y los diputados andaluces gozan de “aforamiento” y de “inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”, reza el Estatuto de Autonomía, que tiene rango de Ley Orgánica. Pese a todo, hay jurisprudencia que discute si la inmunidad de los diputados autonómicos es homologable a la del Congreso.

La crítica del diputado andalucista a la actuación policial en el caso de Mamouth Bakhoum, tildándola de “racismo institucional, violencia policial y represión”, se alinea con la familia del senegalés, que denunció su muerte en los tribunales como una consecuencia del “hostigamiento policial” que sufrió, esto es, como un posible caso de homicidio por imprudencia grave.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos de PP-A y Vox, tomar en consideración la proposición de ley registrada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía relativa a lucha contra la discriminación por menopausia, que contaba con el criterio contrario a su tramitación del Consejo de Gobierno andaluz. La propuesta de Adelante ha cosechado el apoyo de los grupos Socialista y Por Andalucía.

Con esta iniciativa legal, que ha tardado un año desde que la registrara Adelante para su debate por el Pleno de la Cámara autonómica, el grupo que la ha impulsado planteaba, entre otras cuestiones, un desarrollo de Ley de Salud de Andalucía para la creación de “una consulta específica de climaterio en atención primaria” y con accesibilidad directa para la petición de citas por las usuarias, así como en los hospitales.

Reclamaba también al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que sean una prestación farmacéutica “terapias no hormonales como hormonales” y “cuantos otros productos sanitarios sean beneficiosos para mejorar la calidad de vida de las personas en el climaterio”, en el supuesto de que “no se encuentren cubiertos por la financiación del Sistema Nacional de Salud”.

Flexibilidad horaria de ocho horas

Demandaba además a la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la Ley de Salud Pública de Andalucía, campañas informativas para las mujeres mayores de 40 años con la remisión personal de información sobre la etapa vital del climaterio y con indicación de sus referentes sanitarios para su atención y seguimiento.

Al margen del apartado estrictamente sanitario, la proposición de ley de Adelante Andalucía abogaba por que “las trabajadoras que padezcan síntomas severos debidos al climaterio que dificulten el desempeño laboral” cuenten “con flexibilidad horaria de ocho horas”, además de que tengan la opción del teletrabajo.

De igual forma, reclamaba a la Administración andaluza “un permiso específico de climaterio” en los casos de “sintomatología severa”, cuando tengan dificultad para “el desempeño laboral de cuatro días mensuales”.

Defensa de la proposición de ley

En defensa de la iniciativa ha intervenido en el pleno la diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza, quien ha reivindicado que este miércoles podía ser “un día histórico para Andalucía” por la admisión a trámite de una ley “pionera en el Estado” para la “prevención y asistencia de mujeres en el climaterio”. Esto, a su juicio, constituiría “un paso de gigante para la protección de las mujeres y para el feminismo”, según ha subrayado.

Tras dedicar unas palabras de agradecimiento a la exparlamentaria de Adelante Maribel Mora por haber puesto “el cuerpo y la voz para que esta ley salga adelante”, y a “las organizaciones y profesionales que se han implicado en la elaboración de esta norma”, Begoña Iza ha remarcado que la menopausia es “un hecho biológico” que “puede tener graves consecuencias sobre las mujeres que la padecen”.

En esa línea, ha asegurado que “esta ley nos hace mucha falta a las mujeres”, teniendo en cuenta que “Andalucía carece de un marco normativo y de actuación específico” sobre esta materia, y esta proposición de Adelante “está elaborada desde una perspectiva totalmente integral”. El objetivo, ha subrayado, es “mejorar la autonomía, la información y el papel de las mujeres en el ámbito anticlimaterio y también para luchar contra los prejuicios, los estereotipos sociales negativos, los mitos y las bromas respecto a esta etapa de la vida que recae en nosotras antes o después”, ha subrayado.

Tras detallar los objetivos de esta iniciativa, la parlamentaria de Adelante ha concluido su intervención rogando a los grupos que permitan que “se admita a trámite” la proposición de ley para que “el debate continúe”, y aunque no estén “al 100% de acuerdo” con ella.

Posicionamiento de los grupos

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Ascensión Hita ha considerado que “la lucha contra la discriminación por climaterio” es “un asunto importante, delicado y que debe ser tratado con respeto, con sensibilidad y con mucho más rigor” de como, según ha opinado, lo hace la proposición de ley de Adelante Andalucía.

En esa línea, ha señalado que “la salud de las mujeres no es una excusa para legislar deprisa y corriendo, como parece que ha hecho Adelante Andalucía” con esta iniciativa que ha tachado de “innecesaria, técnicamente deficiente” y que “crea inseguridad jurídica”, según ha advertido. Asimismo, ha subrayado que la proposición de ley adolece de “errores y carencias”, para concluir abogando por “un climaterio y una menopausia normalizada”, que se aborde “en positivo”, con “información, acompañamiento y respeto, pero no desde el intervencionismo, el permiso o el paternalismo”.

