Olivia ha esperado dos años y medio para que el DNI refleje su identidad. En su cartera, la menor trans todavía lleva un nombre y un sexo que no le corresponde, pese a que cursó la solicitud para adecuarlo en el Registro Civil de Madrid en 2024 y la Ley Trans establece un período máximo de cuatro meses desde la comparecencia inicial del procedimiento. Vive un momento de cambio, de crecimiento, de madurez vital y de grandes cambios académicos, pero el tiempo pasa lentamente para la joven de 16 años que, desde Sevilla, obtuvo por fin una respuesta en junio. Una resolución que le permitirá iniciar a ella y a toda su familia una nueva etapa, sin ningún tipo de obstáculo para mostrar y responder a su verdadera identidad. La única razón que encuentran para tal tardanza es el “colapso” de la administración.

“Tengo ganas de que me den mi DNI y vivir una vida normal”, afirma Olivia. A su lado, está su madre, Carolina, ambas con pseudónimos. En este período, ha acompañado a la joven con cariño y paciencia, aunque el hastío y la indignación asoman cuando constata que los plazos no se cumplen y relata los episodios que han afrontado. Entre ellos, la lucha para que se asuma y respete la identidad de la menor en el colegio, o la preocupación al ver cómo se pierde las experiencias que disfrutan sus compañeros, como las excursiones en la que debe presentar el DNI antiguo o los viajes a los que no ha ido porque ya no es la persona que está inscrita en el documento, donde está su dead name —término que hace referencia al nombre y sexo con el que nace la persona antes de elegir con el que se siente identificada.

Nacida en Bruselas, la normativa española establece que debe realizar el procedimiento para la rectificación de la mención registral a través del Registro Civil Central, en Madrid, en vez de acudir a la oficina de Sevilla. En este caso, la Ley Trans recoge que la legitimación pueda hacerla libremente toda persona mayor de 16 años, mientras que para la franja que comprende hasta los 14 años se requiere la asistencia de los representantes legales. Conociendo los requisitos, la familia de Olivia se puso manos a la obra y, en abril de 2024, contaban con la autorización judicial y registraron la solicitud para cambiar el DNI de la menor. Pero el tiempo pasaba y las reclamaciones caían en saco roto, sin que hubiera noticias hasta junio de este año.

El padre de la menor se trasladó a Madrid este verano para exigir una respuesta en persona tras más de dos años en espera, momento en el que le notificaron que la resolución había sido resuelta de forma positiva en junio. “Todo esto ha creado mucho malestar y no entendemos a qué se ha debido”, lamenta. Nada más saberlo, han pedido el certificado de nacimiento con el nuevo nombre y género de la joven, para lo que cuentan, ilusionados, los días.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio de Justicia explican que “no consta que existan retrasos generalizados” en la tramitación de los procedimientos de rectificación de la mención registral del sexo por parte de las oficinas del Registro Civil. Además, con la implantación definitiva del nuevo modelo, aclaran que la oficina encargada también es competente para practicar la correspondiente inscripción, sin necesidad de remitir la documentación a aquella en la que figure inscrito el nacimiento, contribuyendo así “a agilizar su tramitación”.

“Me quedé con la gente que me quería”

“Teníamos prisa para que se cumpliera durante la etapa de la ESO, y ahora más que empieza Bachillerato y vemos que el expediente va a venir con el nombre antiguo”, comenta la madre, ya que la documentación oficial, como los expedientes académicos, las actas de evaluación o la expedición de títulos refleja los datos del DNI vigente. En cambio, la normativa autonómica dicta desde 2015, a través del Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que la documentación administrativa del centro se adaptará al nombre y al género con el que se siente identificado el alumnado.

Una década después, Carolina tiene que pelear cada inicio de curso para que se cumpla: “No hay formación en las carreras ni los equipos directivos saben lo que recogen las leyes... Todo esto lo evitaríamos si ya tuviera el DNI cambiado, como también nos ha ocurrido con la tarjeta sanitaria”, lamenta. A su lado, Olivia muestra una calma envidiable: se acepta tal y como es y solo quiere que el Estado cumpla con su compromiso. Quiere crecer sin esconderse y escuchar su nombre cada vez que lean el documento para embarcar, cuando la llamen por megafonía o los profesores pasen lista cada mañana. Es un deseo sencillo y asumible que la enfrenta con el resto del mundo.

A raíz de su condición trans, sufrió el rechazo de sus compañeros y, tras cambiar de centro, prefiere mantener un perfil bajo, por lo que no ha compartido sus vivencias con el resto de la clase. “Solo lo sabe mi tutora, no se lo he dicho a nadie más”, ni tampoco tiene por qué hacerlo. Es más, mantiene una actitud desafiante y contundente: “Me quedé con la gente que me quería y encontré a gente que me aceptaba. Cuando me cambié del instituto público al privado había gente de mi clase que no me querían hablar simplemente porque era trans, porque yo a ellos no les hacía nada”.

Echando la vista atrás, recuerda los días que precedieron a la revelación. Tenía 11 años cuando le dijo a su madre que, realmente, era una niña. “Lo llevaba pensando mucho tiempo... Mis amigas ya me trataban como una chica, lo que pasa es que pensaba que mis padres me dirían que era una tontería. Un día se lo dije a mi madre, me contestó que no pasaba nada, y ya está”, comparte. Carolina, emocionada, viaja al pasado y cuenta las veces que su hija escondía su cuerpo en el cuarto mientras se vestía.

“No estás sola”

Aquella primera fase la pasaron juntos, antes de dar con la asociación Chrysallis, enfocada en las familias para la infancia y juventud trans. La organización cuenta con una delegación en Andalucía y se convirtió en un espacio de encuentro en el que compartir experiencias, dudas, pesares, cuestiones que aparecen en el día a día y no saben cómo resolver hasta que encuentras una mano amiga. “Al entrar, te quedas impactada, porque ves que no estás sola. Fue un antes y un después”, rememora la madre.

A lo largo de esta etapa más ligada al activismo, Olivia pasó a dar charlas sobre diversidad LGTBIQ+ en los centros de educación, se manifestaba cada Día del Orgullo y participaba en los actos del colectivo. Sin embargo, las presiones que ha tenido que soportar terminaron por pesar en su lucha. “Llega un momento en el que piensas en ser anónima”, comenta su madre. “Esa es la parte dura del activismo: te expones a ti misma, estás al frente e, incluso, llegué a presumir de mi niña, pero me he vuelto cauta”, sobre todo a raíz de los comentarios, de las burlas de personas que creía afines, de los embates políticos, del comportamiento de los sanitarios que las atienden y cuestionan su identidad o la dejadez administrativa que, finalmente, le hacen pensar que “la sociedad no cambia”.

“Esta decisión no quita que con el tiempo se vuelva a retomar, si quiere, pero hacía falta un descanso emocional”, explica, aunque, un brillo vuelve a encender en sus ojos cuando afirma: “Creo que Olivia es más fuerte que yo”. Acude al móvil y muestra las fotos de cada marcha, de los encuentros a los que se sumaban en cada rincón del país, como la imagen en la que enarbola la bandera trans y la de Andalucía mientras participipa en una manifestación convocada en Madrid. “También, hay un matriarcado muy fuerte en este tipo de asociaciones”, añade Carolina.

“Falta mucha pedagogía”

Dibuja una imagen para explicar esa comunión: fletaron tres guaguas desde Andalucía para manifestarse contra las modificaciones en materia LGTBIQ+ promovidas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid, y estaba llena de madres que acompañaban a sus hijes. “Creo que las madres podemos asumir mucho más, aunque en el caso de Olivia su padre siempre ha estado ahí. Pero escuchas otros casos, donde ha habido separaciones porque el padre no quería asumirlo y la madre ve la necesidad de divorciarse para acompañar a su hije. Todavía falta mucha pedagogía”, determina.

Olivia cursará en septiembre el Bachillerato en Humanidades. No sabe todavía a qué se dedicará en el futuro, pero su conciencia política despierta en vista del pacto entre PP y Vox que se ha firmado recientemente en Andalucía y que, de una forma u otra, también la atañe. “Da miedo que haya cada vez más jóvenes que piensen que está bien lo que dice Vox”, señala, como que uno de los objetivos de la ultraderecha sea la derogación de la Ley Trans, tanto la nacional como la autonómica. Admira a cantantes como Bad Gyal, que “no se corta para pronunciarse sobre nada”, y a actrices como Jedet, mujeres que alzan la voz y son referentes para las futuras generaciones, como ella, que dentro de poco tendrá entre sus manos su nuevo DNI.

“¡Viva una Andalucía libre, igualitaria y orgullosa!”, gritó Belén Mayoral, del colectivo JANDA, desde el escenario de la Alameda de Hércules. A sus pies, miles de personas reivindicaban la memoria, el legado de las activistas que se dejaron la piel y sufrieron la represión y la violencia estatal, para que los derechos LGTBIQ+ fueran una realidad. Bajo el lema Desde el campo a la ciudad, ¡orgullo, lucha y libertad!, Sevilla clamó por la defensa de estas conquistas sin dar ni un paso atrás ante el avance del discurso del odio tanto en los poderes políticos como en distintas esferas sociales y rechazó de pleno la institucionalización del acto y el intento de control, dado que, aseguraron, el manifiesto tuvo que ser enviado previamente al Ayuntamiento de Sevilla antes de ser leído en la plaza.

“La lucha es el único camino!”, “¡el orgullo no desfila, el orgullo reivindica!”, coreaban las calles durante la tarde. Entre el gentío estaban Nicolás y Ana, procedentes de Dos Hermanas que ven con preocupación los pactos que se den la próxima semana. “Se nota la influencia del discurso del odio, sobre todo en las redes sociales”, comparten, “y como andaluz me siento un poco decepcionado”. “Yo tengo miedo, y espero que la gente arranque”, expresó la joven, que sufre todavía el estigma de la invisibilización de la bisexualidad asegurando. Ante sus ojos, las banderas de los colectivos, las familias diversas, el orgullo crítico, el de la tercera edad, uno de los más olvidados, las drags y los carteles por el avance hacia el no binarismo mostraban el camino que aún queda por recorrer entre la población andaluza.

Con purpurina, abanicos, brillantes en sus caras, estaban contemplando la manifestación un grupo de amigas. Ainhoa, Almudena o Ana, todas ellas de primero de Bachillerato, de 16 años, y con ganas de participar a las puertas del 28 de junio, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969. “Sí hay odio, sobre todo en redes sociales, donde se pueden esconder”, dicen varias, “hay más amenaza en el discurso de odio de la ultraderecha, por ejemplo”. Incluso, los compañeros de clase “muestran comentarios de asco, como las personas más mayores que eran de otra época” y una de ellas admite que conoce a quien con la edad ha abierto su mentalidad ante la diversidad, “algo que no sucede con ellos”. ¿La solución? “Educando desde muy pequeño, desde el principio, sin hacer raro nada ni excluir”.

“No se atreverán”

A escasos metros Almudena declara que “ha habido un cambio radical”. Mirando la actualidad, apunta que hay otros países “con más amenaza”, sobre todo cuando lo compara con hace apenas unos años cuando fue apedreada por ir de la mano de su pareja en una Sevilla que no permitía vivir con libertad su orientación sexual. Este hecho, tan lejano en el tiempo pero tan presente en su memoria, la lleva a recordar su participación en Colectivo, una asociación con la que participaba en las primeras manifestaciones por el movimiento queer y resistía frente a la persecución de la policía. Andalucía, pionera en una ley trans y, en concreto, la capital hispalense como cuna de la primera marcha por la libertad sexual del 25 de junio de 1978 encabezada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR).

Con total seguridad, afirma que “Vox no se atreverá” a echar atrás los derechos LGTBIQ+. Esa misma idea la comparte uno de los manifestantes que se declara votante de la ultraderecha. “No lo harán”, contesta a su pareja hombre, con quien lleva 44 años y que, pese a que los distancie sus ideologías, comparte una historia de vivencias y evoluciones sin paragón. “Antes estabas en el pueblo, sin móvil, sin poder salir de allí, en cambio, ¿ahora? Los jóvenes lo tienen mucho más fácil”. Su compañero sonríe y, al mismo tiempo, le asegura que “sí noto que hay más odio, yo lo siento, siento ese rechazo”. A su familia le costó aceptar su orientación sexual, pero, poco a poco, pudieron contar con su apoyo. Su madre contempla la marcha desde una silla de ruedas, acompañada por su hijo y su yerno.

En otra silla, más bien en un capazo, está la hija de Alberto. Ahora se sube a los hombres de su pareja con alegría y soltura, que no se quiere perder ni un detalle de lo que está sucediendo. “En las aulas se ven cambios, pero todavía hay mucho por hacer”, asegura el docente, aunque reconoce que es más fácil vivir la disidencia en las ciudades porque quedan “muchos ambientes que son difíciles”. Con la llegada de la pequeña a la familia, experimentó un cambio: “Muchas veces he visibilizado mi realidad en las clases, sobre todo a raíz de ser padre, porque tenerla a ella... Me ha hecho mostrarme más”, como signo del cambio, como muestra de que existe y nunca más será ocultado.

Frente al intento de control: “Somos la última mierda”

La Alameda de Hércules fue el punto y final de una marcha, que transcurrió por la Ronda Histórica a causa de las obras en la ciudad, con la lectura del manifiesto por el Orgullo LGTBIQ+. En el escenario, Raúl González, de la Fundación Triángulo, apuntó directamente a la ola conservadora que intenta derribar los cimientos de una sociedad más plural y diversa: “La ofensiva internacional de la ultraderecha contra los derechos humanos, que en España representan Vox, Se Acabó la Fiesta y Aliança Catalana, entre otros. Una ofensiva que promueve el odio, legitima la violencia y señala a las personas más vulnerables”. A lo que sumó la deriva trans excluyente que “con la excusa de salvaguardar los derechos de las mujeres, pretenden imponer una agenda tránsfoba y homófoba”.

“Este es el manifiesto de las entidades LGTBIQ+ que trabajan durante 364 días al año y este manifiesto ha tenido que ser enviado al Ayuntamiento de Sevilla: estamos hartos de pedir permiso, por lo que hoy pido perdón. Veinte años de Orgullo que queríamos que fuéramos grande, grandísimos, pero no este institucionalizado, en el que las entidades LGTBIQ+ somos la última mierda”, clamó, “y probablemente el año que viene no me veáis aquí, como ocurrió el año pasado, cuando alguien decidió que prefería verme abajo, por lo que la lucha debe seguir”.

Como recordó Carmen Sivianes, del colectivo ICHTHYS: “La Constitución afirma que todas las personas somos iguales ante la ley, sin embargo, la realidad sigue demostrando lo contrario”. La identidad de género o la orientación sexual, así como la corporalidad, la situación migratoria o el estigma asociado al VIH, entre tantas cuestiones, continúan siendo una losa para el colectivo. Una losa que rompen cada vez que salen a la calle para luchar por sus derechos: “Porque no hay Orgullo sin lucha, porque no hay libertad sin igualdad, porque no habrá igualdad mientras exista discriminación”.

A su lado, Aaron García, de la asociación ILBS, recordó que para muchas personas “vivir en un pueblo o en una pequeña localidad sigue significando más aislamiento, menos recursos y mayores dificultades para ejercer derechos que deberían estar garantizados”, subrayando que “nadie debería renunciar a ser quien es por el código postal en el que nació, decidió vivir o las circunstancias le forzaron a vivir”. El llamado sexilio, que obliga al individuo a emigrar forzado por el odio y el rechazo que le rodean, lo llevó a proclamar: “Defendemos también unos servicios públicos fuertes y una fiscalidad justa que permitan financiar políticas de igualdad reales”, como en los entornos rurales en los que, apuntó, “la asistencia en materia de salud mental y sexual continúa siendo escasa”.

