La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

El bufete Cuatrecasas ha encomendado a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, consejera externa de la firma desde este año, centrarse especialmente en las áreas de Aeroespacial y Defensa, en pleno boom del gasto militar. 

En la web del bufete, esas dos áreas han pasado a figurar como la primera de las “especialidades” de la antaño todopoderosa número dos de Mariano Rajoy. En la página oficial de Cuatrecasas la exvicepresidenta figura encuadrada en el equipo de Aeroespacial y Defensa, de cuya oficina en Barcelona es socio Alejandro Auset, abogado del Estado en excedencia, como Sáenz de Santamaría.

En enero, tras casi seis años como abogada, socia y adjunta a la presidencia de Cuatrecasas, Sáenz de Santamaría asumió una nueva posición como consejera externa de la firma, “dejando el ejercicio activo de la abogacía”, según anunció el despacho en septiembre de 2024.

“Centrará sus esfuerzos en apoyar al equipo de dirección y en representar al Despacho ante instituciones y organizaciones, principalmente en el ámbito internacional”, indicó entonces el bufete. 

“Afronto con ilusión una nueva etapa, centrada más aún en la gestión y en la que apoyaré al Despacho en un momento de grandes desafíos”, señaló Sáenz de Santamaría en un comunicado en el que añadía que “Cuatrecasas está inmersa en el desarrollo de su Plan Estratégico 2024-2026 ─que implica una reestructuración interna global de la prestación del servicio, poniendo al cliente en el centro─ y en la consolidación de su expansión internacional, creando un despacho global de referencia en Iberoamérica. Es en este ángulo en el que se proyectará mi nueva función”.

Fuentes del sector aseguran que Sáenz de Santamaría se mantiene activa en el asesoramiento a empresas de defensa. elDiario.es contactó el pasado lunes con Cuatrecasas sin obtener respuesta. Hasta que dejó de ser socia del bufete, la exvicepresidenta desarrolló la práctica de Corporate Compliance y era responsable de sectores estratégicos y control de inversiones exteriores.

En la web del despacho ha figurado todavía gran parte de este año como socia de Gobierno Corporativo y Compliance, recoge la web archive.org. El bufete explica actualmente en esa web que la exvicepresidenta “es experta en el asesoramiento a compañías en relación con el nuevo régimen de inversiones exteriores en sectores estratégicos, aprobado en marzo del 2020 en España como consecuencia de la crisis de la COVID-19. El régimen incluye infraestructuras y tecnologías críticas, energía y otros sectores de actividad esenciales”.

Cuatrecasas es el segundo despacho de abogados de España por facturación (343,50 millones de euros en 2024). La firma tiene su foco en España, Portugal y América Latina, donde cuenta con presencia en Chile, Colombia, México y Perú. Con más de 1.900 profesionales de 29 nacionalidades, cubre todas las disciplinas del derecho de los negocios y tiene 25 oficinas en 12 países.

Entre las numerosas operaciones corporativas que ha asesorado Sáenz de Santamaría en los últimos años como socia de Cuatrecasas está la compra, en agosto de 2023, de un 9,5% del fabricante vasco de motores para aviación ITP por parte de Indra, empresa cotizada en torno a la cual el Gobierno está intentando conformar un gran grupo nacional de defensa.

Fue en agosto de 2013 cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) volvió a convertirse en primer accionista de Indra, al adquirir las acciones que hasta entonces tenía Bankia, entonces recién rescatada.

Vicepresidenta del Gobierno entre diciembre de 2011 y junio de 2018 y consejera electiva del Consejo de Estado desde 2018, Sáenz de Santamaría es también consejera de Moeve (antigua Cepsa). Desde 2022 preside la Cátedra de Investigación Cuatrecasas – Universidad Carlos III de Derecho Corporativo y del Derecho Financiero, Fiscal y de Arbitraje Internacional. 

Goteo de apariciones

La vallisoletana se retiró de la vida pública tras ser desbancada en julio de 2018 por Pablo Casado en la pugna por la presidencia del PP. Aunque lleva años en un discreto segundo plano, participa periódicamente en distintos foros y eventos.

A principios de octubre acompañó en el Foro La Toja (del que es habitual el expresidente Rajoy) al historiador Michael Ignatieff, con una ponencia inaugural en la que los riesgos geopolíticos que afrontan los Gobiernos y empresas tuvieron un papel preponderante. 

Junto al prestigioso intelectual canadiense, Sáenz de Santamaría se preguntó “cómo debemos pensar los europeos y cómo atacamos y organizamos la industria de la defensa”; en su opinión, si en el proceso de rearme que preconiza la Comisión Europea “cada Estado mira lo que aporta y lo que recibe, las factorías que le van a colocar, y cada uno tratamos de tenerlo todo, fracasaremos”.

Y este proceso “puede dar una transferencia enorme al sector privado y a la industria en general, si lo hacemos bien”. “Si a mí hace unos años me hubieran dicho que tener un mayor presupuesto en Defensa iba a ser algo so nice [”tan agradable“], no lo hubiera creído jamás”, añadió, alternando español e inglés.

Hace unos días, Sáenz de Santamaría impartió en el Foro Fundación Ibercaja en Zaragoza una conferencia en la que el complejo contexto geopolítico actual tuvo, de nuevo, un papel preponderante. En ella abogó por forjar “campeones europeos” del sector de la defensa ante la amenaza rusa. 

Sin leer un papel y sin apenas alusiones a la política nacional, lamentó que “cada vez hay menos alicientes para que la gente con capacidad tenga ganas de participar en política”, una actividad “dura”. “Cuando entras, cuando estás, cuando te vas. Se han roto todos los diques, de la vida pública, de la vida privada… cualquier tipo de respeto”. “La gente con talento huye en su mayor parte”.

Unos días antes, el lobby agrario Sos Rural, crítico con las energías renovables y vinculado a agricultores del Campo de Cartagena, anunció su presencia en un acto en el Hotel Ritz de Madrid junto al expresidente Felipe González, la andaluza Susana Díaz, el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el polémico Manuel Lamela (PP). 

Finalmente, Sáenz de Santamaría se cayó del cartel la víspera del evento y fue sustituida por el exministro del PP Manuel Pimentel. En los días previos hubo “presiones” a varios de los ponentes anunciados para que no acudieran, según aseguró Felipe González durante un debate con Pimentel.

“El Campo se planta en Madrid”. Es el lema de la I Edición de los ‘Desayunos del Campo’, un evento definido por sus promotores como “el nuevo foro de referencia para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del mundo rural en España” y que patrocina SOS Rural, un lobby agrario conocido por esparcir afirmaciones falsas sobre las energías renovables.

Según sus campañas, las placas fotovoltaicas “esterilizan el campo y aumentan el riesgo de incendios”. “Donde se planta una placa no vuelve a crecer nada en décadas”, aseguran también. El pasado mes de julio, esta organización anunció la puesta en marcha de una macrocausa judicial en toda España contra las plantas solares que, en su opinión, afectan a terrenos con alto valor de cultivo. Fuentes de la asociación señalan que no están contra las renovables, pero rechazan la expansión “desordenada” que solo busca “el máximo beneficio de las empresas”.

El evento apadrinado por SOS Rural y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena va a contar como ponentes con el expresidente del Gobierno Felipe González, junto a otros dos históricos ex dirigentes socialistas, los expresidentes de Andalucía y Extremadura, Susana Díaz y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respectivamente; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y otro conocido ex político del PP, Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad y Consumo con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

La cita será el próximo miércoles en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de la capital. El programa oficial del evento señala que la apertura institucional correrá “a cargo del Excmo. Señor don Felipe González”, que recientemente ha mostrado simpatía por algunos postulados de SOS Rural.

En enero de 2024, el expresidente socialista (que hasta 2015 fue consejero de Gas Natural, la actual Naturgy, primera gasista de España) definió la energía nuclear como “la menos contaminante” de las fuentes de generación y arremetió contra la fotovoltaica y la eólica, afirmando falsamente que la normativa española no precisa quién tiene las “responsabilidades” de desmontar los parques solares cuando llegan al final de su vida útil, que estos “no son reciclables nunca”, ocupan “un terreno enorme” y acaban “con la agricultura”.

En el evento patrocinado por SOS Rural, Felipe González participará en una mesa redonda sobre “Cohesión y territorio: el reto de la España despoblada” junto a Soraya Sáenz de Santamaría. Actual consejera de Moeve (la antigua Cepsa), la exvicepresidenta lleva años vinculada al bufete Cuatrecasas, que ha logrado varias condenas contra el Reino de España en los multimillonarios arbitrajes de inversores internacionales contra los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó a la retribución de las renovables.

En las jornadas patrocinadas por SOS Rural se celebrará otra mesa redonda sobre “Competencia desleal de los productos agropecuarios españoles”. En ella participarán Rodríguez Ibarra, Susana Díaz y Lamela. Este último fue subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación con José María Aznar.

Lamela fue contratado como lobbista en Bruselas hace una década, cuando gobernaba el PP, por la minera australiana Berkeley, que entonces pretendía abrir una mina de uranio en Salamanca y que ahora reclama a España una indemnización millonaria por prohibir la extracción de este mineral en la Ley de Cambio Climático.

Cuando Berkeley contrató a Lamela, el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, su ex jefe en el Ministerio de Agricultura. Abogado del Estado en excedencia, como Sáez de Santamaría, Lamela fue cliente de Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro Cristóbal Montoro que este verano ha protagonizado un escándalo de tráfico de influencias.

El programa inicial del evento de SOS Rural también anunciaba un invitado “paranormal” que participaría “directo desde el Cuarto Milenio”. El evento no va a poder contar finalmente con Iker Jiménez, conocido por sus bulos sobre la DANA de Valencia. El pasado junio el famoso presentador fue uno de los participantes más aplaudidos en una conferencia ultraliberal en Madrid que clausuró el presidente argentino, Javier Milei.

El conductor del evento de SOS Rural será el periodista deportivo de la COPE Juanma Castaño, que en septiembre vinculó las protestas contra Israel en La Vuelta ciclista con ETA. 

La moderadora de esa mesa redonda con Rodríguez Ibarra, Susana Díaz y Lamela será Natalia Corbalán, actual portavoz nacional de SOS Rural. Corbalán es también la consejera delegada de la entidad que está detrás de esta asociación, la Fundación Ingenio, financiada por los regantes del Campo de Cartagena y conocida por haber desinformado durante años sobre el Mar Menor.

Hace poco más de un año, este medio recogía una de las campañas de SOS Rural, centrada en lanzar bulos contra las renovables. Creada en 2023 en la estela del BBB (Movimiento Campesino Ciudadano) que arrastró en las elecciones provinciales de ese año en Países Bajos, SOS Rural se define como “una agrupación ciudadana apartidista, pero no apolítica, espontánea, plural e independiente”.

De ella han formado parte, además de la Fundación Ingenio, asociaciones de caza y pesca de toda España y otras como la Asociación Gallo Combatiente Español, la Asociación Internacional de Tauromaquia o la Agrupación de Peñas Taurinas, según un listado difundido en 2023.

Fundación Ingenio se creó en 2020. Tiene entre sus patronos a grandes exportadores agrícolas como Agromark o Gregal, y las dos principales cooperativas de regantes de Murcia.

En marzo de 2024, Ecologistas en Acción de la Región de Murcia concedió a la Fundación Ingenio sus Premios Atila, que “distinguen y denuncian a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente” en el territorio murciano, “por dedicar tanto esfuerzo y dinero a una campaña constante de desinformación e intentan eliminar cualquier tipo de control legal que proteja al medio ambiente y a la ciudadanía de los abusos empresariales”.

Ingenio estuvo entre los instigadores de varios bulos que se infiltraron en las protestas agrarias de principios de 2024. Entonces, Natalia Corbalán aseguraba que “nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”, en referencia a las importaciones de hortalizas desde Marruecos. La realidad es que España es el segundo exportador de frutas y hortalizas de la UE, solo por detrás de Países Bajos.