La parlamentaria del PSOE-A Olga Manzano ha valorado la “buena fe” de la que, en su opinión, parte Adelante Andalucía para la presentación de esta proposición de ley, pero ha advertido de que el “abordaje de la menopausia o del climaterio” que se traslada en ella “va a contracorriente”. En principio, chocaría tanto con “los planteamientos que hace en la actualidad la profesión médica más implicada con las mujeres” como con “los posicionamientos del feminismo que piden una reflexión crítica sobre la postura que la medicina oficial ha mantenido en los últimos 60 años basada en la medicalización y la estigmatización de la menopausia”.

En esa línea, la representante del PSOE-A ha señalado que “el feminismo lo que pide es un cambio de paradigma urgente que transforme el imaginario colectivo que aún liga a las mujeres post-menopáusicas a la histeria, a la irritabilidad, al mal genio, a la ansiedad”. Ha agregado que el Grupo Socialista entiende que la menopausia es “una etapa natural del ciclo vital de las mujeres que debe ser abordada desde una perspectiva que reconozca la diversidad de una transición compleja como es el cese de la menstruación y que provoca la disminución de hormonas”, y que “cada mujer experimenta de una manera única”.

Vox: las mujeres están preparadas desde que nacen

En representación de Vox, la diputada Ana María Ruiz ha comenzado aseverando que “los políticos y sus leyes no pueden solucionarlo todo”, y ha instado a las “señorías de la izquierda” a no hablar “en el nombre de todas las mujeres”, que constituyen “el mayor tesoro de la naturaleza y la única joya que puede concebir de forma consciente una vida nueva”, ha proclamado.

Dicho esto, ha reivindicado que las mujeres están “preparadas” desde que nacen “para todos los cambios hormonales, físicos y emocionales que vamos a tener a lo largo de nuestra vida”, y “ni la menstruación ni la menopausia son patologías, ni son enfermedades ni invalidantes, ni mucho menos nos hacen débiles y vulnerables”. “Son procesos naturales que nos hacen más fuertes”, ha reivindicado para concluir acusando a Adelante de llevar al Parlamento una ley “vacía de contenido”, e instando a dicho grupo a ponerse “a trabajar en lo verdaderamente necesario” y a dejar “ya de molestar”.

“Hay mucho camino por recorrer”

Por último, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha justificado el voto a favor de la coalición a la toma en consideración de esta ley, y ha valorado que se lleven al Parlamento “iniciativas de este tenor con temas que tienen una inequívoca incidencia social”. No obstante, ha apostillado que a su grupo “le gustaría que, si se diera esa tramitación”, se ampliara el enfoque de la iniciativa para garantizar un abordaje “integral” de la materia objeto de la misma, y desde la premisa de que “hay mucho camino por recorrer”.

La portavoz de Por Andalucía ha concluido defendiendo que “sería buena idea” que el Parlamento “se sentara” a elaborar “una ley que protegiera a las mujeres, que abundara en la formación, en la divulgación, en la sensibilización, en la normalización de esa etapa de la vida, y que reforzara los recursos públicos que se ponen a disposición de que ese tránsito de la vida de las mujeres se haga minimizando el perjuicio que padecen en el mismo”.

El Congreso de los Diputados se ha convertido en esta legislatura en un lugar tan hostil para el entendimiento, que incluso cuando sus señorías están de acuerdo, se esfuerzan en parecer lo contrario. Y así, ha salido adelante este martes por unanimidad una proposición de ley que garantiza la gratuidad de las gafas para los menores en España, una iniciativa que llega a Madrid de manos de un partido con dos diputados -Adelante Andalucía- previo respaldo unánime del Parlamento andaluz. Pero sus señorías están de acuerdo a regañadientes. El debate de hoy bien podría haberse titulado: gafas gratis para sacarse los ojos.

La Cámara Baja ha dado el primer paso para que el uso de gafas y lentillas sea un derecho universal en España, y que el Gobierno las incorpore a la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud: gratis para los menores y bonificado para los adultos en función de la renta. La toma en consideración abre ahora un trámite parlamentario largo, en el que cada grupo -y el propio Gobierno- plantearán enmiendas al texto que salió del Parlamento andaluz.

Eran las tres de la tarde cuando arrancó el debate y el hemiciclo estaba semivacío. En representación del Parlamento andaluz, subieron a la tribuna tres diputados autonómicos: el autor original de la norma, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía; la socialista Pilar Navarro y la popular Beatriz Jurado. Luego han tomado la palabra los diputados de PNV, Podemos (por el grupo mixto), Sumar, Bildu, Junts, Vox, PSOE y PP.

