La jueza María Elena Fernández Currás ha accedido a la suspensión del cumplimiento de la sentencia ejecutoria al maquinista Francisco Garzón, condenado a dos años y medio de cárcel por el accidente del tren Alvia siniestrado en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, mientras se tramita la petición de indulto.

Así consta en un auto de este miércoles, 14 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, que indica que esta suspensión se decide “atendiendo a las circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación con el condenado, el delito y la naturaleza y duración de la pena a ejecutar”. “Procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo”, indica.

El propio auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago recoge, en sus fundamentos de derecho, que la ley que regula el indulto establece que la propuesta de indulto “no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria”. “No obstante”, añade la jueza, “habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto” en el Código Penal, por lo que decide acceder a la suspensión del cumplimiento por los motivos mencionados.

La resolución puede ser impugnada mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días a contar desde su notificación, o recurso de apelación directo en cinco días.

Tras una instrucción que duró años y un juicio de varios meses, Fernández Currás condenó tanto al maquinista como al ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento que provocó 80 muertes en Angrois hace ya 13 años. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña retiró la condena al exdirector de seguridad de la empresa pública Adif, por lo que dejó a Garzón como único responsable del accidente. La petición de indulto para él ha sido respaldada tanto por la Fiscalía como por la jueza.

La plataforma de víctimas denunció durante todo ese tiempo que hubo decisiones, tanto en el ámbito técnico (Adif y Renfe) como en el político (Ministerio de Fomento), que provocaron una disminución del nivel de seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. En ese trayecto, la curva de A Grandeira, la primera tras un recorrido casi rectilíneo, quedó finalmente sin la protección del sistema de control de la velocidad 'ERTMS', a expensas de un fallo humano como el que se produjo.

Empezó como una movilización social alentada desde el poder político, siguió con un acto de desobediencia civil que desbordó a los partidos, y continuó con una fase de represión judicial para terminar con un pacto inédito para una amnistía a cambio de frenar una nueva intentona secesionista.

El proceso soberanista catalán ha durado más de una década y ha tenido episodios variados. El último ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de este martes de corregir la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers. El fallo del tribunal de garantías abre la puerta a la vuelta definitiva a España del líder de Junts, que permanece en Bélgica desde 2017. El juez Llarena ha retirado este mismo martes la orden de detención vigente desde hace nueve años. Estos han sido los principales hitos del procés:

El referéndum y las cargas del 1 de octubre de 2017: pese a los avisos del Constitucional, el Govern de Puigdemont siguió adelante con la votación. La movilización de la ciudadanía en los colegios superó todas las previsiones del Ejecutivo catalán. La jornada estuvo marcada por las cargas policiales que dejaron un millar de heridos. Puigdemont emplazó a una última negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, que, como las anteriores, fracasó.

Declaración unilateral y 155: aunque tenía pensado adelantar elecciones para evitar la intervención de la Generalitat, la presión independentista terminó empujando a Puigdemont a promover la declaración unilateral de independencia. Las discrepancias entre ERC y los posconvergentes se mostraron como nunca. 

Tras la DUI, no se arrió ninguna bandera española de las dependencias oficiales, y la Generalitat fue intervenida por primera vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado en el Senado por los votos de PP y PSOE (el expresident José Montilla se abstuvo). Parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza, partió hacia Bélgica el 28 de octubre de 2017. Otros, como Junqueras, se quedaron. Pese a compartir Govern, ERC y Junts siguieron a la greña durante años para mantener el poder.

Encarcelamiento y exilio: el 155 sirvió para poner fin a la aventura unilateral, pero a partir de entonces apareció un nuevo protagonista que irrumpió con toda la fuerza: la alta magistratura abrió una causa por rebelión, delito pensado para los golpes de estado violentos, contra todo el Govern. Los primeros en ingresar en prisión preventiva fueron los líderes de Òmnium y ANC, y después siguieron los exconsellers que permanecieron en España. Las manifestaciones que llenaban las plazas catalanas para mantener la independencia reclamaban ahora la libertad de los presos.

Desde Bélgica, Puigdemont intentó mantener el procés desde el exilio, pero rápidamente se constató que era inviable una presidencia simbólica en el exterior y un president real, Quim Torra investido por el Parlament, en Barcelona. En las elecciones de 2017, Puigdemont prometió que volvería si ganaba. Fue la primera promesa incumplida de su retorno, que tuvo como episodio destacado su arenga en el Arc de Triomf de Barcelona antes de la investidura de Illa, para después huir de los Mossos hacia Bélgica.

Alemania, primera detención: el expresident fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018. El Supremo cantaba victoria, pero se dio de bruces con una respuesta contundente de los jueces alemanes: en el procés no había la violencia que precisa el delito de rebelión. Una posición que en España unas pocas decenas de juristas y magistrados defendieron ante la ovación general a la dureza del Supremo. Todos los intentos posteriores del juez Llarena para extraditar a Puigdemont fracasaron.

El juicio y la sentencia del procés: tras casi dos años en prisión preventiva, Junqueras, los exconsellers que se quedaron en España y los líderes de Òmnium y ANC se sentaron en el banquillo del salón de plenos del Supremo en un juicio histórico. Se enfrentaban a penas de más de 20 años por rebelión por parte de la Fiscalía, pero el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena terminó condenando por sedición y malversación (a penas duras, de hasta 13 años de cárcel) al definir el procés como una “ensoñación” sin capacidad real para materializar la secesión.

A la sentencia le siguió una semana de disturbios graves en Catalunya organizados por la plataforma Tsunami Democràtic. La sentencia del Supremo fue confirmada por el Constitucional, con la excepción de dos magistrados, que la consideraron desproporcionada y que restringía de forma indebida los derechos de reunión y manifestación.

Los indultos y la derogación de la sedición: tras el protagonismo de las togas, cogió el testigo la política y la aritmética parlamentaria que, desde la moción de censura de 2018, condicionaba el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyo de ERC. Los republicanos forzaron un cambio de posición del presidente, que había abogado en un primer momento por el cumplimiento “íntegro” de la sentencia, y lograron los indultos y la derogación de la sedición a cambio del apoyo parlamentario y de no volver a promover la secesión unilateral. Los presos del procés salieron en libertad el 23 de junio de 2021.

El 23J de 2023 y la irrupción de Junts: sin apenas visibilidad en la anterior legislatura, las urnas dieron a Junts un papel clave tras las elecciones de julio de 2023. La amnistía fue la condición de los de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez tras unas arduas negociaciones. La ley, tras otra tortuosa negociación parlamentaria se aprobó en 2024, pero el Supremo frenó su aplicación a Puigdemont y los exconsellers y varios tribunales acudieron a la Justicia europea. El Constitucional ha corregido al Supremo y este martes el juez Llarena ha retirado la orden de detención contra el expresident, vigente desde 2017. La vuelta de Puigdemont, pendiente de concretar el día tras despejarse los obstáculos jurídicos, cierra el círculo del procés.

La responsable del tribunal de Santiago que acogió el juicio por el accidente del Alvia que descarriló en Angrois en julio de 2013 y provocó la muerte de 79 personas y heridas a 143 se ha pronunciado a favor de que el maquinista, Francisco Garzón, reciba el indulto total de la pena de prisión de dos años y medio que se le impuso. De forma subsidiaria, también informa favorablemente al indulto parcial, que afectaría a la parte de la pena que excede de los dos años de cárcel y que permitiría que Garzón no tenga que entrar en prisión.

La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, María Elena Fernández Currás, se posiciona a favor del indulto después de que la semana pasada la Fiscalía respaldase un indulto, aunque en este caso, parcial. La jueza razona que el maquinista no tiene antecedentes penales y está ya jubilado, de modo que “el pronóstico de que vuelva a delinquir es prácticamente nulo”. Agrega que la responsabilidad civil se ha abonado -toda o prácticamente toda, por parte de QBE, que es la aseguradora de Renfe, condenada como responsable civil directa.