En marzo de 2024, SOS Rural fichó como secretario general a Javier Poza, que llevaba 14 años trabajando en Bruselas para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), uno de los principales sindicatos agrarios de España, y como asesor del grupo político Renew Europe, en el que estuvo inscrito Ciudadanos. La actual portavoz adjunta de SOS Rural es Lucía Parro, concejala del PSOE en Pantoja (Toledo).

En los últimos meses, la entidad ha marcado distancias con Vox, pero no siempre fue así. SOS Rural tuvo como portavoz al agricultor y ex militar Víctor Viciedo, coronel de infantería en la reserva y presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos.

Sin relación con la actual SOS Rural, Viciedo culpaba en agosto pasado, tras los incendios de este verano, a “las leyes verdes” de ser el “combustible perfecto” para estos eventos. Como portavoz de la organización agraria protagonizó varios actos de Vox y apareció en el programa de Iker Jiménez. En su canal de YouTube, se pregunta si “están Soros y Bill Gates detrás de las renovables en España”.

“La brigada política no existió”.

“La operación catalana de verdad fue la del referéndum ilegal”.

“La Operación Cataluña es el invento de un periodista”

Estas tres afirmaciones han sido reproducidas, con casi idéntica literalidad y de forma recurrente, por los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy que han comparecido ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, así como por el portavoz del actual Partido Popular ante la misma, Rafael Hernando. Ni una reciente sentencia judicial del Tribunal Supremo, ni los testimonios y documentos aportados a distintas causas judiciales, ni la asunción en sede parlamentaria de aquellas maniobras parapoliciales por algunos de sus protagonistas han movido ni un milímetro a los ministros del PP de su tesis negacionista acerca de la última guerra sucia en España. 

La interpretación de la realidad ha alcanzado el paroxismo en determinados pasajes de las comparecencias. Los portavoces esperaban la explicación de Jorge Fernández Díaz a su mentira sobre que no conocía al comisario Villarejo, habiendo defendido en visitas anteriores a la Cámara Baja que había saludado en dos ocasiones jamás se había reunido con él. Después de esa afirmación, El País publicó una grabación en la que Fernández Díaz dice a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”. Pese a ello, Fernández Díaz insistió en la mentira y aludió a “las maravillas de la inteligencia artificial” para arrojar dudas sobre la autenticidad de la grabación.

Este mismo lunes, la que fuera vicepresidenta única del Gobierno y responsable político del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el único informe PISA que conoció en su época de Gobierno fue la evaluación de la Unión Europea sobre la situación del sistema educativo en cada país miembro, ignorando el dosier Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) que tantos titulares dio a los medios afines a aquel Gobierno, cuyo Ministerio del Interior reconoció la autoría.

En cuanto a la forma de trasladar el mensaje negacionista hubo matices. Del circunloquio a la mentira evidente en el caso de Fernández Díaz pasando por la arrogancia de Mariano Rajoy, quien despachó con displicencia las intervenciones de los portavoces parlamentarios independentistas y de la izquierda. Ante la pregunta de Ione Belarra de si los estaba tomando por tontos al negar las evidencias, Rajoy replicó: “Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta”.

La operación Cataluña es, a día de hoy, la única de las tres grandes ofensivas contra la oposición que practicó el Gobierno del PP que no ha motivado una gran causa judicial. Las maniobras contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para salvar a la formación del caso de la caja B serán juzgadas dentro de un año en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sentarán dos de los protagonistas que han comparecido en el Congreso por la operación Cataluña, Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. Se enfrentan a 15 años de cárcel. 

Los informes falsos y las maniobras de intoxicación contra Podemos centran otra causa en la Audiencia Nacional, está en fase de instrucción y con un amplio recorrido por delante, si se atiende a los avances y vías abiertas en las últimas semanas. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, es el principal investigado. 

Pero la Operación Cataluña no tiene causa propia pese a haber aparecido en procedimientos seguidos en la Audiencia Provincial de Madrid, las piezas del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, dos juzgados de Andorra y otros de Cataluña. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al director operativo de la Policía durante la primera legislatura de Rajoy, el comisario Eugenio Pino, por revelación de secretos. 

El comisario Pino intentó impulsar la causa contra los Pujol introduciendo información que había sido previamente robada. Los hechos probados representan un recorrido por las prácticas del término periodístico y político ‘Operación Cataluña’, pero que no sea mencionada de ese modo en la resolución sirvió a Rajoy y a Soraya para negarle la categoría de reconocimiento judicial a aquellas maniobras. 

Esa ausencia de una gran causa judicial sobre las maniobras contra el separatismo y el apoyo del electorado conservador a cualquier actuación contra los “enemigos de España” han espoleado las intervenciones de Rajoy y sus ministros, que han aprovechado sus intervenciones para defender la aplicación del artículo 155 en Catalunya. 

Montoro: “Para Operación Cataluña, la de su rescate”

El que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, versionó la tesis de que la única operación Cataluña fue el desafío soberanista. “De operación Cataluña solo conozco una, la de su rescate”, dijo respecto de la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica. “Quien dejó a Cataluña en quiebra fue el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) y provocó una crisis fiscal formidable”, añadió. 

Solo el número dos de Interior Francisco Martínez, ex militante del Partido Popular y hoy enfrentado al mayor desafío judicial de cuantos han comparecido, se prestó a explicar su negación de la Operación Cataluña. “Lo que hace el Ministerio del Interior es identificar un riesgo que compromete el orden constitucional [en alusión al proceso soberanista en Catalunya] y que, desde el punto de visa de la seguridad, pueda provocar delitos. Entonces, el Estado actúa. Pero si estamos hablando de una estrategia escrita con un desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional o contra la Ciberdelincuencia, eso [la Operación Cataluña] no existe”, explicó. 

A la pregunta de la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sobre la existencia de un “deep state (estado profundo)”, Francisco Martínez respondió: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.

La incredulidad de los portavoces de los grupos hacía que algunos apelaran al delito de falso testimonio. No tuvo ningún efecto. Sáenz de Santamaría dijo que nunca había recibido un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre político catalán alguno. 

En esta coyuntura, la respuesta a qué hacían allí los ex ministros del Partido Popular fue ofrecida por el portavoz de la formación en esta comisión, Rafael Hernando, quien aseguró en dos de sus intervenciones que la Operación Cataluña fue “el invento de un periodista”.

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha anunciado este lunes en el Congreso que presentará una querella contra los responsables de “maquinar” la Operación Cataluña, pero no ha detallado contra qué dirigentes políticos o policiales la interpondrá.

“Han cometido ilegalidades y no se les ha ni investigado. Vienen aquí y hacen ver que no saben nada. No entiendo su cobardía, se esconden como conejos cuando les han pillado, no fuera a ser que hubiera alguna lesión personal”, ha clamado Mas, conteniendo su enfado, contra los exministros del PP que han negado en la comisión parlamentaria la existencia de la Operación Cataluña.

“Algún día los responsables de querer destruir la voluntad popular tendrán que asumir responsabilidades”, ha dicho Mas en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña en la que ha avanzado la interposición de la acción legal.

Las maniobras ilegales que partieron del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra empresarios y políticos y funcionarios han provocado decenas de querellas de las víctimas, pero hasta hoy solo una condena: la del exjefe de la brigada política Eugenio Pino, por intentar adulterar el caso Pujol. El resto de querellas y denuncias han sido archivadas sin practicar apenas diligencias.

En su comparecencia parlamentaria, Mas ha recordado que el expresidente nunca le advirtió de cualquier actuación irregular contra él si proseguía adelante con el proceso soberanista. “Pensé que en algún momento el presidente Rajoy vería lo que pasaba en Catalunya y que el pacto fiscal era una salida lo que yo le ponía sobre la mesa”, ha lamentado el expresident.

Mas ha atribuido al Gobierno del PP el objetivo de “querer destruir” al soberanismo “a través de medios legales o ilegales” tras “constatar que no podrían ganar unas elecciones”. Que los participantes de las maniobras contra el soberanismo asuman responsabilidades “es la única manera de curar las heridas que la Operación Cataluña ha provocado en el sistema democrático español”, a juicio del expresident.

“No se trataba de eliminar terroristas, sino soberanistas; de eliminarnos políticamente, civilmente, llevarnos hasta la muerte civil”, ha enfatizado Mas en una larga intervención que ha concluido con la denuncia del espionaje con Pegasus, posterior a la Operación Cataluña.

Especialmente duras han sido las palabras de Mas contra la exlíder del PP catalán y actual senadora, Alícia Sánchez Camacho, de quien ha recordado que mientras negociaba con él los presupuestos catalanes de 2012, mantenía contactos con el excomisario José Manuel Villarejo: “Por un lado, venía a hacerse fotos a la Generalitat, y por el otro ayudaba a confeccionar listas negras”.

Mas ha insistido en que no le mueve un ánimo de “venganza”, sino de esclarecer la verdad. “No me inspira el odio hacia nadie, lo que pasó, ya ha pasado, pero hay que asumir responsabilidades”, ha aseverado. Y no solo por él, ha agregado, sino “porque las víctimas últimas de la Operación Cataluña son los ciudadanos que vieron alterado su voto”.

“Se puede negar tantas veces como se quiera, pero los hechos son los hechos”, ha apostillado Mas en referencia al silencio y negación general de la Operación Cataluña que han mantenido en la comisión los exministros del PP y el expresidente Rajoy.

Este mismo lunes, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha negado cualquier maniobra policial contra el independentismo catalán. Como la exministra Cospedal, Sáenz de Santamaría ha denunciado el proceso soberanista y, en su caso, ha destacado la labor que realizó el Ejecutivo frente a la crisis económica del momento.

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha negado este lunes en el Congreso conocer la existencia de la operación Cataluña. A la primera pregunta de Ione Belarra, portavoz de Podemos, la número dos de Mariano Rajoy, responsable entonces del CNI, ha dicho: “Yo no tengo ningún conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica y de ninguna Operación Cataluña”.

Unos instantes después, Sáenz de Santamaría ha llegado a negar al existencia de la brigada política. “A todas luces, esa policía nunca ha existido. Por tanto no puedo dar instrucciones de algo que nunca ha tenido lugar”, ha dicho la antigua vicepresidenta.

Al ser replicada por Belarra con que ya hay una sentencia judicial firme –pendrive de los Pujol–, Sáenz de Santamaría se ha enrocado: “Respeto las decisiones judiciales y acato las que me corresponden. Dudo de que esté redactado así”.

El negacionismo de Soraya Sáenz de Santamaría ha alcanzado a no reconocer la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que utilizó las noticias sobre el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) para pedir explicaciones a Podemos. “Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté. Lo ejercí de acuerdo a la Constitución y a las leyes”, ha dicho.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha aprovechado sus primeras respuestas para ensalzar a Mariano Rajoy, del que ha dicho que es “un firme defensor de las libertades”. “Un hombre recto y cabal”, ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha seguido el mismo guión que todos los miembros de su Gobierno que le han precedido en la comisión del Congreso y ha negado cualquier maniobra policial contra el independentismo catalán. Como el resto, Sáenz de Santamaría ha denunciado el proceso soberanista y, en su caso, ha destacado la labor que realizó el Ejecutivo frente a la crisis económica del momento. “En el 2012 las únicas cuentas que me interesaban eran las cuentas públicas porque estábamos en una situación de emergencia absoluta”, ha dicho sobre el rastreo de posibles fondos en el extranjero de políticos soberanistas.

Varios de los portavoces le han preguntado por el último informe de Citizen Labs, la ONG que decubrió el espionaje a los teléfonos móviles de políticos y otras personalidades del nacionalismo catalán por parte del CNI. En este informe, la ONG señala que Artur Mas fue espiado en 2015, año en el que Sáenz de Santamaría era la máxima responsable política del servicio de Inteligencia español.

Sáenz de Santamaría ha negado tener conocimiento de dicho espionaje y ha asegurado que nunca recibió informes del CNI sobre políticos catalanes. Para apoyar su afirmación citó al director del Centro en aquel momento, el general Sanz Roldán, quien negó haber recibido instrucciones de ningún Gobierno en ese sentido.

