Aragón TV no ofrecerá este año en directo los festejos de vaquillas de las Fiestas del Pilar, una cita que la televisión autonómica ha retransmitido durante años desde la plaza de toros de La Misericordia. La cadena atribuye esta decisión al precio planteado por la nueva empresa gestora del coso zaragozano, Conphia Urbana SL, que, según sostiene Aragón TV, supone un incremento del 500% respecto al importe abonado el pasado año.

La cadena autonómica asegura que la empresa “se ha negado a negociar” y ha mantenido la cantidad planteada para la emisión de los festejos, un coste que Aragón TV considera que “no puede asumir” como televisión pública. La empresa Conphia Urbana ha rechazado hacer declaraciones sobre la cuestión.

La nueva gestora de La Misericordia se hizo con el arrendamiento de la plaza para las anualidades 2026 y 2027 después de que la Diputación Provincial de Zaragoza adjudicara el contrato a Conphia Urbana SL. El arrendamiento comenzó el pasado 1 de septiembre y contempla un importe de 431.000 euros para 2026, correspondiente a 61 días, y de 1,513 millones de euros para 2027, por un periodo de 214 días.

El contrato de la DPZ es un arrendamiento patrimonial en el que el precio ofertado por las empresas fue el único criterio de adjudicación. Además, la institución provincial señaló que el contrato no regula otros aspectos relacionados con la actividad que desarrolle la adjudicataria en la plaza, entre ellos la calidad de los festejos o los precios de abonos y entradas.

La adjudicación de la plaza ha estado marcada por un complejo proceso administrativo y judicial. La DPZ explicó en agosto que el primer pliego tuvo que ser anulado tras una sucesión de recursos y que finalmente optó por el arrendamiento patrimonial para garantizar que la plaza estuviera disponible para la Feria del Pilar.

Pese a no poder emitir los festejos en directo, Aragón TV ha decidido mantener las vaquillas en su programación durante las Fiestas del Pilar. Así, entre las 08:00 y las 10:00 ofrecerá una selección de los mejores momentos de las retransmisiones realizadas durante los últimos 20 años.

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde este miércoles a la licitación de las obras para transformar el edificio Ebro 3 del recinto de la Expo en la nueva sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), con un presupuesto máximo de 33,3 millones de euros. La cifra supone un importante incremento respecto a los 22,6 millones (más IVA) con los que se presentó inicialmente el proyecto en 2024: casi seis millones y un 22% más.

La reforma se licitará dividida en dos lotes, uno correspondiente a la obra civil y otro a las instalaciones, y tendrá un plazo de ejecución estimado de 20 meses. Una vez concluidos los trabajos, el antiguo pabellón de la Expo podrá albergar la nueva sede y los estudios de la radiotelevisión autonómica, actualmente instalados en el Actur.

Cuando el Ejecutivo anunció el proyecto, en junio de 2024, situó la inversión necesaria en 22,6 millones de euros y planteó que la CARTV pudiera comenzar a ocupar el inmueble a partir del otoño de 2027. El nuevo plazo de 20 meses deberá empezar a contar a partir de la adjudicación y el inicio efectivo de las obras, por lo que la fecha final dependerá de cómo avance el procedimiento de contratación.

El antiguo pabellón de la Expo deberá albergar la nueva sede de la radiotelevisión autonómica y sus estudios, concentrando unas instalaciones que actualmente se encuentran en el Actur.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha justificado este miércoles la subida por la actualización de precios realizada antes de sacar las obras a concurso. El objetivo, según ha explicado, es garantizar que las condiciones económicas resulten suficientemente atractivas para las constructoras y evitar que el procedimiento termine sin ofertas. “Lo más importante en todas las licitaciones es garantizar que no quedan desiertas”, ha señalado el Ejecutivo, que ha precisado que los 33,3 millones (IVA incluido) constituyen el precio máximo de licitación y que, a partir de esa cantidad, las empresas podrán presentar ofertas a la baja.

La revisión presupuestaria alcanza también a otro de los proyectos previstos en el antiguo recinto de la Expo: la iluminación dinámica de la Torre del Agua. El Consejo de Gobierno ha autorizado un precio máximo de 7,9 millones de euros, también superior al previsto inicialmente.

En este caso, el incremento tiene además como antecedente una licitación fallida. Expo Zaragoza Empresarial sacó a concurso en 2025 la instalación de la fachada digital de la Torre del Agua por 5,26 millones de euros, sin IVA, pero el procedimiento quedó desierto. Posteriormente volvió a licitarse con una cuantía superior a los seis millones y ahora el límite se eleva hasta los 7,9 millones.

El Ejecutivo ha recurrido al mismo argumento que para la CARTV: la actualización de los precios pretende dar margen suficiente a las empresas para concurrir y evitar que las obras vuelvan a quedar sin adjudicatario. Entre ambos proyectos, las nuevas licitaciones alcanzan los 41,2 millones de euros.

La actuación en la Torre del Agua permitirá instalar un sistema de iluminación dinámica sobre su fachada dentro del proyecto de recuperación del edificio, que pretende convertir uno de los principales símbolos arquitectónicos de la Expo de 2008 en el denominado “Faro de la Logística”.

Sarga ya tiene responsable

El Consejo de Gobierno ha comunicado también el nombramiento de Pablo Arbonés Maciñeira como nuevo director gerente de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga), una vez concluido el proceso de selección abierto para cubrir la dirección de la empresa pública.

Arbonés es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de empresas públicas vinculadas al ámbito agroforestal. Buena parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga), dependiente de la Xunta de Galicia y con funciones similares en distintos ámbitos a las que desarrolla Sarga en Aragón.

Arbonés ejerció durante años como director gerente de Seaga, una sociedad que participa, entre otras actuaciones, en trabajos de prevención de incendios, gestión de biomasa y servicios relacionados con el medio rural. Posteriormente ocupó responsabilidades en la dirección de Administración y Servicios Generales de la propia compañía.

Su llegada a Sarga se produce además después de un proceso de selección desarrollado en un momento especialmente complejo para la empresa pública aragonesa, con el conflicto laboral protagonizado por los bomberos forestales y las reivindicaciones sobre sus condiciones de trabajo y el dimensionamiento del operativo.

El nuevo gerente asume así la dirección de una sociedad instrumental del Gobierno de Aragón con competencias que abarcan desde los trabajos forestales y la prevención y extinción de incendios hasta actuaciones medioambientales, agrarias y de gestión de infraestructuras y servicios en el medio rural.

Este nombramiento se adelanta al de la persona que debe tomar el relevo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), cuya gerente dejó el cargo hace más de un mes. El organismo, que depende de la consejería de Vox de Desregulación, Bienestar y Familia, sigue sin responsable pese al importante cometido que debe desarrollar.

El concurso Sopa de Letras, ya emitido en Telemadrid y que la televisión pública valenciana estrenó hace apenas unas semanas, está trayendo varios quebraderos de cabeza a la dirección. La cadena valenciana lo retiró temporalmente de la parrilla al día siguiente de su primera emisión, aduciendo un error en los filtros de control editorial —dadas las numerosas referencias a “la televisión de todos los madrileños”—, y negocia ahora con la productora si abona su coste o lo elimina definitivamente.

El programa se adquirió a Valencia Imagina Televisió (VITV), una firma del grupo Mediapro, que produjo el concurso para Telemadrid a través de Globomedia, y forma parte de los contenidos que en la red de televisiones autonómicas se producen en colaboración, como ya informó elDiario.es. Sin embargo, al contrario que en Andalucía o Aragón, donde sus respectivas televisiones adaptaron el formato, À Punt media emitió el contenido ya producido para Telemadrid, sin cambiar de presentador ni las referencias para interactuar con el público. Al adquirir los derechos vía VITV, se considera de la cuota de producción valenciana.

La televisión pública contrató 80 programas del fallido concurso con VITV, por los que se comprometió a pagar 156.000 euros como máximo, sin contar el IVA. Según el contrato suscrito entre las entidades, al que ha tenido acceso elDiario.es, el acuerdo estipula el abono en dos facturas: una de 72.000 euros por los primeros 40 capítulos y otra por los restantes que se emitieran, a razón de 2.100 por cada programa, —es decir, otros 84.000 euros si se emitiesen todos los episodios acordados—. La televisión valenciana podría ofrecer tres emisiones de cada programa en abierto y de forma gratuita dentro del territorio valenciano.

El contrato enfatiza que los contenidos se deben “validar previamente” por parte de la Corporación valenciana antes de la facturación. El director general de À Punt, Francisco Aura, apuntó en la comisión de las Corts Valencianes respecto al programa: “Cometimos un error. Lo reconocimos y lo sustituimos de inmediato. Falló el control editorial y no se detectó que el presentador se dirigía directamente a la audiencia de Telemadrid”, ha explicado. La referencia a Telemadrid aparece en los primeros segundos del programa, cuando el presentador saluda: “Bienvenidos al nuevo concurso de Telemadrid. Tenía muchas ganas de que llegara aquí, a la tele de todos los madrileños”.

El contrato incluye una cláusula de fuerza mayor que permite la suspensión del acuerdo si se impide, dificulta o retrasa su cumplimiento por alguna de las partes por “causas fuera de su control”, pero matiza que se dará “mientras y en la medida que” esa causa lo retrase y que la parte afectada lo notifique y “adopte medidas razonables para eliminarla o corregirla”. En tal caso, prosigue la cláusula, “se deberá restaurar el equilibrio de las prestaciones en función de la parte del contrato dejada de cumplir y su prestación económica”. El contrato lleva la firma digital fechada el 14 de septiembre, mismo día del estreno del programa, aunque la televisión comunicó su estreno el viernes 11, tres días antes. Según ha podido saber elDiario.es, el programa está en negociación y fuentes de la cadena aseguran que no hay un presupuesto comprometido.

L'aposta de la radiotelevisió pública valenciana per la tauromàquia des que governa el PP amb el suport de Vox és innegable. Ho va apuntar l'expresident del Consell Rector en la seua compareixença a les Corts Valencianes fa més d'un any —“s'estudiarà”, va dir— i ho ha desenvolupat amb èmfasi el director general, Francisco Aura, que en la seua última intervenció va subratllar que són les cobertures no informatives que més audiència aporten a la cadena, uns continguts que amb l'anterior llibre d'estil no s'haurien pogut emetre. En la nova etapa d'À Punt hi ha bous, i cada vegada més. I, encara que no se n'informe quan s'anuncia la programació, les emissions tenen un cost.