Cumplimiento de las leyes trans y LGTBI y nueva ley Intersex

Frente a los recortes presupuestarios, el Orgullo en Sevilla pidió “el cumplimiento efectiva de las leyes trans y LGTBI, que obligan a todo el Gobierno andaluz, no solo a una consejería”, criticó Agustín Burgos, del grupo Crezco, además de pedir a todas las administraciones “facilitar los procesos de regularización de las personas migrantes”, especialmente para aquellas del colectivo que son perseguidas.

En este sentido, Abel Guerrero, de la ONG Stop, recalcó la necesidad de aprobar una ley Intersex “que complete y fortalezca la protección de los derechos humanos de las personas intersex y sus familias”, al igual que desarrollar políticas de diversidad que lleguen a todo el territorio. En un momento en el que los delitos de odio crecieron en 2025 tanto en el conjunto del país como en la comunidad, donde se registraron un total de 295 incidentes, de los que 75 fueron por orientación sexual y de género y otros 22 por discriminación por sexo o género. En este punto, cabría señalar que el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia notificó en su último infome, en 2021, que se alcanzaron 367 incidencias, con mayor incidencia en Sevilla, Cádiz y Málaga.

Más allá de los datos, hoy mismo se produjo la detención de 12 personas, siete de ellas menores de edad, por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025, apuntaron sobre el escenario. “Frente al odio, Orgullo, frente al miedo, comunidad, frente a la discriminación, derechos, y frente a quienes quieren hacernos invisibles, más visibles que nunca, porque la fiesta no solo no ha acabado, sino que acaba de empezar”, recalcó Belén Mayoral al finalizar el manifiesto.

“Todos los andaluces, sin distinción”

En los días previos a la manifestación, la Plataforma Orgullo LGTBI de Andalucía, entidad organizadora, emitió un comunicado en el que criticaba la actuación del Consistorio dirigido por José Luis Sanz (PP). Una publicación realizada por el Ayuntamiento contenía la denominación Pride Sevilla como un festejo organizado por la corporación y usaba un lema “que no tenía nada que ver” con el acordado. A su vez, se describía la marcha como “cabalgata de junio” o “feria de junio”, lo que para la plataforma supone “una falta de respeto” y “una apropiación política”.

A la petición para la retirada de la publicación también se sumó la Fundación Triángulo Andalucía, que compartió un escrito en el que subraya que “las manifestaciones no las hacen los gobiernos, sino la ciudadanía” y recordó que en 2025 “se intentó decir lo que teníamos y lo que no teníamos que decir” en la lectura del manifiesto en la Alameda. Junto a la rectificación, también pidieron “enterarse de las políticas LGTBI en el seno del Consejo LGTBI de Sevilla o al menos en el pleno municipal y no en FITUR”, aparte de aplicar la regla presupuestaria del 50%: por cada euro dedicados a grandes eventos del colectivo, al menos otro para políticas sociales.

La discrepancia entre colectivos y ayuntamientos no se da solo en Sevilla. En la provincia vecina, la Plataforma Córdoba por la Diversidad criticó duramente el enfoque del Ayuntamiento de José María Bellido (PP) y realizó su propia hoja de ruta con una manifestación para mañana domingo, adecuándose al 28J en vez de hacerlo con anterioridad el día 13. La fragmentación de la organización responde, según avanzó la plataforma, con la necesidad de recuperar el espíritu de “lucha y protesta colectiva” en las calles, más allá de la agenda lúdica municipal.

En una jornada marcada por las reivindicaciones sociales con las marchas por la vivienda en Córdoba, Cádiz y Málaga, con miles de personas clamando por soluciones efectivas para la crisis habitacional, la población andaluza sale una vez más a reivindicar sus derecho en contraposición a que el rechazo tome de nuevo las instituciones. Es más, será el mismo martes cuando el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se someta al debate de investidura en el Parlamento, donde necesitará el apoyo de Vox para validar su mayoría y dar inicio a la próxima legislatura. Sin embargo, los de Manuel Gavira y Santiago Abascal ya han avanzado que, entre sus objetivos, está la derogación de la ley trans y los recortes en materia de igualdad. En lo simbólico también marcan las distancias, como que no se presentaran en el acto de izada de la bandera del Orgullo en el Parlamento andaluz.

Al respecto, la consejera en funciones de Igualdad, Loles López, afirmó antes del inicio de la manifestación por el Orgullo que durante “los 365 días del año” ondean la bandera LGTBIQ+. Preguntada por las líneas rojas a marcar con su probable socio de gobierno, aseveró que “el presidente se ha pronunciado: queremos un gobierno que gestione para el bien de todos los andaluces y buscamos el bienestar de todos los andaluces, sin distinción”.

El titular del Juzgado de lo Social nº8 de Zaragoza ha condenado al Gobierno autonómico a pagar una operación de mastectomía a un menor trans que el joven tuvo que llevar a cabo en una clínica privada tras ser rechazado por el Servicio Aragonés de Salud. El magistrado cree que sí se cumplían los requisitos para la intervención y la asociación Euforia cree que la sentencia “abre una puerta” para exigir otros tratamientos quirúrgicos demandados por el colectivo.

La sentencia, dictada el 27 de abril de 2026 por el magistrado José Antonio Izuel Gastón, condena al Salud a reintegrar 6.190 euros, el coste de una mastectomía masculinizante practicada en diciembre de 2023 en la clínica privada Viamed Montecanal. El joven tenía entonces 16 años y el sistema público aragonés le había cerrado la puerta meses antes con un argumento único: la operación no estaba contemplada para menores de 18 años.

El fallo es definitivo puesto que el Gobierno de Aragón ha informado a este periódico que no lo va a recurrir.

El recorrido del caso por la Sanidad pública había comenzado dos meses antes, en octubre de 2023, cuando el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Miguel Servet atendió al joven –que ya se identificaba a sí mismo como hombre desde los 12 o 13 años (cambió su nombre mediante auto judicial en 2022), que cuenta con el apoyo familiar y que lleva años bajo seguimiento de salud mental– y lo inscribió en lista de espera quirúrgica para la mastectomía. Semanas después, sin embargo, el mismo cirujano le trasladó que la intervención no estaba amparada en menores por parte del sistema público. Ante esa respuesta, la familia optó por la sanidad privada.

El magistrado considera ahora que esa negativa no tenía respaldo legal. Hay que recordar que Aragón cuenta con una legislación propia, la Ley de Identidad y Expresión de Género de 2018 –impulsada en el primer Gobierno del socialista Javier Lambán–, que reconoce expresamente a los menores trans el derecho a recibir “el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su transexualidad” y que obliga al sistema sanitario público a proporcionar, entre otras prestaciones, la “masculinización de tórax”.

El propio protocolo WPATH –el estándar de referencia seguido por los profesionales de salud de Aragón– admite la mastectomía en adolescentes a partir de los 16 años “en casos excepcionales, siempre tras una evaluación multidisciplinar prolongada, con consentimiento informado tanto del menor como de sus tutores legales, un historial persistente de años de evolución de incongruencia de género y un acompañamiento psicológico continuado”.

Así, la sentencia concluye que el joven cumplía todos esos requisitos, y el hecho de que el propio cirujano lo inscribiera en lista de espera así lo evidenciaba. “No había amparo legal para denegar la mastectomía al demandante”, zanja el juez de lo Social.

Alcance más allá del caso

El abogado Saúl Castro considera que la resolución tiene un alcance que va más allá del caso concreto: la edad, advierte, es “uno de los argumentos discriminatorios que los servicios sanitarios suelen utilizar para posponer o negar tratamientos, generando gran sufrimiento en las personas que los precisan”.

En la misma línea, Natalia Aventín, presidenta de Euforia –la asociación de familias trans que acompañó al joven y a su madre durante todo el proceso–, apunta al origen estructural del problema: “El desconocimiento de la regulación, los prejuicios y la ausencia de protocolos juegan en contra del colectivo”.

Además, la sentencia –recurrible ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón– abre una puerta según Euforia “a exigir que otros tratamientos e intervenciones quirúrgicas demandadas por las personas trans, que son sistemáticamente pospuestas con argumentos jurídicos inconsistentes, sean realizadas en los servicios sanitarios de forma diligente”.

Noa siempre fue mujer, aunque parte de sus parientes insistieran en verla de otra manera. Nació en el seno de una familia gitana de Can Tunis, el antiguo barrio situado bajo el cementerio de Montjuïc, marcado durante décadas por la pobreza, la marginalidad y la droga. Su historia —atravesada por la violencia, la calle, la prostitución, la cárcel y la supervivencia— es uno de los ejes vertebradores de Corren las liebres, el documental de la fotoperiodista y cineasta Lorena Ros que se estrenó el viernes en el DocsBarcelona.

La película, construida durante cinco años, retrata también las vidas de Marikarmen, Luana y Nani, mujeres trans que crecieron y resistieron en los márgenes de Barcelona. Pero es Noa quien sostiene gran parte del relato con su testimonio.

“Yo puedo hacer esta película porque hay mucha gente que ya no está”, asegura.

Noa huyó de su casa siendo menor de edad. Ya no soportaba la violencia familiar ni la presión constante por su identidad. “Yo me escapé de casa y me vine a trabajar de puta en el barrio chino, que ahora llaman Raval. Me busqué la vida porque yo me tenía que ir de la familia. Mi padre era un homófobo a reventar, un machista y un maltratador. Mataba a palos a mi madre y a todos, nos crio a palos”, recuerda.

Ella y sus compañeras hablan de una violencia tan normalizada en sus vidas que nunca necesitaron ponerle nombre ni advertencias previas. La crudeza aparece en sus relatos con la naturalidad de quien ha tenido que aprender a sobrevivir demasiado pronto.

Noa fue desterrada de su familia por ser homosexual, aunque el vínculo con su madre nunca desapareció. “Ella es la heroína de nuestra familia, no tengo nada que hablar con ella y la quiero con locura. Ella me sacó de ahí”. 

Un día, viendo cómo la trataba su padre, su madre le dio dos mil pesetas y un bocadillo de mortadela. “Me dijo: ‘Vete que tu padre te va a matar’”, recuerda.

Durante un tiempo, Noa regresaba a escondidas para verla. “Me escondía entre los sacos de patatas del patio”, recuerda. Pero aquellas visitas siempre terminaban igual: con el miedo de que su padre apareciera y descargara de nuevo la violencia sobre ella o sobre su madre. “Era muy joven y necesitaba de mi familia, necesitaba de mi gente”, sostiene.

Con el paso de los años y viviendo en la calle, la distancia se agrandó. “Tardaba como un mes en ir a casa, pero luego iba cada tres. Y como veía que no era querida ni bien recibida, pues al final pasé de ir año en año a ir cada dos años o no ver a mi madre en tres años. Pero claro, hay una edad en la que tienes que ver a tus padres”.

Durante ese tiempo comenzó a hormonarse para su transición. Cuando intentaba volver a casa, trataba de esconder su identidad para evitar problemas. “Me ponía ropa de tío”, cuenta entre risas, aunque reconoce que el disfraz nunca funcionaba. “Tenía pinta de niña con barba, lo que sería un chico trans aún sin hormonarse, y aunque yo pensara que parecía un chico, nada, era como un bollerón turco”, espeta riéndose.  

La vida en la calle

La conversación transcurre en el Ágora, uno de los pocos jardines del Raval que siguen funcionando como refugio improvisado para las comunidades “despojadas y marginadas” del barrio. Allí, Noa recuerda cómo empezó a vivir en la calle siendo apenas una adolescente.

“No te faltará ningún sitio, porque siempre habrá algún mayor que quiera acogerte, pero claro, a cambio de algo”, rememora.

Durmió muchas veces al raso. Además de la violencia, su contexto familiar estaba también marcado por la droga: Can Tunis fue durante años uno de los grandes símbolos de la marginalidad barcelonesa y del tráfico de heroína.

“Se consumía mucho y había muchas peleas entre mis hermanos y mi padre”, explica.

La droga, la delincuencia y la prostitución terminaron formando parte de su vida cotidiana. Noa trabajó en Robadors, el antiguo “callejón del travesti”, en el Camp del Barça, la Bolera o los alrededores del Arc de Triomf. “En el descampado las mayores trans no me dejaban”, recuerda.

“Yo no sabía nada del respeto porque a mí nadie nunca me respetó. No sabía nada de los derechos de la infancia. Empecé siendo una chica de calle muy joven con todo lo que eso conlleva y la verdad es que trabajaba mucho. Era un momento en que la prostitución estaba en auge y yo empecé a montar mi personaje, mi vida de delincuente, de prostituta, de todo un poco para no tener que depender de nadie y poder ser lo más autosuficiente”, explica durante la entrevista con elDiario.es.

Lorena Ros, la directora del documental, asegura que uno de los grandes desafíos de la cinta fue evitar la mirada morbosa que suele acompañar relatos como este.

“Corren las liebres es una película hecha con mucho amor y admiración. No se trata de un documental observacional, sino de un documental subjetivo”, explica la directora, reconocida internacionalmente con tres premios World Press Photo y una larga trayectoria vinculada a los derechos humanos y la representación del trauma.

Ros asegura que durante el proceso sintió presión para enfatizar los aspectos más sórdidos de las protagonistas. “Me negué a utilizar palabras como exprostituta, exconvicta o exdrogadicta. La historia de Noa es la de una lucha de corazón y que tiene un mensaje muy potente y muy humano que es el de una madre que quiere recuperar la custodia de sus hijos”, señala.

Porque más allá de la marginalidad, el documental intenta mostrar algo menos habitual: la posibilidad del cambio. “Desde pequeña sufrí fatiga, violaciones, maltrato y acoso. Y cuesta mucho que la gente vea que a lo mejor has tenido un pasado y ahora tienes otro”, señala Noa. “La gente se cree que una no puede cambiar, pero claro que sí, y yo soy un ejemplo de ello, como el resto. Ya no soy la persona que era antes”.

La cárcel, punto de inflexión

Noa habla de su paso por prisión como un punto de inflexión inesperado. “Yo puedo decir que la cárcel me salvó la vida”, afirma.

En aquel momento dormía en la calle, robaba, consumía y se prostituía mientras enlazaba días enteros sin dormir. “Caballo, coca, crack, de todo”, enumera. Cuando ingresó en la prisión Modelo para cumplir condena, un análisis médico detectó una sífilis avanzada. “Me dijeron que estaba a punto de morir, porque si te llega al cerebro, te mata”, asegura.

Recuerda todavía el momento en que los enfermeros la retuvieron en la enfermería para administrarle penicilina. Cree que, de no haber entrado en prisión, probablemente habría muerto pocos días después en alguna calle del antiguo barrio chino. Ahora está limpia y puede contar su historia.

El título del documental nace de un poema de Eduardo Galeano dedicado a “Las Nadie”, aquellas personas invisibles para la sociedad.

“Son estas personas que son tratadas o vistas por la sociedad como Las Nadie. Esas personas que exactamente como dice Galeano en su momento también valen menos que la bala que las mata”, explica Marikarmen, prima de Noa, también gitana e intersex.

Marikarmen comparte buena parte de esa historia de supervivencia. Creció en el chabolismo y pasó la infancia entre pequeños robos para poder comer y la precariedad extrema. A los ocho años, su madre se la llevó a Mallorca para trabajar en el turismo.

“Ahí claro, tuve que aprender que todo lo que hacía en mi vida anterior estaba mal”, sostiene.Nunca terminó de adaptarse. A los 15 años escapó de casa y comenzó otra vida atravesada por la calle, la música y el activismo.

“Yo trampeo. Me refiero a que hago de DJ, doy charlas, trabajo con personas con discapacidad y casi siempre en una situación en la que muy pocas veces consigo cotizar”, resume.

