Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

El alquiler se ha convertido en una losa, cada vez más pesada, para el ahorro. Los inquilinos tienen más complicado llegar a fin de mes que la población propietaria, incluso que aquellos que están pagando una hipoteca, según un informe elaborado por Oxfam Intermón, a partir de una encuesta encargada a la consultora 40dB. “En España está empezando a ser más importante el tipo de vivienda que el empleo. Puede parecer algo obvio, pero ahora lo vemos con un modelo estadístico y la diferencia es mayor de la que esperábamos”, explica el responsable de políticas de protección social y empleo de la entidad y coordinador del trabajo, Alejandro García-Gil.

El informe arroja luz sobre las dos caras de una misma moneda. Una es la tasa de esfuerzo, el porcentaje de los ingresos que se destinan a pagar la vivienda. La otra, la capacidad de ahorro. Son, en realidad, dos vasos comunicantes, porque “el pago de la hipoteca o del alquiler suele representar el principal gasto de los hogares, por lo que la tasa de esfuerzo condiciona la capacidad de ahorro”, señala.

Como muestra el siguiente gráfico, tan solo el 15% de los inquilinos dedican menos del 30% a pagar el alquiler, frente al 38,1% de las personas que tienen una vivienda en propiedad. Esa barrera del 30% es a partir de la que el Banco de España considera que se realiza un “sobreesfuerzo”.

En cualquier caso, es un lastre del que no se libra buena parte de la población. “Se encontrarían en esta situación el 62% de las personas hipotecadas y el 85% de las inquilinas, lo que deja a los hogares en una situación comprometida económicamente tras pagar la vivienda, teniendo que destinar muy pocos recursos a otros gastos como la alimentación, ropa, suministros u ocio”, indica Oxfam Intermón, que califica este hecho de “grave”.

Pero la diferencia es notable, según los resultados del modelo estadístico. Aunque en la capacidad de ahorro influyen tanto los salarios como el régimen de tenencia de la vivienda, este último factor es el que más brecha genera. “No importa tanto que suban las pensiones, el salario mínimo interprofesional o mediante la negociación de los convenios, si el alquiler consume esos ingresos como un agujero negro”, apunta García-Gil, que reclama que el IPC refleje la evolución del precio de la vivienda y que esta se introduzca en la negociación colectiva.

Un informe de CGT, publicado hace unas semanas, indicaba que, en 2025, “la inflación media que sufrieron los hogares inquilinos fue del 4,7%, frente al 2,7% de inflación media que alcanzó el IPC oficial”. Desde enero de 2019, si se tiene en cuenta esta variable, los precios habrían aumentado un 31% para quienes viven de alquiler, frente al 25% del resto. El sindicato reclamaba como “urgente impulsar medidas políticas contundentes para contener el precio de la vivienda, así como lograr incrementos salariales que tengan en cuenta esta realidad”, que afecta a unos 3,3 millones de hogares, en los que viven 8,4 millones de personas.

La siguiente tabla muestra la probabilidad de ahorrar en función de los ingresos, según el régimen de tenencia del hogar. Tienen más probabilidad una persona que ingrese el salario mínimo, aunque tenga que pagar hipoteca, que un inquilino con un sueldo de 1.500 euros al mes. O un propietario sin hipoteca con ese salario, que un arrendatario que ingrese 2.500 euros. Hay múltiples combinaciones, pero todas dejan quienes viven de alquiler en una posición rezagada.

Como se puede apreciar, solo puede ahorrar una de cada tres personas que cobra el salario mínimo, el más habitual en España en este momento. El investigador atribuye ese 32,4%, que puede parecer abultado dado el coste de los alquileres, a rentas antiguas, a precios asequibles o a circunstancias concretas de esas familias. Incluso con ese sueldo mínimo, pueden ahorrar el 42,4% de las personas que afrontan mes a mes una cuota hipotecaria, y casi el 60% de quienes ya tienen la casa pagada.

García-Gil señala un factor difícil de ponderar a tener en cuenta en el análisis de los resultados relativos a las hipotecas. “Ahí se incluyen las del primer año, que pueden tener unos tipos relativamente elevados, o las del último, que están pagando poco. Sin embargo, las realidades de quienes viven de alquiler son más homogéneas, porque los contratos duran cinco o siete años”, aclara.

Esto dibuja una escalera en la capacidad de ahorro, donde cada escalón representa unos siete puntos. Menos del 40% de la población que vive de alquiler consigue ahorrar; son el 46% en el caso de las personas no emancipadas; el 53% de los hipotecados; y el 60% de quienes disfrutan de una vivienda completamente pagada. La encuesta hace referencia a la capacidad de ahorro, no a la cantidad que se ahorra.

La balanza entre alquiler y ahorro acaba mostrando, indica el autor del informe, la “trampa del alquiler”. “Las cuotas hipotecarias son más baratas que el alquiler; pero quien vive de alquiler no puede ahorrar; entonces no puede acceder a una hipoteca; así que sigue viviendo de alquiler”, describe García-Gil.

Un estudio publicado por Idealista la semana pasada indicaba que la cuota hipotecaria es, de media, un 36% más baja que el alquiler. Para un piso de dos habitaciones, la hipoteca supone un esfuerzo de 698 euros al mes, frente a los 1088 del alquiler. “Aun así, el principal obstáculo para la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorro necesarios para poder optar a la financiación”, señala la plataforma, que estima que esta aportación inicial rondaría los 65.000 euros, con picos de hasta 100.000 en ciudades como Palma, Donostia, Madrid y Barcelona.

En este contexto, el apoyo familiar y las herencias se convierten en un empujón clave para acceder a la propiedad. En 2025, el número de donaciones de padres a hijos ascendió a 225.000 operaciones, según el Consejo General del Notariado, un 13% más que en 2024. El incremento es constante desde 2014. Ya en octubre, la portavoz del Consejo, María Teresa Barea, explicaba que se trata de “un reflejo socioeconómico y una imagen del mercado inmobiliario en cuanto a la coyuntura en la que los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda”.

El salvavidas de las herencias es cada vez menos frecuente. Según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, publicado a finales de 2024, ya alertaba de que 7 de cada 10 inquilinos de Madrid y Barcelona no espera heredar una vivienda que le permita acceder a una casa en propiedad y, de los que sí lo hacen, el 80% tendrá que compartirla.

El propio Banco de España indicaba en una reciente estadística que los hogares más acaudalados concentran cada vez más su riqueza en vivienda, mientras la crisis se ceba con la mitad más humilde. El regulador muestra así como la vivienda se está convirtiendo, cada vez más, en una fuente de desigualdad.

Oxfam Intermón señala como la dificultad de acceder a una vivienda asequible supone renuncias concretas. “En el último año, más de tres millones de personas se han tenido que mudar [por no poder hacer frente a las subidas de los alquileres], lo que tiene consecuencias que van más allá del sitio donde duermes: afectan a la distancia al trabajo o al centro de estudios, dejas atrás amigos y familiares o ya no puedes vivir en tu barrio o en tu pueblo”, explica García-Gil, que ha cuantificado que casi la mitad de las mudanzas se producen en zonas diferentes a las que se vivía. “En lugar de ir a la ciudad de 15 minutos, vamos a la vivienda a una hora”, lamenta.

Estrenamos junto a Oxfam Intermón, la ONG de cooperación para el desarrollo que lleva casi 70 años combatiendo la pobreza y la desigualdad, DESIGUALDAD CERO, una sección dentro de Carne Cruda para visibilizar a quienes el sistema damos la espalda, incluso con nuestras acciones más rutinarias.

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“No se cuida a la persona que realiza el trabajo doméstico”, dice Rafaela Pimentel, una activista feminista dominicana que lleva años liderando el asociacionismo de empleadas domésticas en España. Son 75,6 millones de personas en el mundo las que trabajan en el empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y migrantes, como confirman los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un empleo “poco valorado”, de “salarios bajos” y “condiciones precarias”, añade Pimentel.

