Si alguien quisiera hacerse con un Rolex Daytona como el que popularizó Paul Newman en los 70, con las subesferas en contraste y números con tipografía art dèco, no solo tendría que desembolsar los 200.000 euros que puede costar una pieza de estas características. Los relojes de gama alta de Rolex o los Patek Philippe, como los que los futbolistas Dani Carvajal (Real Madrid), Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar) compraron a una empresa andorrana que ahora un juez del principado investiga por supuesto contrabando, requieren mucho más que una cuenta corriente bien engrasada.

Como ocurre con otros artículos de lujo, como el codiciadísimo bolso Birkin de Hermés, en la lista de espera para hacerse con uno de ellos lo que importa no es el orden de llegada, sino la buena relación que se llegue a establecer con el vendedor. “Tú te puedes apuntar a una lista de espera y puede seguirla tu hijo, tu nieto… Si es lujo, no es accesible”, explica Santiago Tejedor, fundador y editor de Horas y Minutos, web española especializada en relojes. Lo que hacen las marcas para alimentar su exclusividad es fabricar poco: “Mantienen el nivel de stock bajo para que siga siendo un objeto deseado y al que solo tienen acceso los verdaderos clientes”.

Aquí, el interés de la marca por alinearse con la imagen del comprador o la valoración exhaustiva que hacen de sus potenciales clientes son fundamentales con el fin de evitar que sus productos acaben a la venta en el mercado gris: “Los relojes tienen trazabilidad y las tiendas hacen una auténtica inspección de los clientes a los que van a vender”, explica Tejedor poniendo como ejemplo la forma en que trabajan en joyerías como Rabat, en Madrid, distribuidor oficial de Rolex. “Las marcas lo que intentan evitar es que llegue un tío, lo compre y a las dos semanas lo revenda por el doble. Quieren que su cliente esté mimado, que se sienta privilegiado y no quieren flippers [compradores que revenden rápidamente]”.

¿Por qué cuestan tanto? Además de su valor monetario y detrás de la dificultad para hacerse con ellos, está el valor simbólico; asociándolos a la riqueza, el poder y la masculinidad. “Rolex se ha convertido en símbolo de estatus, pero no es alta relojería como sí es Patek; en España tú tienes un Rolex y dices ‘esa persona ha llegado’, son relojazos pero se fabrican de manera industrial, no es artesanía”, apunta el experto, que señala cómo Patek Philippe, que sí es alta relojería, se ha convertido en otra de esas marcas fetiche mientras firmas como la alemana Lange & Söhne “puede mirar a los ojos a Patek pero sin embargo los jugadores o músicos no la compran porque no representa ese ‘yo tengo una pasta y me lo puedo comprar”. 

Rolex se ha convertido en símbolo de estatus (...) en España tú tienes un Rolex y dices ‘esa persona ha llegado

Santiago Tejedor — fundador de 'Horas y minutos'

En el primer episodio de Succession, esa serie de ultrarricos estadounidenses que puso en nuestro imaginario la idea del lujo silencioso –la vestimenta y accesorios nada ostentosos que sin embargo un ojo entrenado sabrá reconocer como caro y exclusivo–, Tom Wambsgans, el yerno trepa del poderoso Logan Roy, intenta ganarse su respeto regalándole un Patek Philippe. “Cada vez que lo miras te dice exactamente lo rico que eres”, le dice. Será uno de los muchos relojes cargados de simbolismo que desfilarán por pantalla a lo largo de sus cuatro temporadas y que los entusiastas de la muñeca han listado. Algunos de ellos, curiosamente, coinciden con los adquiridos por los futbolistas mencionados anteriormente según ha podido comprobar este medio al acceder al sumario del caso.

El Rolex Daytona de acero que Carvajal adquirió en 2021 por 64.800 euros, iniciándose así en el coleccionismo, según explicó a la revista Esquire, y por el que ahora tendrá que dar explicaciones ante un juez de Andorra, pertenece a la gama más codiciada de la firma. El Patek Philippe Nautilus, en el que coinciden en gusto Thomas Partey y Juan Bernat con diferentes referencias, comenzó comercializándose como un reloj deportivo de lujo y, según explica Santiago Tejedor de Horas y Minutos, ha acabado convirtiéndose en un imposible: “Para conseguirlo, antes tienes que hacerte con otros grandes complicaciones [relojes que incluyen funciones mecánicas avanzadas] como el Perpetual Calendar”. Esta es otra de las prácticas habituales del sector: para alcanzar tu verdadero objeto de deseo, tendrás primero que fidelizarte como cliente adquiriendo otras piezas menos demandadas. Otros, como el Patek Philippe Aquanaut que compró también Thomas Partey en 2022 por la friolera de 175.000 euros a través de la empresa andorrana imputada, y que ahora ronda los 125.000-155.000 euros en el mercado de segunda mano, sirven como ejemplo para identificar la burbuja que se creó en torno a este modelo concreto a raíz de la pandemia. “Una prueba de que, incluso con modelos de éxito, invertir en relojes no es aconsejable”, opina Tejedor. 

A continuación, el listado completo de relojes adquiridos por los siete futbolistas citados, con la excepción de Santi Cazorla González, que pagó 58.000 euros por un modelo que no aparece identificado.

Daniel Carvajal Ramos
Rolex Daytona Platinum, Ref. 116506

pagó...

60.000€

precio medio mercado

80.000-95.000€

Dani Carvajal pagó 60.000 euros y un pago adicional de 4.800 euros por su Rolex Daytona Platinum (Ref. 116506). Pero en el mercado, casi siempre de segunda mano porque es prácticamente imposible encontrarlo en retail debido a que es uno de los modelos más exclusivos de Daytona, su precio más bajo alcanza los 75.000 y el más alto unos 100.000 euros (si se adquiere nuevo); lo habitual es encontrarlo entre los 80.000 y 95.000 euros. Es una pieza especial, no está entre los clásicos de Daytona y se lanzó en 2013 para conmemorar los 50 años de la gama, siendo el primero en platino macizo, mucho más denso que el acero o el oro. Podría decirse que es como llevar un lingote en la muñeca.

Giovani Lo Celso
Patek Philippe Aquanaut, Ref. 5167A

pagó...

41.000€

precio medio mercado

55.000-75.000€

Giovani Lo Celso adquiere dos relojes. El primero, este Patek Philippe Aquanaut (Ref. 5167A), por 41.000, importado desde Andorra en noviembre de 2021 por un valor de 31.200, mientras que en el mercado español, este mismo modelo es prácticamente imposible de conseguir en boutique porque hay listas de espera muy cerradas. En condiciones de bastante uso, puede costar en torno a los 60.000 euros, pero piezas en muy buenas condiciones o prácticamente nuevas rondan los 75.000-80.000 euros. Es lo que se conoce como un entry level, de una gama media y coste no tan elevado, con una estética menos ostentosa pero de altísima demanda.

Lo más peculiar de este modelo de Patek, lanzado en 1997, es que se asocia con la riqueza joven. Primero rechazado por los más puristas por su estética deportiva, han contribuido a popularizarlo artistas como Drake o Travis Scott y en los últimos años ha multiplicado por dos su precio por el hype.

Rolex Day-Date 40, Ref. 228235

pagó...

41.000€

precio medio mercado

45.000-60.000€

El segundo reloj adquirido por el jugador del Betis es un Rolex Day-Date 40 (Ref. 228235), una pieza en oro rosa menos exclusiva y más accesible en boutique, aunque ligeramente más barata que la anterior y con historia. El conocido como “Rolex de presidente”, popularizado primero por Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, ha sido también visto en la muñeca de Donald Trump en su versión de oro amarillo y ronda los 45.000-60.000 euros, pero es cierto que su precio puede variar y elevarse considerablemente si se adquiere, por ejemplo, con esfera de diamantes.

Las de Thomas Partey son las compras más cuantiosas de todo el listado de futbolistas. Con un abanico que va desde el modelo más clásico y representativo del dominio técnico de la marca, con el Patek Philippe Perpetual Calendar (Ref. 5270P); a los modelos más deportivos alineados con la imagen del joven rico y exitoso como el Patek Philippe Nautilus (Ref. 5711/1R) en oro rosa, un modelo descatalogado visto en las muñecas de Leonardo Dicaprio, Jay-Z o LeBron James; y el Patek Philippe Aquanaut (Ref. 5968A), también representativo de ese lujo visible más casual, llevado por Drake o el actor Mark Wahlberg, coleccionista de altísimo nivel –“salió el Patek Philippe de Tiffany’s y lo tenía al día siguiente en Instagram”, apunta Santiago Tejedor.

De estas compras, como señalábamos anteriormente, llama la atención la devaluación del precio del modelo Aquanaut respecto a los 175.000 euros por los que lo adquirió el centrocampista del Villarreal C.F.

César Azpilicueta compró dos piezas similares en precio pero que para los expertos en materia representan casi dos opuestos. Por un lado, el Patek Philippe Annual Calendar (Ref. 5905/1A-001), que encaja con perfiles más discretos pero conocedores del mundillo –podría resumirse con el anglosajón “if you know, you know (IYKYK)”, si sabes, sabes–. En segundo lugar, se hizo con el Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, prácticamente lo contrario al lujo silencioso que ha jugado simbólicamente ese papel en la ficción vestido por el ya mencionado Tom Wambsgans de Succession.

La de Juan Bernat, el futbolista del Eibar, es otra de las compras más voluminosas. Con modelos que ya hemos visto de Patek Philippe, como el Aquanaut o los Nautilus –aunque con diferentes referencias: 5167R-001,5712/1A y 5811/1G, respectivamente– y el Day-Date de Rolex (Ref. 228206) condensa bien la tendencia hacia modelos icónicos consolidados como signos de estatus y un corte más deportivo. El Nautilus de oro blanco también tuvo su cameo en Succession de la mano de Kendall Roy (Jeremy Strong).

La del exfutbolista David Silva es una compra más alineada con el coleccionismo clásico. El Patek Philippe Perpetual Calendar (Ref. 5270J), que adquirió por 120.000 euros, a un precio cercano al que se vende en el mercado de segunda mano (150.000–180.000 euros si hablamos de relojes nuevos o en muy buenas condiciones), se le ha visto puesto a Eric Clapton. El Patek Philippe Perpetual Calendar (Ref. 5236P-001), con caja de platino, se mueve en las mismas aguas. Y las dos últimas piezas, el ya visto Patek Philippe Aquanaut (Ref. 5167/A-001) y el Patek Philippe Annual Calendar Moon Phase (Ref. 4947/1A) que ha llevado la presentadora Ellen DeGeneres, suponen un desembolso menor (17.000 y 38.000 euros respectivamente). En total, la compra por la que el antiguo centrocampista tendrá que dar explicaciones ante la justicia asciende a 271.000 euros.

¿Qué llevó a siete futbolistas profesionales de distintos equipos y nacionalidades a comprar relojes de lujo a una empresa andorrana investigada por presunto contrabando? El juez del principado Joan Carles Moynat trata de responder a esta pregunta en la causa que mantiene abierta y en la que ha pedido la colaboración de España para que los jugadores declaren como imputados.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado pone cifras a lo que pagó cada futbolista por los relojes. Además, el instructor del principado quiere saber si los jugadores acudieron a Andorra a recoger el producto, o si se lo llevaron a España. De ser así, pide que los futbolistas identifiquen y den el teléfono de la persona que se lo entregó.

En concreto, el juez quiere que los futbolistas expliquen “si vinieron o hicieron venir a alguien a Andorra para recoger el reloj”, y en caso afirmativo que aporten los documentos de exportación del mismo a España. “En caso negativo -apostilla el juez en su auto- deberían indicar con detalles las personas con las que estuvieron en contacto para comprar el reloj, cómo le hicieron llegar el mismo y quién se los llevó indicando el teléfono y nombres de las personas y dónde recibieron el reloj”. También reclama a los jugadores que aporten los documentos que acrediten su eventual declaración.

El juez tiene una hipótesis sobre el caso que investiga. Según el magistrado, las compras de relojes que se realizaban a través de la empresa andorrana del investigado Diego G.C. y un socio serían, en realidad, un mecanismo para eludir el pago de impuestos, ya que hasta el principado los importaba una empresa española también vinculada con el principal encausado.

A falta de que los detalles que puedan aportar los futbolistas, el juez del principado ha hecho cálculos que permiten perfilar el negocio que se hizo con los jugadores: en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado cifra en un total de 1,3 millones de euros el precio de venta de los 16 los relojes que adquirieron en España los futbolistas, frente al millón de euros que consta como valor de importación cuando los modelos entraron en el principado.

Las diferencias entre el precio del reloj cuando fue importado a Andorra y lo que pagaron los futbolistas por ellos son dispares. El magistrado destaca que uno de los relojes que en 2021 adquirió por 110.000 euros el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, por entonces en el Arsenal, correspondería a un modelo importado en el principado por un valor de 52.000 euros. Esto es, una diferencia de 58.000 euros.

El margen de beneficio es más modesto en otros casos. Por ejemplo, el Rolex Daytona Platinium que adquirió en 2021 el futbolista del Real Madrid Daniel Carvajal: el juez señala que el jugador lo compró por 64.800 cuando su valor de importación fue de 61.000 euros. 

Existen diferencias incluso entre los relojes que la sociedad andorrana vinculada a Diego G.C. vendió a un mismo futbolista. A David Silva le proporcionó a cambio de 18.990, según relata el juez en su resolución, un Patek Philippe importado a Andorra por 17.000 euros, casi 2.000 euros más. Pero el margen se eleva hasta los 9.000 euros en otro modelo de la misma marca que, apunta el instructor, el empresario vendió por 114.000 euros al exjugador del Valencia o el Manchester City tras haberlo importado por 103.000.

De la actividad empresarial de Best In, la firma andorrana en el foco de las pesquisas, destacan dos hechos: que una sociedad poco conocida del principado vendiera directamente los relojes a los futbolistas y el volumen de negocio con los jugadores, que asciende a 1,3 millones de euros. Las compraventas se efectuaron entre 2020 y 2025.

Además de las ventas de relojes que sí ha logrado documentar el magistrado, existe un pago de 58.000 euros del jugador del Oviedo Santi Cazorla a la firma andorrana sin que se haya podido encontrar una factura de la compraventa “en la contabilidad” de la empresa andorrana, indica el juez.

Tras estudiar la documentación que han recabado las autoridades aduaneras y tributarias de Andorra, el magistrado concluye que la empresa del investigado importó 38 relojes a Andorra desde España sin que luego conste una declaración aduanera de exportación. Algunos modelos, sin embargo, coinciden con los que finalmente fueron vendidos a los futbolistas en España, según el juez sin pagar impuestos.

El juez detalla que los relojes se pagaban por transferencia desde las cuentas corrientes de los jugadores a la cuenta de la sociedad andorrana, pero que luego no se pagaba el IVA de la importación a España del reloj desde Andorra. Así habría ocurrido en el caso de David Silva, a quien la Hacienda española reclamó 26.000 euros del impuesto. Según un acuerdo entre el futbolista y Diego G.C., el empresario andorrano terminó asumiendo el pago del impuesto que la Agencia Tributaria reclamaba al jugador.

El magistrado quiere preguntar a los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los Rolex y Patek Philippe que adquirieron a una empresa del principado tras no considerar convincentes las explicaciones que dio el empresario Diego G.C. antes de su ingreso en prisión provisional en octubre de 2025.

En un auto, el magistrado destaca que Diego G.C. “no recuerda ni a quién, ni dónde ni cómo” entregaba los relojes a los compradores, pese a que el magistrado le preguntó por una venta que llevó a cabo días antes de su detención.

La falta de memoria del investigado en su declaración contrasta, destaca el juez del caso, con el acuerdo por el que Diego G.C. asumió el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva en 2021, cuando el jugador militaba en la Real Sociedad. En ese documento, se describe que el reloj “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana del empresario.