La norma de Adelante Andalucía aterriza en el Congreso tras lograr el respaldo de la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno, cuyo apoyo está condicionado a que la financiación salga de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la Junta de Andalucía tiene competencias y capital para impulsar la misma medida en su territorio.

La iniciativa de los andalucistas también ha pasado previamente por la mesa del Ministerio de Sanidad, el departamento que tendrá que gestionarla, sin proponer ninguna enmienda en contra del texto original avalado por el Parlamento andaluz. El fondo de la cuestión -la llamada “pobreza visual”- armoniza el discurso de todos los partidos políticos que, con mayor o menor entusiasmo, se han referido a la proposición de ley.

Los tres parlamentarios andaluces llevaban los deberes hechos y han subido a la tribuna cargados con datos de Sanidad o del sector oftalmológico: el 31% de la población menor de edad en España tiene problemas visuales y el coste medio de unas gafas ronda los 200 euros. La brecha social entre quienes pueden costearse esto y los que no es del 12%.

Navarro ha ido un paso más allá, al vincular los problemas de vista de la población -derivados de las dificultades económicas para pagarse un óptico- con el desarrollo formativo de los jóvenes. “Hasta los 12 años, el 60% del aprendizaje de un niño se produce a través de la vista, y muchos no pueden permitírselo”, ha asegurado la diputada socialista de Almería, citando un informe del Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas de España.

Ella misma ha recordado cómo su madre tuvo que ahorrar para comprarle sus primeras gafas y cómo, al tropear bajando una escalera mojada, deseó partirse el brazo antes que las gafas. Y su deseo se cumplió.

Ojo por ojo

Hasta aquí valdría la pena leer una crónica sobre hechos consumados: una votación que refleja un consenso político no buscado, se diría que incluso incómodo, entre formaciones políticas que andan a la gresca a diario. Pero se les ha metido por medio un asunto que, en palabras de la mayoría de los intervinientes, es “de sentido común”, avalado por datos, con un cierto respaldo científico, una medida popular sin apenas aristas que sale del Congreso sin zancadillas notables, y en beneficio potencial de la población.

Dicho esto, la proposición de ley de gafas gratis para menores de edad es un pájaro que se ha colado en la Cámara Baja interrumpiendo el devenir natural de la política que manda en esta legislatura, a saber: el ruido, la discordia, la bronca, el insulto. El debate sobre gafas para todos ha servido de excusa para practicar el ojo por ojo.

Han demostrado tanta prisa en pasar página del asunto que les traía hoy aquí, que tres cuartas partes del debate han versado sobre otros asuntos, estos sí, de más enjundia porque retratan la fiereza de sus disputas internas, el quebranto perenne de las dos Españas. La parálisis. La nada.

Prácticamente todos los portavoces que han intervenido en el debate, en representación de sus fuerzas políticas, llevaban puestas sus gafas, pero esto no les ha servido para ver más allá de lo que querían ver: las dos diputadas del PSOE -una del Parlamento andaluz y otra del Congreso- han visto al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, desentendiéndose de sus competencias en sanidad, y escurriendo el bulto para que las gafas las pague el Ejecutivo de Pedro Sánchez con unos Presupuestos Generales que el PP no está dispuesto a facilitar.

Las diputadas del PP -también de ambas Cámaras- han visto a la vicepresidenta del Gobierno y rival de Moreno en las urnas, María Jesús Montero, de paseo los fines de semana por Andalucía, manifestándose el sábado en las calles de Sevilla contra el “desmantelamiento de la sanidad pública andaluza”, eludiendo que ella misma fue consejera de Salud en los noventa.

Jurado, además, ha aprovechado para recordar al hemiciclo que mientras ellos viven en la discordia permanente, “la seña de identidad” de Moreno ha permitido poner su mayoría absoluta al servicio de una ley propuesta por un grupo con dos diputados. “Andalucía como ejemplo de entendimiento, moderación, diálogo y estabilidad política y económica”, ha dicho, no como la que tiene aquí montada Sánchez, ha apostillado.

El portavoz del PNV, Joseba Andoni Agirretxea Urresti, el primero en subir tras los tres parlamentarios andaluces, ha notado enseguida que aquel debate de las gafas gratis mutaba rápido en un pim pam pum preelectoral entre Moreno y Montero. “Poco constructivo, poco edificante. Menos mal que viene precedido por un apoyo unánime del Parlamento andaluz”, ha bromeado.

Agirretxea se ha preguntado -como luego ha hecho la diputada de Sumar, Engracia Rivera- por qué Adelante Andalucía no ha impulsado una ley andaluza, en lugar de estatal, por qué no ha “puesto en valor el autogobierno andaluz”. “Estamos a favor del qué, no del cómo”, ha advertido, para resaltar que Euskadi “se autofinancia” y tiene la capacidad de decidir sobre sus prestaciones sanitarias gratuitas.