El preu que paga la cadena pública per les emissions taurines és indeterminat. A més de pagar a les empreses que gestionen les places, els toreros cobren drets per l'emissió de les seues imatges, com passa amb els artistes quan es retransmeten concerts, per exemple. També es paga a les empreses que fan la cobertura —hi ha plataformes d'streaming especialitzades— o, com ja va informar elDiario.es, a altres empreses que donen suport tècnic.

Segons la informació a la qual ha tingut accés elDiario.es, només en la cobertura de la Fira de Sant Isidre, a Madrid, la cadena pública va pagar 270.000 euros a l'empresa que gestiona la plaça de bous de Las Ventas per la cessió dels drets d'imatge. Van ser 270.000 euros per deu dies de cobertura, a raó de 22.700 euros per correguda, per a emetre els festejos dels dies 9, 10, 16, 17, 24, 30 i 31 de maig d'aquest any i els dies 6, 7 i 14 de juny. Nou corregudes de bous i una de rellons. El director general va subscriure un contracte amb la UTE 'Plaza 1', la unió de Simon Casas Production SAS i Nautalia Viajes, que gestiona la plaça de Las Ventas. Nautalia té una empresa dedicada a la gestió de places de bous que també inclou la de València.

En el contracte, al qual ha tingut accés elDiario.es, s'estipula que la mercantil accepta el preu “de manera excepcional i extraordinària” per a “fomentar i difondre la tauromàquia en general i la Fira de Sant Isidre” i perquè “els ciutadans de la Comunitat Valenciana puguen presenciar, en obert i de manera gratuïta, aquest festeig”. L'empresa Plaza 1 es va comprometre a disposar de les autoritzacions de totes les parts que intervenen perquè À Punt puga fer la retransmissió, que havia de realitzar-se “exclusivament en directe”; és a dir, “una única vegada”, i només en l'àmbit de cobertura de la Comunitat Valenciana.

La producció dels festejos la va fer Telemadrid, segons assenyala el document, que comprometia la radiotelevisió pública valenciana a arribar a un acord perquè Telemadrid compartira el senyal de transmissió del festeig o els espais que poguera necessitar. L'acord tampoc implicava exclusivitat per a À Punt. De fet, Plaza 1 podia cedir els drets a “tants operadors televisius com considere oportú”, encara que À Punt pot utilitzar-los “amb finalitats publicitàries” per a “donar la màxima difusió possible als espectacles taurins”.

La cadena pública ha emés diversos programes taurins, ha recuperat novillades “històriques” i des de fa mesos cobreix les fires taurines rellevants en l'àmbit estatal, amb un cost del qual no s'informa, excepte si l'oposició ho requereix mitjançant preguntes parlamentàries.

La apuesta de la radiotelevisión pública valenciana por la tauromaquia desde que gobierna el PP con el apoyo de Vox es innegable. Lo apuntó el expresidente del Consell Rector en su comparecencia en las Corts Valencianes hace más de un año –“se estudiará”, dijo– y lo ha desarrollado con énfasis el director general, Francisco Aura, que en su última intervención subrayó que son las coberturas no informativas que más audiencia aportan a la cadena, unos contenidos que con el anterior libro de estilo no habrían podido emitirse. En la nueva etapa de À Punt hay toros, y cada vez más. Y, aunque no se informe de ello cuando se anuncia la programación, las emisiones tienen un coste.

El precio que paga la cadena pública por las emisiones taurinas es indeterminado. Además de pagar a las firmas que gestionan los cosos, los toreros cobran derechos por la emisión de sus imágenes, como sucede con los artistas cuando se retransmiten conciertos, por ejemplo. También se paga a las empresas que realizan la cobertura –hay plataformas de streaming especializadas– o, como ya informó elDiario.es, a otras firmas que dan apoyo técnico.

Según la información a la que ha tenido acceso elDiario.es, solo en la cobertura de la Feria de San Isidro, en Madrid, la cadena pública pagó 227.000 euros a la empresa que gestiona la Plaza de Toros de las Ventas por la cesión de los derechos de imagen. Fueron 227.000 euros por diez días de cobertura, a razón de 22.700 euros por corrida, para emitir los festejos de los días 9, 10, 16, 17, 24, 30 y 31 de mayo de este año y los días 6, 7 y 14 de junio. Nueve corridas de toros y una de rejones. El director general suscribió un contrato con la UTE 'Plaza 1', la unión de Simon Casas Production SAS y Nautalia Viajes, que gestiona la plaza de Las Ventas. Nautalia tiene una firma dedicada a la gestión de las plazas de toros que también abarca la de València.

En el contrato, al que ha tenido acceso elDiario.es, se estipula que la mercantil acepta el precio “de manera excepcional y extraordinaria” para “fomentar y difundir la tauromaquia en general y de la Feria de San Isidro” y para que “los ciudadanos de la Comunidad Valenciana puedan presenciar, en abierto y de manera gratuita, dicho festejo”. La firma Plaza 1 se comprometió a tener las autorizaciones de todos las partes que intervienen para que À Punt pueda realizar la retransmisión, que debía realizarse “exclusivamente en directo”; es decir, “una única vez”, y solo en el ámbito de cobertura de la Comunitat Valenciana.

La producción de los festejos se realizó por Telemadrid, según apunta el documento, que comprometía a la radiotelevisión pública valenciana a alcanzar un acuerdo para que Telemadrid compartiera la señal de transmisión del festejo o los espacios que pudiera necesitar. El acuerdo tampoco implicaba exclusividad para À Punt. De hecho, Plaza 1 podía ceder los derechos a “cuantos operadores televisivos considere oportuno”, aunque À Punt puede utilizarlos “con fines publicitarios” para “dar la mayor difusión posible a los espectáculos taurinos”.

La cadena pública ha emitido varios programas taurinos, recuperado novilladas “históricas” y desde hace meses cubre las ferias taurinas relevantes a nivel estatal, con un coste del que no se informa, salvo que la oposición lo requiera mediante preguntas parlamentarias.

El administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, tendrá que contestar en el Parlamento de Canarias a una pregunta que le ha formulado por escrito la portavoz del PSOE en la Cámara, Nira Fierro: “¿Considera usted necesario el control parlamentario?”

La pregunta ha sido registrada para su traslado a la próxima comisión de control de RTVC, donde Toledo deberá contestarla verbalmente.

La iniciativa de la dirigente socialista responde a la ausencia de respuestas por parte del máximo responsable de los medios de comunicación públicos de Canarias en la última sesión de la comisión de control de RTVC. Allí se negó a contestar a las preguntas referidas a los últimos incidentes vividos en uno de los programas de Televisión Canaria, al que fue invitado un violento empresario desokupa a participar como debatiente en un cara a cara sobre el problema de la vivienda en España y en Canarias.

A ese programa, La Retranca, que RTVC presenta como el referente del análisis político de la cadena, se presentó Roberto Cristian Pérez, directivo de EZ Property Solutions, con cinco de sus empleados, de considerables dimensiones, con el fin de intimidar a los presentes y, sobre todo, a quien debatió con el empresario, la activista antidesahucios Inma Évora.

En ese mismo programa, emitido el jueves pasado, la cadena sustituyó en el último momento a una de las analistas convocadas, María González, por el líder de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, con la excusa de que se iba a tratar un asunto referido a Aena que requería un perfil de analista que, por lo dicho, no era el de la tertuliana tinerfeña asidua a platós nacionales.

Alberto Rodríguez, presidente del partido Drago Canarias, volvió este jueves al programa de debate político de la Televisión Canaria. Y lo hizo en el último minuto por motivos ocultos que la dirección del programa, La Retranca, y de la cadena se niegan a desvelar. Su nombre no aparecía en el comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación en el que se explicaban los contenidos previstos y la identidad de las personas que debían intervenir. Pero unas pocas horas antes de la emisión del programa, el comunicado publicado en la web de Radio Televisión Canar, cambió de repente y apareció el nombre del político a cuyo partido no paran de elogiar cada día los líderes de Coalición Canaria.

Para que Alberto Rodríguez pudiera ocupar sitio en el plató fue necesario remover a otra analista cuya presencia estaba cerrada desde muchos días antes. Se le avisó de que su presencia había sido cancelada solo dos horas antes de tomar un avión desde Madrid a Tenerife, donde se produce el programa, lo que descompensó la mesa de debate al quedar tres hombres y una mujer.

La historiadora y analista política María González fue la que en esta ocasión pagó la imposición política de introducir en Televisión Canaria a Alberto Rodríguez. Es una conocida polemista en todo el Estado gracias a su participación en programas como La Sexta Xplica, y en Canarias particularmente por su implicación contra la urbanización turística de Cuna del Alma.

El motivo oficial que se ofreció a María González para explicarle que su presencia no era necesaria en el programa fue que se iba a abordar un tema muy local que requería la participación de contertulios especializados en asuntos locales. Ese asunto, que se abordó al final del programa, en los minutos de descuento, fue la decisión de Hacienda de investigar a Aena en Canarias por posible mal uso de las ayudas de Estado.

No fue esta la única polémica que rodeó al programa La Retranca de este jueves. Al abordar el tema principal, la vivienda, la dirección del programa mantuvo en la escaleta un cara a cara entre la activista antidesahucios Inma Évora y el dueño de una empresa de desokupación, Roberto Cristian Pérez, a pesar del rechazo público mostrado por el comité intercentros de Radio Televisión Canaria por la visibilización de una persona violenta, que ha sido condenada por su mala praxis profesional desalojando personas de viviendas en Canarias. 

Pero la cadena no solo mantuvo a ese invitado sino que el presentador del programa, Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria se declaró incapaz de reconducir un tramo del programa que se convirtió en una sucesión de gritos y reproches personales del empresario a la activista que no aportaron nada al debate sobre la vivienda.

Castilla-La Mancha Media ha inaugurado la exposición ‘25 Años Latiendo Contigo’, una muestra que recorre el cuarto de siglo de historia de la radiotelevisión autonómica desde el inicio de sus emisiones hasta la actualidad. La exposición, situada en el hall de las instalaciones centrales de CMM en Toledo, recoge los acontecimientos informativos, programas y contenidos que han marcado trayectoria de CMM como hemeroteca audiovisual de la región a lo largo de estos 25 años.

‘25 Años Latiendo Contigo’ es una muestra “concebida por y para los profesionales de Castilla-La Mancha Media, protagonistas fundamentales de la trayectoria del medio de comunicación que han hecho posibles 25 años de información y entretenimiento”, ha explicado el ente público. Así, la exposición destaca “el compromiso y la dedicación de las personas que han trabajado delante y detrás de las cámaras y los micrófonos”.