Precisamente, Sáenz de Santamaría ha destacado que el general ya dirigía el servicio secreto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que siguió haciéndolo cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

La ex vicepresidenta se ha enzarzado con los portavoces de los partidos catalanes sobre prácticas antidemocráticas que sufrieron sus formaciones. “No he visto espectáculo menos edificante y menos respetuoso con la democracia que los plentos [del Parlament de Cataluña] que votaron la desconexión”, se ha defendido la compareciente.

El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, ha concluido su intervención calificando la intervención de Sáenz de Santamaría: “Si aquí hubiera un detector de mentiras estaría pitando desde hace mucho tiempo”.

El robo de cuatro cables de las líneas de AVE Madrid-Sevilla ha afectado a 30 trenes y más de 10.000 personas desde el final de la tarde del domingo. Muchas de ellas se han quedado atrapadas gran parte de la noche en el interior de los vehículos. Otras muchas han visto su tren retrasado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó a un “sabotaje”: “Es una acción coordinada”. El tráfico ferroviario se restableció al 70% a las 11:15 de este lunes y se ha normalizado totalmente pasadas las 17:00.

Mientras, el Congreso y el Senado retoman sus comisiones de investigación. En el Senado se celebra una sesión sobre la gestión de la catástrofe consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre. En la Cámara Baja continúa la investigación de la Operación Cataluña. Ha comparecido la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y durante la tarde lo ha hecho el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Este último ha anunciado una querella contra los responsables de “maquinar” dicha Operación.

Siempre que a la derecha no le salen las cuentas, los números están mal; alguien lo ha manipulado, alguien está ocultando la verdad. Es un clásico de la política española.

Para Manuel Fraga las cifras de desarrollo económico de los ochenta -la década de mayor crecimiento de renta y salarial del siglo XX- no valían nada al lado del precio de los garbanzos que él mantenía monitorizado al detalle. Rodrigo Rato se cansó de denunciar aquella mítica amnistía fiscal de Felipe González, que nos había costado 200.000 millones de pesetas y había beneficiado a 600 amigos del PSOE. Soraya Saénz de Santamaría descubrió ella sola que, en España, había más de medio millón -520.000- de receptores fraudulentos del subsidio de desempleo. Fátima Báñez anunció que la Seguridad Social había entrado en déficit en 2011 y los cotizantes había caído en tres millones; apenas un mes después Mariano Rajoy nos descubría que, en realidad, el déficit era de 2010 y habíamos perdido 3.3 millones de pensionistas. Santiago Abascal nos sorprende a diario con cifras y datos sobre inmigración o delincuencia cuya validez estadística no superaría el examen de un niño de primaria. Toni Cantó llenó España de falsas denuncias de malos tratos presentadas por codiciosas mujeres en sus divorcios.

El tiempo puso a cada uno en su sitio. Pero ya daba igual. Rodrigo Rato no pudo probar la amnistía porque “los socialistas se había llevado las pruebas a casa”, aunque se metió tanto en el papel que acabó encausado por fraude fiscal. Los defraudadores de Soraya, en realidad, eran en su mayoría casos de problemas administrativos. Las creciente cifras del Gobierno Rajoy sobre las pensiones y la seguridad social fueron la coartada perfecta para el mayor recorte que ha vivido el sistema público de pensiones en España. Los casos de Abascal y Cantó van más allá de los problemas de cálculo para entrar directamente en los campos de la xenofobia y la misoginia.

Ahora le toca el turno a la inflación y al paro. La derecha anunciaba un otoño asolado por la madre de todas las inflaciones en España. Así que no puede ser que España sea uno de los países de la UE con la inflación más baja o que medidas como la excepción ibérica estén funcionando. Las cifras tienen que estar manipuladas. Da igual que la corrección se haya hecho para evitar seguir cometiendo un error denunciado por actores tan poco sospechosos de estar compinchadas con el gobierno rojosatánico como las compañías eléctricas.

Lo mismo con el paro. Desde la derecha se anunciaba el Armagedón del desempleo y llegar cerca de un 35% de paro. Así que no puede ser que el empleo mejore en España, muchos menos que lo haga la temporalidad gracias a una reforma laboral a la que se opusieron y advirtieron causaría, junto a la subida del SMI, un apocalipsis de desempleo. Como siempre, las cifras están mal o están manipuladas. Da igual que los datos los elaboren y validen las comunidades autónomas, o que se computen igual desde una orden ministerial de 1985. Da igual que las denuncias de manipulación vengan de unos investigadores cuya metodología de cálculo desatiende por completo los criterios establecidos por esa misma orden, inalterable bajo gobiernos de unos y de otros y que, como ellos mismos reconocen con ingenua sinceridad, les lleva a comportarse como detectives, no como científicos.

Con los datos del paro sucede algo muy parecido a lo que ya vimos acontecer con las previsiones sobre el impacto en el empleo de las subidas del SMI: el autor del informe tiene una idea previa -el paro es más de lo declarado, el SMI va a destruir empleo- y en función de esa tesis, construye su modelo para darse la razón a sí mismo. Porque, amigas, en España la derecha nunca se equivoca. Es la realidad la que está rematadamente mal. No es la derecha, somos nosotros, que nos engañan como a niños. 

Un mes después de la entronización de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, su predecesor en el cargo, Pablo Casado, ha desaparecido de la escena pública. Nada se sabe de qué hará ahora que ha dejado la primera línea política. Con apenas 41 años, el exlíder de la derecha española tiene todavía por delante muchos años de cotización antes de poder retirarse. Una situación, la de decidir “¿y ahora, qué hago?”, que otros dirigentes políticos de su partido ya han afrontado antes. Por ejemplo, quienes se enfrentaron hace cuatro años a Casado en el congreso que lo eligió. ¿Qué ha sido de Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o José Manuel García Margallo? ¿Feijóo tendrá en cuenta sus perfiles?

La que fuera vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy estuvo a punto de hacerse con el control del PP. De hecho, ganó por la mínima las primarias por votación universal entre los militantes del partido. Pero el aparato maniobró en la segunda vuelta y sus rivales internos movilizaron sus compromisarios para dar el triunfo a Casado. 

La moción de censura de junio de 2018 terminó con su vicepresidencia, y su derrota ante Casado en julio, con su carrera política. Sáenz de Santamaría renunció al escaño en septiembre tras ser ninguneada por el nuevo equipo directivo y pasó a la actividad privada, aunque no del todo. El Gobierno en solitario de Pedro Sánchez la designó para el Consejo de Estado, un órgano consultivo público en el que cobraría un sueldo máximo cercano a los 1.000 euros al mes por asistencia a los plenos, que no se percibe si no hay sesión plenaria o si no se asiste. Junto a ella como consejeros electos están Juan Carlos Rodríguez Ibarra, María Emilia Casas, José María Michavila o Amalia Valcárcel, entre otros.

En el Consejo de Estado, la exvicepresidenta puede aportar su visión a los informes, no vinculantes, que hace este órgano a los proyectos de ley del Gobierno. Y mantiene vínculos políticos institucionales. Pero donde realmente trabaja Sáenz de Santamaría es en la abogacía. En concreto, como socia de uno de los despachos más potentes de España: Cuatrecasas. 

La exvicepresidenta, abogada del Estado por oposición, no optó por regresar al servicio de la administración, sino que se integró en uno de los principales bufetes, que, según publicó El Confidencial este mismo mes de abril, fue el segundo que más facturó en 2021: 285 millones de euros. La oficina de incompatibilidades no apreció conflicto de intereses pese a su paso por el Gobierno entre 2012 y 2018. Su sueldo es un misterio, pero Cuatrecasas factura por pleitear contra España. El que era líder del despacho cuando ella estaba en el Gobierno fue condenado por ocho delitos fiscales, pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría.

Cospedal: la sombra de la corrupción

En este tiempo, Sáenz de Santamaría ha pasado también por momentos delicados de salud de los que no hay mucha información. Tanto, que los grupos parlamentarios optaron por no incluir su comparecencia entre las muchas que han investigado en el Congreso la denominada trama kitchen de espionaje con recursos del Estado.

Quien no se libró de dicha comparecencia fue su gran rival dentro del Ejecutivo que dirigía Mariano Rajoy, y quien propició el triunfo de Casado al pedir para él el apoyo de sus delegados: María Dolores de Cospedal. También abogada del Estado, quedó tercera en las primarias de 2018.

Su carrera tras la moción de censura de 2018 no ha sido tan sencilla como la de su némesis en el Ejecutivo. Sobre la que fuera secretaria general del PP penden diversas acusaciones por su papel en algunas corruptelas: desde Gürtel a los papeles de Bárcenas, o la destrucción de pruebas de la financiación irregular del partido, pasando por el espionaje al que fuera tesorero nacional del partido que supuestamente ordenó el exministro Jorge Fernández y en el que participó el ya famoso excomisario José Manuel Villarejo, según las investigaciones de la Audiencia Nacional.

Precisamente la estrecha relación de Cospedal con Villarejo terminó con su carrera política. A diferencia de lo que ocurrió con Sáenz de Santamaría, Casado sí contó con ella en un principio para la ejecutiva del PP, pero meses después tuvo que dimitir. Primero, de los órganos del partido. Luego, como diputada. Casado le compensó con un asiento en el Real Instituto Elcano, del que ahora es vicepresidenta.

Sin futuro político, y quizá demasiado señalada como para la actividad privada de forma inmediata, Cospedal pidió en 2019 su reincorporación como abogada del Estado. Fue destinada a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo cuando Dolores Delgado era ministra de Justicia. 

En el cargo estuvo un año. En enero de 2020 la exministra de Defensa se incorporó como socia al bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo. 18 meses después, su imputación en la Audiencia Nacional por el espionaje a Bárcenas le obligó a dar un paso al lado y pedir una excedencia. Ahora, pese a su desimputación (la Audiencia Nacional sí va a juzgar a la cúpula del Ministerio de Interior de Rajoy, con el exministro Jorge Fernández a la cabeza), ha anunciado su salida definitiva del despacho. De momento, no se conoce su próximo destino profesional, pero siempre podrá recuperar su plaza como abogada del Estado.

Margallo, el único vinculado al PP

El cuarto en discordia en las primarias de 2018 fue otro exministro de Rajoy, José Manuel García Margallo. Quien fuera titular de Exteriores, y también rival de Sáenz de Santamaría en el Ejecutivo, logró un resultado muy discreto en las primarias (1,17% de los votos), pero es el único de los principales candidatos que se mantiene en la política institucional.

De los cuatro es al único al que ha recuperado Feijóo, ya que Casado renunció a una oferta que no se ha hecho pública, de momento.

En 2018 Casado eligió a Margallo como miembro de libre designación del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Un año después formó parte de las listas del partido al Parlamento Europeo, donde todavía le quedan un par de años de mandato.

Además, mantiene un alto perfil mediático. Margallo participa en diferentes tertulias y entrevistas como portavoz del partido de forma habitual. Los lunes comparte con los exvicepresidentes del Gobierno Carmen Calvo y Pablo Iglesias micrófono en la Cadena Ser. También es habitual verle en otros canales de televisión, como La Sexta, o emisoras de radio.

A sus 77 años, Feijóo ha vuelto a contar con él para el Comité Ejecutivo Nacional, esta vez como parte de la lista que fue ratificada por el XX Congreso Nacional que encumbró al gallego y como cuota de la Comunidad Valenciana. Es también, por derecho, miembro de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado esta mañana en la Audiencia Nacional que su contacto por mensaje de texto telefónico con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy para informarle del espionaje a Luis Bárcenas se prolongó durante “varios meses”. Según el imputado, Rajoy estaba principalmente interesado en cómo avanzaba el operativo, si estaba siendo eficaz y si Bárcenas guardaba documentación comprometedora para el Partido Popular y él mismo, según fuentes jurídicas.

Villarejo ha trasladado su convicción de que Rajoy era “muy desconfiado” y que por eso quería hablar directamente con él y que también, en ocasiones, se saltaba al ministro del Interior Jorge Fernández para hablar con el número dos de éste, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. El comisario jubilado ha asegurado que él informó a María Dolores de Cospedal de su supuesto trato directo con el presidente del Gobierno y que la secretaria general llegó a participar en el traslado de mensajes entre uno y otro.