El que la iniciativa política naciese del partido de Teresa Rodríguez, una formación andalucista y progresista, otrora ligada a IU, a Podemos, y a una coalición de partidos que hoy orbita en torno a Sumar, ha creado un subtexto en el debate que tiene un capítulo aparte: el mutis enfurruñado de la izquierda contra la izquierda.

A Rodríguez y sus más afines, Podemos e IU la expulsaron de la coalición que ella misma había fundado, acusándola de tránsfuga, en virtud de una redacción ad hoc del Pacto Antitransfuguismo aprobado en este Congreso. Volver aquí con las mismas siglas, pero otro partido, tiene algo de redención, de exorcizar demonios, de recochineo o de las tres cosas a la vez.

La diputada del grupo mixto y exlíder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha usado su tiempo para atizar a Moreno por la gestión sanitaria, dedicando un capítulo a la causa judicial de los contratos sanitarios troceados que investiga una jueza en Cádiz, a instancias de su partido, por un posible delito de malversación. Hay un alto cargo del Gobierno andaluz imputado por un posible delito de malversación.

La diputada de Sumar Engracia Rivera también ha afeado a Adelante que venga de la mano del PP de Moreno, a quien ha negado legitimidad para “venir al Congreso a hablar de sanidad”, dos días después de verse contestado en las calles por 20.000 manifestantes. “Adelante Andalucía tenía dos vías para impulsar esta ley y ha elegido el Congreso en vez del Parlamento andaluz. Extraño”, ha subrayado Rivera, para luego cargar contra los populares: “No puede venir a pedir que el Gobierno financie nuevas prestaciones sanitarias mientras desde la Junta están desmantelando la sanidad pública”, ha dicho Rivera.

En la presentación inicial, el portavoz de Adelante Andalucía había explicado por qué estaba en el Congreso, apelando a Sánchez, en vez de estar en el Parlamento andaluz, apelando a Moreno: “Somos una formación andalucista que promueve una ley estatal, esto es una conquista del pueblo andaluz para el resto, para todas las gentes de clase trabajadora”, marcando distancias con el nacionalismo “excluyente y burgués” de Cataluña o Euskadi.

La diputada de Bildu aplaudió la medida, pero reclamó más ambición: “¿Y por qué no prestación bucodental gratuita? ¿Y por qué no también para las víctimas de la polio o de la talidomida?”

Desde Junts, la diputada Pilar Calvo, enfrió las expectativas y recordó que del Congreso también salió, por unanimidad, el apoyo a la Ley para enfermos de ELA, que en la práctica se ha mostrado inoperante por falta de financiación del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, denunció. “No sé si la mejor vía es aprobar esto en el Congreso, si no hay recursos. NO podemos seguir tragándonos que lo que se aprueba en Madrid lo pagan luego las comunidades”, avisó.

Por último, el diputado de Vox, David García Gómis, ha empezado clamando contra Pedro Sánchez y ha terminado clamando contra Pedro Sánchez, gracias a una pirueta semántica sobre la gratuidad de las gafas o sobre lo que fuera el debate: “Es urgente esta iniciativa, pero más urgente es echar a Sánchez, que es corrupción, miseria, mentira, ruina”, dijo.

La memoria económica de esta propuesta estima el gasto en 50 millones de euros para las gafas gratis en Andalucía -260 millones en el conjunto del país- y 90 millones para las gafas subvencionadas en Andalucía -447 millones en España-. El voto unánime de hoy es un voto a seguir debatiendo sobre este asunto, paso a paso, ojo a ojo.

José Ignacio García (Jerez de la Frontera, Cádiz; 1987) acaba de ser elegido candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta. Este profesor de Secundaria pausó las clases en su instituto para coger el acta de diputado en el Parlamento, donde es el portavoz de una coalición andalucista, anticapitalista y de izquierdas que ocupa dos escaños y está en el grupo mixto.

Cada dos semanas se mide en un duelo dialéctico con el presidente Juan Manuel Moreno, a quien ahora aspira a quitarle el puesto en las próximas elecciones autonómicas. García recoge el cartel electoral que en 2022 llevaba el rostro de Teresa Rodríguez, a quien le une una continuidad tanto de discurso como de estrategia política, cuyo objetivo es consolidar su proyecto y lograr que su marca arraigue en todos los rincones de Andalucía.

¿Se ha pensado mucho si quería ser candidato a la presidencia de la Junta?

No es una cuestión de apetencia personal, es un proyecto colectivo y la consecuencia lógica del trabajo de los últimos años era que yo cogiera esta tarea. Estoy abrumado, ilusionado, orgulloso. La gente confía en mí y valora que Adelante Andalucía representa una cosa diferente en el panorama político andaluz y que viene a cubrir una orfandad de determinadas políticas.