El informe que firma Fernández Currás argumenta que hay “razones de justicia y equidad” para darle a Garzón el indulto solicitado. La conducta delictiva se cometió “por una imprudencia profesional grave, pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo” en el que perdió la atención a la conducción del tren “durante el tiempo en que mantuvo una conversación telefónica con el interventor”, que lo llamó por una cuestión profesional, pero que no tenía urgencia y que coincidió con el paso del convoy por un punto crítico de la vía, en el que el maquinista debía hacer una reducción de velocidad muy brusca para entrar en la curva de A Grandeira, en la que descarriló.

La jueza hace referencia también a que, en la gravedad del resultado concurrieron, “con su conducta negligente, otras circunstancias” relacionadas con la “deficiente señalización del tramo en el que se produjo el descarrilamiento y de medidas de seguridad que disminuyeran el riesgo de un exceso de velocidad”. Recuerda que los hechos probados que recogió la sentencia de instancia -que condenó tanto al maquinista como al que exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte- fueron mantenidos por la Audiencia Provincial de A Coruña, que se pronunció después en respuesta a los recursos presentados y absolvió a Cortabitarte.

Las consideraciones acerca de la falta de medidas en la vía que redujesen el peligro, expone Fernández Currás, no quedan descartadas en la sentencia de la Audiencia Provincial, aunque “no se haya materializado en la condena de la única persona a quien se acusó como responsable de esas deficiencias en la vía”, es decir, aunque Cortabitarte haya sido absuelto.

El informe añade más elementos a favor de indultar a Garzón: su “profundo pesar” por el dolor causado a las víctimas y sus familias, que señala que “fue patente ya desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio”. “Como alegan algunas de las víctimas a la solicitud de indulto -respecto de la que las víctimas que se han pronunciado lo han hecho mayoritariamente a favor-, la condena moral del maquinista será de por vida, cumpla o no la pena de prisión”, añade.

La jueza expone que las penas de prisión tienen la finalidad de prevenir en general para que “la sociedad y las víctimas confíen en que la comisión de delitos no resulta impune”, pero en este caso cree que no cumpliría ninguna finalidad en cuanto a prevención o a la necesidad de resocialización o neutralización del riesgo de que el condenado delinca otra vez. El informe de la magistrada ya ha sido remitido, con el resto de documentación recabada por el órgano judicial, al Ministerio de Justicia para que evalúe la petición de indulto.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por conmutada la pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y prevaricación impuesta a la expresidenta de Junts y del Parlament, Laura Borràs, tras ser indultada por el Gobierno a propuesta de los propios jueces.

Así consta en un auto, emitido por el TSJC, en el que se cierra el trámite del indulto iniciado por los mismos jueces al condenar a Borràs hace tres años por haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo.

Los magistrados plantearon al Gobierno la concesión de la medida de gracia al considerar que la pena impuesta a Borràs, la mínima permitida por la ley, era “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por su conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la exlíder de Junts.

El Consejo de Ministros siguió la petición de los jueces y, el pasado mes de julio, conmutó la pena de prisión de Borràs pero mantuvo el resto de la condena, lo que impedirá a la expresidenta del Parlament volver a la primera línea política o a un cargo público en la próxima década.

Como reacción a su indulto parcial, Borràs destacó que, así, se disipa la posibilidad de entrar en prisión, aunque advirtió de que “la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine” que el proceso judicial seguido en su causa ha sido, en su opinión, “una gran injusticia”.

El TSJC, en su auto, señala que queda un último trámite por cumplir sobre las condiciones para la suspensión de una pena de dos años de prisión, por lo que pide la valoración de la Fiscalía y de su defensa para que la exlíder de Junts participe en “programas formativos en contenidos relacionados con los fines que deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas”.

Pedro Pacheco espera una decisión que puede cambiar su futuro político. El exalcalde de Jerez aguarda la resolución de la petición de indulto que presentó en mayo de 2021 y que, si prospera, le permitiría volver a presentarse a unas elecciones tras años apartado de la primera línea institucional.

El veterano dirigente andalucista, de 77 años, fue condenado a cinco años y medio de prisión por la contratación ilegal de dos antiguos compañeros de partido, una pena que comenzó a cumplir en el centro penitenciario Puerto III en octubre de 2014. Posteriormente recibió otra condena por el pago con fondos municipales de la remodelación de la Casa Hermandad de Jerez en El Rocío, aunque asumió el reintegro de los 120.000 euros.

Tras obtener la libertad condicional en 2019, después de cumplir 70 años y reunir los requisitos previstos para internos con buena conducta y tercer grado, Pacheco mantiene que su inhabilitación es desproporcionada y defiende que su caso no puede equipararse al de otros condenados por corrupción.

En esta entrevista, analiza la posibilidad de recibir el indulto, carga contra la actuación de la Justicia, defiende su regreso a la política jerezana y repasa la actualidad andaluza y nacional.

El Gobierno acaba de conceder los indultos al exalcalde de Linares, Juan Fernández, y a la expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs. ¿Cree que esos precedentes aumentan las expectativas sobre su caso?

Yo presenté mi petición de indulto hace ya cinco años, en mayo de 2021. El expediente se reimpulsó para evitar que caducara y ahora resulta que, después de las elecciones andaluzas, se están moviendo los asuntos pendientes. Hemos visto que el Consejo de Ministros, antes de irse de vacaciones, ha concedido varios indultos y creo que eso es una señal positiva para el mío. Mi situación, además, es distinta. Ellos buscan evitar la entrada en prisión y yo ya he pasado por ella. Mi petición no pretende eludir una condena, sino poner fin a una inhabilitación que considero absolutamente excesiva. Son circunstancias diferentes, pero entiendo que estos movimientos pueden favorecer que el Gobierno resuelva también mi expediente.

¿Confía en que esa decisión llegue después del verano?

Por la información que manejo y por lo que estoy viendo, creo que puede ser después del verano. La Unión Europea ha dado el visto bueno a la ley de amnistía y el Consejo de Ministros ha empezado a mover expedientes que llevaban tiempo pendientes. Sinceramente, creo que sería una tremenda injusticia que el mío siguiera paralizado después de tantos años.

Si finalmente recibe el indulto, ¿lo interpretará como una corrección de una injusticia o simplemente como una medida de gracia?

Siempre he dicho que los gobiernos no están para impartir justicia. Esa obligación corresponde a los tribunales. El problema es que, en mi caso, los tribunales no solo no me hicieron justicia, sino que me hicieron la vida imposible. Ahí es donde el Gobierno puede aplicar una medida de gracia que, en cierto modo, también corrija una situación injusta. Quienes tenían que haber actuado con justicia eran los magistrados y no lo hicieron. Yo sigo pensando que conmigo hubo una enorme desproporción.

¿Le ha pesado mucho la frase de que “la justicia es un cachondeo”?

Ahora es peor, ahora la justicia es un sistema casi corrupto y el peor servicio público del que disponen los españoles. Y no lo digo únicamente yo. Las encuestas reflejan desde hace tiempo la escasa confianza de los ciudadanos en la Justicia. Los que conocemos el mundo del Derecho estamos viendo cómo los tribunales europeos corrigen resoluciones españolas una y otra vez. Eso debería hacer reflexionar a muchos jueces. Hay una diferencia muy grande entre la forma de actuar de muchos magistrados europeos y algunos españoles. Además, existe un problema evidente: si un ciudadano se equivoca, paga las consecuencias; si un político se equivoca, los ciudadanos pueden dejar de votarle. Pero cuando se equivoca un juez, normalmente no ocurre nada. Son prácticamente intocables y eso no puede seguir siendo así.

Usted habla de una justicia politizada. ¿Cree que fue víctima de lawfare?