“El hecho de que [Diego G.C.] no recuerde absolutamente nada cuando se le pide detalles de las entregas de los relojes hace denotar que probablemente su operativa consistía mayoritariamente en importar los relojes a Andorra con el objetivo de ser bajados a España de contrabando”, concluye el instructor en su resolución.

Al jugador del Real Madrid Daniel Carvajal le gustan los relojes de lujo. “El primero que me compré fue un Rolex Daytona de acero”, explicó el futbolista a la revista Esquire. La adquisición de un reloj de ese mismo modelo en 2021 por 64.800 euros le ha traído una consecuencia inesperada: un juez de Andorra le ha imputado por comprar un producto proveniente presuntamente de contrabando.

No es el único futbolista implicado en la causa que comanda el juez andorrano Joan Carles Moynat. El magistrado ha requerido la ayuda de las autoridades españolas para interrogar “en calidad de investigados” por un delito de contrabando a otros cinco jugadores en activo residentes en España: Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar). También está imputado David Silva, ya retirado de los terrenos de juego.

El juez quiere preguntar a todos los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los relojes que adquirieron, según consta en un auto de noviembre del año pasado al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes cercanas al caso explican que la Guardia Civil ya ha contactado con algunos de los investigados en España.

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país: los siete futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores. La 15ª investigada es una mujer que compró un reloj a la firma, aunque tres días después le devolvieron los 79.000 euros abonados.

Los futbolistas de renombre se han convertido en secundarios de relevancia en una causa que tiene como principal investigado a Diego G.C., a quien el juez envió a prisión provisional en Andorra en octubre de 2025. Se le atribuyen los delitos de contrabando y blanqueo de capitales, castigados en el principado con penas de hasta ocho años de cárcel.

Esta redacción también contactó con las empresas relojeras en España vinculadas a Diego G.C. Una de ellas, que en principio indicó que no se encontraba operativa, se ha desvinculado tras la publicación de esta información de la causa abierta por presunto contrabando y la ha desligado de su actividad en España.

Las compras de los futbolistas

Los futbolistas compraban los relojes a la firma andorrana de Diego G.C en vez de a los fabricantes originales. La mayoría de operaciones son por modelos de las relojeras suizas Rolex y Patek Philippe. Según la resolución judicial, el jugador que más dinero pagó a la empresa del principado fue el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, quien entre 2020 y 2022 (cuando jugaba en el Arsenal), compró tres modelos Patek Philippe por un total de 415.000 euros.

El segundo jugador en gastar más dinero en la empresa andorrana de relojes fue Juan Bernat. Según el juez andorrano, compró cuatro relojes (tres Patek Philippe y un Rolex) por 367.000 euros entre 2023 y 2025, cuando jugaba en distintos equipos de Primera División.

A Bernat, según el auto del magistrado, le sigue el centrocampista David Silva, quien pagó 295.000 euros en 2020 y 2021 por cuatro modelos Patek Philippe. El defensa César Azpilicueta desembolsó 115.000 euros en 2022 por un reloj Audemars y otro Patek Philippe, mientras que Giovanni lo Celso también compró dos relojes en 2020 y 2021 por 83.000.

De lo aflorado en la causa, se desprende que Carvajal compró a la firma investigada únicamente un Rolex Daytona por 64.800 euros en 2021. Respecto a Santi Cazorla, el juez ha constatado que realizó una transferencia de 58.000 euros a la empresa andorrana de relojes, si bien en la contabilidad de la firma del principado no se ha hallado ninguna factura emitida al futbolista. 

Bajadas y subidas a Andorra

El método del contrabando fue clásico, aunque en vez de productos tradicionalmente asociados a esta práctica pirenaica ilegal como el tabaco, se efectuó con relojes de lujo: el juez describe en su auto que el objetivo de Diego G.C. era “eludir sus obligaciones aduaneras”, es decir, el pago del IVA. 

Es decir, en vez de vender los relojes directamente a los jugadores en España, la empresa española vinculada a Diego G.C importaba los relojes a la sociedad andorrana en la que participaba, y luego hacia la operación a desde el principado. El juez destaca que el único “motivo plausible” para esta operativa es la ganancia económica mediante la deducción del IVA por parte de las empresas andorranas y españolas del investigado.

Para llevar a la práctica el plan, agrega el magistrado, el reloj “se separaba” de la factura que se emitía. El juez explica que el reloj “se bajaba físicamente” a España, pero sin realizar su obligatoria declaración de exportación en la aduana. En otro viaje, añade el instructor, “se bajaba” (bajar y subir son verbos habituales en catalán, idioma oficial del principado, para referirse a los trayectos entre Andorra y España) su caja y la documentación, pero sin el producto dentro.

Al principal investigado y a su socio, resalta el instructor, les pillaron los agentes aduaneros de ambos lados de la frontera con sendos relojes en las muñecas por valor total de 104.000 euros el 5 de septiembre de 2025. La venta se había hecho desde la sociedad española vinculada a Diego G.C. a su empresa andorrana, pero sin declararlo como exportación.

El juez trata de corroborar si Diego G.C. cobró parte de la venta de los relojes de contrabando en metálico, pues al investigado se le han descubierto “numerosos y repetitivos” ingresos en su cuenta y 220.490 euros en efectivo en una caja fuerte bancaria. Según el juez, Diego G.C. usaba las ganancias no declaradas con los relojes para adquirir vehículos de lujo.

Al investigado, indica la resolución judicial, se le atribuye haber importado 38 relojes Andorra de los que luego no declaró su exportación por valor de 1,35 millones de euros. Alguno de los relojes superó los 100.000 euros, cantidad que agrava la pena por contrabando, según el Código Penal andorrano.

Silva, pillado por Hacienda

Los agentes aduaneros de ambos lados de la frontera pillaron al principal investigado con la mercancía en la muñeca. Pero no es el único puntal en el que se sustenta la investigación en Andorra: la Hacienda española intervino en una de las compraventas de relojes que hizo el futbolista retirado David Silva, según consta en un documento de la causa.

En diciembre de 2020, cuando jugaba en la Real Sociedad, Silva compró a la empresa andorrana de Diego G.C. un reloj Patek Philippe por 120.000 euros. Un año y tres meses después, el jugador recibió una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago del IVA no ingresado por el reloj. El importe no satisfecho del impuesto ascendía a 25.200 euros, a los que hubo que sumar 1.079,63 euros en intereses de demora.

Tras mantener negociaciones, el futbolista y el principal investigado del caso acordaron, en marzo de 2022, que la empresa andorrana de Diego G.C. se haría cargo del IVA no pagado en la compra del reloj. El empresario admitió su responsabilidad en no declarar ni ingresar el IVA de la importación en la aduana española.

En su pacto con el futbolista, Diego G.C. también se comprometió a abonar el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva, así como “el importe equivalente a cualquier sanción de naturaleza tributaria” a la que se pudiera enfrentar el jugador por la compra del reloj.

El acuerdo da un detalle que no ha pasado por alto al juez andorrano: en el documento, ambas partes admiten que el Patek Philippe “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana de Diego G.C. En su declaración ante el juez, sin embargo, el investigado manifestó que no recordaba a quién, dónde y cómo se entregaban los relojes. Ante la falta de respuestas del vendedor, el magistrado quiere preguntar por ello a los futbolistas compradores.

A finales del siglo XIX y principios del XX, había un elevado número de 'matuteros' en España, personas u organizaciones dedicadas al contrabando de determinados productos (especialmente el vino y la carne) para evitar así pagar el impuesto de los consumos (un gravamen similar al actual IVA) que recaudaban los ayuntamientos. Una investigación muestra cómo Valladolid vivió altercados, motines y protestas en contra de este impuesto de consumos, por el que murieron hasta cinco personas entre 1890 y 1905.

“El conflicto se producía cuando se descubría el matute. En la mayor parte de los casos eran los propios matuteros quienes se resistían, escapaban o intentaban evadirse del control de estos grupos de guardias o vigilantes de consumos. El cuerpo de vigilantes de consumos de Valladolid llegó a tener en 1894 más de 150 agentes, diez de ellos a caballo, que también portaban una carabina y un sable, aunque se podía autorizar incluso un revólver.

Entre 1890 y 1905, en Valladolid hubo cinco muertos como consecuencia de este control. “La pauta era similar: un vigilante interceptaba a un matutero, este se resistía de forma violenta, y el vigilante utilizaba el arma que solía llevar como defensa”, resume Jesús Ángel Redondo, autor del artículo académico Resistencia fiscal cotidiana en la España de la Restauración: un análisis del matute en Valladolid entre 1890 y 1905, publicado en la revista Hispania. Revista Española de Historia.

Matute de vino y carne, especialmente

Este investigador recuerda que el impuesto de consumos se pagaba por cualquier producto que entraba en la ciudad y que era “de comer, arder y beber”. Esta mercancía debía pasar por los fielatos, unas casetillas con gente vigilando, donde esta se declaraba y el vendedor pagaba según el peso del producto. El recuento realizado por el historiador concluye que los productos más matuteados fueron el vino (o mosto) y la carne (fresca, tocino, jamones, embutidos...), aunque también se contrabandeó con aceite, sal, pescado, fruta, velas o incluso petróleo. A pesar de las posteriores modificaciones fiscales, estos fielatos estuvieron vigentes hasta la década de 1960, cuando se empezaron a establecer las reformas fiscales en la época del desarrollismo.

“El matute afectaba principalmente a la carne y el vino porque eran productos con una gran salida comercial. Se trapicheaba con ellos en el mercado negro y, para que fuera rentable, tenían que eludir el impuesto de consumos”, explica Jesús Ángel Redondo, que ha localizado casos de “trapicheo de subsistencia”, aunque la mayoría de las situaciones implicaban “importantes alijos”. En enero de 1900 incautaron 175 kilos de embutidos y tocino; en abril, cien arrobas de jamón; en julio, 200 kilos de jamón; y pocos días más tarde, 1.200 kilos de tocino.

No solo se trataba de una cuestión económica, sino también de Salud Pública: el objetivo era evitar los mataderos clandestinos y la adulteración del vino, que se juzgaba como un delito de estafa. “En aquella época, el control de la sanidad era muy laxo y muy difícil de llevar a cabo. Había un gran mercado negro que abastecía notablemente a la ciudad y al cual recurría sobre todo la gente de clase más baja porque les salía más barato”, agrega. Este profesor de la Universidad de Valladolid explica los métodos de matute que utilizaban, muchos de los cuales siguen utilizándose en la actualidad: “Usaban dobles fondos donde pasaban cientos de botellas de vino o kilos de embutido. Había bandas organizadas, comerciantes y taberneros implicados, y los negocios se hacían en las ventas que estaban a las afueras de las ciudades”, relata Redondo.

Altercados durante años

Redondo explica que había un “contrabando casi continuo que alarmaba a las autoridades y suponía un continuo conflicto, violencia e inestabilidad en la ciudad”. Este matuteo muestra “una realidad muy diferente a la imagen monumental del Valladolid del siglo XIX o primeros del XX; había una cara bastante oscura” que incluía altercados. El historiador explica que había un “contrabando casi continuo que alarmaba a las autoridades y suponía un continuo conflicto, violencia e inestabilidad en la ciudad” dada la “indignación, malestar y rechazo” al impuesto. Este matuteo muestra “una realidad muy diferente a la imagen monumental del Valladolid del siglo XIX o primeros del XX; había una cara bastante oscura”.

En Valladolid se produjeron varios motines por este motivo, especialmente en el Bienio Progresista (1854-1856), aunque también hubo varios a principios del siglo XX: en 1902 estalló un amotinamiento cuando varios vecinos defendieron a una mujer que estaba siendo maltratada por los vigilantes, en el que tuvo que intervenir también la Guardia Civil. Un año más tarde se produjo una “batalla campal”, según las crónicas de El Norte de Castilla porque un grupo de matuteros apedreó a unos vigilantes mientras intentaban introducir unos pellejos de vino de contrabando. La Guardia Civil tuvo que intervenir nuevamente porque muchos vecinos del barrio de Santa Clara decidieron unirse a la revuelta y ponerse del lado de los matuteros.

En 1904, un motín se saldó con un muerto y enfrentamientos directos con el regimiento militar, aunque este no estuvo directamente relacionado con los consumos, sino que fue una de las consignas que clamaron en una movilización contra el precio del pan, que se había incrementado por la inestabilidad internacional tras la guerra de Cuba. “Como sucede ahora con la guerra en Ucrania, cuando suben mucho los precios de un producto básico como el trigo, se exigía a las autoridades cercanas que rebajaran los impuestos a las harinas para que no fuera tan perjudicial para las clases populares”, apostilla el historiador.

En 1912 se produjo uno de los altercados más destructivos porque se estableció un impuesto sobre el carbón. Los manifestantes llegaron a incendiar y destruir por completo el fielato de la estación, que estaba ubicado entre la estatua de Colón y el hospital de Recoletas.

Los 'Zaqueos', una familia de matuteros

En la ciudad del Pisuerga había también entramados de corrupción y fraude que implicaban a vendedores y vigilantes. La familia más conocida en Valladolid fue la de los 'Zaqueos', que tenían una taberna cerca de la estación de autobuses a través de la que introducían matute desde el municipio cercano de La Cistérniga. El caso de corrupción más escandaloso se destapó en julio de 1899, cuando varios vigilantes de consumos y algunos guardias municipales fueron acusados de estar compinchados con diferentes bandas de matuteros, entre los que se encontraban los 'Zaqueos'.

“Aunque se dice que en aquellos años el pueblo estaba aislado de la política, la acción de estos matuteros o grupos delincuenciales influía en el debate sobre la gestión fiscal”, defiende Jesús Ángel Redondo, no solo por la delincuencia, sino por motivos de eficacia fiscal. Mantener la infraestructura para cobrar este impuesto era “muy caro” y eso hacía que fuera “muy poco rentable de cobrar”. Mientras gestionar el resto de impuestos costaba un 5% de lo recaudado, la gestión de la recaudación de consumos suponía un 27%.

“Además, generaba violencia, descontento y desprestigio para las autoridades municipales. Por ello, se empezó a exigir que el impuesto se rebajara o suprimiera, argumentando que no era propio de países civilizados y que se necesitaba un sistema fiscal más efectivo, que no costara tanto dinero ni provocara conflictos de orden público”, argumenta el historiador. El gobierno de Canalejas suprimió este impuesto en 1911 de forma progresiva, aunque muchos ayuntamientos mantuvieron impuestos parecidos con otros nombres porque suponía “un ingreso básico para las arcas municipales”.

El debate sobre los consumos fue un argumento político muy importante para partidos al margen del sistema, principalmente los republicanos y después los socialistas, e incluso llegó al imaginario popular a través de la música. Redondo recuerda que se popularizó una zarzuela llamada “Gigantes y cabezudos”, cuya primera escena es un alboroto fiscal de mujeres en Zaragoza. “Estos problemas fiscales y las subidas de impuestos eran un elemento esencial en las protestas colectivas de las clases populares en las ciudades”, apunta.

Archivos incompletos

Redondo defiende que aún no se ha estudiado mucho cómo vivían las personas que estaban en la marginalidad desde otros puntos de vista que no sean la beneficencia o la asistencia social. Redondo trabajó con la información publicada en la prensa local, sentencias judiciales que conservan los archivos de Chancillería o Valladolid y actas municipales que reflejaban los debates políticos sobre los consumos, lo que demostraba que este se consideraba “un problema de orden público y de imagen”. “Tendría que haber podido consultar los fondos de la delegación de Hacienda, pero en Valladolid están desaparecidos y en el Archivo Histórico Provincial no hay gran cantidad de documentación anterior a 1930”, lamenta este historiador, que reconoce también la incoherencia que hay a veces entre estas fuentes. “Muchas veces no podemos ir mucho más allá de obtener los hechos claros: que hubo matute de tal producto, que hubo violencia o que murió una persona”, apuntala.