¿Qué orfadad? ¿Qué falta en la política andaluza?

Hace falta valentía para enfrentarse a la derecha y a la extrema derecha, para plantear las cosas claras con mucha contundencia, pero a la vez de forma alegre, fresca, amable e incluso divertida, con un proyecto alternativo que conecte con mucha gente.

¿En el Parlamento andaluz hay espacio para tres formaciones de izquierdas?

Bueno, yo sé que la única vez en la historia que ha habido un cambio de gobierno en Andalucía fue en 2018, cuando sumaron tres formaciones de derechas. Creo que en 2026 hay posibilidades de que haya un cambio de gobierno con tres izquierdas distintas, porque conectamos con sectores diferentes de la sociedad. Hay millones de personas que votaron por un Gobierno de PSOE y Sumar pensando que eran una alternativa, y hoy se han dado cuenta de que el único valor de ese gobierno es que no gobierna la derecha. No han sido capaces de cambiar la vida de la gente ni de aplicar políticas diferentes, que básicamente son las de su programa electoral, y yo no quiero que esa gente se vaya hoy a la abstención. Esa gente puede votarnos.

En 2026 hay posibilidades de un cambio de gobierno con tres izquierdas distintas, como lo hubo en 2018 con tres derechas

¿Usted ve viable que la fragmentación del voto de izquierdas en tres partidos provoque la misma carambola que hizo presidente a Moreno?

Yo creo que sí. Pasó en 2018 en el campo de las derechas y puede pasar en 2026 con las izquierdas. Cada uno está haciendo su parte y creo que eso es bueno. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, con una oposición contundente contra las derechas y, a la vez, llevamos una ley de gafas gratuitas, una ley de comedores escolares, un proyecto sobre la menopausia, la salud mental, la vivienda... En 2022 nos daban por muertos y, contra todo pronóstico, logramos entrar en el Parlamento. Hoy nuestro reto es consolidarnos.

¿Cuánto cree que influyó el cisma entre Podemos, IU, Sumar... para que Adelante Andalucía lograra dos diputados?

No lo sé, no lo sé. No voy a entrar a atacar, creo que la gente está muy harta de las peleítas de la izquierda. Nosotros hemos cogido otro camino y somos muy predecibles. Somos una fuerza independiente del PSOE, pero con un claro posicionamiento programático en la izquierda, en el feminismo, en el ecologismo y además somos andalucistas. La gente nos conoce y conoce a los otros, y si entro a valorar lo que hicieron será meter palos en candela, y la gente de izquierdas espera otra cosa de nosotros.

No sé si, viendo los programas electorales de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la gente percibe grandes diferencias en los grandes debates sobre políticas publicas que más afectan a la ciudadanía. ¿Cuáles son esas diferencias significativas?

Mira, te pongo un ejemplo en materia de vivienda, que justamente es en lo que PP y PSOE más se parecen. Yo no estoy de acuerdo con una política de bonos de alquiler joven, porque es dinero público que se le da a los inquilinos para que automáticamente se lo entreguen a los caseros, independientemente de si el casero tiene una casa o tiene 100 pisos. Eso es una forma de subvencionar el rentismo. Esa política la ha hecho el Gobierno de PSOE y Sumar. Creo que habría que hacer otra cosa.

¿Por ejemplo?

Pues regular el precio del alquiler para que baje por ley y coger los 640.000 pisos vacíos que hay en manos de bancos y fondos de inversión en Andalucía y decirles a los propietarios que o ponen automáticamente en alquiler accesible esos pisos o los expropiamos. Esa es la diferencia fundamental.

Creo que esa diferencia también separa algo al PSOE de Sumar...

Sí, pero Sumar está en el Gobierno haciendo eso y firmando esas políticas.

Esto nos lleva a otro debate recurrente en la izquierda: no es lo mismo hacer política de gobierno que política de oposición.

Yo es que no estaría nunca en un sitio donde no me dejaran hacer mi política.

Entonces es probable que nunca gobierne en coalición con otra formación que tenga prioridades distintas a la suya.

Por supuesto que sí. Hemos gobernado una capital de provincia, en Cádiz, cosa que no puede decir Sumar.

Adelante Andalucía era la fuerza mayoritaria en Cádiz.