Sí, absolutamente. En mi caso existió. Se me condenó por la contratación de dos asesores cuyos contratos habían sido redactados por el propio secretario municipal. Se consideró que había una irregularidad administrativa, pero al mismo tiempo existían más de un centenar de contrataciones similares. Yo no me llevé un solo euro y, sin embargo, acabé cumpliendo cinco años y medio de prisión. Creo que eso demuestra que hubo una actuación desproporcionada.

¿Ha hablado directamente con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para interesarse por el estado de su expediente?

No. He hablado con personas cercanas, con profesionales que conocen el asunto y que han transmitido la preocupación por la tardanza, pero nunca directamente con el ministro.

Mirando atrás, ¿qué ha sido lo más duro de todo este proceso?

Sin ninguna duda, el ingreso en prisión. Yo tenía 64 años, una familia consolidada y toda una vida dedicada a la política. Había sido 24 años alcalde de Jerez, diputado europeo y parlamentario andaluz. Estaba tranquilamente en mi casa y, de repente, me arrancan de esa vida y me meten en Puerto III. Hay una letra flamenca que siempre recuerdo y que dice: “Estaba tranquilo en su mata, viene un hijo de puta, arranca la mata, la mete en una lata y la manda para Caracas”. Esa sensación tuve yo. Me arrancaron de mi vida cuando, además, existían otras alternativas penales como los trabajos en beneficio de la comunidad.

¿Cómo consiguió sobrellevar aquella etapa?

Mucha gente me decía cuando salí que me veía muy fuerte. Yo respondía que estaba preocupado. Es lógico. Después de vivir una situación así uno guarda resentimiento. Si no lo sintiera habría que tratarme. Lo importante es seguir adelante, pero nadie puede pretender que una experiencia de ese tipo no deje huella.

¿Qué le diría a quienes sostienen que una persona condenada por corrupción no debería volver a ocupar un cargo público?

Lo primero que les diría es que distingan los casos. Yo no me he llevado ni un euro, y eso lo reconoce la propia sentencia. Si hubo un error administrativo, se responde por ese error, pero no se puede equiparar mi situación con la de quien roba dinero público. Siempre he defendido que, si realmente existía una irregularidad, podían haberse aplicado otras penas. Mandarme a prisión fue una respuesta absolutamente desproporcionada.

Si recibe el indulto, ¿ha decidido ya que volverá a presentarse a la alcaldía de Jerez?

Sí. Lo tengo decidido. Si me conceden el indulto, me presentaré. Me encuentro bien física y anímicamente. Tengo ilusión, experiencia y fuerza. Además, he visto encuestas que reflejan que mucha gente sigue valorando positivamente mi etapa al frente del Ayuntamiento. Creo que puedo hacer un gran papel y tengo la impresión de que algunos adversarios políticos ya están preocupados ante esa posibilidad.

¿Con qué Jerez se encontraría si regresara al Ayuntamiento?

Con una ciudad muy distinta. Cuando dejé la Alcaldía, la deuda municipal rondaba los 213 millones de euros. Hoy supera ampliamente los 1.400 millones. A mí eso me produce vergüenza. Las tres alcaldesas que han gobernado después siempre hablan de la herencia recibida, pero la verdadera herencia fue la ciudad que nosotros dejamos. Creo que Jerez se ha deteriorado y que todavía hay margen para hacer cosas muy importantes. Por eso me anima intentar volver. Estoy jubilado, pero me encuentro con fuerza, con ilusión y con una experiencia que antes no tenía. Esa experiencia te evita cometer errores.

Cada vez hay más dirigentes veteranos que siguen en primera línea política. ¿La experiencia es un valor añadido?

Claro. La esperanza de vida está aumentando y eso significa que vamos a ver cada vez a más personas mayores desempeñando responsabilidades. El problema es que la sociedad todavía no está preparada para esa longevidad, ni siquiera desde el punto de vista de los servicios públicos. En mi caso, creo que la experiencia acumulada durante tantos años puede ser muy útil. Si tengo la oportunidad, intentaré ponerla al servicio de Jerez.

También ha sido muy crítico con el nivel de la política actual.

Porque no tiene nada que ver con la generación que surgió durante la Transición. Nosotros teníamos otra actitud ante el cargo público, otra forma de entender el servicio a los ciudadanos y otra perspectiva de ciudad. Hoy muchos políticos están todo el día mirando el reloj para ver cuándo termina la jornada y hablando de conciliación. En mi época eso no existía. El político local se ha convertido muchas veces en una especie de funcionario mediocre y ha olvidado que su función es hacer política. Un político no es un funcionario; está para liderar, transformar y resolver problemas.

También critica el sistema con el que se eligen los dirigentes.

Ese es uno de los grandes problemas. No existe una verdadera democracia interna en los partidos. Son el líder y quienes le rodean quienes deciden quién ocupa los cargos públicos. Yo no digo que tengan que gobernar los aristócratas o una élite, pero sí las personas que tengan más mérito para desempeñar esa responsabilidad, no quienes simplemente agradan al líder o le son más fieles.

¿Detrás de una posible candidatura habría ya unas siglas políticas?

Ahora mismo solo hay dos voluntades: la de obtener el indulto y la de presentarme. Todo lo demás vendrá después.

En las últimas elecciones andaluzas, ¿le sorprendió el crecimiento de Adelante Andalucía?

Sí, me sorprendió, igual que no me sorprendió la bajada del Partido Popular. Adelante Andalucía tendrá ahora que madurar y resolver las contradicciones internas que tiene, porque conviven andalucistas, anticapitalistas, sectores procedentes de Izquierda Unida... Tendrán que ver cómo encajan todas esas sensibilidades.

¿Cómo analiza la situación política nacional?

Creo que Alberto Núñez Feijóo lo tiene muy difícil para llegar al Gobierno mientras mantenga esa dependencia de Vox. Va a tener muchos problemas para conservar el voto de centro. En cambio, Pedro Sánchez está demostrando bastante más habilidad política de la que muchos le reconocen. Lleva mucho tiempo soportando una enorme presión y, sin embargo, sigue manteniéndose al frente del Gobierno.

También ha sido muy crítico con Isabel Díaz Ayuso.

Me parece que la Comunidad de Madrid no está bien gobernada. A veces se busca más el impacto mediático que resolver los problemas reales. Hay actuaciones que me parecen más propaganda que gestión.

¿Qué opinión le merecen los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno?

La corrupción es un problema que existe en cualquier sistema democrático porque la democracia está formada por personas. Lo importante es detectarla cuanto antes y actuar con rapidez. Hay que reforzar los mecanismos de transparencia y de control, evitar que determinadas personas permanezcan demasiado tiempo acumulando poder y seleccionar mucho mejor a quienes ocupan responsabilidades públicas. No puede acceder a un cargo alguien que reincide o que ya ha demostrado determinadas conductas.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado una providencia por la que acuerda que se libre exhorto a la oficina judicial adscrita al centro penitenciario de Madrid VI, en Aranjuez, donde cumple condena de ocho años de cárcel Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, en Avilés, para que sea “inmediatamente puesto en libertad” tras el indulto parcial que ayer, martes, le concedió el Consejo de Ministros.

Natalio Grueso fue indultado por “razones humanitarias” tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud que se ha visto seriamente agravado durante su estancia en la prisión madrileña.

Un indulto “condicionado”

No obstante, en esta misma providencia, dictada este mismo miércoles y a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal sentenciador recuerda expresamente que el indulto está condicionado a que Natalio Grueso “no vuelva a cometer delito doloso alguno en el plazo de ocho años”.

Los magistrados de la Sección Tercera habían condenado a Natalio Grueso, en el año 2020, a una pena de ocho años de cárcel por su autoría en delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario durante su gestión al frente de la Fundación Niemeyer.

El Supremo confirmó la condena

La sentencia fue confirmada, tres años después, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ratificó la argumentación de la Sala asturiana al considerar que Natalio Grueso utilizó los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

En la providencia dictada hoy, la Audiencia Provincial recuerda al propio condenado que estuvo huido de la justicia, una vez que la sentencia condenatoria fue firme, y que fue necesario cursar una orden europea de detención para su localización y posterior detención.