Una parella alemanya s'asseu aquests dies a la banqueta de l'Audiència Provincial de les Balears acusada de muntar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centre de cria clandestí de tortugues protegides la desarticulació del qual va derivar en una de les majors operacions contra el tràfic il·legal d'aquests rèptils a nivell internacional. La investigació -batejada com a operació Coahuila- es va saldar amb la confiscació de més de 1.100 exemplars de diferents espècies i més de 750 ous, així com amb el desmantellament del que la Guàrdia Civil va considerar el major criador il·legal de tortugues d'Europa.

El Ministeri Públic els atribueix tres delictes -contra la fauna, contraban i blanqueig de capitals- i demana per a ells cinc anys i mig de presó, a més d'indemnitzacions que superen els 200.000 euros, mentre que per a un tercer acusat, propietari d'una botiga de rèptils de Barcelona, sol·licita dos anys de presó per la seva presumpta implicació en la venda dels animals. La parella acusada criava tortugues aquàtiques, terrestres i de bosc, així com tortugues de les Galápagos, moltes d'elles espècies protegides i amenaçades, en unes instal·lacions que, segons la investigació, incloïen diverses files de piscines de plàstic, terraris i dues habitacions de la vivenda habilitades amb neveres i incubadores per als ous i les cries.

Els acusats, que declararan la setmana vinent, en la recta final del judici, a petició de les seves defenses, venien els exemplars a través del propietari de la botiga.

Durant la vista oral per aquests fets, diversos agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de l'Institut Armat van declarar aquest dijous com un dels acusats estava “molt nerviós” quan els funcionaris van registrar la finca. “O no entenia o no volia entendre”, va assenyalar un d'ells en referència al company sentimental de la dona.

En la sessió d'aquest divendres, l'encarregat d'una empresa transportista ha assenyalat que els acusats rebien “de tant en tant” palets amb ratolins congelats, situació que els resultava “xocant”. El transportista ha explicat que creia que els ratolins congelats es demanaven per donar menjar a animals, perquè havia sentit -encara que no ho sabia amb certesa- que “es dedicaven a aquesta activitat”. A preguntes de la defensa dels acusats, el testimoni ha assenyalat que mai va transportar animals vius i que per a això es necessiten “uns permisos especials”. L'encarregat ha incidit que una vegada va haver de “tramitar l'enviament d'una caseta o un petit viver per al qual va ser necessari un camió grua”.

També va declarar com a testimoni un responsable del centre de conservació animal on van ser dipositats els animals intervinguts a la botiga de rèptils de Barcelona. “Només queda una tortuga i dues salamandres”, va manifestar, evidenciant que la majoria han mort.

Una “important logística”

Juntament amb dos inspectors de l'autoritat administrativa CITES (Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres), els agents del Seprona van registrar la finca el 27 de juny de 2018. In situ, van comprovar que els propietaris tenien un criador il·legal de tortugues.

“Disposaven d’una important logística destinada a la cria i reproducció dels exemplars de tortugues tant aquàtiques com terrestres i de bosc que posseïen, així com tortugues d'estany, consistent en diverses fileres de piscines de plàstic, així com diversos terraris”, detalla l’escrit. Els acusats destinaven dues habitacions de la casa “a la ubicació de neveres i incubadores on incubar els ous, així com a les cries que anaven naixent”, segons es desprèn de la investigació.

Els processats destinaven dues habitacions de la casa per a la ubicació de neveres i incubadores d'ous i de les cries que anaven naixent. 

En total, es van interceptar 800 tortugues de 71 espècies diferents, exclusivament en aquest operatiu. Segons consta en la investigació, els agents del Seprona van practicar noves entrades i registres a la mateixa finca els dies 2, 4 i 12 de juliol d’aquell any. En aquestes inspeccions van localitzar, entre altres elements, 119 tortugues femelles que es trobaven en període d’ovulació, així com nombrosos ous dipositats en incubadores que els acusats tenien a l’habitatge.

Durant aquestes noves actuacions, els agents també van procedir a la confiscació de divers material destinat tant a l’alimentació com a la cria i reproducció dels quelonis. El Ministeri Públic subratlla que, sumant els exemplars intervinguts en tots els registres i aquells que van néixer posteriorment a partir dels ous decomissats, el nombre total d’espècimens confiscats va ascendir a 1.063.

Un negoci de mig milió d'euros

D'acord a la valoració econòmica recollida en l’escrit d’acusació, el conjunt dels exemplars decomissats —l’origen i l’adquisició legal dels quals no ha quedat acreditada—, juntament amb els nascuts a les instal·lacions a partir dels ous confiscats, assoleix un valor total de 545.712 euros

La Fiscalia assenyala, a més, que tots els animals intervinguts, així com els ous procedents d'aquests, van ser dipositats a les instal·lacions de la Fundació Natura Parc (entitat gestora de diversos departaments encarregats de la conservació i recuperació animal i mediambiental). Aquesta entitat ha anat informant periòdicament, mitjançant factures, de les despeses derivades del manteniment dels exemplars. D’acord amb les actuacions, el Ministeri de Justícia havia abonat fins al maig de 2021 gairebé 188.000 euros en concepte d’aquestes despeses, una quantitat que el Ministeri Públic reclama ara als acusats.

En el seu escrit, la Fiscalia conclou que els acusats, “amb la realització de l’activitat desenvolupada i atenent el volum d’exemplars, les característiques dels mateixos i les nombroses transaccions realitzades”, van posar en risc la biodiversitat de les espècies afectades.

El judici encararà la seva recta final la setmana vinent amb les declaracions dels acusats i els informes de les parts.

Una pareja alemana se sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears acusada de montar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centro de cría clandestino de tortugas protegidas cuya desarticulación se convirtió en una de las mayores operaciones contra el tráfico ilegal de estos reptiles a nivel internacional. La investigación -bautizada como operación Coahuila- se saldó con la incautación de más de 1.100 ejemplares de distintas especies y más de 750 huevos, así como con el desmantelamiento del que la Guardia Civil consideró el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa.

El Ministerio Público les atribuye tres delitos -contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales- y pide para ellos cinco años y medio de prisión, además de indemnizaciones que superan los 200.000 euros, mientras que para un tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, solicita dos años de cárcel por su presunta implicación en la venta de los animales. La pareja acusada criaba tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas especies protegidas y amenazadas, en unas instalaciones que, según la investigación, incluían varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.

Los acusados, quienes declararán la próxima semana, en la recta final del juicio, a petición de sus defensas, vendían los ejemplares a través del propietario de una tienda de reptiles de Barcelona.

Durante la vista oral por estos hechos, varios agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado declararon este jueves cómo uno de los acusados estaba “muy nervioso” cuando los funcionarios registraron la finca. “O no entendía o no quería entender”, señaló uno de ellos en referencia al compañero sentimental de la mujer.

En la sesión de este viernes, el encargado de una empresa transportista ha señalado que los acusados recibían “de vez en cuando” palets con ratones congelados, situación que les resultaba “chocante”. El transportista ha explicado que creía que los ratones congelados se pedían para dar de comer a animales, porque había escuchado -aunque no lo sabía con certeza- que “se dedicaban a esta actividad”. A preguntas de la defensa de los acusados, el testigo ha señalado que nunca transportó animales vivos y que para ello se necesitan “unos permisos especiales”. El encargado ha incidido en que una vez tuvo que “tramitar el envío de un caseta o un pequeño vivero para el que fue necesario un camión grúa”.

También ha declarado como testigo un responsable del centro de conservación animal en el que fueron depositados los animales intervenidos en la tienda de reptiles de Barcelona. “Solo quedan una tortuga y dos salamandras”, ha manifestado, evidenciando que la mayoría de ellos han fallecido.

Una “importante logística”

Junto a dos inspectores de la autoridad administrativa CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), los agentes del Seprona registraron la finca el 27 de junio de 2018. In situ, comprobaron que los propietarios tenían un criadero ilegal de tortugas. “Poseían una importante logística destinada a la cría y reproducción de los ejemplares de tortugas tanto acuáticas, como terrestres y de bosque que poseían así como galápagos, consistiendo dichas instalaciones en varias filas de piscinas de plástico, así como varios terrarios”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía. Los procesados destinaban dos habitaciones de la casa para la ubicación de neveras e incubadoras de huevos y de las crías que iban naciendo. 

En total, se interceptaron 800 tortugas de 71 especies distintas, exclusivamente en ese operativo. Según consta en la investigación, los agentes del Seprona practicaron nuevas entradas y registros en la misma finca los días 2, 4 y 12 de julio de ese año. En estas inspecciones localizaron, entre otros elementos, 119 tortugas hembras que se encontraban en período de ovulación, así como numerosos huevos depositados en incubadoras que los acusados tenían en la vivienda.

Durante estas nuevas actuaciones, los agentes procedieron también a la incautación de diverso material destinado tanto a la alimentación como a la cría y reproducción de los quelonios. El Ministerio Público subraya que, sumando los ejemplares intervenidos en todos los registros y aquellos que nacieron con posterioridad a partir de los huevos decomisados, el número total de especímenes incautados ascendió a 1.063.

Un negocio de medio millón de euros

De acuerdo a la valoración económica recogida en el escrito de acusación, el conjunto de los ejemplares decomisados -cuyo origen y adquisición legal no ha quedado acreditado-, junto con los nacidos en las instalaciones a partir de los huevos incautados, alcanza un valor total de 545.712 euros.

La Fiscalía señala además que todos los animales intervenidos, así como los huevos procedentes de los mismos, fueron depositados en las instalaciones de la Fundación Natura Parc (entidad gestora de diversos departamentos encargados de la conservación y recuperación animal y medioambiental). Esta entidad ha ido informando periódicamente, mediante facturas, de los gastos derivados del mantenimiento de los ejemplares. De acuerdo con las actuaciones, el Ministerio de Justicia había abonado hasta mayo de 2021 casi 188.000 euros en concepto de estos gastos, una cantidad que el Ministerio Público reclama ahora a los acusados.

En su escrito, la Fiscalía concluye que los acusados, “con la realización de la actividad desempeñada y atendiendo al volumen de ejemplares, las características de los mismos y las numerosas transacciones realizadas”, pusieron en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas.

El juicio encarará su recta final la próxima semana con las declaraciones de los acusados y los informes de las partes.

La nit avança entre copes i mirades còmplices. Hi ha coses que no es nomenen, però circulen amb naturalitat. En una sala de ball situada en una antiga possessió dels afores de Palma, l'opi i la morfina són una presència integrada en un ambient respectable. Només els músics queden al marge: han de tocar amb els ulls embenats o d'esquena al públic per no veure ni reconèixer. En aquest escenari de silencis compartits, el poder econòmic i la tolerància social es freguen sense a penes fer-se preguntes. Es diu La Venta Eritaña, antany una finca agrícola reconvertida en local de dubtosa fama, símbol nocturn d'una illa que ha après a mirar cap a una altra banda. L'halo de misteri que envolta el local -i el vel de discreció que cobreix els rostres dels qui hi acudeixen- no impedeixen, tanmateix, sostenir la seva realitat històrica. “Sabem que ha existit”, subratlla l'historiador Tomeu Canyelles en declaracions a elDiario.es.

L'investigador s'endinsa a les dubtoses pràctiques dutes a terme en aquest cabaret dels anys trenta en el seu recent llibre Cavalcar l'abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears, on retrata com, abans de la irrupció del turisme de masses, la geografia insular, amb les seves cales inacccesibles, costes abruptes i una limitada vigilància, va afavorir durant dècades una economia clandestina que anava molt més enllà del tabac o l'alcohol i com, sota la normalitat elegant de La Venta Eritaña, s'ocultaria un engranatge de rutes marítimes clandestines, favors i silencis que va convertir la Mallorca d'entreguerres en un territori dòcil a l'accés de la droga. Alguns autors, com Bartomeu Mestre i Sureda, han arribat a situar en aquest mapa de circuits ilícits la figura del poderós Juan March Ordinas, un dels mecenes que van finançar el cop franquista contra la Segona República.

Per a Mestre, una de les principals claus per a entendre el paper que hauria exercit aquest cabaret i la seva presumpta vinculació amb el sobrenomenat l'últim pirata del Mediterrani es troba en el llibre Die Insel donis Zweiten Gesichts -L'illa de la segona cara-, de l'escriptor alemany Albert Vigoleis Thelen. Al llarg de les seves més de 900 pàgines, l'obra, publicada el 1953 i traduïda al castellà 40 anys després, narra la seva estada a l'illa al costat de la seva futura esposa, Beatrice, entre 1931 i 1936, al mateix temps que ofereix una de les descripcions literàries més precises -i deliberadament emmascarades- de la fosca Mallorca dels anys trenta.

Abans de la irrupció del turisme de masses, la geografia insular va afavorir durant dècades una economia clandestina que anava molt més enllà del tabac o l'alcohol. En aquest mapa de circuits ilícits, autors com Bartomeu Mestre i Sureda situen la figura de Juan March Ordinas, un dels mecenes que van finançar el cop franquista contra la Segona República

Es tracta d'un ecosistema de mirada indulgent i silencis compartits que, tanmateix, no podria entendre's sense retrocedir a finals del segle XIX, com fa Canyelles al seu llibre. La revolució farmacològica produïda en aquella centúria havia permès la síntesi industrial d'estimulants i opiacis com la morfina (1804), la cocaïna (1855) o l'heroïna (1874), que a Espanya es van passar a dispensar sense recepta a les farmàcies i incorporades a preparats d'us comú especialment destinats a tractar dolors i afeccions respiratòries. Durant dècades, molt abans que aflorissin les alarmes sobre els seus efectes i les legislacions comencessin a endurir-se, les drogues van circular desproveïdes d'estigma moral, emparades per la confiança en els avenços de la ciència i la medicina.

Ja el 25 de març de 1819, Diario Balear informava dels efectes de la morfina descrits pel científic menorquí Mateu Orfila i explicava les seves formes d'administració, la seva potència i fins i tot els remeis per contrarestar els seus “efectes funestos” mitjançant emètics, àcids i cafè. En una nota titulada Química, el peridòdic assenyalava que “els efectes de la morfina són molt més enèrgics quan s'injecta a les venes que quan es pren per la boca” i revelava fins a quin punt, ja a començaments del segle XIX, aquests alcaloides circulaven no solament en àmbits científics, sinó també en la premsa generalitzada. Més que una substància marginal, la morfina apareixia llavors com un avenç mèdic digne de ser explicat al públic.

L'alarma social generada pels efectes adversos i els usos no terapèutics d'aquests compostos va provocar la fi de la seva venda lliure el 1918, quan es va aprovar la primera legislació que exigia recepta obligatòria, passant a dispensar-se sota prescripció mèdica. D'això informava Diario de Ibiza el 25 de juliol d'aquell any: “A Espanya està terminantment prohibida la venda de medicaments fora de les farmàcies i en aquestes solament pot fer-se amb prescripció facultativa, per la qual cosa es recorda als senyors farmacèutics el més exacte compliment de les mateixes, prohibint la venda de l'èter, cocaïna i morfina sense la corresponent recepta que asseguri un bon us dels mateixos”.

L'enduriment normatiu no va erradicar, tanmateix, l'accés a aquestes drogues, sinó que va contribuir a dotar-les d'una aura de desafiament i transgressió que va reforçar el seu atractiu. En paraules de Canyelles, es va construir “una eròtica associada intrínsicament a la prohibició i, amb això, al risc, la temeritaritat i l'exclusivitat”, emergint en paral·lel una economia opaca vinculada a l'àmbit sanitari en la qual metges i farmacèutics exercien un paper clau: alguns professionals es van convertir en intermediaris indispensables, ja sigui a través de prescripcions complaents o mitjançant el desviament irregular de preparats. El consum de narcòtics va començar a desplaçar-se cap als espais d'oci nocturn i locals de mala fama, on es va consolidar una cultura subterrània associada a l'excés i a la prohibició, preludi del mercat il·legal i les estructures de narcotràfic esteses dècades després, especialment a partir de la segona meitat del segle XX amb la irrupció a gran escala de la cocaïna i l'heroïna.

