García Castellón ensancha la “línea roja” con la que Anticorrupción le acusa de proteger a Rajoy y Cospedal
Los indicios que se acumulan sobre la participación de la cúpula del Partido Popular en la operación parapolicial destinada a sabotear la investigación del caso de su caja B no serán investigados, al menos de momento. El juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, ha vuelto a despreciar las evidencias de que el presidente y la secretaria general del PP durante el espionaje a Luis Bárcenas conocían, si no alentaron o tutelaron, que mandos policiales cometieran delitos y pagaran con fondos reservados el intento por hacer desaparecer pruebas de la financiación irregular del partido, así como el cobro de sobresueldos por parte de los propios Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, entre otros dirigentes.
La última decisión de García Castellón para dejar el caso Kitchen en una operación diseñada y desarrollada exclusivamente en el Ministerio del Interior consiste en rechazar el recurso de las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los audios publicados en los últimos meses. En el más contundente de ellos aparece la propia María Dolores de Cospedal pidiendo al comisario Villarejo, a principios de 2013, que evite que se publique la prueba angular del caso de la caja B del PP, “la libretita”, como la llama ella misma en el audio. Se trata de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, que acabaron saliendo a la luz en noviembre de ese año en las páginas de ‘El País’.
La determinación por dejar de investigar lo que la Fiscalía Anticorrupción denomina “conexión política” del caso Kitchen incluye no citar como investigada a Cospedal, ni al número dos de Interior, Francisco Martínez, en contra de lo que le había solicitado el Ministerio Público. Martínez aparece en varios de los nuevos audios departiendo con naturalidad con el comisario Villarejo acerca del conocimiento y la participación de la secretaria general y el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, en el espionaje ilegal al extesorero del PP. Las grabaciones se realizaron mientras sucedía el espionaje.
La apertura de una “subpieza”, también denegada por el juez, y las citaciones como imputados de Cospedal y Martínez habían sido medidas solicitadas por los dos fiscales del caso a la luz de las nuevas evidencias. El juez solo se aviene a crear una pieza nueva del caso Villarejo, la 34, distinta de Kitchen, para averiguar si esos audios fueron grabados realmente por Villarejo, algo que la Fiscalía ya le razona con detalle en su escrito de 72 páginas.
García Castellón adopta la decisión de no investigar al PP mientras extiende cualquier investigación que tenga que ver con Podemos sin que hagan mella en su estrategia las advertencias de la Fiscalía, en este caso de la Audiencia Nacional, o la Sala de lo Penal, que le reprocha realizar investigaciones “prospectivas” y sobrepasar todos los límites cuando se trata de la formación de izquierdas.
“Un cordón o inaceptable línea roja” que protege al PP
Es también una institución pública, el Ministerio Fiscal, y no un dirigente político o un medio de comunicación, quien dejó por escrito una de las acusaciones más graves e inquietantes contra un juez de la Audiencia Nacional que se hayan hecho en el marco de un sumario que no está dirigido contra él: García Castellón no quiere investigar los indicios contra unos claros sospechosos, en aquel entonces el presidente del país y del PP, Mariano Rajoy; y la número dos del partido en el Gobierno, Cospedal.
La acusación aparece en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el “sorpresivo” cierre de la instrucción de Kitchen que García Castellón dictó a las puertas de agosto de 2021. Los fiscales se afanaban en detallar todos los indicios contra Cospedal, en explicar por qué su declaración en la Audiencia Nacional “no resultó creíble”, denunciaban que se había puesto fin a la investigación con relevantes testigos aún por comparecer…
Los fiscales concluían que los indicios contra los políticos del Ministerio del Interior (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) y contra los mandos policiales de aquella brigada política del PP eran más “rotundos” que los existentes de la “conexión política” de la operación, pero ¿por qué no investigar los claros indicios contra Cospedal?
La conclusión aparece en la página 67 de aquel escrito de septiembre de 2021: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.
El audio de “la libretita”, sin “rigor procesal”
Como adelantó elDiario.es, la Fiscalía alude ahora a tres grabaciones distintas para solicitar la imputación de Cospedal. Sin embargo, García Castellón afirma en su auto de este miércoles: “El sustento de la imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto. Sobre la base de una afirmación realizada por la señora Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor procesal”.
“La libretita sería mejor poderlo parar”, dice Cospedal en 2013 al comisario al que su marido, con ella presente y en su despacho de la planta noble de Génova, le había encargado “trabajos puntuales” en el marco del sabotaje del caso Gürtel, anterior al caso de la caja B. Audios y anotaciones del comisario –la propia Policía confiere total credibilidad al diario personal del comisario– son coincidentes, según se empeña en acreditar Anticorrupción en su extenso escrito. Y los audios proceden de Villarejo porque así se lo reconoció a Asuntos Internos el empresario Javier Pérez Dolset, que los entregó a la Policía después de obtenerlos del abogado del comisario, según declaró en sede policial.
Como ya hiciera el 29 de julio de 2021 en el primer golpe de muerte a la investigación del nexo político del caso Kitchen, García Castellón reitera ahora: “Este instructor, de forma reiterada, ha hecho mención en diversas resoluciones, respecto a la insuficiencia indiciaria que en el proceso penal supone sustentar acusaciones sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia”.
García Castellón pudo preguntar a Francisco Martínez, número dos de Interior, por Cospedal. Tardó ocho meses en contestar a la petición de la Fiscalía, de septiembre de 2020, para imputarla por primera vez. Su argumento era que debía preguntar antes al que fuera secretario de Estado de Seguridad. Pero cuando tuvo la oportunidad le realizó “un profuso” interrogatorio en el que el juez no hizo una sola pregunta sobre Cospedal. Martínez se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía.
La última decisión de García Castellón puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal, que viene corrigiendo al juez severamente en casos como Dina o la supuesta financiación irregular de Podemos, pero que avaló el cierre de la instrucción y el archivo del caso contra Cospedal. Mientras eso ocurre, el juez ha aprovechado su auto de este miércoles para que presenten sus escritos de conclusiones en el plazo de 10 días “con apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 215 de la Lecrim”. Esos escritos se deberán circunscribir a los límites del caso Kitchen fijados por el juez: una operación en cuya cúspide están el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez, ambos fuera ya del PP, y de la que nada habrían sabido Rajoy ni Cospedal.
34