El juez que se encarga del caso contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo, declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección, según ha informado laSexta.

David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, y solamente un día después de que la agente de Policía denunciara a González por varios delitos –entre ellos, agresión sexual con penetración–, Maman Benchimol cargaba contra las mujeres que denuncian este tipo de delitos: “Muchas de ellas (las denunciantes) es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”.

El juez, según informa laSexta, subrayaba que esto le “enfada”: “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?”.

El mismo medio explica que en la charla, que abordaba los “Criterios de competencia en materia penal y civil” y se celebró el pasado 18 de febrero de este año, David Maman Benchimol también abordó el tema del divorcio y la custodia de los hijos: “Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

Maman Benchimol siguió haciendo referencia a la custodia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y calificó a la mujer como “enemiga acérrima de la custodia compartida”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable”. Según laSexta, el magistrado insistió en que “la casa y el factor económico” influyen, porque “ya no le va a pagar la pensión” (el hombre, en caso de tener custodia compartida). “Solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre”, declaraba el juez, porque, según él, las mujeres piensan: “Sí a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”. “Ella tiene esa idea en la cabeza y no se fía de él”, afirma Maman Benchimol.

El juez añade que las mujeres deberían valorar más la custodia compartida por la “libertad” que les da “no tener al niño toda la semana con ella”.

El magistrado también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”. Maman Benchimol aseguraba que en un futuro llegarán casos de “violencia de mujer a mujer” porque “la ley no dice que el autor tenga que ser hombre”, y rechaza que los magistrados deban recibir este tipo de casos.

El juez encargado del caso del exDAO cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, y en 2011 se especializó en violencia contra la mujer. Fue tres años después cuando consiguió su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. David Maman Benchimol no ha querido dar explicaciones sobre estas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. Sin embargo, agrupaciones feministas sí han criticado las palabras del magistrado. A través de un comunicado, Madres Protectoras de Madrid denuncian la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales, y que las sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

El caso que instruye el juez parte de una denuncia presentada por una inspectora de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto, en la que relata que el anterior responsable de la Policía le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjunta audios dentro del domicilio donde se cometió la agresión y de las presiones posteriores.

La defensa de la denunciante ha calificado de “desafortunadas” las declaraciones y ha explicado que, si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta “arbitraria” por “sesgo machista”, solicitarán la recusación.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Las coartadas con que los mandos policiales de la época del Partido Popular pretenden hacer pasar la operación Kitchen por una actuación legal comenzaron a aflorar en la sesión del juicio de este martes, tras más de siete horas de declaraciones. Uno de los testigos, el inspector jefe jubilado Juan Vicente Galán, ha asegurado que uno de los acusados, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas le dio la orden de vigilar a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, cuando éste entró en la cárcel. Y añadió que no se trataba de espiarla sino de protegerla “sin ser detectados”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dedicada a perseguir delitos cometidos por otros agentes, reconvertida a labores de protección de la mujer de Bárcenas es tan increíble como la imagen que pretendió ofrecer este martes Galán. De 68 años, el policía estuvo imputado en el caso Kitchen, aunque luego decayeron las acusaciones contra él. Ante el tribunal ha intentado aparecer como un simple subordinado de Martín Blas, si bien su perfil es muy distinto: Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

La Audiencia Nacional juzga el dispositivo parapolicial con objeto de encontrar y sacar de la circulación el material de la caja B del PP que pudiera guardar Luis Bárcenas o su familia después de que el tesorero entrara en prisión. El Ministerio del Interior hizo de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del PP un grupo operativo sobre el terreno en la Operación Cataluña. Y según aparece en el sumario de Kitchen repitió la operación para espiar a la familia del tesorero.

“Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, ha afirmado esta tarde ante el tribunal Jesús Vicente Galán. Se da la circunstancia de que Iglesias, Bárcenas y el hijo del matrimonio, Guillermo, ejercen la acusación particular porque creen que el único peligro que soportaron fue el que representaban policías como Martín Blas o el propio testigo.

Galán ha dicho que trasladó a sus subordinados la instrucción de Martín Blas y que ellos reaccionaron como lo había hecho él a recibirla, “con extrañeza”, la de unos policías que tienen que proteger a alguien sin que ese alguien se entere.

Comienzan las delaciones

Con la declaración del inspector jefe jubilado llegaron los 'cuchillos voladores' al juicio. En la sesión de este martes y en la de ayer, la defensa de Martín Blas se había afanado en restar importancia a los indicios de la participación de Asuntos Internos en el operativo Kitchen. Apenas unos coches y unos agentes que podían haber pasado casualmente cerca de los escenarios del espionaje. Todo eso se derrumbó con el testimonio de Jesús Vicente Galán quien, por otra parte, negó enemistad alguna con Martín Blas. Aunque parece que no es recíproco.

El abogado de Martín Blas ha preguntado a Galán por la denuncia que el comisario de Asuntos Internos de la época puso contra él en 2016, relacionada con un conflicto con los agentes que investigaban el caso del Pequeño Nicolás. Galán dijo que desconocía que su ex jefe le hubiera denunciado. “Siempre hemos tenido un trato correcto. De inferior a subordinado. Y le estoy agradecido por haberme llevado a la unidad, donde yo había estado hacía años”, ha declarado. Mientras, Martín Blas, sentado al lado de su abogado, se afanaba en pasarle papeles y señalarle párrafos.

Para terminar de romper el falso aroma de cordialidad, el abogado de Martín Blas ha recordado a Galán sus declaraciones en fase de instrucción. En las tres aseguró que “jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar a Rosalía Iglesias”, según el letrado. Justo lo contrario de lo que acababa de declarar.

Jesús Vicente Galán ha asegurado que decidió retirar las vigilancias, que se prolongaron durante una o dos semanas, cuando detectó a otros policías haciendo lo mismo. Está acreditado que hasta 70 agentes del Área Especial de Seguimientos de la estructura antiterrorista de la Policía se repartieron las vigilancias de la familia Bárcenas durante meses 24 horas al día.

Tres años después del inicio de la operación Kitchen, el 18 de abril de 2016, Jesús Vicente Galán y otros de los acusados por el espionaje a Bárcenas, Bonifacio Díez Sevillano, se reunieron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad” y así lo dejaron por escrito. Se trata del venezolano que fabricó el bulo de la cuenta falsa de Pablo Iglesias en el Caribe a cambio de un permiso de residencia en España. Así consta en la investigación que se sigue en el juzgado de Santiago Pedraz.