Para Lorena Ros, todas las mujeres que aparecen en el documental funcionan como espejos de Noa. Distintas vidas atravesadas por una misma experiencia de exclusión.

“Al final la película sirve para que la gente vea una realidad que no está relacionada con el llanto y la desgracia, sino con la vida, el día a día real y humano de personas como nosotras”, concluye Marikarmen.

Noa insiste en que la película busca precisamente ampliar el relato habitual sobre las personas trans. “El número de mujeres como nosotras es muy grande. Con las que salimos damos visibilidad a personas de la calle que viven en los márgenes de la sociedad”, afirma. 

“Hoy en día hay mucha visibilidad de algunas personas del colectivo LGTBI: chicas trans que han recibido apoyo familiar, que han sido hormonadas desde pequeñas, que han podido ir a Trànsit [la oficina de atención a las personas trans de Catalunya] pronto y que hoy pueden ser arquitectas o ingenieras”, concluye Noa. “Pero hay otras que no han tenido nada de eso, a ellas les damos visibilidad”.

En la Avenida Pocholo, justo en el punto en que desemboca en la Plaza Paquita, esperan Yoaline, Anto, Masha y Mantis, cuatro jóvenes habitantes de la Farga Beiby, una antigua colonia textil situada en el corazón de Catalunya y que hoy alberga la mayor comunidad trans de España. Son unas 50 personas, pero se apresuran a matizar que no sólo son trans. “Somos un grupo migrante, neurodivergente, queer... Y hasta hay familias evangelistas”, explica Mantis.

La Farga Beiby es un conjunto de cuatro edificios de la colonia originalmente bautizada como la Farga de Bebié, que acogía a los trabajadores de la fábrica de Los Suizos, inaugurada en 1899 y que cerró en 2008. Tras casi dos décadas de abandono, hace dos años y medio que un grupo de jóvenes arribó a este pequeño pueblo para hacer de él su hogar. Las fachadas, que estaban a medio comer por la vegetación, ahora lucen pintadas a favor de la diversidad sexual y contra la propiedad privada, mientras las voces de Taylor Swift o Karol G salen de unos altavoces que amenizan la tarde.

Las hay que salen a tejer al pequeño porche de su casa; otras simplemente se fuman un cigarro mientras comparten un Monster. También hay quien va o viene del río para hacer la colada y algún otro hace el tonto con un descapotable rojo en miniatura. Este pueblo se ha convertido en un “espacio seguro” para colectivos que se sienten perseguidos, juzgados y expulsados.

“Somos una familia, una rara, pero familia. Y, si nos echan, no tenemos adónde ir”, dice Anto. Y no lo dice por decir, porque sobre la Farga pesa la sombra del desahucio. Por ahora tienen un desalojo autorizado por el juez pendiente de ejecutarse y un proceso judicial abierto y que afecta al edificio en el que vive casi la mitad de los habitantes de la comunidad, entre ellos cerca de una decena de menores.

“Todas venimos de historias complicadas. Que nos expulsen significa no sólo perder la casa, sino las redes que hemos construido”, explica Anto, que carga en su mochila con la violencia familiar. De origen rumano, sus padres renegaron de ella cuando supieron que era no binaria y pansexual. Masha también llegó a la Farga para refugiarse; llego huyendo de su Rusia natal, donde era activista contra el gobierno de Putin y tuvo que ir hasta donde no la encontraran.

“Todos buscamos una familia y nuestra única regla es no juzgar a nadie; ni su pasado, su cuerpo, profesión o adicciones”, añade Yoaline, un joven ecuatoriano ‘transmasc’ que compagina su carrera como cantante con su trabajo como paramédico. De hecho, tan diversa es esta comunidad, que hasta conviven con tres familias evangélicas que llegaron a la Farga tras sendos desahucios.

Son una quincena de personas, migrantes en su totalidad, que fueron derivadas a la Farga Beiby por el responsable de la comunidad evangélica de Ripoll. Los ecos de este grupo ocupa habían llegado a la ciudad y, en vista de que diversos fieles estaban a punto de quedarse en la calle, el predicador fue a pedirles ayuda. “Somos fácilmente identificables y nos encontró rápido”, bromea Yoaline, haciendo referencia a la particular estética del grupo, que tienen predilección por los colores chillones, el animal print, el brilli-brilli y las ristras de piercings.

A pesar de que al principio del proyecto la idea era ser una comunidad íntegramente queer, no dudaron en acoger a las familias. “¿Cómo íbamos a dejar a criaturas en la calle?”, se pregunta Anto. Ahora son una decena los menores que viven en la Farga. Cuatro son hijos de Danis, una madre soltera colombiana que llegó a la Farga hace siete meses. “Hace ocho años que llegué a España y es el primer sitio en el que me siento en familia”, dice esta mujer que vive en La Internada, el edificio que la propiedad quiere desalojar y que, además de vivienda, funciona como Centro Social en el que se imparten talleres de catalán, lengua de signos o pole dance.

Reside en una de las habitaciones más grandes del barrio, al lado de la cual los jóvenes han habilitado un parque de juegos. Han conseguido peluches, tiendas de campaña y hasta un tatami de goma eva. “Son nuestres niñes. ¡Qué menos!”, presume Yoaline mientras carga a una de las criaturas en brazos. “Sería muy triste si esto sólo fuera una comunidad de gente joven trans; habría sido muy poco anarquista por nuestra parte sólo pensar en nosotros”, añade.

La sombra del desahucio

La propiedad recae en Edmundo Bebié S.L., empresa que creó la fábrica ‘Los Suizos’, llamada así por el origen de la familia que instaló esta planta textil que funcionaba con la energía del Ter. El conjunto ocupa 488,3 hectáreas, la mayor parte de las cuales es bosque. En lo referente a las edificaciones, cuenta con siete masías, aparte de las fincas que conformaban la colonia, de 18 edificios a ambos lados del río. La comunidad de la Farga Beiby ha ocupado cuatro de ellos, en el barrio del Solell.

Un año después de que la fábrica cerrara, la empresa se quiso adherir al Plan Urbanístico del Parque Patrimonial del Río Ter con un proyecto para “incrementar el número de viviendas, rejuvenecer la población y mantener la estructura urbana”, pero nunca llegó a llevarse a cabo. “Es justo lo que estamos haciendo”, precisa Yoaline, que explica que han ofrecido a la propiedad pactar un usufructo para habitar el barrio a cambio de adecentarlo. Pero lamentan que la propiedad no ha respondido y, por el contrario, ha optado por la vía judicial.

Hasta el momento, ha habido dos procesos penales: uno quedó archivado, entendiendo el juez que los ocupantes actúan “en precario” y desestimando la urgencia de expulsarlos, dado que la propiedad, que es gran tenedora, no estaba haciendo uso de la finca ni de los edificios desde hacía dos décadas. El segundo proceso sí tuvo recorrido y se decretó el desahucio con fecha y hora acordadas, pero -inexplicablemente- los Mossos nunca llegaron a aparecer.

Además, actualmente hay un proceso civil abierto para La Internada, llamado así porque antaño funcionó como orfanato para niñas que, de mayores, iban a trabajar en la fábrica. Hoy alberga a unas 20 personas, la mitad de las cuales menores de edad, que corren el riesgo de quedarse en la calle.

La propiedad sostiene que la finca se ha “ocupado de forma clandestina por personas de identidad completamente desconocida”, pero las habitantes de la Farga están empadronadas y sostienen que se han identificado ante la policía en diversas ocasiones. Además, según consta en la demanda -a la que ha tenido acceso elDiario.es-, los denunciantes alertan del “riesgo evidente para la seguridad y el orden público” que suponen para el entorno.

Pero a excepción de cuatro casas de vecinos a unos cinco minutos en coche, la Farga está totalmente aislada. Sita sobre la frontera entre las provincias de Girona y Barcelona, está rodeada de bosque, flanqueada por el río Ter y a unos 10km de Ripoll, el núcleo de población más cercano. “Nos quieren joder porque nos odian”, esa es la explicación de Yoaline, que afea a la propiedad que quiera expulsar a niños y niñas de unas fincas que llevaban años en desuso.

Ahora la Farga está gestionando certificados de vulnerabilidad para intentar evitar la expulsión e Incluso ha abierto un crowdfunding para sufragar los gastos legales, así como la regularización de las personas migrantes y las reparaciones que necesita el espacio y de las que la propiedad no se ha hecho cargo. Este medio ha intentado ponerse en contacto sin éxito y por diversas vías con la empresa; por su parte, el abogado de Edmundo Bebié S.L. ha rechazado hacer declaraciones.

La propiedad sostiene también que el barrio supone una molestia para los vecinos, pero ellas aseguran que no han tenido quejas; al contrario. Explican que diversas familias que habitaban en la colonia, hace 20 años, han vuelto para ver cómo están las que fueron sus casas a día de hoy. “Vienen muchos domingos mientras dan un paseo. Nos dan las gracias por mantener el espacio y no dejar que muera”, explica Yoaline. Los únicos problemas que han tenido han sido aislados y en forma, de hecho, de ataques tránsfobos: en una ocasión, un grupo de adolescentes les tiró piedras a las ventanas de madrugada, profiriendo insultos LGTBIfóbicos, y en otra, un hombre apareció con una hacha lamentando que aquello se hubiera convertido en “Sodoma y Gomorra”. Ahora, esos son los nombres con los que han bautizado a dos de los edificios de la Farga.

Sin agua, luz ni techos

Aunque quienes habitan la Farga estén haciendo lo posible para quedarse, reconocen que su vida no es fácil. “Que nadie idealice esto. Las relaciones son muy intensas porque somos gente que viene de historias durísimas, pero es que además las condiciones no son buenas”, cuenta Anto mientras enseña su casa. Ella vive en Sodoma, que es el edificio que está peor. Los techos están cayéndose, lo que provoca goteras, humedades, y corrientes de aire. “Nos llueve encima”, resume Anto mientras muestra su cuarto, una estancia pensada hasta el milímetro con una estética kitsch en la que predominan el rosa y el leopardo. La delicadeza de la cama con dosel contrasta con el agujero en el techo que deja expuestas unas tejas que también se están deshaciendo. “Me levanto con los ojos rojos del polvo”, reconoce.

Si bien la Internada tiene unas condiciones más decentes, el resto de edificios están en un estado tan precario que algunas personas han tenido que irse por problemas de salud. “Aguantar el invierno es muy duro”, expone Yoaline, que es el manitas del grupo. Aunque con los techos no se ha atrevido, sí es el responsable de un sistema de tuberías casero que llevaba el agua de un pozo hasta las estancias.

Funcionó hasta que la propiedad tapió dicho pozo. Una decisión que tomó semanas después de cortar también la luz. Desde entonces, solucionan lo segundo con placas solares que, aunque pueden no llegar a ser suficientes en invierno, durante los meses de más sol permiten ciertos caprichos como alguna partida a la Wii que compró Yoaline y que comparte con la comunidad.

El problema real está, además de en los techos, en el sistema de agua. Sin acceso al pozo, sólo les queda ir a Ripoll a llenar garrafas en las fuentes para el agua potable. Y para el resto tienen el río, donde van a hacer la colada y a recolectar agua para el aseo o la limpieza. Su intención es idear un sistema para bombear agua del Ter hasta las casas y para ello cuentan con la ayuda de un ingeniero suizo, Michael, que acabó de casualidad en una de las fiestas que organizan para recaudar fondos y quedó prendado de la comunidad. Tanto, que pidió a su universidad financiación para convertir la causa de Farga en su proyecto de final de máster y ahora hace meses que vive allí, estudiando el terreno y las posibilidades de devolver el agua corriente a sus habitantes.

“Sólo intentamos dar vida a unas casas que estaban abandonadas. Y es una vida muy bonita”, explica Anto, sentada en un banco de la Plaza Paquita. Allí ha citado a diversas vecinas para hacer la fotografía que encabeza este texto. Mientras aguarda, reconoce que han cometido fallos, pero que la comunidad es fuerte. “Lo hemos pasado muy mal, hemos perdido a amigues y cada día es un reto. Pero vale la pena”, añade Yoaline.

Estas palabras fueron pronunciadas justo una semana antes de que una de las personas que acudieron al llamado para salir en la fotografía falleciera. Las vecinas de la Farga recibieron la noticia con dolor, pero se han unido para sobrellevarlo y deciden quedarse con el recuerdo de la lucha compartida. “Un besito desde la Farga, hasta el cielo”, es el recordatorio que han pedido que aparezca en las últimas líneas de este reportaje, en homenaje a su compañera.

Las organizaciones en defensa de la igualdad social de las personas LGTBI Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana han convocado una concentración para protestar contra la presentación del libro “No contaban con las madres”, de Nuria Coronado, al considerarlo un “acto tránsfobo”.

Mediante un comunicado, la Fundación Triángulo, que no descarta llevar el caso a la Fiscalía, ha anunciado que la concentración se celebrará a las puertas de la Biblioteca de Castilla y León —que depende a la Consejería de Cultura de la Junta—, en Valladolid, donde está prevista la presentación del libro, este viernes a las 18,45 horas.

Esta organización ha precisado que un total de 19 entidades han firmado una carta para solicitar a la Biblioteca la cancelación de la presentación.

Han considerado “inadmisible” que una institución pública albergue un discurso que, según afirman en el comunicado, califica la identidad trans como “daño irreversible”.

“La cesión de este espacio contraviene los principios de la ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece que estos centros estén libres de discriminación por razón de género u orientación sexual”, ha explicado la Fundación.

“Presentar el transgenerismo como un peligro para la salud física y mental de los menores no se puede considerar libertad de expresión, sino una patologización desfasada que vulnera la Ley Trans estatal”, ha detallado.

En relación con los testimonios de familiares incluidos en la obra, la Fundación Triángulo ha manifestado su máximo respeto a las vivencias de cada madre o padre.

No obstante, ha considerado que las experiencias individuales no deben servir para estigmatizar a todo un colectivo o promover teorías de “contagio social o daños irreversibles, que contradicen el consenso científico y la legislación actual”.

“Ante la ausencia de respuesta de la Biblioteca de Castilla y León a la solicitud formal de cancelación, Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana convocan una concentración a las puertas de la Biblioteca este viernes a las 18:45 horas y se plantea elevar el caso a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio”, han expuesto.

La Biblioteca de Castilla y León ha subrayado, a través de un comunicado remitido a EFE, que dentro de su programación de actividades culturales durante la tarde de este viernes están previstas dos presentaciones de libros, de contenido diferente, para el acceso libre de los ciudadanos que las consideren y estimen.

“La biblioteca es un espacio público abierto, neutral y plural que alberga documentos y actividades, con diferentes formatos y contenidos diversos, que sirve a su comunidad intentando promover los derechos y libertades, tales como pensamiento, expresión y creación, a la vez que se facilita el acceso a la información, el conocimiento y la cultura”, ha expresado.

Como soporte a esta labor, la biblioteca pone a disposición sus materiales y espacios físicos y virtuales sin mayores restricciones, lo que puede conllevar la cesión de espacios a diferentes creadores para que presenten sus obras, dentro del respeto y la tolerancia.

El Foro Feminista de Valladolid, que organiza la presentación del libro, ha rechazado que se trate de un libro tránsfobo y ha dicho que si los convocantes de la protesta se hubieran leído la publicación no harían esas afirmaciones, según ha manifestado a EFE una portavoz de este colectivo, Nina Infante.

El libro recoge testimonios de madres preocupadas, ha precisado Infante, quien ha defendido que el Foro Feminista siempre ha abogado y ha actuado por la democracia y la libertad.