La huida y su 'escondite' con “perfil bajo”

La fuga duró un año e incluso Interpol, en 2024, le incorporó a la lista de 'los más buscados'.

El 4 de diciembre de 2025, tal y como adelantó este periódico, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo a Natalio Grueso en un pueblo pesquero en el Algarve luso donde mantenía “un perfil bajo”

A continuación, reproducimos el post difundido por la Guardia Civil en su perfil oficial de la red social X, donde se puede ver el momento en que los agentes proceden a la detención de Natalio Grueso.

El tribunal exige que aporte un domicilio

Esta circunstancia de la huida ha sido determinante para que los magistrados de la Sección Tercera añadan un párrafo en la providencia donde aluden expresamente a la obligación de Natalio Grueso a designar un domicilio, dado que el indulto no ha sido total, sino que está condicionado.

Concretamente, el tribunal le requiere para que designe un domicilio “habida cuenta que para su ingreso en prisión fue preciso cursar orden europea de detención y entrega al encontrarse por entonces en paradero desconocido”.

La providencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de súplica.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado antes del parón veraniego conceder cinco indultos parciales. Uno de ellos es al artista y gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa por apropiarse de fondos de la Fundación Niemeyer a través de facturas falsas o manipuladas con las que se lucró tanto él como familiares y amigos. Con esta medida de gracia el Ejecutivo le indulta de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento. La nota de prensa del Ejecutivo explica que este indulto fue solicitado por numerosos artistas y personas del sector audiovisual y responde a motivos humanitarios dado su estado de salud.

Precisamente el pasado mes de marzo el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, emitió un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

En el informe de la Sala, al que accedió Eldiario.es Asturias se estimaba que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debía jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia. En ese informe, el tribunal se oponía a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”. Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal, que señalaba que Grueso no cumplía con los requisitos porque no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario. Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión. Consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones. Grueso, finalmente, fue detenido por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega.

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” se citaban en la petición de indulto expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destacaba en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, o Bárbara Hendricks. Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que se justificaba el indulto era, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts y que se encontraba condenada a 4 y años y medio de cárcel por fraccionar contratos cuando se estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Ejecutivo ha librado a la independentista de esa pena y la ha conmutado por una de dos años, lo que impedirá que Borràs deba entrar a la cárcel.

El indulto parcial sigue el criterio del propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien, al imponer a Borràs la pena, ya reclamó una atenuación como la que finalmente ha acordado el Consejo de Ministros, al considerar que la entrada en la cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva”. El indulto concedido conmuta el tiempo de prisión pero mantiene el resto de la condena, que supone multa e inhabilitación de 13 años.

Laura Borràs fue presidenta del Parlament tras concurrir como cabeza de lista a las elecciones del Parlament en 2021. En julio de 2022 fue apartada del cargo y también del escaño por el propio Parlament, tras haber sido procesada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en un caso en el que quedó demostrado que, como presidenta de la ILC, había fragmentado contratos de la institución para otorgarlos fraudulentamente a un amigo suyo.

TSJC condenó a Borràs en marzo de 2023 por los dos delitos citados, pero suspendió la aplicación de la pena de prisión a la espera de que el Ejecutivo se pronunciara sobre la petición de indulto parcial hecha por el propio tribunal. Los magistrados utilizaban la vía del artículo 4.3 del Código Penal, que permite plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la líder de Junts.

Tanto la propia Borràs como su formación siempre han mantenido que esta condena por corrupción debe leerse en clave de guerra judicial contra el independentismo. “El Gobierno español ha decidido hoy que no iré a prisión pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo”, ha escrito Borràs en su Twitter. A su modo de ver, la petición de indulto parcial del TSJC es un “reconocimiento” de la injusticia de la pena que impuso, por lo que ha asegurado que la decisión de librarla de esta pena no supone “un punto final”, sino que continuará luchando por su “honorabilidad en instancias europeas”.

En esa misma línea ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que este martes ha asegurado: Este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de 'la toga nostra' en su sentencia. Y no repara por nada el daño ya hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, cuyos perjuicios persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella“.

El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.

La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.

Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.

En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.

La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.

Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Dos recursos pendientes de admisión

El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.

Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.

Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.

Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.

El Tribunal Supremo rechaza que Álvaro García Ortiz deba ser indultado. La misma Sala de lo Penal que lo condenó por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de dos años de inhabilitación que lo sacó de la Fiscalía General. No concurren, dicen los jueces, “razones de justicia, equidad o utilidad pública”.

Los jueces explican que, según su criterio, los hechos por los que fue condenado “fueron graves” y “han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público”. La negativa también va firmada por la magistrada Susana Polo, que redactó un voto particular apostando por su absolución. También apoyó ese voto particular Ana Ferrer, pero la magistrada se encuentra de baja y ahora, por tanto, no figura como parte de la sala hasta su reincorporación. La Fiscalía había apoyado que el Gobierno indultara la pena de inhabilitación que le queda por cumplir.

La Sala de lo Penal entiende que las personas que han pedido el indulto para García Ortiz “no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia”. Y el hoy fiscal de sala, añaden los jueces, no ha tenido ninguna “actuación” que suponga “un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico”. Una forma de decir que no ha reconocido los hechos ni su ilegalidad.

El Tribunal Supremo, con el voto en contra de dos magistradas discrepantes, decidió condenar a Álvaro García Ortiz por filtrar –él mismo o “alguien de su entorno”– un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al comisionista con 10.000 euros. Posteriormente el tribunal añadió las costas a la factura: 39.000 euros más a abonar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía informó a favor de la petición de indulto, al menos de forma parcial, para que el resto de la condena de inhabilitación que le restaba por cumplir fuera conmutada. “La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, dijo el documento firmado por la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado su absolución durante el juicio.

La respuesta del Tribunal Supremo es negativa y ahora la decisión vuelve al terreno político y al Ministerio de Justicia. La revelación de secretos que los jueces atribuyeron a él o a “su entorno”, dice ahora la Sala de lo Penal, “es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

En manos del Constitucional

García Ortiz abandonó la Fiscalía General después de ser condenado y puso la vista en el Tribunal Constitucional. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía, que defendieron la absolución durante el juicio, han presentado ya sus recursos y el tribunal de garantías tiene previsto discutir su admisió a trámite en algun pleno previo al parón de verano.

Mientras se resuelven los recursos de amparo y el Supremo tramita la petición de indulto presentada por terceras personas, García Ortiz se ha incorporado a su nuevo destino en la Fiscalía de la jurisdicción Social del Tribunal Supremo, encargada sobre todo de asuntos de carácter laboral.

Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa: vas caminando, tranquilamente, en dirección a la tintorería de la Calle Princesa, en el corazón del barrio del Carmen (Murcia), y lo haces a paso raudo porque son casi las ocho de la tarde y están a punto de cerrar. Mientras esperas tu turno, ahí fuera, en la calle, escuchas un sonido que pretende rugir, pero no pasa del leve alboroto. Te asomas y ves una pancarta que se mueve sola; una pancarta que reza: “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”; te frotas los ojos y compruebas que no estás a finales de 2023; que, de hecho, es 2026; compruebas también que la pancarta no se mueve sola, que tras ella hay cuatro, quizá cinco personas; miras con incredulidad a la señora de la tintorería y te dice: “Sí, hijo, sí. Vienen todos los días a esta hora desde hace tres años”. Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa. Lo que son las serendipias.

Era noviembre del año 2023 y unos cuantos miles de personas se manifestaban contra la amnistía en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia convocadas por el Partido Popular. La primera escena que recuerdo es la de varios miembros de la organización, chavales de las juventudes populares, repartiendo banderas de España y de la Unión Europea en los cuatro accesos de la plaza. Una hora después, Vox había convocado una segunda manifestación al otro lado del Segura, en la calle Princesa, justo enfrente de la sede del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y hacia la que dos señoras se embarcaron después de decirle una a otra que estaba a su lado: “Venga, vamos ahora a lo de Vox, que yo me he dejado una tortilla de patatas hecha”.

Pasaron los días, los meses, los otoños, y las tortillas. La amnistía se aprobó y se fue incorporando al paisaje político con la misma naturalidad con la que se incorporan las rotondas a las salidas de los pueblos. Los autobuses dejaron de fluir y las plazas de las capitales fueron paulatinamente olvidando el sonido de los himnos y de los pitidos. Hasta el propio Partido Popular, que tan vehementemente había convocado aquellas concentraciones de noviembre del 23, fue dejando el tema de lado porque entendieron lo útil que podría ser un alto el fuego con Junts, y porque el refrán que mejor funciona en política es el de nunca digas de esta agua no beberé y este cura no es mi padre, porque nunca se sabe. Lo que pasa es que cuando enciendes una cerilla, a veces, lo que viene después ya no depende de ti.

Una liturgia vespertina

Así que es mayo de 2026, y todos los días a las ocho de la tarde, en la Calle Princesa de Murcia, la liturgia es la misma: aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Ambos superan los sesenta años, podría decirse que holgadamente. Entre los dos, atan de los dos extremos una pancarta a dos árboles en la acera de un local de tatuajes, justo enfrente de la sede del PSRM. De un tiempo a esta parte, ponía “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”, pero ahora el eslogan es diferente y señala a la corrupción del gobierno en general. Esas dos personas esperan, junto a su pancarta, que lleguen los demás.

Muchos transeúntes del barrio del Carmen los conocen ya. Lola, una vecina que sale por las tardes a pasear con su hija, Lola también, dice que le resultan admirables los manifestantes. “Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero fíjate que llevan años aquí plantados, todos los días y no faltan ni uno”, explica. La camarera de un bar de la misma calle, en cambio, matiza: “de lunes a viernes siempre están aquí, menos en verano, Navidad y Semana Santa”.

Paco es el encargado de traer la pancarta. “¿De qué periódico venís? ¿elDiario…? ¿Ese es el del Escolar? Vosotros sois del PSOE, pero bueno, mira, al menos sois los primeros periodistas que se interesan por nosotros en todo este tiempo”. Se declaran enemigos acérrimos de este “gobierno criminal” y lamentan ser tan pocos. “La juventud, el pueblo, estáis dormidos y no sois conscientes de lo que se nos viene encima”, continúa Paco, al tiempo que van llegando el resto de los asistentes.

Cánticos y noticias

La convocatoria, explican, la hacían a través de un grupo de WhatsApp en el que hay más gente, pero cada vez se manifiestan menos. Ahora, dado el peso de la costumbre, no necesitan quedar para saber que allí se encontrarán. “Por el WhatsApp lo que hacemos es proponer cánticos para el día siguiente y nos pasamos noticias y cosas de esas”, dicen.

Se trata de otras cuatro personas, todas ellas mayores de sesenta años, excepto un señor algo más joven, Ramón, del que Paco nos advierte, “huid mientras podáis, porque como empiece a hablar no se va a callar en toda la tarde”. Ya son viejos conocidos en el barrio, y también tienen sus adversarios, como otro hombre mayor, declarado votante socialista, que les lanza alguna puya cuando pasa por su lado. Ramón le advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez “nos está matando de hambre”, y el señor socialista le señala al torso, dejándole caer que hambre, lo que se dice hambre, no debe de pasar. “¿Sabe por qué estoy gordo, señor mío? Le pregunta; ”porque como pan“.

Es en ese momento cuando se sienten fuertes para empezar los cánticos contra una sede del Partido Socialista aparentemente vacía. “Antes”, arranca la señora que acompañaba a Paco al principio, “cuando estaba Pepe Vélez [antiguo secretario general del PSRM], se asomaba por la ventana y se reía de nosotros. Al menos nos hacía caso, porque el desgraciado que hay ahora [refiriéndose a Francisco Lucas] lo único que ha hecho ha sido mandar a la policía a denunciarnos”.

La protesta, como es evidente, no cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno, aunque según ellos no la necesitan porque son menos de 20 personas. Mercedes, la más mayor del grupo, y también, hay que decirlo, la más exaltada de todos ellos, explica que no son ninguna manifestación, sino una “coalición de ciudadanos ofendidos”, pero aun con todo tuvieron que buscarse un abogado para afrontar la denuncia de la Delegación de Gobierno, aunque no tuvieron que pagar una multa finalmente.

Franco, “un bendito”

Según explica la propia Mercedes, ella “no está politizada” y “no vota a ningún partido”, pero sí que afirma que la izquierda es una “panda de gentuza, vividores y asesinos que quieren reescribir la historia”. “Me río yo el 14 de abril, cuando salen a manifestarse y dicen 'Viva la República'. Y una mierda. Asesinos todos. Al cura de esa iglesia de allí [la iglesia del Carmen] lo fusilaron. Y al de san Bartolomé también. Y al de san Antón. Y […] también está el asesino más grande de toda la historia, Simón Bolívar. Luego dicen de Franco, ¡pero si fue un bendito!”.

“Yo, por ejemplo, no soy tan radical como ella”, dice Juan, otro de los asistentes, “de hecho yo he votado a los socialistas siempre. Aquí cada uno vota a una cosa y piensa de una manera distinta, pero esto ya no puede ser. ¿Es que no estáis viendo que se están cargando el país?”

A ratos algún coche o moto que pasa por delante toca el claxon en señal de apoyo, pero para Paco no es suficiente: “Nada, pitan y lo que tú quieras, pero no se nos une ni Dios, ya se les hará tarde”. A ratos, alguno de los participantes interrumpe su protesta para unirse a la conversación.

— Claro, yo me imagino que tú estarás encantado con este gobierno, ¿no?

— Yo soy anarquista, señora —respondo en defensa propia—, a mí el gobierno me da igual.

— ¿Anarquista? —contesta Paco— yo de joven estaba en la ORT [Organización Revolucionaria de Trabajadores], y éramos maoístas —dice, mientras enarbola su bandera rojigualda.

— ¿Y qué pasó? Para acabar así, quiero decir.

— Pues que nos aburguesamos de la hostia.

La Fiscalía ha remitido este viernes al Tribunal Supremo un informe en el que se muestra a favor de conceder un indulto parcial a Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En concreto, solicita que se le perdone el tiempo que le resta por cumplir de la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

“La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, recoge el informe elaborado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que reconoce que el indulto parcial que le puede ser otorgado tiene efectos “limitados”, ya que García Ortiz ya abandonó el puesto cuando se conoció la sentencia, se ha nombrado a una nueva fiscal general para un mandato de cuatro años y, por ley, él no podría volver a ser elegido para ese cargo.

Así, defiende que la minoración de la duración de la pena de inhabilitación comporta exclusivamente el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias “en la vida civil y desarrollo profesional”.

El informe destaca que García Ortiz asumió en todo momento la responsabilidad por la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la presidenta Ayuso, dimitió de su cargo nada más conocer el fallo y ya ha abonado tanto la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia, así como la pena de multa de 7.200 euros.

El informe valora que García Ortiz actuó con “total ausencia de beneficio personal patrimonial”. Y defiende que su finalidad fue “preservar la reputación” de la institución frente a “los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático” e incluso su propia actuación al imputársele “falsamente” un comportamiento ilegal.

Informe del Tribunal Supremo

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo hará un informe en el que determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que realice su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El alto tribunal da curso al procedimiento tras haber recibido el 21 de abril el llamado informe de conducta de la subdelegación del Gobierno en Madrid.

Ese documento es un requisito recogido en la ley del indulto, que dice en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá “informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad”, como ocurre en este caso. Después, prevé que solicitará el informe a la Fiscalía y a la parte agraviada, que en este procedimiento es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, el informe preceptivo. Un mes después, el 25 de febrero, el alto tribunal envió su petición de informe a la Subdelegación del Gobierno, que tardó casi dos meses en responder. Su respuesta llegó el 21 de abril. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de los “plazos habituales” de trámites de indulto. 