La muestra ha sido inaugurada por la directora general de CMM, Carmen Amores, y el que fuera primer director general de la Corporación, Jordi García Candau, en un acto que ha contado con la participación de la plantilla de la radiotelevisión regional. También han asistido presentadores de la casa, como Ramón García, Gloria Santoro, Frank Blanco, Sonia González, Raquel Martín Menor, Julián Cano o Mariló Leal, y de la emisora regional, como Óscar Castellanos, Carmen Martín, Judith Mateo, Fernando Chamizo, Roberto Lancha o Manuel Martín de la Vega, entre otros.

Amores ha subrayado la importancia de celebrar esta efeméride de la corporación: “Somos muy afortunados y tenemos el honor de hacer servicio público para esta comunidad”. Además, la directora general ha puesto en valor el compromiso y la dedicación de la plantilla durante estos 25 años: “Tenemos unos profesionales estupendos. Esta casa tiene sentido por el trabajo que todos hacéis cada día”.

Por su parte, García Candau ha recordado con emoción los orígenes de la corporación: “Siento una gran nostalgia de veros a todos los que empezasteis conmigo. La televisión y la radio consiguieron identificar a mucha gente de esta región en su propia televisión y radio”. El primer director general de CMM ha puesto de relieve el papel de la plantilla como una de las principales banderas de la corporación: “La cosa más importante de mi trayectoria profesional fue contar con un capital humano extraordinario”, ha explicado García Candau, quien ha asegurado que los trabajadores son “el mayor valor de esta casa”.

¿Qué refleja la exposición?

La muestra combina material visual y sonoro, reafirmando el carácter audiovisual de la muestra. Así, la exposición se articula en 6 paneles de lectura, 5 de ellos con tres caras cada uno y un sexto con cuatro caras. En las dos últimas caras se incluyen fotografías de los propios profesionales de CMM.

El recorrido comienza los orígenes de Castilla-La Mancha Media, desde las primeras emisiones de la radio y la televisión hasta los primeros informativos, y repasa la evolución del medio de comunicación regional desde el punto de vista técnico a la manera de contar las cosas.

La exposición también muestra cómo ha cambiado la identidad de CMM, a través de los diferentes logos que han representado a la corporación a lo largo de estos 25 años, así como los programas míticos de la historia de esta cadena, como el ‘Tal Como Somos’ o ‘A Tu Vera’, y presentadores que son historia de la televisión, como Constantino Romero, José María Íñigo, Concha Velasco o Jesús Hermida. Un plantel que, según Carmen Amores, es “envidiable” y forma parte de la “historia de la televisión”.

La muestra incorpora los grandes acontecimientos en los que CMM ha estado presente como testigo de la historia de la región, como la Dana, la celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía, o las grandes retransmisiones, como las Turbas, entre otros. El recorrido también hace referencia a la transformación digital que ha experimentado CMM, con la creación de CMMPlay como principal hito.

Asimismo, la exposición pone el foco en los profesionales que hace 25 años daban sus primeros pasos en la pantalla o en la radio y que hoy son profesionales reconocidos por los castellanomanchegos.

La exposición ‘25 Años Latiendo Contigo’ ha sido realizada por profesionales de Castilla-La Mancha Media. Entre ellos se encuentran Verónica Ureta, de Comunicación, encargada de redactar los textos y seleccionar las fotografías; Jacqueline Pereira, de Grafismo, diseñadora de los paneles; Encina Murga; de Documentación, encargada de buscar y recopilar las imágenes de la historia de CMM en los archivos de la casa; y los equipos Técnicos e Informáticos, responsables de la puesta en escena.

Este trabajo reúne cientos de fotografías aportadas por los propios profesionales de CMM, que representan experiencias, recuerdos y acontecimientos informativos compartidos a lo largo de estos 25 años.

El programa de CMM 'En Compañía', conducido por Ramón García y Gloria Santoro, estrena un nuevo plató de 900 metros cuadrados de superficie y que además cierra un círculo para 'Ramontxu', ya que se ha construido en la misma carpa en la que el presentador condujo su mítico programa '¿Qué apostamos?'.

García y Santoro han presentado a los medios este martes las nuevas instalaciones del programa, que ya fueron estrenadas este lunes en antena con un “fantástico” dato de audiencia.

El presentador bilbaíno ha reconocido que, para él, volver a la carpa del '¿Qué apostamos?' es una sensación “súper bonita”. “Esta es mi carpa y es cerrar un círculo maravilloso”, ha reconocido.

Así, ha explicado que dicha carpa, que actualmente tiene unas dimensiones inferiores a las que tenía cuando se utilizaba para el conocido programa de los años 90 del siglo pasado, tiene en su parte superior “los recuerdos” y “la esencia” del pasado, mientras que “todo lo de abajo es absolutamente nuevo” para 'En Compañía'.

Ramón García ha querido destacar el “trabajo tremendo” que se ha hecho desde CMM para poner en funcionamiento el nuevo plató, que está “muy bien adaptado por todos los técnicos”, lo que ha dejado un resultado del que están “muy contentos”.

Además, ha destacado que es un plató “muy grande” y que “se puede adaptar a otros tipos de eventos televisivos”, asegurando que “ninguna televisión autonómica” cuenta con unas instalaciones como estas. “Y, a nivel nacional, ya quisieran muchas televisiones tener un rincón así para trabajar”, ha apostillado.

Con respecto al estreno este lunes en antena, ha reconocido que “fue muy bien, francamente bien”, con un 12% de audiencia y una ejecución “sobresaliente” a pesar de que “arrancar un programa en un plató nuevo es dificilísimo para todos”.

“Nos salió muy bien y a partir de ahora vamos a pulir cositas, a mejorar todos los detallidos que se van viendo cuando un programa se va desarrollando”, ha comentado.

El presentador espera que este nuevo plató sirva para seguir aportando “un montón” a CMM y ayudar a “que sea potente, se vea y esté enlazada a los castellanomanchegos y a los que nos ven desde diferentes sitios”.

Toca “llenarlo de vivencias”

Por su parte, Gloria Santoro ha reconocido que las mudanzas “no son sencillas” porque dejan “una casa nostálgica”. “Durante diez años hemos vivido muchísimas cosas, pero luego viene un proyecto ilusionante como es abrir las puertas de tu nueva casa”, ha añadido.

Así, ha apuntado que lo que les toca ahora es “llenarlo de vivencias” y conseguir que “cada rincón tenga su propia alma”.

La presentadora ha reseñado que “no es fácil trabajar en un plató tan grande” pero ha asegurado que, entre todo el equipo, se van a encargar de “hacer que cada tarde tenga esa magia de la que nos hemos alimentado todo este tiempo”.

“Nos encanta estar aquí y vamos a hacer todo lo posible por seguir luchando contra lo más importante, que es la soledad, en este sitio tan maravilloso que estoy convencida de que vamos a cubrir con ese calor castellanomanchego”, ha manifestado.

El plató más grande de CMMedia

El nuevo plató de 'En Compañía' cuenta con un estudio y escenografía completamente nuevas y, con sus 900 metros cuadrados, es el más grande con el que cuenta CMM.

Asimismo, se ha renovado todo el equipamiento tanto a nivel de cámaras como de sonido y luz, pasando en este último aspecto de un volumen de 180 kilowatios a 30 pero, a la vez, con una mayor cantidad de luz.

En cuanto a las cámaras, el plató se ha dotado con cuatro que estarán en pedestal, además de una en grúa con tres ejes y una steadicam. Además, se han incorporado por primera vez cámaras HD sustituyendo a las antiguas cámaras en SD.

También se han cambiado las posiciones de cámaras, ya que las del anterior plató estaban basadas en el programa 'A tu vera', por lo que ha supuesto un reto cambiar la filosofía y los movimientos de cámara para aprovechar todo el escenario.

El 13 de octubre de 2025, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page anunció la creación de la Academia de Cine de Castilla-La Mancha. “Va a permitir a todo el sector afectado poderse coaligar para defender sus intereses. Ya sabemos cómo se mueven quienes tienen academias creadas en otras comunidades autónomas. No queremos ir tan detrás”, dijo entonces.

Por esas mismas fechas, se presentaba la Ciudad del Cine de la comunidad autónoma, con el objetivo de convertirse en una ‘mini-meca’ del sector: en Toledo, a orillas del río Tajo, en un espacio natural que se extiende en 98.000 metros cuadrados, al otro lado del Casco Histórico, en un proyecto que no convence a todos.

Aquel mes, todo parecía pintar bien para el sector audiovisual castellanomanchego, salvo porque el año pasado no se convocaron “algunas” de las ayudas que otorga la Junta de Comunidades. Y este año, ninguna. Una situación que “preocupa” en el sector.

Lo cuenta así Tina Olivares. Natural de Albacete, es productora, guionista y directora de cine y recibió el Premio IRIS de la Academia de Televisión por su formato educativo ‘Los Investigadores’. Hace dos años fue Premio Alice Guy de guion en 2024 con Celestina, un proyecto con el que formó parte del Programa Residencias de la Academia de Cine de España, de la que forma parte como académica.

Se encuentra entre quienes han vuelto a su tierra para trabajar. Lo hizo huyendo de las grandes ciudades que se han convertido en imposibles por los precios, en particular los de la vivienda. En 2025 estableció su empresa productora en Castilla-La Mancha, con el objetivo de producir contenidos de ficción.

La entrevistamos por su condición de actual presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales de Castilla-La Mancha (APACAM), un colectivo que busca hacerse un hueco en el panorama regional. Es todo un fenómeno en los últimos tiempos porque, nos cuenta, se está produciendo un auténtico ‘retorno del talento’ de un sector que, sin embargo, teme ver frenadas las expectativas generadas.

¿Qué es APACAM?

Somos una asociación profesional de empresas cinematográficas. Actuamos como interlocutor ante las instituciones, trabajamos por ejemplo con la Facultad de Comunicación en Cuenca, fomentamos la formación y ayudamos a potenciar las campañas de nuestros nominados a los Premios Goya.

En las instituciones se habla de la ‘Castilla-La Mancha de Cine’. ¿Hay perspectivas de crecimiento en el sector?

Sí, estamos creciendo. En los últimos años hemos duplicado, y más que duplicado, el número de miembros.

Estamos ya por encima de las 50 productoras asociadas de todos los tamaños. Deben estar constituidas como empresas o autónomos y estar registradas en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para formar parte de APACAM.

¿Por qué este incremento tan notable?