El Hospital Clínic de Barcelona ha presentado la primera guía de atención a las personas trans en ámbito sanitario, con criterios unificados para garantizar una “atención respetuosa, segura, inclusiva y sin discriminaciones”. El texto se alinea con la ley catalana de los derechos de las personas LGTBI y da respuesta a diversas situaciones en las que, según el centro, era necesario “reforzar la sensibilidad y ampliar el conocimiento de los profesionales”.

Aspectos como el uso correcto del nombre sentido, la confidencialidad o la gestión de situaciones específicas de hospitalización habían generado dudas o disparidad de prácticas entre el equipo del Clínic. Ante eso, el centro ha elaborado este texto, que recoge una serie de recomendaciones para todo el personal del hospital, así como situaciones y comportamientos que hay que evitar.

En esta línea, se incluyen cuestiones concretas sobre el lenguaje, asignación de espacios, registro del nombre sentido y cómo evitar discriminaciones o tratos inadecuados. Igualmente, se recuerda la importancia de la confidencialidad y se insiste en que las conversaciones sobre identidad de género -las que incluyen preferencias sobre trato, nombres o pronombres- se deben llevar a cabo “en condiciones de privacidad y confidencialidad, evitando formular preguntas en espacios en los que puedan ser escuchadas por terceras personas”.

De la misma manera, se recuerda que “ante el ingreso de una persona trans, hay que aplicar escrupulosamente el principio del igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y el respeto a la identidad de género”.

La guía se repartirá a los profesionales y se presentará en unas jornadas en el hospital. Además, se impartirá una formación en materia LGTBI para todo el personal. “Con esta iniciativa, reforzamos el compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas trans, así como con la reducción de las desigualdades en salud”, apuntan desde el centro.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León no fueron positivos para la izquierda confederal, donde ni Podemos, ni IU ni Sumar consiguieron un solo escaño en el parlamento autonómico. Marina Echebarría (1963, Donostia), activista, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y la primera catedrática trans de España, se presentó como número 2 por Sumar (en En Común, la coalición liderada por IU), y no oculta su decepción por el desenlace del 15-M. Echebarría atiende a elDiario.es en su despacho en la Universidad, pocos días después de la agresión de múltiples atacantes a una mujer trans en la Bañeza.

Esta semana una mujer trans ha sido víctima de una paliza por parte de un grupo de personas. ¿A qué atribuye ese incremento de la violencia?

Es una campaña orquestada. Es decir, esto es una guerra cultural, lo tienen muy claro. Determinados factores aglutinan gente que luego termina adoptando posiciones sociales y políticas. Y, por ejemplo, la población migrante es una bandera que se utiliza para que mucha gente se aglutine en un voto de ultraderecha o en una actitud de rechazo hacia las minorías. Pasa lo mismo con las personas trans. Mucha gente no nos entiende. No entiende nuestras vidas y, en consecuencia, este es un banderín de enganche para gente que tiene sus recelos o que cree que la vida está cambiando y que no entiende los cambios que se producen.

En definitiva, hay una instrumentalización para volver a intentar imponer unos modelos de vida del pasado, un modelo de familia del pasado, un modelo de relaciones que ya ha sido superado por la sociedad en esa política de retorno al orden natural, entre comillas. Y, claro, nos han puesto en la primera línea de frente.

Esta agresividad ha aumentado a medida que el colectivo trans, en este caso, ha ido ganando derechos. Hay una relación directa en ese sentido.

Obviamente. En la medida en que estábamos en la esquina de la sociedad, escondidas en tugurios, paseando de noche por las rotondas, no molestábamos tanto a mucha gente. Le resultábamos funcional a la hipocresía social. Y en la medida en que hemos querido hacer vida normal u ocupar espacios en la esfera pública, se produce esta reacción. Porque somos la visibilización de lo que ellos detestan.

Ahí, ¿cuál es la responsabilidad política que se debería tener para frenar este tipo de situaciones?

Tendría que haber un compromiso, un auténtico pacto de Estado contra los discursos de odio. Y también tendría que haber un compromiso político de las fuerzas democráticas en que las cuestiones de derechos humanos no deberían politizarse en una lucha partidista. Pero, por desgracia, parece que esto es mucho pedir en la situación actual. Primero, porque tenemos algún partido que no entra dentro de esa categoría de defensa de las políticas democráticas. O sea, su modelo social no tiene nada que ver con una vida sobre principios democráticos. Y, en segundo lugar, porque hay también algún partido que entiende que, al final, esto es una tendencia que puede asumir parcialmente —o que va a tener que entenderse— con esa parte de derecha antidemocrática y izquierda ultra muy antidemocrática y, en consecuencia, puede pactar con ellos. Y esto nos coloca en una situación muy mala a las minorías.

Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor o linchamientos digitales

Durante la campaña usted ha denunciado haber sido víctima de acoso digital...

Yo no lo he denunciado, pero evidentemente el acoso digital se ha producido. Y no es la primera vez que ocurre. Este tipo de campañas, por desgracia, ya se han convertido en algo habitual y periódico. Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público, normalmente sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor, políticas de menosprecio o linchamientos digitales. Y claro, esto no es una casualidad. Esto es una política verdaderamente estructurada en redes.

Si tú coges ahora, por ejemplo, la última noticia que estaba leyendo hace cinco minutos sobre que están en busca y captura dos mujeres que han agredido a una chica trans en unos baños en Madrid, miras los comentarios de la noticia y la mayoría son a favor de las agresoras. Pero muchos de esos perfiles son bots o son elementos que están constantemente promoviendo ideas de ese estilo. Las cosas no son por casualidad. Hay una política mediática de estigmatización de las minorías y hay grupos que están muy directamente señalados, como la población migrante, los menores no acompañados, el colectivo LGBTI y, muy significativamente, las personas trans.

¿Y cómo ha gestionado, o cómo gestiona este tipo de situaciones?

Una tiene que asumir que evidentemente esto le va a pasar, que por desgracia es el precio que pagas por atreverte a defender una serie de principios. Viviría más tranquila haciendo una vida discreta, pero no defendería las ideas en las que creo. Así que pues lo asumes y ya está. Pero es muy triste porque estás diciendo que por defender tu identidad, tus derechos o una posición política hay una serie de señores que quieren hacerte pagar un precio vital y una violencia. Porque hay muchas formas de violencia. La violencia simbólica, la violencia en el tratamiento de la persona verbal, la violencia en redes, también es una forma de violencia. Y por desgracia estamos viendo que luego esto se concreta en violencias físicas.

Tenemos un incremento espectacular del nivel de agresiones homofóbicas o LGBT fóbicas en Castilla y León. Es que nos hemos convertido, en proporción a la población, de repente, en la comunidad que más casos tiene. Y hemos tenido algunos casos que podrían haber terminado muy mal. Hace meses un chico de Palencia no murió por los pelos porque llegó a tiempo a la unidad de cuidados intensivos de Valladolid. Pero estuvo a punto. Hemos tenido esta semana una agresión muy grave en la Bañeza. Ahora estaban operando de la mandíbula a la chica que había sido agredida. Casi pierde un ojo. Es decir, las violencias simbólicas y las violencias en redes normalmente preceden a algo peor, que es la ruptura de la convivencia.

El Partido Popular siempre deja la Ley LGBT en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más

Castilla y León es la única comunidad autónoma que no tiene ley LGBT, salvo Asturias que lo está tramitando y que parece que va a salir adelante. No sé si cree que una ley podría cambiar las cosas.

Las leyes no son una panacea. No lo resuelven todo, obviamente, porque luego hay que cumplirlas. Pero son un instrumento, una herramienta de la que la gente puede valerse para reivindicar sus derechos. Aclaran situaciones de potencial conflicto que ya tienen un itinerario y una solución dada y, en consecuencia, facilitan la vida de la gente. Claro que nos hace falta esa ley por varias cosas.

Primero, porque efectivamente esta comunidad está convirtiéndose en una comunidad muy dura para los colectivos LGBTI. Segundo, porque tiene que cumplir la normativa estatal y hay que desarrollarla, implementarla. Este es un mandato que deriva de leyes estatales que tienen que cumplirse en este territorio también. Pero llevamos tres legislaturas negociando una ley LGBTI. El Partido Popular siempre la deja en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más. No tiene ninguna intención de tramitar esto. Y corremos el riesgo, incluso, porque ya lo ha anunciado Feijóo tres veces, de que se apunten a una oleada de propuestas restrictivas de derechos. O sea, de intentar vaciar de contenido o contradecir las leyes estatales de Igualdad, como se ha intentado en Madrid, donde tuvieron que dar marcha atrás, o en Valencia, donde se ha presentado un proyecto que va a ir directamente al Tribunal Constitucional.

¿Y por qué cree que en Castilla y León todavía no se ha aprobado? Porque llevamos ya tres legislaturas. No solo con Mañueco, sino que deriva de gobiernos anteriores.

Nosotros negociamos durante dos años y medio, con el gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) y llegamos a un consenso con todos los actores profesionales, sociales y con la administración en el plano técnico, pero el sector más conservador del Partido Popular bloqueó aquel proyecto. Y desde entonces la situación no ha mejorado, ha empeorado. El gobierno de Mañueco ha sido mucho menos receptivo y desde que Vox está en escena, pues esta es una situación que no quieren ni tocar.

La izquierda confederal se ha quedado fuera del parlamento autonómico en de las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué balance hace del resultado?

Ha sido objetivamente malo. No hemos logrado las expectativas que teníamos y no hemos mantenido el nivel de voto que tuvimos en 2022 o en 2023. Hay que asumir la realidad. Es decir, el electorado de Castilla y León es eminentemente conservador, esto ya lo sabíamos. Pero el efecto de vaciamiento a la comunidad lo está acentuando porque ha habido un incremento de la participación y, sin embargo, el volumen global de votos es menor. Esta comunidad ya ha perdido 150.000 jóvenes y sigue perdiendo gente joven bien formada que probablemente tendrían otro perfil sociológico. La gente mayor tiene un perfil mayormente conservador en el ámbito rural y en algunas zonas urbanas. Y la ultraderecha está subiendo. No es que sea una mayoría determinante, pero están ahí. Nosotros hemos estado muy invisibilizados en la campaña porque no tuvimos minutaje en televisión y tuvimos algún problema para poder hacer... comunicación de nuestras propuestas. El conjunto da el resultado que tenemos.

¿Por qué cree que Sumar no consigue asentarse en los territorios? Aquí en Castilla y León, por ejemplo, tiene muy poca base.

Estamos subiendo nuestra base discretamente, estamos aumentando nuestra militancia. El problema de Sumar fue que durante un tiempo éramos una marca paraguas y no nos constituíamos como partido. Cuando los partidos que integraban Sumar decidieron que tenía que ser una mesa de partidos se nos obligó a constituirnos como partido y se nos obligó a hacer una constitución territorial. Hemos estado en ese proceso durante un tiempo. Ahora ya tenemos una estructura que no será igual tan establecida como la que pueda tener Izquierda Unida, pero sí que hemos demostrado en esta campaña que tenemos voluntarios, que tenemos cosas que hemos integrado, que hemos aportado a la campaña, que han sido verdaderamente útiles. Hemos cumplido nuestros compromisos económicos y entendemos que tenemos muchas cosas que aportar.

Finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno

Probablemente volvamos a tener un gobierno de PP y Vox. ¿Qué cree que puede suponer una nueva legislatura con ambos partidos en el gobierno?

Ya tuvimos un adelanto de lo que puede ser un gobierno con la ultraderecha con el gobierno de 2022. Y vimos que era un gobierno muy poco operativo, en el que las consejerías de Vox hicieron realmente muy poco, pero bloquearon también a otras consejerías que no dirigía Vox. No dirigían directamente porque al final para el sostenimiento del pacto de gobierno era condición no agraviar o no molestar a la parte minoritaria del gobierno. Y ahora podemos temer una situación aún peor porque, probablemente, y ya lo ha anunciado así Abascal, cualquier disposición que se quiera aprobar necesitará el consentimiento previo o la aquiescencia de Vox. Y esto nos va a decir que finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León

¿También en cuestiones LGBT?

Y no solamente, ese es el problema. Lla gente no se da cuenta de que esto afecta a todas las acciones del gobierno. ¿Qué política cultural ha habido en esta última legislatura? Arreglo de patrimonio histórico, fundamentalmente iglesias, subvención de toros y poco más. La cultura viva, la cultura más ciudadana, ha estado muerta. ¿Qué política industrial ha habido? Ninguna. Cuando ha habido grandes conflictos con las galleteras o con otras industrias tradicionales, a la Consejería de Industria no se la esperaba. Y no llegó. Tuvieron que desembarcar directamente los ministerios del Estado central para poder actuar. ¿Qué política va a haber en Sanidad? Pues probablemente, como estamos ante una comunidad que se está vaciando, y con una población envejecida... mantenimiento y tratamiento paliativo. Pero no prevemos un incremento de los servicios sanitarios.

En transporte... la comunicación con otras comunidades autónomas gozará de buena salud. Pero dentro de la comunidad probablemente seguirá abandonado. Las políticas de promoción del empleo rural. Se acaban en el 2028 las subvenciones europeas. Y la comunidad de Castilla y León nunca ha suplido o aumentado esas políticas europeas. ¿Va a instaurar ahora un plan propio? ¿O va a seguir con esa idea que es tan propia de la derecha y ultraderecha de que la mejor política industrial, la mejor política estructural, es la que no se hace? Que sea el mercado el que provea donde las cosas prosperan y donde no.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León. Que previsiblemente, vamos a dejar de ser una comunidad centrada en lo agrario para convertirnos en una comunidad de carácter industrial en la producción de energía para las comunidades que nos rodean. Seguiremos viendo como nuestros jóvenes probablemente emigren a las grandes urbes que nos rodean. Y que probablemente continuará el deterioro de los servicios públicos fuera de los cascos urbanos. Es decir, a corto plazo, muchos pequeños municipios creo que se les está condenando a desaparecer.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha aprobado este jueves su nueva política de acceso a las categorías femeninas y que aplicará ya en los Juegos Olímpicos de 2028. “Tanto para los deportes individuales como para los de equipo, la elegibilidad para cualquier categoría femenina se limita a las mujeres biológicas”, ha anunciado el organismo en un comunicado. La decisión supone que las atletas trans quedarán excluidas de las competiciones, en línea con lo que algunas federaciones internacionales han dictaminado en los últimos años.

Al igual que ya hiciera la Federación de Atletismo, el COI ha decidido que “la elegibilidad” para las categorías femeninas de las competencias se hará mediante una prueba que determina la presencia o no del gen SRY (responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas). “Basándose en evidencia científica, el COI considera que la presencia del gen SRY es permanente y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado el desarrollo sexual masculino”, señala el organismo, que apunta a que las atletas que den negativo “podrán competir” y que la prueba se realizará “solo una vez en la vida”.

El COI ha justificado el cambio en su normativa apelando a la “protección del deporte femenino” y apunta a que aquellas atletas que den positivo en la prueba SRY “pueden participar en cualquier categoría masculina, incluso en un cupo masculino designado dentro de cualquier categoría mixta, en cualquier categoría abierta o en deportes y eventos que no clasifiquen a los atletas por sexo”.

“Como exatleta, creo firmemente en el derecho de todos los atletas olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, es absolutamente evidente que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro”, apunta la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

El organismo incluye en su nueva regla a las atletas que presentan las llamadas diferencias en el desarrollo sexual que porten cromosomas XY y sean sensibles a los andrógenos. Se trata de mujeres que han nacido con un nivel cromosómico, hormonal o de anatomía sexual que no se ajusta a los cánones médicos y sociales para los cuerpos femeninos y masculinos. La única excepción que contempla el comité son las atletas que tienen insensibilidad completa a los andrógenos y otras con este tipo de diferencias“que no se benefician de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona”.