Ese mismo año, Jesús Vicente Galán fue recompensado con el puesto de agregado de Interior en Mauritania. Ya había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que supone un incremento del 15% del sueldo mensual de por vida. Al regresar de Mauritania fue destinado a una sección operativa de una comisaría de Madrid y en 2023 se jubiló. Ha pasado por la brigada política del PP sin que siquiera se haya conocido su rostro.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

La inspectora de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo José Ángel González ha ratificado este martes su querella en el juzgado en una declaración de dos horas en la que ha contestado a más de 300 preguntas, según su abogado. El comisario, que dimitió tras trascender la denuncia, ha defendido su inocencia y a la salida del juzgado ha asegurado a los medios que es víctima de un acto de “maldad, ruindad y odio” por parte de la víctima como venganza por no conseguir sus “pretensiones personales y profesionales”.

Tras las comparecencias, el juez ha rechazado la petición de la denunciante de prohibir al comisario comunicarse con ella. “No parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos, se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante y máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial”, recoge el auto del juez David Maman Benchimol, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ha sido la primera vez que ambos han comparecido en sede judicial después de que la agente presentara el pasado enero una denuncia contra González en la que afirmaba que le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjuntaba audios dentro del domicilio donde presuntamente se cometió la agresión y de las presiones posteriores. El Ministerio del Interior acordó recientemente poner una escolta a la denunciante después de que se filtrara su identidad. 

En su querella, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada. Le atribuye delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. 

Al término de las declaraciones, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha insistido en la validez del audio para sostener la acusación y ha asegurado que en un momento de la declaración el juez ha corregido al acusado, que aseguraba no escuchar durante la reproducción de la grabación el ruido de una cremallera.

Por su parte, el abogado del exDAO, José Carlos Velasco, ha dicho a los medios que existe una gran diferencia entre la verdad mediática y lo que acontece en la causa judicial y ha añadido: “Si la gente conociese realmente el contenido del audio cambiaría radicalmente de opinión”. Justo antes, su cliente había dicho a los periodistas: “Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional, por algo que no he hecho en absoluto. Muchos de ustedes ya me han juzgado y condenado sin ninguna prueba. Esperemos que gracias a Dios puedan esclarecerse los hechos”.

Ante el juez, el comisario ha tratado de defender que la agente ha puesto en marcha una conspiración para perjudicarle y ha definido a la denunciante con una persona “celosa” e “histérica” que le ha tendido una trampa. También ha afirmado que aquel 23 de abril solo hubo entre ambos “besos y abrazos” y que todo fue consentido.

El testimonio de la denunciante es diametralmente opuesto. Según su relato, José Ángel González, conocido internamente como Jota, la requirió telefónicamente a las 14:15 horas del 23 de abril del año pasado para que abandonara su puesto de trabajo y acudiera a verle a un restaurante donde estaba comiendo con otro mando, Óscar San Juan, un comisario que actuaba como su mano derecha y al que también acusa de coaccionarla. San Juan fue relevado de sus funciones y destinado a un puesto burocrático tras estallar el caso. 

Según la querella, el director operativo le indicó que acudiera en un vehículo del cuerpo, camuflado, del que se precisaba en su querella color, marca, modelo y matrícula. La agente se unió a la mesa sobre las 16:30 y en un momento dado González ordenó al otro comisario que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio. 

Al llegar, y en el interior del coche, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando “una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a 'hablar sobre nosotros dos'”.

Una vez dentro de la vivienda, el entonces comisario sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima” que ella rechazó “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, recoge la querella. 

El acusado comenzó entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima”. Esta consistió en introducirle los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar la de la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. 

Ante el juez, el exDAO ha dado su propia versión sobre el sonido de agua del grifo de la cocina que se escucha la grabación. Según la denunciante, tras la agresión, él se acercó al grifo de la cocina, lo abrió y se lavó la mano. Según él, lo que estaba haciendo en realidad era lavar las dos copas de cerveza que había servido previamente para ambos.

Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión, del que ha pedido que declare como testigo. La mujer aportó audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella. El exDAO ha reconocido que contactó con ella, pero que lo hizo sólo para saber qué tal estaba.

En el escrito del letrado se narra cómo ya durante la relación el querellado utilizó la situación de “subordinación institucional” de la mujer respecto de él para “generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica”, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente le puso fin.

En la querella se recoge cómo otro comisario que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en cinco ocasiones a la mujer, sin que ella respondiera. Finalmente, lo logró el 13 de julio de 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp.

La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía.

El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto ubicado en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral. Ante el juez, la denunciante ha afirmado que tardó varios meses en acudir a los tribunales dada la situación psicológica en la que se encontraba.

Durant els estius d'Eivissa, quan la festa deixa de distingir entre nit i dia i els iots omplen el port esportiu, una part de la delinqüència europea també aterra a l'illa. Bandes itinerants que viatgen seguint el calendari de l'oci nocturn -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observen durant hores turistes adinerats i esperen el moment precís per actuar: una estrebada de rellotge a la sortida d'una discoteca, un assalt ràpid a la terrassa d'un restaurant de luxe, un cotxe preparat per abandonar l'illa abans que albiri el dia. Perseguir aquests grups va ser durant anys part de la feina quotidiana de la Policia Nacional a l'illa. I el comandament que coordinava aquests operatius era el comissari José Luis Santafé, a qui el Ministeri de l'Interior ha recorregut per substituir José Ángel González, denunciat per agressió sexual per part d'una subordinada, com a nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional.

Allunyat de les grans unitats centrals i curtit als carrers, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) va néixer i va créixer al barri de Malasaña, un escenari on, als anys vuitanta, la droga i la conflictivitat formaven part del paisatge quotidià. D'aquest context va emergir una vocació primerenca que el situaria a l'escola clàssica de la seguretat ciutadana i a una generació de comandaments que van accedir al cos per la via acadèmica. El 1990 va ingressar a l'escala executiva de la Policia Nacional i va començar la seva carrera a la Divisió de Formació i Perfeccionament. Molt aviat va fer el salt al terreny operatiu. El 2005 va ascendir a inspector cap, el 2012 a comissari i el 2020 va assolir el rang de comissari principal, la categoria més alta dins l'escalafó policial.

La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot en destinacions territorials. Des dels anys noranta ha alternat llocs a Madrid, Canàries i Balears. Va ser en aquest últim arxipèlag, marcat per la pressió turística, la delinqüència vinculada a l'oci nocturn i la necessitat de coordinar grans dispositius de seguretat durant la temporada alta, on va començar a especialitzar-se en seguretat ciutadana i policia judicial. Abans de ser nomenat cap superior, va dirigir la Comissaria d'Eivissa, un dels territoris més exigents i complexos per a la Policia Nacional, travessat per la presència de milers de turistes cada estiu i la delinqüència itinerant.

Durant aquesta etapa, Santafé va coordinar diversos operatius contra grups criminals que es desplaçaven a la major de les Pitiüses per robar a turistes d'alt poder adquisitiu. Un dels més coneguts va ser la desarticulació de l'anomenada banda del Rolex, dedicada a assaltar visitants a la sortida de discoteques i restaurants de luxe. A l'estiu del 2014, les investigacions van permetre detenir diversos membres de grups itinerants -alguns procedents d'Itàlia i del nord d'Àfrica— i recuperar rellotges valorats en centenars de milers d'euros. Aquest tipus de delinqüència era habitual a la Ibiza dels grans clubs i els iots: robatoris ràpids, víctimes amb objectes de luxe i delinqüents que intentaven abandonar l'illa abans de ser identificats. L'operació es va convertir en un dels cops policials més visibles d'aquella etapa.

Un altre dels fronts oberts durant el seu pas per Eivissa van ser les bandes especialitzades en robatoris amb força, perpetrats per grups que entraven a botigues i joieries perforant parets des de locals contigus. Sota el comandament de Santafé, la Policia Nacional va desarticular dos grups organitzats que operaven a l'illa i que actuaven de forma molt planificada: estudiaven els locals durant setmanes, llogaven pisos o magatzems propers i executaven el cop de matinada. Les investigacions van culminar amb diverses detencions i amb la recuperació de part del material robat. En un territori amb una economia molt dependent del turisme i del comerç de luxe, aquests cops tenien un considerable impacte mediàtic i econòmic.

Un fosc magnat i una infanta al banc dels acusats

Des d'Eivissa, Santafé va recalar el 2016 a la Prefectura de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana a Palma. Des d'allí va participar en la coordinació d'un dels dispositius de seguretat més sensibles que s'han desplegat a les illes: el del judici del cas Nóos, que per primera vegada va asseure al banc dels acusats un membre de la família reial, la infanta Cristina. La seva presència va acaparar una enorme atenció internacional i va requerir el desplegament d'un ampli dispositiu policial: calia garantir la seguretat al voltant de les dependències on durant sis mesos es va celebrar la vista oral, controlar l'accés dels mitjans de comunicació i coordinar l'arribada dels principals acusats.

El seu nom també va quedar associat a una altra de les grans causes judicials instruïdes a les illes: el cas Cursach, les investigacions del qual van situar el magnat Bartolomé Cursach a l'epicentre d'una trama politico-policial dirigida a perpetuar la seva autoritat a la nit mallorquina. Durant mesos, la instrucció va avançar entre detencions, registres i un degoteig constant de policies locals imputats i empresonats de forma preventiva en el marc d'unes perquisicions que van arribar a sacsejar bona part de la Policia Local de Palma.

En aquell context, Santafé va mantenir una posició molt crítica amb l'actuació del jutge instructor del cas, Manuel Penalva, i del fiscal, Miguel Ángel Subirán, als quals va retreure haver-se excedit en la conducció de la instrucció. Anys després, la causa acabaria dinamitada i Cursach seria absolt per falta de proves. Per la seva banda, Penalva i Subirán acabarien condemnats a nou anys de presó per delictes d'obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions mentre la causa es trobava sota secret de sumari.

Quan el 2022 va ser nomenat cap superior de Policia a Balears, Santafé va passar a dirigir tot el dispositiu policial de l'arxipèlag, amb prop de 1.700 agents repartits entre Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera. El principal desafiament era l'estacionalitat extrema: cada estiu la població efectiva de les illes es multiplica i, amb ella, els reptes en matèria de seguretat: la delinqüència vinculada al turisme i a l'oci nocturn, les xarxes de narcotràfic marítim i els grans dispositius per a esdeveniments i temporada alta. També la pressió migratòria a les costes, l'increment de la qual, en paraules de Santafé, s'ha convertit en un dels reptes creixents per a la policia a les illes. Gestionar aquest escenari implica desplegar cada temporada macrooperatius de reforç policial, coordinació amb Guàrdia Civil i Policia Local i dispositius específics en aeroports, ports i zones d'oci.

Al final del 2025, en una trobada amb periodistes per explicar el balanç de l'any, Santafé va advertir dels canvis produïts en la delinqüència lligats a l'augment de població i al rècord de visitants a Balears, i va manifestar que alguns delinqüents “han tornat al passat” amb pràctiques com els robatoris a l'interior de vehicles, un delicte que “pràcticament havia desaparegut” a les illes. En molts de casos, va afegir, ni tan sols aconsegueixen emportar-se res perquè els cotxes no contenen objectes de valor, però, així i tot, obliguen la policia a redoblar esforços per combatre'ls.

Amb més de tres dècades de carrera a les esquenes, Santafé aterra ara al cor operatiu de la Policia Nacional, des del qual s'encarregarà de coordinar les principals comissaries generals així com de supervisar les operacions i la planificació estratègica del cos. Interior ha optat per un perfil tècnic i relativament aliè a les lluites internes que històricament han marcat la cúpula policial. El repte que té al davant no és menor: refer la moral del cos després de l'escàndol que va provocar la caiguda del seu antecessor i retornar estabilitat a una de les institucions clau del sistema de seguretat de l'Estat.

Durante los veranos de Eivissa, cuando la fiesta deja de distinguir entre noche y día y los yates llenan el puerto deportivo, una parte de la delincuencia europea también aterriza en la isla. Bandas itinerantes que viajan siguiendo el calendario del ocio nocturno -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observan durante horas a turistas adinerados y esperan el momento preciso para actuar: un tirón de reloj a la salida de una discoteca, un asalto rápido en la terraza de un restaurante de lujo, un coche preparado para abandonar la isla antes de que amanezca. Perseguir a esos grupos fue durante años parte del trabajo cotidiano de la Policía Nacional en la isla. Y el mando que coordinaba esos operativos era el comisario José Luis Santafé, a quien el Ministerio del Interior ha recurrido para sustituir a José Ángel González, denunciado por agresión sexual por parte de una subordinada, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Alejado de las grandes unidades centrales y curtido en las calles, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) nació y creció en el barrio de Malasaña, un escenario donde, en los años ochenta, la droga y la conflictividad formaban parte del paisaje cotidiano. De ese contexto emergió una vocación temprana que le situaría en la escuela clásica de la seguridad ciudadana y a una generación de mandos que accedieron al cuerpo por la vía académica. En 1990 ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional y comenzó su carrera en la División de Formación y Perfeccionamiento. Muy pronto dio el salto al terreno operativo. En 2005 ascendió a inspector jefe, en 2012 a comisario y en 2020 alcanzó el rango de comisario principal, la categoría más alta dentro del escalafón policial.

Su carrera se ha desarrollado sobre todo en destinos territoriales. Desde los años noventa ha alternado puestos en Madrid, Canarias y Balears. Fue en este último archipiélago, marcado por la presión turística, la delincuencia vinculada al ocio nocturno y la necesidad de coordinar grandes dispositivos de seguridad durante la temporada alta, donde empezó a especializarse en seguridad ciudadana y policía judicial. Antes de ser nombrado jefe superior, dirigió la Comisaría de Eivissa, uno de los territorios más exigentes y complejos para la Policía Nacional, atravesado por la presencia de hordas de turistas cada verano y la delincuencia itinerante.

Durante esta etapa, Santafé coordinó varios operativos contra grupos criminales que se desplazaban a la mayor de las Pitiüses para robar a turistas de alto poder adquisitivo. Uno de los más conocidos fue la desarticulación de la llamada 'banda del Rolex', dedicada a asaltar a visitantes a la salida de discotecas y restaurantes de lujo. En el verano de 2014, las investigaciones permitieron detener a varios miembros de grupos itinerantes -algunos procedentes de Italia y del norte de África- y recuperar relojes valorados en cientos de miles de euros. Ese tipo de delincuencia era habitual en la Ibiza de los grandes clubs y los yates: robos rápidos, víctimas con objetos de lujo y delincuentes que intentaban abandonar la isla antes de ser identificados. La operación se convirtió en uno de los golpes policiales más visibles de aquella etapa.

Otro de los frentes abiertos durante su paso por Eivissa fueron las bandas especializadas en robos con butrón, perpetrados por grupos que entraban en tiendas y joyerías perforando paredes desde locales contiguos. Bajo el mando de Santafé, la Policía Nacional desarticuló dos grupos organizados que operaban en la isla y que actuaban de forma muy planificada: estudiaban los locales durante semanas, alquilaban pisos o almacenes cercanos y ejecutaban el golpe de madrugada. Las investigaciones culminaron con varias detenciones y con la recuperación de parte del material robado. En un territorio con una economía muy dependiente del turismo y del comercio de lujo, esos golpes tenían un considerable impacto mediático y económico.

Un oscuro magnate y una infanta en el banquillo

Desde Eivissa, Santafé recaló en 2016 en la Jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Palma. Desde ahí participó en la coordinación de uno de los dispositivos de seguridad más sensibles que se han desplegado en las islas, el del juicio del caso Nóos, que por primera vez sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, cuya presencia acaparó una enorme atención internacional y requirió el despliegue de un amplio dispositivo policial: había que garantizar la seguridad en torno a las dependencias donde durante seis meses se celebró la vista oral, controlar el acceso de los medios de comunicación y coordinar la llegada de los principales acusados.

Su nombre también quedó asociado a otra de las grandes causas judiciales instruidas en las islas, el caso Cursach, cuyas investigaciones situaron al magnate Bartolomé Cursach en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche. Durante meses, la instrucción avanzó entre detenciones, registros y un goteo constante de policías locales imputados y encarcelados de forma preventiva en el marco de unas pesquisas que llegó a sacudir a buena parte de la Policía Local de Palma.

En aquel contexto, Santafé mantuvo una posición muy crítica con la actuación del juez instructor del caso, Manuel Penalva, y del fiscal, Miguel Ángel Subirán, a quienes reprochó haberse excedido en la conducción de la instrucción. Años después, la causa acabaría dinamitada y Cursach, absuelto por falta de pruebas. Por su parte, Penalva y Subirán acabarían condenados a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras la causa se encontraba bajo secreto sumarial.

Cuando en 2022 fue nombrado jefe superior de Policía en Balears, Santafé pasó a dirigir todo el dispositivo policial del archipiélago, con cerca de 1.700 agentes repartidos entre Mallorca, Eivissa, Menorca y Formentera. El principal desafío era la estacionalidad extrema: cada verano, la población efectiva de las islas se multiplica y, con ella, los retos en materia de seguridad: la delincuencia vinculada al turismo y al ocio nocturno, las redes de narcotráfico marítimo y los grandes dispositivos para eventos y temporada alta. También la presión migratoria en las costas, cuyo incremento, en palabras de Santafé, se ha convertido en uno de los retos crecientes para la policía en las islas. Gestionar ese escenario implica desplegar cada temporada macrooperativos de refuerzo policial, coordinación con Guardia Civil y Policía Local y dispositivos específicos en aeropuertos, puertos y zonas de ocio.

Al término de 2025, en un encuentro con los periodistas para dar cuenta del año, Santafé advirtió de los cambios producidos en la delincuencia ligados al aumento de población y al récord de visitantes en Balears, y manifestó que algunos delincuentes “han vuelto al pasado” con prácticas como los robos en el interior de vehículos, un delito que “prácticamente había desaparecido” en las islas. En muchos casos, añadió, ni siquiera logran llevarse nada porque los coches no contienen objetos de valor, pero, aun así, obligan a la policía a redoblar esfuerzos para combatirlos.

Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, Santafé aterriza ahora en el corazón operativo de la Policía Nacional, desde el que se encargará de coordinar las principales comisarías generales así como supervisar las operaciones y la planificación estratégica del cuerpo. Interior ha optado por un perfil técnico y relativamente ajeno a las luchas internas que históricamente han marcado la cúpula policial. El reto que tiene por delante no es menor: recomponer la moral del cuerpo tras el escándalo que provocó la caída de su antecesor y devolver estabilidad a una de las instituciones clave del sistema de seguridad del Estado.

La defensa del ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González ha presentado un escrito ante el Juzgado en el que trata de desacreditar el testimonio de la inspectora que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración. El escrito afirma que los audios del interior de la vivienda del comisario que constituyen la prueba principal contra él muestran, en realidad, “un ataque de celos” y “una clara exigencia de atención” por parte de la agente. 

En su querella, ya admitida a trámite por el Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hacía un prolijo relato de los hechos. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada.

La defensa del exDao, que dimitió al trascender la denuncia, sostiene que esas grabaciones contradicen el relato de la denunciante porque sugieren “una relación personal previa de confianza” marcada por celos y control personal. Así, sostiene que mientras la querella afirma que el audio refleja a la víctima expresando un “rechazo rotundo y continuado” y al acusado impidiendo que se vaya de su domicilio o amenazando con forzarla, lo que a su juicio se escucha es “complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal” en un entorno de confianza, derivado de una relación de más de 20 años. 

Frente al supuesto escenario de presión ejercida por el comisario, la defensa afirma que el verdadero eje de la grabación es un ataque de celos y una exigencia de atención y exclusividad por parte de denunciante. La defensa afirma que en el audio se llega a escuchar cómo ella le reprocha que hable con otras personas y le exige exclusividad con frases como “no puedo compartirte”. 

De hecho, el escrito sostiene que es la denunciante “quien adopta en la conversación una posición claramente dominante y de mando” respecto al comisario. En paralelo, la defensa afirma que la grabación también evidencia cómo ella verbaliza sus sentimientos y su apego hacia el comisario con frases como “yo te quiero muchísimo” o “hay alguna cosa que me tiene a mí enganchada contigo”, lo cual consideran “incompatible con la imagen de rechazo permanente y presión” que muestra la querella que ya analiza el Juzgado. 

Por otro lado, la defensa solicita en este escrito que se libre oficio a la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional para conocer por qué la presunta víctima fue destinada a la sede de la calle Miguel Ángel, donde se ubica la Dirección General Operativa. Quiere combatir así el argumento de la representación legal de la querellante, que indicaba que el presunto agresor buscaba con ese movimiento presionarla e influenciarla. 

Lamenta que la presunta víctima pretende otorgar un valor incriminatorio a ese “mero dato de carácter laboral (…) al vincularlo a una supuesta dinámica de presión” del exDAO. Y añade que no aporta un “mínimo soporte probatorio objetivo que permita, ni tan siquiera, deducir tal insinuación”. 

Por eso, solicita que se aporte a la causa el rastro administrativo que haya quedado de ese traslado (solicitud, aceptación, propuesta, resolución…)“ para dilucidar si efectivamente fue algo impuesto o si, por el contrario, ”fue solicitado, elegido y aceptado por la propia querellante en un marco libre de elección personal“.

Asimismo, el escrito denuncia que la exposición mediática que ha rodeado a este asunto le ha generado un “daño reputacional y personal” que considera “irreparable”. 

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de cárcel impuesta a un subinspector de Policía Nacional por intentar agredir sexualmente en un bar de Madrid a otra agente que era su subordinada en la comisaría en la que trabajaban. El Alto Tribunal rechazó el pasado noviembre el recurso de la defensa del subinspector y consideró probados los hechos. El agresor entró la semana pasada en prisión, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

El Supremo rechazó su recurso por falta de interés casacional. Esto es, porque sus alegaciones no requerían un pronunciamiento para unificar doctrina. Esa decisión convierte en firme la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que consideró probado que el subinspector abordó a la agente en prácticas dentro del baño de un bar con los pantalones bajados e intentó forzar que le hiciera una felación.

El subinspector fue condenado a tres años de prisión por un delito de agresión sexual en grado de tentativa, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante ocho años y el pago de una indemnización de 7.550 euros por daño moral. 

Las sentencias del caso revelan que varios policías compañeros del condenado testificaron para intentar desacreditar a la víctima y hacer creer a los jueces que había denunciado para poder ser considerada víctima de violencia de género y así poder elegir destino. El TSJM, que revisó la sentencia de la Audiencia Provincial, rechazó la existencia de “ánimo espurio” en la denuncia. Consideró que era “una torticera imputación de aprovechamiento de recursos puestos al servicio de protección de las víctimas”, que fue desmentida, además, por el hecho de que la mujer permaneció finalmente destinada en Madrid.

“Espero, princesa, que esté todo bien”

Los hechos se remontan a noviembre de 2020. Ambos ejercían como policías nacionales en una comisaría de la capital. Él era subinspector y, por tanto, superior de la joven que en ese momento estaba en fase de prácticas tras salir de la academia. Ese día, la agente se iba a su casa, pero su superior la invitó a ir con él y otros dos policías a un bar cercano a tomar algo después del trabajo.

El intento de agresión se produjo en el aseo del local. La víctima se estaba lavando las manos cuando el condenado se acercó a ella con los pantalones bajados, le obligó a tocarle el pene, intentó besarla y trató de obligarle a realizarle una felación. La víctima empujó al subinspector, consiguió “zafarse” de él y volvió a la mesa con sus compañeros. Diez minutos más tarde salió del local y llamó llorando a su pareja, contando lo que había sucedido.

Siguiendo el consejo de su pareja, la mujer se marchó del local y llamó a su madre, a la que también le relató lo que le había pasado. La siguiente llamada fue a su prima, que también es policía nacional, y que la acompañó a presentar una denuncia a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Cuando se encontraba esperando en dependencias policiales, la víctima recibió una llamada del agresor. Ella no contestó y él le mandó el siguiente mensaje: “Espero princesa que esté todo bien”, que acompañó con dos emoticonos de besos y un corazón.

“Plena credibilidad” de la víctima

El caso estuvo casi cuatro años bajo investigación en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid hasta que la Audiencia Provincial lo condenó a tres años de cárcel. Esa resolución fue ratificada por el TSJM y, ahora, declarada firme por el Supremo, lo que ha implicado la entrada en prisión del agresor. 

Los tribunales han dado en este caso “plena credibilidad” al relato de la denunciante, debido a la “coherencia del relato”, así como a la “persistencia en la incriminación”, que son requisitos que exige la jurisprudencia. Además, han constatado que su declaración estaba corroborada por la declaración de su madre, su pareja y su prima, a quienes llamó inmediatamente y que dieron en cuenta del estado emocional en el que se encontraba. 

Los jueces también han tenido en cuenta otras cuestiones, como el hecho de que ambos coincidieron en el baño y los informes periciales médicos y psicológicos que acreditan que la víctima sufrió un cuadro de ansiedad agudo y de síntomas compatible con el trastorno por estrés postraumático.

Durante el proceso, el ahora condenado en firme negó los hechos, alegó falta de pruebas y acusó a la víctima de denunciarle en falso para ser considerada víctima de violencia machista y conseguir un traslado a su ciudad natal que, de otra manera, no habría logrado. También impugnó las conclusiones de los citados informes periciales. 

Durante el proceso varios agentes declararon contra la víctima, dando a entender que ella era quien buscaba cercanía con su superior para lograr trato de favor. “Era ella la que iba detrás del jefe”, dijo uno de los policías. “Se pegaba al subinspector”, dijo otra. Según sus compañeros, la víctima “no rendía” y “no tenía ganas de trabajar” y tenía “intereses espurios” al denunciar “porque quería obtener una plaza en su ciudad natal”, algo “imposible” para un recién llegado “salvo en los casos de víctimas de delitos contra la libertad sexual”. Ese traslado nunca se produjo. 

La denuncia de la inspectora de Policía contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional muestra un detalle que hiela la sangre por todo lo que implica. Según la narración de los hechos José Ángel González ordenó a la inspectora que acudiera a una comida con él y su número dos trayendo un coche oficial para recogerlo y acompañarlo a su casa donde sucedieron los hechos de la supuesta agresión que fueron grabados por la denunciante. Le ordenó acudir a que la violaran.

La clave en esta sucinta narración que he hecho es la palabra ordenó, porque en el caso que nos ocupa podía hacerlo, podía ordenar cualquier cosa y no había nada que la inspectora pudiera alegar para eludir esa orden de su máximo superior, que también había sido su pareja. No podía acudir a nadie para evadir ese mandato aunque tuviera miedo, aunque creyera que esa agresión podría producirse sin que eso afectara de manera inmediata a su trabajo porque no se puede desobedecer al cargo de más poder dentro de la Policía. Tenía que elegir entre una sanción profesional o convertirse en víctima de agresión sexual. 

Esa manera de actuar no es algo que nace al final de tu carrera después de que el gobierno hubiera incluido en un decreto la posibilidad de que te mantengas en el ejercicio de tus funciones y jubilarte aun más tarde. Ese es un comportamiento adquirido habitual a lo largo de los muchos años en los que José Ángel González ha ejercido cargos de responsabilidad en la Policía. No se aprende ese abuso de poder con 65 años, se tiene entrenado. Lo que empezamos a sospechar es que además se premia para ascender. 

La pregunta que es imprescindible hacerse es quién está al mando de quien tiene que proteger a las mujeres, de quienes tienen que protegernos a todos. ¿Cuáles son los méritos que hay que atesorar para ir subiendo en el escalafón? A la vista de los hechos es fácil concluir que la violencia, la humillación y el sometimiento forman parte del ejercicio de sus funciones en su ocupación. Es preceptivo cuestionarse en cuántos casos y actuaciones esa manera de proceder se repite. No me creo que alguien que tiene la sangre fría para dar esa orden sea la primera vez que lo usa de manera tan abusiva. 

En los últimos trece años ha habido tres Directores Adjuntos de la Policía Nacional. En once de esos trece años han estado en ese puesto Eugenio Pino y José Ángel González. El primero de ellos ya ha sido condenado por su implicación en una de las muchas derivadas de la Policía Patriótica, el otro es el acusado de agresión sexual. Eugenio Pino antes de esa máxima responsabilidad fue el máximo responsable de las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios, desde 1997 a 2005. Para quedarse tranquilos. José Ángel González también fue uno de los máximos dirigentes de las UIP habiendo sido durante casi veinte años el máximo responsable de la VII Unidad de Intervención Policial con sede en Valladolid. Es una buena cantera la UIP. 

Es verdaderamente alarmante la poca calidad democrática de los máximos responsables de la Policía Nacional y es necesario establecer una limpieza profunda que ponga en cuestión qué concepción de la ley y la seguridad se tienen en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que estos perfiles sean los que acaban liderando la Policía usando su ínfima calidad moral como baremo fundamental para ejercer su actividad profesional. No es algo que sea exclusivo del cuerpo de Policía, en el caso de la Guardia Civil hemos tenido casos igual o más sangrantes como es el caso de Manuel Sánchez Corbí, que llegó a ser el máximo dirigente de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO, habiendo sido condenado en 1992 por torturas al etarra Kepa Urra. Años después de esa condena se le condecoró con la Cruz de Plata de la orden del mérito. No incluyeron las torturas, que se sepa, en la exposición de motivos para los ascensos ni las condecoraciones. Pero me temo que sí tuvieron que ver, a favor, en esa carrera tan exitosa. 

Para tener una Policía Nacional y Guardia Civil propia de un país democrático es necesario depurarlo y asumir que algo se ha estado haciendo mal mirando para otro lado con muchas actuaciones policiales porque se asume que hay que elegir entre quienes hacen cumplir la ley y los delincuentes. Es una evidencia que hay que reparar la aberración de premiar a quienes van fraguando su carrera mediante el abuso de poder como norma. Si se abusa con los compañeros, se hace con los ciudadanos. No estamos seguros sabiendo quiénes están al mando de aquellos que tiene como obligación legal proteger nuestros derechos. 

La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

La directora adjunta operativa en funciones de la Policía, Gema Barroso, ha contactado alrededor de las 10:30 horas de hoy con la agente que ha denunciado haber sido violada por el anterior número dos del Cuerpo, José Ángel González, para ofrecerle protección. La mujer, según fuentes del Ministerio del Interior, ha aceptado el ofrecimiento.

Un juzgado de Madrid ha citado como querellado a González y a la presunta víctima el próximo 17 de marzo. “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”, recoge el auto. Al trascender la denuncia, González presentó su dimisión. Después ha explicado que lo hizo para preservar el buen nombre de la Policía y poder defenderse.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, y que incluyen una violación con penetración.

“Inmediatamente, tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, añade el escrito. El comisario pretendía, según el abogado, “mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como 'precio del silencio'”.

Los aspirantes a mandar en la Policía Nacional cuando se produzca un probable cambio de Gobierno llevan tiempo tomando posiciones. Observar las corrientes marinas que agitan estos meses el pequeño océano de los comisarios ayuda a entender el arribismo en el Cuerpo. Nunca se sabe quién puede dar tu nombre al próximo ministro del Interior o qué sobremesa frecuentaste que ahora va a encumbrarte. Hay nombramientos cantados y otros improbables, como el de José Ángel González, conocido internamente como Jota, director adjunto operativo desde 2018. Antiguo teniente de la Policía armada, primera línea de los antidisturbios en tiempos, Jota reinó hasta el martes por la tarde en la Policía de un “Gobierno de rojos”. Sin ser él nada de eso. 

La denuncia por violación de una subordinada, acompañada de las coacciones que le habrían seguido, ha puesto fin a la carrera de Jota. De la promoción del 84, como de tantas otras, todos salían con un mote. Algunos lo conservan durante su carrera. A otros se les cae en el ascenso y pasan a ser llamados por su apellido. Pero Jota lo conserva. A fin de cuentas, él no llegaba de los despachos, ni de la investigación: José Ángel González será siempre “un botas”, como se conoce en la Policía a los antidisturbios. “Siempre estaba en primera línea cuando había que intervenir, como en las huelgas de los mineros, dando la cara. Su gente lo idolatraba”, le alaba un antiguo compañero que pide no ser citado. 

Fernando Grande-Marlaska había conseguido con el comisario González y con el director general de la Policía, el socialista Francisco Pardo, su objetivo: que nadie supiera quiénes eran. Y eso, a pesar de ser los responsables de 80.000 funcionarios públicos con placa y pistola. Cuando se preguntaba al ministro por ellos, Marlaska aludía al perfecto desarrollo de acontecimientos internacionales que son competencia de la Policía, como la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, un arriesgado escaparate para el país. 

El ministro niega taxativamente que Pardo y González hubieran sido tolerantes con las expresiones radicales que se prodigan en la Policía desde el proceso soberanista en Catalunya, pese a las evidencias en redes sociales y medios de comunicación. Los expedientes disciplinarios se anuncian a partir de los escándalos en la prensa y luego se les pierde la pista. Rara vez concluyen en una sanción relevante. Tampoco se les podía preguntar por ello. Ni Pardo ni González daban ruedas de prensa. Como el resto de mandos del Ministerio del Interior. Allí solo habla el ministro. 

El jefe del comisario González, el manchego Francisco Pardo, fue secretario de Estado de Defensa con José Bono y una persona unida fuertemente al exministro y antiguo presidente del Congreso. A Pardo le gusta repetir una cita que se atribuye a San Vicente de Paúl: “El bien no hace ruido y el ruido no hace bien”. Y así fue en la Dirección de la Policía, con el tándem perfecto entre Paco Pardo y Jota. Hasta que trascendió el martes la denuncia por violación contra el DAO. Este miércoles, Pardo reunió a la cúpula de la Policía para impartir directrices a raíz del escándalo. En privado, jura que desconocía la denuncia contra su 'número dos'. 

La tibieza de Pardo y González con los ultras de la Policía ha permitido que estos proyectaran su ruido hacia fuera. El máximo exponente es Jupol, sindicato con mayor afiliación, que frente a un grave caso de violencia sexual contra una compañera ha decidido fijarse en el ministro del Interior, del que no hay hasta ahora un solo indicio de que conociera la denuncia contra José Ángel González. 

Las notas de prensa y las declaraciones de Jupol suelen dar pistas de las iniciativas que van a seguir PP y Vox en materia de seguridad. En el caso de la agresión sexual a la mujer policía, el sindicato anticipó el martes por la tarde la bronca sesión de control al Gobierno que protagonizaría la derecha y la ultraderecha parlamentarias a la mañana siguientes. González estaba amortizado y Pardo no tiene relumbrón mediático. Había que volver a hacer política y Jupol se apresuró a exigir la dimisión del ministro. 

Copa de balón y “a sus órdenes”

Pero volvamos a la Policía. Sin dejar la política. González habría cometido la violación borracho de poder, al cumplir siete años en el cargo. En él había permanecido por su habilidad para “no hacer ruido”. Tanta habilidad como para que el Gobierno incluyera en un decreto ómnibus un cambio legal para que siguiera en el cargo cumplidos los 65. Pero cómo pudo llegar a DAO de un Gobierno progresista un mando sin preparación, sin experiencia en la investigación y sin perspectiva global de la seguridad. Jota, un comisario de toda la vida. De copa de balón y un “a sus órdenes”. Para explicarlo hay que remontarse a la convulsa primavera política de 2018.

El inesperado éxito de la moción de censura sorprendió al PSOE sin un banquillo organizado para tomar el relevo. El Gobierno de Zapatero había encumbrado al único (y reducido) grupo de comisarios afines decididamente al partido, un grupo de jóvenes que en la transición tuvieron la quijotesca idea de ingresar en el Cuerpo para cambiar el régimen desde dentro. Pero cuando llegó Pedro Sánchez su momento ya había pasado. Y tampoco estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su etapa logró recabar adhesiones inquebrantables de coroneles y comisarios dispuestos a olvidar su adscripción ideológica por admiración al personaje.

Rubalcaba y su equipo optaron por recomendar a los colaboradores de Sánchez a un comisario que había trabajado con ellos, con idiomas y experiencia en áreas clave. Pero ese comisario tenía una titulación universitaria en el mismo máster que Cristina Cifuentes, como muchos otros mandos por el requisito que impuso el PP para poder detentar cargos de importancia. En 2018 aquel título manchaba. 

Entonces, otro policía comisario, amigo de Zapatero, habló al expresidente de José Ángel González. El nuevo Gobierno no tenía mucho donde elegir y Jota se le presentaba como un comisario “dócil”. Esa característica le ha valido para mantenerse ocho años al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de un Gobierno socialista. Un observador privilegiado de varias generaciones de mandos policiales lo describe gráficamente: “Los comisarios son de quien haga falta con tal de mandar. Como si hace falta hacerse de Podemos”.

El arribismo en la Policía experimentará en los próximos días un nuevo episodio. El puesto de director adjunto operativo saldrá a concurso y los comisarios principales que lo deseen tendrán un plazo de una semana para presentarse. La pregunta es cuántos dejarán su nombre por escrito para aspirar a DAO de la Policía con un Gobierno al que anticipan pocos meses de vida. “La peregrinación a Génova es constante”, asegura otra voz autorizada en el Cuerpo. 

El ascenso hasta la cumbre policial de un mando de la Unidad de Intervención, como José Angel González, tiene un aciago precedente. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2012, la calle ardía por la crisis económica. En Génova optaron por Eugenio Pino, que había comandado a los antidisturbios de toda España. Siendo DAO (director adjunto operativo), Pino organizó una brigada política contra la oposición democrática. En abril se sentará en el banquillo por sabotear la investigación judicial de la caja B del Partido Popular desde su puesto de mando en la Policía. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, al igual que para el penúltimo ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. El actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijoó, concluyó este miércoles que la acusación por violación contra el DAO de la actual Policía es una muestra de cómo “España se cae a pedazos” por culpa del Gobierno de Sánchez.

Llega la borrasca Pedro al norte de España en un gesto de evidente complicidad con la política española. Todo es una borrasca sobre el Gobierno al que se le acumulan dos tipos de noticias: las malas y las malísimas. La última de estas es la denuncia de violación contra el jefe operativo de la Policía, José Ángel González, y el cese posterior de su número dos por la acusación de haber intentado coaccionar a la víctima.

La relación de los dos altos cargos profesionales más importantes de la Policía con hechos tan graves coloca al ministro de Interior en una posición inaudita. Incluso si solo se enteró de los hechos el martes, y de ahí la dimisión inmediata de González, no puede afirmar que carece de responsabilidad política. La persona elegida por Fernando Grande-Marlaska como máximo responsable policial a la hora de hacer cumplir la ley está acusada de violarla de forma repugnante. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No debería ser el ministro?

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, dijo a Marlaska en la sesión de control que González era “su hombre de confianza, su protegido”. La definición es correcta. Fue nombrado director adjunto operativo (DAO) de la Policía en 2018 al producirse el cambio de Gobierno. Era tan esencial para Marlaska que le regaló una prórroga cuando estaba a punto de cumplir la edad de jubilación a finales de 2024. Ese límite no admite excepciones, excepto cuando alguien utiliza todo el poder del Gobierno para crearlas. Marlaska confiaba tanto en el comisario que consiguió que se incluyera un artículo en un decreto sobre medidas urgentes por la dana con el que mantenerle en el cargo sine die, hasta su cese o dimisión.

Fue un regalo inesperado para el Partido Popular en la sesión de control. Sus diputados convirtieron el hemiciclo en una despedida de soltero de británicos en Benidorm después de dejar para los restos el avión de Ryanair en el que llegaron. Gritos de “dimisión”, pateos, y golpes en los escaños, no sólo por los que están ahí arriba escondidos en el gallinero, sino también por la dirección del grupo en la primera fila. “Dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución”, les dijo Francina Armengol. Los socialistas aplaudieron a Marlaska como si fuera un héroe. También era la forma de intentar acallar el ruido de los enemigos.

Antes de la sesión, Alberto Núñez Feijóo había marcado el tono de los ataques. Dio por hecho sin pruebas que el Ministerio lo sabía todo “como mínimo” desde hace un mes y repitió la frase que utiliza como un estribillo. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”. Tres diputados, entre los que estaba Cayetana Álvarez de Toledo, lo repitieron. “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul”, dijo Miguel Tellado.

Marlaska amenazó con querellas si se atrevían a repetir la acusación fuera del Congreso, esa sede sagrada de la democracia constitucional donde el Código Penal no parece estar en vigor: “Digan fuera del hemiciclo que el ministro lo sabía y que no actuó y nos veremos en otra instancia (por la judicial). No voy a asumir esa injuria”.

El ministro de Interior reconoció la gravedad de los hechos y adelantó que se ha relevado al número dos del comisario, Óscar San Juan, al que la víctima –miembro del cuerpo policial– acusa de haberla intentado coaccionar para que no presentara la denuncia con la promesa de un traslado al lugar que eligiera. Dijo que actuó al conocer los hechos el mismo martes y puso además su destino político en manos de la mujer: “Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí renunciaré”.

El abogado de la policía confirmó la versión de Marlaska sobre el momento en que se enteró de la querella. Fue el martes, al confirmarse que el tribunal la admitía, cuando se informó al Ministerio por primera vez. Ese día la denunciante habló “directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso”. “Se quedó literalmente de piedra”, contó el letrado.

Desde India, donde está en visita oficial, Pedro Sánchez respaldó las decisiones de su ministro. “Se ha actuado con empatía, con contundencia y se ha actuado con coherencia. Se le ha dado credibilidad a la denuncia”. Los hechos que aparecen reflejados en la querella no dejaban otra opción. El presidente exigió al PP que reaccione con la misma fuerza con la denuncia de una exconcejal contra el alcalde de Móstoles. Sobre ese caso, “no hacen absolutamente nada, al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima”.

El PP ha dado por cerrado el escándalo de Móstoles. Esa fue su intención desde el primer momento y con ese objetivo se movilizó. Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Díaz Ayuso, no ofreció más opciones a la denunciante que el silencio. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”. Finalmente, la concejal denunció a Manuel Bautista por acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y un delito contra la integridad moral.

El PP cuenta ahora con otra oportunidad de ponerse del lado del presunto agresor con la investigación judicial del jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares. Una policía local de Torrejón de Ardoz, donde el comisario Luis Antonio Moreno fue el máximo responsable de la seguridad de la ciudad, le ha denunciado por los delitos de violencia de género, agresión sexual, acoso laboral, vejaciones, calumnias e injurias. El atestado policial fue enviado al juzgado a finales de 2025.

En aplicación estricta de lo que podríamos llamar la doctrina Móstoles, la alcaldesa Judith Piquet no ha hecho nada y no ha suspendido al denunciado en sus funciones, como le reclama la oposición. En esa línea, Piquet siempre podrá decir que está protegiendo a la presunta víctima. No hay muchas posibilidades de que Feijóo diga que lo sabía y lo tapó. Seguro que Tellado no siente náuseas al ver lo que ocurre en Alcalá. Con las instituciones gobernadas por su partido, nunca hay prisa para mostrar la indignación por un caso de violencia de género.