Tenemos una especie de tormenta perfecta. Diría que casi por primera vez en la historia de Castilla-La Mancha. Hasta ahora, los cineastas castellanomanchegos nos íbamos a Madrid o a Valencia. En todo caso, emigrábamos.

Lo que está ocurriendo es que, con la gentrificación de las grandes ciudades, se está produciendo un retorno del talento. Yo misma llevaba 28 años de vida profesional en Madrid, como guionista, directora y productora, pero me vine en 2022 al pueblecito manchego de mis padres. Lo hice por estrés y porque quería comprar una casa. Eso era inviable en Madrid.

Allí los precios están provocando que profesionales con IMDb más largos que una sábana, aquellos que tienen muchas películas o series a sus espaldas, están queriendo volver a su casa. El problema es que no encuentran trabajo en Albacete, Ciudad Real…

Por otro lado, la situación ha cambiado. Cuando nosotros éramos jóvenes nos íbamos a Madrid a pisos compartidos, pero ahora mismo no es posible por los precios de la vivienda.

Es imperativo que la industria cinematográfica se consolide en Castilla-La Mancha como lo está haciendo en el resto de las comunidades autónomas, dentro del propósito general que es el hub audiovisual de España.

¿Qué papel debe jugar el Gobierno de Castilla-La Mancha?

Un papel importantísimo. Para quien no sepa cómo se financia el cine, un productor cinematográfico ha de cumplir con un rosario de hitos hasta lograr financiar una película. Eso le lleva entre dos y tres años, en el mejor de los casos.

Y todo empieza en casa. Es decir, en Castilla-La Mancha, con las ayudas regionales. Porque cuando las consigues, te dan más puntos y te posicionan mejor en las ayudas estatales.

Y si consigues las ayudas del Estado, de pronto eres alguien atractivo para las televisiones generalistas y para las plataformas.

Es imperativo que la industria cinematográfica se consolide en Castilla-La Mancha como lo está haciendo en el resto de las comunidades autónomas, dentro del propósito general que es el hub audiovisual de España

Al final, para una peli que vale dos o tres millones de euros -fíjese que cada película es como un prototipo industrial- hay que reunir mucho dinero. Pues toda esa cantidad titánica empieza con una subvención regional.

La Junta de Castilla-La Mancha es una pieza clave, probablemente mucho más de lo que ellos creen.

¿Y cómo está el sector castellanomanchego en cuanto a ayudas?

Estamos por detrás de otras comunidades autónomas. Normalmente se apoyan los proyectos previos al rodaje. Eso es muy importante porque después facilita la venta de la película.

Le pongo un ejemplo. Castilla-La Mancha tiene una partida de 275.000 euros al año en total para cuatro tipos de ayudas y Galicia tiene 300.000 solo para los proyectos de desarrollo previos al rodaje.

La preocupación de APACAM es que desde el año pasado no se han convocado ayudas en Castilla-La Mancha. Las dos grandes ayudas, desarrollo y producción, que suman 250.000 euros no se convocaron. Y lo que es peor, este año a estas alturas no se ha convocado ninguna.

¿Cuál es la razón?

En enero de 2026 nos reunimos con la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, y alegó falta de personal. No digo que no sea cierto. Se nos dijo que no nos preocupásemos, que las sacarían enseguida. No ocurrió.

En mayo volvimos a reunirnos y repitió lo mismo. Yo no sé qué está pasando. Nuestra pregunta es que, si esas partidas presupuestarias no se utilizaron para el cine… ¿A dónde fueron a parar?

También nos preguntamos si todo lo que no se convoca o resuelve un año, se pierde. Lo que no queremos es que se convoquen en otoño, se resuelvan en febrero y se asignen a 2027, y que todo lo demás sin convocar haya desaparecido.

Con todo, nosotros confiamos. El día 30 tendremos una nueva reunión con la Viceconsejería de Cultura y esperamos que todo se reordene y que ese dinero se recupere porque, si no me equivoco, ya pasa del medio millón de euros el dinero que los cineastas castellanomanchegos no tienen.

De sus palabras deduzco entonces que las ayudas regionales, por mínimas que sean, son básicas

Sí. Quiero incidir en la importancia del cine y de las subvenciones regionales a través de la televisión autonómica o de la Viceconsejería de Cultura porque ese apoyo tiene un efecto dominó.

Ocurre en otros sitios: se construyen platós, en ellos se ruedan series y películas… De esta forma nuestros actores y actrices no tendrían que irse a Madrid o a Barcelona o a Andalucía… Los servicios y proveedores serían de la tierra y el alojamiento también.

Tendremos una nueva reunión con la Viceconsejería de Cultura y esperamos que todo se reordene y que ese dinero se recupere porque ya pasa del millón de euros el dinero que los cineastas castellanomanchegos no tienen

El sector audiovisual como industria es un motor y genera dinero. Y la venta del contenido producido en Castilla-La Mancha genera turismo, como hemos visto con un montón de producciones. Pongo como ejemplo ‘La trilogía del Baztán’ de Dolores Redondo que desembocó en una ruta.

Además, el cine permite acercar tu cultura a los demás, y lo estamos viendo con las series coreanas. El efecto multiplicador de la expresión cultural que es cine viaja a todo el planeta.

Se ha propuesto la creación de la Academia de Cine en Castilla-La Mancha. ¿Por qué?

Nosotros presentamos un Plan Estratégico del Sector Audiovisual regional en noviembre de 2024 a Emiliano García-Page. Una de las medidas era crear esta academia.

Además de la Academia de Cine de España, la que entrega los Premios Goya, las comunidades están creando sus propias academias de cine, que son una manera de aglutinar a sus propios profesionales. Por ejemplo, los Premios ‘Carmen’ de Andalucía.

Les gustó la idea, pero está todo muy parado. Se habló de una ayuda de 15.000 euros para arrancar. Cuando nos preguntaron por el primer paso, sugerimos encargar un censo de profesionales. No sabemos cuántos que somos. Estamos desperdigados.

El movimiento del sector audiovisual regional parece también reflejarse en la proliferación de festivales de cine locales. ¿Lo ve así?

Sí y en ese sentido lo que APACAM propone es crear un área de Cine en el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Para qué? La idea es que nuestro sector no crezca de manera desordenada o desarticulada.

Si la Viceconsejería de Cultura tiene un problema de falta de personal, lo que no puede ser es que eso se convierta en un corsé que impida crecer. Lo importante es que haya voluntad y deseamos que haya, pero nos preocupa el cariz que está tomando todo.

Si la Viceconsejería de Cultura tiene un problema de falta de personal, lo que no puede ser es que eso se convierta en un corsé que impida crecer. Lo importante es que haya voluntad y deseamos que haya, pero nos preocupa el cariz que está tomando todo

Hay una paradoja entre la manifestación de que se desea crear la Academia de Cine de Castilla-La Mancha o la Ciudad del Cine en Toledo, que va a ser un complejo cinematográfico enorme y la no incentivación de la industria audiovisual.

No nos están apoyando y mi cargo como presidenta es honorífico. No cobro nada ni tampoco el resto de la Junta Directiva de APACAM. Estamos, estoy dejando horas de mi vida persona y de mi trabajo para que en la región esto tire para arriba.

¿Qué espera APACAM de la Ciudad del Cine en Toledo?

Lo que no esperamos es que al final sea una deuda que paguemos entre todos. Ya hay muchos platós en Madrid. ¿Por qué se van a venir a Toledo para pagar dietas al equipo? Lo normal es que se alimente de producciones internacionales o de las productoras de Castilla-La Mancha.

Después de eso, un plató es un negocio como cualquier otro. Hay que comercializarlo y la competencia es altísima, con otras comunidades autónomas. ¿A quién se va a encargar esa gestión?

Lo que no me gustaría es que, si eso no sale bien, y va a pérdidas, se terminase por democratizar la deuda, es decir, la pagaría Castilla-La Mancha.

Nosotros no tenemos esa capacidad de gestión, pero quizá se pueda hacer a través de una federación de grandes productoras de la región, para que esa ganancia se quede aquí.

La televisión pública CMMedia sí se ha mojado en el apoyo al sector audiovisual…

Tenemos una entrevista pendiente con la directora general, Carmen Amores. CMMedia tiene que apoyar más. Estamos viendo coaliciones entre las televisiones de varias comunidades autónomas. Por ejemplo, las televisiones públicas de Asturias y Galicia han creado una serie conjunta de ficción que se llama Coworkinaos que se va a grabar en gallego y asturiano, con sus profesionales.

Por otro lado, Catalunya, Galicia y Euskadi acaban de crear una primera serie en cuatro lenguas oficiales que se llama Pensión incompleta. Lo que nosotros pedimos en Castilla-La Mancha es una serie de proximidad o que nos ayuden a poder lanzar series de envergadura, para que las compren las plataformas. Eso es más fácil con el soporte de la televisión pública regional.

Queremos rodar aquí, que nuestros actores y técnicos trabajen aquí. Además, las productoras regionales pagamos impuestos aquí.

Pero se está apostando fuerte a través de la Film Commission regional, ofreciendo a Castilla-La Mancha como un gigantesco plató de cine…

Sí, desde la creación de la Film Commission, en un principio la apuesta de la Consejería de Economía era invertir en la atracción de rodajes. Cuando APACAM creció y nos consolidamos como interlocutor sólido en la región, les trasladamos que la función de esta iniciativa está bien, pero también que es necesario tener otra línea de apoyo a las productoras regionales.

Queremos rodar aquí, que nuestros actores y técnicos trabajen aquí. Además, las productoras regionales pagamos impuestos aquí

Cuando viene un rodaje de fuera se trae a todo el equipo de fuera y lo que contrata en la región son cosas sin valor de producción. Eso no genera industria local. Quienes sí lo hacen son las productoras locales. Es lo que defendemos.

Insisto en que apostamos por que se cree un área de Cine en Castilla-La Mancha que lo centralice todo, que sea trasversal entre instituciones, entidades, empresas y festivales, y que se trabaje en conjunto en beneficio de la región.

La empresa de los hijos del administrador de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, facturó 30.000 euros a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, departamento en el que su padre fue jefe de prensa entre julio de 2023 y agosto de 2025, en dos contratos menores (a dedo) concedidos el año pasado.