Para sus presuntas comunicaciones con Rajoy, el comisario Villarejo recibió dos teléfonos, ha dicho. Primero uno, al que Rajoy no contestaba, y luego un segundo, que sí sirvió para comunicarse con el presidente del Gobierno, siempre según su versión. El comisario ha dicho que cree que no eran terminales encriptados y que no recuerda quién le entregó los números, si Cospedal o alguien del CNI.

Villarejo lanzó el asunto de los SMS con Rajoy ante la comisión de investigación del Congreso e inmediatamente fue llamado a declarar por el juez instructor, Manuel García-Castellón. Ni en el Congreso ni ante el juez, el comisario ha presentado pruebas sobre la existencia de esos mensajes.

Hasta ahora, los investigadores del caso habían identificado a “el Barbas” o “el Asturiano” como referencias de Villarejo y otros presuntos miembros de su banda a Rajoy en las grabaciones incautadas al comisario y en sus agendas. Sin embargo, esa comunicación se produciría a través de terceros, principalmente el abogado Javier Iglesias, El Largo, a quien los implicados atribuían estrechos lazos con Rajoy. Hoy, Villarejo ha vinculado a Iglesias, que fue abogado de su mujer, con el CNI.

Villarejo ha vuelto a señalar al CNI como participante en la operación de espionaje a Bárcenas y ha añadido que él mismo intercambiaba mensajes con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, responsable del servicio secreto, a través de una tercera persona que hablaba con la jefa de gabinete, María Pico. Según Villarejo, su relación con Sáenz de Santamaría era “bidireccional”. También ha dicho que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, era de la opinión que el espionaje a Bárcenas era conveniente porque el extesorero guardaba “material comprometedor” no solo del PP sino también para las instituciones del Estado.

El policía ha contestado primero al juez, luego al fiscal Anticorrupción, a la acusación popular que ejerce Podemos y a la particular de Bárcenas. Al terminar, el juez ha retomado su intervención para volver a requerirle por la supuesta participación de Sáenz de Santamaría. Villarejo ha dicho que se comunicaba por terceros con ella por su responsabilidad sobre el CNI y por su “cercanía” al presidente del Gobierno.

Niega pagos de Cospedal pero reconoce las agendas

También ha negado esta mañana ante el juez del caso Kitchen que María Dolores de Cospedal o su marido, Ignacio López del Hierro, le pagaran por supuestos encargos. Villarejo ha acompañado esta afirmación de otras como que reconoce su letra en las agendas incautadas en su domicilio en octubre y donde aparecen anotaciones de presuntos pagos por parte de la pareja a través del jefe de gabinete de Cospedal, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

En el diario de Villarejo aparecen varias anotaciones que apuntan a que cobró de la secretaria general. Uno de ellos dice: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”.

Villarejo ha desviado la atención del espionaje a Bárcenas hacia la Operación Catalunya. Asegura que se entrevistó con Cospedal en Génova, en su despacho del Ministerio de Defensa, algo desconocido hasta ahora, en restaurantes y en Marbella, pero que solo hablaban de cuestiones de actualidad, como el desafío soberanista en Catalunya. “Mi labor era hablar con todo el mundo”, ha añadido.

El policía también ha dicho que cuando hablaba con Cospedal tenía la sensación de tener interlocución con alguien del Gobierno más que del Partido Popular y que la secretaria general de la formación le transmitió en ocasiones que el presidente Mariano Rajoy estaba “muy preocupado” por las causas de corrupción que acechaban al PP.

El comisario, acusado de liderar una organización criminal, ha asegurado que desde el Gobierno se le hizo una promesa de pagos con fondos reservados por sus maniobras contra el procés, pero que nunca llegó a concretarse. Villarejo ha declarado durante más de tres horas y media.

Villarejo también ha especificado que Ignacio Cosidó, director general de la Policía, estaba al tanto de la operación Kitchen, que fue él quien le pidió que colaborara en ella a través de su jefe de gabinete, pero que el político se puso “de perfil” posteriormente. Cosidó no ha sido llamado aún a declarar ni como testigo pese a dirigir la Policía en aquel momento.

Por otra parte, Villarejo ha ratificado el espionaje a Bárcenas en prisión y ha añadido que él mismo se entrevistó con el preso “hacker” que salía de permiso y del que el extesorero del PP dice que tenía el encargo de borrar de la nube las grabaciones con Rajoy y Arenas.

La Fiscalía Anticorrupción ha elaborado un informe en el que recoge todos los indicios que implican a los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal en la Operación Kitchen. Un total de 52 páginas que detallan su implicación en las maniobras para arrebatar al que fuera tesorero del partido, Luis Bárcenas, la información sensible que guardaba sobre su formación y algunos de sus dirigentes relacionada con el caso Gürtel. Entre esas páginas aparecen también reseñados los distintos apelativos con los que los agentes implicados se referían a otros policías y a políticos a quienes afectaban sus maniobras.

El escrito empieza señalando que el excomisario José Manuel Villarejo se hizo cargo de esa misión a la que se denominó Operación Kitchen, 'Cocina', 'Cocinero' o 'Cuisine'. Consistió, resume la Fiscalía en captar al chófer de la mujer Bárcenas, Sergio Ríos, “para obtener de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para dicho partido político y para altos dirigentes del mismo, a cambio de una retribución mensual con cargo a gastos reservados”.

Así, el escrito detalla que a Sergio Ríos se le puso el nombre en clave de “cocinero” o “K2” y se le puso una asignación mensual de 2.000 euros para que sacara información de un lugar cerrado que los implicados en la operación definen como “zulo” la información comprometedora. Así lo revelan las conversaciones que mantuvieron el grupo de policías entre ellos y con el chófer, y en las que utilizan diversos apodos para referirse a otros policías y cargos del PP.

Esos apelativos están alejados de la habitual jerga policial y revelan la forma de comunicarse que tenían los mandos policiales implicados en estas maniobras. Así, bautizan como 'Barbas' o 'Asturiano' al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y como 'Pequeñita' a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A María Dolores de Cospedal, a quien la Fiscalía implica en la operación por la información “comprometedora” que Bárcenas tiene sobre ella, la despachan con un simple 'Cospe'. Son más explícitos cuando hablan de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que denominan 'Polla'.

En la lista de apodos que ha identificado la Fiscalía Anticorrupción aparecen los que tenían los policías Andrés Gómez Gordo -según los agentes quien reclutó a Ríos-, al que definen como 'Cospedín' o 'Andy', Enrique García Castaño, el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, escuchas y captación de fuentes, quien se lleva los apelativos de 'Gordo', 'Big' o 'Talla', y José Luis Olivera, 'Oli' o 'Pepelu' en esas conversaciones y al que Villarejo atribuye haber frenado la Gürtel: “Podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por este y eso no se puede olvidar”.

Hay también pseudónimos para Francisco Martínez, por entonces secretario de Estado de Seguridad y ahora responsable de haber depositado varios mensajes con el exministro Fernández Díaz, su jefe entonces, en los que apunta a la posible implicación del CNI en el espionaje a Bárcenas. En las charlas telefónicas se refieren a él como 'Chocho' o 'Paco'. También hay algunas referencias al abogado Javier Iglesias, al que denominan 'Largo'.

Fueron unos días muy intensos los que siguieron al referéndum del 1 de octubre en Catalunya hasta que se declaró la independencia el 27 de octubre de ese mismo año. En ese tiempo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se dedicó en cuerpo y alma a evitar un “choque de trenes”, a que Carles Puigdemont no llegara hasta el final y a que Mariano Rajoy no aplicara el 155 y arrasara con el autogobierno catalán. Urkullu inició su labor de mediación cuatro meses antes del referéndum, exactamente el 19 de junio de 2017. Y, lejos de lo que se ha querido proyectar, no se ha desentendido de Catalunya. En 2019, por ejemplo, Urkullu le contaba a Pedro Sánchez que seguía “viviendo el proceso”: “Son muchas las personas de Catalunya que recurren a mí”. En otro mensaje, añadía: “Son muchas (lo digo sin petulancia) las peticiones de entrevistas que he rechazado así como diversas las peticiones de encuentros con agentes de Catalunya (que algunas sí he mantenido y seguiré manteniendo de manera absolutamente discreta). Me vendría bien estar lo más informado posible -siempre desde la discreción total incluso en Euskadi- para responder en dichos encuentros a los análisis más certeros posibles, siempre y cuando lo consideres pertinente”. Ésta es la cronología de una mediación.

19 de junio de 2017: Asiste al acto organizado con motivo del trigésimo aniversario del atentado de Hipercor, cometido por ETA. Acompañado por Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, se reúne después en el Palau de la Generalitat con Neus Munté, consejera de la Presidencia. También estuvo “a solas con el president”. “Recibí la petición de que intentara hacer lo posible para ayudarles con el presidente del Gobierno español”, recuerda Urkullu. “Todo lo que puedas hacer para que Rajoy se mueva será bienvenido”, ha explicado el dirigente catalán sobre esa misma cita. “El mismo día, posteriormente, coincidí en la sala de autoridades del aeropuerto de El Prat con la vicepresidente del Gobierno español (Soraya Sáenz de Santamaría), a quien relaté brevemente el encuentro con el president y a quien solicité que lo comentara con el presidente Rajoy y le dijera que me gustaría estar con él”.

19 de julio de 2017: Un mes después, Rajoy y Urkullu se reúnen en La Moncloa. El encuentro fue secreto.

20 de julio de 2017: Urkullu, acompañado de Andoni Ortuzar e idoia Mendia, se reúne con Pedro Sánchez en Lehendakaritza. Esta cita sí fue pública.

16 de agosto de 2017: Se produce una explosión en una casa de Alcànar, en Tarragona. Al día siguiente, una furgoneta se abalanza sobre la zona peatonal de las Ramblas y asesina a trece personas. La serie de ataques deja un total de dieciséis asesinados y ocho terroristas muertos.

26 de agosto de 2017: El lehendakari acude a la manifestación por los atentados. “Me reuní un momento con el president” y “pude hablar también con Sánchez”, anota.

29 de agosto de 2017: Se celebra el primer Consejo de Gobierno del curso político. Como es tradición, el lugar elegido es el Palacio de Miramar en Donostia “A partir de este día comenzaron mis declaraciones públicas en relación a Cataluña”, asegura.

6 y 7 de septiembre. El Parlament aprueba las leyes para el referéndum y la transitoriedad en medio de la polémica. Urkullu apunta que eran resoluciones ilegales y almacena los informes tanto de los letrados de la Cámara como del órgano encargado de velar por el cumplimiento del Estatut.

13 de septiembre de 2017: Se reúne de nuevo con Pedro Sánchez en Lehendakaritza.

21 de septiembre de 2017: Andoni Ortuzar reúne en el Parlamento a José Antonio Suso, Itxaso Atutxa, Joseba Egibar -líderes del PNV en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa- y a Urkullu y les da cuenta de sus contactos. Él también ejerce de intermediario. Ese mismo día, en una conversación telefónica con Mariano Rajoy, el lehendakari le traslada su “contrariedad por la intervención de miembros de la Guardia Civil en la Conselleria de Hacienda”. “Garantizándome el presidente que sus pasos iban a ser muy medidos y cuidando de ser lo mínimo posible”, asegura Urkullu. Se suceden varios mensajes por correo electrónico con el propio Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) y Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo).

24 de septiembre de 2017: Participa en el Alderdi Eguna, la fiesta del PNV, y le envía copia del discurso a Marta Pascal, dirigente del PDeCAT.

1 de octubre de 2017: A pesar de la intervención policial, los catalanes acuden a las urnas en Catalunya. A partir de la celebración del referéndum, los mensajes y propuestas que Urkullu envía se multiplican de forma exponencial.

3 de octubre de 2017: El jefe del Estado, Felipe VI, pronuncia un discurso en el que carga duramente contra la Generalitat, a la que acusa de situarse “al margen de la democracia”. “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”, asegura el monarca.