Los trabajos en el hogar y de cuidados son algo “fundamental para gestionar las vidas y sostener la sociedad”, señala la activista, pero que “sigue sin estar reconocido socialmente”. Ese es el sector en el que trabajan Rebeca, Laura y Carolina, nombres ficticios de tres ex empleadas de Julio Iglesias en Punta Cana con las que ha podido hablar elDiario.es y Univision Noticias. Ellas refieren unas jornadas maratonianas, salarios bajos, un régimen interno aislado de la familia y una escasez de libranzas que no solo se dan en República Dominicana.

Rebeca y Laura trabajaban internas para Julio Iglesias, un régimen que abre aún más la puerta a la explotación, según los expertos. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por vulneraciones laborales durante su tiempo como empleadas, así como por agresiones sexuales. Esta denuncia fue archivada por la falta de jurisdicción de España sobre el caso. Iglesias no respondió a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado posterior a la primera publicación de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Violencia oculta y normalizada

Hasta 29 asociaciones de empleadas domésticas y de derechos humanos han hecho público un manifiesto en el que aseguran que este caso revela “cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar”. “Se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras”, dicen organizaciones como Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Oxfam Intermón, la Asociación Mujeres Cuidadoras Sin Papeles o Territorio Doméstico.

Aunque en los últimos años el activismo ha presionado para que España apruebe mejoras para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar al del resto de sectores, la informalidad y la precariedad sigue siendo la norma. También el acoso, las faltas de respeto o la violencia. España ratificó el convenio 189 de la OIT, que obliga a los países firmantes a ampliar sus derechos, por ejemplo, el de paro, que apenas se ha puesto en marcha en nuestro país.

Un informe de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer muestra que el 49% de las trabajadoras que encuestaron en España afirmaba haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral y el 70% conocía algún caso cercano. El 49% había vivido exceso de control mediante cámaras de vigilancia, llamadas y mensaje constantes, incluso durante el tiempo libre. El 48% ha recibido faltas de respeto, insultos y discriminación. El 17% ha recibido proposiciones de naturaleza sexual, y el mismo porcentaje ha sufrido violencia física. El 8,5% ha recibido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento.

“Las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos son cuerpos rotos, muchas mujeres enfermas, mujeres migrantes empobrecidas que trabajan para sobrevivir, muchas situaciones complicadas de salud mental, internas a las que no empadronan o trabajadoras a las que no dan de alta en la Seguridad Social, que no tienen vacaciones o tiempo libre. Seguimos luchando para que, por ejemplo, se nos reconozcan las enfermedades profesionales”, critica Rafaela Pimentel.

Por eso, las asociaciones destacan que no puede entenderse el acoso y la violencia sexual que viven las trabajadoras de hogar sin señalar “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España, el régimen de explotación y abuso que significa la disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana de trabajadoras internas, y de condiciones y horarios abusivos de trabajadoras externas”. “La inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”, subrayan. Denunciar esa violencia es tremendamente difícil, prosiguen, una circunstancia que se agrava porque la relación laboral se desarrolla en este caso en el ámbito privado del domicilio, “donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos”.

En República Dominicana

Aunque el Gobierno dominicano está dando pasos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas seguirán por detrás en derechos en comparación con otras profesiones. Y sin duda lo estaban entre 2021 y 2023, los años en los que trabajaban en la casa de Julio Iglesias en Punta Cana mujeres como Rebeca, Laura o Carolina (nombres ficticios), a las que este diario ha podido entrevistar.

Sin la obligación de contratarlas, sin inscribirlas en la Seguridad Social, sin derecho a indemnización por despido, plan de pensiones, subsidio de desempleo ni preaviso. “Hablamos de la esclavitud en pleno siglo XXI”, define la dominicana Kathy Cabrera, del área de Juventud de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). “Y esa esclavitud moderna tiene rostro: el de las trabajadoras del hogar”, reitera. “Puedes durar 30 años trabajando en una casa y cuando dices que te vas, te vas con lo mismo que llegaste. Al no estar regulado ante la ley, no existe”, añade esta defensora de derechos de las mujeres.

Cuando hablamos de trabajo interno, como sucede en las mansiones del cantante, las mujeres duermen en la casa familiar y sus horarios no se concretan o se desdibujan según las necesidades de la casa: comienzan pronto en la mañana y terminan cuando la familia se acuesta. Cuando trabajan para familias con alto nivel adquisitivo, a veces las acompañan en cruceros y otro tipo de viajes, donde la atención a sus empleadores se vuelve casi permanente. En el caso de Julio Iglesias, dos de sus empleadas domésticas de Punta Cana eran seleccionadas para viajar a Málaga durante el mes de vacaciones del cantante y su familia, según ha podido comprobar elDiario.es, al menos en 2020 y 2021. De cara a ese traslado, no se mejoraban sus condiciones laborales ni mucho menos se equiparaban a las que tienen las trabajadoras del hogar en España.

La escasa regulación del trabajo doméstico en República Dominicana garantiza únicamente los descansos: deben tener nueve horas ininterrumpidas entre jornadas. El resto del tiempo, cumplirán el horario que acuerden con su empleador. Semanalmente, deben descansar un periodo ininterrumpido de 36 horas cualquier día de la semana, que si no se determina, comenzará el sábado al mediodía. Por lo que explican las antiguas empleadas del cantante, el acuerdo de libranzas cada tres semanas que había en la casa tampoco cumplía el Código de Trabajo. Los extensos horarios en la casa de España, según relata Carolina, que atendió a la familia Iglesias durante un mes de verano, que empezaban a las seis de la mañana y terminaban después de cenar y recoger —podían ser las diez, las once o las doce de la noche—, tampoco.

Intentos de mejora

República Dominicana lleva varios años trabajando sobre una reforma del Código de Trabajo, que data de 1992. Entre 2020 y 2022 comenzaron las reuniones entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los trabajadores para modernizar este estatuto laboral. La incorporación del teletrabajo era un objetivo prioritario y de consenso pero también se contemplaba la mejora del trabajo doméstico, adaptando el Convenio 189 de la OIT, que se promulgó en 2011 y que Dominicana ratificó tan solo dos años después. Pero los trámites para mejorar las condiciones del trabajo doméstico por esta vía no están siendo nada fáciles.

Javier Suárez es un abogado dominicano que participó en el equipo técnico-jurídico que armó el Ministerio de Trabajo para impulsar la reforma: “Se hablaba de los descansos, de respetar su dignidad, de su seguridad y salud en el trabajo. O sea, se adecuaba el Convenio 189 de la OIT a la legislación nacional”. En el informe en el que él participó se regulaba la jornada y los descansos de las trabajadoras domésticas, también se abordaban temas como la seguridad y la salud. Unos abogados plantearon un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictaminó que una resolución del ministro de Trabajo no era la forma legislativa de impulsar esa reforma, sino que había que modificar la ley. La reforma volvía al punto de partida y debía iniciar un nuevo camino por las cámaras alta y baja.

Finalmente, el 16 de octubre del pasado año, el nuevo texto que actualiza el Código de Trabajo ha saltado del Senado al Congreso, y se espera una pronta aprobación. Incorpora mejoras en el trabajo del hogar, pero no tantas como se esperaba.

No obstante, el debate social para regularizar mejor a las trabajadoras del hogar ha sido bronco. Uno de los puntos que hizo “implosionar a la sociedad”, en palabras del abogado Javier Suárez, fue que se pretendiera limitar la jornada de la trabajadora doméstica a ocho horas, si no duerme en el centro de trabajo, y a diez si es interna, a quienes se les reconoce “una intermitencia”. Se propuso que la jornada semanal fuera de un máximo de 44 horas, con un descanso de 12 horas entre jornadas si duerme en su casa o de 54 si lo hace en la residencia de su empleador. Además, reconoce el derecho a un preaviso de cinco días antes de un despido y, mientras que en el Código de Trabajo de 1992 se permitía que en el pago del salario se incluyeran la alimentación o el alojamiento, estos beneficios ya no se considerarán parte del sueldo.