Los contratos se firmaron en agosto y noviembre de 2025. La adjudicataria fue Tauler Group Ventures SL, sociedad constituida en marzo de ese mismo año y administrada por Álvaro Toledo Tauler, hijo de César Toledo. Su único socio es Lawrence Holdings Group, mercantil creada en diciembre de 2025 y gestionada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

El primero de los contratos se firmó con Gesplan, empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial (dirigida por Manuel Miranda, de Coalición Canaria), para la elaboración de un estudio previo destinado al desarrollo de un software de gestión de licencias municipales. El importe ascendió a 14.950 euros, apenas 50 euros por debajo del límite de 15.000 euros fijado para los contratos menores.

La adjudicación se formalizó el 14 de agosto de 2025. Ese mes Toledo seguía siendo el jefe de prensa de Política Territorial (como recoge él mismo en su perfil de LinkedIn), aunque ya había presentado su candidatura para el cargo de director de Medios y Contenidos de RTVC. Fue designado el 27 de agosto, en un proceso al que concurrió como único candidato. En noviembre fue nombrado administrador general de RTVC.

Canarias Ahora ha intentado contactar en varias ocasiones con César Toledo para conocer si sabía que la empresa de sus hijos había contratado con Gesplan, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. Sus hijos tampoco han respondido a un correo electrónico enviado por esta redacción.

Gesplan, por su parte, se ha limitado a defender que “es una sociedad mercantil con personalidad jurídica diferencia de la administración y tiene autonomía en materia de contratación”.

El segundo contrato menor de Tauler Group Ventures con el departamento de Política Territorial fue adjudicado por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico. Consistió en el diseño y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos para difundir la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Su importe ascendió a 14.520 euros, apenas 480 euros por debajo del límite legal para los contratos menores.

El último contrato fue adjudicado por la empresa pública Gestiona Mogán, dependiente del Ayuntamiento gobernado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en noviembre de 2025. Por 11.950 euros, Tauler Group Ventures debía desarrollar un software de asistencia virtual con inteligencia artificial integrado en los canales de comunicación de la entidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos humanos y reforzar la atención al contribuyente.

Tauler Group Ventures fue creada el 26 de marzo de 2025 con un capital social de 3.000 euros. Su objeto social incluye la consultoría tecnológica y estratégica, el desarrollo y explotación de software, la transformación digital, la innovación y el análisis.

Su administrador es Álvaro Toledo Tauler. Desde el 19 de diciembre de 2025, su socio único es Lawrence Holdings Group, sociedad creada ese mismo día y administrada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

Esta última también cuenta con un capital social de 3.000 euros y un objeto social mucho más amplio, que abarca desde actividades de holding e inversión financiera hasta los sectores inmobiliario, turístico y hostelero, además de servicios de consultoría y asesoramiento.

Tauler Group Ventures dice en su página web que construye y opera “compañías AI-first (inteligencia artificial primero), con foco en impacto real en industrial reales”. También señala que se asocia con “firmas Private Equity (de capital privado) para crear valor en sus participadas con inteligencia artificial”.

En poco más de 15 meses desde su creación, ha facturado casi 42.000 a la administración pública en contratos menores (a dedo), según las plataformas Contratación Abierta y Gobierto. Todos fueron firmados en 2025.

“Diagnosticamos dónde está el valor atrapado, ejecutamos las iniciativas que lo liberan, y estructuramos la relación de forma flexible: fee por proyecto, éxito sobre métricas concretas, o carry compartido. Nos alineamos con el retorno del fondo”, explica la compañía en su web.

El padre de Álvaro y Manuel Toledo, César Toledo, es desde el 27 de noviembre administrador general de RTVC. Accedió al cargo a propuesta de Coalición Canaria tras la dimisión de María Méndez, la anterior administradora, con el respaldo del PP, ASG y AHI. Nueva Canarias y el PSOE votaron en contra. Vox se abstuvo.

Toledo es un histórico de los medios de comunicación del Archipiélago. Ha estado vinculado a la radiotelevisión pública desde el principio, pero también a otros medios como Radio Club Tenerife o Diario de Avisos, así como a gabinetes de prensa institucionales, como el del Partido Popular o de Coalición Canaria. En estos momentos cobra 70.000 euros al año. En su declaración de bienes y derechos patrimoniales dice que tiene un patrimonio de 34.000 euros.

La gestión de Toledo al frente del ente público ha estado marcada por la polémica desde el principio. Los trabajadores de RTVC llegaron a registrar un preaviso de huelga el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del Papa, por la falta de interlocución con la dirección, el incumplimiento del convenio y la amenaza que se cierne sobre los informativos por la Ley Audiovisual, actualmente en tramitación.

A ello se suma una sucesión de bajas médicas, excedencias, una jubilación en el departamento de Administración y la dimisión de Paco Luis Quintana como director de Informativos en septiembre de 2025, cuando Toledo aún era director de Medios y Contenidos.

Quintana, que ocupaba el cargo desde julio de 2024, justificó su marcha porque la “nueva estructura y organigrama” de RTVC diluía el área de Informativos. “Pasa a ser un departamento más dentro de un cajón donde caben programas externos, retransmisiones, producciones, magazines o entretenimiento”, afirmó.

En dos respuestas por escrito a preguntas formuladas por la diputada socialista Nayra Alemán, Toledo aseguró que entre julio de 2025 y mayo de este año no se había producido ningún cese en RTVC y que la única dimisión había sido la de la anterior administradora general, María Méndez, el 17 de noviembre del año pasado.

La televisión pública de Canarias ha intentado resarcirse este jueves de la acusación de falta de pluralidad que recibió la semana pasada en directo, durante la emisión del programa de debate político La Retranca, por parte de un senador del PSOE. 

Y lo ha hecho en el mismo programa, que dirige y presenta Mayer Trujillo, acusando al senador en cuestión, Jose Antonio Valbuena, de no haber cumplido con su compromiso con el programa y no haberse presentado en el plató, para lo cual apareció una silla vacía como símbolo de esa informalidad.

Es el mismo programa en el que uno de sus contertulios habituales, Francisco Pomares, insultó a ese mismo senador la semana pasada precisamente por quejarse de su falta de pluralidad. “Usted es un malcriado”, le espetó Pomares en cuanto le dieron la palabra sin que nadie le censurara posteriormente esa actitud.

Pues bien, en el programa de este jueves Mayer Trujillo responsabilizó al senador por Tenerife de incumplir un supuesto compromiso de estar en el programa y pidió a un invitado fijo, Alberto Rodrihuez, líder de Drago Canarias, que fuera él quien defendiera la pluralidad de La Retranca.

La versión que maneja tanto el senador Valbuena como el PSOE es radicalmente opuesta a la lanzada por la cadena XX: el senador declinó la invitación desde el viernes pasado, cuando se la formuló la productora del programa, por tener comprometida la tarde del jueves en el Senado, donde presidió la comisión mixta de insularidad.

Pero la versión del PSOE, que La Retranca ni ha confirmado ni desmentido a preguntas de este periódico, se completa con una escaramuza por parte de la televisión pública: para poder ofrecer el plano de la silla vacía en el plató, el programa modificó la fórmula de intervención de la diputada regional del PSOE Elena Mañez, a la que inicialmente se había convocado para que estuviera presencialmente en la mesa de debate, pero el mismo día de emisión del programa se le envió un equipo a su despacho para entrar en modo dúplex.

La reacción del senador afectado se manifestó este viernes en la red social X, donde denunció una “jugada sucia con una silla vacía que supuestamente era para mi.

¡Que valiente son algunos cuando no tienen a nadie delante para que se defienda!

El viernes de la semana pasada comuniqué que ayer era imposible porque tenía que presidir la comisión mixta de insularidad en el Senado“. El post incluye una reproducción dela convocatoria de esa reunión en el Senado y el anuncio de que acudirá el próximo jueves al plató.

El pleno de la Junta General del Principado de la próxima semana procederá al nombramiento de la periodista gijonesa Azahara Cañedo Ramos como directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), propuesta que cuenta con el apoyo de todos los diputados de la izquierda.

Su nombramiento debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de sus 45 diputados- en una primera votación, aunque en una segunda basta con que cuente con mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 23 diputados, que son los que suman socialistas, IU-CA y Covadonga Tomé, que han mostrado ya su respaldo.

Las votaciones

La primera votación se llevará a cabo el martes, 9 de junio, y de no conseguir la mayoría requerida, se procederá a una nueva votación al día siguiente.

Vox ya ha anunciado que está en contra de su nombramiento, mientras que el Partido Popular no ha adelantado el sentido de su voto, al igual que el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares , aunque éste ha señalado hoy que le gustó lo que oyó a Cañedo cuando planteó su modelo al comparecer la semana pasada en sede parlamentaria.

Los compromisos

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, también ha valorado los compromisos asumidos por Cañedo por lo que ha asegurado que su voto “seguramente sea favorable porque debe haber un cambio” en la RTPA.

Para la portavoz socialista, Dolores Carcedo, esta candidata, presentada por su grupo parlamentario, también cuenta “con el perfil idóneo” para afrontar los retos inmediatos del ente público, que cumple ya 25 años.

Cañedo Ramos (Gijón, 1985) compareció la semana pasada ante la Comisión de Control de la RTPA del parlamento autonómico para exponer el modelo plantea para la televisión pública asturiana, en la que el puesto de director permanece vacante desde principios de año, tras presentar su renuncia Francisco Orejas para acogerse a la jubilación.

Un plan estratégico a tres años

En su intervención, Cañedo apostó por un plan estratégico a tres años que coincida con el futuro contrato programa del ente público y mostró especial preocupación por los problemas laborales de una televisión pública que se creó con un modelo de plantilla que, en su opinión, es “erróneo e inadecuado”.

AsÍ, considera preciso abordar la recategorización de los actuales empleados de plantilla y reducir la interinidad de los que actualmente trabajan para subcontratas en las corresponsalías de los servicios informativos, que son cerca de un centenar.

La estrategia lingüística

Cañedo se mostró también partidaria de normalizar la presencia de las lenguas propias en la programación del ente público y, con ese fin, ha planteado crear en el equipo directivo una figura con competencias para impulsar la estrategia lingüistica de manera transversal.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III y doctora en Investigación en Medios de Comunicación, es profesora titular de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha donde ocupa el cargo de responsable de Comunicación Institucional. 

La tensió creix als serveis informatius d’IB3. El comitè d’empresa de la televisió pública balear ha expressat en un comunicat la seva “preocupació” per diverses decisions adoptades recentment per la Direcció d’informatius que, segons consideren, afecten “directament la qualitat, el rigor i la credibilitat de l’ens públic”. La plantilla denuncia, entre altres qüestions, pressions per no cobrir aquest cap de setmana una manifestació antifeixista celebrada a Palma i a la qual van assistir 200 manifestants, així com una àmplia cobertura informativa de les corregudes de toros per decisió editorial.

