Daniel e Imad son los dos integrantes de 'Los 6 de Zaragoza' que continúan en prisión. Imad, que padece una enfermedad psiquiátrica, logró el tercer grado en diciembre de 2025 y Daniel cumple su condena en una cárcel de Alicante. Desde la plataforma denuncian que no entienden por qué el indulto se concedió solo a dos de los condenados, ya que los cuatro jóvenes fueron acusados por los mismos hechos. Coincidiendo con la semana en la que se cumplen dos años de su ingreso en prisión, han convocado una protesta este sábado 18 de abril: una cadena humana frente a la Audiencia Provincial, seguida de una concentración en la plaza del Portillo.

Javitxu Aijón, uno de los que fue indultado, ha criticado que la situación “no está resuelta” ya que dos de sus compañeros continúan encarcelados. “Adrián y yo estuvimos un año y medio encerrados por unas detenciones injustas y aleatorias, no entendemos por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado”. Considera que el objetivo del gobierno de coalición con sus indultos “era acallar la oleada de protestas y presión social” pero que “no se ha hecho justicia”: “A pesar del indulto, se mantiene la astronómica pena económica, de 200.000 euros, una medida que condena doblemente a la clase trabajadora y a su entorno”. 

Aijón considera que en este caso está en juego “el derecho a manifestarse contra la extrema derecha”. “Manifestarse ante estas violencias no puede ser un delito”, defiende, y añade que “no es un hecho aislado, sino fruto de un entramado pensado para el disciplinamiento de las clases sociales”.

En la misma línea, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, critica la sentencia inicial y sostiene que “han querido condenar la protesta”. “Buscan que tengamos miedo a la hora de organizarnos. Manifestarse es un derecho que ha ganado la clase trabajadora y es nuestra responsabilidad conservarlo”, afirma. Según indica, la condena por la que dos personas continúan en prisión “no se basa en ninguna prueba”. La plataforma ha hecho un llamamiento a la movilización este sábado a las 12:00, con una cadena humana frente a la Audiencia Provincial y una concentración posterior en la plaza del Portillo. Con estas acciones, reclaman la libertad de 'Los 6 de Zaragoza', la derogación de la Ley Mordaza y una reforma “no punitiva” del Código Penal.

Sobre la situación de los dos jóvenes que permanecen en prisión, explican que Imad ha mejorado tras la concesión del tercer grado, aunque “no está recuperado, es un tratamiento largo”. En el caso de Daniel, que continúa en segundo grado en una cárcel de Alicante, aseguran que “está sufriendo”.

También señalan que en los últimos meses no ha habido contactos con grupos políticos. “Por nuestra parte siempre hemos estado abiertos a conversar con cualquier grupo que quiera apoyarlo, también con el Gobierno de coalición, que es quien tiene capacidad de conceder el indulto”, indican.

El caso se remonta al 17 de enero de 2019, cuando unos 200 manifestantes antifascistas se concentraron en las inmediaciones del Auditorio de Zaragoza para protestar contra un mitin de Vox. La protesta terminó con cargas policiales y la detención de seis personas, acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos.

Desde 2021, la plataforma ha solicitado reiteradamente el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Advierten que seguirán presionando hasta que todos los jóvenes obtengan justicia completa y “se deroguen las leyes que facilitan este tipo de represión política”.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.

Entre el 10 de julio del 2025 y el 31 de marzo del 2026 hay 267 días. Son los que han pasado cumpliendo condena de cárcel 'Las seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que ven como este martes el Consejo de Ministros concederá un indulto a su pena de tres años y medio de prisión por “hacer sindicalismo”, como siempre han defendido desde que se inició el proceso judicial hasta la fecha presente.

'Las seis de la Suiza' son una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor que fueron condenadas por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical realizada en el año 2017. Tres años y medio de prisión en total para cada una de ellas. Inicialmente las condenadas a cárcel fueron ocho pero en los recursos dos lograron la absolución.

El caso nace en el año 2016 cuando una trabajadora de una pastelería llamada 'La Suiza' denunció acoso laboral, y sexual luego desestimado, y la pareja de esta tienen un altercado con el empresario. La CNT apoyó a la trabajadora con acciones de protesta ante la pastelería consistentes en concentraciones ante el local y reclamar al empresario una salida digna a la situación. El empresario les denuncia por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y se condena a siete personas a dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción, y a otra a ocho meses. En los recursos siguientes quedaron seis con las condenas de tres años y medio de cárcel en total. Entonces nació la ola de solidaridad bajo el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito”

El Tribunal Supremo ratificó la condena en el año 2024, ya que consideró que las acciones pacíficas constituyeron un hostigamiento que llevó a cerrar luego el local. El Constitucional rechazó revisar el caso y ahora están pendiente que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han elevado el asunto. Entraron voluntariamente en la prisión del Centro Penitenciario de Asturias el verano pasado tras agotar todas las vías judiciales en España, “con coherencia y dignidad”. Tras su ingreso en la cárcel fueron clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que han esperado el indulto cumpliendo la pena en régimen abierto, es decir, acudiendo a dormir a la prisión. Han cumplido casi la mitad de la condena de cárcel ya que la pena mayor es de dos años.

Desde el minuto uno tanto las sindicalistas, afiliadas a la CNT, como distintas organizaciones han elevado la voz contra la condena de cárcel, que consideran un “peligrosísimo precedente” para impulsar acciones contra el sindicalismo. En su batalla legal han contado con el pleno apoyo del sindicato CNT, que ha financiado la causa judicial e incluso la indemnización de 125.000 euros, y un gran apoyo social. El caso incluso han unido a todos los sindicatos en una “alianza histórica”, con decenas de movilizaciones a su favor en todo el país, tanto durante el proceso judicial como en la posterior fase de petición de indulto.

Fuentes cercanas a las sindicalistas reiteran su preocupación porque el caso suponga un precedente que se use para coartar la libertad sindical en España. A la “alegría personal” por la mejora evidente de su situación le sigue la preocupación como colectivo ya que entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

Su indulto viene avalado por la petición de 22 organizaciones sindicales de toda España, no de ellas como condenadas, por lo que no necesita arrepentimiento. No lo tienen porque no creen que haber organizado acciones pacíficas de protesta comunicadas ante la pastelería que tenía el conflicto laboral con una trabajadora merezca un reproche penal, y menos de estas características.

Para el acceso al indulto han tenido, además, el apoyo explícito del Gobierno del Principado de Asturias, aunque en la ciudad de Gijón las derechas del consistorio -PP, Vox y Foro- vetaron el debate. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido uno de los más firmes apoyos a la medida de gracia, aunque la resolución se ha retrasado casi nueve meses desde que entraron en prisión. El cantante Rodrigo Cuevas recordó este retraso en 'La Revuelta' hace escasos días, volviendo a poner sobre la mesa la derogación de la Ley Mordaza prometida por este Gobierno.

Durante estos meses de cumplimiento de condena las sindicalistas han mantenido silencio, aconsejado por sus equipos legales, mientras esperaban la resolución tanto del indulto como del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El grupo de apoyo surgido en su apoyo, Sofitu, ha remarcado que “ya es hora” del indulto. “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”, reprochaban tras conocerse su ingreso en prisión. La movilización por su libertad ha sido intensa, emocionante y larga.

Pendientes de la 'letra pequeña'

Los casi nueve meses en prisión suponen realmente que las sindicalistas de la Suiza han cumplido más de la mitad de su condena en el momento que les llega el indulto. Desde el sindicato CNT señalan que están “contentas” por la concesión de los indultos pero piden “prudencia” hasta esperar la decisión del Consejo de Ministros y leer el detalle de cada uno de los indultos individuales, si total o parcialmente o en qué condiciones.

Recuerdan que las sindicalistas de Gijón han tenido que “parar sus vidas” por una condena que entienden que “parece que fuera una voluntad de acallar la reclamación en la calle de los sindicatos”.

Según Érika Conrado, secretaria general de CNT, la respuesta unitaria en defensa de las condenadas y la llegada del indulto demuestran que “El sindicalismo está más vivo que nunca y sigue siendo una cosa del presente”. “Está siendo muy importante la unión de todos los sindicatos y el empuje que hemos tenido todas en el acompañamiento de ellas”, señala para incidir que es necesario “que la gente se organiza y luche, que al final se consiguen cosas”.

El Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, según ha publicado El País y ha confirmado elDiario.es. El Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo, un primer paso en la tramitación de este tipo de medidas de gracia. Fuentes jurídicas aseguran a este periódico que la previsión era enviar el expediente al tribunal sentenciador la semana pasada. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, dijo la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena.

La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, ha dicho la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha este miércoles la ejecución de la condena de Álvaro García Ortiz después de que la Sala de lo Penal considerara probado que él o alguien de “su entorno” filtraron el documento a la prensa. Una condena que incluye dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros más para Alberto González Amador y la duda de si la Fiscalía, además, le expulsará de la carrera o le suspenderá.

La UPF, que desde el principio del caso ha criticado tanto la instrucción del juez Ángel Hurtado como la sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal, ha apoyado ahora públicamente una petición de indulto por parte de una asociación presidida por el profesor de Derecho Internacional Carlos Villán y que, por el momento, ha recogido algo más de 300 firmas en Change.org. No consta que se haya presentado una petición formal ante el Ministerio de Justicia.

La Abogacía del Estado está a la espera de interponer un incidente de nulidad y después, cuando sea previsiblemente rechazado por el Supremo, llevar la condena de García Ortiz al Tribunal Constitucional en amparo. La UPF, por su parte, ha pedido a la relatora de Naciones Unidas que analice si han existido “irregularidades institucionales” en el proceso contra el ex fiscal general.

Un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara el indulto de dos de los seis jóvenes condenados por su participación en una manifestación antifascista contra un mitin de Vox en 2019, la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha reclamado este miércoles la excarcelación de los otros dos que siguen en prisión y la anulación de las sanciones económicas impuestas.