Claro, éramos la fuerza mayoritaria. Nosotros no vamos a entrar en un gobierno estando supeditados al PSOE, lo hemos dicho siempre. Porque creo que al final lo que trasladamos a la gente es que la izquierda nunca cumple su programa y, sin embargo, Trump coge y a los 15 días es más leal a su programa que lo que ha sido cualquier gobierno de izquierdas en años. Y yo quiero una izquierda que sea tan leal al programa de las izquierdas como lo son la derecha y la extrema derecha al suyo. Es que Moreno Bonilla el otro día es capaz de cambiar un Consejo de Gobierno para dar unos premios de la tauromaquia. Es que han creado seis universidades privadas en tres años. Es que son capaces de dar una millonada de dinero público, incluso puede ser que hasta saltándose la ley, a las empresas privadas de sanidad. ¡Es que ellos están cumpliendo su programa! No nos han engañado. Su programa es un destrozo para Andalucía, pero no nos han engañado. Sin embargo, la izquierda no cumple su programa. Ellos gobiernan y cumplen. Y al final lo que le trasladamos a la ciudadanía es que la izquierda nunca cumple. La izquierda nunca transforma. La izquierda se queda en tres tonterías. Y por tanto, la frustración queda y luego aparecen los monstruos.

Quiero una izquierda que sea tan leal al programa de las izquierdas como lo son la derecha y la extrema derecha al suyo

El otro día, Elisabeth Duval abandonó la dirección de Sumar decepcionada, dijo, con “las limitaciones de la política institucional y partidista”. Esto es recurrente en políticos de izquierdas que vienen del activismo. ¿Usted ha sentido esa frustración?

Para tener frustración hay que tener primero muchísima esperanza e ingenuidad, y hay que tener muchas expectativas sobre una institución para luego frustrarte. Yo no tenía tan altas expectativas con las instituciones, así que no estoy frustrado. Así de simple. Creo que las instituciones son, poniéndonos técnicos y teóricos, fruto de procesos históricos en los que siempre ha habido clases sociales que han ido ganando y otras que han salido perdiendo; y territorios del Estado que han ido ganando y otros que han ido perdiendo. Cuando yo entro en las instituciones, no soy lo suficientemente ingenuo como para pensar que van a cambiar porque se lo voy a pedir por favor. Las instituciones necesitan una revolución para construir otro tipo de instituciones que representen a la mayoría social. Mientras tanto, no tengo ninguna frustración.

De los portavoces del resto de formaciones en el Parlamento, ¿con quién mantiene un mejor diálogo?

Con la que tengo mejor entendimiento y diálogo es con la portavoz del PSOE.

El Parlamento ha aprobado iniciativas importantes de Adelante Andalucía, como la ley de gratuidad de gafas que se debate en breve en el Congreso...

Este martes, de hecho.

Una ley de un grupo de dos diputados respaldada por la mayoría absoluta del PP. ¿Qué lectura hace usted de este apoyo, que además se ha repetido con otras iniciativas?

Hombre, en realidad, de las cientos de iniciativas que hemos presentado, el PP solo nos ha apoyado una. Y no creo que sea por una habilidad parlamentaria mía, sino porque cuando uno plantea cuestiones tan de sentido común en la calle, es muy difícil oponerse a ellas. Los gobiernos tienen dificultades ante esa presión y te deslegitima más no aprobarla que aprobarla. A eso se suma que era una ley estatal y, por tanto, el PP puede hacer una reivindicación al Gobierno de Pedro Sánchez para que le pague. Si las gafas entran como un producto más del Sistema Nacional de Salud, tendrán que derivar dinero a los 17 sistemas autonómicos. El PP no pierde nada. Nosotros no somos ingenuos y hemos usado la vía más pragmática para la gente.

Usted es profesor. Le he escuchado una reflexión en el Parlamento sobre la dificultad que tiene la izquierda para reclutar a trabajadores para la primera línea política, sobre todo en el ámbito municipal. ¿Por qué cree que ocurre?

Tenemos mucha, muchísima gente que quiere entrar en el partido y echar una mano, de hecho, estamos creciendo bastante en militancia y en implantación territorial. Pero mucha gente no quiere ser portavoz ni quiere dar la cara, ni quiere hablar en los medios de comunicación, ni quiere presentarse a un cargo público. ¿Por qué? Porque presentarse a un cargo público de una fuerza política como la nuestra es incómodo en cierto modo y te puede llevar a tener dificultades para encontrar trabajo.

¿A qué se refiere?

La izquierda, una izquierda como la nuestra, que se rebela, que no se calla las cosas... Mira, yo vengo hoy de ir a un conflicto laboral contra una multinacional de la limpieza del Hospital Virgen del Rocío, que tiene a 600 trabajadoras, a las que les están exprimiendo, y a una de ellas la han despedido. Otros compañeros están con la Mareas Blancas, otros con el Sindicato de Inquilinos... Nosotros tenemos las mismas dificultades que están teniendo los movimientos sociales, y es que nadie quiere dar la cara porque saben que puedes tener represalias en el trabajo o no encontrar trabajo o tener problemas en tu pueblo. Y no es una cuestión de que te vaya a señalar a otro partido, es que te señala la patronal del turismo o la patronal de los invernaderos, si eres de Almería o Huelva, o las grandes empresas que llevan las contratas de la Junta. Y esto hace que en todos los partidos de izquierda, los líderes sean funcionarios. Lo digo yo, que soy funcionario.