El consum de narcòtics va començar a desplaçar-se cap als espais d'oci nocturn i locals de mala fama, on es va consolidar una cultura subterrània associada a l'excés i a la prohibició, preludi del mercat il·legal i les estructures de narcotràfic esteses dècades després

La cocaïna, una “terrible fada” de “maleficis incalculables”

A tenor d'aquelles incipients xarxes de contraban, el 24 de juny de 1922 La Voz de Ibiza informava de la venda fraudulenta de “certs alcaloides com la morfina, l'opi i la cocoina a través del tràfic il·licit a què es dediquen infinitat de persones”. L'existència del delicte, s'assenyalava, es va revelar “per un incident casual”: “El metge que assistia un malalt va notar en aquest els efectes de la cocaïna que ell no havia receptat. La policia va realitzar investigacions, detenint quatre individus cambrers de bar que es dedicaven a la venda fraudulenta de dit alcaloide, comissant-los 150 grams que va trobar en el seu poder”. Dos mesos després, amb motiu de les “proporcions” que estava prenent la venda clandestina de cocaïna, el mateix peridòdic publicava un article que alertava de les conseqüències que acarreava el consum d'aquest “terrible verí”: “És una terrible fada, els maleficis de la qual són incalculables. Ens referim a la cocaïna. Aquest verí, que en medicina pot proporcionar grans serveis, causa els danys més irreparables a la societat francesa contemporània, generalitzant-se el seu ús a Espanya”.

La notícia assenyalava que el seu ús, limitat fins aleshores a “alguns intel·lectuals”, “avui tendeix a generalitzar-se entre totes les classes i en tot arreu es clama contra aquesta calamitat, ja que no solament arruïna la salut, [sinó] també la bossa”. I afegia: “Vegeu com la cocaïna s'importa d'Alemanya. A mesura que el marc baixa, puja el preu d'aquests pols blancs. Al mateix temps que els alemanys enverinen l'univers, ingressen quantitats boniques de diners”. Al novembre d'aquell mateix any, La Voz de Ibiza denunciava de nou com “la gent bé d'antany” i “els nous rics que van acaparar o sembrar fam i fent contraban de vides per sacsejar la seva modorra burgesa [...] es reaviven injectant-se morfina o ingerint grànuls cocaínics”. L'article subratllava un canvi d'escala: les substàncies narcòtiques havien deixat de ser patrimoni exclusiu de les classes privilegiades i començaven a perar cap a altres estrats socials, en un context d'acceleració urbana i canvis socials.

“Vicis de postín”: dels cercles mèdics a la nit urbana

No debades, la vida urbana, l'oci nocturn i la creixent mobilitat internacional van generar un brou de cultiu propici per a la circulació de narcòtics, encara que a Mallorca aquesta estava principalment reservada a les classes més benestants, cadascuna de les quals utilitzava els seus propis rituals i espais de consum. Investigacions històriques situen ja a les darreres dècades del segle XIX la consolidació de rutes irregulars entre Barcelona i l'arxipèlag que van facilitar l'entrada il·legal d'opiacis, especialment morfina. Com assenyala Canyelles, les primeres detencions, documentades en premsa, arxius duaners i expedients sanitaris, evidenciaven mètodes d'ocultació rudimentaris, però eficaços: ampolles de vidre amagades en objectes de tocador o petits envasos que iniciaven el seu recorregut en territori francès abans de creuar el Mediterrani. La insularitat, lluny d'actuar com a barrera, va funcionar com un avantatge logístic per a xarxes que operaven als marges de la legalitat.

El tuguri on “no es podia mirar”

En aquest context, l'historiador reconeix les dificultats que comporta investigar determinats episodis de la Mallorca d'entreguerres quan es tracta d'espais d'oci i sociabilitat vinculats a pràctiques moralment reprovables per a l'época. Tanmateix, diverses mencions en premsa i alguns testimonis permeten reconstruir el paper que hauria exercit aleshores una sala “de dubtosa fama” -com la descriu l'investigador en una altra de les seves obres, Tacats de desig- situada als afores de Palma: La Venta Eritaña. Enclavada en una antiga possessió coneguda com 'Can Costals', al seu interior no solament es ballava i es bevia. També funcionava com a “prostíbul de magatzem de contraban d'opi i de morfina”, segons assenyala, per la seva banda, l'historiador Bartomeu Mestre i Sureda, qui en un dels seus articles assevera que la droga hauria estat “transportada per un submarí alemany, el comandant del qual estava al servei d'en Verga” -sobrenom amb el qual era conegut March-.

Enclavada en una antiga possessió coneguda com 'Can Costals', a l'interior de La Venta Eritaña no solament es ballava i es bevia. També funcionava com a "prostíbul de magatzem de contraban d'opi i de morfina", segons assenyala l'historiador Bartomeu Mestre i Sureda

Un dels peridics que va publicitar la sala va ser Der Herold, un setmanari alemany que es va publicar a Mallorca entre els anys 1933 i 1934 i que anava especialment dirigit a les colònies germanes exiliades a Mallorca amb l'auge del nazisme. Entre les seves pàgines podia llegir-se aquest anunci: “La Venta Eritaña Cabaret. Freude-Tanz und schöne Frauen, ein Lokal von ganz besonderem Geschmack” (“Alegria, ball i dones hermoses, un local de gust molt especial”).

Una entrevista realitzada per l'historiador Llorenç Capellà a Ernest Felani, bateria de Los Trahumantes -un dels grups que va actuar a la sala-, revela que el local era frequentat “per artistes i toreros” i que, “quan compareixien determinades persones”, els músics havien de tocar “amb els ulls embenats”. Els qui no podien tocar de memòria, havien de fer-ho “d'esquena al públic”, un detall que reforçaria l'atmòsfera de clandestinitat i tolerància implícita que acompanyava la sala i la idea que en ella s'haurien desenvolupat pràctiques que no havien de ser vistes. És enmig d'aquest ambient marcat per la discreció i els silencis compartits on historiadors com Mestre situen la figura de Juan March, no com a protagonista visible, sinó com una ombra recurrent associada als engranatges econòmics que va sostenir.

Una de les principals claus per entendre el paper que hauria desempnyat La Venta Eritaña es troba al llibre 'La isla del segundo rostro', de l'escriptor alemany Albert Vigoleis. En ell narra la seva estada a l'illa al costat de la seva futura esposa, Beatrice, entre 1931 i 1936, i ofereix una de les descripcions literàries més precises -i deliberadament emmascarades- de la fosca Mallorca fosca dels anys trenta

L'obra que va encriptar el nom de La Venta Eritaña

Albert Vigoleis -un dels intel·lectuals germans que es van traslladar a la més gran de les Balears després de l'ascens de Hitler al poder-, l'obra del qual, La isla del segundo rostro, s'endinsa en els secrets de la nit palmesana dels anys trenta, explica que juntament amb la seva futura esposa es va allotjar en un enclavament anomenat la Torre del Rellotge, situat en una carretera que “conduïa a Sóller”. Mestre i Sureda es mostra convençut, a partir de les descripcions topogràfiques ofertes per l'escriptor alemany al llarg de més de 900 pàgines, que la sala a la qual al·ludeix amb aquest nom no és una altra que La Venta Eritaña, la ubicació de la qual situa al final del carrer 31 de desembre de Palma i a l'inici de l'antiga carretera de Sóller, igual que els anuncis de l'època.

“A casa d'uns amics, vam sentir una història de to altament romàntic: a mitja hora de distància de la ciutat de Palma, ens van dir, existia una finca misteriosa anomenada la Torre del Rellotge, que en realitat no era una veritable hisenda agrícola, sinó una sèrie de vells edificis amb una torre baixa i ampla. Corrien de boca en boca els més estranys rumors”, recorda Vigoleis. El personatge central i propietari de la casa és Arsenio, a qui l'autor descriu com “un sequaç de Juan March, una barreja de vell espadaxí i pistoler del western americà, que, pel que es deia, mantenia un bordell, que era al mateix temps taverna i hostal per a arriers, negocis tots ells que s'avenien bé entre sí i bastant turbis”.

L'autor no estalvia detalls: “Em sembla arribat el moment de perdre unes paraules sobre les activitats intrínseques de la Torre del Rellotge. La seva aparença de lloc de trànsit, fonda, comerç vinícola i cotxera era solament una cobertura. Arsenio havia organitzat allà un negoci genial de venda clandestina d'opiacis, que entraven de contraban camuflats en paquets de cigarrets nord-americans. Naturalment no era un traficant independent ni tampoc l'home principal de les Balears, encara que estava dotat de tot allò que caracteritza el patró, tenia mirada de cabdill militar i, fonamentalment, coneixia a fons la localitat i a la seva gent”. Acte seguit, relata que “la banda estava dirigida pel cèlebre banquer Juan March, àlies El Verga, sobrenom que la família duia amb honor i que es referia a la verga de toro amb què domestiquaven els seus ramats de porcs”.

“Era l'home més ric d'Espanya i un dels més rics d'Europa, enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion, com va dir [George] Bernanos sobre ell en el seu llibre sobre la guerra civil espanyola, que, tot s'ha de dir, va ser àmpliament finançada per ell. En l'actualitat és més ric que mai, segons m'han informat amics espanyols”, afegeix Vigoleis, qui, en un altre passatge, assenyala que “Juan March era el rei coronat de l'illa, Arsenio el soberà sense corona”. Segons l'autor alemany, Arsenio no és March, però aquest hauria actuat com el seu reflex operatiu pressumptament controlant l'espai, gestionanant el contraban, mantenint relacions amb policies, carabiners i marins i garantint el funcionament quotidià d'una economia il·legal perfectament engraxonada.

Era l'home més ric d'Espanya i un dels més rics d'Europa, 'enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion', com va dir [George] Bernanos sobre ell en el seu llibre sobre la guerra civil espanyola, que, tot s'ha de dir, va ser amplament finanaada per ell. En l'actualitat és més ric que mai, segons m'han informat amics espanyols

Albert Vigoleis — Autor de 'La isla del segundo rostro'

Sobre la Torre del Rellotge, l'obra explica que va ser, en origen, una finca anomenada Can Costals, un antic nom que havia caigut en desús. “En el nostre estable-prostíbul regnava un ambient de festa. Fins i tot un venedor ambulant havia muntat un tenderet en el qual oferia llaminadures i petits regals com els que agraden a les jovenetes que mai no s'entregarien per diners. A casa d'Arsenio tot estava previst. Qui ama la seva ànima ha d'igualment coure pastissos per al seu cos”, narra Vigoleis, el text del qual, a partir de les dades que ofereix sobre contactes internacionals, trfic d'estupefaents i personatges estrangers que desapareixen sense deixar rastre, apunta que la Torre del Rellotge hauria funcionat durant un perode com a venda i hostal suposadament vinculada al submón del contraban integrada a l'òrbita de Juan March.

Noms ocults davant la possible “persecució”

Al terme de l'obra, Vigoleis aclareix que dels seus personatges, “vius o ja morts, no es pot parlar de simple semblança” i assenyala que cadascun d'ells “figura amb la seva pròpia imatge, sense ombres estranyes que la desfigurin”. A continuació, tanmateix, deixa caure que “és possible que s'hagi procedit a donar alguns retocs a la imatge per apartar el lector de la pista de la seva personalitat real, quan d'això podrien esperar-se persecucions per poderosos grups polítics o d'alguns individus aillats igualment poderosos”.

Al terme de l'obra, Vigoleis aclareix que dels seus personatges, "vius o ja morts, no es pot parlar de simple semblança", encara que deixa caure que "és possible que s'hagi procedit a donar alguns retocs a la imatge per apartar el lector de la pista de la seva personalitat real, quan d'això podrien esperar-se persecucions per poderosos grups polítics o d'alguns individus aillats igualment poderosos"

Aquest tipus de testimonis, subratlla Canyelles en declaracions a aquest periòdic, permeten inferir quin tipus d'ambient es respirava en determinats locals com La Venta Eritaña: “Suposadament es feien all coses una mica compromeses o actituds moralment reprobables”, explica. En aquesta línia, incideix en com determinades estructures econòmiques i xarxes clandestines van facilitar la circulació de substàncies, si bé apel·la a la cautela a l'hora de parlar de responsabilitats directes. “No es pot afirmar que March fes allà explícitament negoci d'això”, assevera respecte La Venta Eritaña.

Aquest tipus de testimonis, subratlla Canyelles, permeten inferir quin tipus d'ambient es respirava en determinats locals com La Venta Eritaña: "Suposadament es feien all coses una mica compromeses o actituds moralment reprobables”, explica, al·ludint a com determinades estructures econòmiques i xarxes clandestines van facilitar la circulació d'opiacis

Així mateix, emplaça a no perdre de perspectiva que el consum de drogues en aquell moment era “molt minoritari, especialment entre la població local d'aleshores”, encara que apunta a “factors incontrolables que feien que certs espais fossin propicis per poder consumir”. L'investigador emmarca l'increment de la producció i el consum d'opiacis -tant a Mallorca com a altres llocs- en un context europeu marcat per la violència de la Gran Guerra: “Després del gran trauma psicològic de la guerra i d'un moment de sofriment, era normal que la gent tingués ganes de celebrar la vida, per això aquesta concepció dels feliços anys vint i la visió que tenim de París, del Charleston...”.

En aquesta mateixa línia, aludeix a les conseqüncies físiques del conflicte bèlic: “Va deixar moltes persones mutilades i amb altres seqüeles. La gent necessitava elements per alleugerir el dolor no solament mental, sinó el purament físic, el que provoca que s'incrementi la presència de la morfina. Va ser un moment en què es va començar a produir de forma clandestina, en el què va començar a haver laboratoris en certs llocs i en què va començar a haver-hi una major accessibilitat”.

La història de La Venta Eritaña no parla solament de drogues ni d'un local concret, sinó d'una època en què el poder econòmic, la tolerància social i el silenci compartit haurien permès que determinades pràctiques s'integressin sense estridències en la vida nocturna de l'illa. Reconstruir aquest passat permet entendre com Mallorca va aprendre aviat a conviure amb allò que no s'anomenava. I com, en molts de casos, mirar cap a una altra banda també va ser una forma de poder.

La noche avanza entre copas y cómplices miradas. Hay cosas que no se nombran, pero circulan con naturalidad. En una sala de baile situada en una antigua possessió de las afueras de Palma, el opio y la morfina son una presencia integrada en un ambiente respetable. Solo los músicos quedan al margen: deben tocar con los ojos vendados o de espaldas al público para no ver ni reconocer. En este escenario de silencios compartidos, el poder económico y la tolerancia social se rozan sin apenas hacerse preguntas. Se llama La Venta Eritaña, antaño una finca agrícola reconvertida en local de dudosa fama, símbolo nocturno de una isla que ha aprendido a mirar hacia otro lado. El halo de misterio que rodea al local -y el velo de discreción que cubre los rostros de quienes allí acuden- no impiden, sin embargo, sostener su realidad histórica. “Sabemos que ha existido”, subraya el historiador Tomeu Canyelles en declaraciones a elDiario.es.

El investigador se adentra en las dudosas prácticas llevadas a cabo en este cabaret de los años treinta en su libro Cavalcar l'abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears (recientemente editado por Lleonard Muntaner), donde retrata cómo, antes de la irrupción del turismo de masas, la geografía insular, con sus calas inaccesibles, costas abruptas y una limitada vigilancia, favoreció durante décadas una economía clandestina que iba mucho más allá del tabaco o el alcohol y cómo, bajo la normalidad elegante de La Venta Eritaña, se ocultaría un engranaje de rutas marítimas clandestinas, favores y silencios que convirtió a la Mallorca de entreguerras en un territorio dócil al acceso de la droga. Algunos autores, como Bartomeu Mestre i Sureda, han llegado a situar en este mapa de circuitos ilícitos la figura del poderoso Juan March Ordinas, a la postre uno de los mecenas que financiarían el golpe franquista contra la Segunda República.

Para Mestre, una de las principales claves para entender el papel que habría desempeñado este cabaret y su presunta vinculación con el apodado el último pirata del Mediterráneo se halla en el libro Die Insel des Zweiten Gesichts -La isla del segundo rostro-, del escritor alemán Albert Vigoleis Thelen. A lo largo de sus más de 900 páginas, la obra, publicada en 1953 y traducida al castellano 40 años después, narra su estancia en la isla junto a su futura esposa, Beatrice, entre 1931 y 1936, al tiempo que ofrece una de las descripciones literarias más precisas -y deliberadamente enmascaradas- de la oscura Mallorca de los años treinta.

Antes de la irrupción del turismo de masas, la geografía insular favoreció durante décadas una economía clandestina que iba mucho más allá del tabaco o el alcohol. En ese mapa de circuitos ilícitos, algunos autores, como Bartomeu Mestre i Sureda, han llegado a situar a Juan March Ordinas, a la postre uno de los financiadores del golpe franquista contra la Segunda República

Se trata de un ecosistema de mirada indulgente y silencios compartidos que, con todo, no podría entenderse sin retroceder hasta finales del siglo XIX, como hace Canyelles en su libro. La revolución farmacológica producida en aquella centuria había permitido la síntesis industrial de estimulantes y opiáceos como la morfina (1804), la cocaína (1855) o la heroína (1874), que en España pasaron a ser dispensadas sin receta en las farmacias e incorporadas a preparados de uso común especialmente destinados a tratar dolores y afecciones respiratorias. Durante décadas, mucho antes de que afloraran las alarmas sobre sus efectos y las legislaciones comenzaran a endurecerse, las drogas circularon desprovistas de estigma moral, amparadas por la confianza en los avances de la ciencia y la medicina.

Ya el 25 de marzo de 1819, Diario Balear informaba de los efectos de la morfina descritos por el científico menorquín Mateu Orfila y explicaba sus modos de administración, su potencia e incluso los remedios para contrarrestar sus “efectos funestos” mediante eméticos, ácidos y café. En una nota titulada Química, el periódico señalaba que “los efectos de la morfina son mucho más enérgicos cuando se inyecta en las venas que cuando se toma por la boca” y revelaba hasta qué punto, ya a comienzos del siglo XIX, estos alcaloides circulaban no solo en ámbitos científicos, sino también en la prensa generalizada. Más que una sustancia marginal, la morfina aparecía entonces como un avance médico digno de ser explicado al público.

Sin embargo, la alarma social generada por los efectos adversos y los usos no terapéuticos de estos compuestos provocaron el fin de su venta libre en 1918, cuando se aprobó la primera legislación que exigía receta obligatoria, pasando a dispensarse bajo prescripción médica. De ello informaba Diario de Ibiza el 25 de julio de ese año: “En España está terminante prohibida la venta de medicamentos fuera de las farmacias y en éstas solo puede hacerse con prescripción facultativa, por lo que se recuerda a los señores farmacéuticos el más exacto cumplimiento de las mismas, prohibiendo la venta del éter, cocaína y morfina sin la correspondiente receta que asegure un buen uso de los mismos”.

El endurecimiento normativo no erradicó, sin embargo, el acceso a estas drogas, sino que contribuyó a dotarlas de un aura de desafío y transgresión que reforzó su atractivo. En palabras de Canyelles, se construyó “una erótica asociada intrínsecamente a la prohibición y, con ello, al riesgo, la temeridad y la exclusividad”, emergiendo en paralelo una economía opaca vinculada al ámbito sanitario en la que médicos y farmacéuticos desempeñaban un papel clave: algunos profesionales se convirtieron en intermediarios indispensables, ya fuera a través de prescripciones complacientes o mediante el desvío irregular de preparados. El consumo de narcóticos comenzó a desplazarse hacia los espacios de ocio nocturno y locales de mala fama, donde se consolidó una cultura subterránea asociada al exceso y a lo prohibido, preludio del mercado ilegal y las estructuras de narcotráfico extendidas décadas después, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la irrupción a gran escala de la cocaína y la heroína.

El consumo de narcóticos comenzó a desplazarse hacia los espacios de ocio nocturno y locales de mala fama, donde se consolidó una cultura subterránea asociada al exceso y a lo prohibido, preludio del mercado ilegal y las estructuras de narcotráfico extendidas décadas después

La cocaína, una “terrible hada” de “maleficios incalculables”

A tenor de aquellas incipientes redes de contrabando, el 24 de junio de 1922 La Voz de Ibiza informaba de la venta fraudulenta de “ciertos alcaloides como la morfina, el opio y la cocoína a cuyo tráfico ilícito se dedican infinidad de personas”. La existencia del delito, señalaba, se reveló “por un incidente casual”: “El médico que asistía a un enfermo notó en este los efectos de la cocaína que él no había recetado. La policía realizó investigaciones, deteniendo a cuatro individuos camareros de bar que se dedicaban a la venta fraudulenta de dicho alcaloide, incautándoles 150 gramos que halló en su poder”. Dos meses después, con motivo de las “proporciones” que estaba tomando la venta clandestina de cocaína, el mismo periódico publicaba un artículo que alertaba de las consecuencias que acarreaba el consumo de este “terrible veneno”: “Es una terrible hada, cuyos maleficios son incalculables. Nos referimos a la cocaína. Este veneno, que en medicina puede proporcionar grandes servicios, causa los daños más irreparables a la sociedad francesa contemporánea, generalizándose su uso en España”.

La noticia señalaba que su uso, limitado hasta entonces a “algunos intelectuales”, “hoy tiende a generalizarse entre todas las clases y en todas partes se clama contra esta calamidad, ya que no solamente arruina la salud, [sino] también la bolsa”. Y añadía: “Véase cómo la cocaína se importa de Alemania. A medida que el marco baja, sube el precio de estos polvos blancos. Al mismo tiempo que los alemanes envenenan al universo, ingresan bonitas cantidades de dinero”. En noviembre de ese mismo año, La Voz de Ibiza denunciaba de nuevo cómo “la gente bien de antaño” y “los nuevos ricos que acapararon oro sembrando hambre y contrabandeando vidas para sacudir su modorra burguesa [...] se reavivan inyectándose morfina o ingiriendo gránulos cocaínicos”. El artículo subrayaba un cambio de escala: las sustancias narcóticas habían dejado de ser patrimonio exclusivo de las clases privilegiadas y comenzaban a permear hacia otros estratos sociales, en un contexto de cambios sociales y aceleración urbana.

“Vicios de postín”: de los círculos médicos a la noche urbana

No en vano, la vida urbana, el ocio nocturno y la creciente movilidad internacional generaron un caldo de cultivo propicio para la circulación de narcóticos, aunque en Mallorca esta estaba principalmente reservada a las clases más acomodadas, cada una de las cuales utilizaba sus propios rituales y espacios de consumo. Investigaciones históricas sitúan ya en las últimas décadas del siglo XIX la consolidación de rutas irregulares entre Barcelona y el archipiélago que facilitaron la entrada ilegal de opiáceos, especialmente morfina. Como señala Canyelles, las primeras detenciones, documentadas en prensa, archivos aduaneros y expedientes sanitarios, evidenciaban métodos de ocultación rudimentarios, pero eficaces: ampollas de vidrio escondidas en objetos de tocador o pequeños envases que iniciaban su recorrido en territorio francés antes de cruzar el Mediterráneo. La insularidad, lejos de actuar como barrera, funcionó como una ventaja logística para redes que operaban en los márgenes de la legalidad.

El tugurio donde “no se podía mirar”

En este contexto, Canyelles reconoce las dificultades que entraña investigar determinados episodios de la Mallorca de entreguerras cuando se trata de espacios de ocio y sociabilidad vinculados a prácticas moralmente reprobables para la época. Sin embargo, diversas menciones en prensa y algunos testimonios permiten reconstruir el papel que habría ejercido entonces una sala “de dudosa fama” -como la describe el historiador en otra de sus obras, Tacats de desig- situada a las afueras de Palma: La Venta Eritaña. Enclavada en una antigua possessió conocida como 'Can Costals', en su interior no solo se bailaba y se bebía. También funcionaba como “prostíbulo de almacén de contrabando de opio y de morfina”, según señala, por su parte, Bartomeu Mestre, quien en uno de sus artículos asevera que la droga habría sido “transportada por un submarino alemán, el comandante del cual estaba al servicio de en Verga” -apodo con el que era conocido March-.

Precisamente, otro historiador, Pere Ferrer, autor de obras como Contrabando, corrupción y estraperlo en Mallorca, 1939-1975 y Juan March: el hombre más misterioso del mundo, manifestó en una entrevista que la morfina que en la década de los veinte se consumía en Barcelona “salía de Mallorca” y cómo llegaba a la isla “a través de un proveedor alemán”, aseverando, con todo, que “el tráfico no fue a más, porque era un consumo selectivo que dejaba pocos beneficios”. Tales afirmaciones las recoge Canyelles en su reciente libro, en el que alude, además “a los contactos que jugó el célebre político y financiero mallorquín Joan March Ordinas (1880-1962) con la Armada del Imperio Austro-Húngaro durante los primeros días de la Primera Guerra Mundial”.

Enclavada en una antigua possessió conocida como 'Can Costals', en el interior de La Venta Eritaña no solo se bailaba y se bebía. También funcionaba como "prostíbulo de almacén de contrabando de opio y de morfina", según señala, por su parte, el historiador Bartomeu Mestre i Sureda

Más allá de la influencia o no que en este aspecto habría ejercido March, uno de los vestigios más claros de la actividad de la sala fueron los anuncios que publicó en su momento Der Herold, un semanario alemán que se editó en Mallorca entre los años 1933 y 1934 y que iba especialmente dirigido a las colonias germanas exiliadas en Mallorca con el auge del nazismo. Entre sus páginas podía leerse este anuncio: “La Venta Eritaña Cabaret. Freude-Tanz und schöne Frauen, ein Lokal von ganz besonderem Geschmack” (“Alegría, baile y mujeres hermosas, un local de gusto muy especial”).

En paralelo, una entrevista realizada por el historiador Llorenç Capellà a Ernest Felani, batería de Los Trashumantes -uno de los grupos que actuó en la sala-, revela que el local era frecuentado “por artistas y toreros” y que, “cuando comparecían determinadas personas”, los músicos debían tocar con los ojos vendados. Quienes no podían tocar de memoria, debían hacerlo “de espaldas al público”, un detalle que reforzaría la atmósfera de clandestinidad y tolerancia implícita que acompañaba a la sala y la idea de que en ella se habrían desarrollado prácticas que no debían ser vistas. Es en medio de este ambiente marcado por la discreción y los silencios compartidos donde historiadores como Mestre sitúan la figura de Juan March, no como protagonista visible, sino como una sombra recurrente asociada a los engranajes económicos que sostuvo.

La obra que encriptó el nombre de La Venta Eritaña

Albert Vigoleis -uno de los intelectuales germanos que se trasladaron a la mayor de las Balears tras el ascenso de Hitler al poder-, cuya obra La isla del segundo rostro se adentra en los entresijos de la noche palmesana de los años treinta, explica que, junto a su futura mujer, se alojó en un enclave llamado la Torre del Reloj, situado en una carretera que “conducía a Sóller”. Mestre i Sureda se muestra convencido, a partir de las descripciones topográficas ofrecidas por el escritor alemán a lo largo de más de 900 páginas, de que la sala a la que alude con este nombre no es otra que La Venta Eritaña, cuya ubicación sitúa al término de la calle 31 de diciembre de Palma y al inicio de la antigua carretera de Sóller, al igual que los anuncios de la época.

“En casa de unos amigos, oímos una historia de tono altamente romántico: a una media hora de distancia de la ciudad de Palma, se nos dijo, existía una finca misteriosa llamada la Torre del Reloj, que en realidad no era una verdadera hacienda agrícola, sino una serie de viejos edificios con una torre baja y ancha. Corrían de boca en boca los más extraños rumores”, describe Vigoleis. El personaje central y dueño de la casa es Arsenio, a quien el autor describe como “un secuaz de Juan March, una mezcla de viejo espadachín y pistolero del Oeste americano que, por lo que se decía, mantenía un burdel, que era al mismo tiempo taberna y posada para arrieros, negocios todos ellos que se avenían bien entre sí y bastante turbios”.

El autor no ahorra detalles: “Me parece llegado el momento de perder unas palabras sobre las actividades intrínsecas de la Torre del Reloj. Su apariencia de lugar de tránsito, fonda, comercio vinícola y cochera era sólo una cobertura. Arsenio había organizado allí un negocio genial de venta clandestina de opiáceos, que entraban de contrabando camuflados en paquetes de cigarrillos norteamericanos. Naturalmente no era un traficante independiente ni tampoco el hombre principal de las Baleares, aunque estaba dotado de todo aquello que caracteriza al patrón, tenía mirada de caudillo militar y, fundamentalmente, conocía a fondo la localidad y a sus gentes”. Acto seguido, relata que “la banda estaba dirigida por el célebre banquero Juan March, alias El Verga, apodo que la familia llevaba con honor y que se refería a la verga de toro con que domesticaban a sus piaras de cerdos”.

“Era el hombre más rico de España y uno de los más ricos de Europa, enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion, como dijo [George] Bernanos sobre él en su libro sobre la guerra civil española, que, todo hay que decirlo, fue ampliamente financiada por él. En la actualidad es más rico que nunca, según me han informado amigos españoles”, añade Vigoleis, quien, en otro pasaje, señala que “Juan March era el rey coronado de la isla, Arsenio el soberano sin corona”. Según el autor alemán, Arsenio no es March, pero este habría actuado como su reflejo operativo presuntamente controlando el espacio, gestionando el contrabando, manteniendo relaciones con policías, carabineros y marinos y garantizando el funcionamiento cotidiano de una economía ilegal perfectamente engrasada.

Era el hombre más rico de España y uno de los más ricos de Europa, 'enrichi au su de toute l’Espagne par le fraude et la concussion', como dijo [George] Bernanos sobre él en su libro sobre la guerra civil española, que, todo hay que decirlo, fue ampliamente financiada por él. En la actualidad es más rico que nunca, según me han informado amigos españoles

Albert Vigoleis — Autor de 'La isla del segundo rostro'

Sobre la Torre del Reloj, la obra explica que fue, en origen, una finca llamada Can Costals, un antiguo nombre que había caído en desuso. “En nuestro establo-prostíbulo reinaba un ambiente de fiesta. Incluso un vendedor ambulante había montado un tenderete en el que ofrecía golosinas y pequeños regalos como los que gustan a las jovencitas que jamás se entregarían por dinero. En casa de Arsenio todo estaba previsto. Quien ama su alma debe igualmente cocer pasteles para su cuerpo”, narra Vigoleis, cuyo texto, a partir de los datos que ofrece sobre contactos internacionales, tráfico de estupefacientes y personajes extranjeros que desaparecen sin dejar rastro apuntaría, a juicio de Mestre, a que la Torre del Reloj habría funcionado como venta y posada vinculada al submundo del contrabando integrado en la órbita de Juan March.

Nombres ocultos ante la posible “persecución”

Al término de la obra, Vigoleis aclara que de sus personajes, “vivos o ya fallecidos, no puede hablarse de simple parecido” y señala que cada uno de ellos “figura con su propia imagen, sin sombras extrañas que la desfiguren”. A continuación, sin embargo, desliza que “es posible que se haya procedido a dar algunos retoques a la imagen para apartar al lector de la pista de su personalidad real, cuando de ello podrían esperarse persecuciones por poderosos grupos políticos o de algunos individuos aislados igualmente poderosos”.

Al término de la obra, Vigoleis aclara que de sus personajes, "vivos o ya fallecidos, no puede hablarse de simple parecido", aunque desliza que "es posible que se haya procedido a dar algunos retoques a la imagen para apartar al lector de la pista de su personalidad real, cuando de ello podrían esperarse persecuciones por poderosos grupos políticos o de algunos individuos aislados igualmente poderosos"

Este tipo de testimonios, subraya Canyelles en declaraciones a este periódico, permiten inferir qué tipo de ambiente se respiraría en determinados locales como La Venta Eritaña: “Supuestamente se hacían allí cosas un poco comprometedoras o actitudes moralmente reprobables”, explica. En esta línea, incide en cómo determinadas estructuras económicas y redes clandestinas habrían facilitado la circulación de sustancias, si bien apela a la cautela a la hora de hablar de responsabilidades directas. “No se puede afirmar que March hiciese allí explícitamente negocio de esto”, asevera respecto a La Venta Eritaña.

Este tipo de testimonios, subraya Canyelles, permiten inferir qué tipo de ambiente se respiraría en determinados locales como La Venta Eritaña: "Supuestamente se hacían allí cosas un poco comprometedoras o actitudes moralmente reprobables”, explica, aludiendo a cómo determinadas estructuras económicas y redes clandestinas habrían facilitado la circulación de opiáceos

Asimismo, emplaza a no perder de perspectiva que el consumo de drogas en aquel momento era “muy minoritario, especialmente entre la población local entonces”, aunque apunta a “factores incontrolables que hacían que ciertos espacios fuesen propicios para poder consumir”. El investigador enmarca el incremento de la producción y el consumo de opiáceos -tanto en Mallorca como en otros lugares- en un contexto europeo marcado por la violencia de la Gran Guerra: “Después del gran trauma psicológico de la guerra y de un momento de sufrimiento, era normal que la gente tuviera ganas de celebrar la vida, de ahí esa concepción de los felices años veinte y la visión que tenemos de París, del Charleston...”.

En esta misma línea, alude a las consecuencias físicas del conflicto bélico: “Dejó a muchas personas mutiladas y con otras secuelas. La gente necesitaba elementos para aligerar el dolor no solo mental, sino el puramente físico, lo que provoca que se incremente la presencia de la morfina. Fue un momento en que se empezó a producir de forma clandestina, en el que comenzó a haber laboratorios en ciertos lugares y en el que empezó a haber una mayor accesibilidad”.

La historia de La Venta Eritaña no habla solo de drogas ni de un local concreto, sino de una época en la que el poder económico, la tolerancia social y el silencio compartido habrían permitido que determinadas prácticas se integraran sin estridencias en la vida nocturna de la isla. Reconstruir ese pasado permite entender cómo Mallorca aprendió pronto a convivir con aquello que no se nombraba. Y cómo, en muchos casos, mirar hacia otro lado también fue una forma de poder.

El Gobierno de Lituania ha declarado este martes el estado de emergencia a nivel nacional para hacer frente “de manera más efectiva” a los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia y que perturban el tráfico aéreo en los aeropuertos de la capital, Vilna, y de la segunda ciudad más grande del país, Kaunas.

“Debido a la amenaza continua para los intereses de seguridad nacional del Estado y al peligro para la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente que representan los ataques de globos lanzados desde Bielorrusia hacia territorio lituano y que transportan contrabando, se declara un estado de emergencia a nivel nacional en todo el país”, señaló en un comunicado el Gobierno lituano.

La primera ministra, Inga Ruginienė, calificó estas llegadas de “ataque híbrido de Bielorrusia” y justificó la decisión en la necesidad de “tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque”.

Desde octubre, el aeropuerto de Vilna ha tenido que cerrar durante más de 60 horas en total debido a la amenaza que representan para la aviación civil los globos de contrabando, en su mayoría tabaco, lo que afectó a más de 350 vuelos y aproximadamente 51.000 pasajeros, según los datos de las autoridades lituanas.

Con la declaración de emergencia, agencias gubernamentales como la Policía, el Ejército y los guardias fronterizos podrán tomar decisiones más rápidas para enfrentar la amenaza de los globos y las actividades de los contrabandistas de cigarrillos que operan en Lituania para recibir las cargas transportadas por estos globos.

El Gobierno lituano aseguró que todas las instituciones pertinentes aúnan sus esfuerzos para prevenir la amenaza que suponen los globos de contrabando y los ciudadanos no experimentarán ninguna molestia debido al estado de emergencia declarado.

El pasado 30 de noviembre, el aeropuerto de la capital, Vilna, se vio obligado a cesar su actividad durante casi siete horas por la presencia de globos en el espacio aéreo del país báltico, lo que obligó a cancelar varios vuelos, un hecho recurrente en las últimas semanas.

A finales de octubre, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que la repetida presencia de los globos meteorológicos en el espacio aéreo de su país, empleados usualmente por contrabandistas desde Bielorrusia, constituía una “amenaza híbrida”.

El 29 de octubre, debido a la reiterada interrupción de la actividad en los principales aeropuertos de Lituania, Vilna y Kaunas, el país báltico decidió cerrar su frontera con Bielorrusia. El pasado 19 de noviembre, el Gobierno decidió sin embargo reabrir los pasos fronterizos.

Lukashenko pide diálogo a Lituania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha hecho este martes un llamamiento al diálogo a las autoridades lituanas: “Si intentan iniciar algún tipo de conflicto aquí, será muy difícil que lo logren. Siempre alcanzaremos un acuerdo con el pueblo lituano, igual que con los polacos. Son nuestra gente”, señaló Lukashenko durante una reunión del Consejo de Seguridad.

El presidente bielorruso subrayó que los pilotos con los que ha consultado le confirmaron que incluso en el caso improbable de que los globos alcanzaran grandes alturas no representarían un problema para la aviación civil. “Lo que nos dicen hoy los lituanos es imposible”, insistió, y acusó a Vilna de politizar la situación.

En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Ígor Sekreta, asegura que Minsk ha propuesto a Vilna abrir consultas en varias ocasiones, la última de ellas en la reunión ministerial de la OSCE.

“Cualquier contacto político con la parte bielorrusa es, por algún motivo, interpretado por los lituanos como una derrota. Espero que en breve impere la opinión de los políticos sensatos, que en Lituania los hay, y se tome la decisión de mantener esos contactos”, comentó, según informa la agencia BELTA.

Cuando Park Seung-hwan (nombre ficticio) tiene un momento para sí mismo, abre Google Earth y busca su casa familiar. Con este gesto, este hombre de 30 años comprueba que su familia ha podido reparar el tejado y que los cultivos crecen, lo que es una prueba tangible de que el dinero que envió a casa ha llegado correctamente.

Park explica que enviar dinero era “la forma más sencilla” de sentirse conectado con su familia. Añade que le preocupa que, sin estas remesas, su hermano pueda ser reclutado y enviado a luchar a Rusia, ya que su familia no tendrá suficiente dinero para pagar los sobornos y que el chico se libre de que lo llamen a filas.

Park huyó de Corea del Norte en 2012 y ahora vive en Seúl, en Corea del Sur. El dinero que enviaba recorría una de las rutas financieras más peligrosas del mundo y dependía de una red clandestina que quedó prácticamente inoperativa por el cierre de las fronteras debido a la pandemia de COVID-19. En un contexto de mano dura sin precedentes por parte de Corea del Sur contra estas operaciones financieras y el peligro de caer en estafas, Park lleva dos años sin poder enviar nada.

A medida que aumentaban los norcoreanos que huían de China a Corea del Sur, aumentó el número de personas que querían enviar dinero a sus familias

Ju Su-yeon — Participante en una red de envío de remesas a Corea del Norte

La entrega de las remesas se realiza en varios pasos. Primero, los fugitivos norcoreanos en Corea del Sur entregan el dinero a intermediarios, a menudo compañeros desertores, que convierten los wones surcoreanos en moneda china. A continuación, los fondos pasan por intermediarios chinos antes de ser introducidos de contrabando a través de la frontera con Corea del Norte, donde los intermediarios se encargan de la entrega. La comunicación se realiza a través de teléfonos chinos que funcionan cerca de la frontera, y las familias a veces envían vídeos en los que se les ve contando el dinero para confirmar su recepción.

“A medida que aumentaban los norcoreanos que huían de China a Corea del Sur, aumentó el número de personas que querían enviar dinero a sus familias”, explica Ju Su-yeon, quien, junto con su marido, afirma haber ayudado a facilitar la huida de más de 2.500 norcoreanos y, posteriormente, haber coordinado el envío de remesas de muchas familias.

Una encuesta realizada por el Centro de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB) a 362 desertores puso de manifiesto que el 40% había enviado dinero a Corea del Norte en los cinco años anteriores. Ju estima que solo alrededor del 60% del dinero llega a las familias, después de descontar las comisiones y los sobornos.

Park, que ahora trabaja en el sector de los medios de comunicación, solía enviar entre dos y tres millones de wones (entre 1.200 y 1.900 euros) en cada envío, lo que, según él, era suficiente para que la familia “tuviera arroz blanco durante todo un año, lo que en Corea del Norte es la máxima expresión de privilegio y estabilidad”.

De su etapa universitaria, cuenta que cree que probó “todo tipo de trabajos a tiempo parcial”. “Todo el dinero extra que tenía lo ahorraba para enviárselo a mi familia. Eso a menudo significaba dormir poco y esforzarme por concentrarme en mis estudios”, explica.

Adiós a las rutas históricas

Después de años haciendo la vista gorda, la policía surcoreana comenzó a investigar las redes en 2023. De hecho, en muchos casos las autoridades comenzaron a investigar cuando los agentes de protección policial asignados a los desertores se percataron de que estos enviaban dinero. Lo que comenzó como investigaciones de seguridad nacional se convirtió en procesos por delitos financieros (cuando no se encontraron pruebas de espionaje).

Las empresas de cambio de divisas deben registrarse ante el Gobierno, según la legislación surcoreana, lo que sigue siendo imposible para las remesas de Corea del Norte, ya que no existen canales legales entre dos países que técnicamente están en guerra.

Al menos 10 personas presuntamente implicadas en facilitar estas transferencias han sido investigadas, y al menos tres han ido a juicio actualmente por violar las leyes de cambio de divisas. Aunque, según algunas informaciones, la policía ha dejado de iniciar nuevas investigaciones, los tribunales siguen dictando sentencias condenatorias en los casos en curso.

“Cerca del 70% de las rutas y la red que teníamos para enviar las remesas ya no existen”, afirma Ju. “Será muy difícil, casi imposible, reconstruir y recuperar esa red”, prevé.

Por otro lado, las estafas son habituales y Park lleva uno o dos años sin poder enviar dinero, desde que sus intermediarios de confianza dejaron de trabajar. “Me preocupa que, si utilizo una nueva red, me estafen”, recela.

Impulso para una solución legal

Conscientes de la crisis, algunos políticos han propuesto cambios legislativos. El legislador del partido opositor People Power Ihn Yo-han está preparando un proyecto de ley para legalizar las remesas a pequeña escala con fines humanitarios, según informaciones de prensa.

Un funcionario del Ministerio de Unificación ha reconocido las limitaciones de la ley y ha indicado que esta situación “debe abordarse teniendo muy en cuenta tanto el cumplimiento de la Ley de Transacciones de Divisas como el aspecto humanitario de apoyar el sustento de las familias [de los desertores]”.

Enviar remesas es mi forma de aliviar la culpa y seguir cuidando de mi familia, aunque sea desde la distancia

Park Seung-hwan (nombre ficticio) — Norcoreano que vive en el sur

Para las personas que han dedicado su vida a esta labor, esta situación tiene implicaciones mucho más profundas. Con las relaciones intercoreanas en su peor momento en años, las redes informales de remesas representan una de las pocas ventanas que quedan para conocer la vida cotidiana en Corea del Norte, y los servicios de inteligencia surcoreanos llevan mucho tiempo dependiendo de la información que fluye de forma natural a través de estas conexiones.

“Nos utilizan cada vez que cambia el Gobierno en Corea del Sur”, afirma Ju. “El hecho de que consideremos Corea del Norte nuestro hogar no significa que puedan tratarnos como espías cuando les conviene políticamente”, critica.

Para Park, lo que está en juego es algo muy personal. Se ha casado recientemente, y su familia todavía no lo sabe. Espera encontrar una forma de enviar dinero y dar la buena noticia para las tradicionales vacaciones coreanas de otoño: “Los primeros años después de llegar a Corea del Sur viví con una culpa abrumadora por haberlos dejado atrás. Enviar remesas es mi forma de aliviar esa culpa y seguir cuidando de ellos, aunque sea desde la distancia”.

Traducción de Emma Reverter

El pasado día 15 de septiembre, efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaban un punto de verificación fiscal en la carretera N-230, a la altura del término municipal de Arén, procedieron a dar el alto a una furgoneta, para la comprobación de la carga que transportaba, hallando en su interior, 140 cajas de color blanco sin ningún tipo de inscripción, conteniendo un total de 70.000 cajetillas de tabaco de una marca conocida sin timbrar y serigrafiadas en idioma extranjero, sin poder justificar documentalmente el conductor del vehículo, la procedencia de dicha carga, teniendo un valor en el mercado español de unos 430.500 €.

Seguidamente, los agentes procedieron a la detención del conductor como supuesto autor de un delito contra la ley de contrabando, siendo un varón de 34 años y vecino de la provincia de Castellón.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con el detenido, en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barbastro, quedando el detenido en libertad con cargos y el tabaco incautado a disposición judicial.

El comisario jubilado de la Policía Nacional Nicolás Meca ha resultado absuelto en el juicio que se siguió contra él por un delito contra la protección de las especies, por el que la Fiscalía solicitaba para él 18 meses de cárcel e idéntica condena para su esposa y su cuñada, igualmente absueltas. Hace ocho años, en 2017, al comisario le fueron incautados en Barajas los diez bolsos, entre otro material procedente de mercadillos de Senegal, que supuestamente tenían por destino el puesto de las otras dos acusadas en un mercadillo del acomodado barrio de Salamanca, en Madrid. La sentencia concluye que, pese a los indicios, no se puede probar que los bolsos incautados estuvieran destinados a su comercialización.

El comisario Meca ocupaba en el momento de los hechos el puesto de agregado de Interior en la Embajada española en Senegal, uno de los muchos destinos en el exterior que ansían los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil por gozar de elevadas remuneraciones. Tras tres años de destino en Dakar, y en uno de sus viajes a España, la Guardia Civil registró el 10 de diciembre de 2016 el equipaje de Nicolás Meca. Encontró 35 bolsos de pequeño tamaño, algunos tipo monedero, de los cuales diez estaban confeccionados con piel de serpiente de pitón de Seba, según desveló elDiario.es. Esta es una especie que requiere que sea expedido un permiso CITES, de exportación o certificado de reexportación que garantiza la legalidad y sostenibilidad del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna.

Los guardias civiles comprobaron que el comisario no había solicitado el permiso requerido para importar la decena de bolsos de serpiente de pitón de Seba. La Guardia Civil se incautó de los diez bolsos y la Agencia Tributaria impuso una multa al comisario de 6.000 euros por una infracción administrativa de contrabando. Ese mismo día, dos guardias civiles se personaron en el puesto que la mujer de Meca y su cuñada tenían en el mercadillo Élite de la calle Serrano de Madrid. La esposa del comisario y su hermana abrieron el negocio de ropa y complementos procedentes del continente africano una vez Meca había sido destinado a Senegal.

El fallo del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid establece que la acusación de la Fiscalía “se aproxima demasiado al esquema de razonamiento de una conjetura”. Y añade: “Se acepta que es plausible, pero se formula a partir de una suposición acerca del destino mercantil de los bolsos. Aun siendo innegable la lógica presente en la tesis de la acusación, está desprovista de un soporte probatorio consistente”.

Tras la incautación de los bolsos, la Fiscalía había presentado una querella y el comisario, su mujer y su cuñada resultaron imputados. Nicolás Meca fue expedientado por el Ministerio del Interior y relevado de su puesto. El mes anterior, otro policía había sido interceptado en Barajas con bolsos que dijo eran para la mujer de Meca. El mando jubilado negó que él hubiera intervenido en ese hecho precedente y la sentencia ha establecido que no se pudo demostrar. Nicolás Meca defendió en el juicio que los bolsos que se le incautaron a él eran para regalar entre su amplia familia, de 10 hermanos y 41 primos.

“Al no haberse acreditado de forma concluyente que la introducción por el acusado en España de diez bolsos confeccionados con piel de pyton sebe, sin contar con los permisos de exportación e importación legalmente establecidos, tuviera como finalidad inequívoca la venta de dichos artículos a través del negocio comercial explotado por las otras dos acusadas, no es posible asumir como cierto que la conducta del señor Meca lesionó el bien jurídico-penal especialmente protegido (...) la supervivencia de la fauna y la protección necesaria de la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema”, refleja el fallo absolutorio.

La decisión de la Fiscalía de no recurrir ha elevado a firme la sentencia del Jugado de lo Penal número 31 de Madrid, dictada en marzo de 2024. Meca estuvo de baja por una enfermedad que, según su entorno, derivó de los citados hechos. Posteriormente se jubiló. En el juicio, el comisario deslizó que la operación de la Guardia Civil estuvo relacionada con el enfrentamiento que mantenía con su número dos en la Embajada de Dakar, un mando del instituto armado.

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando en las provincias de Málaga y Córdoba. En la operación han sido detenidas 21 personas y liberadas 18 de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la presunta instalación de una fábrica de producción de tabaco ilegal en una localidad de la provincia de Málaga, han indicado en un comunicado. Así, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos integrantes de la organización llevando a los agentes hasta una segunda fábrica ubicada en la provincia de Córdoba.

Capacidad productiva de ocho millones de cigarrillos diarios

Tras el registro de ambas fábricas clandestinas se intervinieron efectos propios de la fabricación fraudulenta valorados en más de tres millones de euros. Se estima que la organización tenía una capacidad de producción diaria de ocho millones de cigarrillos falsificados valorando un fraude a la Hacienda Pública superior a los dos millones de euros diarios.

Además, la Guardia Civil comprobó que la organización captaba a personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este a través de distintos medios ofreciéndoles condiciones laborales muy atractivas. Una vez estas personas llegaban a territorio nacional, eran trasladados por miembros de la organización a las fábricas citadas, donde quedaban retenidos viviendo de forma hacinada y trabajando en condiciones infrahumanas.

Los agentes constataron que estas personas estaban siendo explotadas laboralmente en jornadas continuas sin descanso, sin remuneración alguna y argumentando que debían de saldar una supuesta deuda contraída con la organización.

La investigación finalizó con la detención de 21 personas, siéndoles imputados delitos de trata de seres humanos, delitos de estafa contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando de tabaco, y pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad industrial.

La operación ha sido desarrollada por las Unidades Operativas de Málaga y de Sevilla de Vigilancia Aduanera, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca del municipio malagueño de Antequera, ambos de la Guardia Civil.

EEUU ha detenido a dos científicos chinos por introducir en el país una variedad de hongo tóxica para varios cultivos, susceptible según las autoridades de “terrorismo agrario”, con el fin de estudiarlo en un laboratorio de la Universidad de Michigan. Los arrestos se producen en un contexto de endurecimiento de los controles de los visados a estudiantes extranjeros, que el Gobierno de Donald Trump ha anunciado que planea también retirar de forma extensiva.

El FBI y el departamento de vigilancia aduanera de EEUU aseguran que los dos detenidos, Yunqing Jian, una mujer de 33 años, y Zunyong Liu, un hombre de 34, pretendían trabajar con el hongo fusarium graminearum, responsable de la fusiariosis, una enfermedad común de plantas como el trigo, la cebada, el maíz o el arroz, que pueden causar vómitos y daños hepáticos y al sistema reproductivo en ganado y en los consumidores si se ingieren una vez contaminadas.

La acusación señala que Jian trabajaba en la Universidad de Michigan y ya había tratado con el patógeno en China, donde precisamente había recibido financiación pública por su actividad. La nota de prensa de la fiscalía federal de Michigan señala como indicio de culpabilidad que los agentes encontraron en sus dispositivos electrónicos “información sobre su afiliación al Partido Comunista de China”.

Liu negó primero haber llevado el patógeno a EEUU desde la institución china en la que el también trabaja como científico, pero luego admitió haberlo introducido a través del aeropuerto de Detroit, precisamente para estudiarlo en el laboratorio con Jian.

El asunto es muy grave, según el fiscal federal Jerome F. Gorgon, Jr. “Estos dos extranjeros han sido acusados de contrabando de un hongo descrito como 'potencial arma de agroterrismo' en el corazón de América”, dijo, según la nota de prensa en la que se informa de los arrestos, pero no detalló si se trataba realmente de terroristas en ciernes o solo de científicos imprudentes. Entre los cargos también figuran el falso testimonio y el fraude en los visados.

El responsable del FBI en Detroit, Cheyvoryea Gibson, aseguró que los hechos “supusieron una amenaza inminente para la seguridad pública”. El responsable del buró de aduanas y protección de fronteras Marty C. Raybon añadió, por su parte, que las “amenazas biológicas” pueden “destruir la economía agrícola y dañar a los humanos” y que la investigación fue “compleja”.

Las detenciones llegan después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijese la semana pasado que retiraría visados de forma “enérgica” a estudiantes chinos —un anuncio que suscitó las críticas de Pekín— o a los críticos con Israel. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, también dio orden de suspender las entrevistas para la concesión de visados a estudiantes extranjeros y planteó fiscalizar sus redes sociales. Una científica rusa de la universidad de Harvard también se enfrenta a una posible deportación por no haber declarado muestras biológicas a la vuelta de un viaje a Francia.

Más de 25 años después de abrirse, el conocido como caso Nené Barral tiene sentencia. Y es absolutoria: la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra considera que no consta la participación en una trama de contrabando de tabaco de ninguno de los ocho acusados que seguían vivos. El intento de introducción de 431.948 cajetillas, con un valor de más de 127 millones de las antiguas pesetas, se salda sin ningún responsable ante la Justicia. José Ramón Barral, conocido como Nené, la persona que dio nombre a la causa y que fue alcalde por el PP en el municipio pontevedrés de Ribadumia, no llegó a conocer el desenlace. Es uno de los cuatro investigados que fallecieron en el cuarto de siglo que se prolongó el proceso judicial.

El fallo concluye que no hay pruebas ni para condenar a los agentes de Aduanas ni a un guardia civil por revelación de secretos ni para sentenciar al resto de acusados por contrabando de tabaco. La clave de todo el caso eran las escuchas del teléfono de la Alcaldía de Ribadumia, que fueron anuladas por la Audiencia Provincial en febrero de 2023. Sobre ellas habían construido su acusación la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que describieron una red encabezada por Nené Barral, quien fue mentor político del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el hombre del PP en Ribadumia hasta que fue detenido en 2001. Ese mismo auto dejaba también fuera otros hechos ocurridos en 1997 y 1999, relacionados con dos operaciones fallidas de contrabando utilizando dos barcos, el Castle Town II y el Velázquez.

En esta situación, el tribunal indica que “resulta evidente que la calificación de los hechos” de la acusación particular de la Abogacía del Estado “no puede ser atendida”. Lo que quedaba por analizar, sin esas escuchas, eran los delitos de revelación de secretos por parte de funcionario público y de contrabando de tabaco por el material encontrado en mayo de 2001 en otro barco atracado en el puerto de Vigo. En el buque Mars fue donde se localizaron 431.948 cajetillas de la marca Magnum Especial, de procedencia extracomunitaria. Estaban disimuladas en un cargamento de madera contrachapada.

La sentencia señala que el relato de la acusación es que dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera destinados en A Coruña, que hacían vigilancia aérea contra la entrada de mercancías ilícitas, pasaban avisos al jefe de la base marítima de ese mismo servicio -fallecido en 2019-, del que no dependían ni jerárquica ni funcionalmente, y que este transmitía, a su vez, la información a otra persona, que alertaba a la trama que se considera que encabezaba Nené Barral. El tribunal señala que la descripción que se hace de cómo procedían es “genérica” y que, de uno de los funcionarios, no se menciona en qué observación aérea relacionada con los hechos participó. Añade que en el juicio oral tampoco se pudo verificar y que el único testigo declaró que en aquella época su destino era Pontevedra y no tenía un conocimiento directo de lo que había ocurrido. No pudo ser interrogado sobre el arranque de la investigación porque se había declarado su nulidad y la de las escuchas telefónicas.

El tribunal considera que tampoco se puede dar por probada la relación de otros acusados con los supuestos integrantes de la organización de contrabando de tabaco ni que el investigado que es guardia civil transmitiese información que obtenía por su trabajo. Y sobre los acusados de ejecutar la introducción del material ilegalmente, entre los que está Feliciano Barral, hermano de Nené, concluye también que no se les puede atribuir la operación de 2001. Lo único que consta, razona, es el hallazgo de las cajetillas, de las que se supo que estaban entre la madera contrachapada por las escuchas telefónicas anuladas. “La presunta intervención de los acusados en todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen deriva única y exclusivamente de las conversaciones telefónicas intervenidas y viciadas de nulidad radical”, zanja.

La sentencia declara la libre absolución de los ocho acusados que continúan vivos. En el caso llegó a haber 43 personas imputadas, pero se quedaron reducidas a 12 y, de ellas, cuatro fallecieron a lo largo del dilatado proceso penal, el último de ellos, Nené Barral, en noviembre de 2023. En 2016, había admitido un delito fiscal y pactado con el Ministerio Público un fraude tributario del que exculpó a sus hijas. A Barral, el periodista Perfecto Conde lo incluía entre los “históricos del negocio” de contrabando en su crónica La conexión gallega. Del tabaco a la cocaína (primera edición, 1991). También aparece en Fariña (2015), de Nacho Carretero, un libro en el que figura como persona de confianza de Vicente Otero, Terito, militante de Alianza Popular y primigenio señor do fume.

El procedimiento judicial más antiguo de España ha quedado, por fin, visto para sentencia. 25 años después de su inicio, los últimos supervivientes de la trama de contrabando conocida como caso Nené Barral se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados. Entre ellos, ya no está el líder, el hombre que dio nombre a la operación y que fue alcalde de Ribadumia (Pontevedra) durante casi 20 años, hasta su detención en 2001. Barral falleció en noviembre de 2023. No tuvo tiempo de ver el fin de la causa, pero tampoco de contemplar cómo su alumno más aventajado, Rafael Louzán, aquel que empezó de bedel en el ayuntamiento y acabó al frente de la Deputación de Pontevedra, alcanzaba la mayor cuota de poder del fútbol español al coronarse como presidente de la Federación.

La investigación arranca a finales del siglo XX, en el año 1999. Lo abre el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, el juez José Antonio Vázquez Taín. Por aquel entonces, Taín aún no era el magistrado mediático que es hoy en día, con sus habituales intervenciones en programas de televisión y series documentales, sobre todo tras su papel en los casos de Asunta Basterra o el robo del Códice Calixtino. Pero ya apuntaba maneras. En el juicio, uno de los abogados acusaba al “afán de protagonismo del instructor” del “calvario” sufrido por los defendidos.

El caso comenzó con 43 imputados, pero acabó reduciéndose a doce. De ellos, sólo ocho pudieron asistir a esa vista oral celebrada en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra. Entre los fallecidos, además del supuesto cabecilla, había agentes de la Guardia Civil y de aduanas.

Uno de los sobrevivientes es Feliciano Barral, hermano y lugarteniente de Nené y expresidente del PP de Ribadumia. Como el resto de acusados, se negó a declarar ante el juez, pero no renunció a su alegato final: “Quiero vivir porque llevo 24 años sufriendo y sufriendo y sufriendo”. Otro de sus compañeros, José Manuel Sotelo, insistió en esa idea: “Llevo 25 años sufriendo este calvario, no me quedan fuerzas”.

Final insatisfactorio

Tras tanto tiempo esperando, el resultado final se anticipa muy pobre. El motivo, un auto emitido por la Audiencia pontevedresa el 1 febrero de 2023, que anuló las escuchas telefónicas del teléfono de la alcaldía sobre las que se fundamentaban la acusación. Curiosamente, ese mismo mes, Independientes por Ribadumia, el partido creado por los Barral tras su expulsión del PP, y que gobernaba la localidad desde 2015, anunciaba su integración en la formación popular.

Los tres agentes de vigilancia aduanera que testificaron en la Audiencia no pudieron referirse a las escuchas, así que su aportación fue escasa. Aún así, en sus conclusiones, el fiscal mantuvo las peticiones de condena de entre dos y tres años de cárcel y multas de entre 1,8 y 15 millones de euros por el delito de contrabando. En concreto, se refiere al alijo de más de 400.000 cajetillas de tabaco marca Magnum Especial introducidas en cuatro contenedores en el puerto de Vigo. A esto se suman otras sanciones, de 5.400 euros, por la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos.

25 años después, es todo lo que se puede atribuir a unos acusados que, según la Fiscalía, “de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, han venido integrando en Europa y en España, fundamentalmente en la Comunidad Autónoma Gallega (en las provincias de A Coruña y Pontevedra) desde el año 1.996 hasta el mes de mayo de 2001, un grupo organizado, estable con proyección internacional, y delimitada asignación de tareas y jerarquización entre sus miembros, con la finalidad de procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor”. Para el Ministerio Público, Barral ya había sido el responsable en 1997 de la introducción de 1,7 millones de cajetillas procedentes de Senegal.

El propio fiscal reconoció que “no es lógico” estar juzgando este caso 25 años después, en una situación “absolutamente anormal”. También lo hicieron las defensas cuando solicitaron la libre absolución de los acusados.

“Es un caso excepcional, pero de forma muy exagerada ejemplifica mejor que ninguno todos los males de la justicia”, reflexiona el presidente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso, antes de insistir en las demandas históricas de la entidad: “Agilidad en la Justicia, especializacion policial y reducir el número infinito de recursos que se permite presentar a las defensas”.

En un 2025 que arrancó con varias operaciones consecutivas contra el tráfico de drogas, un juicio por contrabando de tabaco es casi una reliquia y Alonso también lo ve así. “Esto es el reflejo de un tiempo, que afortunadamente es pasado, donde había una justificación social de una actividad que después se tornó en otra totalmente distinta, un delito infinitamente mas grave”. Pese a la diferencia entre ambos, no olvida que “el origen del narcotráfico en Galicia son esas redes de contrabando que estaban perfectamente engrasadas y funcionando, algunos de cuyos responsables cometieron la aberración de saltar del tabaco a las drogas”. Algo que no sucedió con los Barral, pero sí con muchos otros.

Louzán y Rajoy

Cuando Nené fue detenido, el despacho de ministro del Interior lo ocupaba un destacado militante del PP de Pontevedra: Mariano Rajoy. Por eso, Nené se fue a la tumba convencido de que había sido traicionado. Cuando lo atraparon, estaba considerado toda una leyenda del contrabando de tabaco. Criado a la sombra de Vicente Otero, Terito —amigo personal de Manuel Fraga y también militante del PP, tanto que llegó a ser él quien compró la sede del partido en Cambados—, sólo otro nombre en el sector provocaba tanto respeto como el suyo: el de Marcial Dorado. El resto —los Oubiña, Miñanco y compañía— habían dejado el tabaco para pasarse al narcotráfico. Con el tiempo, también Dorado lo haría, pero, según el testimonio de ambos, cuando ya no era amigo del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pese a la presencia de Rajoy en Interior y a que la actividad al margen de la política de Nené era un secreto a voces —que no le impidió encadenar cuatro mayorías absolutas—, las crónicas de la época relatan la enorme sorpresa con la que el PP gallego acogió la detención del alcalde a sólo unos meses de la autonómicas. Entre los más estupefactos estaba el propio Louzán, que era concejal en Ribadumia, presidente provincial del partido y vicepresidente de una Deputación de Pontevedra que pasaría a liderar un año después.

Así lo contaba entonces Xosé Hermida en El País: “A Louzán no sólo le sorprendió la detención sino el descubrimiento de que durante dos años había figurado —sin él saberlo, según dice— como consejero de una de las empresas de Nené. Louzán sí admitió haber sido unos meses socio de otra firma propiedad de Feliciano Barral, hermano del alcalde, presidente local del PP y detenido también en la operación anticontrabando del lunes”. La vista oral que echará el cierre al caso lo pilló en el Cono Sur, visitando las federaciones de fútbol de Argentina y Uruguay con la vista puesta en el Mundial de 2030.

La narcolancha pilotada por Kiko 'el cabra', acusada en un primer momento de embestir a una embarcación de la Guardia Civil el 9 de febrero en el puerto de Barbate (Cádiz) matando a dos de ellos, llevaba seis tripulantes en la noche de los hechos, de los cuales cuatro no contaban con antecedentes penales previos, y siendo tres de ellos mecánicos que habían acudido al puerto barbateño esa misma mañana para arreglar uno de los motores de la embarcación.

Tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con los seis tripulantes de la narcolancha, el Juzgado de lo Penal 5 de Cádiz ha condenado a los seis por un delito de contrabando y, además, a tres de ellos (a excepción de los tres mecánicos) por pertenencia a grupo criminal, en una sentencia dictada el 6 de noviembre y conocida esta semana.

El juzgado los condena a penas de dos años de prisión para tres de ellos, considerados tripulantes de una narcolancha, por contrabando y pertenencia a organización criminal, con multa de 100.000 euros; y de un año y siete meses de prisión con multa de 82.000 euros para los considerados mecánicos de la embarcación. Ninguno tendrá que ingresar en prisión porque la sentencia recoge la suspensión de la pena de cárcel por la conformidad entre sus abogados y la Fiscalía.

Resguardo en el puerto de Barbate

La sentencia, recogida por Europa Press, da por probado que la tripulación, de la embarcación de alta velocidad de 14 metros de eslora y cuatro motores de 300 caballos, había accedido a ella en Sanlúcar de Barrameda el día 8 de febrero de 2024, jueves, al medio día, “siguiendo instrucciones del líder de un grupo criminal dueño de la embarcación que la había puesto a su disposición para la realización de transportes bajo sus órdenes”.

Ante el fuerte temporal que azotaba la costa, el piloto Kiko 'el cabra' decidió resguardarse en el puerto de Barbate, lugar al que llegaron el mismo jueves, permaneciendo allí a la espera de que mejorarse el tiempo. Una vez en el puerto, uno de los motores no funcionaba correctamente por lo que uno de los acusado llevó a cabo las gestiones con el dueño de la embarcación para recibir instrucciones, contactando, ya el día 9 de febrero, con unos mecánicos que acudirían a reparar la avería.

Estos tres llegaron al puerto sobre las 15,00 horas del día 9 de febrero con los utensilios necesarios para arreglar la avería y hacer una revisión de los motores, permaneciendo varias horas a bordo de la embarcación, hasta que quedaron listos por la tarde.

Reconocimiento de un delito de contrabando

Según recoge la sentencia, en ese momento, en el puerto se hallaban miembros de la Guardia Civil que acudieron ante la presencia en el lugar de otras cinco embarcaciones de alta velocidad desde el día anterior, por lo que los mecánicos no pudieron bajar a tierra desde la embarcación, permaneciendo en ella hasta que “sobre las 20,30 abandonaron el puerto, dirección primero a Sotogrande, donde desembarcaron los tres mecánicos y fueron detenidos, y luego hasta la playa de La Hacienda, en La Línea de la Concepción, donde descendieron los otros tres acusados, que también fueron detenidos, quedando embarrancada la embarcación”.

Además, la sentencia recoge que los seis acusados desde su primera declaración han reconocido la comisión de los delitos (de contrabando) y han ofrecido los datos que conocían de otra embarcación de alta velocidad que se encontraba esa noche en el puerto de Barbate y que embistió a una zodiac ocupada por funcionarios de la Guardia Civil que prestaban servicio en la zona, con el resultado de dos fallecidos y varios heridos.

Por ello, han sido condenado a penas de entre un año y siete meses de prisión para los tres mecánicos por un delito de contrabando y dos años de prisión por los delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal a los otros tres. No obstante, se suspende la ejecución de las penas privativas de libertad para todos condicionando a que no delincan durante un periodo de tiempo que va entre los dos y tres años.

Navegando por las tranquilas aguas del mar de China Meridional, el capitán taiwanés Lu Wen-shiung recuerda los viejos tiempos en que los pescadores chinos y taiwaneses solían reunirse detrás de los promontorios rocosos, tras anclar sus barcos fuera de la vista de las autoridades, para compartir una comida. Por aquel entonces había menos vigilancia y las dos partes tenían una relación más amistosa, pescaban en las mismas aguas y de vez en cuando comerciaban a escondidas.

“Éramos como hermanos, teníamos una buena relación, incluso cocinaban para nosotros”, cuenta Lu. “Pero ahora los controles se han vuelto más estrictos, los guardacostas [chinos] me llaman si los barcos están demasiado cerca”.

Hoy capitán de un barco turístico, dice que con tan solo acercarse a la línea de aguas prohibidas –una frontera marítima de facto con China– recibirá por radio un aviso inmediato de la guardia costera. Lu y su barco recorren las concurridas aguas que rodean el condado de Kinmen, un archipiélago controlado por Taiwán pero situado a pocos kilómetros de China.

El Gobierno del Partido Comunista de China reivindica Taiwán (incluido Kinmen) como provincia china, y la hostilidad de esfuerzos por lograr la anexión va en aumento, mientras el Gobierno y la población de Taiwán se oponen cada vez más.

A pesar de las tensiones políticas, Kinmen-Xiamen es un área donde la cooperación oficial ha logrado sostenerse, con esfuerzos conjuntos para combatir la pesca ilegal y el contrabando, y misiones de búsqueda y rescate. Pero un fatal incidente marítimo acontecido el mes pasado amenaza con desbaratar esta cooperación, además de plantear serias dudas sobre la solidez de la frontera.

Una nueva normalidad

El barco de Lu pasa a poca distancia de las islas exteriores de Kinmen, algunas de las cuales permiten la entrada de turistas, mientras que otras están restringidas a los militares. No muy lejos está el resplandeciente horizonte de la ciudad china de Xiamen, y los mares circundantes están repletos de barcos pesqueros, transbordadores civiles y cargueros extranjeros. Entre ellos probablemente haya algunos barcos chinos conocidos por ambas partes como “tres noes” —no name, no registration, no flag [sin nombre, sin matrícula, sin bandera]— que se dedican a la pesca ilegal y al contrabando. A unos pocos cientos de metros, al otro lado de una estrecha vía marítima internacional, patrulla un buque guardacostas chino.

En febrero, estas patrullas aumentaron tras el naufragio de un “tres noes” en aguas de Kinmen. La embarcación estaba huyendo de un guardacostas taiwanés que le había ordenado detenerse para una inspección. Dos de los cuatro pasajeros chinos murieron, y China culpó a Taiwán de ello. La furia aumentó cuando se supo que los dos barcos habían chocado, hecho inicialmente omitido por las autoridades taiwanesas. Hasta ahora, las rondas de negociaciones a puerta cerrada sobre responsabilidades e indemnizaciones han fracasado. China acusa a Taiwán de evasión y Taiwán acusa a China de plantear exigencias “absurdas”, como que los oficiales taiwaneses sean interrogados en la China continental.

Las autoridades chinas han negado públicamente la existencia de la línea de “aguas prohibidas o restringidas”. Tal declaración es coherente con la reivindicación de Pekín sobre Taiwán, pero la línea ha sido respetada tácitamente desde su demarcación en la década de 1990. En los días posteriores a la colisión, los guardacostas chinos lanzaron patrullas adicionales, una de las cuales detuvo y abordó un barco turístico taiwanés para inspeccionarlo, asustando a los pasajeros, mientras que otras de las patrullas cruzaron a las aguas de Kinmen.

Si bien los expertos dicen que ambas partes buscan claramente evitar una escalada grave, la reacción china sigue el patrón de utilizar un incidente para imponer nuevas normas y traspasar las fronteras de Taiwán.

El ejemplo más claro de esta táctica se produjo en agosto de 2022, tras la visita a la isla de Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU. En respuesta, aumentaron las incursiones militares chinas en la zona de defensa aérea de Taiwán y los cruces de la línea media –la frontera de facto del estrecho de Taiwán– se han convertido en algo habitual.

Amanda Hsiao, analista principal de China en el International Crisis Group, con sede en Taiwán, cree que Pekín “ha procurado no parecer excesivamente provocador, aunque ha utilizado el incidente para intentar debilitar la autoridad de Taiwán”. “Es probable que el uso de patrullas policiales como medio de expresar desagrado continúe, pero puede que Pekín también opte por subir o bajar la frecuencia e intensidad de esas patrullas en respuesta a los acontecimientos”, dice.

Este mes, el director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen, declaró ante el Parlamento que China lleva a cabo “patrullas conjuntas de preparación para el combate” cada siete o diez días de media, en un esfuerzo por normalizar la actividad.

El fin del “acuerdo silencioso”

Los residentes de Kinmen se muestran relajados, y desestiman el escándalo reciente, ya que consideran que se trata de actos de mala fe que “internacionalizan” un accidente trágico. La actitud hacia las relaciones a través del estrecho y la identidad nacional es diferente a la que predomina en la isla principal de Taiwán. “La economía y la cultura geográficas hacen que estas dos zonas siempre hayan sido cercanas”, dice el concejal independiente Tung Sen-po.

En Kinmen viven más de 140.000 personas. Es una comunidad tranquila y semirrural, en la que pueden apreciarse las huellas de la cultura milenaria y de los cientos de años como base militar o primera línea en múltiples conflictos. Su economía solía depender de los miles de soldados estacionados allí durante y después de la guerra civil china, pero desde entonces ha virado hacia el turismo y la producción de un licor local, el kaoliang. En 2020 era el quinto condado más rico de Taiwán en términos de renta media.

Lo que más preocupa a los habitantes de Kinmen es la economía del turismo, las actuales restricciones a los viajes bilaterales y los privilegios comerciales entre su isla y Xiamen, que fueron suspendidos durante la pandemia y sólo parcialmente restablecidos después.

Hay a quienes les preocupa que las tensiones surgidas tras el naufragio de la nave disuadan a los turistas. Tanto un taxista como un hotelero creen que el número de visitantes ha disminuido desde el incidente. Una pareja proveniente de la isla principal de Taiwán, de apellidos Qiu y Li, dice haber estado preocupada mientras planeaba su visita. Una vez llegaron, se sintieron tranquilos.

Algunos residentes están preocupados por el cumplimiento de la normativa marítima. En un mercado del municipio de Jincheng, los vendedores dicen que algunos pescadores y barcos turísticos están nerviosos ante la posibilidad de dirigirse a alta mar desde que aumentaron las patrullas chinas. “Les preocupa su seguridad, y a nosotros también nos asusta el conflicto”, dice Zhang, un vendedor de mariscos. “No creemos que haya hostilidad porque [las tripulaciones pesqueras] a veces comercian en el mar, [pero] el contrabando es un problema muy grave, y a veces las patrullas marítimas se encargan de ello, pero nosotros somos pocos y ellos muchos”.

En el pasado, China y Taiwán han cooperado en la lucha contra las actividades ilegales en el estrecho, pero ahora el futuro se presenta complicado. Raymond Kuo, politólogo de la Rand Corporation, afirma que el pulso aumenta el riesgo de malentendidos y accidentes. “No sólo entre las fuerzas de seguridad chinas y las taiwanesas, sino también entre ambas fuerzas y los civiles de la zona”, dice Kuo. “¿Qué normas y órdenes deben acatar? ¿Y si reciben instrucciones contradictorias? Además, este desacuerdo en las jurisdicciones de aplicación de la ley crea oportunidades para la actividad ilegal”.

Los negociadores chinos se fueron de Kinmen a principios de marzo sin haber llegado a un acuerdo sobre las indemnizaciones. La ministra del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán, Kuan Bi-ling, se ha disculpado por la deficiente recogida de pruebas por parte de los guardacostas taiwaneses, y ha expresado su pesar y sus condolencias por las muertes. Sin embargo, dijo que la investigación de Taiwán sigue su curso y no se facilitará más información hasta que haya concluido.

El miércoles 13 de marzo, Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos Taiwaneses de Pekín, acusó a Taipéi de dar largas al asunto y amenazó con nuevas contramedidas. Menos de 24 horas después, al menos dos pescadores chinos murieron en otro naufragio, esta vez de un pesquero registrado cerca de Dongding, la isla más meridional de Kinmen. Estaba dentro de las aguas prohibidas, pero el porqué no estaba claro. Las autoridades chinas y taiwanesas llevaron a cabo conjuntamente la búsqueda y el rescate, lo que sugiere que, al menos por ahora, continúa habiendo cierta cooperación.

Pero también continúa el aumento de las patrullas. El fin de semana del 16 de marzo, cuatro barcos guardacostas chinos entraron en aguas de Kinmen en días consecutivos, lo que confundió a las autoridades taiwanesas que acababan de enviar ayuda después del naufragio. El Gobierno taiwanés aprobó un programa para garantizar que los buques de su Guardia Costera estén en perfecto estado de navegación, informó este martes el periódico local Taipei Times.

Tung dice que el “acuerdo silencioso” sobre la frontera ya no existe, pero espera que ambas partes puedan formalizarlo durante las negociaciones. Lu confía en que las dos partes puedan dejar esta rencilla atrás, y que la posición única de Kinmen entre ambas pueda volver a tiempos más amistosos. “El incidente podría haberse reducido al mínimo en un principio, pero ahora se ha convertido en un asunto internacional”, dice.

Traducción de Julián Cnochaert.

Un vehículo cargado con tabaco de contrabando ha embestido contra otro vehículo oficial de la Guardia Civil en Puente Mayorga, en el término municipal San Roque (Cádiz), aunque en esta ocasión no se han producido daños personales en los agentes.

Según ha indicado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en su cuenta de X, recogida por Europa Press, el vehículo que transportaba tabaco de contrabando fue interceptado por los agentes y posteriormente acabó empotrándose con el vehículo oficial.

Por su parte, Jucil ha explicado en un comunicado que los hechos han ocurrido en la mañana de este jueves, sobre las seis, cuando un vehículo a la fuga ha embestido a uno de la Guardia Civil por su parte trasera, dándose posteriormente a la fuga el conductor, que terminó tirándose al agua en un muelle deportivo cercano al lugar de los hechos.

En este sentido, ha señalado que después de que se localizara a una embarcación que descargaba fardos en un coche, dos agentes, identificados con chalecos, se adelantaron a la salida de una curva al principio de una recta con la intención de dar el alto al vehículo. El conductor con la carga no hizo caso a las señales para detenerse y se al final de esta recta, a más de 100 metros, el vehículo oficial, en un cruce iluminado y con las luces prioritarias le cerró el paso, pero a pesar de la velocidad, el coche perseguido embistió al vehículo de la Guardia Civil y logró pasar.

“Lo ocurrido esta mañana, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para los guardias civiles, muestra una vez más cómo es de peligroso este trabajo, sobre todo en el Campo de Gibraltar, y a qué presiones están sometidos nuestros compañeros en esta zona”, ha manifestado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.

Asimismo, ha añadido que “en esta ocasión, afortunadamente, los guardias civiles no han sufrido heridas durante su intervención, pero lo ocurrido expresa cómo ha aumentado la violencia de estas organizaciones mafiosas en sus operaciones”. “Seguimos reclamando la declaración de actividad peligrosa para el trabajo de los guardias civiles y la consideración de Zona de Especial Singularidad para todo el Campo de Gibraltar”, ha concluido el secretario general de Jucil.

Este nuevo episodio contra agentes se da después de que el viernes de la semana pasada dos agentes de la Guardia Civil falleciesen al ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate, extremo saldado finalmente con el arresto e ingreso en prisión de los seis ocupantes de la embarcación, siendo además arrestadas dos personas que iban a recogerles en un vehículo en La Línea de la Concepción.