“Desde hace un mes se encuentran en libertad Javitxu y Adrián, dos de los jóvenes conocidos como los seis de Zaragoza. Esto se ha logrado gracias a la gran movilización popular y al trabajo militante constante de una plataforma plural”, ha señalado Pablo Rochela, portavoz del colectivo. “Nuestros compañeros liberados estuvieron encarcelados más de un año después de un proceso judicial que se inició con unas detenciones absolutamente aleatorias y unas sentencias injustas sin ninguna prueba más allá de la versión policial, algo que nunca debería haber ocurrido”.

El portavoz ha calificado la liberación de los dos jóvenes como “una victoria del conjunto del movimiento popular”, aunque ha subrayado que “la campaña no ha terminado porque todavía quedan dos compañeros en prisión, Imad y Daniel”. “Si se trata del mismo caso, de las mismas detenciones aleatorias, del mismo proceso judicial y de la misma sentencia injusta, ¿por qué no se les ha concedido la misma medida?”, se ha preguntado Rochela, que ha acusado al Gobierno central de querer “acallar la gran movilización” social que ha acompañado al caso.

La plataforma también ha recordado que continúa vigente la condena económica de casi 200.000 euros, una carga “muy dura para familias de clase trabajadora” que —aseguran— “supone una doble pena y un castigo que les perseguirá toda la vida”. Uno de los jóvenes indultados, Francisco Javier Aijón, conocido como Javitxu, ha expresado lo que supone este tipo de condea económica, ya que “estás endeudado de por vida, te afecta en todo, cuando quieres pedir una hipoteca, un préstamo de estudios...”

“Somos presos políticos”

Javitxu, ha explicado que este primer mes en libertad está siendo “extraño y complicado”, y que continúa en terapia por estrés postraumático. “Con esta sentencia y nuestro encarcelamiento se pretende condenar la protesta, con castigos ejemplarizantes para meter miedo. Es nuestro derecho democrático, pero también nuestra responsabilidad conservarlo ejerciéndolo”, ha declarado.

Aijón ha insistido en que “no hay una sola prueba” que demuestre su culpabilidad: “Hemos sido condenados únicamente con la versión de la policía, que además entraba en contradicción consigo misma. Por todo ello consideramos que somos presos políticos. Los únicos hechos que se han podido demostrar es que participamos en una manifestación”.

El joven ha puesto el foco en la situación de Imad, que permanece en prisión en segundo grado y cuenta con un informe favorable para acceder a un centro de día del Servicio Aragonés de Salud. “Tiene problemas de salud mental y seguimos esperando que se confirme su plaza. Cuando nos dieron el indulto, se alegró mucho pero también se quedó muy triste, con miedo a quedarse solo. Queremos que sepa que no vamos a dejar de luchar por él ni por el resto de presos políticos”, ha dicho.

Llamamiento a manifestarse el 1 de noviembre

La plataforma ha convocado una manifestación este sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas en la plaza del Portillo para exigir la libertad de Imad y Daniel, “la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código Penal y el fin de las infiltraciones policiales”.

Además, Rochela ha denunciado que “la situación de los seis de Zaragoza no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que castiga a las clases populares”, y ha expresado su apoyo a otros colectivos con causas abiertas, como las integrantes de la PAH Zaragoza, que afrontan un juicio esta semana por oponerse a un desahucio. “Manifestarse ante las violencias de la extrema derecha no solo no es un delito, sino que debe ser una obligación democrática. Frente a estos discursos hay que plantarse; ponerse de perfil es ser cómplice”, ha afirmado Rochela.

El pasado 23 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el indulto de Francisco Javier Aijón Vázquez, conocido como Javitxu, y de Adrián Latorre Rayo, dos de los integrantes de 'Los seis de Zaragoza' que llevaban 491 y 526 días en prisión, respectivamente. Dos semanas más tarde, Javitx repasa cómo está siendo la adaptación a la vida fuera de la cárcel y mantiene su implicación con la militancia antifascista. Estos jóvenes fueron detenidos en 2019 tras manifestarse contra un mitin de Vox en Zaragoza. La protesta terminó con cargas policiales y la detención en los bares cercanos a la universidad de seis personas, a quienes la Audiencia de Zaragoza condenó inicialmente por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

La pena llegó a ascender a siete años tras la revisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y finalmente el Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos. Desde 2021, la Plataforma de Madres y Padres de los seis de Zaragoza ha reclamado repetidamente al Gobierno el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Ahora, dos de ellos han recibido el indulto, pero Daniel e Imad continúan en prisión, este último padece problemas psiquátricos y está a la espera de que se le conceda el tercer grado para recibir tratamiento.

¿Cuándo y cómo se entera de que iba a ser indultado?

Me entero de sorpresa, el lunes me viene Adrián y me dice que le ha dicho su padre que nos habían indultado a los dos. Llamé a mi padre, que no me lo quería decir por si algo se truncaba, no me quería generar falsas expectativas. Pero al final me dijo que sí llorando de felicidad. Estábamos contentos pero decepcionados por los compañeros que se quedan. A Imad se le veía contento porque nos íbamos nosotros pero triste por quedarse. No entendemos por qué no le incluye el indulto, estamos acostumbrados a que este gobierno nos dé victorias parciales en todo, no sé si es para dividir la lucha. La premisa ya de por sí está viciada, ninguno de nosotros tendríamos que haber entrado, en ese sentido vamos a seguir luchando para sacar a nuestros compañeros. 

¿Cómo recuerda el momento de salir tras año y medio en prisión?

Fue muy raro porque no me lo creía hasta el último momento, me llamaron a firmar la libertad con un agente judicial, estaba firmando y no me lo creía, preguntando al señor constantemente si era inmediato. Recogiendo las cosas no me lo creía, todo el módulo dándome abrazos, la enhorabuena… Luego cuando salí, vi a mi familia y toqué un poco de tierra, pero todavía tenía ese pánico, pensaba a ver si me voy a echar a dormir y me despierto aquí dentro otra vez. Hasta que no me eché en mi cama, cerré los ojos y al abrirlos me vi en mi cama, en mi casa, con mis gatas y mi pareja, no me lo creía. 

¿Cómo vive ahora, con la libertad recién recuperada?

Es raro, te vas adaptando poco a poco, flipaba mucho con ver coches, con ver tecnología. Tuve que ir a Madrid para hacer entrevistas y sufrí mucha ansiedad social, pasas de ver las ochenta mismas caras todos los días a ver caras distintas todo el rato, al final te vuelves loco. 

¿Tenía esperanza de que este momento llegara?

Esperanza sí porque nunca se pierde. Como buen militante que soy, cuando se hace una campaña es porque creo que lo que buscamos hay que conseguirlo y se puede. Ahí dentro manejaba mucho el tema de las expectativas, yo me decía he entrado para cuatro años y nueve meses y no me voy a hacer ilusiones de revisiones, indultos, rebajas de condena ni nada, yo a llevar mi condena tranquilo, intentaba no pensar demasiado en eso, pero esperanza siempre. 

¿Cómo era su día a día en la cárcel?

Te fijas una rutina muy marcada, me puse a hacer mucho ejercicio, a caminar, a leer, de vez en cuando jugábamos al rabino, al parchís, al final todos los días son lo mismo. He salido con una desorientación temporal tremenda porque allí todos los días son igual, cuando estás dentro no distingues si es lunes o si es miércoles, salvo que tengas un vis a vis no lo manejas. 

Ha recibido muchas cartas y muestras de apoyo desde fuera. ¿Qué significó para usted ese acompañamiento?

Fue una iniciativa muy bonita. Para mí es un ejemplo de cómo tenemos que organizar las campañas antirrepresivas, con una plataforma. Tuvo iniciativas como esta de enviar cartas tanto a Imad como a mí. Eran momentos muy bonitos, había gente que ponía “no sé que escribirte” y te empezaba a contar una anécdota, que igual le parece una tontería pero esa anécdota te permite tener una pequeña ventana para ver lo que está pasando fuera: eran pequeñas ventanas al exterior que se abren en los muros. 

¿Qué lecciones saca de todo lo vivido?

El mayor aprendizaje es ver una prisión desde dentro, todo lo que supone ser una persona reclusa. Pasar por ahí dentro me ha dado la misión de denunciar todo lo que pasa en prisión. 

¿Qué es lo que pasa en prisión?

Abandono, marginación de la gente. Igual suena fuerte pero yo siempre he tenido en mente que eso era un centro de concentración de gente que no queremos en las calles. Ves pobres, perfiles racializados, gente que ha tenido muy mala suerte, que igual no se merece el trato que recibe de algunos funcionarios y las condiciones que hay, con comida pésima o aislamiento térmico inexistente. Son cosas con las que se nota que pasas a ser un ciudadano de tercera. 

¿Cómo recuerda el momento de la detención?

Estaba tomándome un café con leche después de la manifestación, de repente entra la Policía hasta el fondo del bar donde yo estaba y se lleva a tres chavales. Yo me quedé mirándolos diciendo si esto podía pasar, no sé si el policía me reconoce de antes o de qué, y me dice: “Tú te vienes conmigo”. Fue completamente arbitrario, llego a tomarme el café con leche en otro bar y no estaría aquí. 

Aún hay dos compañeros en prisión. ¿Ha podido hablar con ellos? ¿Cuáles son ahora los pasos para lograr su liberación?

Vamos a seguir pidiendo su libertad, Imad tiene un permiso penitenciario aplicado, por los trastornos mentales que tiene debería ir aun centro de día a tratarse. Una jueza le ha aplicado el artículo 100.2, y estamos a la espera de que se ejecute para que solo tenga que ir a dormir a prisión. Con Daniel es más complicado, igual podemos presionar para un tercer grado, aunque hay que seguir presionando para el indulto. Se solicitó para él pero no termino de entender por qué no se lo dan. 

También quedan multas muy elevadas. ¿Cómo afrontan esa parte del proceso?