Díaz Ayuso es más fácil de combatir desde la izquierda que Juanma Moreno

¿Le preocupa tener un problema de representatividad ante su base social?

Es que es un problema político, porque nosotros tenemos que representar a la clase trabajadora. Y la mayoría social no son funcionarios. Entonces, esto es un problema democrático que en otros partidos no pasa, porque son mucho más cómodos para el poder, o le hacen el trabajo a las patronales o tienen capacidad para después colocarte en consejos de administración, y así la gente no vuelve a su trabajo nunca. Nosotros somos un partido que se queja, se moja, está en los conflictos laborales, se enfrenta al poder y encima tenemos limitación de mandatos y después te tienes que volver a tu trabajo.

¿Cómo describiría a la derecha andaluza?

La derecha andaluza es una derecha que ha entendido el folclore andaluz, que no es la cultura andaluza. El folclore sólo es una parte de la cultura y la derecha lo utiliza como manto para tapar su verdadera intención, que es venderlo todo. Ellos entienden que todo, absolutamente todo es vendible, todo se puede trocear y tiene un precio, desde la sanidad, la educación, el suelo público. Entienden a los andaluces en función de lo que puedan pagar. Eso es una derecha profundamente peligrosa, porque con una cara amable es capaz de ser incluso más peligrosa que la derecha madrileña, que es más fácil de combatir para la izquierda. Isabel Díaz Ayuso es más fácil de combatir para la izquierda que Moreno Bonilla, pero Moreno es más peligroso que Ayuso.

¿Usted no cree que el presidente Moreno es un dirigente moderado?

No, yo creo que es un dirigente muy inteligente y que sabe que el pueblo andaluz nunca aceptaría a una dirigente como Isabel Díaz Ayuso. Pero tiene exactamente el mismo proyecto o peor que ella. Su discurso público no es el mismo, pero la práctica política sí.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, crea universidades privadas a tutiplén. A veces se nos olvida que el primer consejero de Educación de Moreno Bonilla era un señor que había creado una empresa, MEDAC, que se ha hecho con gran parte del negocio de la FP privada en Andalucía a costa de no crear plazas de la FP pública. Y que esa empresa la venden a un fondo de inversión estadounidense, que es el mismo que crea una de las universidades privadas a la cual el PP de Moreno le da los permisos para abrir en Málaga. ¡Esto es un auténtico chiringuito para vender la educación! Y todo lo crea el primer consejero de Educación. Es que es de un descaro inaudito. Y se nos olvida que han sido capaces de utilizar normativa de la pandemia ya derogada para dar dinero a tutiplén a las empresas privadas de la sanidad. Hombre no, no me trago la moderación del discurso.

En la política nacional tenemos ahora a varios andaluces en primera línea: María Jesús Montero, Antonio Maíllo, el propio Moreno tiene un peso significativo en el PP de Feijóo. ¿Usted cree que Andalucía está en el debate nacional?

No, porque todos los andaluces para estar en la política estatal renuncian a Andalucía. Todos. ¿Alguien se imagina que los premios al talento catalán o al talento vasco se entreguen en Madrid? Moreno Bonilla se ha ido esta semana a la capital a entregar los premios al talento andaluz, y aquí nos trae los Grammys, para repartir dinero entre los pisos turísticos. ¿Por qué? Porque España es el eje Madrid-Barcelona, y el resto somos periferia. Tenemos dirigentes andaluces que no ejercen como tales. Pero a mí, la verdad, donde haya nacido un dirigente me da un poco igual. Lo que me importa es que Andalucía estuviera en el centro del debate político y mediático andaluz. Tú pones la Sexta a las 13:30 de la tarde y está el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid peleándose sobre el Canal de Isabel II y la M30. Y luego te encuentras aquí el reverso de la moneda, que en el último Pleno del Parlamento de Andalucía la mitad de las proposiciones no de ley son sobre Cataluña, y en todos los plenos hablamos de Catalulña. Si ni siquiera aquí nos tomamos en serio...

Hay asuntos de ámbito nacional que impulsan formaciones independentistas de izquierdas en Cataluña, como la amnistía o la quita de la deuda pública, que en Andalucía provocan mucha fricción. ¿A ustedes les genera alguna contradicción estos temas?

El tema de la quita de la deuda es paradigmático de lo que está pasando. El PP sólo y exclusivamente se opone porque lo propone el PSOE. Ya está. Parece como el ejemplo máximo de la peleíta entre partidos. Nosotros, estando a favor de la quita de la deuda, tampoco creemos que sea la solución a los problemas de Andalucía. Los problemas son mucho más profundos y pasa, en primer lugar, por la reforma del sistema de financiación autonómica, que es claramente perjudicial. Y eso no lo van a hacer. En segundo lugar, algo que tendrían incluso más fácil de cumplir con la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, que dice que si somos el 18% de la población tenemos que recibir el 18% de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, nunca lo cumplen y cuando lo ponen no lo ejecutan.