Els treballadors reclamen la creació d’un Consell d’Informatius independent que garanteixi el respecte al codi deontològic professional i un bon funcionament del servei públic. Ho han fet a través d’una carta que el comitè ha fet pública a les xarxes socials i després de crear una Comissió d’informatius per dialogar amb l’empresa, de la qual “no ha volgut formar part”, assegura Mercè Valero, vicepresidenta del comitè. elDiario.es encara no ha rebut resposta per part d’IB3.

En el document, la plantilla denuncia l’“estocada” que estan patint els criteris periodístics sota l’actual direcció, exercida des del febrer de 2025 per Josep Codony. “Ens pregunten —des de la direcció de televisió, el màxim càrrec de la qual ocupa Juan Mestre— per què reclamem ara i no en els 21 anys que fa que funciona IB3, un Consell d’Informatius. La resposta és que era, fins ara, pràcticament un suïcidi professional: estàvem subcontractats i ens jugàvem el lloc de feina”, explica Valero.

Codony, que no és periodista però sí exafiliat del Partit Popular (PP), va ser nomenat director general d’IB3 després de la dimissió de l’independent Albert Salas i gràcies a un acord entre PP i Vox al Parlament. No era la primera vegada que dirigia la radiotelevisió pública balear, sinó que ja havia ocupat el càrrec durant el Govern de José Ramón Bauzá (2011-2015), abans de ser substituït per Andreu Manresa. La Direcció d’Informatius, per la seva banda, recau des del maig de 2024 en Silvia Pol, designada per Salas.

Va ser durant l’etapa de Salas quan es va tancar un acord el desembre de 2024 amb el comitè d’empresa per integrar més de 300 treballadors, que després no van acceptar ni Pressupostos ni Funció Pública. Els treballadors van quedar —amb el canvi de direcció— sense la regularització necessària perquè les seves condicions s’equiparin a la resta d’empreses del sector públic instrumental, detalla per la seva banda la directora del comitè, Laura Fernández. “Hem hagut de reprendre les negociacions com si no haguéssim aconseguit res en aquests últims tres anys”, lamenta.

El retorn de les cròniques taurines

Una de les preocupacions que el comitè ha manifestat en el comunicat públic és el rumb que ha pres l’ens públic pel que fa als continguts. Lamenta, en aquest sentit, que a les emissions s’hagi tornat a donar cabuda a les cròniques taurines. La cobertura s’ha reprès després que la primavera passada la tauromàquia ressuscités a Balears.

El primer Govern Armengol (PSIB, Més per Mallorca, Podem), el juliol de 2017, va aprovar la ‘Llei de toros a la balear’: sense rejons, banderilles ni estocada final, però el Govern de Mariano Rajoy va portar l’assumpte al Constitucional i, més tard, PP i Vox van acabar de tombar els canvis progressistes que havia fet Armengol. Ho van fer permetent que els menors (acompanyats d’un tutor legal) poguessin tornar a entrar a les places.

Es va tractar d’una de les múltiples mesures que l’extrema dreta va aconseguir incloure en l’acord de govern assolit amb el PP a principi de legislatura com a moneda de canvi perquè els populars poguessin governar les illes en solitari. “Creiem que hi ha molts arguments per plantejar-se seriosament si és necessari oferir aquest tipus d’informació que, a més, genera un gran rebuig i controvèrsia social”, sostenen des del comitè.

La plantilla d’IB3 ha considerat, a més, “desafortunada” la decisió de reduir a la “mínima expressió” les protestes i mobilitzacions davant les places per part d’entitats antitaurines. La darrera, fa tot just una setmana davant la plaça de toros d’Inca, el primer municipi on fa un any es va tornar a celebrar la primera correguda de toros ‘a l’antiga’ després dels canvis realitzats per PP i Vox.

D’altra banda, el comitè ha denunciat pressions, el passat 24 de maig, perquè els serveis d’informatius del cap de setmana no donassin cobertura a una manifestació antifeixista a Palma en què van participar 200 persones i que finalment sí que es va emetre perquè el redactor que se’n va fer càrrec va insistir a cobrir-la. Sí que es va donar cobertura, en canvi, a un acte organitzat pel grup ultradretà Núcleo Nacional al qual van assistir tot just 20 persones.

La reivindicació d’un Consell d’Informatius

“Els treballadors d’informatius fa temps que reclamam la creació d’un Consell per poder aportar el nostre criteri professional i fer-nos sentir”, recorden els informadors en el comunicat publicat a X. Representants del comitè han explicat a elDiario.es que, mentre al Parlament no s’acordi la modificació de la Llei d’IB3 per crear aquest òrgan, han proposat crear una comissió paritària entre el comitè d’Empresa —ara mateix, l’únic òrgan representatiu dels empleats de la radiotelevisió pública— i la Directiva d’IB3. “Però, una vegada i una altra, ens hem trobat amb negatives”, lamenten.

Els sindicalistes han recordat les dues dècades d’experiència que tenen la majoria d’informadors de l’ens a l’esquena i han lamentat que no puguin, ni tan sols, disposar d’un espai de diàleg per abordar qüestions que els “preocupen” des de la seva “opinió, criteri, experiència i coneixement”.

D’altra banda, els treballadors han valorat negativament la creació d’un nou càrrec de subdirector d’informatius, per al qual no es requereix ni titulació periodística ni coneixements de català (llengua en què es produeixen els continguts de la cadena), i que ha suposat la desaparició d’una plaça de personal laboral. “Consideram que hi ha molts departaments amb mancances importants per als quals no hi ha tanta pressa per posar-hi solució”, afegeixen des de la plantilla.

Mentre aquests canvis es produeixen, els empleats continuen a l’espera que arranqui la nova negociació del conveni i de la Relació de Llocs de Treball (RLT), on es fixen les places de feina existents i les retribucions corresponents. De moment, només existeix RLT dels periodistes que són a IB3 des de 2005 —quan va començar a funcionar l’ens públic— i queda per incorporar-hi tots aquells internalitzats fa tres anys.

El polèmic nomenament de Codony

El nomenament de Codony, que es va considerar una decisió “amb tints ideològics” en un moment polític clau, va desencadenar diverses dimissions a IB3: la de la directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Mitjans Digitals, Marisa Candia; la de la directora de l’àrea de Televisió, Mar Comín, i, finalment, la de la gerent, Vanessa Cursach.

La designació també va provocar que la temporada passada la cadena pública es convertís en un camp de batalla per al PP pels endarreriments en millores laborals després de més de vint anys de protestes. El comitè d’empresa ja es va plantar el maig de l’any passat per reclamar igualtat de condicions —salarials i horàries— per als 320 dels 430 professionals que treien en aquell moment endavant el contingut produït per la radiotelevisió directament (sense contractar productores externes). Ara mateix, la plantilla compta amb cinc empreses per alimentar la graella, quatre de les quals subcontractades i la cinquena és la pròpia IB3. Entre les accions per fer pressió a l’executiu autonòmic es va convocar una vaga i diverses concentracions davant la seu del Govern, al Consolat del Mar.

El juny, un mes després, les converses entre els treballadors i el Govern s’havien trencat i continuava sense haver-hi un full de ruta clar perquè la plantilla de la radiotelevisió pública balear avancés cap a les garanties que exigeix per continuar treballant. Entre els cinc punts que reclamaven en la negociació hi havia —i continuen havent-hi— la integració en una sola plantilla i millores laborals com l’harmonització dels horaris i la retroactivitat salarial.

Ara s’ha tornat a obrir la Mesa per tornar a dialogar sobre aquests punts, tot i que la direcció general, segons valoren des del comitè, no “hi està per la labor”. “Tot i així, lluitarem i treballarem perquè els informatius de l’ens públic i la raó de ser de la nostra radiotelevisió pública no perdin el rigor i el prestigi que es mereix la ciutadania”, han proclamat.

La tensión crece en los servicios informativos de IB3. El comité de empresa de la televisión pública balear ha expresado en un comunicado su “preocupación” por varias decisiones adoptadas recientemente por la Dirección de informativos que, según consideran, afectan “directamente a la calidad, el rigor y la credibilidad del ente público”. La plantilla denuncia, entre otras cuestiones, presiones para no cubrir este fin de semana una manifestación antifascista celebrada en Palma y a la que asistieron 200 manifestantes y una amplia cobertura informativa de las corridas de toros por decisión editorial. 

Los trabajadores reclaman la creación de un Consell de Informatius independiente que garantice el respeto al código deontológico profesional y un buen funcionamiento del servicio público. Lo han hecho a través de una carta que el comité ha hecho pública en redes sociales y después de crear una Comisión de informativos para dialogar con la empresa, que “no ha querido formar parte” de la comisión, asegura Mercè Valero, vicepresidenta del comité. elDiario.es todavía no ha recibido respuesta por parte de IB3.

En el documento, la plantilla denuncia la “estocada” que están sufriendo los criterios periodísticos bajo la actual dirección, que ejerce desde febrero de 2025 Josep Codony. “Nos preguntan -desde la dirección de televisión, cuyo máximo cargo ocupa Juan Mestre- por qué reclamamos ahora y no en los 21 años que lleva funcionando IB3 un Consell de Informatius. La respuesta es que era, hasta ahora, prácticamente un suicidio profesional: estábamos subcontratados y nos jugábamos el puesto”, explica Valero.

Codony, que no es periodista pero sí exafiliado del Partido Popular (PP), fue nombrado director general de IB3 tras la dimisión del independiente Albert Salas y gracias a un acuerdo entre PP y Vox en el Parlament. No era la primera vez que dirigía la radiotelevisión pública balear, sino que ya ocupó el cargo durante el Govern de José Ramón Bauzà (2011-2015), antes de ser sustituido por Andreu Manresa. La Dirección de Informativos, por su parte, recae desde mayo de 2024 en Silvia Pol, designada por Salas.

Fue durante la etapa de Salas cuando se cerró un acuerdo en diciembre de 2024 con el comité de empresa para integrar a más de 300 trabajadores, que no aceptaron luego ni Presupuestos ni Función Pública. Los trabajadores se quedaron así -con el cambio de dirección- sin la regularización necesaria para que sus condiciones se equiparen al resto de empresas del sector público instrumental, detalla por su parte la directora del comité, Laura Fernández. “Hemos tenido que reanudar las negociaciones como si no hubiéramos conseguido nada en estos últimos tres años”, lamenta.

El retorno de las crónicas taurinas

Una de las preocupaciones que el comité ha manifestado en el comunicado público es el rumbo que ha tomado el ente público en cuestión de contenidos. Lamenta, en ese sentido, que en las emisiones se haya vuelto a dar cabida a las crónicas taurinas. La cobertura se ha retomado después de que la primavera pasada, la tauromaquia resucitara en Balears. 

El primer Govern Armengol (PSIB, Més per Mallorca, Podem), en julio de 2017, aprobó la 'Ley de Toros a la balear': sin rejones, banderillas ni estocada final, pero el Gobierno de Mariano Rajoy llevó el asunto al Constitucional y, más tarde, PP y Vox terminaron de tumbar los cambios progresistas que había hecho Armengol. Lo hicieron permitiendo que los menores (acompañados de un tutor legal) pudieran entrar de nuevo a las plazas. 

Se trató de una de las múltiples medidas que la extrema derecha logró incluir en el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP a principios de legislatura como canje para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. “Creemos que hay muchos argumentos para plantearse seriamente si es necesario ofrecer este tipo de información que, además, crea gran rechazo y controversia social”, sostienen desde el comité. 

La plantilla de IB3 ha considerado, además, “desafortunada” la decisión de reducir a la “mínima expresión” las protestas y movilizaciones frente a las plazas por parte de entidades antitaurinas. La última, hace apenas una semana frente a la plaza de toros de Inca, el primer municipio donde hace un año se volvió a celebrar la primera corrida de toros ‘a la antigua’ tras los cambios realizados por PP y Vox.

Por otro lado, el comité ha denunciado presiones, el pasado 24 de mayo, para que los servicios de informativos del fin de semana no diesen cobertura a una manifestación antifascista en Palma en la que participaron 200 personas y que finalmente sí se emitió porque el redactor que hizo cargo insistió en hacerse cargo. Sí se dio cobertura, por el contrario, a un acto organizado por el grupo ultraderechista Núcleo Nacional al que asistieron apenas 20 personas. 

La reivindicación de un Consell de Informatius

“Los trabajadores de informativos hace tiempo que reclamamos la creación de un Consell para poder aportar nuestro criterio profesional y hacernos oír”, recuerdan los informadores en el comunicado publicado en X. Representantes del comité han explicado a elDiario.es que, mientras en el Parlament no se acuerde la modificación de la Ley de IB3 para crear este órgano, han propuesto crear una comisión paritaria entre el comité de Empresa -ahora mismo, el único órgano representativo de los empleados de la radiotelevisión pública- y la Directiva de IB3. “Pero, una vez y otra, nos hemos encontrado con negativas”, lamentan. 

Los sindicalistas han recordado las dos décadas de experiencia que tienen la mayoría de informadores del ente a sus espaldas y han lamentado que no puedan, siquiera, disponer de un espacio de diálogo para abordar cuestiones que les “preocupan” desde su “opinión, criterio, experiencia y conocimiento”. 

Por otra parte, los trabajadores han valorado negativamente la creación de un nuevo cargo de subdirector de informativos, para el que no se requiere ni titulación periodística ni conocimientos de catalán (lengua en que se producen los contenidos de la cadena), y que ha supuesto la desaparición de una plaza de personal laboral. “Consideramos que hay muchos departamentos con carencias importantes para los que no hay tanta prisa por poner solución”, añaden desde la plantilla.

Mientras estos cambios se producen, los empleados continúan a la espera de que arranque la nueva negociación del convenio y de la Relación de Puestos Laborales (RTL, por sus siglas en catalán), donde se fijan las plazas de trabajo existentes y las retribuciones correspondientes. De momento, solo existe RTL de los periodistas que llevan en IB3 desde 2005 -cuando empezó a funcionar el ente público- y quedan por incorporar todos aquellos internalizados hace tres años.

El polémico nombramiento de Codony

El nombramiento de Codony, que se consideró una decisión “con tintes ideológicos” en un momento político clave, desencadenó varias dimisiones en IB3: la de la directora de Comunicación Corporativa, Marketing y Medios Digitales, Marisa Candia; la de la directora del área de Televisión, Mar Comín, y, por último, la de la gerente, Vanessa Cursach. 

La designación también provocó que la temporada pasada la cadena pública se convirtiera en un campo de batalla para el PP por los atrasos en mejoras laborales tras más de veinte años de protestas. El comité de empresa ya se plantó en mayo del año pasado para reclamar igualdad de condiciones -salariales y horarias- para los 320 de los 430 profesionales que sacaban en ese momento adelante el contenido producido por la radiotelevisión directamente (sin contratar a productoras externas). Ahora mismo, la plantilla cuenta con cinco empresas para alimentar la parrilla, cuatro de ellas subcontratadas y la quinta es la propia IB3. Entre las acciones para hacer presión al Ejecutivo autonómico se convocó una huelga y varias concentraciones frente a la sede del Govern, en el Consolat del Mar.

En junio, un mes después, las conversaciones entre los trabajadores y el Govern habían caído en saco roto y seguía sin haber una hoja de ruta clara para que la plantilla de la radiotelevisión pública balear avanzara hacia las garantías que exige para seguir trabajando. Entre los cinco puntos que exigían en la negociación estaban -y siguen estando- la integración en una sola plantilla y mejoras laborales como la armonización de los horarios y la retroactividad salarial. 

Ahora se ha vuelto a abrir la Mesa para dialogar de nuevo sobre estos puntos, aunque la dirección general, valoran desde el comité, no “está por la labor”. “Aún así, lucharemos y trabajaremos para que los informativos del ente público y la razón de ser de nuestra radiotelevisión pública no pierda el rigor y el prestigio que se merece la ciudadanía”, han aclamado.

Los trabajadores de la UTE Inevent Telson van a la huelga la semana que viene –por cuarta vez desde el pasado mes de octubre– y lo hacen con los paros más intensos de los convocados en los últimos meses. De hecho, se prolongarán de lunes a domingo de la semana que viene y, tal y como han determinado los servicios mínimos hechos públicos por el Gobierno de Aragón este viernes, obligarán por primera vez a recortar de forma sensible los informativos de Aragón TV.

La UTE Inevent Telson es la empresa que presta el servicio de explotación técnica para Aragón Televisión y Aragón Radio, dentro de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). El comité de empresa, que convoca la huelga junto a CCOO, OSTA, UGT y CGT, denuncia que la empresa los ha abocado “de nuevo a la ruptura” en la negociación del convenio colectivo, en lo que considera “un talante poco negociador y una propuesta inaceptable punto por punto”. La reivindicación central es la de “un convenio y un salario dignos”, sintetizada en el lema #TrabajandoEnPrecario con el que los trabajadores se han movilizado en los últimos meses.

Por su parte, fuentes de la empresa mantienen su “disposición a negociar” y se muestran dispuestos a “llegar a un acuerdo”. La UTE hizo llegar días atrás a los trabajadores una nueva propuesta que incluye, entre otras mejoras, una actualización salarial de hasta el 2% para este año, un 4,5% para 2027 y un 2% en 2028, y también un abono extraordinario por la firma del convenio del 3,5%, consolidable y con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026.

La orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) establece que el telediario del mediodía, el AN1, pasará de su duración habitual a 50 minutos –una reducción del 33%– y que el informativo de la noche, el AN2, se recortará de 80 a 50 minutos, lo que supone una merma del 37,5%. El propio Gobierno justifica esta limitación por la coincidencia entre los horarios de los paros convocados y las franjas en que Aragón TV emite habitualmente sus espacios informativos.

Los paros afectarán a los días 25, 26, 27 y 28 de mayo en dos franjas diarias –de 14:00 a 15:15 y de 20:30 a 21:45 horas–, mientras que el jueves 29 el paro será de 24 horas completas. Los días 30 y 31 de mayo, sábado y domingo, habrá una sola franja de paro, de 14:00 a 15:15 horas.

Para garantizar la emisión durante esos períodos, la orden fija un mínimo de nueve personas de la UTE por franja en los días de paro parcial: un técnico de sonido para radio, otro para televisión, un operador de continuidad, dos personas en Control Central, un técnico de mantenimiento de infraestructuras y tres profesionales vinculados a la grabación del informativo –infraestructuras de producción, programa e imagen–, estos últimos activados únicamente durante los 50 minutos de duración del espacio. Para el paro de 24 horas del día 29, los servicios mínimos se escalonan por horarios y añaden además los subservicios de sistemas TIC y gestión de contenidos, ausentes en las franjas ordinarias.

En las huelgas anteriores, la Administración aragonesa no llegó a imponer ninguna restricción sobre los propios programas. Las órdenes de servicios mínimos de octubre de 2025, noviembre de 2025 y Semana Santa de 2026 se limitaron a fijar el personal técnico necesario para mantener la señal y, en su caso, preparar los informativos, pero sin tocar su duración. La reducción de los programas es, por tanto, una novedad que convierte esta convocatoria en cualitativamente distinta a todas las anteriores.

La jornada más reivindicativa será el viernes 29 de mayo, día en que el paro se prolongará durante las 24 horas y los sindicatos convocantes –CCOO, OSTA, UGT y CGT– han organizado una manifestación bajo el lema #TrabajandoEnPrecario. La marcha partirá a las 17:30 horas desde la avenida de Conde Aranda 1, pasará por el Coso y la plaza de España y terminará en la puerta de 'Heraldo de Aragón', en el Paseo Independencia 29. Inevent, una de las dos empresas que integran la UTE, es filial del grupo Henneo. La otra pertenece a Mediapro.

Los toros de la feria madrileña de San Isidro vuelven a saturar la parrilla de Aragón TV durante los fines de semana de mayo y parte de junio a costa de los espacios informativos. La cadena autonómica emitirá desde el pasado sábado y durante seis fines de semana hasta once festejos taurinos, lo que ha generado críticas que Chunta Aragonesista, que considera “inaceptable” el recorte.

En concreto, la cadena traerá a las pantallas aragonesas desde el coso madrileño nueve corridas de toros y dos corridas de rejones. Aún no ha trascendido el coste de esta programación, que el año pasado ascendió a 200.000 euros. Entonces fueron once novilladas y dos corridas de toros.

Esta reducción del tiempo de los servicios informativos para emitir contenidos ajenos a la realidad de Aragón, como la Feria de San Isidro ha recibido duras críticas de Chunta, que considera “inaceptable” que se recorte un servicio esencial de la televisión pública.

La secretaria general de la formación aragonesista, Verónica Villagrasa, ha señalado que “los servicios informativos son una pieza fundamental de la función pública que debe cumplir Aragón TV y no pueden verse reducidos para priorizar emisiones ajenas a Aragón”. Aunque entienden que, “de manera excepcional”, puedan producirse modificaciones en la programación o en la duración de los informativos cuando se retransmiten acontecimientos deportivos, culturales o sociales de especial relevancia para Aragón, no comparten que sean para emitir contenidos desde Madrid “que nada tienen que ver con nuestra realidad”.

CHA recuerda que este pasado domingo el informativo Aragón Noticias 2 redujo notablemente su duración debido a la retransmisión taurina, una situación similar a la ocurrida recientemente en la televisión pública valenciana, donde también se produjeron críticas por el recorte de los informativos para emitir toros desde Madrid.

La formación política reclama a la dirección de Aragón Televisión y de la Corporación de radiotelevisión aragonesa (CARTV) que prioricen la información de proximidad y el servicio público, garantizando unos informativos completos y centrados en la actualidad aragonesa.

Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y en abril aún más bajo, el 7,4%. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Revuelta y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

Tras las críticas desde que el pasado 18 de marzo la televisión pública vasca apagara sus canales ETB3 (íntegramente en euskera y lanzado en 2008 muy enfocado a la programación infantil y juvenil) y ETB4 (bilingüe y surgido en 2014 como un contenedor de reposiciones) y los sustituyera por sus digitales ETB1 ON y ETB2 ON, EITB ha anunciado que ofrecerá a partir de la semana del 13 de abril entre las 07:00 y las 19:00 horas contenido infantil en euskera de forma ininterrumpida en su emisión en TDT o televisión convencional en ETB1 ON. “EITB se ha reunido recientemente con distintos agentes y entidades que han mostrado su disconformidad con el final de las emisiones de ETB3, y les ha transmitido la posibilidad de aumentar la oferta de contenidos de Makusi en la televisión en abierto, a través de ETB1 ON. Para eso, ETB1 ON doblará su emisión: una por TDT o televisión convencional, con 12 horas de programación infantil en euskera; y otra por YouTube, plataformas y proveedores se servicios de televisión, con una programación libre de derechos a nivel internacional”, informan desde la televisión pública vasca.

“Así, ETB1 ON en TDT ofrecerá contenidos infantiles de Makusi entre las 07:00 horas y las 19:00 horas, y unificará la señal a internacional e internet entre las 19:00 horas y las 07:00 horas. A través de esta fórmula, EITB emitirá en televisión en abierto ETB1, ETB2, ETB2 ON y ETB1 ON con contenidos infantiles; y a través de plataformas e internet ETB2 ON y ETB1 ON totalmente libre de derechos, con los mejores contenidos de ETB1 y ETB2. Además, hasta la semana del 13 de abril, EITB fortalecerá los contenidos infantiles en euskera en ETB1”, defienden desde EITB.

La televisión pública vasca ha tomado esta decisión después de que se recogieran cerca de 30.000 firmas para evitar el cierre de ETB3. “La desaparición del único canal de televisión en euskera para niños causará un daño irreversible a la normalización del idioma euskera. De hecho, aunque Makusi, una plataforma gratuita en euskera para niños, está disponible en móviles, tabletas y Smart TV, casi el 40% de los hogares en la comunidad autónoma vasca, según datos de Eustat para 2025, no tienen Smart TV, y podemos suponer que la cifra es similar en Navarra y Iparralde. Por lo tanto, con la desaparición de ETB3, la mitad de las familias del País Vasco se quedarán sin un canal en euskera para niños”, lamentaban desde Pantailak Euskaraz, asociación que impusora de esta iniciativa.

Además, como muestra de protesta, el pasado lunes agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera, junto con representantes de los sindicatos vascos, realizaron una rueda de prensa en Donostia para exigir a la dirección de EITB que dé marcha atrás y rectifique su decisión de cerrar ETB3, el único canal infantil íntegramente en euskera de la radiotelevisión pública vasca. Según reconocieron, el éxito de la recogida de firmas “demuestra no solo que la sociedad no ha entendido la medida, sino también que ha generado una profunda preocupación y malestar en la sociedad vasca”. “El cierre de ETB3 afecta directamente a los derechos lingüísticos de la población infantil y ralentiza el proceso de normalización del euskera de los últimos años”, criticaron en una protesta conjunta de Euskalgintzaren Kontseilua, Pantailak Euskaraz, Aldatu Gidoia, Euskal Herriko Ikastolak, Sortzen Elkartea, Taupa mugimendua, Hezten, Gazte Euskaltzaleen Sarea y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, quienes denunciaron que la dirección de EITB haya tomado la decisión “sin compartirla ni contrastarla” con expertos y expertas en la materia.

Desde EITB, tras esa protesta aseguraron que son “conscientes del debate” que ha generado en la sociedad vasca el cierre de ETB3, y anunciaron que la dirección de la cadena vasca se reuniría “próximamente” con los agentes que han mostrado su rechazo a esta medida para “explicar su estrategia de servicio público” y “con un espíritu abierto para buscar mejoras que puedan reforzar el servicio infantil a través de la televisión abierta en TDT”. “EITB tiene como prioridad el consumo de contenidos en euskera, y en esa línea va su estrategia de digitalización”, defendieron.

En el marco de esa reunión con distintos agentes, EITB sostiene que “se ha comprometido a crear un foro de contraste e intercambio, donde periódicamente se compartan las estrategias con distintos agentes vinculados al euskera, especialmente con los involucrados en el impulso de los contenidos audiovisuales en euskera”. “En ese encuentro se ha compartido la necesidad de seguir adelante con el proceso de digitalización de EITB, la centralidad de los contenidos de cara a que haya consumo, y de que el euskera es uno de los elementos centrales de la labor pública de EITB”, concluyen desde la telelvisión pública vasca.

Desde que el pasado 18 de marzo la televisión pública vasca apagara sus canales ETB3 (íntegramente en euskera y lanzado en 2008 muy enfocado a la programación infantil y juvenil) y ETB4 (bilingüe y surgido en 2014 como un contenedor de reposiciones), se han recogido cerca de 30.000 firmas contrarias al cierre. A mediodía de este sábado, la iniciativa impulsada por Pantailak Euskaraz contaba ya con 29.400 firmas. “La desaparición del único canal de televisión en euskera para niños causará un daño irreversible a la normalización del idioma euskera. De hecho, aunque Makusi, una plataforma gratuita en euskera para niños, está disponible en móviles, tabletas y Smart TV, casi el 40% de los hogares en la comunidad autónoma vasca, según datos de Eustat para 2025, no tienen Smart TV, y podemos suponer que la cifra es similar en Navarra y Iparralde. Por lo tanto, con la desaparición de ETB3, la mitad de las familias del País Vasco se quedarán sin un canal en euskera para niños”, lamentan desde la asociación a favor de las pantallas en euskera.

“Los dibujos animados en euskera de las décadas de 1980 y 1990, que ETB1 emitía durante largas horas en aquellos años, fueron fundamentales para euskaldunizar a toda una generación. [...] En miles de casas Boing [Mediaset], Clan [TVE] y otras cadenas serán la alternativa”, agregan.

Este periódico ha tenido acceso a los datos de audiencia de EITB del pasado domingo, 29 de marzo, en los que tanto los canales ETB1 como ETB2 y sus digitales ETB1 ON y ETB2 ON, que sustituyen a ETB3 y ETB4, han mejorado significativamente sus cifras. Aunque es cierto que el pasado domingo tuvo lugar el final de la Korrika en Bilbao, que contó con una programación especial por la mañana y, a la tarde, la final del campeonato de parejas de pelota a mano.

En concreto, el total de audiencias de EITB el domingo 29 tuvo un 18% de cuota, a lo largo del mes de marzo un 13,2%, en lo que va de año una media de 13,1%, mientras que los datos del mismo periodo del año anterior arrojan un 11% de cuota. El caso más significativo es el de ETB1 ON (antigua ETB3) cuya media de cuota de audiencia del año pasado no subió del 0,2%, algo que se ha mantenido también en lo que va de año y, en el mes de marzo ha subido un 0,4%, pero el pasado domingo 29 de marzo se disparó hasta el 1,9%. Si bien es cierto que el dato puede tener que ver con el hecho de que muchas personas consultaron el canal digital a través de sus teléfonos para comprobar por dónde se encontraba la Korrika y saber cuándo llegaría al Ayuntamiento de Bilbao para su final.

Según EITB, que ha designado recientemente a Isabel Octavio como directora de Televisión, con este cambio la autonómica “entra de lleno” en la “era digital”. Es una “adaptación” a las nuevas formas de “consumo”, que mezclan la televisión lineal con las fórmulas a la carta y en 'streaming', explican. Se promociona como un “refuerzo” del euskera en los soportes digitales. Asimismo, EiTB insiste en que ETB1 ON no será igual que ETB1. Y que lo mismo pasará con ETB2 ON. Habrá programación compartida, pero también otros productos. Una muestra, como guiño al euskera, fue la retransmisión en directo de la Korrika en ETB1 ON.

Como muestra de protesta, el pasado lunes agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera, junto con representantes de los sindicatos vascos, realizaron una rueda de prensa en Donostia para exigir a la dirección de EITB que dé marcha atrás y rectifique su decisión de cerrar ETB3, el único canal infantil íntegramente en euskera de la radiotelevisión pública vasca. Según reconocieron, el éxito de la recogida de firmas “demuestra no solo que la sociedad no ha entendido la medida, sino también que ha generado una profunda preocupación y malestar en la sociedad vasca”. “El cierre de ETB3 afecta directamente a los derechos lingüísticos de la población infantil y ralentiza el proceso de normalización del euskera de los últimos años”, criticaron en una protesta conjunta de Euskalgintzaren Kontseilua, Pantailak Euskaraz, Aldatu Gidoia, Euskal Herriko Ikastolak, Sortzen Elkartea, Taupa mugimendua, Hezten, Gazte Euskaltzaleen Sarea y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, quienes denunciaron que la dirección de EITB haya tomado la decisión “sin compartirla ni contrastarla” con expertos y expertas en la materia.

Desde EITB reconocen que son “conscientes del debate” que ha generado en la sociedad vasca el cierre de ETB3, y anuncian que la dirección de la cadena vasca “se reunirá próximamente” con agentes que han mostrado su rechazo a esta medida para “explicar su estrategia de servicio público” y “con un espíritu abierto para buscar mejoras que puedan reforzar el servicio infantil a través de la televisión abierta en TDT”. “EITB tiene como prioridad el consumo de contenidos en euskera, y en esa línea va su estrategia de digitalización”, concluyen.