El texto que ha aprobado finalmente el Senado recoge todas estas mejoras. No obstante, deja fuera una que impide que las trabajadoras del hogar se equiparen al resto de profesiones: no incluye indemnización por despido (denominado cesantía en República Dominicana) ni subsidio de paro, en un sector que supone la tercera rama de actividad económica más importante para las mujeres en el país (ellas realizan el 92,31% del servicio doméstico, según datos del Gobierno dominicano recogidos en 2021), y que además es un sustento de cuidados para que otras muchas personas puedan acceder al mercado laboral.

Informalidad

Pero la foto real del trabajo en el hogar ajeno ahora mismo es el retrato de la informalidad, una situación en la que se mueve la práctica totalidad de sus trabajadores (el 94,8%,según la misma fuente). Hablamos de contratos verbales (tan solo un 5,3% son escritos), de que solo cuatro de cada diez mujeres tienen las vacaciones pagadas, de que sus sueldos están un 57% por debajo de la media y de que el pago de las horas extras es un unicornio que solo han visto el 0,31% de las más de 245.000 empleadas que componen esta fuerza de trabajo.

Para Estephany Encarnación, experta en incidencia y políticas del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), una ONG feminista dominicana, hay una evidente “traba cultural” que ha impedido conseguir mejores avances para las mujeres en la negociación que ha llevado al poder legislativo hasta ese punto, pues se trata de un país “muy machista” que evita identificar los problemas de las mujeres

Cabrera, que dentro de dentro de Conamuca trabaja en la asociación Eufemia Rodríguez, de Semana Santa, una comunidad rural cercana a Yaguate, al sudoeste de Santo Domingo, conoce bien a qué se enfrentan las mujeres en su país, en especial en el campo. Y, por ello, explica la cadena de explotación y vulnerabilidad que se genera a partir del trabajo doméstico. “Encontramos en la mayoría de las comunidades a niñas de 15 años cuidando niños para que mamá salga a trabajar a la ciudad. Niñas que tienen que salir de la escuela a cocinar, a fregar, a trapear, a limpiar”, señala. “Entonces tenemos una mamá violentada en un trabajo con un salario mínimo paupérrimo, que no da para las canastas básicas y unas niñas que se quedan a cargo de sus hermanos y que son vulnerables a sufrir violencia sexual o a terminar en uniones forzosas con hombres que les llevan diez o veinte años”, añade la defensora. Y si esas circunstancias interseccionan con los cuerpos migrantes, el riesgo de violencias y vulnerabilidades es aún mayor.

“La realidad es que en República Dominicana el doméstico es un trabajo que tiene casi características de trabajo esclavo”, remata Estephany Encarnación, coincidiendo con Kathy Cabrera, y señalando que en su país, “el tema de la violencia sexual tiene características de pandemia”, con cerca de 70.000 denuncias por año de violencia sexual, y la estimación “de un subregistro de estas denuncias cercano al 95%”

Cinco nuevos nombres se han sumado en el último año a la lista de milmillonarios en España, que ya alcanza a 33 personas, la gran mayoría hombres, y que han llevado sus fortunas a niveles récords de casi 220.000 millones de euros, según el último informe anual sobre desigualdad de Oxfam Intermón. La ONG, que publica el estudio coincidiendo con el inicio del Foro Económico Mundial de Davos, denuncia mientras una parte importante de la población ve erosionado su poder adquisitivo.

El informe Contra el imperio de los más ricos recoge que el patrimonio acumulado por los milmillonarios españoles supera ya al de “18,7 millones” de personas, que representa casi el 40% de la población.

La lista –del ranking en tiempo real de la revista Forbes– está encabezada por Amancio Ortega, fundador de Inditex. Le siguen su hija y empresaria Sandra Ortega Mera, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y Juan Roig, presidente de Mercadona. La mayoría de estas grandes fortunas continúan concentradas en manos de hombres.

Sobre las cinco nuevas incorporaciones a la lista de milmillonarios en España, Oxfan Intermón no desvela sus nombres, pero indica a elDiario.es que en noviembre de 2024 eran 28, en el mismo mes de 2025 eran 33. “Este aumento es el resultado neto de personas que salen de la lista (por defunción, porque dejan de tener un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares) y otras que entran”, por ejemplo porque heredan o porque su patrimonio ha aumentado durante este tiempo por encima de los 1.000 millones de dólares.

El estudio de Oxfam sostiene que la riqueza de los 33 milmillonarios españoles creció en casi 28.300 millones de euros respecto al año anterior, hasta situarse en 197.500 millones, el nivel más alto registrado hasta la fecha. En términos reales, el aumento fue del 13,6%, “más de cuatro veces el crecimiento previsto para la economía española en 2025”, que se sitúa en el 2,9%.

La ONG advierte además de que se está acelerando de forma notable la concentración de riqueza. El incremento de la fortuna de los milmillonarios fue “cuatro veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años”, lo que equivale a unas ganancias superiores a los “77 millones de euros al día” durante el último año. Para alcanzar esa misma cifra sería necesario el trabajo anual “de cerca de un millón de personas”, contrapone la ONG.

El contexto bursátil ha contribuido de forma decisiva a este resultado. 2025 ha sido también un año histórico para la capitalización de las empresas del IBEX 35, lo que ha impulsado el valor de las participaciones de las grandes fortunas ligadas al mercado financiero.

Salarios a remolque y hogares bajo presión

Frente a este crecimiento récord de la riqueza en la cúspide, la situación de la mayoría de la población trabajadora es muy distinta. En los diez primeros meses de 2025, la ONG apunta que los sueldos han subido menos que la inflación en ese mismo periodo, a partir de los datos salariales de Caixabank Research ‘Real Time Economics“, provocando una pérdida de poder adquisitivo de los empleados.

Mientras los salarios pierden peso en el reparto de la riqueza nacional, el coste de la vida sigue presionando a los hogares, especialmente en partidas básicas como la vivienda, la energía y la alimentación. Esta combinación explica que, pese al crecimiento económico, muchas personas tengan serias dificultades para llegar a fin de mes.

La desigualdad patrimonial refuerza esta brecha. “El 1% más rico de la población concentra el 23,9% de la riqueza total del país, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7%”, sostiene Oxfam. Aún más acusado es el caso del 0,1% más rico: “unas 48.000 personas con una riqueza media cercana a los 20 millones de euros”, que ya controlan más del 10% de la riqueza nacional y han aumentado su peso de forma sostenida desde 2010, alerta la ONG.

“La gente no llega. El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, advierte el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada. A estas dificultades se suman los problemas de acceso a una vivienda digna y asequible, que condicionan los proyectos vitales de varias generaciones. “Ese malestar encuentra refugio en relatos que señalan culpables y prometen soluciones sencillas basadas en el ‘sálvese quien pueda’ y una meritocracia engañosa”, añade.

El precio democrático de la desigualdad

Pero la brecha no se limita al ámbito económico. La acumulación de riqueza también se traduce en una sobrerrepresentación política de las élites económicas, con el ejemplo paradigmático del nuevo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Según Oxfam, la probabilidad de que una persona milmillonaria ocupe un cargo político es “4.000 veces” mayor que la de cualquier ciudadano corriente.

La ONG denuncia que este acceso privilegiado al poder se refleja asimismo en la influencia sobre la agenda pública y mediática, con casos como el hombre más rico del mundo, Elon Musk, al mando de la red social X (antes Twitter) o de la adquisición del Washington Post por el empresario Jeff Bezos. Así, las élites económicas dominan los espacios de decisión, advierte Oxfam, mientras los intereses de las personas en situación de pobreza, las mujeres y los grupos racializados quedan sistemáticamente infrarrepresentados.

La organización lanza una señal de “alerta” ante las decisiones políticas que está tomando Donald Trump. “Desde su llegada al poder, se han reducido los impuestos a los superricos, se han bloqueado avances en fiscalidad internacional para grandes corporaciones, se han limitado los intentos de frenar el poder de los monopolios y se ha impulsado el valor en bolsa de sectores como el de la inteligencia artificial, generando importantes beneficios que han ido a parar casi exclusivamente a las grandes fortunas”, critica Oxfam.

“La brecha de riqueza no se limita a los jets privados: está creando un abismo en el poder e influencia políticos que ostenta esta élite milmillonaria y el resto de la población”, señala Cortada. “La pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira. Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque, efectivamente, lo están”, añade.