¿Cómo van agrandar la base social de Adelante Andalucía sin perjudicar a otras formaciones de izquierdas?

Hay una base de electores de izquierdas que no vota y hay, incluso, algunos despistados que votaron a Moreno Bonilla, porque tenían mucho miedo de que el PP gobernara con Vox. Y yo aspiro a convencer a toda esa gente.

El Gobierno andaluz nos hace creer que nuestros problemas son individuales y se arreglan de puertas para dentro

En unas elecciones generales donde no se presentase Adelante Andalucía, ¿usted a quién votaría?

Ja, ja, ja. No lo sé. Si te lo digo, a lo mejor perjudico al partido que elija.

¿No se quiere mojar?

No.

El otro día, en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo que él se siente profundamente pacifista, pero que el clima prebélico que percibe le hacía entender que había que prepararse. ¿Usted ve necesario un rearme militar de Europa?

A mí no me gustó el discurso de Rufián. Yo creo que hay un sector de la izquierda que dice soy pacifista hasta que llega una guerra. Me preocupa que la UE, la OTAN, los gobiernos y muchos medios de comunicación se hayan instalado en las últimas semanas en una política del miedo. Creo que hay una manipulación enorme para que entre con vaselina y sin ninguna contestación que tenemos que gastarnos 800.000 millones de dinero público en armas. Armas que le vamos a comprar a empresas de Estados Unidos e Israel, y en menor medida a Francia y Alemania.

¿Usted conoce a alguien que haya muerto esperando su ayuda a la dependencia?

Sí.

¿Conoce a gente que haya esperado más de un año para operarse?

Sí. Yo. Más de un año para operarme la rodilla.

¿Conoce a gente que no haya podido matricular a su hijo en un colegio público porque han eliminado unidades?

Sí, en varias ciudades de Andalucía.

Y estas situaciones, que se denuncian mucho en el Parlamento andaluz, ¿no indicarían una mayor conflictividad social?

Es que el conflicto ya está en las calles.

¿Usted percibe conflictividad social en Andalucía?

[Pausa] El conflicto está. Pero cuando a nosotros nos llega alguien con un problema laboral o que no le atienden en su centro de salud o que no pueden pagar el comedor escolar de su hijo... yo le digo a la familia: ahora mismo el problema lo tenéis vosotros. El Gobierno andaluz no tiene ese problema. Lo que hay que conseguir es que en los sitios donde hay mucha gente teniendo un problema, darle luz, ponerlos en común y hacer que el problema sea del Gobierno y no de la gente que lo está sufriendo. El conflicto ya está, lo que hay que conseguir es que ese conflicto sea un problema para el gobierno.

¿Lo que dice es que la gente no se moviliza por sus propios problemas?

Es que nos hacen creer constantemente que los problemas son individuales y que se arreglan de puertas para dentro de casa. Como mucho, poniendo una queja individual por internet o quejándote en Instagram. Pero el Gobierno andaluz, el PP, nos hace creer que estamos solos y que cuando te echan de tu curro estás solo, que cuando no te atienden en tu centro de salud estás solo y que cuando tú no puedes pagar la hipoteca es tu problema porque no te has esforzado bastante, cuando se trata de un problema que tienen millones de andaluces. Y, por tanto, la solución debe ser colectiva, no individual. Hacer política para nosotros se reduce a esto: hacer que los conflictos que la gente percibe como individuales se pongan en común y entendamos que las soluciones también son comunes.

La Fiscalía del TSJA acaba de anunciar una querella contrata usted por denunciar el “racismo institucional y violencia policial” por la muerte de Mamouth Bakhoum, el vendedor ambulante senegalés que acabó ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre tras ser perseguido por varios agentes de la Policía Local de Sevilla.

Este proceso es un ejemplo más de a donde estamos llegando. Hay una deriva autoritaria que limita las libertades cada día más. A mi me imputan por exigir una investigación y por decir que la muerte de Mamouth fue fruto del racismo institucional y la violencia y la represión. Algo que es innegable. Parece que la persona que está más cerca de ir a un juzgado por esta muerte soy yo por pedir que se investigue. Pero esto es un ejemplo más. Los seis de Zaragoza están en prision sin pruebas, los seis de Suiza, las denuncias contra el SAT, la condena al portavoz de la Marea Blanca de Cádiz o lo que le está pasando a los trabajadores de Acerinox. Vivimos un tiempo en el que se reprime la protesta. Y todo esto con el gobierno más progresista de la historia, que sigue sin derogar la Ley Mordaza.