4 de octubre de 2017: Le llaman Ortuzar y Mendia. Urkullu anota que le proponen “alguna iniciativa en relación al planteamiento de diálogo para abordar la cuestión catalana en la que pudieran participar la presidenta de la comunidad de Baleares y el presidente de la comunidad de Valencia”, Francina Armengol y Ximo Puig, respectivamente. También habla por teléfono con Santi Vila, consejero del Govern y crítico con la vía unilateral. Mantiene una reunión con Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea, dirigente del PNV. Mientras se encuentra reunido, le llama el padre abad del monasterio de Montserrat, “pidiéndome mi intervención en mediación”. Además, ya había enviado tanto a Rajoy como a Puigdemont la 'Propuesta de distensión-diálogo-negociación'.

5 de octubre de 2017: Se reúne con Alfonso Alonso, exministro de Rajoy y líder del PP vasco, y habla con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

6 de octubre de 2017: Mantiene otra reunión con Alonso, que le transmite un mensaje de Rajoy. “Por comentario de Aurrekoetxea proveniente de Francesc Homs (del PDeCAT) llamo y hablo con D. Felipe VI de la cuestión en Cataluña y de las llamadas y mensajes al presidente Rajoy así como de mi valoración pública de su intervención televisada”, apunta Urkullu. Envía, asimismo, la 'Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas' tanto al Gobierno de España como al Govern.

7 de octubre de 2017: Sánchez llama a Urkullu. “Pidiéndome que intervenga”, apunta el lehendakari.

8 de octubre de 2017: Conversa e intercambia correos electrónicos con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, padre de la comunidad de Sant Egidio. Se reúne, además, con el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. Procede, “por petición de los padres de los monasterios de Montserrat y de Santa María de Poblet, a mantener un encuentro con el cardenal arzobispo de Barcelona”, Juan José Omella, que ahora es el presidente de la Conferencia Episcopal de España. “Los padres de Montserrat y de Santa María de Poblet han recibido tanto al president Puigdemont como al vicepresident (Oriol) Junqueras y al conseller Vila. Cada uno de ellos solicita que yo intervenga”, escribe.

9 de octubre de 2017: Mantiene conversaciones telefónicas con Rajoy y Puigdemont. “[El president] Me dice, con testigos, que al día siguiente no quería proceder a la DUI en el Parlament de Cataluña. Le hago llegar una propuesta para que la tome en consideración para el Pleno del Parlament a celebrar el día siguiente”, escribe Urkullu.

10 de octubre de 2017: Mediante la declaración unilateral de independencia, Puigdemont proclama la República Catalana como “Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. El mismo president la suspende ocho segundos después. Antes de hacerlo, Puigdemont le había enviado la “parte nuclear” de su intervención en el Parlament y Urkullu mantiene “numerosas comunicaciones” tanto con él como con Rajoy y Sánchez. Se intercambian “propuestas y comentarios diversos” entre ellos. “Comienza otra fase con los requerimientos y/o preguntas del presidente Rajoy y la activación del artículo 155 de la Constitución”, anota.

18 de octubre de 2017: “Recibo llamadas en nombre de determinados empresarios de Cataluña, así como un mensaje del 'síndic' de Gregues, Joan Ribó, pidiéndome que intermedie”, apunta.

19 de octubre de 2017: Hace una declaración pública en Lehendakaritza. Previamente se la ha enviado a Ortuzar, Mendia, Juncker y Tusk. Su máxima es “diálogo, negociación, acuerdo y ratificación”.

20 de octubre de 2017: Envía “consideraciones y reflexiones largas por escrito” a Puigdemont. Lo hace todos y cada uno de los días.

21 de octubre de 2017: Le manda una nueva carta y mantiene “una conversación telefónica grave con él”. Llama también a Sánchez, Mendia y Ortuzar. Ese mismo día, el lehendakari hace las siguientes declaraciones: “Soy consciente de la realidad europea, no creo en la viabilidad de la vía unilateral. Manifesté con claridad y con antelación que el 1 de octubre no se produciría un referéndum con las debidas garantías. No se trataba de una valoración, sino de una constatación que resultó evidente”.

22 de octubre de 2017: Envía otra carta a Puigdemont, en la que alaba el proceso desarrollado en Cataluña, pues, según él, “ha mostrado al mundo una gran capacidad de organización, firmeza y determinación”. “Pero, sinceramente, no parece que alcanza a la mayoría significativa de la sociedad, por lo que mucho es también el riesgo de pérdida de lo conseguido en sentido de autogobierno y bases para una solución acordada”, apostilla.

23 de octubre de 2017: Otra carta más. “Sabes que siempre he considerado, así te lo manifesté, que la vía unilateral me resulta equivocada”, le traslada.

25 de octubre de 2017: Envía otra misiva al president: “Cualitativamente el PSOE es muy importante para la cobertura en la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español”. Propone cuatro puntos “en esta situación y ante la catástrofe que supondría llegar hasta el final por parte de unos y otros con consecuencias en el retroceso del autogobierno, graves afecciones económicas y sociales, crisis de fractura social y riesgo de enfrentamiento”: no DUI, no 155, sí elecciones y sí vuelta a la normalidad institucional y legal“. También mantiene una conversación telefónica con él. ”En presencia“ de testigos, ”Puigdemont plantea condiciones ilógicas a plantear al presidente Rajoy de cara a las sesiones plenarias del Parlamento del 26 y 27 de octubre. El president Puigdemont insiste en que no quiere proceder a la DUI“, escribe Urkullu.

26 de octubre de 2017: Intercambia mensajes con Puigdemont, Pascal, Ortuzar y Vila. Vila ha hablado previamente con Rafael Catalá, ministro de Justicia. “El ministro le pide a Santi Vila que sea yo quien interceda ante el presidente Rajoy”, apunta. También conversa con Rajoy y Puigdemont. Este último le envía varios mensajes a lo largo del día: de madrugada le adelanta la intención de convocar elecciones; por la mañana, le confirma la disolución del Parlament y la convocatoria de comicios; por la tarde le expresa sus dificultades para mantener su decisión, y por la noche lamenta la actitud de Moncloa y le agradece su ayuda.

27 de octubre de 2017: A primera hora y antes de la celebración de los plenos del Senado y del Parlament de Cataluña, envía una carta-propuesta a Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Pascal y Ortuzar. Traslada otra propuesta a Jokin Bildarratz, senador del PNV, que la defiende en la Cámara Alta como tercera vía. En una carta que envía a Ortuzar, Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla ('burukide' del partido), les comenta que, si bien viajará a Canadá -más exactamente a Quebec-, “dadas las circunstancias que se están viviendo en Cataluña”, no descarta “la opción de tener que abreviar el viaje”. También les traslada que ha sentido “la confusión permanente por parte del president Puigdemont, [...] de la misma manera en el caso de las medidas a adoptar manifestadas por parte del presidente Rajoy [... e] igualmente en el caso de Pedro Sánchez”. El Senado aprueba la aplicación del 155 y, horas después, Rajoy destituye al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones para el 21 de diciembre. Escribe un correo que envía a Vila y Pascal: “No podemos desistir [...] El recurso al 155 representa el fracaso de la política. Pero, con todo, lo más grave es que su mera aplicación no sólo no va a resolver nada, sino que va a agravar aún más la situación de desencuentro y ruptura”. Apela “a la distensión y al diálogo”.

30 de octubre de 2017: Urkullu viaja a Quebec, en Canadá. “En Euskadi tenemos un escenario de normalidad. Nuestro mayor activo es la estabilidad. El modelo Quebec-Canadá demuestra que otra alternativa es posible para un referéndum legal y pactado”, anota.

2 de noviembre de 2017: La jueza decreta prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers. Urkullu, que está en Ottawa, la recibe como “la peor de las noticias” y denuncia la “politización de la Justicia” española.

6 de noviembre de 2017: Respecto al papel que debe adoptar el Gobierno vasco, cree que, “probablemente, lo más adecuado en las próximas semanas sea reducir en la medida de lo posible el perfil de incidencia en relación con la crisis de Cataluña”.

16 de noviembre de 2017: El Parlamento Vasco aprueba una moción que “respeta y acompaña las resoluciones que sobre la soberanía y el proceso constituyente” han sido adoptadas en Catalunya y que “rechaza” la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155. Sin embargo, no reconoce su independencia. Urkullu se había encargado personalmente de que el PNV no se sumase a EH Bildu porque en “conciencia” no se podía legitimar una república surgida de un referéndum sin garantías.

21 de diciembre de 2017: Se celebran las elecciones al Parlament. Puigdemont lidera una mayoría absoluta independentista, si bien Ciudadanos se erige como primera fuerza. Con el expresident en Bélgica, Quim Torra acabará liderando el Govern.

23 de mayo de 2018: En un mismo día, el PNV acuerda con EH Bildu el preámbulo del futuro Estatuto vasco, un documento netamente soberanista, y salva el Gobierno del PP en Madrid con el apoyo a los presupuestos.

1 de junio de 2018: El PNV brinda el apoyo de sus escaños a Pedro Sánchez, que, por la vía de la moción de censura, se convierte en el séptimo presidente de la democracia. Durante su interlocución con el líder del PSOE, Urkullu insiste en las propuestas. Entre ellas, plantea la posibilidad de una consulta legal y pactada y avanzar en la plurinacionalidad de España.

20 de septiembre de 2018: En la inauguración del nuevo curso político, Urkullu se refiere a la reforma estatutaria vasca con la intención deliberada de marcar distancias con Catalunya. Recuerda la necesidad de acompañar los “acuerdos” en Euskadi con “pactos” con el Estado. No puede haber nuevo marco sin el concurso de los no nacionalistas, añade.

30 de octubre de 2018: Le escribe a Sánchez. Haciendo referencia a la “plataforma independiente” Gure Esku Dago, le traslada que “en Euskadi existe una estrategia de pretensión de emulación del proceso en Cataluña, aunque no con mucho éxito de seguimiento”. Lamenta haber recibido una petición de Torra para que le atienda en Ajuria Enea.

14 de noviembre de 2018: Recibe en Vitoria al president, Quim Torra, en el palacio presidencial de Ajuria Enea, en Vitoria. En la rueda de prensa posterior, escenifican sus discrepancias. Urkullu insiste en defender una España plurinacional y el derecho a decidir “legal y pactado” con el Estado.

20 de diciembre de 2018: Sánchez y Torra se reúnen en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, y se comprometen a buscar mediante el diálogo una propuesta política “con amplio apoyo de la sociedad catalana”.

22 de enero de 2019: Urkullu le envía un correo electrónico a Pedro Sánchez para trasladarle su “disposición para ayudar en lo que en mi mano esté en relación a Cataluña”.

28 de febrero de 2019. El lehendakari comparece como testigo en el juicio del 'procés'. Puigdemont, desde el extranjero, le acusa de haber mentido. La ruptura es total.

5 de marzo de 2019: Concluye los documentos sobre su mediación en el 'procés' y los deposita en tres archivos: el de Montserrat Tarradellas del monasterio de Poblet, el Archivo Histórico de Euskadi y el de la Fundación Sabino Arana.

26 de mayo de 2019. El PNV no reedita su coalición con la antigua CiU en las elecciones europeas. No estaba dispuesto a compartir lista electoral con Puigdemont.

14 de octubre de 2019: El lehendakari califica de “nefasto desenlace” para un “despropósito” la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a la plana mayor del Govern, salvo su president.

22 de julio de 2020: Puigdemont publica M'explico, de la investidura a l'exili, en el que relata su etapa al frente del Govern y revela detalles de sus conversaciones con Rajoy y Sánchez, pero también con Urkullu.

23 de julio de 2020: Se hacen públicos los documentos de Urkullu a los que ha accedido elDiario.es/Euskadi para elaborar esta serie de informaciones.

El autor, el eurodiputado del PP Esteban González Pons, quería que todo versara sobre “amor y literatura”. Pero en el multitudinario acto de presentación de su primera novela –Ellas (Espasa, 2020)– en Madrid, la política y los políticos acabaron por colarse de lleno. El evento reunía a última hora de este jueves a algunos de los dirigentes públicos más relevantes de las últimas décadas.

