El fichaje de Santamaría por Cuatrecasas: sueldo secreto e imposibilidad de litigar contra el Estado
Una de las principales incógnitas sobre el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el bufete Cuatrocasas quedará sin resolver: el despacho de abogados no hará público el sueldo que pagará a la exvicepresidenta del Gobierno. La noticia sobre la contratación se produce en un momento en el que la firma de abogados intenta remontar sus datos de facturación, después de caer un 8% en un solo año, con una pérdida sobre el ejercicio anterior de 23 millones de euros.
Con esta operación, el despacho de abogados consigue un dos por uno: ficha a un exalto cargo con una agenda de valor incalculable y que hasta hace muy poco controlaba todos los resortes del Gobierno, como número dos de Mariano Rajoy. Además, Cuatrecasas consigue incluir en sus filas a un miembro del Consejo de Estado, con acceso a las deliberaciones sobre la aplicación de la práctica totalidad de las directivas europeas que se transponen como normas de uso en nuestro país. En el Consejo de Estado, al que Santamaría se incorporó el pasado octubre, la noticia de su fichaje por uno de los grandes bufetes del país no ha caído bien.
Fuentes de este organismo se muestran desfavorables a que los gigantes de la abogacía tengan representantes en el órgano.
Santamaría se convierte en el segundo miembro del Consejo de Estado con intereses en un despacho privado. En su misma situación está el exministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar José María Michavila. Ambos exdirigentes del Partido Popular tienen rango de consejeros electivos (nombrados por el Gobierno) y su participación se limita a la asistencia a los plenos de este órgano consultivo que se celebran mensualmente y por las que cobran algo más de 900 euros en concepto de dietas. Al menos una vez al mes, la nueva asociada de Cuatrecasas tendrá que abandonar la oficina para participar en el Pleno de este órgano consultivo.
En esas sesiones se discuten todas las propuestas de transposición de directivas europeas, antes de que el Gobierno las lleve al Congreso para su aprobación. Santamaría tiene derecho a participar en esas deliberaciones y en las votaciones sobre las propuestas de dictamen que llegan al Pleno desde la Comisión Permanente. “Se trata de un enorme marco normativo que no deberían conocer los miembros de una empresa privada”, asegura a eldiario.es un antiguo integrante del Consejo de Estado.
No es la primera vez que un alto cargo del PP compatibiliza una labor privada con su presencia en el Consejo de Estado. José María Aznar lo hizo durante un breve periodo en el que quiso coordinar ese cargo con el que el magnate de la comunicación Rupert Murdoch acababa de ofrecerle en el consejo de News Corporation. El por entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, le hizo saber a Aznar que desaprobaba la compatibilidad de ambas funciones y Aznar tuvo que decidir entre asesorar al Gobierno o al empresario norteamericano: decidió lo segundo.
Soraya Saénz de Santamaría ha conseguido que el Ministerio de Función Pública informe favorablemente sobre la compatibilidad de su nuevo puesto con su condición de exvicepresidenta. La exdirigente del PP envió su solicitud a principios de febrero y el equipo que dirige la ministra Meritxell Batet ha tardado un mes en dar su respuesta. Antes de otorgar la compatibilidad, el ministerio requirió un informe de Presidencia en el que se afirma que Santamaría nunca tomó decisiones que afectasen directamente a la compañía que ahora la acoge como empleada y miembro de su consejo de administración.
Límites para litigar
Desde su nuevo puesto, la exvicepresidenta no podrá participar en ningún recurso administrativo contra el Estado. Tampoco tendrá derecho a formar parte en pleitos en los que se aborden cuestiones que haya conocido en razón de su cargo.
“Siendo vicepresidenta ha participado en todo. Va a tener que ser muy cautelosa”, aseguran fuentes jurídicas a eldiario.es. Las cautelas con las que Santamaría deberá actuar en su nuevo puesto finalizan transcurridos dos años desde su cese en el Gobierno. Falta algo más de un año y durante este tiempo estará sometida a la vigilancia de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Más allá de lo que ocurra a partir de ahora, Cuatrecasas y el Gobierno arrastran la coincidencia de haber protagonizado en el pasado una disputa judicial que estuvo a punto de llevar a prisión al líder de este bufete, Emilio Cuatrecasas. Este empresario se había puesto en el punto de mira del fisco por haber creado una empresa en la que ocultó todos sus gastos personales, incluidos barco y mayordomo.
El conocido empresario consiguió en 2015 un acuerdo favorable con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le evitó ir por prisión a cambio de reconocer el delito y abonar 4,1 millones de euros. Soraya Saénz de Santamaría era en esos días la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno y bajo su mando estaba la Abogacía del Estado.
Abogados del Estado: la cantera de las grandes firmas
Los grandes despachos suelen ser el destino habitual para muchos miembros del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece Soraya Sáenz de Santamaría. Estos profesionales del Derecho son considerados como la cúpula de la profesión y con destrezas para abordar aquellas ramas de la abogacía en las que más dinero hay en juego. Más de la mitad de los abogados del Estado con derecho a plaza trabajan a día de hoy en otros destinos.
Según los últimos datos del Ministerio de Justicia (con fecha de noviembre de 2016) hay 323 abogados del Estado activos, frente a 260 en excedencia y sin límites para trabajar en la empresa privada. A esas cifras hay que sumar otros 37 profesionales a quienes se les ha concedido la compatibilidad para seguir en sus puestos y trabajar en el sector privado el tiempo que les resta. Otros 61 abogados del Estado se encuentran en condición de 'servicios especiales', desempeñando cargos públicos en las diferentes administraciones públicas.