En el grupo de mujeres con diferencias en el desarrollo sexual se encuentra la atleta sudafricana Caster Semenya, que ha batallado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se niega a tratarse para bajar la cantidad de testosterona que produce su cuerpo naturalmente. Además, durante los Juegos Olímpicos de París levantó polvareda el caso de la boxeadora argelina Imane Khelif, sobre la que se desató una campaña de bulos azuzada por la extrema derecha a nivel mundial y a la que se le acusaba de “ser un varón biológico” o “un hombre XY diga lo que diga su pasaporte”.

Conventry fue elegida como primera presidenta en la historia del COI el pasado marzo de 2025 y entre los retos más inminentes tenía sobre la mesa precisamente la participación de las personas trans en las competiciones. Hasta ahora, el COI permitía que cada federación decidiera sus propias reglas y varias de ellas han avanzado en los últimos años hacia el endurecimiento de las normas, una posición ante la que Coventry se mostró partidaria de “asumir el papel de liderazgo” cuando tomó posesión. El comunicado con el que el organismo ha hecho pública su decisión especifica que la nueva norma deberá ser adoptada por las federaciones internacionales y otros organismos rectores del deporte en relación con los eventos del COI.

Según explica el organismo, la decisión es producto de una revisión realizada entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, en la que se “examinaron específicamente” los avances científicos médicos y legales desde 2021. Es algo que ya había iniciado un grupo de trabajo puesto en marcha para examinar posibles vías “para proteger la categoría femenina” y que concluyó que “el sexo masculino proporciona una ventaja de rendimiento en todos los deportes y eventos que dependen de la fuerza, la potencia y la resistencia”, por lo que “para garantizar la equidad y proteger la seguridad, especialmente en los deportes de contacto, la elegibilidad debe basarse en el sexo biológico”.

El COI justifica que la nueva política en los “objetivos políticos” del organismo en relación con las competiciones deportivas de mujeres: “Estos son garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en la competición de élite, promover la igualdad, realzar el valor olímpico y aumentar la visibilidad de la categoría femenina. Por estas razones, el Movimiento Olímpico tiene un interés primordial en contar con una categoría femenina basada en el sexo”, señala.

El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este viernes, a propuesta del departamento que dirige Mónica García y con el apoyo de las comunidades autónomas, crear el primer centro especializado en la salud de las personas trans y personas con desarrollo sexual diverso.

Es lo que técnicamente se llama Centro, Servicio o Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para atender determinados procedimientos, patologías o situaciones que, por su complejidad, requieren una respuesta especializada. El Ministerio admite, en el texto enviado a los gobiernos regionales, “la necesidad de dar una respuesta integral, experta y respetuosa con la diversidad de género”.

A partir de ahora, las consejerías de sanidad pueden proponer candidaturas de hospitales que desean que sean acreditados como CSUR. Para ello deben cumplir una serie de principios como la “no patologización” y el “respeto a la libre autodeterminación de género”. “Hemos definido criterios técnicos muy claros para que los centros que puedan ser designados como referentes eviten cualquier enfoque que vuelva volver a la medicalización y la patologización a algo que no lo es”, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial.

Los equipos tendrán que estar formados específicamente en el “abordaje integral desde la perspectiva de derechos” y en la coordinación con recursos psicosociales y comunitarios, concreta el Ministerio. El centro que sea elegido debe tener, además, un volumen mínimo de actividad y capacidad tecnológica.

Ya existen unidades especializadas en algunas comunidades autónomas. El futuro centro, según la propuesta de Sanidad, estaría destinado “prioritariamente a la realización de intervenciones quirúrgicas siempre y cuando no puedan llevarse a cabo en la comunidad autónoma de origen del usuario” porque haya complicaciones o necesidades específicas que requieran de más especialización.

La idea, por tanto, no es esté pensado para atender las consultas ordinarias, aunque “en los casos en que fuera necesario, a efecto asistencial, el CSUR también podrá valorar, atender consultas y realizar el seguimiento de personas trans que cumplan los criterios de derivación y precisen asistencia en el proceso de transición, más allá del tratamiento quirúrgico”, añade el texto enviado a los consejeros de salud.

Una encuesta reciente, llevada a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, reveló que cuatro de cada diez personas trans consideraban que sus profesionales de la salud no sabían cómo atender al colectivo. En un 10% de los casos se toparon con personal que manifestó que ser trans o no binaria era una enfermedad. Además, casi una de cada diez personas trans y no binarias no empieza un tratamiento de reemplazo hormonal por miedo al rechazo o a las barreras sanitarias.

Este informe, el primero impulsado por las instituciones sobre la salud de las personas trans, corroboró también algo muy estudiado: que tienen más problemas de salud mental que la población general. El diagnóstico de depresión es 11 veces más común y el de ansiedad, 16 veces más probable.

Financiación para más plazas de Medicina

En la reunión también se ha tratado otro punto importante: la transferencia de casi 27 millones de euros por parte del Ministerio de Sanidad a las comunidades para la financiación de nuevas plazas de Medicina en las facultades y el mantenimiento de otras que ya existen.

Esta subvención directa, aprobada a través de real decreto por primera vez en 2023, sirve para cubrir 1.783 plazas: 922 son de primer curso, 642 de segundo curso y 219 de tercero en el curso académico 2025-2026, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa. Se suman a las 706 que se financiaron en 2023 y a las 1.548 que lo hicieron en 2024. La ministra ha pedido, no obstante, a las comunidades que “no solo sea el Gobierno de España el que se haga cargo de la ampliación de las plazas”, ha asegurado al inicio del encuentro.

Plan de terapias avanzadas

El Pleno del Consejo Interterritorial ha dado, asimismo, luz verde a una actualización del plan de terapias avanzadas que se aprobó en 2018. Entonces sirvió para ordenar en el sistema público la entrada de las terapias CAR-T, una revolucionaria inmunoterapia contra el cáncer que consiste en sacar células T del paciente, entrenarlas para que reconozcan y ataquen al objetivo deseado y volverlas a introducir en el organismo. Más de 2.000 pacientes han sido tratados desde entonces hasta octubre de 2024.

Ahora amplía su alcande para incorporar terapias génicas, celulares y tisulares, tanto industriales como desarrolladas en los propios hospitales. El nuevo plan regula específicamente la utilización de los tratamientos desarrollados al margen de la industria, por un precio muy inferior. Se llaman CAR-T académicos y en este documento se articula el “uso regulado de la exención hospitalaria”, el mecanismo europeo que permite autorizar el uso clínico de estos fármacos que nacen en el entorno hospitalario. “Esta vía de acceso adaptativa permite que los centros del SNS puedan aplicar tratamientos innovadores mientras generan evidencia clínica y científica que contribuya, en el futuro, a su posible autorización de comercialización”, señala Sanidad.

Carlita se mueve con destreza por las entrañas de la tierra; Keka es más de las estrellas. Las facciones de una se recortan en una melena oscura, suavizadas por una sonrisa a la vez alegre y melancólica, que oculta más de lo que muestra. La belleza de la otra es hegemónica y geográficamente inasible: esbelta, el pelo rubio, la piel clara; un cuerpo dentro de los cánones para una mujer que busca los márgenes. Carlita y Keka son dos reinas de la Patagonia a las que une la historia de una película pero, sobre todo, un rincón estepario del fin del mundo.

Río Turbio es una ciudad dibujada en el mapa por la codicia, por el afán extractivista que impulsaba al ejército argentino, a finales del siglo XIX, a aniquilar indígenas en la llamada Conquista del Desierto. Un país en desarrollo que buscaba expandir sus fronteras y sacar partido de esas tierras que anexionaba. En 1887, dos años después de que se completara aquella campaña de exterminio, se descubrió carbón en la cuenca de un río, y junto a ella nació un poblado en los confines de lo posible: con una temperatura media anual de apenas 5,4 °C (que en invierno se puede acercar incluso a los 20 bajo cero) y donde mandan el viento pertinaz, el barro y, desde entonces, la mina.

Hoy Río Turbio es una ciudad de 11.670 habitantes encajonada entre la mítica ruta 40 y la frontera con Chile, con la mina de carbón más grande del país, que produce de media unas 6.000 toneladas al mes. Pero es también el escenario de una pequeña gran revolución. La de Carla Antonella Rodríguez, que consiguió convertirse en la primera trabajadora dentro de los túneles de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, un lugar que los privilegios masculinos revestidos de superstición habían negado sistemáticamente a las mujeres. Y lo hizo hackeando el sistema desde la lógica misma del binarismo: usando su DNI con nombre de varón como puerta de entrada para, una vez allí, reivindicar su trabajo y su condición femenina. Es lo que cuenta la película Miss Carbón –con guion de Erica Halvorsen y protagonizada por Lux Pascal– que se estrena en las salas de cine este jueves.

“Me soñé minera”

La palabra mina nació en el lunfardo argentino para hablar de una prostituta –un cuerpo al que explotar–, aunque se haya convertido ya en sinónimo coloquial de mujer. Y en esta historia una mujer estalla la mina precisamente para escapar del sino de la explotación –del propio cuerpo o del trabajo en empleos precarios– que persigue a las personas trans. Porque sucede que las minas estaban vetadas en los túneles de Río Turbio. No podían entrar salvo el 4 de diciembre, día en el que la virgen patrocinaba una visita segura, sin temor a que las ínclitas provocaran un derrumbe.

“Yo me negaba a ir. Me parecía muy injusto que fuera solo ese día. La fiesta, además, incluía un concurso de belleza para elegir a la Reina del Carbón. Ahora entiendo que a los hombres les servía tener en exclusiva la principal fuente de trabajo y el dinero; y que las mujeres se limitaran a ser sus esposas o sus prostitutas”, reflexiona Erica, a quien todos conocen como Keka, que dejó el pueblo con 17 recién cumplidos para estudiar en Buenos Aires y hoy es una reconocida guionista y directora, responsable de contenidos de Netflix en el Cono Sur.

Era una criatura indefensa, ingenua, no necesitaba tanto maltrato, tanta agresión

“Cuando me fui me di cuenta de que venía de un mundo muy extraordinario. Y también entendí que la ficción me había salvado la vida. En un pueblo donde no había cine, ni disquerías, ni librerías, ni bibliotecas, la televisión era mi ventanita no solo al mundo, sino a mis propios sueños. Porque yo siempre supe que quería contar historias”, explica durante una charla en Madrid, adonde ambas han llegado para el estreno de la película.

Si el futuro de Keka estaba afuera, el de Carlita se abría paso dentro. “La mina siempre me fascinó. Desde que tenía cinco años, me escapaba de casa para ver a los hombres entrar en el túnel. Creo que de alguna manera esa oscuridad era para mí la promesa de un lugar seguro. Un lugar en el que no me vieran y no pudieran hacerme daño”, rememora Carla. Se nota que le duele pensar en esa niña, en esa adolescente que sufrió “demasiado”. “Era una criatura indefensa, ingenua, no necesitaba tanto maltrato, tanta agresión. Recuerdo perfectamente a los que se reían de mí por la calle. A los que me decían: 'nunca vas a ser una mujer'. Todo eso fue muy duro. Pero lo peor fue la exclusión familiar”, reconoce desviando la mirada.

Ella tenía muy claro su deseo de progreso, su ambición personal. Y está bien decir que las mujeres podemos desear dinero, porque es la llave de la libertad y de la independencia

El ambiente en un pueblo puede ser opresivo, pero mucho más si está en un rincón perdido y en condiciones difíciles. Carlita y Keka lo saben porque son NYC (nacidas y criadas en la cuenca carbonífera). “La Patagonia te curte, te golpea”, dicen casi al unísono. “La gente vive muy hacia adentro, es más distante, de pocas palabras”, describe Keka.

Pero de alguna manera ese entorno hostil te entrena en los desafíos. “Si la nieve te tapa la puerta de casa, no cancelás la vida; abrís la puerta y con una pala te hacés el camino”, ejemplifica Keka. “Estamos muy acostumbradas a lidiar con lo desfavorable”, concede Carlita. “Por eso, como tengamos un poco de viento a favor, no nos para nadie”, exclaman entre risas.

La revolución y las tetas

Carlita entró a trabajar a la mina habiendo hecho ya su transición, y eso le valió muchas veces gestos de desprecio y burla. Pero el golpe definitivo llegó junto con el DNI con su nombre, cuando en 2012 Argentina aprobó la ley de identidad de género. La empresa le quitó su trabajo. Como ya era 'oficialmente' mujer, la mandaron con las otras a las oficinas. “Tenés que contar que el cambio de documento lo hiciste por un compromiso colectivo, porque sabías que ibas a sentar un precedente. Para vos era mucho más fácil y cómodo seguir como estabas. Por eso no fue solo un trámite, fue un gesto político”, señala Keka a su compañera.

Tenemos que humanizar este mundo que viene en retroceso constante. La revolución es que la vida de los demás también nos importe

En las oficinas Carla conoció también el desprecio de esas otras que no la veían como una de ellas. Pero no quería un trabajo administrativo. Quería volver a los túneles. “A ese trabajo y ese sueldo”, apunta Keka. “Creo que ella tenía muy claro su deseo de progreso, su ambición personal. Y está bien decir que las mujeres podemos desear dinero, porque es la llave de la libertad y de la independencia”.

“Hoy hay diez chicas que están trabajando en la mina y eso me llena de orgullo”, señala Carla. “Espero que mi historia sirva para que otra generación de chicas trans piensen que es posible, que podemos cambiar las cosas”, se entusiasma. Ahora ronda por su cabeza la idea de salir de Río Turbio para seguir dando la batalla: “Queda tanto por hacer”, defiende.

“¡Yo quiero ver a Carlita como senadora!”, apunta Keka. Ella sonríe. “¿Por qué no? Ningún señor hetero y conservador se va a ocupar de defendernos”. Lo dice en un momento difícil para las personas trans en Argentina –son unas 200.000, según el último censo– una situación de “alerta constante” frente a un Gobierno de Javier Milei que tiene como bandera el recorte de derechos. “Tenemos que humanizar este mundo que viene en retroceso constante. La revolución es que la vida de los demás también nos importe”, sentencia Carla.

El reencuentro

Keka volvió a Río Turbio en 2019 y su hermana le presentó a Carlita. Ese encuentro se convirtió en una crónica que publicó en la Revista Anfibia y fue el germen de la película que se acaba de estrenar. Parte del rodaje de Miss Carbón se realizó en España, pero tanto para la guionista como para la directora, Agustina Macri, era importante hacerlo también allí y con la participación de su gente.

Revisando su propia historia dentro de la ficción, se permitieron abrazar algo que rechazaban por ignorancia. No es que esas personas fueran malas y ahora son buenas. Es que se dieron la oportunidad de abrir la cabeza y entender

“Mi ciudad es un lugar mejor hoy gracias a que hicimos esta película. Pero no lo digo por vanidad ni lo digo por mí, sino por la transformación que supuso echar luz sobre esta historia”, señala, categórica, Keka Halvorsen. “Ese mismo pueblo que despreciaba, rechazaba y agredía a Carlita, hoy la admira genuinamente. El rodaje terminó con todo ese pueblo aplaudiéndola”, cuenta mientras las lágrimas empiezan a rodar detrás de sus grandes gafas.

“Revisando su propia historia dentro de la ficción, pusieron a Carlita en otro lugar y se permitieron abrazar algo que rechazaban por ignorancia. No es que esas personas fueran malas y ahora son buenas. Es que se dieron la oportunidad de abrir la cabeza y entender”, apunta todavía emocionada.

Carlita, otra vez, sonríe. “Están todos muy contentos esperando que esta película se estrene –en Argentina esto será en septiembre– Quieren que se vea su pueblo, su trabajo, su mina”, dice consciente de ese reencuentro con los suyos, de un momento nuevo en el que no necesita buscar la oscuridad de los túneles o de la noche para sentirse segura, sino que puede brillar con luz propia ante los demás.

Ser un cuerpo disidente en esa ciudad pequeña al final de la Tierra le marcó unos lindes sofocantes a la existencia de Carlita, pero no a sus anhelos. “Me soñé minera antes que mujer”, asegura. No sabemos qué fue antes, pero sí que consiguió arrancar, a fuerza de pico y pala, tanto un sueño como el otro a las paredes del túnel.

Ares nació en 1972 y, cada vez que en clase pedía que le llamaran Ares y no como sus padres le pusieron al nacer, volvía a casa con un ojo morado. Esa violencia hizo que se viera obligado a dejar la escuela. Cuenta, delante de una sala con decenas de personas, que tuvo su primer orgasmo con 33 años. Antes de eso, no se dejaba tocar por nadie. Cuando se atrevió a dar el paso, fue a un sex shop del barrio de Zabalburu, en Bilbao, y se compró el pene más grande. “Era tan grande que no me cerraba el pantalón”, bromea. Finalmente, se atrevió a contarlo en casa y, pese a que su padre era una persona tradicional y religiosa, le apoyó desde el primer momento, al igual que su madre. “En ese sentido, tuve mucha suerte a pesar de la época”, confiesa.

Elsa, del 1987, sufrió sobre todo, que le dijeran que le gustaban las “cosas de chicas” y la falta de referentes hizo que se “reapropiara” de dibujos animados cuando era pequeña. “Las personas trans de mi edad no teníamos personajes en películas o series con los que identificarnos, por ello tuvimos que reapropiarnos. Para mí, La Sirenita, Mulán, Fiona de Shreck o Jessica Rabit son mujeres trans”, reconoce. Para ella, el precio más grande que ha tenido que pagar para demostrar que era mujer fue “dejarse usar por hombres cis”. “Pagué un peaje muy alto y condicionó mis relaciones de después. No me gustaría que nadie pasase por algo así, por eso necesitamos referentes”, indica.

Ares y Elsa han narrado sus historias en el primer Congreso Internacional de Infancias y Adolescencias Trans organizado por la asociación de familias de menores transexuales Naizen que se ha celebrado este lunes y martes en Bilbao. Lo han hecho frente a cientos de personas que se han acercado a informarse sobre esta realidad, pero también frente a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que han compartido a su vez sus experiencias como niños y niñas trans.

Eder es el mayor de ellos. Hoy tiene 25 años, pero se dio cuenta de que él en realidad era un chico con 17. Y decidió que quería llamarse Eder, que en castellano significa bello. Entonces comenzó a sentirse tranquilo y a percibir los cambios sociales. “Los chicos que hasta aquel momento me trataban de tonta, ahora me hablaban de fútbol, de caza, de coches. Como si yo supiera o me interesaran esas cosas. Los niños somos crueles, y en el instituto tienes que elegir entre ser guay o no serlo. A esas edades la estética es muy importante”, reconoce.

El joven confiesa que hubo un momento de su vida en el que tocó fondo y que coincidió con el suicidio de Ekai, un joven trans que se quitó la vida en el año 2018 a los 16 años. “Me di cuenta de que no hacer nada también es una forma de rendirse. Que era parte de una minoría y que no es fobia, es odio. Entiendes que formas parte de la resistencia”, señala. En su caso, tras el cambio de nombre en el registro y de sexo en el DNI, comenzó un proceso de hormonación que decidió dejar a un lado. “Al principio conseguí lo que quería. Tenía barba, la voz grave, se me quitó la regla. Pero al poco tiempo me di cuenta de que era una montaña rusa y decidí parar. Hoy tengo la suerte de pertenecer a la población gestante, siendo hombre. Con el tiempo comprendí que ser hombre no depende de las hormonas. Quien soy va mucho más allá de tratamientos y operaciones. No he dejado ser hombre por dejar las hormonas”, defiende tras agradecer a la sanidad pública y a los impuestos que han permitido que pueda llevar a cabo su proceso.

Izar siente que nunca ha hecho el tránsito, porque con cinco años fueron sus padres los que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. “Nunca he tenido el recuerdo de ser tratado como una chica y no he cambiado mi nombre. Tampoco he sufrido bullying. Soy muy feliz y siempre me han tratado como el chico que soy”, reconoce el joven que acaba de empezar con testosterona al entrar en la adolescencia y asegura, con una sonrisa de oreja a oreja que no ve “ninguna diferencia” entre los chicos de su clase y él.

El testimonio de Bihotza, que nació en 2012 es parecido. La pequeña, tranquila, entre risas y muchos aplausos, ha contado que es consciente de que “la sociedad puede hacer mucho daño”, pero que ella “no cree en la gente normal”. “Siempre dicen que la gente LGTBIQ+ no es normal, pero ¿qué es ser normal? No hay nadie normal”, dice animada. De forma cómica ha contado que, un día le dijo a sus amigos que no le llamaran Aritz, que ella se llamara Bihotza y que uno de sus amigos le dijo: “Como quieras, pero ven, que hay un pájaro muerto”. Con esa naturalidad Bihotza fue aceptada entre los niños y niñas de clase.

Naturalidad que Ares, Elsa o en diferente medida Eder no han vivido. “Hay personas trans que han vivido toda su vida de rodillas, para que nosotres podamos vivir de pie”, ha sido la frase que ha utilizado Elsa para resumir el sentimiento que ha inundado la sala en la que muchos lloraban y otros reían con el último relato, el de Bihotza, que ha llenado de esperanza y ha puesto la guinda final a un congreso en el que activistas, profesionales de distintos sectores y padres de menores trans han compartido sus experiencias y formas de vivir con el objetivo de conseguir que estos niños y niñas vivan en un mundo más amable.

Una jueza estadounidense bloqueó este martes la orden ejecutiva dictada por el presidente de EEUU, Donald Trump, contra las personas transgénero en las fuerzas armadas del país.

La resolución de la magistrada Ana Reyes tiene como objetivo mantener el statu quo existente sobre los transgénero en el Ejército antes de los cambios establecidos a finales de enero por la nueva Administración republicana.

En su orden ejecutiva 14183, Trump estipuló que identificarse con un género diferente del sexo asignado a un individuo “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.

Según ese documento, el uso de pronombres incompatibles con el sexo asignado comprometía “la capacidad del Gobierno de establecer estándares elevados de preparación de las tropas, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad”.

Por el bien de Estados Unidos y de los estadounidenses que se alistan para servir al país, el servicio militar debía reservarse a aquellos “mental y físicamente aptos para el deber”.

“Las Fuerzas Armadas deben adherirse a altos estándares de salud mental y física para garantizar que nuestros militares puedan desplegarse, luchar y ganar, incluso en condiciones de austeridad y sin el beneficio de tratamiento médico rutinario ni provisiones especiales”, decía la orden ejecutiva.

La demanda había sido presentada por seis miembros en activo y dos personas que querían alistarse, alegando que esa orden violaba sus derechos constitucionales.

La magistrada suspendió su aplicación desde hoy martes hasta el próximo 21 de marzo, cuando entrará en vigor a menos que un tribunal de Apelación diga lo contrario.

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles su decisión de prohibir los tratamientos y las cirugías de cambio de sexo en los menores de 18 años, contemplados en una ley aprobada por el Parlamento del país en 2012. “El Gobierno decidió modificar la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años”, anunció el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en una breve comparecencia.

Adorni apuntó que la Ley de Identidad de Género, aprobada en mayo de 2012, permite que las personas puedan someterse a tratamiento de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que se identifican. La norma menciona también a los menores de 18 años, quienes pueden solicitar cambios en el registro o, dado el caso, acceso a intervenciones quirúrgicas “a través de sus representantes legales” y “con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña”.

Ahora, el Gobierno de Milei ha decidido que esto no será posible, echando por tierra una norma que fue considerada pionera en el mundo al no requerir diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad de cada cual. Según el portavoz del Ejecutivo argentino, “estas intervenciones a las que se expone a los niños son un grave riesgo para su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración”. “Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles”, afirmó Adorni.

El portavoz del presidente Milei aseguró que “países pioneros del cambio de género, como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadores consecuencias a largo plazo”. “Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado nacional garantizar los derechos del niño y éste es un paso en esa dirección”, añadió.

La mención a Estados Unidos no es casual. Desde que Donald Trump asumiera la presidencia estadounidense hace apenas dos semanas, el argentino Javier Milei le ha ido siguiendo los pasos. Primero fue la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ahora el recorte de los derechos de las personas trans, justo un día después de que Trump haya firmado una orden para prohibir a las atletas trans participar en los deportes femeninos. Los derechos de las personas trans y, en especial, el acceso de los menores a los tratamientos de afirmación de género, son uno de los principales caballos de batalla de Trump. 

Esta última decisión de Milei se produce, además, solo unos días después de la masiva marcha antifascista que recorrió las calles de Buenos Aires para rechazar las políticas y el discurso del presidente argentino contra las mujeres y colectivos LGTBIQ+. “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”, replicaron miles de personas a Milei este fin de semana.

En su comunicado, el Gobierno argentino afirmó que la “ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”. “Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilacion de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental”, sostiene el comunicado.

“Combate frontal al extremismo de género”

El portavoz de Milei también anunció este miércoles que el Gobierno decidió prohibir los traslados de cárceles a raíz de cambios de género, por lo que “un condenado que está en una cárcel de hombres ya no va a poder pedir el traslado a una cárcel de mujeres solo por autopercibirse con tal”.

El comunicado del Ejecutivo afirma que esta medida se toma “en línea con el combate frontal al extremismo de género”. “Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección”, añade el comunicado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado este lunes la presentación de una iniciativa ante el Parlamento regional para exigir la derogación de las leyes trans en la región. No es la única comunidad autónoma donde lo ha planteado. En los últimos días también lo ha reclamado en la Comunidad de Madrid o en Murcia, donde gobierna el PP. En la vecina comunidad madrileña, en diciembre de 2022 la Asamblea de Madrid aprobaba la modificación de esta ley --junto a la ley contra la Lgtbifobia-- propuesta por el PP. 

Ahora, Vox en Castilla-La Mancha denuncia las “nefastas consecuencias” de estas normativas, especialmente para mujeres y menores, y lo atribuye a lo que califica de “políticas de autodeterminación de género promovidas por el socialismo y la ideología woke”.

En lo que respecta a los menores, el portavoz parlamentario habla de “adoctrinamiento en las aulas por parte de activistas, introduciendo contenidos completamente alejados del sentido común más elemental”.

En cuanto a las mujeres, Sánchez ha subrayado lo que considera un “riesgo”, en cuanto a la autopercepción de género en la seguridad de los espacios de intimidad femeninos, como los aseos y vestuarios en centros educativos y otras instalaciones. “Estas leyes están provocando el borrado de la mujer, permitiendo situaciones que ponen en peligro su seguridad y su intimidad”, sostiene.

También habla de “graves implicaciones” que estas normativas tienen en el acceso a la función pública, donde la diferenciación de pruebas físicas por sexo está siendo, en su opinión, “distorsionada en perjuicio de los principios de igualdad, mérito y capacidad de las mujeres”.

Sánchez ha destacado también el “impacto negativo” de estas leyes en el ámbito del deporte femenino, donde cada vez más mujeres deportistas denuncian las injusticias derivadas de la normativa trans. “Estamos viendo cómo muchas mujeres ven truncadas sus carreras deportivas y, en deportes de contacto, se pone en riesgo su integridad física”, ha afirmado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX en Castilla-La Mancha insta al Gobierno regional a derogar “de manera inmediata” la normativa.

El portavoz parlamentario ha destacado que los cuatro diputados regionales de Vox y los tres diputados nacionales de Castilla-La Mancha estarán en la cumbre de Patriots en Madrid, además alcaldes y concejales, para acompañar a Santiago Abascal, en plena polémica tras la marcha del que fuera líder de la formación en Castilla y León, Juan García-Gallardo, que ha denunciado falta de democracia interna en el partido.

Nueva vuelta de tuerca de Donald Trump contra los derechos LGTBI, uno de sus principales caballos de batalla en su regreso a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha firmado este lunes varios decretos para reformar el Ejército, entre los que se encuentra uno que pretende establecer las bases para una eventual prohibición de las personas trans en las fuerzas armadas.

Trump ha firmado, además, una orden más que pone fin a las políticas de inclusión dentro del ejército eliminado los criterios de “raza” y “sexo” a la hora de contratar. Según Trump, esto es con el propósito de evitar que nadie sea “favorecida o discriminada en relación a su sexo, raza, etnia, color o credo”

En relación con las políticas de igualdad, Trump le ordena a su nuevo titular de Defensa, Pete Hegseth, que revise la política del Pentágono sobre las personas trans y presente resultados en un plazo de 60 días. “El servicio militar debe reservarse para quienes estén mental y físicamente aptos para el deber”, escribe el mandatario.

En el decreto, Trump patologiza a las personas trans y cita la premisa del departamento de Defensa que establece que los miembros deben de “estar libres de cualquier condición médica o defectos físicos que pueda esperarse razonable que se espera un tiempo excesivo fuera del deber por un tratamiento u hospitalización”. 

Al tratar las personas trans como personas con problemas mentales, Trump alimenta aún más el estigma sobre el colectivo, el cual aún lucha por la despatologización de su identidad. No fue hasta 2018 cuando la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental.

“Expresar una ”identidad de género“ falsa que difiera del sexo de una persona no puede cumplir con los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar”, expone el decreto, y dice que: “Más allá de las intervenciones médicas hormonales y quirúrgicas implicadas, adoptar una identidad de género inconsistente con el sexo de un individuo entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal. La afirmación de un hombre de que es una mujer, y su exigencia de que otros respeten esta falsedad, no es consistente con la humildad y el desinterés requeridos de un miembro del servicio”.

El decreto también pone fin “inmediato” al uso de los pronombres personales que no se correspondan con el sexo biológico al nacer. La orden también establece que en los próximos 30 días las mujeres trans deberán dejar de utilizar o compartir “instalaciones para dormir, cambiarse o bañarse designadas para mujeres”, y los hombres trans no podrán hacer lo mismo con aquellas instalaciones destinadas a los hombres cisgénero. El reverso de esta media sugiere que las mujeres trans tendrán que compartir espacios con los hombres cis, del mismo modo que los hombres trans deberán compartir espacio con las mujeres cisgénero. 

Es la misma política que ya se ha empezado a aplicar al sistema penitenciario estadounidense, donde las mujeres trans han empezado a ser trasladadas para derivarlas a la zona de hombres y se ha ordenado interrumpir sus tratamientos hormonales. En el 1994 el Tribunal Supremo reconoció la vulnerabilidad de las personas transgénero en las prisiones después que una mujer trans, Dee Farmer, denunciara haber sido violada mientras estaba alojada con hombres. El tribunal sostuvo que el gobierno tiene el deber de proteger a los prisioneros de la violencia.

Antes de que el mandatario la aprobara, Hegseth ya había avanzado durante sus declaraciones en su primer día en el Pentágono que Trump planeaba firmar “hoy mismo” una orden relacionada con la presencia de las personas trans en el Ejército, de las cuales no se sabe el número exacto. De acuerdo con el análisis de datos del Departamento de Defensa por parte del Palm Center, en 2019 había 8.980 personas trans en activo.

En su anterior mandato, Trump ya prohibió que las personas trans pudieran servir en el Ejército. En un tuit escrito en 2017 anunció que el país ya no “aceptaría o permitiría” personas trans en el servicio militar debido a “los tremendos costes médicos y disrupción”. El veto entró en vigor en abril de 2019, y aunque no expulsó a las personas trans que ya formaban parte de las fuerzas armadas, los nuevos reclutas fueron excluidos. En 2021, el expresidente Joe Biden revocó la prohibición. En el decreto firmado este lunes, Trump también revoca la orden del demócrata.

Igual que pasó en 2017, los abogados para los derechos trans seguramente presenten recursos contra la orden. En el primer mandato Trump, la batalla legal retrasó la aplicación del decreto hasta 2019.

En su cruzada contra las políticas de inclusión, Trump ha puesto en el blanco a las personas trans. A lo largo de la campaña ha alimentado el odio contra este colectivo y lo ha instrumentalizado para movilizar el voto conservador. Entre sus grandes promesas estaba la de prohibir que las mujeres trans puedan competir en las ligas deportivas femeninas de colegios y universidades. A pesar de que los demócratas apenas hablaron de políticas de inclusión durante la carrera electoral, y mucho menos de las personas trans, los republicanos se centraron a financiar anuncios publicitarios como el de “Kamala is for they/them, President Trump is for you” (Kamala es para elles, el presidente Trump es para ti).

Un polémico secretario de Defensa

Los decretos han sido aprobados justo después de que la semana pasada, a última hora del viernes, el Senado certificara el nombramiento de Hegseth como secretario de Defensa. El polémico candidato de Trump para liderar el Pentágono, que cuenta con una denuncia por agresión sexual a sus espaldas, logró superar la votación gracias al voto de desempate de JD Vance como presidente de la cámara alta, cargo que viene con la vicepresidencia. La votación quedó 50 a favor y 50 en contra. Entre los senadores republicanos solo votaron en contra res moderados: Lisa Murkowski, Susan Collins y Mitch McConnell. 

En numerosas ocasiones, Hegseth ha mostrado su rechazo a las políticas de inclusión y a la presencia de las mujeres en el Ejército, sobre las cuales llegó a afirmar que no deberían luchar. En su audiencia previa a la certificación del Senado, Hegseth prometió que devolverá la “cultura de guerra” al Pentágono, el cual considera que se ha “rebajado los estándares” debido a la expansión de “la agenda woke”. También prometió a los altos mandos militares les tocaría “rendir cuentas”. Antes de la investidura, la agencia Reuters ya informó de que el equipo de transición presidencial está elaborando listas de oficiales militares que serán despedidos, entre los que puede haber nombres del Estado Mayor.

El domingo, un día antes de su debut en el Pentágono, Hegseth anunció que se habían acabado las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el Ejército. Y lo hizo poniendo el foco en las personas trans. “Las órdenes del presidente son claras: no más DEI en el Departamento de Defensa. El Pentágono lo cumplirá de inmediato. Sin excepciones, cambios de nombre o retrasos”, escribió en una publicación en X, donde también adjuntó una foto con el mensaje: “Quienes no cumplan no trabajarán más aquí”.

Cúpula de Hierro y readmitir los no vacunados

Las otras dos órdenes que Trump ha firmado el lunes por la noche tienen que ver con la ordenación de construir una Cúpula de Hierro en el país y la reincorporación de aquellos militares que fueron dados de baja por negarse a vacunarse de la COVID en su momento. 

Trump ordena a Hegseth presentar en el término de 60 los primeros planes de implementación para el “escudo de defensa contra misiles de próxima generación” y que deberá contemplar la defensa contra “miles balísticos, hipersónicos, misiles de crucero avanzados y otros ataques aéreos de próxima generación provenientes de adversarios pares, casi pares y rebeldes”.

El presidente justifica la necesidad de crear una Cúpula de Hierro ante “la amenaza de un ataque con misiles balísticos, hipersónicos y de crucero, así como otros ataques aéreos avanzados”. 

Por lo que respecta a la reincorporación de los soldados que fueron expulsados por no vacunarse de la COVID, Trump considera que su despido fue una decisión “injusta, desproporcionada y completamente innecesaria para nuestros miembros del servicio”.

El PSOE ha presentado dos modificaciones aprobadas en el Congreso Federal que se ha celebrado en Sevilla. Una, que cuando se hable de políticas de diversidad, de identidades y orientaciones sexuales y de derechos, no se usen las siglas LGTBIQ+, como estaba previsto. Que sea LGTBI a secas. La Q de Queer, fuera. Además, el PSOE ha llamado al veto de mujeres trans en las categorías femeninas de las competiciones deportivas. 

Analizamos la trascendencia política de esta decisión con el periodista de elDiario.es que ha seguido el Congreso, José Enrique Monrosi, y con la redactora jefa de género de elDiario.es Ana Requena Aguilar.

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How to be demure and modest and respectful at the work place (en español: cómo ser recatada, modesta y respetuosa en el trabajo), es el título del vídeo con el que, a comienzos de agosto, Jools Lebron revolucionó las tendencias en TikTok. En el vídeo, la creadora de contenido daba —desde el interior de su coche y en un tono irónico y humorístico— consejos sobre cómo presentarse en el trabajo de una forma “demure”. “Si vas a la entrevista luciendo como Marge Simpson, no puedes aparecer en el trabajo como Patty y Selma. ¿Ves mi camiseta? [haciendo referencia a su escote], solo un poco de chichi (carne) fuera, nada de chocho”.

A partir de ese momento, y debido a la viralidad que adquirió, Lebron comenzó a subir vídeos sobre cómo ser demure en diferentes situaciones, desde moverse por un aeropuerto, salir de un avión o visitar un espectáculo drag. Creaba así un trend (como se denomina a la microtendencias de esta red social) al que se han ido sumando personalidades como Olivia Rodrigo, Lily Collins, Khloé Kardashian o numerosas creadoras de contenido de diferentes países, España incluido. Pero, ¿qué significa exactamente “demure” —un adjetivo que hasta hace poco estaba casi en desuso en inglés— y qué está ocurriendo con su viralización?

En castellano podríamos traducir actuar de una forma “demure… very mindful and modest” como ser recatada, hacer las cosas de forma consciente y modesta, es decir, sin llamar demasiado la atención. Todos estos atributos tienen una marca importante de género, ya que tradicionalmente el recato y la modestia han sido características propias de una feminidad aceptable. Para que una mujer fuera considerada una 'buena mujer', una 'señorita', debía comportarse de una forma determinada, siempre en un segundo plano, siendo correcta, pero sin llamar demasiado la atención.

En castellano podríamos traducir actuar de una forma 'demure… very mindful and modest' como ser recatada, hacer las cosas de forma consciente y modesta, es decir, sin llamar demasiado la atención

Si ponemos atención a la serie Gilmore Girls, hay un capítulo en el que Emily Gilmore, la madre de Lorelai y abuela de Rori (las protagonistas), utiliza este adjetivo para referirse a su nieta cuando esta pide una “club soda” —lo que en España conocemos como gaseosa— y su novio pide un whisky solo. Mientras que la bebida de él da signos de masculinidad, confianza y seguridad, la de ella es un signo de refinamiento, de ser modesta, de ser demure.

En los numerosos vídeos y artículos que están surgiendo en redes sociales en torno a este trend, hay algunas personas que están ironizando con qué significa para una mujer ser demure, como la tiktoker Lara Cros, que enseña en un vídeo la forma más demure de comer las patatas fritas. Esta es coger unas pocas patatas, echarlas en un cuenco de aperitivo y comerlas con tranquilidad, frente a la actitud poco demure —la que en realidad tenemos la mayoría— de comer las patatas de tres en tres directamente de la bolsa hasta prácticamente acabar con ellas.

Sin embargo, frente a este tipo de vídeos que cuestionan el recato asociado a la feminidad en clave de humor, hay quienes están manteniendo y reproduciendo el significado original del término. Por ejemplo, dentro del ámbito de la moda, demure se está considerando como una extensión de tendencias como el clean girl (chica limpia) o el quiet luxury (lujo silencioso), es decir, un tipo de estilismo que se aleja de la ostentación y busca ser minimalista, discreto, que no llame demasiado la atención, con escotes poco pronunciados y con una longitud adecuada de faldas y pantalones.

Frente a este tipo de vídeos que cuestionan el recato asociado a la feminidad en clave de humor, hay quienes están manteniendo y reproduciendo el significado original del término

La mayor parte de creadoras de contenido, medios y marcas que estos días están referenciando el término demure, ya sea a través del humor o desde esa mirada más tradicional, lo están haciendo desde un lugar hegemónico y de blanquitud, alineado con los cánones normativos en torno al cuerpo y la feminidad; y parecen estar obviando e ignorando —y aquí está el problema— el motivo del resurgimiento del término. Y este no es otro que Jools Lebron. Lebron es una mujer trans, racializada y gorda, rasgos que, bajo la mirada de la sociedad patriarcal y colonial en la que vivimos, nunca irían asociados a la idea de feminidad que está asociada a lo demure en su sentido más tradicional. Sin embargo, esto puede ser transgredido, y así lo ejemplifica Lebron.

En su ensayo Cuerpos que importan (publicado en España por Paidós), Judith Butler dice que “una ocupación o reterritorialización de un término que fue empleado para excluir a un sector de la población puede llegar a convertirse en un sitio de resistencia, en la posibilidad de una resignificación social y política capacitadora”. Es decir, cuando Lebron, una mujer trans, gorda y racializada, habla de una existencia demure, habla de una existencia que le han denegado por no ser considerada lo suficientemente mujer, lo suficientemente blanca y lo suficientemente delgada. Y, sin embargo, la hace suya, y con ella muestra que demure es una construcción que puede ser interpretada, subvertida, e, incluso, ridiculizada. A través de sus vídeos, por lo tanto, realiza un acto performativo que desafía las expectativas normativas sobre cómo debe verse y comportarse una mujer 'recatada', y muestra cómo ser demure no solo es una forma de autoexpresión, sino una declaración política que cuestiona la arbitrariedad y las limitaciones de esas normas.

Una ocupación o reterritorialización de un término que fue empleado para excluir a un sector de la población puede llegar a convertirse en un sitio de resistencia, en la posibilidad de una resignificación social y política capacitadora

Judith Butler — en 'Cuerpos que importan' (Paidós)

Genealogía demure diva

En un vídeo en el que Lebron es preguntada por el origen de demure y el significado que ella le atribuye, alude a una genealogía queer de demure divas trans, entre las que menciona a Devin (Halval), Selyna (Brillare) o la artista Venus Xtravaganza, quien fue conocida a través del documental Paris is Burning (Jennie Livingston, 1990), y que fue estrenado solo dos años después de que esta fuera asesinada.

Venus Xtravaganza utilizó la feminidad como una forma de expresión y supervivencia en un entorno que le era hostil —se cree que fue asesinada por un cliente tránsfobo que descubrió que tenía genitales masculinos—, pero, al mismo tiempo, esa feminidad —denegada, pero escogida— y esa existencia demure le sirvieron de refugio dentro de las comunidades y familias alternativas que surgieron alrededor de la cultura ballroom de los años 80 en Estados Unidos, que unió a otrxs jóvenes afroestadounidenses y latinxs como ella.

Por lo tanto, para Lebron, demure no es solo una forma de ocupar un espacio legítimo y vivir una existencia trans bajo unos parámetros que la sociedad insiste en recordarle que no le pertenecen, sino que es “pensar en la gente que ha venido antes que tú, mientras tú allanas el camino para las personas que vendrán después de ti”. Esta es una de las principales ideas que subyacen en el pensamiento de Butler cuando analiza ese mismo documental en su ensayo y habla de la reivindicación del carácter colectivo del sujeto político. Lebron abraza el legado y la genealogía demure diva de mujeres trans como Venus Xtravaganza y traza nuevos lazos y caminos con muchas personas como ella que estos días la han conocido a través de las redes sociales.

Sin embargo, para respetar esta genealogía y este legado hay que (re)conocer su origen, y lo que estamos encontrando en muchas ocasiones son personas cishetero blancas reproduciendo el mensaje —como decía al inicio del artículo—, pero vaciándolo de todo contenido político. Lo verdaderamente demure y mindful sería dar crédito a las personas queer como Lebron sobre las resignificaciones del lenguaje que se están llevando a cabo desde las comunidades queer en los distintos territorios, así como entender su significado, en lugar de sumarnos a otro trend viral por imitación que mañana habremos olvidado.

Preinscripción en la web de la clínica, envío de análisis médicos y de un documento psiquiátrico que certifique tu buena salud mental y que vives como mujer. Pagos, visados, documentación, billetes... Más de 12 horas de avión en una ruta en la que no hay vuelos directos para pasar un mes en un país extraño, la mayor parte postrada en cama sola en el postoperatorio. Todo eso merece la pena para las mujeres trans que se hacen la vaginoplastia —un procedimiento quirúrgico para reconstruir o, en este caso, construir una vagina— en Tailandia para esquivar los años de espera en la sanidad pública y conseguir un “mejor resultado” que en la privada.

La del párrafo anterior es la historia de Ava, una mujer trans para la que operarse fue “un punto de inflexión”. Llevaba años posponiendo la cirugía por cuestiones económicas, pero consiguió el dinero y, tras una “desgracia familiar” que le abrió los ojos, decidió no dejar pasar más tiempo y operarse. Tenía entonces 50 años y, tras contactar con amigas que habían pasado por la cirugía, se decidió por el país del sudeste asiático.

La primera opción para Ava y otras que se plantean realizarse la vaginoplastia es la sanidad pública; esta operación está recogida en la cartera de servicios comunes y se realiza por toda España. Ava descartó esta opción al conocer por grupos de personas trans que algunas chicas llevaban hasta seis años aguardando la citación. Este hecho no es desconocido para el Ministerio de Sanidad: hay “bastante” lista de espera “porque son pocos centros” los que hacen esta operación, explican. 

Aun así, ¿por qué Tailandia? “Allí se alcanza la excelencia”, responde Tina Recio, activista que lleva acompañando ocho años a mujeres trans como ella en su proceso de informarse y realizarse la vaginoplastia, y explica que tres de cada cuatro a las que atiende eligen el país asiático. “Para que una vaginoplastia se considere excelente debe asegurar función sexual, fisiológica y estética. Fisiológica lo consigue la mayoría de los cirujanos, pero la estética (que sea reconocible como vagina, con labios menores, clítoris parecido al de una mujer cis…) solo se consigue en Tailandia”, opina Recio.

La activista explica que los precios –vuelo y estancia incluidos– son un poco más baratos que las tarifas de las vaginoplastias que se hacen en España, y, “aunque fuese igual de caro, vas a convivir con el resultado toda tu vida”. Por ello, sostiene que el motivo principal para viajar al país asiático es “la calidad del resultado final”. 

Iván Mañero, cirujano plástico pionero en estas operaciones en España, está en desacuerdo y afirma que el motivo principal es el precio. Empezó a realizar vaginoplastias hace unos 25 años a raíz de dos mujeres que volvieron de Tailandia con problemas urinarios, y carga contra la supuesta “calidad” de los resultados tailandeses: asegura que allí se centran más en la estética y menos en la funcionalidad. “Quienes vuelven con problemas no lo dicen”, asegura, y comenta que suele intervenir a mujeres que vuelven descontentas con la funcionalidad o la estética. Eso sí, reconoce “estar sesgado”, pues solo ve a las que regresan insatisfechas. Aunque defiende que los resultados que se consiguen en España son mejores, acepta Tailandia como una opción más.

Vaginoplastias en España

Cuando Mañero quiso aprender a realizar vaginoplastias, se encontró con que tenía que viajar al extranjero para formarse; era 1998 y estas operaciones no se hacían en España. Además, se enfrentó a trabas cuando trató de ejercer: afirma que los hospitales “se lo prohibían” y sus compañeros le “apartaron del grupo” por ser “el médico de las putas y los maricones”. Profesionales anestesistas no querían dormir a sus pacientes y los vecinos consiguieron que le cerraran la clínica: “Pensarían que se les contagiaría algo”, especula, irónico.

En 2008, Amor Romeira, exconcursante de Gran Hermano, salió en Telecinco hablando de su vaginoplastia. Para entonces, llevaba en funcionamiento nueve años la primera unidad especializada en tratamiento a personas trans en España, situada en Málaga, pero fue la aparición televisada de Romeira lo que “hizo que se normalizara este tipo de pacientes”, asegura Mañero, y que distintos hospitales se empezaran a interesar por formar a sus cirujanos en esta operación. A partir de 2014, varias comunidades autónomas empezaron a aprobar leyes trans, con lo que la cobertura de las vaginoplastias y otras operaciones se empezó a extender por España.

Las necesidades quirúrgicas de las personas trans se entienden como cuestiones estéticas cuando son salud, hay mucha indiferencia por parte de los gobiernos

Mar Cambrollé — presidenta de la asociación Plataforma Trans

A pesar de que, sobre el papel, el derecho a acceder a esta cirugía de reafirmación de género exista por todo el territorio, las largas listas de espera de hasta ocho o nueve años suponen una “expulsión de facto” de la salud de las personas trans, denuncia Mar Cambrollé, presidenta de la asociación Plataforma Trans. “Las necesidades quirúrgicas de las personas trans se entienden como cuestiones estéticas cuando son salud, hay mucha indiferencia por parte de los gobiernos”, afirma la activista, para la que es “vital” acortar las listas de espera para “no golpear más las situaciones precarias de muchas familias que deben utilizar sus propios recursos para paliar las carencias de la sanidad pública”.

Uno de los pilares de la calidad en la atención sanitaria es la cercanía, señala Cambrollé, y siempre será más seguro para la salud de la persona operarse en su propio país y no tener que viajar a uno a 10.000 kilómetros. Aparte, la activista pone el foco en “priorizar” las vaginoplastias en la sanidad pública y no convertir el debate en España contra Tailandia: “Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. España cuenta con grandes hospitales y profesionales y también con tecnología”. 

En efecto, aunque Tailandia cuente con el hospital que es “referencia mundial”, Mañero afirma que España también lo es: “Más de la mitad son pacientes internacionales”. La clínica de este cirujano atiende a unas 20 pacientes al mes. Los precios para estas operaciones rondan entre los 10.000 y los 30.000 euros. En Tailandia son entre 8.500 y 15.000, más unos 2.000 de gastos adicionales, cuenta Recio.

Según Mañero, el perfil de edad ha cambiado mucho: si entre 2000 y 2015 eran mayoría las pacientes por encima de los 40 años, a partir de entonces han aumentado mucho aquellas entre 18 y 30. No conoce que ninguna de las 3.000 mujeres a las que ha operado se arrepintiera, aunque una de cada diez vuelve “a los seis meses para un retoque estético: labios más grandes o pequeños… cosas muy personales”, cuenta el especialista.

El viaje

Cada septiembre, un grupo de mujeres trans despega del aeropuerto de Barcelona rumbo a Bangkok. Treinta días después volverán sentadas sobre un cojín y mucho más sonrientes que a la ida, aunque no todo habrá terminado: aún tienen el deber de hacer varias dilataciones diarias durante meses como parte de su proceso de recuperación. Son las chicas que viajan acompañadas por el equipo de i-Vaginarium, formado por Tina Recio y una fisioterapeuta del suelo pélvico. “Nos encargamos de hablar con el cirujano, traducir y estar con ellas después del hospital, en los cuidados y las dilataciones”, explica Recio. El acompañamiento es siempre gratuito y lo ofrecen también de forma telemática a mujeres que viajan en otros momentos del año. Nunca han tenido grandes complicaciones, pero todas las chicas contratan un seguro de médico.

Ava viajó sola. Siguió el proceso que le indicó la clínica y que ya le habían detallado las amigas que se habían operado en Tailandia: preinscripción, análisis, visados… Desde el momento en que llegó le recogió un hombre para llevarla al hotel a ella y otras chicas que venían para operarse en el mismo centro. “Desde que te cogen en el aeropuerto no te sueltan”, cuenta la mujer, que describe como “un seguimiento bestial” cómo la llevaban y traían para todo lo que fuera necesario antes de la operación y, tras ella, cómo una enfermera la visitaba diariamente y un cirujano, bisemanalmente. Al mes, la certificaron para volar y pudo volver a España. Este acompañamiento fue uno de los motivos por los que escogió la clínica: “Me dieron muchísima confianza, fui con bastantes garantías”.

También tiene confianza en el proceso Lídice, que se está preparando emocionalmente para viajar el próximo mes: “El cirujano tiene que hacer bien su trabajo y yo, como paciente, tengo que hacer el mío: seguir las instrucciones de recuperación”. Está impaciente, ilusionada, con miedo —“siento todo lo que puedas imaginar”, dice—, pero también tranquila: “Voy acompañada y tengo ganas de pasar ese momento [del postoperatorio] con un grupo de chicas que estén pasando por lo mismo”.

Informarse

Hacerse una vaginoplastia es una decisión importante y a las mujeres que se operan no les vale con cualquier resultado. Por ello, las que han hablado con elDiario.es afirman haberse informado durante un tiempo y a través de fuentes diversas, aunque tiene gran peso la experiencia de otras ya operadas, porque no hay demasiada información disponible. Tina Recio detectó en su propio proceso el vacío de información que existía, y por ello cofundó la asociación sin ánimo de lucro i-Vaginarium. “Normalmente solo tienes la información que te da el cirujano, pero aquí transmitimos todo lo que hemos aprendido de cirujanos, fisioterapeutas del suelo pélvico y otros profesionales de la salud”, explica.

Lídice tiene 28 años y conoció i-Vaginarium hace seis, cuando acompañó a una chica con la que mantenía una relación romántica. Quedó impresionada por la “profesionalidad” de la asociación, así que, cuando hace un año tomó la decisión de operarse, acudió a ellas: “Me dieron muchísima información, además de un espacio donde plantear cualquier duda sin miedo”. Ahora está planeando su viaje a Tailandia, y confiesa que la decisión la tomó sobre todo en base a la información proporcionada por la asociación, pero también tras preguntar a chicas operadas en Tailandia y Barcelona (donde vive) y ver en persona los resultados que consiguieron algunas de ellas.

Quienes no conocían fuentes de información formales optaron por investigar en Internet, redes sociales y ver resultados de personas ya operadas. “Busqué reseñas de gente en Reddit y me metí hasta en pornografía para ver cómo era el resultado de chicas que se habían operado en Tailandia”, cuenta Natàlia, de 26 años y operada hace dos.

Ava, la mujer que decidió operarse a los 50, quería “apostar por el caballo ganador”, así que preguntó por círculos de personas trans para conocer sus experiencias en distintos lugares y con métodos diferentes: “La Seguridad Social era inviable por la lista de espera, así que me planteé operarme por la privada en España. Conocí vivencias de mujeres a las que les había ido mejor o peor”, relata la mujer. Como tenía dos amigas operadas en Tailandia, les pidió ver sus resultados y así tomó la decisión: “Ninguna de las opciones que conocí me satisfizo tanto como la clínica que escogí”, asegura. Y explica que está contenta con el resultado y no se plantea volver para la revisión incluida en la tarifa.

“Habría elegido Tailandia aunque me hubieran pedido 10.000 euros más”, dice Ava, rotunda. Tanto ella como Natàlia, que acudieron a una clínica distinta a la que recomienda i-Vaginarium, pagaron en torno a 20.000 euros, viajes incluidos.

Puente de Alvarado es una de las principales avenidas de Ciudad de México. Una calzada que ya existía en la época prehispánica y, desde hace décadas, uno de los principales lugares para la prostitución en la calle, rodeada de pensiones baratas. Fue allí donde la noche del 30 de septiembre de 2016, un cliente mató a tiros a Paola Buenrostro. Tenía 24 años. La joven había dejado atrás su Chiapas natal rozando la mayoría de edad para ir a la capital del país, una biografía muy común para las mujeres trans en México. Como la mayoría de ellas, expulsadas de sus hogares y ante la discriminación y la falta de oportunidades, ejercía la prostitución en este punto de la ciudad.

Un vídeo recoge los momentos posteriores al asesinato. En él se ve a Paola inconsciente en el asiento del copiloto y se escuchan sirenas de fondo y los gritos desesperados de Kenya Cuevas, compañera y amiga: “Todavía está viva, llamen a una ambulancia”. Minutos después, muere en el lugar. “Paola era una mujer muy empática, solidaria, sensible… convivimos durante ocho años y tejimos una red de apoyo”, recuerda Cuevas en una conversación con elDiario.es. 

El caso estuvo lleno de irregularidades: la identificaron como un hombre y no permitían que sus amigas resolvieran los trámites relacionados con el cuerpo. También se identificó y detuvo al asesino (un guardia de seguridad, exmilitar con licencia para portar armas) pero apenas 48 horas después lo liberaron y desde entonces está prófugo. Cuevas reunió y lideró a sus compañeras y sacaron a Paola con el féretro abierto para cortar una avenida y protestar. 

Su memoria sigue viva gracias a la lucha que ellas han protagonizado desde entonces. A raíz de este caso, Cuevas pasó a convertirse en una destacada activista. Fundó en 2018 la organización por los derechos de las mujeres trans Casa de las Muñecas Tiresias y un año más tarde abrió las puertas de un refugio con el nombre de su amiga. En junio de 2019, la Fiscalía de la ciudad emitió una disculpa pública por la manera en que llevó el caso y reconoció que se trató de un transfeminicidio. Era la primera vez que se utilizaba esta palabra en el ámbito judicial. La legislación que ahora tipifica el transfeminicidio en Ciudad de México lleva también su nombre.

La 'ley Paola Buenrostro'

El pasado 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Paola Buenrostro”, que tipifica el transfeminicidio, que prevé penas de entre 35 y 70 años de prisión. Hasta ahora, este delito caía en un vacío: no contaba dentro de los supuestos de feminicidio (como sí ocurre en Argentina y Colombia), pero tampoco se podía explicar como un delito común, dejando fuera la motivación de odio de género.

Ahora se tienen en cuenta las características propias que tiene la violencia contra las personas trans y la vulnerabilidad de este colectivo. El código penal define que “comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”.

El Centro de Apoyo a las Identidades Trans lleva los datos de la violencia en el país. Entre 2007 y 2022 se cometieron 590 transfeminicidios. Una media de 53 por año. En 2024 ya se cuentan 28 en todo el país. En todo el mundo, México solo es superado por Brasil, según las estadísticas del Transgender Europe, una organización que realiza el mapeo mundial de la violencia contra las personas trans.

Para Cuevas es importante que el transfeminicidio sea un delito específico. “A pesar de que estamos colocadas en el género femenino binario eso no significa que tengamos una casa, esposo, hijos… estos entornos socioculturales que históricamente se han formado. Las mujeres trans se colocan en otros espacios, van creando otro tipo de redes y se encuentran en otras vulnerabilidades más críticas que una mujer cisgénero”, señala.

Junto con organizaciones de la sociedad civil, Temistócles Villanueva, diputado en el Congreso de la ciudad por el partido oficialista Morena –que cuenta con la mayoría en la Cámara– fue el encargado de construir e impulsar esta iniciativa en la cámara desde 2021. Hicieron falta tres intentos hasta que salió con 44 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, un consenso que allana el camino a una nueva sensibilidad al respecto, a pesar de la “transfobia institucionalizada” que Villanueva asegura que hay en México.

“Ningún otro eje de iniciativas ha tenido tantas complicaciones como las relacionadas con las personas trans”, dice a este medio. El tiempo corría en contra: el próximo 1 de septiembre tomarán posesión los nuevos cargos que salieron de las elecciones del 2 de junio y con todo el camino recorrido, consideraban que era importante que saliera en esta legislatura. 

Ciudad de México es el segundo estado de México en tipificar el transfeminicidio después de que lo hiciera Nayarit en marzo. Pero Cuevas dice que van a por más: “Ojalá salga a nivel nacional y a nivel internacional. Es una forma de restaurar los derechos humanos básicos de las personas trans en el mundo. Sería un gran parteaguas [hecho decisivo]”. Villanueva cree que México podría convertirse en punta de lanza en la región, como lo fue hace 20 años al tipificar el feminicidio.

La ley establece varios agravantes: crueldad extrema, tortura o violencia sexual previa, que sea cometido en el contexto del “trabajo sexual” o de que la víctima haya sufrido actos de explotación sexual o trata, que haya amenazas de muerte previas o que haya un vínculo del agresor con la víctima. Otra victoria para el colectivo es que contempla a la “familia social” para actuar en nombre de la víctima y hacer todo el papeleo relacionado con la defunción, ya que muchas son repudiadas por sus familias biológicas.

“Solo el primer paso”

La ley se encuentra de bruces sin embargo con la impunidad que sufre México. Solo cuatro de cada 100 casos que se investigan obtienen una sentencia, según la organización México Evalúa. El de la propia Paola permanece impune. Sin embargo, Cuevas aclara que esto es solo “la punta del iceberg de toda una violencia estructural”. “Hay todo un camino por educación, vivienda, salud, trabajo, identidad que se tiene que construir para evitar estos actos de violencia”, dice.

“Esto es solo el primer paso. De nada sirve si no viene acompañado de un cambio cultural e institucional”, coincide Natalia Lane, otra de las coautoras de la iniciativa. Es activista de la Coalición Laboral Puteril y superviviente de transfeminicidio. En 2022 un cliente intentó asesinarla en un hotel de la ciudad. Le apuñaló en la nuca y la cara. Escapó y activó un directo en Facebook para contar lo que le acababa de pasar. Su caso fue el primero que se investigó como tentativa de feminicidio de una mujer trans. 

Desde 2014, Ciudad de México permite cambiar el género en los documentos (en 2021 lo permite también a los menores desde los 12 años). En esto también es pionera en la región. Lane es oficialmente una mujer para la burocracia desde entonces. A pesar de ello, la defensa del agresor ha interpuesto varios amparos señalando que no debería estar en la Fiscalía de feminicidio, dilatando el proceso. “Las mujeres trans vivimos mucha violencia y revictimización durante el proceso penal. Por eso muchas no denuncian, porque es doloroso y cansado”, asegura. Su caso todavía no ha llegado a juicio. 

En general, Lane está “feliz y contenta” tanto con el texto como por el camino recorrido con compañeras como Cuevas. “Lo importante de esta iniciativa es que recoge los testimonios y las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, que trata de escucharnos”. Sin embargo, para ella, esta ley deja una deuda: ¿qué pasa con la reparación? “No solo desde el punto de vista económico y psicológico, sino de cómo prevenir la violencia contra las mujeres trans en el país”. En este sentido, cree que lograr la inserción laboral de las mujeres trans es fundamental para lograr avances. 

Un lugar de descanso

Un espacio de cemento con azulejos de los colores de la bandera trans y vidrieras llama la atención en el polvoriento panteón de San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa, una zona periférica de la Ciudad de México. Es el Mausoleo Tiresias, también fruto de la lucha de estas mujeres que comenzó con la muerte de Paola. 

La mayoría de las mujeres trans mueren abandonadas, solas, en condiciones violentas. Y jóvenes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de las mujeres trans en la región es de apenas 35 años en América Latina.

Por eso, tras acompañar la muerte de su amiga y otros casos similares, Cuevas movió cielo y tierra durante cinco años para conseguir un espacio digno donde tuvieran un lugar en el que, al menos, descansen sus restos, y que lo hagan con el nombre que ellas eligieron. Desde febrero de este año, los de Paola también están ahí. “Vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Nuestra mayor venganza es que seamos felices”, concluye Cuevas.