A Pons le arropó hasta un expresidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, con quien el ahora escritor fue vicesecretario de Comunicación en el Partido Popular y hasta parte de la vieja guardia del PSOE con el exministro y 'exnúmero dos' de los socialistas, José Pepe Blanco o Antonio Hernando.

La capacidad de convocatoria del europarlamentario hacía revivir por unas horas el fantasma de las primarias del PP de 2018. El vencedor del proceso interno, el actual presidente de los populares, Pablo Casado, coincidía con algunos de sus rivales internos que se posicionaron con Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias, como la exministra Fátima Báñez y el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, que se presentaba en Madrid después de una semana convulsa por su polémica designación como candidato a las elecciones vascas pese a las reticencias de algunos sectores de Génova 13.

Otra de las estampas incómodas la protagonizaba el exdirigente del PP vasco Borja Sémper, uno de los elegidos por Pons para ejercer de maestro de ceremonias del acto, que saludó sonriente a Casado y posó entre el líder popular y su principal escudero, el secretario general, Teodoro García Egea, pese a haber sido uno de los más fervientes críticos de la deriva derechista que emprendió el actual líder de los populares nada más llegar a la Presidencia del partido.

Tras meses de discrepancias, Sémper dejó la política el mes pasado para irse a trabajar a una multinacional. Por eso, quizá, solo quiso hablar de “amor”. “Es un libro sólido y profundo porque la ironía y el humor no tapan el trasfondo que tienen las relaciones humanas”, apuntaba el exportavoz del PP en el Parlamento Vasco y ahora director de Relaciones Institucionales de EY. “Yo quiero a Esteban González Pons, no a nivel físico, pero le quiero”, añadía, provocando la carcajada de un público compuesto principalmente por dirigentes y exdirigentes populares.

El libro, un “quitapenas”

Como compañera de escena del exdirigente vasco el autor de la novela eligió a otra vasca, la actual eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, cuyo nombre figuró entre las quinielas o la “rumorología malediciente” –como dice Cayetana Álvarez de Toledo– para sustituir al líder del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, como la candidata a lehendakari de una posible coalición entre populares y Ciudadanos. Ella calificaba el libro del eurodiputado del PP como un “quitapenas” y rememoraba los momentos en que conoció a Pons en el Europarlamento.

El autor, que lleva tres años escribiendo su novela en los ratos libres y entre salas de aeropuerto y aviones, quiso a la vez ser fiel a su partido –que gobierna gracias a Vox en diferentes administraciones y que ha calcado el discurso de la extrema derecha en asuntos como Catalunya, la inmigración o, más recientemente, la eutanasia– y mostrarse como un político “moderado” y de centro.

Por eso invitó al evento a miembros de otras formaciones políticas que ahora están totalmente enfrentadas al PP. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid se pudo ver, por ejemplo, al eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui o a otros exdirigentes socialistas y de Ciudadanos, como Luis Garicano. Pero el mensaje principal de Pons fue para agradecer su presencia a Rajoy y a Casado: “Me tuve que haber ido de la política cuando se fue Rajoy, pero encontré en ti una razón para hacer política”, le decía al líder de los populares.

Ellas, el libro en cuestión, “cuenta una historia de amor sobre las segundas oportunidades en la que se sentirán representados quienes nacieron en la España de los 60 o los 70: los adolescentes de la Transición”, explica la nota de la editorial. “Es un álbum de fotos de mujeres cuyas páginas se pasan con manos de niño”. “Es una historia de amor, sin nada de autobiografía”, añadía Pons, en la presentación.

Tras haber sido casi todo en la política –fue senador, diputado, consejero de la Comunidad Valenciana en la etapa de Francisco Camps y número tres del PP– Pons busca ahora una segunda oportunidad como novelista. Al autor le gustaría compaginar las dos facetas, la política y la literaria, y ya está preparando un segundo libro al que no se atreve a poner aún fecha de publicación. A falta de una convocatoria futura para presentar ese segundo libro, Pons ironizaba: “En mi funeral no vendrá tanta gente, ni serán tan amigos ni vendrán a hablar tan bien de mí”.

Cuatrecasas, el bufete que en marzo pasado anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, ha logrado una nueva victoria para otro de los clientes a los que asesora en las denuncias de inversores internacionales contra España por los recortes a las energías renovables al amparo de la Carta de la Energía.

Tal y como avanzó Global Arbitrarion Review, el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que concentra buena parte de los procedimientos contra España, ha reconocido a la sicav maltesa OperaFund y la firma suiza Schwab Holdings AG el derecho a cobrar una indemnización de 30 millones de euros por esos recortes a las energías renovables.

Ambas firmas reclamaban una indemnización de 42,8 millones y presentaron su denuncia en 2015, dos años después de la reforma eléctrica de José Manuel Soria. El laudo del Ciadi se dictó el 6 de septiembre con el voto discrepante de uno de los tres árbitros, el francés Philippe Sands, nombrado por España. Es el tercer caso que gana Cuatrecasas desde que anunció el fichaje de Santamaría como socia del área de mercantil para liderar la práctica de Corporate Compliance.

El bufete, que en agosto pasado se apuntó otra victoria con el caso fallado por el Ciadi a favor de la firma InfraRed, es la firma española que más denuncias contra España ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos. Con este caso, España ya acumula once condenas por un importe que suma más de 800 millones. España ha recibido unas 40 demandas en total y la cuantía reclamada pendiente de resolverse ronda los 8.000 millones.

Se trata de los laudos de SolEs Badajoz (41 millones de indemnización); Nextera (290 millones); Antin (101 millones); Masdar (64,5 millones); Eiser (128 millones); Novenergia (53,3 millones); 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones); Demeter y Cube (33 millones), el penúltimo, en agosto, el de Infrared Environment Infrastructure, que reclamaba 92 millones aunque no se conoce la cuantía reconocido y este último, por 30 millones. Entre todos, las condenas conocidas suman unos 832 millones, tal y como apunta Cinco Días.

Hasta ahora, España ha logrado diferir el pago de esas compensaciones y en el caso de los litigios planteados por inversores europeos, tiene de su lado a la Comisión Europea. Bruselas cuestiona los arbitrajes fallados al amparo de tratados bilaterales de inversión como la Carta de la Energía cuando quienes denuncian son inversores de la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el denominado caso Achmea, que en marzo del año pasado confirmó que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son incompatibles con las normas comunitarias.

El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas. Se trata de decisiones que no fueron responsabilidad directa de Santamaría, si bien la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada de dar cada miércoles el visto bueno a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta aterrizó en Cuatrecasas cuando no habían pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades. Su desembarco llegó en momento en el que el bufete no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

El síndrome del teléfono en silencio promete irrumpir en la vida de Félix Sanz Roldán de forma intensa a partir del próximo sábado. Será entonces cuando el general pase de ser la persona con más información en España a un jubilado de las Fuerzas Armadas. Sanz Roldán saldrá por la puerta del Centro Nacional de Inteligencia con 74 años, finalizado su segundo mandato y sin sustituto. La secretaria general, Paz Esteban (Madrid, 1958), en los servicios secretos desde 1983, ocupará de forma interina el cargo hasta que se forme gobierno y el próximo presidente decida quién lleva las riendas de la Inteligencia española.

La década que Sanz Roldán ha pasado al frente del servicio secreto, unido a que haya logrado mantenerse en el cargo durante tres gobiernos de dos signos, engrandece la sombra de poder que proyecta el general. La ley obliga a que sea el próximo ejecutivo, no uno en funciones, quien nombre a su sustituto o al propio Sanz Roldán. Al general no le desagradaría seguir al frente del CNI, aseguran en su entorno,  una posibilidad que sin embargo descartan desde el propio Centro. 

Más allá de las especulaciones propias que fomentan las siglas que aún dirige, puede decirse que los principales éxitos del general se concentraron en la primera parte de su mandato, con la pacificación del Centro tras la etapa de Alberto Sáiz y la derrota de ETA. Los últimos años han registrado episodios controvertidos, como el fracaso de las urnas en Catalunya o su intercesión en el conflicto personal de Corinna Larsen con su antiguo amante Juan Carlos I.

Sanz Roldán llegó a un CNI convulso por la gestión de Alberto Sáiz, una elección caprichosa de José Bono para poner al frente del servicio de Inteligencia al director de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. La paciencia se agotó, los resortes internos se activaron y ‘El Guardabosques’, como le apodaban los agentes del CNI, acabó dimitiendo. El diario El Mundo había contado cómo Sáiz utilizó el cargo en beneficio propio (viajes, reformas de su casa…) y la agencia Europa Press desveló que tres agentes del CNI en Cuba habían sido expulsados de la isla. 

Con Carme Chacón ya al frente de Defensa, Zapatero optó por un general ya conocido. Sanz Roldán había sido jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y en el verano de 2009 ejercía como Alto Representante para la Presidencia de España ante la UE. Con gran habilidad en el trato, el general logró pacificar –“normalizar”, prefiere un veterano agente- la situación en el seno del CNI. 

A los dos años de la llegada del general a la jefatura del Centro, una ETA debilitada por los continuos golpes policiales declaraba el fin definitivo de la violencia. Las informaciones periodísticas sobre los descabezamientos en Francia nunca aludían al CNI. Sin embargo, el servicio secreto fue clave en la mayor parte de aquellos golpes a la organización terrorista, ya fuera el descabezamiento del aparato militar -especial dificultad conllevó apresar a Txeroki- como otras operaciones menos llamativas pero claves en la derrota de la banda. Es el caso de la desarticulación del grupo de abogados que imponía las órdenes de ETA en el colectivo de reclusos. En aquella primavera de 2010, ETA, por número, era fundamentalmente sus presos.

El CNI mantuvo puntualmente informado a La Moncloa de la guerra civil que se vivió en la cúpula de ETA, de lo que estaba ocurriendo en el seno de Batasuna, del debate interno y de los planes del sector de Otegi para desembarazarse del liderazgo de ETA desde tiempo antes, en contra de lo que aireaban algunos medios conservadores acerca de una estrategia de engaño por parte de la izquierda abertzale.

El primer artículo de la Ley reguladora del CNI, de 2002, establece que el Centro es “responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación” sus análisis, averiguaciones o peligros existentes. Sanz Roldán ha tenido la habilidad para entrar en el despacho del presidente con tres inquilinos diferentes: Zapatero, Rajoy y Sánchez.

Dos responsables de la seguridad del Estado en la época socialista le recuerdan como “leal colaborador” y “servidor del Estado”. Rajoy, por su parte, le mantuvo seis años en el cargo. Esa capacidad de supervivencia, agigantada por el agotamiento de su mandato, ya con el PSOE de vuelta al poder, han acentuado su fama de “astuto” o “ladino”, según se pregunte a admiradores o a personas que no le profesan simpatía. “Seductor”, incluso, si se atiende a los encuentros que de vez en cuando mantiene con los periodistas, para los que reserva alguna anécdota del Servicio de Inteligencia con el que encandilar a su audiencia mientras escapa de aludir a los asuntos nucleares. En esos encuentros, el general no se cansa de repetir que el Centro siempre actúa amparado por el magistrado del Tribunal Supremo asignado, encargado de autorizar intervenciones telefónicas o cualquier otra medida que afecte a derechos fundamentales.

En los pasillos de Moncloa

De la penúltima época destaca su relación con Soraya Sáenz de Santamaría. El PP devolvió la adscripción del CNI a Moncloa, toda vez que la modernización del Centro y la mayoría de personal civil hacía difícil justificar su dependencia al Ministerio de Defensa. La estrecha relación con la vicepresidenta -por los pasillos de Moncloa se aludía a Sanz Roldán como “el general” o “Felisuco” indistintamente-, desató las teorías de la conspiración respecto a los manejos de ambos.

Aquellas críticas estuvieron alimentadas por el sector del Consejo de Ministros, compuesto por los amigos personales de Rajoy, enfrentados a Sáenz de Santamaría. Si bien, en el caso de Jorge Fernández Díaz alcanzó un enconamiento especial. La brigada política excedía las funciones de la Policía y perpetraba la Operación Catalunya. A aquel grupo de agentes pertenecía el comisario José Manuel Villarejo, enfrentado ya al CNI e implicado en el caso del Pequeño Nicolás, el joven que había intentado vincularse al Centro y acercarse personalmente a la vicepresidenta.