Una brecha que se agranda a escala mundial

La tendencia observada en España no es una excepción. A nivel global, Oxfam denuncia que la concentración de riqueza en manos de los milmillonarios también se ha intensificado. Durante el último año, el informe indica que su patrimonio creció más de un 16%, “tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años”, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares.

Si se amplía la mirada al último sexenio, el crecimiento resulta aún más pronunciado: la riqueza combinada de los milmillonarios ha aumentado “un 81%” desde 2020. Todo ello convive con una realidad mucho más precaria para la mayoría de la población mundial y en algunos casos de imperiosa necesidad. La ONG recuerda que “casi la mitad de las personas del planeta viven en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria”.

La organización internacional recuerda que “La desigualdad extrema y la concentración de riqueza no son inevitables, ni tampoco lo es frenar el poder e influencia política de los superricos”. Por ello, emplaza a los gobiernos a “actuar con urgencia” en varios ámbitos, entre los que destaca “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política, regulando estrictamente los lobbies y la financiación de campañas electorales y partidos”, impulsar Planes Nacionales de Reducción de la Desigualdad con objetivos y plazos concretos, impulsar “agendas efectivas de tributación a los superricos con tipos suficientemente altos como para reducir la desigualdad extrema”, entre otras.

El salario medio de las personas directivas que trabajan en las 40 mayores empresas españolas es 111 veces más alto que la nómina media, según el informe 'Las brechas salariales de las grandes empresas' publicado por Oxfam Intermón.

Este análisis analiza los niveles retributivos de 40 grandes empresas españolas, tanto los promedios salariales, como las remuneraciones de los miembros de las cúpulas empresariales. Es decir, tiene en cuenta primeros ejecutivos, miembros de la alta dirección y miembros de los consejos de administración. “A partir de esos datos, obtendremos las diferencias salariales que se dan tanto en el interior de las empresas como con respecto a los niveles salariales generales del país”, indica Oxfam Intermón.

“En un tercio de las empresas analizadas el sueldo más alto supera en más de cien veces el salario promedio” de las compañías estudiadas, “y en el 40% de las empresas los hombres ganan un 20% más que las mujeres por hacer el mismo trabajo”, asegura Oxfam.

Según detalla el informe, este escenario convive con salarios muy reducidos y con un mercado laboral en el que la mitad de las personas asalariadas cobra como máximo una vez y media el salario mínimo, es decir, 24.124 euros anuales. Todo ello, añade Oxfam, en un momento de alza de los precios de la vivienda e inflación.

Oxfam Intermón apunta que “el promedio de la remuneración anual de la persona mejor pagada durante 2024 en las 40 empresas” analizadas “fue de 4,37 millones de euros”. También, que la “retribución más alta la pagó Iberdrola y alcanzó los 14,2 millones de euros”, aunque no indica personas concretas. “El Banco Santander retribuyó con 13,8 millones de euros a la persona mejor remunerada en 2024” e “Inditex lo hizo con 11,2 millones de euros”. “En el extremo puesto estuvieron empresas bastante más moderadas en el pago de los sueldos más altos: Aena, con un sueldo máximo de 212.000 euros; Dia, que pagó 272.000 euros a la persona con la mayor retribución y Unicaja con 677.000 euros”.

Esta organización desglosa que “en un 37,5% de las empresas” estudiadas “el sueldo más alto fue mayor a 5 millones de euros y en el 7,5% superó los 10 millones”. “Los miembros de la alta dirección de estas empresas cobraron de media más de un millón de euros anuales en el 32,5% de los casos; y el 15% de las empresas retribuyeron a los miembros de sus consejos de administración por encima del millón anual”.

Oxfam Intermón concluye, por tanto, que “el promedio de distancia entre la retribución más alta y el promedio salarial de las empresas analizadas es de 111 veces”.

“Esto equivale a decir que una persona de esas empresas cuyo sueldo esté en la parte media de la banda salarial tendría que trabajar más de un siglo para cobrar los que el máximo ejecutivo se embolsa en un año”, añade el informe. “De hecho, en una de cada tres empresas analizadas en este informe esa distancia es superior a 100 veces. Hay empresas donde esa distancia se exacerba, como Prosegur donde la retribución más alta superó en 395 veces el promedio salarial o Inditex, donde esa distancia se cifra en 364 veces”.

Para reequilibrar esta situación, Oxfam Intermón reclama, por un lado, más transparencia a las empresas a la hora de detallar sus políticas retributivas. Por otro, que se establezca una diferencia máxima entre el sueldo más alto y el mediano de las grandes empresas, de 1 a 20. “El establecimiento de esta ratio se ha de establecer de forma gradual exigiendo el cumplimiento de hitos intermedios hasta alcanzar al 1:20 como máximo socialmente aceptable”, indica. “Se han de establecer mecanismos de control para evitar que las empresas intenten cumplir con esta distancia máxima mediante la externalización de puestos de trabajo con salarios más bajos. Además, este requerimiento se tendría que coordinar con la exigencia de que las empresas paguen un salario digno a todas las personas trabajadoras de su cadena de valor”, resume esta organización.

La mitad de los españoles considera que las posibilidades de progresar dependen directamente del origen. Son cuatro puntos más que en el 2023. Esta es una de las conclusiones del informe ‘Vivir en la desigualdad’ que Oxfam Intermón acaba de presentar. Es un dato que no sorprende, puesto que otros estudios similares arrojan conclusiones parecidas. Según datos recientes de la OCDE, el lugar de nacimiento de los padres y, sobre todo, su origen socioe­­­co­nómico, sumado al género condicionan más del 35% de la desigualdad de ingresos.

En la encuesta de Oxfam Intermón, la vivienda se posiciona como el principal generador de desigualdad, algo que debería ser evidente incluso para los que, gracias a la cuna o la zona, no tienen este problema. El 45 % de la población se ve afectada por la crisis habitacional, especialmente inquilinos, jóvenes y personas racializadas. Solo el 14,4 % de quienes no tienen vivienda propia creen que podrán comprar una en el futuro. 

Pese a que el problema sea tan descomunal, los distintos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en las causas que provocan el incremento del precio. Con este panorama imagínense lo lejos que está un pacto para buscar soluciones que ni serán rápidas ni fáciles. Uno de los mejores diagnósticos lo ha hecho el antropólogo y uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, en su libro ‘El secuestro de la vivienda’ (Península). 

Palomera hace suyo el concepto de neofeudalismo para recordar un dato que remite de nuevo a la cuna: en Barcelona y Madrid, siete de cada diez inquilinos no esperan heredar nunca una casa. Descontado ese 30% que pueden considerarse unos privilegiados, su conclusión es que la sociedad se está dividiendo entre quienes reciben ayuda de sus padres para comprar un piso y quienes no. Así que el futuro lo decide la familia en la que naces y la ayuda que ellos te pueden prestar. Por cierto, la mayor esperanza de vida hace que la expectativa de una herencia se esté esfumando para mucha gente.

Ese nuevo feudalismo rima con rentismo. Se rompe el contrato social y se convierte un derecho en una simple mercancía. Multipropietarios, rentistas y fondos han distorsionado no solo el acceso a la vivienda sino que han cambiado el tejido social e incluso el paisaje físico de muchos barrios. Por eso este es y seguirá siendo el principal problema del país y un foco de desigualdad evidente. Que todavía hoy haya quien se niegue a regular el mercado de vivienda para frenar la especulación prueba cómo de interiorizado está el catecismo neoliberal.

Además de la vivienda, el resto de áreas que la ciudadanía considera prioritarias para combatir la brecha social son el empleo de calidad, la sanidad y la educación pública. 

Es interesante que un 62,4 % de los encuestados crea que las desigualdades pueden revertirse. En lo que probablemente no se pondrían de acuerdo es en cómo se pueden reducir esas diferencias. Parecería una obviedad que recortar las partidas presupuestarias destinadas a sanidad o educación públicas va en contra de preservar estos pilares del Estado del bienestar. En cambio, es lo que se está haciendo en las comunidades gobernadas por el PP (o PP y Vox). 

Como en el estudio no se diferencia por adscripción ideológica o perfil de voto es fácil concluir que habrá encuestados que votan a favor de partidos que desmantelan estos servicios públicos mientras se quejan de que se les esté destinando menos dinero. 

El economista Thomas Piketty, uno de los que más ha teorizado sobre la historia y las causas que provocan la desigualdad defiende que la distancia monetaria entre personas es más que una mera distancia monetaria. Es también social. Y advierte de que el hecho de que hayamos renunciado más o menos a conseguir un objetivo igualitarista ambicioso en educación superior está en la raíz misma de muchos de nuestros problemas actuales, tanto económicos como, aún más si cabe, democráticos.

Ver cómo se está mercantilizando la educación, en especial en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, asusta. El último ejemplo es de esta misma semana. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ahogado las universidades públicas, infrafinanciándolas mientras ponía la alfombra roja a las privadas y centros que no merecen ni el nombre de universidad, y ahora se ha visto obligada a acudir al rescate de la Complutense con un crédito extraordinario de 35 millones de euros para poder pagar las nóminas. 

Un último dato: más de la mitad de los encuestados por Oxfam Intermón hubiera querido continuar su formación, pero señalan las dificultades económicas y la necesidad de trabajar como los principales obstáculos para seguir estudiando. Aun así, los partidos que priorizan la educación privada respecto a la pública gobiernan la mayoría de las comunidades gracias, también, a esos electores que votan en contra de sus propios intereses. 

Consenso ciudadano: el que contamina debe pagar. Es lo que revela una encuesta internacional realizada por Greenpeace y Oxfam Internacional en 13 países diferentes según la cual el 89% de la población en España respalda la creación de impuestos para que las empresas de gas, petróleo y carbón paguen por los daños derivados del cambio climático, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Los datos españoles, además, superan la media global (81%) y la europea (77%), según el estudio demoscópico lo que refleja un acuerdo social poco habitual en cuestiones fiscales y ambientales.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025 en 13 países entre los que, además de España, están incluidos Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno, muestra que la demanda de responsabilidad climática hacia las grandes empresas energéticas trasciende edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas. Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de estas medidas. De acuerdo con el informe, estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80% de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social.

Críticas a la influencia de las grandes empresas

La encuesta también pone de manifiesto la desconfianza ciudadana hacia el poder de las grandes empresas contaminantes y las grandes fortunas en la política. Un 67% de los encuestados en España considera que estas compañías y multimillonarios ejercen una influencia negativa en la política nacional, mientras que un 72% opina que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar su poder.

Para Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, estos datos lanzan un mensaje claro: “La gente ya no se cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. Ven la culpa de las grandes petroleras detrás de las tormentas, inundaciones, sequías e incendios que destruyen sus vidas, como la trágica DANA de Valencia, y quieren que estas empresas asuman su responsabilidad”, ha subrayado durante la presentación del estudio realizado por Dynata.

Otro de los resultados más destacados de la encuesta es que el 88% apoya que los ingresos generados por estos nuevos impuestos se destinen a compensar a las comunidades más afectadas por la crisis climática.

Por su parte, Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, ha acusado a estas corporaciones de lucrarse con la devastación climática. “Saben desde hace décadas el daño que sus productos contaminantes causan a la humanidad y su afán de lucro está destruyendo las vidas y medios de vida de millones de mujeres, hombres y niños, sobre todo en el Sur Global, que son quienes menos han contribuido a la crisis climática”. Asimismo, remarcaba la importancia de incorporar un nuevo impuesto a las, industrias contaminantes ya que podría proporcionar “apoyo inmediato y significativo a los países vulnerables al clima, e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa”.

Los resultados de este estudio han sido presentados durante las negociaciones de Bonn sobre Cambio Climático (SB62).

Llamamiento global

Junto a la encuesta, se ha presentado el Polluters Pay Pact, una alianza global de comunidades afectadas por desastres climáticos que exige a los gobiernos que las empresas de petróleo, gas y carbón paguen por los daños que causan mediante nuevos impuestos y sanciones. El pacto cuenta con el respaldo de más de 60 ONG y colectivos de todo el mundo, incluidos trabajadores de servicios de emergencia, sindicatos, alcaldes y demandantes judiciales en casos climáticos emblemáticos.

La campaña busca conseguir apoyo popular y llevar la demanda de “que los contaminadores paguen” a foros internacionales clave durante 2025, como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla y la COP30 sobre cambio climático.

“En 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó en dos billones de dólares estadounidenses y surgieron 204 nuevos superricos, lo cual supone un promedio de casi cuatro nuevos milmillonarios a la semana”, señala un nuevo informe sobre desigualdad de Oxfam Intermón.

Los cálculos de la ONG apuntan a que, el año pasado, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó tres veces más rápido que en 2023. “La fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”, incide el documento, titulado 'El saqueo continúa' y que ha sido publicado este lunes, coincidiendo con el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos y con la toma de posesión del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“En cambio, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990, debido a las crisis económica y climática, así como a los conflictos mundiales”, continúa el informe. Según los datos que recopila Oxfam, son 3.600 millones de personas en todo el Planeta las que viven por debajo del umbral de la pobreza establecido por el Banco Mundial en 6,85 dólares al día en paridad de poder adquisitivo (PPA). Las mismas que en 1.990, según destaca la ONG.

“Esta cifra representa actualmente el 44% de la población mundial. Mientras tanto, en una perversa simetría, el 1% más rico de la población mundial posee prácticamente este mismo porcentaje de riqueza: un 45% del total”, prosigue.

Las herencias, el clientelismo y la corrupción

“El 60% de la riqueza de los milmillonarios bien es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y corrupción, o vinculada al poder monopolístico”, explica el informe de Oxfam. De hecho, en 2023, por primera vez en la Historia, surgieron más milmillonarios gracias a herencias que como resultado del emprendimiento, según el documento.

Por otra parte, en 2023, el 1% más rico de la población del norte global obtuvo 263.000 millones de dólares estadounidenses de los países del sur global a través del sistema financiero. Esta cifra equivale a más de 30 millones de dólares cada hora.

Los hombres más ricos

En los sectores en los que los monopolios se van consolidando, los milmillonarios ven cómo su riqueza se dispara hasta alcanzar niveles sin precedentes. “El poder monopolístico, cada vez mayor, explica en gran medida el crecimiento de la concentración de riqueza extrema y la desigualdad en todo el mundo”, denuncia Oxfam.

“Las empresas monopolísticas pueden controlar los mercados, establecer las reglas y los términos de intercambio con otras empresas y trabajadores y trabajadoras e incluso fijar precios más altos sin perder cuota de negocio. Estas estrategias permiten engordar los bolsillos de sus ricos propietarios, algunos de los cuales se encuentran entre los hombres más ricos del mundo”, añade.

Oxfam estima que el 18% de la riqueza conjunta de los milmillonarios a nivel global es el resultado del poder monopolístico. Dos ejemplos son Jeff Bezos, que tiene un patrimonio neto: 219 400 millones de dólares estadounidenses, y que construyó el “imperio” Amazon, que concentra como mínimo el 70% de las compras por Internet en Alemania, Francia, el Reino Unido y España; y Aliko Dangote, que acumula un patrimonio neto de 11 000 millones de dólares estadounidenses —es la persona más rica de África—, y que ostenta un “cuasi monopolio” en el sector del cemento en Nigeria y un considerable poder de mercado en todo el continente africano.

Desigualdad

Las investigaciones del Banco Mundial revelan que tan solo el 8% de la población mundial vive en países con un nivel de desigualdad bajo. En su edición de 2024, el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (Índice CRI) elaborado por Oxfam y Development Finance International revela que, desde 2022, la inmensa mayoría de los países presentan tendencias negativas en materia de desigualdad.

“Cuatro de cada cinco países han recortado el porcentaje de su presupuesto destinado a educación, salud y/o protección social; también cuatro de cada cinco países han retrocedido en materia de fiscalidad progresiva, y nueve de cada diez lo han hecho en derechos laborales y salarios mínimos”, lamenta el informe de Oxfam. “Si no se adoptan medidas políticas urgentes para revertir esta preocupante tendencia, es prácticamente seguro que la desigualdad económica seguirá aumentando en el 90% de los países”, concluye.