Con todo lo recabado —informe de conducta y de la Fiscalía—, el Tribunal Supremo fijará su posición que, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El indulto total depende del Supremo

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En todo caso, el posible indulto a García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del recurso de amparo que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario, procesado por dos delitos fiscales. 

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Posible recurso de González Amador

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal del Supremo será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

Daniel e Imad son los dos integrantes de 'Los 6 de Zaragoza' que continúan en prisión. Imad, que padece una enfermedad psiquiátrica, logró el tercer grado en diciembre de 2025 y Daniel cumple su condena en una cárcel de Alicante. Desde la plataforma denuncian que no entienden por qué el indulto se concedió solo a dos de los condenados, ya que los cuatro jóvenes fueron acusados por los mismos hechos. Coincidiendo con la semana en la que se cumplen dos años de su ingreso en prisión, han convocado una protesta este sábado 18 de abril: una cadena humana frente a la Audiencia Provincial, seguida de una concentración en la plaza del Portillo.

Javitxu Aijón, uno de los que fue indultado, ha criticado que la situación “no está resuelta” ya que dos de sus compañeros continúan encarcelados. “Adrián y yo estuvimos un año y medio encerrados por unas detenciones injustas y aleatorias, no entendemos por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado”. Considera que el objetivo del gobierno de coalición con sus indultos “era acallar la oleada de protestas y presión social” pero que “no se ha hecho justicia”: “A pesar del indulto, se mantiene la astronómica pena económica, de 200.000 euros, una medida que condena doblemente a la clase trabajadora y a su entorno”. 

Aijón considera que en este caso está en juego “el derecho a manifestarse contra la extrema derecha”. “Manifestarse ante estas violencias no puede ser un delito”, defiende, y añade que “no es un hecho aislado, sino fruto de un entramado pensado para el disciplinamiento de las clases sociales”.

En la misma línea, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, critica la sentencia inicial y sostiene que “han querido condenar la protesta”. “Buscan que tengamos miedo a la hora de organizarnos. Manifestarse es un derecho que ha ganado la clase trabajadora y es nuestra responsabilidad conservarlo”, afirma. Según indica, la condena por la que dos personas continúan en prisión “no se basa en ninguna prueba”. La plataforma ha hecho un llamamiento a la movilización este sábado a las 12:00, con una cadena humana frente a la Audiencia Provincial y una concentración posterior en la plaza del Portillo. Con estas acciones, reclaman la libertad de 'Los 6 de Zaragoza', la derogación de la Ley Mordaza y una reforma “no punitiva” del Código Penal.

Sobre la situación de los dos jóvenes que permanecen en prisión, explican que Imad ha mejorado tras la concesión del tercer grado, aunque “no está recuperado, es un tratamiento largo”. En el caso de Daniel, que continúa en segundo grado en una cárcel de Alicante, aseguran que “está sufriendo”.

También señalan que en los últimos meses no ha habido contactos con grupos políticos. “Por nuestra parte siempre hemos estado abiertos a conversar con cualquier grupo que quiera apoyarlo, también con el Gobierno de coalición, que es quien tiene capacidad de conceder el indulto”, indican.

El caso se remonta al 17 de enero de 2019, cuando unos 200 manifestantes antifascistas se concentraron en las inmediaciones del Auditorio de Zaragoza para protestar contra un mitin de Vox. La protesta terminó con cargas policiales y la detención de seis personas, acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos.

Desde 2021, la plataforma ha solicitado reiteradamente el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Advierten que seguirán presionando hasta que todos los jóvenes obtengan justicia completa y “se deroguen las leyes que facilitan este tipo de represión política”.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.

Entre el 10 de julio del 2025 y el 31 de marzo del 2026 hay 267 días. Son los que han pasado cumpliendo condena de cárcel 'Las seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que ven como este martes el Consejo de Ministros concederá un indulto a su pena de tres años y medio de prisión por “hacer sindicalismo”, como siempre han defendido desde que se inició el proceso judicial hasta la fecha presente.

'Las seis de la Suiza' son una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor que fueron condenadas por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical realizada en el año 2017. Tres años y medio de prisión en total para cada una de ellas. Inicialmente las condenadas a cárcel fueron ocho pero en los recursos dos lograron la absolución.

El caso nace en el año 2016 cuando una trabajadora de una pastelería llamada 'La Suiza' denunció acoso laboral, y sexual luego desestimado, y la pareja de esta tienen un altercado con el empresario. La CNT apoyó a la trabajadora con acciones de protesta ante la pastelería consistentes en concentraciones ante el local y reclamar al empresario una salida digna a la situación. El empresario les denuncia por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y se condena a siete personas a dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción, y a otra a ocho meses. En los recursos siguientes quedaron seis con las condenas de tres años y medio de cárcel en total. Entonces nació la ola de solidaridad bajo el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito”

El Tribunal Supremo ratificó la condena en el año 2024, ya que consideró que las acciones pacíficas constituyeron un hostigamiento que llevó a cerrar luego el local. El Constitucional rechazó revisar el caso y ahora están pendiente que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han elevado el asunto. Entraron voluntariamente en la prisión del Centro Penitenciario de Asturias el verano pasado tras agotar todas las vías judiciales en España, “con coherencia y dignidad”. Tras su ingreso en la cárcel fueron clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que han esperado el indulto cumpliendo la pena en régimen abierto, es decir, acudiendo a dormir a la prisión. Han cumplido casi la mitad de la condena de cárcel ya que la pena mayor es de dos años.

Desde el minuto uno tanto las sindicalistas, afiliadas a la CNT, como distintas organizaciones han elevado la voz contra la condena de cárcel, que consideran un “peligrosísimo precedente” para impulsar acciones contra el sindicalismo. En su batalla legal han contado con el pleno apoyo del sindicato CNT, que ha financiado la causa judicial e incluso la indemnización de 125.000 euros, y un gran apoyo social. El caso incluso han unido a todos los sindicatos en una “alianza histórica”, con decenas de movilizaciones a su favor en todo el país, tanto durante el proceso judicial como en la posterior fase de petición de indulto.

Fuentes cercanas a las sindicalistas reiteran su preocupación porque el caso suponga un precedente que se use para coartar la libertad sindical en España. A la “alegría personal” por la mejora evidente de su situación le sigue la preocupación como colectivo ya que entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

Su indulto viene avalado por la petición de 22 organizaciones sindicales de toda España, no de ellas como condenadas, por lo que no necesita arrepentimiento. No lo tienen porque no creen que haber organizado acciones pacíficas de protesta comunicadas ante la pastelería que tenía el conflicto laboral con una trabajadora merezca un reproche penal, y menos de estas características.

Para el acceso al indulto han tenido, además, el apoyo explícito del Gobierno del Principado de Asturias, aunque en la ciudad de Gijón las derechas del consistorio -PP, Vox y Foro- vetaron el debate. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido uno de los más firmes apoyos a la medida de gracia, aunque la resolución se ha retrasado casi nueve meses desde que entraron en prisión. El cantante Rodrigo Cuevas recordó este retraso en 'La Revuelta' hace escasos días, volviendo a poner sobre la mesa la derogación de la Ley Mordaza prometida por este Gobierno.

Durante estos meses de cumplimiento de condena las sindicalistas han mantenido silencio, aconsejado por sus equipos legales, mientras esperaban la resolución tanto del indulto como del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El grupo de apoyo surgido en su apoyo, Sofitu, ha remarcado que “ya es hora” del indulto. “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”, reprochaban tras conocerse su ingreso en prisión. La movilización por su libertad ha sido intensa, emocionante y larga.

Pendientes de la 'letra pequeña'

Los casi nueve meses en prisión suponen realmente que las sindicalistas de la Suiza han cumplido más de la mitad de su condena en el momento que les llega el indulto. Desde el sindicato CNT señalan que están “contentas” por la concesión de los indultos pero piden “prudencia” hasta esperar la decisión del Consejo de Ministros y leer el detalle de cada uno de los indultos individuales, si total o parcialmente o en qué condiciones.

Recuerdan que las sindicalistas de Gijón han tenido que “parar sus vidas” por una condena que entienden que “parece que fuera una voluntad de acallar la reclamación en la calle de los sindicatos”.

Según Érika Conrado, secretaria general de CNT, la respuesta unitaria en defensa de las condenadas y la llegada del indulto demuestran que “El sindicalismo está más vivo que nunca y sigue siendo una cosa del presente”. “Está siendo muy importante la unión de todos los sindicatos y el empuje que hemos tenido todas en el acompañamiento de ellas”, señala para incidir que es necesario “que la gente se organiza y luche, que al final se consiguen cosas”.

El Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, según ha publicado El País y ha confirmado elDiario.es. El Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo, un primer paso en la tramitación de este tipo de medidas de gracia. Fuentes jurídicas aseguran a este periódico que la previsión era enviar el expediente al tribunal sentenciador la semana pasada. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, dijo la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena.

La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, ha dicho la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha este miércoles la ejecución de la condena de Álvaro García Ortiz después de que la Sala de lo Penal considerara probado que él o alguien de “su entorno” filtraron el documento a la prensa. Una condena que incluye dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros más para Alberto González Amador y la duda de si la Fiscalía, además, le expulsará de la carrera o le suspenderá.

La UPF, que desde el principio del caso ha criticado tanto la instrucción del juez Ángel Hurtado como la sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal, ha apoyado ahora públicamente una petición de indulto por parte de una asociación presidida por el profesor de Derecho Internacional Carlos Villán y que, por el momento, ha recogido algo más de 300 firmas en Change.org. No consta que se haya presentado una petición formal ante el Ministerio de Justicia.

La Abogacía del Estado está a la espera de interponer un incidente de nulidad y después, cuando sea previsiblemente rechazado por el Supremo, llevar la condena de García Ortiz al Tribunal Constitucional en amparo. La UPF, por su parte, ha pedido a la relatora de Naciones Unidas que analice si han existido “irregularidades institucionales” en el proceso contra el ex fiscal general.

Un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara el indulto de dos de los seis jóvenes condenados por su participación en una manifestación antifascista contra un mitin de Vox en 2019, la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha reclamado este miércoles la excarcelación de los otros dos que siguen en prisión y la anulación de las sanciones económicas impuestas.

“Desde hace un mes se encuentran en libertad Javitxu y Adrián, dos de los jóvenes conocidos como los seis de Zaragoza. Esto se ha logrado gracias a la gran movilización popular y al trabajo militante constante de una plataforma plural”, ha señalado Pablo Rochela, portavoz del colectivo. “Nuestros compañeros liberados estuvieron encarcelados más de un año después de un proceso judicial que se inició con unas detenciones absolutamente aleatorias y unas sentencias injustas sin ninguna prueba más allá de la versión policial, algo que nunca debería haber ocurrido”.

El portavoz ha calificado la liberación de los dos jóvenes como “una victoria del conjunto del movimiento popular”, aunque ha subrayado que “la campaña no ha terminado porque todavía quedan dos compañeros en prisión, Imad y Daniel”. “Si se trata del mismo caso, de las mismas detenciones aleatorias, del mismo proceso judicial y de la misma sentencia injusta, ¿por qué no se les ha concedido la misma medida?”, se ha preguntado Rochela, que ha acusado al Gobierno central de querer “acallar la gran movilización” social que ha acompañado al caso.

La plataforma también ha recordado que continúa vigente la condena económica de casi 200.000 euros, una carga “muy dura para familias de clase trabajadora” que —aseguran— “supone una doble pena y un castigo que les perseguirá toda la vida”. Uno de los jóvenes indultados, Francisco Javier Aijón, conocido como Javitxu, ha expresado lo que supone este tipo de condea económica, ya que “estás endeudado de por vida, te afecta en todo, cuando quieres pedir una hipoteca, un préstamo de estudios...”

“Somos presos políticos”

Javitxu, ha explicado que este primer mes en libertad está siendo “extraño y complicado”, y que continúa en terapia por estrés postraumático. “Con esta sentencia y nuestro encarcelamiento se pretende condenar la protesta, con castigos ejemplarizantes para meter miedo. Es nuestro derecho democrático, pero también nuestra responsabilidad conservarlo ejerciéndolo”, ha declarado.

Aijón ha insistido en que “no hay una sola prueba” que demuestre su culpabilidad: “Hemos sido condenados únicamente con la versión de la policía, que además entraba en contradicción consigo misma. Por todo ello consideramos que somos presos políticos. Los únicos hechos que se han podido demostrar es que participamos en una manifestación”.

El joven ha puesto el foco en la situación de Imad, que permanece en prisión en segundo grado y cuenta con un informe favorable para acceder a un centro de día del Servicio Aragonés de Salud. “Tiene problemas de salud mental y seguimos esperando que se confirme su plaza. Cuando nos dieron el indulto, se alegró mucho pero también se quedó muy triste, con miedo a quedarse solo. Queremos que sepa que no vamos a dejar de luchar por él ni por el resto de presos políticos”, ha dicho.

Llamamiento a manifestarse el 1 de noviembre

La plataforma ha convocado una manifestación este sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas en la plaza del Portillo para exigir la libertad de Imad y Daniel, “la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código Penal y el fin de las infiltraciones policiales”.

Además, Rochela ha denunciado que “la situación de los seis de Zaragoza no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que castiga a las clases populares”, y ha expresado su apoyo a otros colectivos con causas abiertas, como las integrantes de la PAH Zaragoza, que afrontan un juicio esta semana por oponerse a un desahucio. “Manifestarse ante las violencias de la extrema derecha no solo no es un delito, sino que debe ser una obligación democrática. Frente a estos discursos hay que plantarse; ponerse de perfil es ser cómplice”, ha afirmado Rochela.

El pasado 23 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el indulto de Francisco Javier Aijón Vázquez, conocido como Javitxu, y de Adrián Latorre Rayo, dos de los integrantes de 'Los seis de Zaragoza' que llevaban 491 y 526 días en prisión, respectivamente. Dos semanas más tarde, Javitx repasa cómo está siendo la adaptación a la vida fuera de la cárcel y mantiene su implicación con la militancia antifascista. Estos jóvenes fueron detenidos en 2019 tras manifestarse contra un mitin de Vox en Zaragoza. La protesta terminó con cargas policiales y la detención en los bares cercanos a la universidad de seis personas, a quienes la Audiencia de Zaragoza condenó inicialmente por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

La pena llegó a ascender a siete años tras la revisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y finalmente el Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos. Desde 2021, la Plataforma de Madres y Padres de los seis de Zaragoza ha reclamado repetidamente al Gobierno el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Ahora, dos de ellos han recibido el indulto, pero Daniel e Imad continúan en prisión, este último padece problemas psiquátricos y está a la espera de que se le conceda el tercer grado para recibir tratamiento.

¿Cuándo y cómo se entera de que iba a ser indultado?

Me entero de sorpresa, el lunes me viene Adrián y me dice que le ha dicho su padre que nos habían indultado a los dos. Llamé a mi padre, que no me lo quería decir por si algo se truncaba, no me quería generar falsas expectativas. Pero al final me dijo que sí llorando de felicidad. Estábamos contentos pero decepcionados por los compañeros que se quedan. A Imad se le veía contento porque nos íbamos nosotros pero triste por quedarse. No entendemos por qué no le incluye el indulto, estamos acostumbrados a que este gobierno nos dé victorias parciales en todo, no sé si es para dividir la lucha. La premisa ya de por sí está viciada, ninguno de nosotros tendríamos que haber entrado, en ese sentido vamos a seguir luchando para sacar a nuestros compañeros. 

¿Cómo recuerda el momento de salir tras año y medio en prisión?

Fue muy raro porque no me lo creía hasta el último momento, me llamaron a firmar la libertad con un agente judicial, estaba firmando y no me lo creía, preguntando al señor constantemente si era inmediato. Recogiendo las cosas no me lo creía, todo el módulo dándome abrazos, la enhorabuena… Luego cuando salí, vi a mi familia y toqué un poco de tierra, pero todavía tenía ese pánico, pensaba a ver si me voy a echar a dormir y me despierto aquí dentro otra vez. Hasta que no me eché en mi cama, cerré los ojos y al abrirlos me vi en mi cama, en mi casa, con mis gatas y mi pareja, no me lo creía. 

¿Cómo vive ahora, con la libertad recién recuperada?

Es raro, te vas adaptando poco a poco, flipaba mucho con ver coches, con ver tecnología. Tuve que ir a Madrid para hacer entrevistas y sufrí mucha ansiedad social, pasas de ver las ochenta mismas caras todos los días a ver caras distintas todo el rato, al final te vuelves loco. 

¿Tenía esperanza de que este momento llegara?

Esperanza sí porque nunca se pierde. Como buen militante que soy, cuando se hace una campaña es porque creo que lo que buscamos hay que conseguirlo y se puede. Ahí dentro manejaba mucho el tema de las expectativas, yo me decía he entrado para cuatro años y nueve meses y no me voy a hacer ilusiones de revisiones, indultos, rebajas de condena ni nada, yo a llevar mi condena tranquilo, intentaba no pensar demasiado en eso, pero esperanza siempre. 

¿Cómo era su día a día en la cárcel?

Te fijas una rutina muy marcada, me puse a hacer mucho ejercicio, a caminar, a leer, de vez en cuando jugábamos al rabino, al parchís, al final todos los días son lo mismo. He salido con una desorientación temporal tremenda porque allí todos los días son igual, cuando estás dentro no distingues si es lunes o si es miércoles, salvo que tengas un vis a vis no lo manejas. 

Ha recibido muchas cartas y muestras de apoyo desde fuera. ¿Qué significó para usted ese acompañamiento?

Fue una iniciativa muy bonita. Para mí es un ejemplo de cómo tenemos que organizar las campañas antirrepresivas, con una plataforma. Tuvo iniciativas como esta de enviar cartas tanto a Imad como a mí. Eran momentos muy bonitos, había gente que ponía “no sé que escribirte” y te empezaba a contar una anécdota, que igual le parece una tontería pero esa anécdota te permite tener una pequeña ventana para ver lo que está pasando fuera: eran pequeñas ventanas al exterior que se abren en los muros. 

¿Qué lecciones saca de todo lo vivido?

El mayor aprendizaje es ver una prisión desde dentro, todo lo que supone ser una persona reclusa. Pasar por ahí dentro me ha dado la misión de denunciar todo lo que pasa en prisión. 

¿Qué es lo que pasa en prisión?

Abandono, marginación de la gente. Igual suena fuerte pero yo siempre he tenido en mente que eso era un centro de concentración de gente que no queremos en las calles. Ves pobres, perfiles racializados, gente que ha tenido muy mala suerte, que igual no se merece el trato que recibe de algunos funcionarios y las condiciones que hay, con comida pésima o aislamiento térmico inexistente. Son cosas con las que se nota que pasas a ser un ciudadano de tercera. 

¿Cómo recuerda el momento de la detención?

Estaba tomándome un café con leche después de la manifestación, de repente entra la Policía hasta el fondo del bar donde yo estaba y se lleva a tres chavales. Yo me quedé mirándolos diciendo si esto podía pasar, no sé si el policía me reconoce de antes o de qué, y me dice: “Tú te vienes conmigo”. Fue completamente arbitrario, llego a tomarme el café con leche en otro bar y no estaría aquí. 

Aún hay dos compañeros en prisión. ¿Ha podido hablar con ellos? ¿Cuáles son ahora los pasos para lograr su liberación?

Vamos a seguir pidiendo su libertad, Imad tiene un permiso penitenciario aplicado, por los trastornos mentales que tiene debería ir aun centro de día a tratarse. Una jueza le ha aplicado el artículo 100.2, y estamos a la espera de que se ejecute para que solo tenga que ir a dormir a prisión. Con Daniel es más complicado, igual podemos presionar para un tercer grado, aunque hay que seguir presionando para el indulto. Se solicitó para él pero no termino de entender por qué no se lo dan. 

También quedan multas muy elevadas. ¿Cómo afrontan esa parte del proceso?

No solo son los años de vida que te han robado, sino todo el procedimiento judicial. Y luego las multas. A las personas que somos víctimas de represión, que no somos de clases sociales muy altas, nos suponen un sobrecargo tremendo. Ahora mismo estamos recaudando fondos para poder pagar todas las multas, hay una cantidad que se ha puesto pero todavía falta muchísimo. 

¿Se arrepiente de algo?

De haberme tomado el café con leche en ese bar: si hubiese sido en cualquier otro, no me habría pasado esto. A la manifestación habría ido igualmente. 

En algún momento, ¿ha pensado que el activismo o las manifestaciones no merecían la pena?

Hubo un momento en el que empecé a dudar de todo, no en el año y pico en el que he estado en prisión, sino cuando el Tribunal Superior de Justicia nos subió a siete años la condena, estuve durante una semana fatal. Fue el momento más duro porque llevábamos un año de campaña y yo pensaba para qué había servido tanto esfuerzo y desgaste. Ahí sí que fue una caída gorda. En prisión nunca he dudado, siempre he ido con la cabeza bien alta y orgulloso de estar por lo que estaba. 

¿Qué opinión le merece que la Ley Mordaza siga en vigor?

Al final la represión tiene tres patas. Siempre nos acordamos de la pata policial, el que te señala, detiene y luego miente; la judicial, el juez que firma la sentencia; y la legislativa, de esa es de la que depende el gobierno. Si tienes artículos en el código penal que permiten que un policía coja y diga que has hecho algo que realmente no has hecho acaba siendo una herramienta de criminalización. La Ley Mordaza forma parte de ese entramado de victorias parciales que nos regala el PSOE, si quiere el apoyo de un pueblo de izquierdas ese pueblo tiene derecho a sus victorias totales, cuando se nos anuncia la derogación sólo se tocan una serie de artículos que no van a la esencia. Señalar la organización política es muy importante, los derechos si no se ejercen no se llega a ningún lado y se ejercen desde la organización política. Hago un llamamiento a que la gente se organice. 

¿Cómo ve el panorama político seis años después de aquella manifestación contra Vox?

Han pasado bastantes acontecimientos en este tiempo, al final me preocupa. Ahí dentro lo que más intenso se vivió fue el tema del genocidio en Gaza, sientes rabia de no poder estar con tus compañeras pidiendo el fin del genocidio, creo que el gobierno podría hacer mucho mas, pedir un embargo efectivo a Israel. Lo segundo que más me ha preocupado es el ascenso de las extremas derechas, Trump en EEUU es un peligro para la democracia, y no solo la estadounidense. 

¿Ha ido a alguna manifestación desde que ha salido?

No, de momento estoy muy tranquilo, siempre está el miedo de que coja un policía, te meta un montaje policial y tenga que pagar los cuatro años y nueve meses que me han suspendido más la condena nueva. La verdad que no me puedo arriesgar porque eso me partiría en dos. Estoy volviendo a la militancia poco a poco, ayudo en cuestiones de logística: pintar pancartas, echar una mano... pero con cuidado. 

¿A qué va a dedicar su tiempo a partir de ahora?

Terminar la carrera, seguir tocando el bajo, ver si vuelvo a trabajar en la orquesta o donde sea, pero de lo mío. Estoy escribiendo un libro, empecé hace un mes y por lo menos tiene un final más o menos feliz.