No solo son los años de vida que te han robado, sino todo el procedimiento judicial. Y luego las multas. A las personas que somos víctimas de represión, que no somos de clases sociales muy altas, nos suponen un sobrecargo tremendo. Ahora mismo estamos recaudando fondos para poder pagar todas las multas, hay una cantidad que se ha puesto pero todavía falta muchísimo. 

¿Se arrepiente de algo?

De haberme tomado el café con leche en ese bar: si hubiese sido en cualquier otro, no me habría pasado esto. A la manifestación habría ido igualmente. 

En algún momento, ¿ha pensado que el activismo o las manifestaciones no merecían la pena?

Hubo un momento en el que empecé a dudar de todo, no en el año y pico en el que he estado en prisión, sino cuando el Tribunal Superior de Justicia nos subió a siete años la condena, estuve durante una semana fatal. Fue el momento más duro porque llevábamos un año de campaña y yo pensaba para qué había servido tanto esfuerzo y desgaste. Ahí sí que fue una caída gorda. En prisión nunca he dudado, siempre he ido con la cabeza bien alta y orgulloso de estar por lo que estaba. 

¿Qué opinión le merece que la Ley Mordaza siga en vigor?

Al final la represión tiene tres patas. Siempre nos acordamos de la pata policial, el que te señala, detiene y luego miente; la judicial, el juez que firma la sentencia; y la legislativa, de esa es de la que depende el gobierno. Si tienes artículos en el código penal que permiten que un policía coja y diga que has hecho algo que realmente no has hecho acaba siendo una herramienta de criminalización. La Ley Mordaza forma parte de ese entramado de victorias parciales que nos regala el PSOE, si quiere el apoyo de un pueblo de izquierdas ese pueblo tiene derecho a sus victorias totales, cuando se nos anuncia la derogación sólo se tocan una serie de artículos que no van a la esencia. Señalar la organización política es muy importante, los derechos si no se ejercen no se llega a ningún lado y se ejercen desde la organización política. Hago un llamamiento a que la gente se organice. 

¿Cómo ve el panorama político seis años después de aquella manifestación contra Vox?

Han pasado bastantes acontecimientos en este tiempo, al final me preocupa. Ahí dentro lo que más intenso se vivió fue el tema del genocidio en Gaza, sientes rabia de no poder estar con tus compañeras pidiendo el fin del genocidio, creo que el gobierno podría hacer mucho mas, pedir un embargo efectivo a Israel. Lo segundo que más me ha preocupado es el ascenso de las extremas derechas, Trump en EEUU es un peligro para la democracia, y no solo la estadounidense. 

¿Ha ido a alguna manifestación desde que ha salido?

No, de momento estoy muy tranquilo, siempre está el miedo de que coja un policía, te meta un montaje policial y tenga que pagar los cuatro años y nueve meses que me han suspendido más la condena nueva. La verdad que no me puedo arriesgar porque eso me partiría en dos. Estoy volviendo a la militancia poco a poco, ayudo en cuestiones de logística: pintar pancartas, echar una mano... pero con cuidado. 

¿A qué va a dedicar su tiempo a partir de ahora?

Terminar la carrera, seguir tocando el bajo, ver si vuelvo a trabajar en la orquesta o donde sea, pero de lo mío. Estoy escribiendo un libro, empecé hace un mes y por lo menos tiene un final más o menos feliz. 

Bajo el titular “El juez carcelero de La Suiza”, su autor José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS), publicaba una tribuna abierta en elDiario.es el pasado mes de julio, donde analizaba el caso de las seis sindicalistas que cumplen una condena de tres años y medio de prisión impuesta como responsables de un delito continuado de coacciones graves y otro contra la Administración de Justicia. Dos meses después de esta publicación, el prestigioso jurista es el primer firmante de la campaña internacional, refrendada por nueve sindicatos, que arranca este lunes para exigir el indulto al Gobierno español.

Las activistas del “grupo de sofitu” en apoyo al indulto a “Las seis de La Suiza” han elaborado un calendario con nuevas iniciativas para concienciar y sensibilizar a la sociedad de que “hacer sindicalismo no es delito”.

La unión de los sindicatos

Además de la visibilidad de su caso en los eventos masivos -festivos y sindicales- que se llevaron a cabo en Asturias este verano, cuentan con CCOO, CGT, CNT, CT, CSI, Inast, Sindicatu Asturianu LCT, UGT y USO para ensalzar aún más la necesidad de que las fuerzas sindicales se unan a su causa para que el Ministerio de Justicia les conceda esta medida de gracia.

La defensa de los derechos laborales

Una campaña que ya había adelantado elDiario.es Asturias, en su edición de julio, que ya empieza a tomar forma con la movilización de los nueve sindicatos.

Todos ellos coinciden en que “nada justifica que un Estado, pretendidamente moderno y democrático, tenga encarceladas a seis personas por defender los derechos laborales de una trabajadora, su embarazo y su derecho a la salud”.

La solidaridad del magistrado

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, ha asumido ser el primer firmante de esta campaña internacional y ha grabado un vídeo en el que explica las razones por las que “Las 6 de La Suiza” nunca deberían de haber ingresado en prisión, según han confirmado los sindicatos.

Un vídeo que se ha difundido a través de las redes sociales y que reproducimos a continuación:

En este post de la red social X, el magistrado emérito incide en que la condena a las conocidas como “Las seis sindicalistas de la Suiza” por un juzgado de Gijón de España ha conmovido al mundo jurídico, sindical y a la sociedad en general.

La valoración

“La sentencia condenatoria es absolutamente injusta y carente de fundamentos jurídicos. Y cuando todo parecía ya más o menos solucionado, el juez, ocho años después y de manera absolutamente rechazable, ordena su ingreso en prisión”, explica.

Y añade: “Como primer firmante de la petición de indulto que se va a formular, invito a todas las personas que vean este vídeo y el documento que se adhieran al mismo para solicitar del Ministerio de Justicia su urgente tramitación. Tienen que volver a su vida cotidiana, de la que nunca debieron salir”, sostiene.

La sentencia condenatoria es absolutamente injusta y carente de fundamentos jurídicos. Y cuando todo parecía ya más o menos solucionado, el juez, ocho años después y de manera absolutamente rechazable, ordena su ingreso en prisión. Tienen que volver a su vida cotidiana, de la que nunca debieron salir

José Antonio Martín Pallín — Magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS)

El apoyo de los partidos políticos

Las sindicalistas condenadas también cuentan con la solidaridad de partidos políticos como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG que registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también secunda el Gobierno del Principado y más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país y Amnistía Internacional.

Uno de los apoyos más importantes que han recibido en los últimos meses y que insufló más esperanza entre las seis condenadas llegó procedente de un miembro del Gobierno central.

El compromiso de la ministra de Trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se desplazó al Principado y se comprometió personalmente con ellas a trasladar esta petición de indulto e intentar evitar su internamiento en prisión. No fue tan fácil, sin embargo, y una semana después de reunirse con ella ingresaron voluntariamente en la cárcel asturiana.

Actualmente están clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que van a dormir al Centro de Inserción Social (CIS), ubicado en un edificio anexo a la cárcel asturiana.

Las trayectorias profesionales

Una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor. Son las actividades laborales a las que se dedican las seis personas condenadas por el Tribunal Supremo (TS) tras confirmar la sentencia dictada en primera instancia por el juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Mayo Rubio.

Las seis fueron identificadas en las protestas dentro de las movilizaciones masivas convocadas ante la confitería “La Suiza” como rechazo al despido de una trabajadora embarazada.

Esta empleada había acudido a las oficinas del sindicato CNT para pedir su asesoramiento tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

Las concentraciones de protesta

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

Para el alto tribunal, sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016 y las responsabilizó del cierre del negocio.

La autorización de Gabino de Lorenzo

Ellas, por el contrario, sostuvieron en una conversación con el Diario.es Asturias que se limitaron a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

La desestimación de los recursos

El juez Lino Mayo ha ido desestimando, uno a uno, cada recurso interpuesto por las defensas y tras el varapalo que para las sindicalistas ha supuesto la confirmación de la condena por parte del Supremo la vía que les queda es la del indulto en el que los sindicatos están volcando toda su energía para lograr que llegue cuanto antes.

El indulto a dos de “Los seis de Zaragoza” ha llevado la esperanza a las condenadas en Asturias. Ambos habían participado en una manifestación antifascista contra un mitin de Vox en 2019. Los dos sindicalistas indultados son Francisco Javier Aijón Vázquez, conocido como Javitxu, y Adrián Latorre Rayo, quienes llevaban 491 y 526 días en prisión, respectivamente.

“¡Moncloa tenemos un problema! Las seis de La Suiza llevan dos meses en prisión”, clama la plataforma de apoyo a las sindicalistas asturianas que ingresaron el pasado 10 de julio para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel. El indulto concedido ayer, martes, a dos sindicalistas de “Los seis de Zaragoza” abre las expectativas para la pronta recuperación de la plena libertad para las condenadas en el Principado.

Las conocidas como “Las seis de La Suiza” por las manifestaciones de protesta que realizaron a las puertas de una confitería con esa denominación, ubicada en Gijón, como rechazo al despido de una trabajadora, fueron condenadas por su autoría en sendos delitos de coacciones graves y contra la Administración de Justicia.

Actualmente cumplen la condena en tercer grado, pendientes de que llegue el indulto que han solicitado al Ministerio de Justicia y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Asturias, de numerosos colectivos sociales y sindicales y de partidos políticos, además de un amplio sector de la ciudadanía.

El compromiso de Yolanda Díaz

Estos apoyos sociales se refuerzan además con el firme compromiso adquirido por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien anunció que trasladará la petición de indulto para su tramitación al Gobierno central y se lo comunicó personalmente a las seis sindicalistas en la reunión que mantuvieron en Oviedo el pasado 4 de julio, apenas una semana antes del ingreso en prisión.

Unas palabras de apoyo que reiteró en una rueda de prensa junto al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el diputado Xabel Vegas, como se puede ver en el video incluido unas líneas más arriba.

Indulto a dos sindicalistas de Zaragoza

Su situación ha sido comparada en más de una ocasión con la de “Los seis de Zaragoza” por guardar cierto paralelismo por las importantes movilizaciones en la calle que se llevaron a cabo en ambos casos, como rechazo a las condenas de cárcel y el pago de grandes indemnizaciones económicas impuestas por actuaciones derivadas de sus protestas enmarcadas dentro del ámbito sindical.

El Consejo de Ministros, celebrado ayer en Madrid, aprobó la concesión del indulto a dos de los sindicalistas de Zaragoza. Ambos habían participado en una manifestación antifascista contra un mitin de Vox en 2019. Los dos sindicalistas indultados son Francisco Javier Aijón Vázquez, conocido como Javitxu, y Adrián Latorre Rayo, quienes llevaban 491 y 526 días en prisión, respectivamente.

Las movilizaciones en redes

Si las movilizaciones en la calle comenzaron antes del ingreso en prisión y han continuado una vez que las seis sindicalistas asturianas han traspasado las puertas de la cárcel, no ha decaído el mensaje de solidaridad que reciben desde las redes sociales.

Algunos post recurren a las ilustraciones que, como ocurre en la mayoría de las ocasiones no necesitan texto que las acompañe porque por sí solas ya cuentan más que mil palabras, en las que se critica especialmente a la judicatura y a sus representantes, como la siguiente de Viking en la red social X en respuesta al mensaje de la plataforma, tal y como ambos se reproducen a continuación.

Una de las más recientes ha llegado incluso desde la ciudad mexicana de Guadalajara, donde en el homenaje al anarcosindicalista Joan García Oliver, colocaron sobre su tumba, entre otros símbolos de “lucha y libertad”, una camiseta de “Las Seis de La Suiza”.

De momento, el colectivo de apoyo a las seis sindicalistas asturianas está esperanzado en que el indulto, al igual que ha ocurrido ahora con dos de sus compañeros de Zaragoza, siga un camino igual de paralelo con la concesión de esta medida de gracia.

“Seguiremos peleando mientras haya gente en prisión”. Representantes de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza han mostrado este martes su alegría por el indulto de dos de los condenados en un acto en el que ha estado presente la madre de uno de ellos, Javitxu. Sin embargo, han asegurado que continuarán luchando mientras sigan en la cárcel otras dos personas. Además, han puesto en el foco al Gobierno del PSOE y Sumar: “No solo han mantenido intactas las reformas punitivas introducías por el PP, sino que las han endurecido”.

Han sido dos portavoces de la plataforma, Pablo Rochela y María Bernad, los encargados de trasladar a la opinión pública el sentir del colectivo tras la anunciada excarcelación de Adrián y de Javitxu, para la que aún habrá que esperar a que el Boletín Oficial del Estado publique –previsiblemente este miércoles– las medidas de gracia. Estas llegan después de 526 y 491 días respectivamente de cárcel para ambos, ha recordado Rochela, quien ha insistido en que fueron sentencias “injustas”, a raíz de una manifestación de protesta contra Vox en Zaragoza en 2019.

“Valoramos los indultos como victoria de conjunto del movimiento popular, que se ha dedicado durante seis años a denunciar este caso de represión del Estado. Se trata de una vulneración muy clara del derecho de manifestación y de organización frente a la extrema derecha y sus discursos violentos”, ha reivindicado el portavoz de la Plataforma, para quien ha sido precisamente toda la presión y la difusión del caso desde los colectivos integrantes de esta organización las que han empujado al Gobierno central a las medidas de gracia.

Ninguna credibilidad tienen quienes, mientras miedo a la extrema derecha, a la vez encarcelan y mantienen en prisión a quienes nos enfrentamos a ella día a día

María Bernad — Portavoz de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza

Sin embargo, ha añadido Rochela, no están “satisfechos completamente” por dos motivos.

En primer lugar, porque siguen en prisión otros dos condenados, pese a que “fueron detenidos el mismo día, condenados por los mismos motivos e incluso la condena fue global para todos”. En especial preocupa el estado de Imad, “que se encuentra situación muy complicada a nivel psiquiátrico y que necesita tratamiento específico fuera de prisión”.

Desde su punto de vista, la razón de que dos continúen en la cárcel es que “el Gobierno del PSOE y Sumar intenta dividir a la Plataforma y acallar la gran respuesta en forma de protestas y de solidaridad”. Sin embargo, Rochela ha advertido: “Desde la Plataforma seguiremos presionando y movilizándonos hastía que logremos la libertad de todos”.

“Reformas punitivas”

En segundo lugar, su insatisfacción se deriva de que los condenados aún tienen pendientes sanciones por un total de 200.000 euros “muy difíciles de pagar para familias de clase trabajadora y para su entorno”.

Por su parte, María Bernad ha puesto el acento en el hecho de que aún se permite que casos como el de los 6 de Zaragoza “sigan sucediendo día a día”, para lo que ha puesto en el disparadero la Ley Mordaza y “un Código penal más endurecido”. En este contexto, ha criticado también al Gobierno de coalición, el “más democrático de la historia”, ha señalado con ironía. “No solo han mantenido intactas las reformas punitivas introducías por el PP, sino que las han endurecido”, ha apuntado, en referencia a reforma penal de 2022.

“Ninguna credibilidad tienen quienes, mientras miedo a la extrema derecha, a la vez encarcelan y mantienen en prisión a quienes nos enfrentamos a ella día a día. Y además limitan cada día nuestros derechos políticos y las conquistas de la clase trabajadora”, ha censurado Bernad.

Críticas de Vox

En Vox, sin embargo, los indultos a los dos condenados ha sentado algo peor. Su diputado autonómico David Arranz ha tachado la medida de gracia de “una vergüenza” porque “desautoriza al poder judicial”.

Ante la Delegación del Gobierno en Aragón, Arranz ha calificado al colectivo de “delincuentes” y ha recordado que fueron condenados en tres sentencias judiciales consecutivas de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Tribunal Supremo.

El representante autonómico ha considerado que el indulto obedece a “motivos políticos e ideológicos, e intereses partidistas de este Gobierno de Pedro Sánchez”, y ha aseverado: “Parece que si se hace contra Vox no es delito, es como barra libre, y eso va a poner en peligro a los afiliados de futuras agresiones”.

El grupo de apoyo creado en torno a las sindicalistas conocidas como “Las seis de La Suiza” no se va a limitar a esperar a que llegue el indulto para que obtengan la libertad absoluta y continuará convocando movilizaciones en la calle de forma paralela a las actuaciones de sus defensas ante los órganos judiciales.

Las activistas del “grupo de sofitu” consideran que el tercer grado penitenciario es insuficiente y han elaborado un calendario con nuevas iniciativas para concienciar y sensibilizar a la sociedad de que “hacer sindicalismo no es delito”.

Entre las medidas que van a poner en marcha figuran desde piquetes informativos en celebraciones de eventos importantes a una campaña internacional de firmas para evitar que las seis sindicalistas tengan que seguir acudiendo a dormir al Centro de Inserción Social (CIS), situado en un edificio anexo al Centro Penitenciario de Asturias.

Primer piquete, en la Feria de Muestras

Ambas iniciativas fueron anunciadas por el conjunto del movimiento sindical asturiano que integran nueve organizaciones.

El primer piquete que han programado acudirá a la inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias de Gijón/Xixón, que abrirá sus puertas el 1 de agosto.

Aunque no han querido desvelar más detalles, las integrantes de este grupo de apoyo han avanzado que seguirán en la lucha para que la situación de las seis sindicalistas no quede en el olvido.

Van a dormir al CIS

Las seis sindicalistas ingresaron voluntariamente en el CIS el pasado 10 de julio, apenas 24 horas después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, el magistrado-juez Lino Rubio Mayo, decretara su inmediato ingreso en prisión para cumplir la pena de tres años y medio de cárcel que les impuso por su autoría en sendos delitos de coacciones graves y contra la administración de justicia.

El magistrado-juez consideró que su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar en solidaridad con una compañera despedida de la pastelería La Suiza, en Gijón, delante del establecimiento, eran coacciones y fueron decisivas para que el propietario se viera abocado al cierre del establecimiento.

A la espera del indulto

Para evitar su internamiento en prisión, a las condenadas les quedaban la vía del recurso y el indulto.

El recurso no prosperó, ya que Lino Rubio Mayo denegó la petición de las defensas para evitar que se ejecutara la condena, por lo que aún tienen pendiente la segunda opción: la medida de gracia.

Del juzgado al Constitucional

La sentencia condenatoria ha tenido un largo recorrido judicial por distintas instancias. Los letrados defensores interpusieron inicialmente recursos ante la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El caso llegó posteriormente hasta el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC), pero no lograron que prosperaran. Ahora, uno de sus últimos cartuchos aparte de la presión social es el indulto que tienen solicitado ante el Ministerio de Justicia.

Un indulto al que están receptivos tanto el Gobierno asturiano como el Gobierno central.

El apoyo de Yolanda Díaz

Un ejemplo del apoyo del Ejecutivo central se pudo constatar con la visita de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se desplazó expresamente al Principado para mostrar su solidaridad con las sindicalistas, con las que se reunió en la sede de Presidencia, y a las que transmitió su ayuda para tratar de agilizar esta medida.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Yolanda Díaz estuvo acompañada por Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias -socio, por tanto, en el gobierno de coalición progresista que preside el socialista Adrián Barbón- y Xabel Vegas, portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias en la Junta General del Principado.

El consejero mostró también el apoyo explícito del Ejecutivo regional, mientras que Xabel Vegas expresó su rechazo a una sentencia que calificó como “absolutamente inexplicable y que conculca los más elementales derechos sindicales”.

Dos anys, tres mesos i un dia de presó. És la pena que es va imposar el 2021 a Nieves García Iglesias, ex-primera tinenta d’alcalde amb el PP al Poble Nou de Benitatxell, a la comarca alacantina de la Marina Alta, per un delicte continuat de falsedat en document oficial. García ha de complir ara la condemna. La secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant mantenia suspesa la pena privativa de llibertat a l’espera de la resolució de l’indult que havia sol·licitat la condemnada. No obstant això, el Consell de Ministres va denegar la mesura de gràcia el 24 de juny passat. Així doncs, el tribunal ha acordat alçar la suspensió de l’execució. La interlocutòria de l’Audiència d’Alacant, a què ha tingut accés elDiario.es, demana l’ingrés voluntari en una penitencieria de Nieves García. La resolució concedeix un termini de cinc dies perquè comparega davant el tribunal per a recollir el testimoniatge de sentència per a verificar el seu ingrés voluntari a la presó. En cas contrari, adverteix la interlocutòria, s’ordenaria a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat la seua cerca, detenció i posada a disposició judicial per a ingressar a la presó.

L’exregidora popular, tal com va informar aquest diari, va ser condemnada en una sentència que considerava com a fets provats que va falsificar la firma de l’interventor del consistori en documents municipals destinats a demanar l’ajornament del pagament de deutes d’un constructor davant diverses entitats bancàries. Per part seua, l’empresari Francisco Bolufer, adjudicatari de l’Ajuntament, va ser condemnat a 10 mesos i 16 dies de presó. La sentència va reconéixer per als dos l’atenuant molt qualificat de dilacions indegudes.

Nieves García va ser primera tinenta d’alcalde de Benitatxell amb el PP entre el 2009 i el 2011. García i el constructor, “posats de comú acord, van elaborar una sèrie de documents consistents en preses de raó d’endossos prèviament acceptats per entitats bancàries amb què negociava efectes de la mercantil relatius a obres públiques”, segons indica l’apartat de fets provats de la sentència. L’exedil popular sol·licitava a les entitats bancàries l’ajornament de pagaments del constructor “com si es tractara de deutes assumits per la corporació local”.

La falsificació de les firmes va ser denunciada pel mateix secretari interventor de l’Ajuntament, Jesús Ángel Castro, que es va convertir en el primer funcionari protegit per l’Agència Valenciana Antifrau i que exercia l’acusació particular en la causa.

Sense “marge de dubte” que van participar en els fets

Nieves García ni tan sols tenia les competències delegades en matèria d’obres públiques. “La finalitat d’aquests documents”, segons la sentència, “no podia ser una altra que obtindre una demora en la reclamació que podia efectuar l’entitat bancària corresponent davant el deutor”. Amb aquesta “maniobra”, l’amo d’Obras y Excavaciones Bolufer Llobell SL “obtenia temps per a poder abonar més tard a les entitats bancàries les quantitats que devia”.

El tribunal no va creure la versió de l’acusada, que sostenia que firmava els documents “sense llegir-los”. A més, els testimonis que van declarar en la vista oral van assegurar que el format dels documents amb les firmes falsificades no era habitual en aquella època.

Tant l’empresari com l’exregidora del PP van ser absolts dels delictes d’estafa agreujada i de prevaricació. No obstant això, encara que no es va poder acreditar qui va falsificar “materialment” les firmes, la sentència concloïa que no hi havia “marge de dubte” que Nieves García i Francisco Bolufer “van tindre participació en els fets”. A García també se li va imposar inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant un termini de dos anys.

Dos años, tres meses y un día de prisión. Es la pena que se le impuso en 2021 a Nieves García Iglesias, ex primera teniente de alcalde con el PP en Poble Nou de Benitatxell, en la comarca alicantina de la Marina Alta, por un delito continuado de falsedad en documento oficial. García debe cumplir ahora la condena. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante mantenía suspendida la pena privativa de libertad a la espera de la resolución del indulto que había solicitado la condenada. Sin embargo, el Consejo de Ministros denegó la medida de gracia el pasado 24 de junio. Así, el tribunal ha acordado levantar la suspensión de la ejecución. El auto de la Audiencia de Alicante, al que ha tenido acceso elDiario.es, pide el ingreso voluntario en una penitenciaría de Nieves García. La resolución concede un plazo de cinco días para que comparezca ante el tribunal para recoger el testimonio de sentencia para verificar su ingreso voluntario en prisión. En caso contrario, advierte el auto, se ordenaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su busca, detención y puesta a disposición judicial para su ingreso en prisión.

La exconcejal popular, tal como informó este diario, fue condenada en una sentencia que consideraba como hechos probados que falsificó la firma del interventor del consistorio en documentos municipales destinados a pedir el aplazamiento del pago de deudas de un constructor ante varias entidades bancarias. Por su parte, el empresario Francisco Bolufer, adjudicatario del ayuntamiento, fue condenado a 10 meses y 16 días de prisión. La sentencia reconoció para ambos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Nieves García fue primera teniente de alcalde de Benitatxell con el PP entre 2009 y 2011. García y el constructor, “puestos de común acuerdo, elaboraron una serie de documentos consistentes en tomas de razón de endosos previamente aceptados por entidades bancarias con las que negociaba efectos de la mercantil relativos a obras públicas”, según indica el apartado de hechos probados de la sentencia. La exedil popular solicitaba a las entidades bancarias el aplazamiento de pagos del constructor “como si se tratara de deudas asumidas por la Corporación local”.

La falsificación de las firmas fue denunciada por el propio secretario interventor del ayuntamiento, Jesús Ángel Castro, que se convirtió en el primer funcionario protegido por la Agencia Valenciana Antifraude y que ejercía la acusación particular en la causa.

Sin “margen de duda” de que participaron en los hechos

Nieves García ni siquiera tenía las competencias delegadas en materia de obras públicas. “La finalidad de esos documentos”, según la sentencia, “no podía ser otra que la de obtener una demora en la reclamación que podía efectuar la entidad bancaria correspondiente frente al deudor”. Con esta “maniobra”, el dueño de Obras y Excavaciones Bolufer Llobell SL “obtenía tiempo para poder abonar más tarde a las entidades bancarias las cantidades que adeudaba”.

El tribunal no creyó la versión de la acusada, que sostenía que firmaba los documentos “sin leerlos”. Además, los testigos que declararon en la vista oral aseguraron que el formato de los documentos con las firmas falsificadas no era habitual en aquella época.

Tanto el empresario como la exconcejal del PP fueron absueltos de los delitos de estafa agravada y de prevaricación. Sin embargo, aunque no se pudo acreditar quién falsificó “materialmente” las firmas, la sentencia concluía que no existía “margen de duda” de que Nieves Gracía y Francisco Bolufer “tuvieron participación en los hechos”. A García también se le impuso inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un plazo de dos años.

El Consejo de Gobierno ha decidido este lunes manifestar su conformidad con la solicitud de indulto para “Las seis de La Suiza”, como se conoce a las sindicalistas que participaron en las movilizaciones a favor de una compañera despedida de la Pastelería del mismo nombre, en Gijón, y que fueron condenadas a una pena de tres años y medio de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia.

El propietario del negocio cerró y echó la culpa a la presión ejercida por los manifestantes. Desde que los tribunales se posicionaron a favor del dueño y las condenaron, las muestras de solidaridad a través de manifestaciones y concentraciones han sido numerosas.

El indulto es la vía que les falta para impedir la ejecución de la sentencia. El apoyo del Gobierno de Asturias a esta medida de gracia les insufla un balón de oxigeno, aunque la pelota está en el tejado del Ministerio de Justicia.

Razones humanitarias y personales

El Ejecutivo autonómico ha justificado su decisión por razones de carácter “humanitario y personal” y basándose en que las condenadas han demostrado una “plena integración social, laboral y familiar”, carecen de antecedentes penales previos y han mantenido una “conducta ejemplar” desde que los hechos fueron juzgados.

El Gobierno asturiano también entiende que la prolongación del proceso judicial durante más de ocho años “ha supuesto ya un severo castigo psicológico y social, que excede el daño causado y justifica la aplicación de una medida de gracia”.

El pasado 26 de junio, la Federación Socialista Asturiana (FSA) se sumó a las numerosas peticiones de indulto para “Las seis de la Suiza” que se están produciendo en los últimos días procedentes de sindicatos, asociaciones y comités de empresa de varios sectores, entre otros grupos de apoyo, para tratar de evitar su ingreso en prisión.

La FSA-PSOE considera que la aplicación de esta medida de gracia permitiría evitar “el innegable impacto que la aplicación de esta sentencia tendría sobre el proyecto personal y vital de las seis personas afectadas”.

Multitudinaria manifestación

Por otro lado, una multitudinaria manifestación recorrió ayer, domingo, las calles de Gijón en su apoyo. La marcha reivindicativa partió desde el Paseo de Begoña y culminó ante el Palacio de Justicia.

La manifestación estuvo organizada por nueve organizaciones sindicales y en ella participó la líder de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria general de CNT, Érika Conrado.

Los manifestantes, entre los que se encontraban los secretarios generales de UGT y CCOO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, corearon consignas como “que no, que no, que no entran en prisión” y portaron pancartas con lemas como “Seis de La Suiza libertad” y “Familias contra la represión”.

Los participantes pidieron también la libertad de estas seis personas -una extrabajadora de la pastelería y cinco sindicalistas de la CNT- condenadas, a las que el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón denegó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión pese a que la Fiscalía se mostró favorable.

'Las seis de la Suiza' representan lo mejor de nuestro país y su condena es uno de los mayores atentados a la democracia de España de los últimos años, al ver cómo se criminaliza con dureza el puro sindicalismo

Ione Belarra — Secretaria general de Podemos. Participó en la manifestación de apoyo, ayer, en Gijón

Belarra: “No pueden entrar en prisión”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró que “Las seis de la Suiza” representan “lo mejor de nuestro país” y su condena es “uno de los mayores atentados a la democracia” de España de “los últimos años”, al ver cómo “se criminaliza con dureza el puro sindicalismo”.

“Estas personas son lo mejor de nuestra sociedad. Son la punta de lanza que hace avanzar nuestros derechos y vamos a estar respaldándolas. No pueden entrar en prisión personas que lo único que están haciendo es ejercer sus derechos laborales”, ha apuntado tras sostener que el juez de este caso ha dictado “polémicas sentencias desde los años 80 del siglo pasado contra el sindicalismo”.

Belarra ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que “se deje de maquillaje” y “levante el teléfono” para pedir al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que, en caso de entrar en prisión, se dicte un indulto “a la mayor brevedad”.

Los hechos

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una empleada se presentó en el lugar de trabajo de su mujer, en la pastelería “La Suiza”, y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según los hechos confirmados por el Supremo, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una “campaña de presión sobre el empleador y su familia”.

La condena

La seis sindicalistas fueron condenadas en 2021 por participar en las protestas convocadas frente a la Pastelería La Suiza, en Gijón, por el despido de una empleada.

En junio de 2024 el Tribunal Supremo confirmaba la condena de tres años y medio de prisión, y, a principios de este mes, el juzgado de lo penal número 1 de Gijón desestimaba la solicitud de las defensas y la Fiscalía para que se suspendiera la condena impuesta por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia, por lo que las condenadas deberán entrar en prisión en los próximos días.

La convocatoria en redes sociales

La sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los condenados, según el relato de hechos, “incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión” hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.

Las medidas de protesta

Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue “la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados”.

La sentencia condenatoria ha tenido un largo recorrido judicial por distintas instancias. Los letrados defensores interpusieron inicialmente recursos ante la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El mismo signo político

A las condenadas les quedaban entonces a vía del recurso y el indulto. La primera no surtió el efecto esperado ya que el juez de lo Penal de Gijón Lino Rubio Mayo denegó la petición de las defensas para evitar que se ejecutara la condena a las seis sindicalistas. Por ello aún tienen pendiente la segunda opción: la medida de gracia.

El Gobierno de Asturias se ha posicionado ya a favor del indulto. El hecho de que el ministro de Justicia sea del mismo signo político es un factor que lleva la esperanza a que, desde el Gobierno central, se tenga en cuenta y pueda resolver a favor de las seis sindicalistas condenadas.

La Federación Socialista Asturiana (FSA) se ha sumado este jueves a las numerosas peticiones de indulto para las sindicalistas conocidas como “Las seis de la Suiza” que se están produciendo en los últimos días procedentes de sindicatos, asociaciones y comités de empresa de varios sectores, entre otros grupos de apoyo, para tratar de evitar su ingreso en prisión.

Una solidaridad que se escenificará el próximo domingo, día 29, en la manifestación que hay convocada en su apoyo y que saldrá del paseo de Begoña, a las 12.30 del mediodía, en Gijón/Xixón.

“Las seis de La Suiza” están pendientes del internamiento en el Centro Penitenciario de Asturias para el cumplimiento de la condena a tres años y medio de cárcel que les impuso el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo.

El magistrado-juez consideró que su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar en solidaridad con una compañera despedida de la pastelería La Suiza, en Gijón, eran coacciones y fueron decisivas para que el propietario se viera abocado al cierre del establecimiento.

El impacto sobre “el proyecto vital”

La FSA ha mostrado su apoyo al indulto a través de la difusión de un comunicado donde asegura que la aplicación de esta medida de gracia permitiría evitar “el innegable impacto que la aplicación de esta sentencia tendría sobre el proyecto personal y vital de las seis personas afectadas”.

Los socialistas asturianos resaltan en su escrito “el derecho de los y las trabajadoras a ejercer la acción sindical y la defensa de sus derechos y libertades”.

El apoyo de IU y Sumar

Los socialistas han sido los últimos en sumarse a otros partidos de izquierda que, el pasado 6 de junio, pidieron públicamente el indulto.

IU Convocatoria por Asturies, Sumar y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé solicitaron la revocación de la condena el mismo día en que se celebró una concentración de apoyo en la plaza del Ayuntamiento de Gijón.

Los diputados Delia Campomanes y Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, incidieron en que “la defensa de los derechos de la clase trabajadora no es delito” y reclamaron que “se detenga la represión hacia las condenadas”.

El periplo judicial

A las condenadas les quedaban la vía del recurso y el indulto. La primera no surtió el efecto esperado ya que Lino Rubio Mayo denegó la petición de las defensas para evitar que se ejecutara la condena a las seis sindicalistas como autoras de un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia. Por ello aún tienen pendiente la segunda opción: la medida de gracia.

La sentencia condenatoria ha tenido un largo recorrido judicial por distintas instancias. Los letrados defensores interpusieron inicialmente recursos ante la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El caso llegó posteriormente hasta el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC), pero no lograron que prosperaran. Ahora, uno de sus últimos cartuchos aparte de la presión social es el indulto que tienen solicitado ante el Ministerio de Justicia.

Las redes sociales han sido una herramienta de difusión de las numerosas manifestaciones y concentraciones que están convocando, tanto en Asturias como fuera del Principado. El Grupo de Sofitu a Las 6 de La Suiza se muestra muy activo en todas las plataformas donde llevan por bandera el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito. Compañeras, ¡no estáis solas!”.

La 'antorchada'

Una de las últimas acciones fue organizada en la noche de San Juan en Gijón, donde a la tradicional hoguera le precedió el fuego de las antorchas solidarias.

Una larga cadena humana se unió con bengalas desde la punta Liquerique, en El Muelle, hasta el Elogio del Horizonte, en L'Atalaya.

En la red social X hay un perfil específico de “Las seis de La Suiza” donde se hicieron eco de este acto, como reproducimos a continuación.

Este grupo de apoyo lleva casi ocho años defendiendo que la sentencia es injusta y que su procesamiento fue “un intento brutal de criminalización del sindicalismo”.

La sentencia condenatoria

Las seis sindicalistas fueron condenadas por unos hechos que se remontan a 2017 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

Los delitos

Finalmente, el negocio echó el cierre y el propietario culpó a las sindicalistas de haber sido las causantes con sus coacciones al protestar delante del negocio.

El alto tribunal dio la razón al propietario al considerar que sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

Ellas defienden que no hubo violencia

Eldiario.es asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.

En esa entrevista, las sindicalistas reconocían tener fuerza para afrontar este delicado momento y mostraban su entereza ante la convicción de que habían actuado correctamente en defensa de la compañera.

Solo un recurso contra el auto del juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, o un indulto del Ministerio de Justicia podrían evitar la ejecución de la condena a “las seis de la Suiza” y, por tanto, su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias para el cumplimiento de la pena de tres años y medio de cárcel impuesta por su responsabilidad en las acciones de protesta que derivaron en el cierre de la pastelería La Suiza, de Gijón.

Somos Asturies, Izquierda Unida y Movimiento Sumar se han unido para reclamar, este viernes, en Oviedo, el indulto de las seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que apuran los últimos días en libertad a la espera de que alguna de estas medidas pueda prosperar.

Los diputados Delia Campomanes y Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, han comparecido hoy en rueda de prensa, en la Junta General del Principado para reclamar la libertad y denunciar el ataque que supone para la libertad sindical un posible encarcelamiento. De momento, el PSOE no se ha pronunciado ni a favor, ni en contra del indulto.

Campomanes: “No es delito”

Los tres diputados han incidido en que “la defensa de los derechos de la clase trabajadora no es delito” y han pedido que se detenga la represión hacia las condenadas. Así lo ha reflejado en su perfil de la red social X la diputada Delia Campomanes.

La diputada de IU Convocatoria por Asturies también ha llamado a participar en una manifestación de apoyo convocada para el próximo 29 de junio por distintas fuerzas sindicales.

Su compañero Xabel Vegas ha calificado de “enormemente injusta” la sentencia condenatoria, especialmente porque “sienta un precedente gravísimo” en el ejercicio de la libertad sindical.

“Hay una situación de emergencia ante la posibilidad de que entren en prisión por ejercer el derecho de representar a los trabajadores de una empresa que estaba cometiendo graves abusos”, ha afirmado.

Vegas: “El precedente será gravísimo”

Para el diputado de IU Convocatoria por Asturies, no se puede ceder: “Nos jugamos mucho en esto. Si estas personas entran en la cárcel, el precedente será gravísimo para la ciudadanía en general y, sobre todo, para la libertad sindical”.

Xabel Vegas ha aprovechado la rueda de prensa para sugerir a los socialistas que se sumen a su petición de indulto ya que, en su opinión, sería una opción “muy deseable”.

Por su parte, Covadonga Tomé ha resaltado que las fuerzas progresistas a las que representan están totalmente alineadas con “las seis de La Suiza”.

Tomé: “Es intolerable”

“Un asunto tan importante como es el derecho de los trabajadores a ejercer el sindicalismo y a defender las condiciones laborales es gravísimo si se vulnera. Estamos hablando de que seis compañeras, madres de familia algunas de ellas, están a punto de entrar a la cárcel por defender su trabajo en los términos que recoge nuestra Constitución”, ha destacado.

Para la diputada del Grupo Mixto es “absolutamente impresentable” que un Estado de derecho como el español permita que entren en la cárcel. Y, al igual que Xabel Vegas, estima que de cumplir la condena se estaría creando “un precedente por el que podría empezar el miedo a ejercer el sindicalismo. Es intolerable”.

Sumar: “¿Qué va a hacer el Gobierno?”

Por otro lado, el grupo parlamentario plurinacional de Sumar ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que plantea qué va a hacer el Gobierno para “proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga evitando otros casos de condena como éste”.

También se ha interesado sobre si el Gobierno tramitará, de forma urgente y prioritaria, un indulto y qué plazos maneja.

La condena

Las seis sindicalistas fueron condenadas por unos hechos que se remontan a 2017 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

Los delitos

Finalmente, el negocio echó el cierre y el propietario culpó a las sindicalistas de haber sido las causantes con sus coacciones al protestar delante del negocio.

El alto tribunal dio la razón al propietario al considerar que sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

Ellas defienden que no hubo violencia

Eldiario.es asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

Las sindicalistas reconocían tener fuerza para afrontar este delicado momento y mostraban su entereza ante la convicción de que habían actuado correctamente en defensa de la compañera.

El miércoles 16 de abril se cumplirá un año desde que ingresaron en prisión los dos primeros condenados del caso conocido como 'Los 6 de Zaragoza'. Por este motivo, una gran manifestación se ha congregado en las calles de la capital aragonesa, convocada por la plataforma en apoyo a los jóvenes encarcelados. La movilización, que ha contado con más de un millar de personas, se ha iniciado a las 12.00 desde Glorieta Sasera y ha finalizado en Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar, donde se han realizado varias intervenciones de palabra.

En el inicio de la manifestación, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, ha afirmado que el encarcelamiento de 'Los 6 de Zaragoza' “se ha producido por tres pilares necesarios: la Policía, que detuvo aleatoriamente a los seis jóvenes horas después de que se produjeran los altercados en una manifestación en 2019; la judicatura, que les ha condenado sin pruebas y les ha aplicado penas máximas por cada delito que se les imputaba; y el Gobierno, que no muestra voluntad política a pesar de que tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, y que sigue sin eliminar las leyes que hacen que nuevos casos se produzcan”.

“El único hecho probado en el juicio es que los condenados participaron en una manifestación, por lo que hablamos de presos políticos”, ha sentenciado el portavoz. “La condena se realiza sin pruebas, se basa únicamente en la palabra de la policía, que incurrió en varias contradicciones durante el juicio”, ha añadido.

En un informe publicado hace unos meses, la organización Amnistía Internacional puso el foco en la vulneración de derechos en este juicio y ha alertado del aumento de la criminalización de la protesta. Rochela ha mencionado varios de ejemplos de procesos judiciales en sus declaraciones: activistas por la vivienda de la PAH de Zaragoza y Guadalajara, las seis sindicalistas de la pastelería La Suiza de Gijón y las siete estudiantes de Somosaguas.

La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha informado de que siguen sin tener noticias del indulto que solicitaron hace ya un año ante el Ministerio de Justicia acompañado de más de 10.000 firmas de personas y organizaciones. Rochela, en nombre de la plataforma, ha señalado al Gobierno de coalición como “responsable de cada uno de los días en prisión, especialmente al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz como máximos representantes de PSOE y Sumar, y a Pilar Alegría, ministra y secretaria general del PSOE de Aragón”. “Pero también a todos los diputados y diputadas que sostienen el gobierno, ya que tienen que lograr forzar la liberación si no quieren ser cómplices de esta injusticia”, ha zanjado.

En la rueda de prensa del pasado jueves, otra portavoz de la plataforma, Olga Belenguer, informó del sufrimiento que las familias están padeciendo con este caso, tanto a nivel emocional como económico, por la “cantidad enorme de gastos en prisión, además de las multas, que una familia de clase trabajadora apenas puede mantener”.

En este sentido, añadió un información sobre el delicado estado de salud mental de Imad, uno de los jóvenes en prisión. Belenguer comunicó que existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica y que los abogados de la plataforma han solicitado el tercer grado para que pueda ser sometido a un tratamiento específico fuera de la cárcel. Sin embargo, “Instituciones penitenciarias lo rechaza constantemente, lo que demuestra una alarmante falta de sensibilidad y de humanidad”.

Al final de la manifestación, varias personas han tomado la palabra. En primer lugar, María Bernad, portavoz de la plataforma, que ha leído un manifiesto en el que ha hecho un repaso del caso desde el inicio y cómo afecta a las familias, incidiendo en la injusticia que se está cometiendo y en la responsabilidad del gobierno. Como cierre, ha enumerado las reivindicaciones de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza: “Libertad inmediata de los 6 de Zaragoza, derogación de la Ley Mordaza, reforma no punitiva del Código penal y fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales”. Posteriormente, se han leído dos cartas de los jóvenes en prisión, que han agradecido todo el apoyo y solidaridad demostrado en este último año y animan a seguir movilizándose por su libertad, ya que “manifestarse frente a los discursos de odio de la extrema derecha no es un delito, sino una obligación democrática”.

Para finalizar, han intervenido varios representantes de otros activistas encausados en diversos procesos judiciales. Primero, un representante del grupo de apoyo a los encausados de Pego, en Alicante, que estuvieron procesados judicialmente de 2020 a 2024 por hacer frente en dicha localidad a un grupo de neonazis que atacaron a varias personas. Posteriormente, ha sido el turno de la plataforma Las 7 de Somosaguas, un grupo de estudiantes que han sido llamadas a declarar judicialmente este lunes 14 de abril por una protesta en la universidad madrileña ante el reconocido líder ultraderechista Espinosa de los Monteros. Como colofón, ha intervenido un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza, que explicó los procesos judiciales en los que están inmersos por acceder pacíficamente en oficinas de CaixaBank durante los meses previos a un desahucio de uno de sus integrantes.

La manifestación de este sábado es la culminación de unas semanas llenas de actividades y eventos en las que la plataforma ha querido continuar denunciando el caso. En primer lugar, se celebró una jornada musical solidaria en el CSO La Fábrika de chocolate el pasado 22 de marzo. Unos días más tarde, el viernes 28 de marzo, una cadena humana desde la Delegación del Gobierno hasta la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esa misma semana, el domingo 30 de marzo, se realizó la XXII edición de la anual Marcha contra la macrocárcel de Zuera, en la que hubo conciertos, charlas y programas de radio en los alrededores de la prisión.

La condena impuesta a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a 4 años y 9 meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de VOX. Una condena que llegó tras 5 años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.

Esta mañana, la plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha realizado una rueda de prensa delante de la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar de la capital aragonesa con el objetivo de hacer un llamamiento a la participación en la manifestación de este sábado 12 en Zaragoza. La movilización ciudadana se produce cuando se cumple un año del ingreso en prisión y para contar la situación de Imad, uno de los condenados que está sufriendo un problema de salud relacionado con la salud mental.

En dicha comparecencia, han participado Pablo Rochela y Olga Belenguer como portavoces del colectivo en apoyo a los jóvenes encarcelados. Belenguer ha explicado que “existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica por el que hemos solicitado el tercer grado y un tratamiento específico fuera de prisión, pero continuamente es negado por parte de Instituciones penitenciarias, lo que demuestra una alarmante falta de sensibilidad y de humanidad”. “Cuidar la salud mental es complicado en esta sociedad y todavía más dentro de los complejos penitenciarios”. También ha hecho referencia a los dos suicidios de presos en Zuera en las últimas semanas.

Belenguer ha señalado que “los gobiernos y judicatura cada vez son más autoritarios, ya que refuerzan el papel político y social de la policía, no derogan la Ley Mordaza y endurecen el Código penal, además de incrementar el presupuesto policial y armamentístico en detrimento de inversión social”.

Según ha indicado, “manifestarse ante los discursos de odio de la extrema derecha no puede ser un delito, sino que es una obligación democrática”. Ha hecho referencia también a la campaña de Amnistía internacional, que ha alertado del aumento de la criminalización de la protesta y de la vulneración de derechos en este juicio del caso conocido como “Los 6 de Zaragoza”.

La portavoz de la plataforma ha añadido que “las familias y amistades de los presos están pasando por una situación muy complicada a nivel emocional y económica, porque es muy duro ser víctima de una injusticia como ésta y porque la prisión requiere un nivel de gastos importante, que una familia de clase trabajadora apenas puede mantener”.

Posteriormente, ha tomado la palabra Pablo Rochela, quien ha aseverado que “el objetivo de esta condena es acallar las movilizaciones sociales a través de castigos ejemplarizantes y generar miedo a la idea de organizarse políticamente en defensa de los derechos democráticos”.

“La situación de los 6 de Zaragoza no es un hecho aislado”, ha sentenciado, “sino fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares”. Añadiendo como ejemplos de ello los recientes casos de los 7 estudiantes de Somosaguas, las 6 sindicalistas de La Suiza en Gijón y los juicios contra los activistas por la vivienda de la PAH de Zaragoza y de Guadalajara.

El portavoz de la plataforma ha continuado su intervención definiendo a los jóvenes en prisión como presos políticos, “porque los únicos hechos probados son su participación en una manifestación, ya que no existen otras pruebas y la sentencia se basa únicamente en las opiniones contradictorias de la policía durante el juicio”.

Sin noticias del indulto

Pablo Rochela ha cargado duramente contra el Gobierno de coalición PSOE – Sumar, al que ha responsabilizado de cada uno de los días en prisión de los condenados, “ya que tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, aunque no demuestra voluntad política; y porque mantiene vigentes las leyes que permiten que se produzcan más casos como éste”.

La plataforma ha informado de que sigue sin tener noticias del indulto que solicitaron hace ya un año ante el Ministerio de Justicia acompañado de más de 10.000 firmas de personas y organizaciones. Ha sido en ese momento en el que el Rochela ha señalado al presidente Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Pilar Alegría como responsables directos del sufrimiento en prisión de los jóvenes condenados, preguntándole abiertamente a esta última “cómo puede dormir tranquila”. En la misma línea, ha mencionado a los cinco diputados y diputadas aragonesas que sostienen al gobierno (Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco, Begoña Nasarre Oliva, Herminio Sancho Íñiguez y Jorge Pueyo Sanz) como cómplices del sufrimiento de estas familias “si no fuerzan inmediatamente la liberación de las cuatro personas en prisión”.

Para finalizar, el portavoz ha recalcado la importancia de “llenar las calles en la manifestación del sábado” y ha enumerado las reivindicaciones de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza: , derogación de la Ley Mordaza, reforma no punitiva del Código penal y fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales“.

Condena

La condena impuesta a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a 4 años y 9 meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de Vox. Una condena que llegó tras 5 años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.

El 17 de enero de 2019, el movimiento antifascista de la ciudad convocó una concentración en las inmediaciones del Auditorio para protestar contra los mensajes de Vox. Esta convocatoria, a la que acudieron unas 200 personas, terminó con cargas policiales y con la detención de seis personas en los bares cercanos a la universidad, donde se habían refugiado parte de los manifestantes. Los detenidos no se conocían entre ellos, habían acudido a la manifestación pero en todo momento han negado que fueran los encapuchados que quemaron contenedores y provocaron lesiones a varios policías. 

La sentencia condenatoria se basa en las conclusiones del atestado policial y en las declaraciones de los agentes de policía. Hay unas imágenes de las cámaras de seguridad de la Universidad, pero la propia sentencia reconoce que “la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento”.

Al día siguiente fueron puestos a disposición judicial acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y lesiones. Dos de los acusados eran menores de edad en el momento de su detención y la Audiencia de Zaragoza les condenó a una multa de 11.000 euros a 14.000 euros y un año de libertad vigilada. Los cuatro restantes, que sí eran mayores de edad, fueron condenados a seis años de prisión, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó esta pena a siete años añadiendo el delito de lesiones, delito del que habían sido absueltos en primera instancia. 

Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo en busca de la absolución. El Supremo rebajó la condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado” y “lesiones”. La sentencia firme del caso entiende que varios delitos deben condenarse en concurso, no de forma aislada, lo que rebaja la sanción por los delitos más graves.

En 2021 nació la Plataforma de Madres y Padres de los seis de Zaragoza, compuesta por familiares de los jóvenes. Desde ese momento han solicitado el indulto al Gobierno Central. Sin embargo, cuatro de los seis acusados están en prisión desde hace un año.

La joven española Fátima Ofkir, en prisión desde 2018 acusada de pertenencia a una banda criminal y crímenes de narcotráfico por Omán en un juicio plagado de irregularidades, ha sido liberada este sábado por el país árabe, según ha confirmado elDiario.es de fuentes de Exteriores.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han confirmado también a este periódico que Fátima Ofkir llegará a España en las próximas horas y han celebrado esta decisión tras “intensas gestiones diplomáticas”. Desde Exteriores agradecen también al Sultán de Omán por este “gesto de amistad y de humanidad” hacia España.

Esta tarde el bufete que la representa, Vosseler Abogados, había adelantado su liberación a través de una publicación en Instagram, en la que agradecía a todos los que han colaborado para ello, especialmente al empresario barcelonés Antonio Sagnier y al ex juez Baltasar Garzón.

Posteriormente, los representantes legales de la joven de L'Hospitalet, que aterrizará a primera hora de la mañana del domingo en territorio español, señalaban en un comunicado que Fátima “ha sido incluida en la lista de beneficiados por la tradicional amnistía que el sultán de Omán concede tras el mes del Ramadán”.

Medios omaníes informaban desde primeras horas del habitual perdón del Sultán Haitham bin Tarik, Supremo Comandante del país, a un total de 577 presos, entre los que se incluyen tanto nacionales de Omán como extranjeros.

Fátima Ofkir ha estado casi siete años en la prisión de mujeres de Moscate, en Omán. Allí, según informó ABC en 2023, se convirtió al islam y desde hace años se ha intentado su traslado a España sin éxito. El país árabe había llegado a pedir su ejecución pública.

Con 18 años, la joven catalana se dejó seducir por un falso amigo que le prometió dinero fácil. Su labor consistía en entregar un paquete al sultanato de Omán. Al llegar al destino y abrir la mochila confundió la droga con explosivos. “Se asustó y llemó angustiada a un contacto para decirle que abandonaba, pero la Policía le seguía la pista y la detuvieron con la mochila en la habitación”, señala el comunicado difundido por sus abogados.

El bufete Vosseler, que se encargaba de su defensa desde 2020, denuncia que el juicio a la joven estuvo “lleno de irregularidades”. Su abogado defensor no estaba colegiado y “cometió gravísimos errores” en el procedimiento.

Donald Trump busca declarar nulos los perdones presidenciales de su predecesor, Joe Biden. “Los indultos que Joe Biden el somnoliento (sic) concedió al Comité no Especial de Matones Políticos, y muchos otros, quedan por la presente declarados NULOS DE PLENO DERECHO por haber sido hechos con una máquina de firmar”, escribió el presidente de EEUU en la red Truth.

Trump empleó el término autopen, que en inglés designa a una máquina que reproduce la firma manuscrita.

“En otras palabras, Joe Biden no los firmó, y lo que es más importante, ¡no sabía nada de ellos!”, insiste el mensaje.

Algunos asesores cercanos a Trump han dicho anteriormente que tampoco él escribe a menudo sus comentarios en la red Truth. Y que se suele poder detectar cuando sí es él quien los redacta por el uso liberal de las letras mayúsculas.

La misma afirmación la hizo Trump el domingo en el avión presidencial: “No es decisión mía —eso dependerá de un tribunal—, pero yo diría que son nulos de pleno derecho, porque estoy seguro de que Biden no tenía ni idea de lo que pasaba, y de que había alguien que usaba el autopen para rubricar y conceder los perdones”.

Estos comentarios llegan después de que la fundación Heritage, un think tank de derechas y trumpista, publicase un informe sobre el uso que Biden hacía de la máquina de firmar en el que se aseguraba que “quienquiera que controle” el dispositivo “controla la presidencia”. La web de verificación de datos Snopes desmintió este trabajo en un largo artículo en el que detalló las múltiples maneras en que las firmas de los presidentes estadounidenses se inscriben en los documentos. Entre ellas, el uso habitual de una firma modelo que, según un portavoz del Archivo Nacional, los funcionarios emplean “para crear la imagen gráfica de todos los documentos presidenciales publicados por el Registro Federal”.

La revista Smithsonian ha documentado que los presidentes de EEUU desde Thomas Jefferson han utilizado aparatos para firmar documentos con mayor eficiencia. Jefferson, tercer presidente del país (1801-1809), usaba un polígrafo, un dispositivo que le resultaba tan útil que él mismo reconoció que no podía “vivir sin él”.

La revista también recoge que Harry Truman fue “el primer presidente” en usar el llamado autopen tras la Segunda Guerra Mundial, y “que supuestamente [John F.] Kennedy también lo empleaba con asiduidad. Este uso por parte de la Casa Blanca fue un secreto bien guardado hasta que el Gobierno de Gerald Ford lo reconoció”, detalla.

Barack Obama, por su parte, se vio envuelto en una polémica en 2011 cuando firmó una prórroga del Patriot Act, la polémica ley de seguridad nacional, con una de estas máquinas. También lo hizo en 2013 para sancionar una ley del Congreso con la que se buscaba evitar el llamado “precipicio fiscal” por la entrada en vigor simultánea de nuevos capítulos de gasto junto a rebajas de impuestos.

“No está claro si Trump ha firmado leyes o directrices políticas con una máquina de firmar, pero algunas informaciones sugieren que sí firmó con el aparato algunos artículos que puso a la venta para su campaña electoral”, según Snopes.

Hay, además, precedentes jurisprudenciales que sugieren que Trump se equivocó al decir que los perdones, indultos y actos de clemencia deben firmarlos los presidentes personalmente.

El Departamento de Justicia planteó en 1929 que “corresponde exclusivamente al presidente decidir” el método por el que se otorga el perdón. Un tribunal de apelación federal resolvió el año pasado que los indultos presidenciales no tienen siquiera que estar por escrito.

El pasado 20 de enero, en su último día en el cargo, Biden concedió indultos preventivos a familiares suyos y a todos los miembros del comité de la Cámara de Representantes que investigaron el ataque con muertos al Congreso del 6 de enero de 2021, un suceso incitado por Trump para tratar de darle la vuelta a su derrota electoral frente a Biden en las elecciones de 2020. En el comité había dos opositores republicanos de Trump, Liz Cheney y Adam Kinzinger. Ni una ni el otro siguen en el cargo.

En su mensaje en la red Social, Trump escribió, de nuevo sin pruebas: “Los Documentos para el Perdón [que eran] requeridos no se le explicaron a Biden, ni este los aprobó. No sabía nada de ellos, y quienes sí lo hacían pueden haber cometido un delito”.

El mensaje continúa con otras aseveraciones infundadas de entornos derechistas respecto al uso de documentos por parte del comité: “Por lo tanto, aquellos que estaban en el Comité no Especial que destruyeron y borraron TODAS las pruebas obtenidas durante sus dos años de Caza de Brujas contra mí, y contra mucha otra gente inocente, deberían ser plenamente conscientes de que son objeto de investigación al más alto nivel”.

Algunos miembros del comité del 6 de enero declararon no querer el perdón de Biden y recalcaron que no habían hecho nada incorrecto.

Bennie Thompson, demócrata de Misisipi y presidente del comité, declaró a Axios: “No tengo miedo de la última invectiva de medianoche de Trump, que no tiene base real”.

Kinzinger escribió: “¡Por favor! ¡Lleváis amenazando con esto desde siempre! Atreveos, me aburro de esperar”.

Esto no quita que siga habiendo fuertes temores de una venganza en forma investigaciones y procesamientos, habida cuenta de que el Gobierno de Trump tiene en el punto de mira a abogados del gobierno que lo investigaron en sus dos procesos penales en el orden federal, así como a abogados del sector privado con vínculos con los demócratas.

Otros beneficiados por los indultos preventivos de Biden fueron Anthony Fauci, el asesor de salud pública que adquirió notoriedad durante la COVID, y Mark Milley, un general retirado y antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto que tachó a Trump de “fascista hasta la médula” y ha admitido que teme que el presidente se quiera vengar.