Catalunya también es la piedra en el zapato del mandato de Sanz Roldán al frente del CNI. Y, concretamente, la palabra que se ha vuelto maldita en la Cuesta de las Perdices: urnas. El secretario de Estado de Seguridad durante el 1-O, José Antonio Nieto, explicó el pasado octubre en una entrevista a Vozpópuli: “Yo creo que en este caso el CNI tenía alguna pista cierta a la que le dio valor sobre dónde podían estar (las urnas) y en el reparto de tareas con Policía y Guardia Civil esa parte se la reservó el CNI. No creo que fuese una decisión política, sino una decisión de reparto de tareas”.

A pesar del disfraz del término “la culpa no es de nadie”, la pulla de Nieto es evidente. Como es costumbre, el Centro no ha contestado. Fuentes extraoficiales confirman, sin embargo, la existencia de esa pista, ubicada en el sur Francia, y reparten responsabilidades con los servicios de Información de Policía y Guardia Civil por no haber interceptado las urnas. Se enfrentaban, dicen, a un fenómeno nuevo que pasaba por la implicación de cientos de personas sin antecedentes en que las urnas llegaran a los colegios el 1-O. “No se puede pinchar el teléfono a media Catalunya”, resumen gráficamente.

“El Troll” del comisario Villarejo

A su pesar, Sanz Roldán se ha visto una y otra vez en los titulares por culpa del comisario Villarejo. El policía le considera responsable de su caída en desgracia. Una de las innumerables querellas del comisario incluyó la acusación de que el general había filtrado a los medios una foto suya. La Fiscalía pide ahora dos años de cárcel al comisario por injurias y denuncia falsa.

Lo único cierto es que después de décadas actuando en la sombra, el comisario Villarejo comenzaba a aparecer en distintas causas judiciales en la que participaba el Centro y el consecuente foco mediático le desproveía de su manto de impunidad. Por una de esas causas, la grabación ilegal a unos polícias y agentes del CNI mientras abordaban el caso del Pequeño Nicolás, el Ministerio Público le pide cuatro años de cárcel. Fuentes de la Operación Tándem, la causa que mantiene en prisión a Villarejo desde noviembre de 2017, admiten la colaboración del CNI en los primeros compases de esas pesquisas.

La obsesión de Villarejo y sus socios en esa presunta organización criminal queda en evidencia en una de las conversaciones que grababa el policía y que le fueron incautadas. Adrián de la Joya, miembro de la jet, histórico socio del comisario e imputado como él por organización criminal, aparece en uno de esos audios temeroso de que “el Troll” acabe con su residencia en Suiza, clave para ejecutar sus turbios negocios. “El Troll” es el apelativo que la banda de Villarejo dedica a Sanz Roldán. “Eso es imposible. Imposible. El Troll no tiene capacidad para eso. Tendría que utilizar a la Guardia Civil o a la Policía”, intenta tranquilar Villarejo a su socio. 

El comisario en prisión ha utilizado la figura de Corinna Larssen para atacar a Sanz Roldán. El general tuvo que reconocer ante la comisión de secretos oficiales del Congreso que viajó a Londres para hablar con la comisionista amiga del rey. Su entorno asegura que eran momentos complicados para una de las instituciones del Estado que el CNI tiene obligación legal de proteger. El jefe del servicio secreto español había reconocido su implicación en el turbio asunto que amenazaba al rey. No en vano, en unas grabaciones realizadas por Villarejo a Larssen, esta atribuye varios delitos al monarca emérito. “No distingue lo legal de lo ilegal”, llegaba a decir. Sanz Roldán trasladó a los diputados que la princesa le pidió protección, en contra de lo que ella ha asegurado, que el CNI la espió y el general en persona la amenazó.  

Las habilidades personales de Sanz Roldán han servido para potenciar una de las cualidades del Centro Nacional de Inteligencia, sus excelentes relaciones con otros poderosos servicios de inteligencia extranjeros. Esta faceta ha resultado vital en operaciones en el extranjero, como la liberación de periodistas españoles secuestrados por los yihadistas. El punto negro, el atentado de Barcelona que ningún servicio de Información logró evitar. Fuentes de la lucha antiterrorista confirman que la sigilosa tarea que el CNI desarrolla en la lucha contra la amenaza fundamentalista permiten neutralizar todos los años varias amenazas serias a España, admiten fuentes de la lucha antiterrorista. 

El director del CNI está interesado en dejar como legado el avance que durante su mandato ha vivido la lucha contra los ciberataques en España, una amenaza a la economía y la seguridad de primer orden que combate fundamentalmente el Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al CNI. Precisamente, el Centro investiga en las últimas horas el posible 'hackeo' de las cuentas de correo de los miembros del tribunal del procés.

El pasado jueves, a una semana de dejar el cargo, Sanz Roldán hizo la que probablemente sea su última intervención pública. En un foro sobre ciberseguridad organizado por elindependiente.com, Sanz Roldán explicó que de los 38.000 ciberataques sufridos en España durante 2018, 180 fueron “críticos” y nueve de ellos “muy críticos”. “El que no ha sufrido ya un ciberataque es que no es nadie”, bromeó el general haciendo una vez más uso de su proverbial habilidad para satisfacer a los que le escuchan.

En los últimos actos institucionales del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, ha imperado más el morbo que la celebración. En el de 2015 todos los focos fueron para los nuevos partidos que se colaban en las fiesta y que poco después lo hicieron en las instituciones. 2016 fue el del estrellato de Cristina Cifuentes, pero un año después se torció todo para el PP. La Operación Lezo estalló semanas antes de la celebración, en la que por primera vez no se cumplió con la tradición de condecorar al expresidente madrileño saliente. Ignacio González tendría que haber pedido un permiso en la cárcel de Soto del Real para ir a recoger la Gran Cruz. En 2018 fue el caso Máster el que trastocó la festividad: Cifuentes dimitió siete días antes de la fiesta en la que era anfitriona.

El Dos de Mayo reúne en la sede de la Comunidad de Madrid a los principales líderes políticos. El de hace un año tuvo lugar en pleno terremoto del caso Máster pero el protagonismo se lo llevaron dos políticas que dejaron una foto icónica, usada para ilustrar gran parte de los artículos de ese día y para recuperar la historia de una enemistad. En la primera fila del patio de butacas se sentaron Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, y María Dolores de Cospedal, que ocupaba el cargo de ministra de Defensa.

La foto capturó la relación entre ambas. Sentadas a cada lado de una silla vacía, no cruzaron la mirada durante el acto. Llevaban una década enfrentadas por el poder en el PP y habían trasladado su rivalidad hasta el Consejo de Ministros. Las dos eran abogadas del Estado y saltaron la política durante el Gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy había logrado equilibrar esa relación repartiendo el poder entre ambas, pero su relación se deterioró hasta polarizar el gabinete del presidente del Gobierno en dos bandos.

Dos semanas más tarde la Audiencia Nacional publicó la demoledora sentencia de Gürtel. El 1 de junio Pedro Sánchez ganó la moción de censura y provocó el final del marianismo en el PP. Rajoy presentó su dimisión y dejó el campo abierto para la batalla por su sucesión: las dos protagonistas de la foto del Dos de Mayo trasladaron su enfrentamiento a las primarias. Sáenz de Santamaría ganó en la votación de los afiliados y Cospedal quedó tercera, pero sumó sus compromisarios a los de Pablo Casado para dar a este último la presidencia del PP.

Ambas han acabado fuera del partido. Sáenz de Santamaría lo hizo ante la incapacidad de entenderse con Casado para integrar a parte de su equipo en la nueva dirección del PP. La exvicepresidenta del Gobierno, una de las mujeres que más poder institucional ha tenido en este país, abandonó la carrera política en septiembre de pasado año y se incorporó al despacho de abogados Cuatrecasas el pasado mes de marzo.

Al abandono de la política de Sáenz de Santamaría le siguió el de buena parte de sus colaboradores, que dejaron el PP para marcharse a la empresa privada. Los que se quedaron fueron relegados en la configuración de las listas para las elecciones generales.

La salida de Cospedal fue más abrupta. La exsecretaria general del PP, que acumuló cargos dentro del partido, quería seguir en política. Sin embargo, las revelaciones sobre su relación con el comisario Villarejo la obligaron a dimitir el pasado mes de noviembre. Según las grabaciones, Cospedal y su marido habían pedido ayuda al policía, hoy en prisión provisional, cuando el inicio de la investigación del caso Gürtel amenazaba al PP.

Garrido, el dueño de la silla vacía

Después de que se tomase aquella foto, Ángel Garrido, que acababa de ser nombrado presidente en funciones de la Comunidad de Madrid en sustitución de Cristina Cifuentes, bajó para ocupar la silla convertida en metáfora de la separación entre ambas dirigentes. Hay otra foto -que tuvo menos repercusión- en la que se le ve a él charlando con Cospedal. Su vida también ha dado un giro desde aquella instantánea.

Garrido charlaba entonces con la candidata a la que apoyaría en el proceso de primarias. El ya expresidente madrileño se posicionó del lado de Cospedal y eso marcó su futuro. Con su derrota y salida de la política, se quedó sin protectora en el nuevo PP. El pasado mes de febrero Casado le llamó a la sede de Génova para comunicarle que no era el elegido para tratar de revalidar la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Se enteró por los medios antes de entrar al despacho.

Aceptó que le relegaran al cuarto puesto de las listas del PP europeo hasta que el 24 de abril, a cuatro días de las elecciones generales, dio la sorpresa con el anuncio de que se pasaba a Ciudadanos. En un discurso duro con el actual líder del PP, el sucesor de Cifuentes dijo que el partido de Albert Rivera casaba mejor con sus ideas liberales y centristas. El domingo ya estaba en la sede de Ciudadanos celebrando el ascenso en diputados como si fuese su partido de toda la vida.

Garrido será el único de esa foto a tres que volverá este jueves a pasearse por el cóctel que se celebra en la Puerta del Sol. Lo hará en calidad de expresidente regional pero con su nombre ya incrustado en el número 13 de la lista de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid.

No es el único de ese patio de butacas al que la vida le ha cambiado radicalmente en este último año. La foto de estos tres protagonistas es un plano corto a un patio de butacas en el que está, en primera fila, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En tan solo un mes se iba a convertir en el primer presidente del Gobierno salido de una moción de censura que no estaba convencido de presentar y mucho menos de ganar. Este domingo ha confirmado que la jugada le salió bien: ha ganado las elecciones con 38 diputados más de los que tenía hasta ahora.

Tras él estaban sentados Pablo Casado y Javier Maroto. El primero acude este jueves al primer acto público después de haber llevado al PP a los peores resultados de la historia y tras dar este martes un nuevo giro a su discurso para tratar de frenar la sangría de votos. Al segundo le ha dado tiempo durante estos 12 meses a colocarse como escudero de Casado, dirigir la campaña, y acabar apartado después del fracaso del 28A. No se sentará esta legislatura en el Congreso porque perdió su escaño de Álava frente a EH Bildu.

Cuatrecasas, el bufete que el pasado lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se acaba de apuntar una victoria tras lograr el martes que uno de sus clientes, la estadounidense NextEra Energy, obtuviera un resultado favorable a sus intereses en la denuncia que interpuso en 2014 contra el Reino de España por los recortes a las energías renovables que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tal y como avanza Cinco Días, NextEra, que estaba asesorada en este procedimiento por Cuatrecasas y por la firma londinense Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ha ganado el que puede ser el mayor arbitraje por las renovables fallado hasta ahora contra España en la catarata de pleitos (unos 40) a los que se enfrenta por este asunto.

La empresa, que presentó su denuncia ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que concentra buena parte de esos procedimientos, a través de dos filiales radicadas en Holanda, reclamaba una indemnización de 291 millones de euros por los daños provocados por el recorte a la rentabilidad de dos plantas termosolares en Extremadura con 49,9 megavatios (MW) de potencia.