La “huella de la desigualdad” en algunas empresas españolas es alargada. A veces, se traduce en cifras estratosféricas. Es lo que refleja un estudio de Oxfam Intermón, que radiografía las remuneraciones en 40 grandes empresas españolas, en las que, en promedio, el sueldo del primer ejecutivo de estas empresas es “118 veces el salario” medio de sus plantillas. El caso más extremo es CIE Automotive, “donde el sueldo de su director ejecutivo supone 1.208 veces el sueldo promedio de la empresa”, recoge el estudio.

El informe Huella en las Desigualdades examina una muestra de 40 grandes corporaciones españolas entre aquellas con “mayor facturación”, explica Oxfam. Están incluidas “29 de las 35 empresas del índice Ibex 35” y otras empresas “que igualmente cotizan en Bolsa”. El análisis se detiene en cómo impactan estas compañías “en la desigualdad social y económica” en varias dimensiones, como el “poder”, los “beneficios” y el “planeta”, entre otras.

Dentro del capítulo de beneficios, la ONG desgrana las diferencias salariales del primer ejecutivo y de quienes componen la alta dirección respecto al salario medio en estas compañías.

“En muchas ocasiones estos sueldos alcanzan cantidades desorbitadas de millones de euros, lo que supone canalizar una parte considerable de las rentas generadas por las empresas hacia miembros de los colectivos más favorecidos de nuestra sociedad, y la comparativa de estas remuneraciones con lo que percibe el resto de personas trabajadoras nos da una medida clara de la desigualdad remunerativa de las empresas”, recoge el informe.

Sueldo del máximo ejecutivo: hasta 24 millones de euros

El promedio de retribución que percibe el máximo ejecutivo en la muestra de 40 empresas analizada es “de 4,5 millones de euros”.

Oxfam indican que las empresas con los sueldos “más desorbitados” son CIE Automotive, cuyo máximo responsable percibió casi 24 millones de euros en 2023, seguida de Iberdrola (13,8 millones) y Banco Santander (12,2 millones). En el extremo opuesto están DIA, cuyo primer ejecutivo recibió un sueldo de 150.000 euros, Aena, con 187.000 y Redeia, “que pagó 833.000 euros a su máximo responsable en 2023”.

La ONG enfrenta los sueldos del máximo ejecutivo de las compañías con los salarios medios de cada empresa para “obtener una primera foto de la desigualdad salarial”. En promedio, el sueldo del primer ejecutivo es 118 veces el salario promedio. En el 58% de las empresas analizadas, esa distancia es mayor a 50 veces, en otra cuarta parte de las compañías (25%) la ratio está entre 20 y 50 veces y en un 18% de las empresas de la muestra “la distancia entre el sueldo más alto y el medio es inferior a 20 veces”.

Lidera el ranking de desigualdad salarial CIE Automotive, “donde el sueldo de su director ejecutivo supone 1.208 veces el sueldo promedio de la empresa”. Le sigue Inditex, con una ratio de 311 veces, y Banco Santander, con 252 veces.

Las empresas en las que la distancia entre sueldo más alto y sueldo medio es menos abultada son “Aena, con una distancia de 5 veces, DIA, 9 veces y Redeia, 12 veces”.

Cuánto gana la alta dirección

El informe también se detiene en “la retribución media de los miembros del comité de dirección”. En promedio, los miembros de la alta dirección de las 40 empresas analizadas cobran 1,15 millones de euros.

“Iberdrola es la empresa que paga sueldos más altos a sus altos directivos, una media de 5,6 millones de euros, seguido de Inditex con 5,3 millones de euros y Banco Santander con 3,6 millones de euros”.

En el lado contrario, las empresas “más moderadas” retribuyendo a los miembros de su comité de dirección son “Aena, con una remuneración media de 147.000 euros, Redeia, 275.000 y Ebro Foods que retribuye a sus altos ejecutivos con 287.000 euros” de media, contempla el estudio.

De nuevo, Oxfam compara estos datos con las retribuciones medias en las compañías. De media, un miembro del comité de dirección de alguna de las empresas analizadas cobra 27 veces el sueldo medio.

Inditex es la empresa con mayor distancia entre el sueldo medio de un alto directivo y salario medio, con 159 veces, seguida de Iberdrola, con 90 veces y del Banco Santander, con 74. En el otro extremo están Redeia y Aena, con una distancia de cuatro veces entre lo que cobran de media sus altos directivos y el sueldo medio, y Acciona Energía, donde esa distancia es de cinco veces.

Cuando el reparto de dividendos se come los beneficios

Oxfam también señala a varias empresas de la muestra que dedican una parte mayoritaria de sus beneficios al reparto de dividendos, que consideran otro foco de desigualdad. En concreto, un 18% de las compañías distribuyeron “más del 70%” de sus beneficios de 2023 en dividendos para sus accionistas.

“Las cantidades que las empresas reparten como dividendos retribuyen principalmente a las capas altas de la sociedad, por lo que las empresas que pagan dividendos descomunales que suponen una proporción excesiva del total de beneficios obtenidos están claramente inclinando la balanza hacia quienes más tienen y dando visos de entender la empresa como un mecanismo de extracción de renta”, valora la ONG.

Oxfam destaca en concreto a cuatro empresas “que destinan más del 100% del beneficio a retribuir a sus accionistas, lo que implica recurrir a fondos propios para pagar dividendos y, por tanto, descapitalizar la empresa”. “Endesa, Fluidra y Sacyr Vallehermoso recurren a estas prácticas de dedicar todo el beneficio obtenido más una parte de las reservas a dividendos, mientras que Telefónica opta por remunerar generosamente a sus accionistas a pesar de haber entrado en pérdidas (574 millones de euros de resultado negativo en 2023, y 1.725 millones de euros destinados a dividendos)”, recoge el estudio.

La ONG incluye varias recomendaciones a las empresas y al Gobierno para “iniciar una reforma hacia una gobernanza empresarial más inclusiva que priorice la sostenibilidad, la equidad y la participación activa de las personas trabajadoras en la toma de decisiones, el reparto de los beneficios y los órganos de dirección”.

En concreto, Oxfam apuesta por una reforma empresarial que incida en el artículo 129 de la Constitución, que defiende como principio la participación de las personas trabajadoras en las empresas, una medida que defiende Sumar y que se pactó con el PSOE en el acuerdo de Gobierno. La organización recomienda “cambios en la Ley de Sociedades de Capital que faciliten y promuevan la representación de los y las trabajadoras en los Consejos de administración y en la comisión de nombramientos y retribuciones, así como la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de la empresa, a través de distintos esquemas de reparto”.

Para acabar con estas abultadas cifras de desigualdad salarial dentro de las compañías, Oxfam recomienda “establecer una diferencia máxima entre el sueldo más alto y el mediano de las grandes empresas de 1 a 20”.

También propone “prohibir el reparto de dividendos y recompra de acciones (share buybacks) en empresas que durante el ejercicio hayan presentado expedientes de regulación de empleo”, entre otras medidas.

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CORRECCIÓN: En una versión anterior de este artículo figuraba que el segundo máximo ejecutivo que más ganaba era el de Indra, por un error en el informe de Oxfam.

Los jets de los 23 'superricos' mundiales dejaron en 2023 la huella de carbono equivalente a la que cualquier ciudadano medio dejaría en 300 años de vida o en 2.000 años en el caso de una persona de las más pobres del planeta. Estos aviones se van a una emisión media de 2.074 toneladas de carbono, según revela un análisis realizado por la organización Oxfam, que apunta a que el 1% de la población más rica es responsable de la mitad de las emisiones del sector aéreo mundial. Algunos gobiernos europeos quieren poner coto a la aviación privada, que se ha disparado en las últimas dos décadas, al mismo tiempo que la emergencia climática ha ido haciendo estragos.

Oxfam analiza los 23 jets declarados por los 50 'superricos', que de media volaron 184 veces, que supusieron 425 horas en el aire a lo largo de 2023. “Esto equivale a que cada uno de ellos le dio la vuelta al globo diez veces”, ejemplifica la organización, que pone como ejemplo al magnate Elon Musk, que tiene dos aviones privados. En su caso, emitió 5.497 toneladas de C02, que una persona media consumirá en 834 años y la cifra aumenta a 5.437 años en el caso de alguien perteneciente al 50% de la población más pobre.

Además de en el aire, el impacto climático de los yates en el mar, cuyo número se ha duplicado desde el año 2.000, es incluso mayor. El análisis de la organización se ha realizado sobre los 23 'superyates' de 18 multimillonarios y concluye que emitieron una media de 5.672 toneladas de carbono.

'Patio de recreo' ambiental

“Los 'superricos' de Europa tratan nuestro planeta como su patio de recreo personal. Sus sucias inversiones, sus jets privados y sus yates no son solo símbolos de excesos, sino que están alimentando la desigualdad, el hambre e incluso la muerte”, afirma Chiara Putaturo, experta en fiscalidad de Oxfam en la UE.

El informe de Oxfam se publica a las puertas de que comience la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29), que se celebrará en Bakú (Azerbaiyán), y en la que se reunirán la inmensa mayoría de gobiernos del mundo para buscar fórmulas con las que mitigar la emergencia climática en un momento en el que las emisiones no paran de crecer, en vez de reducirse. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió recientemente de que el planeta está en la “cuerda floja” después de que los gases de efecto invernadero crecieran un 1,3% el pasado año, alcanzando cifras nunca antes registradas.

Pero la propia ONU advierte de que sin solo un recorte liderado por el G20 (los países más desarrollados y emergentes) permitirá reducir el calentamiento global. Oxfam pone el foco, además, en el 1% que más tiene y que más contamina y les acusa de estar en una suerte de círculo vicioso al enriquecerse gracias a inversiones en los sectores que provocan una mayor polución. “Casi el 40% de las inversiones multimillonarias analizadas en la investigación de Oxfam se realizan en sectores altamente contaminantes: petróleo, minería, transporte marítimo y cemento. Las emisiones totales de las inversiones de 36 de los multimillonarios más ricos de la UE equivalen a las emisiones anuales de más de 4,5 millones de europeos”, recoge la organización.

“Si el mundo continúa con sus emisiones actuales, el presupuesto de carbono (la cantidad de CO₂ que aún puede añadirse a la atmósfera sin provocar un aumento de la temperatura global superior a 1,5 °C) se agotará en unos cuatro años. Sin embargo, si las emisiones de todo el mundo fueran iguales a las del 1% más rico, el presupuesto de carbono se agotaría en menos de cinco meses. Y si todo el mundo empezara a emitir tanto carbono como los jets privados y los 'superyates' del multimillonario medio, se agotaría en dos días”, alerta.

Oxfam reclama impuestos a los ricos, ya no solo como medida recaudatoria sino como fórmula para reducir sus emisiones. “Un impuesto del 60% sobre las rentas del 1% de los más ricos a escala mundial reduciría las emisiones equivalentes a más de las emisiones totales del Reino Unido en 2019”, asegura el informe, que también aboga por “aplicar un tipo impositivo adicional más elevado a la riqueza y a los ingresos (individuales y empresariales) procedentes de inversiones contaminantes para luchar específicamente contra la contaminación por carbono”.

Los ricos son cada vez más ricos mientras la pobreza se sigue cebando con los más vulnerables. Los cinco hombres más ricos del mundo han visto duplicarse sus fortunas desde 2020, a pesar de la pandemia y las guerras que han tenido en vilo a la población mundial. Así lo revela un informe de Oxfam sobre desigualdad que publica anualmente coincidiendo con la reunión del elitista Foro de Davos. Esos cinco 'superricos', entre los que se encuentran Elon Musk; el jefe del imperio del lujo LVMH, Bernard Arnault y su familia; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el magnate tecnológico Larry Ellison y el inversor Warren Buffet han incrementado su riqueza a un ritmo de 14 millones por hora, según ese informe, que cifra en 5.000 millones las personas que se han empobrecido en este tiempo.

En términos absolutos, las fortunas de las cinco personas más ricas han pasado de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones desde 2020. Oxfam cita expresamente el caso del fundador de Amazon, que ha tenido un incremento de 32.700 millones de dólares (hasta los 167.400 millones) desde el inicio de la década. No obstante, no se centra en los casos concretos sino en la tendencia global.

“Estamos asistiendo al comienzo de una década de división, en la que miles de millones de personas soportan las consecuencias económicas de pandemias, inflación y guerras, mientras las fortunas de los multimillonarios se disparan. Esta desigualdad no es accidental; la clase multimillonaria se está asegurando de que las empresas les proporcionen más riqueza a costa de todos los demás”, señala el Director Ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar.

Las grandes multinacionales lograron, además, beneficios récord en 2023. “148 de las mayores empresas del mundo obtuvieron en conjunto 1,8 billones de dólares en beneficios netos totales en el año hasta junio de 2023, un aumento del 52% en comparación con los beneficios netos medios en 2018-2021. Sus beneficios extraordinarios aumentaron hasta casi 700.000 millones de dólares”, señala el informe, que concluye que 82 de cada 100 dólares de beneficios obtenidos por las 96 empresas más grandes acabaron en manos de los principales accionistas.

De ahí que siete de cada diez de las mayores empresas del mundo tengan a un multimillonario como consejero delegado o accionista principal. “El valor de estas empresas asciende a 10,2 billones de dólares, lo que equivale a más del PIB combinado de todos los países de África y América Latina”, señala el documento 'Desigualdad a la orden del día'.

Mientras que la riqueza de un ínfimo porcentaje de la población se ha multiplicado, la pobreza se mantiene en los mismos niveles de la prepandemia, lo que lleva a Oxfam a concluir que si las tendencias se mantienen, dentro de una década existirá una persona billonaria mientras que la pobreza no se erradicaría en 229 años.

Oxfam analiza los datos a nivel de la UE, que aglutina al 15% de los más ricos, a pesar de que representa sólo el 6% de la población mundial. Según la organización, los cinco mayores multimillonarios -entre los que se encuentra Amancio Ortega- han incrementado su fortuna en un 76% desde 2020. Entre las medidas que plantea Oxfam está la imposición de un impuesto de entre el 2% y el 5% a los multimillonarios europeos que podría recaudar hasta 390.000 millones de euros (la mitad de financiación prevista para el Plan de Recuperación y Resiliencia).

Hoy subimos a un tren lleno de jóvenes activistas por el cambio climático. Son más de cien personas llegadas de todas partes del mundo con una meta común: aportar ideas y proyectos que contribuyan a frenar el cambio climático, desde lo individual hasta lo colectivo. Durante este viaje de París a Barcelona Carmen Ibáñez, productora de Un Tema Al Día, charla con algunos de ellos sobre qué ha sido lo que les ha llevado a dedicar su vida y sus energías al activismo medioambiental.

Nota de producción: elDiario.es ha sido invitado a esta cobertura junto a otros medios por Oxfam Intermon, que ha sufragado los gastos de desplazamiento sin interferir en el contenido.

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El Tribunal Supremo ha rechazado el pleito que diversas organizaciones ecologistas interpusieron contra el Gobierno al entender que la estrategia climática de las autoridades españolas no protegía lo suficiente el medioambiente contra los efectos del cambio climático. Los jueces entienden que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que contemplaba medidas y objetivos desde 2021 hasta 2030, aprobado por el Gobierno, supone “integrarse en el compromiso asumido por la Unión Europea” y descarta, como pedían los ecologistas, obligar al ejecutivo a endurecer sus términos.

Se trataba de un recurso planteado por Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam y Coordinadora de ONGS para el desarrollo contra el PNIEC de marzo. Reclamaban su nulidad parcial y acusaban al administración de incurrir en “inactividad”. Pedían, por ejemplo, que la reducción de gases de efecto invernadero prevista para España en 2030 por este Plan fuese del 55% y no solo un 23% como contemplaba el ejecutivo.

Los jueces rechazan que poner en marcha los criterios de la Unión Europea pueda ser algo arbitrario, tanto como para que un tribunal la revoque. “No parece que la decisión de la Administración Española, en legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional que le confiere la Constitución, pueda tacharse de arbitraria, sino todo lo contrario”, zanja la sala tercera del Supremo.

El Acuerdo de París, reconocen los jueces, es un “límite de mínimos” pero acarrea unos compromisos “de tal forma que la política seguida por el Gobierno y la Administración de nuestro País es asumir, como autoriza el Acuerdo, los compromisos como integrante en la Unión y sometida a sus criterios, esto es, a la política diseñada por la Unión en la que nuestro país ha colaborado a aprobar”. Alterar ahora por ejemplo los límites de emisiones impondría a España “la renegociación de una política diseñada, en plena armonía, en todo el ámbito de la Unión, es decir, incluso se estarían afectando a las competencias internacionales, ciertamente peculiares en el caso de la Unión, del Gobierno”.

Los grupos ecologistas han anunciado que recurrirán por “vulneración de los derechos humanos” al entender que el Supremo “ignora la ciencia y los acuerdos internacionales” además de “desproteger a la ciudadanía”.

España ha sido un gran desengaño para Sadou Diallo. Cuando este joven de 30 años de Guinea Conakry se jugó la vida cruzando el Mediterráneo en una patera no esperaba que la situación aquí iba a ser la que se encontró. Diallo estuvo cuatro años sin papeles, sin posibilidad de poder trabajar. Cuando los consiguió se trajo a su mujer y dos hijos, y finalmente pudo conseguir un empleo: fregando platos con un contrato fijo discontinuo. Trabaja cuando le llaman y en esas circunstancias no le da para pagar el piso que ha alquilado, por lo que ha tenido que meter un inquilino en una habitación. “La precariedad es trabajar y no tener para pagar tus gastos. Nunca me había imaginado que se puede trabajar y ser pobre”, cuenta.

“Cuando llegué aquí era muy diferente de lo que yo pensaba. Creía que me iba a encontrar todo fácil, pero fue al revés. Imagínate que llegas a una ciudad donde no hablas el idioma, no conoces a nadie, vienes sin estudios la mayoría, nunca has ido al colegio... He ido dos veces a Guinea contándoles lo que hay aquí, pero no me creen. No quiero que nadie pase por lo que he pasado yo”.

Vídeos realizados por Olmo Calvo y Celia Hernández.

En primera persona

"He hecho todo lo que me han pedido y no tengo nada"

"La precariedad es frustración, no poder hacer mi vida, tener un hijo, una casa"

"En nueve meses echando currículums solo me han contestado dos veces"

A Jaume León (en realidad se llama Jaime, pero siempre le gustó más la versión catalana) se le acaba el tiempo. Este extremeño, de 21 años, se fue a Barcelona a buscarse la vida siguiendo los pasos de su abuelo, pero su proyecto nunca acabó de arrancar y ahora corre el riesgo de tener que volverse al hogar familiar. Dejó el grado en Ingeniería de la Energía que había empezado porque no le acababa de convencer y tampoco veía que los compañeros que se licenciaban llegasen a buenos empleos, y probó suerte en el mercado laboral. Solo consiguió emplearse en una empresa telefónica como comercial y falso autónomo, un trabajo que califica de “fraude” y en el que solo cobraba por contrato conseguido.

Cuando sus padres, un camionero y una desempleada, dejaron de poder ayudarle con el piso se tuvo que cambiar de vivienda. Ahora vive en una habitación de 4x2, con una ventana cegada porque da al descansillo del piso, sin salón y que comparte con cuatro desconocidos. “Llevo nueve meses echando currículums y solo me han contestado dos veces, tampoco tengo esperanzas de que en el currículum 500 me llamen. Nunca he encontrado un trabajo estable y la mayoría de los que he tenido han sido en negro. Me considero muy precario, pero conozco a gente en mi misma situación que han tenido que ir a buscar comida de lo que tiran los supermercados”.

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En primera persona

"He hecho todo lo que me han pedido y no tengo nada"

"La precariedad es frustración, no poder hacer mi vida, tener un hijo, una casa"

"La mayoría de mis amigos no tiene nada, y el que tiene trabajo es temporal"

Lorena Coronado lo intenta. Esta sevillana de 34 años se fue a Londres a buscarse la vida porque su paso por el mercado laboral español fue un fiasco que le hizo sentirse “una inútil que no servía para nada”. Allí encontró trabajo rápido, pero tres años después se tuvo que volver por circunstancias personales. Cuando regresó la cosa cambió, pero no tanto como para mejorar su situación. En los tres años que lleva de vuelta ha encadenado todo tipo de trabajos, siempre temporales: se ha empleado en tres tiendas, de teleoperadora, en el Circo del Sol, ha llegado a cubrir conciertos como fotógrafa, cumpliendo (breve y precariamente) su ilusión de trabajar con la cámara de fotos que se compró con gran esfuerzo. Pero no le da para imaginar una vida propia.

“La precariedad me provoca mucha frustración. Me va cerrando puertas de todo lo que quiero hacer. Hablo de tener un hijo, no me quiero morir sin ser madre, aunque sea sola, pero, ¿así cómo lo hago? Hablo de tener una vivienda, hacer mi vida, lo veo impensable. De tener un trabajo que me guste, que no suponga un martirio levantarme e ir a trabajar. Me causa mucho mal”.

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"He hecho todo lo que me han pedido y no tengo nada"

"En nueve meses echando currículums solo me han contestado dos veces"

"La mayoría de mis amigos no tiene nada, y el que tiene trabajo es temporal"

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Verónica Cañizares tiene 26 años, un grado en Periodismo, un máster en Derechos Humanos, se llegó a matricular del doctorado y actualmente está cursando un módulo de Formación Profesional. Con todo eso, su experiencia laboral consiste en casi tres años en un call center en el que solo con pensar en ir a trabajar le causaba ansiedad, cuenta, por la presión que tenían y el trato que recibía.

Verónica sigue viviendo con sus padres y comparte habitación con su hermana. No ve futuro. “Ser precaria me atraviesa toda la vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. He hecho lo que me han dicho que haga, que se supone va a dar unos resultados, y no tengo nada. Da enfado y rabia. Por mi propia experiencia y lo que veo en mi entorno, no hay futuro para nosotras. Y te sientes mal cuando tienes que decir que no a todo porque no tienes dinero. Es un sentimiento vergonzoso, como si hubiera algo malo en ti”.

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"La precariedad es frustración, no poder hacer mi vida, tener un hijo, una casa"

"En nueve meses echando currículums solo me han contestado dos veces"

"La mayoría de mis amigos no tiene nada, y el que tiene trabajo es temporal"

Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud, cree que la parte de la sociedad de la que se ocupa la entidad que preside está olvidada. “Vemos que las políticas para personas mayores pesan mucho más que las de los jóvenes. Porque tienen mayor peso electoral, porque son más, y porque tendemos a preocuparnos más de lo que nos ocurre y va a ocurrir de lo que le pasa a un colectivo al que además ya nunca voy a pertenecer. Faltan políticas que demuestren que la juventud está en el centro y que importa. Se aprecia una cierta falta de empatía”, lamenta. Sin embargo, concede que a la vez la situación está girando poco a poco.

“Que todo el mundo conozca a alguien en esta situación precaria, sea tu hijo o no, no hace que llegues a entender el conflicto social que esto supone. Pero quizá estamos empezando ahora a tener conciencia de país del problema de los jóvenes. Hemos escuchado ahora a nuestros representantes hablar de juventud, algo inexistente hasta ahora. Cala la preocupación de que hay ciertas condiciones a las que la gente cada vez llega más tarde. Creo que también se está tomando mucha conciencia de las repercusiones para la salud mental, y espero que eso genere una sensibilidad para hacer políticas dirigidas a mejorar el sistema público de sanidad, pero también la vida de las personas jóvenes, el mercado laboral... Todo es un entramado vinculado”, reflexiona.

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