El laudo del Ciadi se dictó el martes, según consta en la web del organismo, y la compañía ha explicado al regulador bursátil estadounidense, la SEC, que la decisión concluye que sus filiales “tienen derecho a ser resarcidas por los daños sufridos basándose en los costes capitalizados de las plantas a 30 de junio de 2016, sobre la base del coste promedio ponderado del capital” de las instalaciones “más una prima de 200 puntos, que Nextera estima actualmente que representan 291 millones de euros (329 millones de dólares), más intereses”.

NextEra añade que el laudo “confirma los argumentos principales” que expusieron sus asesores legales sobre la responsabilidad de España al “no haber cumplido” con sus obligaciones “de brindar un trato justo y equitativo” a los inversores en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994, suscrito por el Estado español.

Siete derrotas

Con este, son ya siete los laudos que España ha perdido por el recorte a las renovables. Si se confirman las cifras avanzadas por NextEra, las indemnizaciones a abonar rondarían los 800 millones, aunque España confía en que Bruselas declare nulos todos los arbitrajes planteados por empresas radicadas en territorio europeo, como sería el caso de NextEra, que planteó sus denuncias a través de dos filiales en Holanda.

Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos, planteados siempre por inversores extranjeros y vinculados a los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables, con José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante el Ciadi, junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI: el de NextEra y los de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy e InfraRed. Cuatrecasas es segunda en ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy (diez casos).

El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas.

Se trata de decisiones que no fueron responsabilidad directa de Santamaría, si bien la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como “el consejillo”, encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta ha aterrizado en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades. Su desembarco llega en un momento en el que el bufete no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, el cuerpo de altos funcionarios que defiende a España en los pleitos por las renovables, que en el momento de alcanzarse ese acuerdo tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, “sin perjuicio de su dependencia” del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

El PSOE critica el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas apenas nueve meses después de salir del Gobierno. “No es una actitud ejemplar. Debería haber esperado”, ha dicho el número dos del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, en referencia a los dos años de incompatibilidad que establece la ley para los altos cargos.

“Cualquier actividad será puesta bajo duda, bajo sospecha, porque hace cuatro días estaba tomando decisiones importantes en el Consejo de Ministros y en el complejo de la Moncloa. Creo que se ha equivocado”, ha zanjado Simancas en declaraciones a los periodistas.

No obstante, ha sido el Gobierno, a través del departamento de Función Pública que gestiona la Oficina de Conflicto de Intereses, el que ha dado la autorización a la exvicepresidenta para irse al sector privado. “Una cosa es que sea estrictamente legal y otra cosa es que sea un comportamiento ejemplar”, ha respondido el dirigente socialista.

Simancas ha reconocido que Sáenz de Santamaría puede enfrentarse a decisiones relacionadas con las actuaciones que llevó a cabo en el Ejecutivo. “Tendría que abstenerse o adoptar una actitud extraña”, ha señalado. El secretario general del Grupo Socialista ha explicado que en el caso de que incurra en un conflicto de intereses la Fiscalía podría actuar de oficio o alguien que tenga constancia de que se produce denunciarlo. “Debería haber esperado”, ha rematado.

El PSOE, contra los “tongos” de Ciudadanos

El dirigente socialista ha comparecido ante los medios para criticar a Ciudadanos por el “transfuguismo, los tongos y pucherazos” en la formación de Albert Rivera. “Estamos seriamente preocupados”, ha dicho al comenzar su intervención, en la que ha recordado que la Constitución establece el carácter “plenamente democrático” del funcionamiento interno de los partidos.

“El caso Clemente –ha dicho sobre la anulación de las primarias en Castilla y León ante las irregularidades en los resultados– arroja serias dudas sobre el comportamiento serio y limpio” de la formación. Simancas ha asegurado que la “nocturnidad y alevosía” de ese proceso arroja “seria dudas sobre la limpieza y la democracia de Ciudadanos”, que según ha expresado tiene procedimientos bajo duda en Madrid y Cantabria también.

“¿Si los propios militantes no se fían del comportamiento democrático de sus dirigentes como se van a fiar los ciudadanos?”, se ha preguntado Simancas, que ha vinculado el “comportamiento tramposo de Ciudadanos” en sus primarias con el bloqueo al que han sometido al Congreso esta legislatura al ampliar sistemáticamente los plazos de enmiendas de las propuestas legislativas del resto de grupos.

“Ciudadanos actuó tramposamente en el Congreso de la mano del PP”, ha denunciado Simancas: “No es Rivera un dirigente fiable ni dentro de Ciudadanos ni fuera”, ha sentenciado.

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas con el visto bueno del Gobierno, que le ha concedido la compatibilidad al no observarse conflicto de intereses. Sáenz de Santamaría, sin embargo, no ha tenido suerte. La probabilidad de que la Oficina de Conflicto de Intereses, el organismo encargado de fiscalizar las puertas giratorias de los altos cargos que salen del Gobierno, hubiera descubierto una incompatibilidad a la exvicepresidenta es de apenas un 2%.

La Oficina, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, solo ha dictado once resoluciones de incompatibilidad en los últimos doce años (desde 2006) para ex altos cargos del Gobierno que querían incorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a su cese, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.

Durante el mismo periodo, 295 altos cargos recibieron 525 autorizaciones de la entidad para incorporarse al sector bancario, consultoras, despachos de abogados, fabricantes de armas, compañías del Ibex-35 o para trabajar como autónomos, según la base de datos única publicada por eldiario.es.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece que estos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, “no podrán prestar servicios en entidades y empresas afectadas por decisiones en las que haya participado” y deberían efectuar declaración ante la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las actividades que vayan a realizar. 

La Oficina solo ha hallado once casos de incompatibilidad desde su creación en 2006: entre ellos, la negativa a Isabel Martín, expresidenta de la sociedad estatal España, Expansión Exterior, para fichar por la constructora Sacyr, el veto para que María Flavia Rodríguez-Ponga se incorporara a la Mutua Madrileña tras ser directora general de Seguros y Fondos de Pensiones o el fichaje frustrado de Ignacio Azqueta, ex director general del INTA, por el departamento de relaciones públicas de Airbus.

Pero, ¿por qué hay tan pocos casos de incompatibilidad? Para Flor López Laguna, directora de la Oficina de Conflicto de Intereses, la razón está clara: “Pues porque los altos cargos saben perfectamente sus obligaciones y nos llaman y preguntan si se puede o no se puede hacer. Y lo que saben que no se puede hacer, ya saben que esa vía profesional no la pueden seguir”.

Unas palabras pronunciadas durante su comparecencia en la Comisión del Congreso donde se examinaba su idoneidad para seguir al frente de la Oficina. La directora, que fue propuesta por el Gobierno de Sánchez, defendió su “total imparcialidad e independencia” en los más de diez años ininterrumpidos que lleva como máxima responsable del organismo.

Expertos y organizaciones critican la ausencia de una actividad de fiscalización de la Oficina. Por ejemplo, un informe de la asociación ¿Hay Derecho? denunció que el organismo “no realiza ningún tipo de comprobación sobre la veracidad de las declaraciones” que presentan los altos cargos. “Es decir, se fía de lo que le dicen y hace un control meramente formal”, explica Elisa de la Nuez, secretaria general de la asociación. 

Una situación que ya denunció un informe del Tribunal de Cuentas en 2016 sobre el funcionamiento interno de la Oficina, asegurando que no estaba cumpliendo con los objetivos para los que fue creada. El documento, que analiza la actividad del organismo entre 2012 y 2014, critica que la Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos sobre sus declaraciones pero “no desarrolló las facultares que le atribuye la ley para verificar e investigar” la información declarada.

Fuentes del ministerio confirman a eldiario.es que las comprobaciones que realiza la Oficina de Conflicto de Intereses se limitan a solicitar informes a los organismos en los que ha estado destinado el alto cargo. Es decir, es el mismo Gobierno el encargado de comprobar los expedientes administrativos en los que hubiera tenido participación el ex responsable público.

En total, 295 altos cargos recibieron 525 autorizaciones para incorporarse al sector privado entre 2006 y 2019, según los datos analizados por eldiario.es. Unas solicitudes que se multiplican tras el cambio de Gobierno y que vieron cumplir un récord en el último trimestre de 2018, con 37 permisos. Fomento y Asuntos Exteriores, los principales puestos de salida.

Falta de independencia

En 2018 y por primera vez en 12 años, un alto cargo de Defensa recibió la negativa de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en una empresa de armas. Desde la creación de organismo, la regla ha sido la contraria: los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a once ex responsables de Defensa trabajar para compañías del sector armamentístico como Airbus, Santa Bárbara, Indra o Expal. Todas recibieron adjudicaciones millonarias de la cartera ministerial.

Y no son las únicas autorizaciones con polémica de la Oficina de Conflicto de Intereses: Jaime Pérez Renovales, subsecretario de la Presidencia, recibió el visto bueno para trabajar en el Banco Santander; la Directora General de Servicios del Sistema Nacional de Salud, María del Sagrario Pérez, consiguió el permiso para incorporarse a CocaCola;  Ana Isabel Fernández, exconsejera de la CNMV, recibió la autorización para trabajar en la aseguradora Mapfre y la Fundación del Banco Sabadell.

Autorizaciones que ponen la lupa sobre la independencia del organismo. “¿Qué autonomía vas a tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un Ministerio”, criticó a eldiario.es Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y panel de un grupo de expertos que pidieron en el Congreso dotar a la Oficina de mayor independencia. 

“No se ha querido nunca dotarla de verdadera independencia y la persona que está al frente lleva mucho tiempo allí con gobiernos de uno u otro signo, probablemente porque nunca ha molestado a nadie importante”, critica Elisa de la Nuez, que denuncia un acuerdo implícito entre los dos grandes partidos.

Un pacto que se escenificó en la confirmación de Flor López como directora de la Oficina de Conflicto de Intereses. Mientras que los portavoces de Podemos y Ciudadanos cuestionaron la labor de la candidata al frente de la oficina, los representantes de PP y PSOE se deshicieron en elogios hacia López Laguna.

La escasa labor fiscalizadora de la Oficina de Conflicto de Intereses, no obstante, solo se circunscribe a los dos años siguientes a su cese como alto cargo. Nada impide a un ex responsable público a fichar por la empresa que quieran o ocupar el puesto que deseen dos años después de dejar la Administración.

Cuatrecasas, la firma que este lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se ha beneficiado en los últimos años de varias decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy entre las que destacan los contratos que ha obtenido a raíz de los pleitos de inversores extranjeros contra España por los recortes del PP a las energías renovables y su papel en la creación y puesta en marcha del denominado banco malo (la Sareb).

Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado hasta ahora captar en la catarata de denuncias de inversores extranjeros que en los últimos años han denunciado a España por los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables para reclamar indemnizaciones millonarias. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante organismos de arbitraje como el CIADI (Banco Mundial), junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada en arbitraje CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI, como asesor legal de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy, InfraRed y NextEra. Cuatrecasas es la segunda de ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy, con diez casos. 

El bufete catalán, que se limita a señalar que sus clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).

Ese encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada inconstitucional.

Tras la creación del Banco Malo en noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo, junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Se desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían recogidos en la partida de “servicios exteriores” de las cuentas anuales de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014.

Una vez en funcionamiento el banco malo, Cuatrecasas fue también asesor de diversos inversores institucionales como Cerberus, Bank of America Merrill Lynch o Canyon Capital Finance, que compraron activos a la entidad como carteras de préstamos, hoteles, viviendas u oficinas en diferentes operaciones.

Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta 35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades locales y Comunidades Autónomas en “la mayor operación de financiación de la historia de España”, tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica de un euro. 

Al mando del “consejillo”

La creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como “el consejillo”, encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades.

“Tiene que ganarse la vida, pero quizás es pronto para incorporarse”, dice un antiguo compañero suyo en el cuerpo de abogados del Estado, que considera “raro” que Santamaría ni siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil) “es el más neutro”.

Su desembarco en la firma llega en un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que entonces tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, “sin perjuicio de su dependencia” del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad.