La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves su cénit con la declaración del principal acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. La operación Kitchen, como el comisario Villarejo bautizó al dispositivo, pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

Fernández Díaz está en el mismo origen de la operación Kitchen, según la acusación. El exministro dejó el primer rastro que consta de la maniobra ilegal. El 13 de julio de 2013, a las 20:29, el entonces ministro del Interior envió un mensaje a su número dos, Francisco Martínez: “Chofer. B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hay esa función con su mujer). Es importante”. Ríos Esgueva era el chófer de la familia Bárcenas que la brigada política captó como topo y pagó con los fondos reservados.

En el momento del mensaje, Bárcenas llevaba dos semanas en la cárcel y el juez Pablo Ruz le había citado tres días después a declarar. El extesorero había pedido hacerlo de forma voluntaria. Todas las alarmas estaban encendidas en la sede del PP en Génova ante la posibilidad de que Luis Bárcenas confesara la gestión de dos décadas de dinero negro de los empresarios. Unos fondos sin declarar que fueron utilizados para financiar el partido y pagar los sobresueldos de sus dirigentes, incluido el que aparece en los papeles como “M. Rajoy”.

El secretario de Estado de Seguridad con la Kitchen, Francisco Martínez, aportó el anterior mensaje y otros tres ante dos notarios en 2020. Circulaba ya el insistente rumor de que el número dos de Interior iba a ser imputado por la operación ilegal. Martínez leyó una entrevista a Fernández Díaz en la que el ministro se desentendía de cualquier operativo siquiera parecido a la Operación Kitchen y decidió anticiparse entregando a los notarios la prueba de que el ministro mentía. 

No ha habido más indicios directos de la implicación de Jorge Fernández Díaz en la operación. Es por eso que la defensa del exministro se centra en desacreditar los mensajes de WhatsApp. Durante la vista han declarado los dos peritos a los que acudió Martínez. Los dos han confirmado que se limitaron a comprobar que esos mensajes estaban en el teléfono propiedad del antiguo secretario de Estado y que habían sido enviados por alguien que aparecía identificado en el terminal como “Jorge Fernández Díaz”, pero que sus competencias no incluyen una pericial para determinar que ese número corresponde a determinado abonado. 

Cuando Fernández Díaz termine de prestar declaración le seguirá Martínez. Ambos protagonizaron un agrio enfrentamiento en el careo que organizó García Castellón en fase de instrucción. Martínez, sobre el que se especuló si elevaría las responsabilidades de Kitchen hacia arriba, mantiene una actitud conciliadora en los últimos años. En el Congreso justificó los comentarios incautados por la Policía en su móvil contra Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz por la ofuscación y la soledad que llegó a sentir. 

Durante las sesiones del juicio, Martínez y el ministro se han comportado de forma cordial entre ellos. Sus abogados también han colaborado. El letrado de Martínez no formuló una sola pregunta al perito de la defensa que asegura que los mensajes ante notario están manipulados. El letrado Pedro Colina, del despacho de José Antonio Choclán, accedió a la petición de la defensa de Fernández Díaz de que el turno de sus declaraciones cambiara y el ministro fuera antes. Jesús Mandri, en representación de Fernández Díaz, utilizó el argumento de que todo lo que hay contra su cliente son los mensajes aportados por Martínez ante notario y que la Policía nunca encontró en su móvil cuando se presentó por sorpresa en su domicilio, en marzo de 2020.

Hasta ahora, la tesis de Francisco Martínez es la misma que la del grueso de los acusados: la Kitchen no existió, lo que ocurrió fue que la Policía emprendió una “operación de inteligencia” que buscaba el dinero de Bárcenas —pese a que ya habían aparecido 47 millones en Suiza— y a sus testaferros dentro de los casos caja B y Gürtel. La tesis se desmorona ante la evidencia de que el juez Pablo Ruz y el investigador policial a sus órdenes, Manuel Morocho, nunca supieron de la Kitchen mientras se estaban desplegando los seguimientos y la sustracción de información a la familia. Así lo ha detallado Morocho en su comparecencia en el juicio como testigo. 

La tesis de García Castellón

La tesis que ha llegado hasta el juicio es la del juez instructor, Manuel García Castellón, quien cerró el caso situando en su cúspide a Fernández Díaz. Los fiscales de Anticorrupción que impulsaron el caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, denunciaron en el recurso contra el cierre de la instrucción de que García Castellón hubiera dibujado “una línea roja” de protección alrededor de la cúpula del Partido Popular y no ahondara en la línea de investigación que apuntaba abrumadoramente hacia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de la formación.

Según esta tesis del juez, Fernández Díaz ideó la Kitchen sin comentarlo con su amigo y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y lo hizo pese a que el ministro no aparecía en los papeles de Bárcenas y la prueba que pretendía robar el Ministerio del Interior era una supuesta grabación en la que Rajoy aparece hablando de la caja B con Bárcenas.

La misma tesis sostiene que las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparadas por el “derecho de reunión” y las instrucciones de la número dos del PP para “parar la libretita” (los papeles de Bárcenas) no son indicio para investigarla. Tampoco sumó para García Castellón las anotaciones de pago de Cospedal al comisario recogidas en las agendas de Villarejo, a las que la Policía da total credibilidad. 

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

La UDEF de la Policía atribuye a Alba y Laura Rodríguez, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias de su padre. En el atestado policial que solicita los registros del pasado martes, los investigadores policiales consideran que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacen un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluyen que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explican que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes.

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías.

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos.

Los policías van a cotejar la “actividad declarada y la actividad real de la sociedad”. Esto permitiría, añade el atestado, “determinar el grado de participación” de las hijas de Zapatero y su “integración en la red organizada”.

La casa de Zapatero, “espacio idóneo” para planificar el delito

Los agentes de la UDEF pidieron al juez que les autorizara registrar el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo su oficina. Los agentes alegaron en su atestado que la casa del expresidente era “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al registro y el juez no acordó la entrada. Los policías añadían: “Atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información”.

Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante. 

Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias. 

El dinero por ese tráfico de influencias habría salido, principalmente, de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Los mensajes telefónicos incautados apuntan a que los dueños de la compañía pensaban que habían contratado a Julio Martínez Martínez y que su valor residía en que participaba de un equipo dirigido por Zapatero. ¿Era así realmente o simplemente alguien les convenció de ello? 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó hasta Julio Martínez Martínez a través de otro amigo de Zapatero, el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, bien conectado en Venezuela. El 16 de mayo de 2020, Fajardo le dijo a Martínez Sola que se pusiera en contacto con el otro Julio, con Martínez Martínez. “Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”. Ese “amigo” que dirigiría el equipo es, según la Policía y el juez, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Minutos antes de ese comentario hay otro que denotaría que tanto Fajardo como el “amigo” ya se preocupaban por la situación de Plus Ultra antes incluso de que la compañía contratara a Julio Martínez Martínez. “¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales”, escribe Fajardo al presidente de Plus Ultra cuando todavía no le ha indicado que se ponga en contacto con el dueño de Análisis Relevante.

La Policía deja de distinguir entre Manuel Fajardo, Julio Martínez y Zapatero para asumir en sus informes la denominación de “Grupo Zapatero” que utilizan los responsables de Plus Ultra y lo que ello conlleva: que el expresidente dirige al resto en una trama de corrupción. Los policías llegan a atribuir la participación del expresidente del Gobierno en una reunión con ciudadanos chinos y el presidente de Plus Ultra porque Martínez Sola escribe: “Estoy con los Zapatero y los chinos”. Con “los Zapatero” y no “con Zapatero”.

Días después de ese mensaje, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

“Estuvo con ZP y le dijo que todo va viento en popa”

La agencia del Gobierno estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) se incautó en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, un venezolano que entonces tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra y que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea. El 6 de febrero de ese año, Reyes había escrito a Martínez Sola: “Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano dueño de la compañía] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.

El venezolano Rodolfo Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día Reyes se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

Otro indicio de la supuesta participación del expresidente es cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, bromeó con que debía cambiar su foto de perfil en WhatsApp porque llevaba unos tirantes con la bandera de España y le iba a llamar Zapatero. La Policía no ha encontrado rastro de esa llamada o de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Sola. 

Estos indicios se unen a otros que presenta la Policía como el de la reunión entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien podría depender el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra. Escrivá ha dicho que esa reunión con el expresidente la solicitó él y que en ella no se abordó en ningún momento el asunto de la compañía. El certificado que Plus Ultra obtuvo de la Seguridad Social en el que se dice que está al corriente de sus obligaciones se emite el 20 de agosto de 2020, 18 días antes del encuentro.

Una vez ha trascendido el contenido de los informes policiales —a la espera del resultado de los registros y de conocer otra documentación del caso—, la mayor sospecha se centra en los pagos de Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero y los que realizó a la misma sociedad Inteligencia Prospectiva, una sociedad “carente de actividad real” que ingresó a Whathefav más de medio millón de euros en cuatro años.

Una comida a la que no está claro quién asistió

Otros indicios, sin embargo, se han revelado más débiles de acuerdo con lo recogido en los informes de la UDEF. El juez Calama acusa en su auto a Zapatero de haber dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái con la que cobrar fuera de España la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra pactada entre su amigo Julio Martínez Martínez y la aerolínea. El juez asume las conclusiones de la Policía y determina que el expresidente dio “instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva”. Sin embargo, esta conclusión parte de premisas confusas.

El único hecho en el que sustenta la acusación contra Zapatero es un correo en el que Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, informa al asistente de Julio Martínez Martínez de una reserva a las 14.30 horas del 26 de enero de 2021 para dos personas a nombre de “Julio” en el citado restaurante. Apunta, además, que un escolta del expresidente ha acudido a formalizar la reserva porque el local tenía problemas con sus líneas telefónicas. 

La Policía construye la secuencia probatoria apoyándose en otro correo incautado, fechado un día después de esa comida, pero del que no hay ninguna prueba con la documentación conocida hasta ahora de que tenga relación con el expresidente. Se trata de un email que Julio Martínez Martínez recibió el 27 de enero de 2021 y en el que un empresario español residente en Dubái, Tomás Guerrero, hacía referencia a una conversación mantenida “ayer” y le trasladaba la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le enviaba más papeles. 

Para la Policía, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida, no en una charla telefónica, en intercambio de mensajes, en un desayuno o una cena. Además, la reserva era para dos personas, lo que descartaría que Guerrero participara en el encuentro. A no ser que la Policía plantee que la secretaria de Zapatero reservó para que comieran otras dos personas distintas del expresidente.  

“Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones [para la creación de la empresa en Dubái] tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez”, puede leerse en uno de los atestados de la UDEF. 

El juez culmina la ceremonia de la confusión cuando en su auto expone expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”.

En todo caso, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. La supuesta creación de esta sociedad en la zona franca de Dubái para desviar y ocultar fondos es lo que sostiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

Elaborar una lista de destinatarios, indicio de liderar una trama

Otra de las acusaciones de la Policía, y que asume el juez, es la que atribuye a Zapatero una “posición preeminente” en la presunta trama basándose, principalmente, en varios archivos de Excel intervenidos durante la investigación. Se trata de listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles unos informes que había confeccionado Sergio Sánchez, uno de los fundadores.  

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita la empresa Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón que habría supuesto unos ingresos a la familia de Zapatero de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. 

En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como el entonces vicepresidente Julio Martínez Sola o el accionista Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

El párrafo definitivo del juez Calama

En la página 57 del auto hay un párrafo con el que el juez atribuye indiciariamente al expresidente del Gobierno el liderazgo de una red criminal de tráfico de influencias que condensa y asume las dos principales construcciones de la Policía en base a inferencias y datos sin apoyo fáctico. Por su interés se reproduce a continuación en su textualidad: 

“Su posición preeminente [de Zapatero] queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística; o cuando imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva. En dicha reunión se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside”.

El narcotraficant detingut aquest dimarts a Son Banya (Palma) ja va ser arrestat el passat mes d'octubre per suposadament haver provocat un accident en el qual va morir un home i fugir, també en els voltants del poblat, segons han confirmat a Europa Press fonts policials i ha publicat aquest dimecres el diari ' Última Hora'.

L'home va tornar a ser detingut aquest dilluns per la Policia Nacional per suposadament traficar amb cocaïna i marihuana al poblat de Son Banya després d'haver realitzat diversos trets a l'aire amb una arma de foc. Els fets van ocórrer sobre les 10.00 hores d'aquest dimarts, quan agents del Grup d'Estupefaents es trobaven en les proximitats del poblat i van escoltar diversos trets amb una arma de foc.

Després d'això, van sol·licitar reforços a la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i es van dirigir cap a l'interior de Son Banya per tractar de localitzar l'autor dels trets. Va ser aleshores quan van observar un home que entrava i sortia d'una de les casetes que s'utilitzen habitualment com a punt de venda de substàncies estupefaents.

Quan el sospitós va veure els policies, es va pujar a un vehicle i va circular a gran velocitat pels carrers del poblat amb la intenció d'eludir-los.

En un moment de la persecució va llançar un objecte de plàstic per la finestra. Els agents ho van recuperar i van descobrir que es tractava d'un táper en l'interior del qual hi havia una pistola, dos carregadors i un canó embolicat en plàstic.

En el vehicle, a més, van trobar més de 2.100 euros en efectiu i diversos casquets detonats.

Els policies també van inspeccionar l'interior de la caseta de la qual el sospitós havia sortit fugint, on van trobar una catana, diverses quantitats de marihuana i cocaïna i més de 240 euros en efectiu.

Accident mortal

El detingut aquest dimarts seria el principal sospitós d'un accident ocorregut el mes d'octubre passat a prop de Son Banya. El presumpte narcotraficant seria la persona que conduïa el vehicle que va envair el carril contrari i va xocar contra el del mort, en un tram de la carretera que uneix el centre comercial Fan amb Mercapalma.

Cal recordar que l'ara arrestat, en aquell moment, es va presentar a les dependències de la Policia Local de Palma juntament amb la seva advocada, encara que es va acollir al seu dret a no declarar. La Policia Local el tenia identificat després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, fos localitzat pels agents després de demanar una ambulància des del barri del Molinar.

El narcotraficante detenido este martes en Son Banya (Palma) ya fue arrestado el pasado mes de octubre por supuestamente haber provocado un accidente en el que murió un hombre y huir, también en las inmediaciones del poblado, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora'.

El hombre volvió a ser detenido este lunes por la Policía Nacional por supuestamente traficar con cocaína y marihuana en el poblado de Son Banya después de haber realizado varios disparos al aire con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes, cuando agentes del Grupo de Estupefacientes se encontraban en las proximidades del poblado y escucharon varios disparos con un arma de fuego.

Tras ello, solicitaron refuerzos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y se dirigieron hacia el interior de Son Banya para tratar de localizar al autor de los tiros. Fue entonces cuando observaron a un hombre que entraba y salía de una de las casetas que se usan habitualmente como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cuando el sospechoso vio a los policías, se subió a un vehículo y circuló a gran velocidad por las calles del poblado con la intención de eludirles.

En un momento de la persecución lanzó un objeto de plástico por la ventana. Los agentes lo recuperaron y descubrieron que se trataba de un táper en cuyo interior había una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico.

En el vehículo, además, encontraron más de 2.100 euros en efectivo y varios casquillos detonados.

Los policías también inspeccionaron el interior de la caseta de la cual el sospechoso había salido huyendo, donde encontraron una catana, diversas cantidades de marihuana y cocaína y más de 240 euros en efectivo.

Accidente mortal

El detenido este martes sería el principal sospechoso de un accidente ocurrido el pasado mes de octubre cerca de Son Banya. El presunto narcotraficante sería la persona que conducía el vehículo que invadió el carril contrario y chocó contra el del fallecido, en un tramo de la carretera que une el centro comercial Fan con Mercapalma.

Cabe recordar que al ahora arrestado, en aquel momento se presentó en las dependencias de la Policía Local de Palma junto a su abogada, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

La Policía Local lo tenía identificado después de que el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, fuera localizado por los agentes tras pedir una ambulancia desde el barrio del Molinar.

El inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, en prisión acusado de integrar una importante organización de narcotráfico, ha descrito este martes en sede judicial una “práctica sistemática” en la unidad de élite de la lucha antidroga para falsear ante los tribunales el origen de las informaciones que les permiten incautar toneladas de cocaína. Sánchez Gil, al que los investigadores encontraron más de 20 millones de euros escondidos en su domicilio, ha explicado que él mismo participó en esas prácticas que permiten blanquear el origen irregular de las operaciones.

“La mayoría de las informaciones que supuestamente se comunican desde la DEA (estadounidense), la SOCA, NCA (ambas agencias británicas)... son falsas. Se confeccionan así para ocultar fuentes de información ilícitas o encubrir a confidentes”, ha dicho el inspector jefe en su declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Naciona, informan fuentes jurídicas. Sánchez Gil ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, donde ingresó tras su arresto en noviembre de 2024.

La comercialización entre narcotraficantes de sistemas encriptados de telefonía ofreció en los últimos años un sistema de comunicaciones a salvo de las Fuerzas de Seguridad. Diferentes versiones se han ido sucediendo hasta que servicios de Información extranjeros han logrado penetrar en sus servidores y encontrar el mayor volumen de información sobre el tráfico de drogas de la historia. Sin embargo, la utilización de esa información ofrece serios problemas legales a la Policía española que, según Sánchez Gil, no ha tenido problema en ocultar el verdadero origen de la información y falsear los atestados que se presentan ante los jueces.

El inspector jefe Sánchez Gil era un valioso aliado de los narcotraficantes. El jefe de la UDEF abría investigaciones inexistentes en las bases de datos policiales introduciendo los números de determinados contenedores que iban a entrar en el puerto ocultando droga en su interior. El policía registraba esas matrículas de contenedores como si fuera parte de una de sus investigaciones. Si otro policía introducía la misma matrícula del contenedor porque lo estaba investigando realmente, la coincidencia le saltaba a Sánchez Gil, que alertaba a los narcos.

Un ejemplo es la incautación de 1.600 kilos de cocaína en Algeciras en mayo de 2001, una operación en la que se vio envuelto el propio Sánchez Gil, que intentaba que el contenedor con cocaína entrara en España sin ser descubierto. Ante el juez Francisco de Jorge, el inspector jefe Sánchez Gil ha explicado que ese alijo fue incautado gracias a la aparición de información en el sistema de encriptación Anom, uno de los infiltrados por los servicios de Información. Sin embargo, y siempre según su relato, los mandos de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) lo ocultaron, atribuyéndolo en sus informes al aviso de un servicio policial extranjero.

Este método, el de la colaboración entre países, resulta ser falso en muchos casos, según ha explicado Sánchez Gil. En el caso del contenedor de 2001, la Policía española habría contado con la colaboración de la Diran, la Dirección Antinarcóticos de Colombia. La información de la Policía española, ha dicho ante el juez el acusado, es “autocreada”. “Se llama a un enlace [de la Policía española en el extranjero], se le da el texto y se le pide que alguien del país en cuestión te la firme. Los escritos los confeccionó la Brigada [de la Udyco] y la información no la dio la Diran”, ha dicho Sánchez Gil, según las fuentes presentes en la declaración.

En el momento de su detención, en noviembre de 2024, Óscar Sánchez Gil era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Antes había participado en la lucha policial contra el narcotráfico en la Udyco. Al ser preguntado por su defensa por qué conoce el modo en que se falsean presuntamente las informaciones, Sánchez Gil ha respondido que se trata de “una práctica habitual y sistemática” de la Brigada Central de Estupefacientes. “Yo mismo lo he hecho como jefe de grupo”, ha asegurado.

Entre las maniobras de la Brigada Central estarían mantener las investigaciones obtenidas a través de los sistemas telefónicos encriptados “en secreto absoluto. Para ello se ocultaría la investigación al juez y no se incluiría en las bases de datos de cooperación policial. En una fase posterior se atribuiría a las incautaciones de droga determinada información que en realidad se habría conseguido a través de las interceptaciones en plataformas como Sky FCC. El inspector jefe ha llegado a decir que se han ocultado a los jueces ”mensajes relevantes“, según las fuentes consultadas.

Óscar Sánchez Gil ha declarado que él mismo fue objeto como investigado de las prácticas irregulares en las que incurrió siendo investigador. La Policía habría llegado a ubicar al número uno de la organización a la que presuntamente pertenecía el policía con uno de estos métodos. Fue una información procedente de Sky FCC, otro de los sistemas de telefonía encriptados y desarticulados, el que habría arrojado la posible relación de Alejandro Salgado, conocido como el 'Tigre', con una trama que estaba siendo investigada. “Prefirieron ocultar el origen de los datos y simularon un informe”, ha dicho Sánchez Gil. La maniobra fue ocultada por la Udyco a la Fiscalía Antidroga y al juzgado, según el policía. Sánchez Gil ha mencionado en su declaración a los principales mandos de la unidad antidroga de la Policía.

Sánchez Gil ha denunciado que los investigadores le vinculan con un alias de la plataforma, “Aduana”, y ha añadido que si se estudian detalladamente las conversaciones incorporadas a la causa aparece “una trama de corrupcon policial completamente distinta” y que es ajena a la que se le imputa.

Menciones a guardias civiles corruptos en chats encriptados

El policía acusado de narcotráfico ha contado que, mientras el éstuvo en Antidroga, “se ocultó sistemáticamente” toda la información que llegaba de los teléfonos encriptados que pudiera afectar a confidentes y colaboradores de la Policía. También ha dicho que su afirmación se puede comprobar comparando unos informes de la investigación y otros posteriores donde la Policía ya ha dejado de proteger a determinados confidentes.

Entre las personas protegidas por la Policía figurarían otros miembros de las Fuerzas de Seguridad que, como Sánchez Gil, pertenecen o colaboran con organizaciones de narcotráfico, según su exposición. “Hay policías de la Brigada de Madrid, de la Udyco y muchas alusiones a guardias civiles del puerto. También de Vigilancia Aduanera”, ha asegurado Sánchez Gil.

El inspector jefe ha dicho que en la propia documentación de chats encriptados que consta en la causa judicial contra él hay referencias a estos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Sánchez Gil ha denunciado que esa información no ha sido analizada y no ha sido incorporada por los investigadores en sus informes al juez.

El ex jefe de la UDEF de Madrid ha señalado que entre ella aparecen menciones expresas de los presuntos narcotraficantes al teniente coronel David Oliva, antiguo jefe de Ocon Sur, el desaparecido dispositivo especial de la Guardia Civil contra el narcotráfico en El Estrecho. Oliva es investigado en un juzgado de Valdemoro por revelación de secretos y cohecho, al intentar acceder a la investigación que Asuntos Internos llevaba contra él por su supuesta relación con un grupo de narcos.

Además, el inspector jefe ha denunciado vulneración de sus derechos durante la investigación. Sería el caso de la infiltración de un 'troyano' en su teléfono pese a que la autorización judicial no aludía a ese terminal concreto. Sánchez Gil ha trasladado al juez que no se le han facilitado los informes concmpletos de sus escuchas ni el contenido íntegro del material incautado en sus dispositivos.

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Uno de los acusados en el juicio de Kitchen, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, pasó en dos años de presidente del sindicato de la escala superior de la Policía a cobrar un sueldo público de 14.000 euros brutos mensuales, como agregado del Ministerio del Interior en Países Bajos durante el Gobierno del Partido Popular. Tal fue la fortuna de Fuentes Gago que consiguió un destino en la misma ciudad del extranjero donde la Policía había destinado unos meses antes a su esposa. Ella era enlace del Cuerpo en Europol, también cargo de libre designación, con una retribución de más de 10.000 euros brutos mensuales. José Ángel Fuentes Gago obtuvo la mayor recompensa de cuantas repartió el Ministerio del Interior a todos los implicados en las maniobras de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La confusión del término 'brigada patriótica', popularizado mediáticamente, radica en que ignora que sus integrantes, si actuaron por el amor a España, no fueron recompensados únicamente con el amor de España. Los policías, algunos de ellos con una carrera mediocre, engordaron sus cuentas bancarias con destinos en el extranjero, los mejor remunerados. A ello hay que sumar las primas de las medallas 'roja' al mérito, que incrementan en un porcentaje del 10% acumulables su asignación mensual de por vida. Siete de los ocho policías que se sientan en el banquillo de Kitchen fueron condecorados con una de ellas. Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano disfrutaron además de destinos en el extranjero.

Este lunes ha sido el turno para los testigos propuestos por la defensa de José Ángel Fuentes Gago en el juicio de Kitchen. El comisario Juan Rueda ha sido propuesto con la intención de descartar irregularidad alguna en el nombramiento de Fuentes Gago. Sin embargo, su testimonio ha evidenciado la discrecionalidad de un sistema aprovechado para repartir recompensas.

Rueda fue subdirector general de Relaciones Internacionales y ejercía de secretario de la Comisión de Destinos en el Exterior. El testigo ha explicado: “Cada Cuerpo [Policía y Guardia Civil] nos mandaba un listado de todos los candidatos que habían solicitado ese puesto y sus currículums. No obstante, la Dirección nos mandaba una terna de los tres que consideraba más idóneos”. El comisario ha añadido: “Si en la comisión no nos parecía que eran idóneos podíamos analizar los currículums de los compañeros que habían solicitado esa plaza”.

Los abogados no han preguntado a Rueda si en alguna ocasión desoyeron las recomendaciones de “la dirección”. Sin embargo, el comisario ha tenido que precisar quién representaba a esa “dirección”. “¿Entiendo que se refiere al director adjunto operativo (DAO)?”, le ha preguntado el abogado del PSOE. “Sí, porque el director general estaba en la comisión”, ha respondido Rueda. Traducido al lenguaje de Kitchen: Ignacio Cosidó, que se ha librado de la imputación, participó como director general de las recompensas de los destinos en el extranjero. Y quien los promovía no era otro que Eugenio Pino, DAO de la Policía entonces y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel por la operación Kitchen.

El comisario Juan Rueda ha olvidado comentar que, en ocasiones, ni siquiera llegaban tres recomendados por Pino y que solo había un nombre en la lista. Fue el caso del acusado en Kitchen Bonifacio Díez Sevillano, quien había ejercido de mano derecha del DAO hasta que este le recomendó en exclusiva para el puesto de agregado de Interior en México, donde se embolsó 11.000 euros netos al mes hasta que fue cesado con el cambio de Gobierno. Ocurrió igual con Jesús Vicente Galán, jefe de seguimientos en Asuntos Internos cuando la Unidad se implicó en el espionaje a Bárcenas. Galán solo ha comparecido como testigo en el juicio. Su destino, con una retribución similar, fue Mauritania.

El acusado José Ángel Fuentes Gago ejerció de presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Conjurado entonces para acabar con la “politización” del Cuerpo por los socialistas, Fuentes Gago comenzó a colaborar estrechamente con Ignacio Cosidó, aún con el PP en la oposición. Fuentes policiales elevan su influencia hasta el punto de que los dos nombramientos más relevantes de la Policía con el siguiente Gobierno fueron susurrados por él: Eugenio Pino, como número dos, y Enrique Barón, comisario general de Información.

Fuentes Gago aguantó en el sindicato hasta la primavera de 2013. Entonces se incorporó a un puesto en Policía Judicial de Cantabria. En enero de 2014 pasó a ser letrado de la Jefatura Superior de esa comunidad autónoma. Las acusaciones sospechan que el destino en Santander era una cobertura formal a su trabajo real, como 'hombre para todo' de Eugenio Pino en constantes viajes a Madrid. Su defensa intenta demostrar que cuando se desarrolló el núcleo de la operación Kitchen, en el verano de 2013, Fuentes Gago no estaba en la capital.

La comisión del Congreso de los Diputados sobre el uso partidista de la Policía concluyó que el Gobierno había hecho un uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo en el Cuerpo con el fin de esconder los verdaderos destinos los agentes dedicados a espiar a la oposición. La documentación recabada por los diputados sirvió para concluir que Fuentes Gago estuvo destinado en Casa Real entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015. En realidad, el policía nunca pisó la Zarzuela, pero en esos meses viajó en ocho ocasiones a Cataluña, en pleno apogeo de la guerra sucia a los separatistas.

El uso irregular del catálogo de puestos de trabajo en la Policía apareció de forma reiterada en el interrogatorio de la comisión de investigación a Pino. El DAO despachó las preguntas con displicencia hacia los diputados. Ante ellos aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tenerle en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander.

José Ángel Fuentes Gago estuvo destinado en La Haya hasta que hubo un cambio de Gobierno. Fueron casi tres años en los que pudo embolsarse alrededor de medio millón de euros de fondos públicos, gastos aparte y sin contar lo que percibía su mujer, a la que también había enviado a La Haya el Gobierno del PP.

“Con un mandato” de Rajoy

Durante su destino como representante del Ministerio del Interior en Países Bajos, Fuentes Gago viajó a Nueva York a reunirse con un exministro de Hugo Chávez para que firmara una declaración dando por buena una fotocopia de unos supuestos pagos a fundadores de Podemos. En la grabación de esa reunión se le oye decir que si Podemos no llega al Gobierno, “mejor para todos”. También confiesa a su interlocutor que ha viajado hasta allí “con un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la lista de servicios al Gobierno del Partido Popular, Fuentes Gago aparece como el muñidor de la entrevista entre el director de Antifrau, Daniel de Alfonso, y el ministro Fernández Díaz, en la que se aborda la operación Cataluña. O el informe que exculpó de cualquier irregularidad al comisario Villarejo después de que El País publicara que el policía tenía 12 sociedades en paraísos fiscales.

Fuentes Gago fue destinado a un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid cuando el PSOE llegó al Gobierno. Allí permaneció hasta abril de 2021. Entonces, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que presidió le liberó para ejercer la actividad de defensa laboral de los agentes. Unos meses después, en septiembre, la Dirección de la Policía le suspendió de empleo y sueldo por su procesamiento en Kitchen. Su recurso por la vía contencioso-administrativa no prosperó. En la actualidad trabaja en una academia para la formación de opositores a la Policía.

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas durante su primer año en activo, en el que ha prestado más de 260 servicios de forma itinerante que han ahorrado desplazamientos a la ciudadanía vasca para la renovación de documentos. La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ha comparecido en Bilbao para dar a conocer las principales cifras del balance de este primer año, que ha calificado de “muy positivo” porque ha facilitado la expedición de documentos a quienes viven en localidades alejadas de las grandes ciudades.

El servicio inició su andadura el 8 de abril de 2025 en Ermua y, en palabras de Garmendia, “el objetivo del servicio que ofrece la Policía Nacional se está cumpliendo” ya que, ha subrayado, “con este vehículo itinerante, las personas ya pueden sacarse o renovar sus DNI y sus pasaportes en su mismo pueblo sin tener que desplazarse a las ciudades con oficinas físicas, como ocurría hasta ahora”. Tras animar a los municipios que aún no lo han solicitado a que “contacten con la Policía o con las Subdelegaciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos”, la delegada del Gobierno ha lamentado que ayuntamientos gestionados por EH Bildu “priven por prejuicios políticos a la ciudadanía de este servicio ofrecido por la Policía Nacional que beneficia de forma sustancial a muchos vascos, sobre todo a aquellos con dificultades para desplazarse”.

En ese sentido, Garmendia ha incidido en que la acogida y el funcionamiento han resultado ser muy positivos, a pesar de las “reticencias” mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblacione, según recoge Europa Press. Estas reticencias, ha proseguido, se han dado sobre todo en Gipuzkoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios del territorio, por lo que la delegada del Gobierno ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu “priven a sus ciudadanos de este servicio” ofrecido de la Policía Nacional ya que, a su juicio, “el servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos sin fundamento”, ha destacado Marisol Garmendia.

De hecho, ha subrayado, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Arrasate y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el VIDOC. La delegada ha celebrado que hasta la fecha “numerosas localidades de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa hayan solicitado el desplazamiento de la VIDOC que, a través de las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes”.

n total, han sido más de 260 salidas de los tres vehículos habilitados, uno por cada territorio, teniendo en cuenta que muchos municipios optan por repetir la visita del VIDOC para satisfacer la alta demanda de sus vecinos.

Por territorios

Por territorios, en Bizkaia, el primero donde el 8 de abril de 2025 se puso en marcha el Vehículo Integral en Ermua, el servicio ha pasado ya por 40 localidades y hay otras 10 con visitas concertadas o en vías de concertación. Seis de ellas tienen, además, programadas una visita mensual para atender las necesidades de sus vecinos. Hasta la fecha, el VIDOC ha tramitado 3.500 DNI y 1.382 pasaportes.

En Gipuzkoa, la Policía Nacional ha visitado 10 localidades desde su debut en Zumarraga en noviembre de 2025. Por el momento hay otros dos municipios (Soraluze y Tolosa) a la espera de cuadrar fechas para sumarse a esta lista. El balance hasta ahora es de 62 salidas, contando las repeticiones, y la expedición de 1.714 DNI y 650 pasaportes.

En Álava, el VIDOC se puso en marcha en octubre en Iruña de Oca. Desde entonces, el Vehículo Integral de Documentación ha prestado su servicio en 27 municipios, en los que ha completado un total de 90 visitas. De aquí al final de año hay previstas otros 64 desplazamientos a 14 localidades. Por el momento, la Policía Nacional ha expedido en este territorio 1.667 DNI y 519 pasaportes.

El juez que se encarga del caso contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo, declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección, según ha informado laSexta.

David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, y solamente un día después de que la agente de Policía denunciara a González por varios delitos –entre ellos, agresión sexual con penetración–, Maman Benchimol cargaba contra las mujeres que denuncian este tipo de delitos: “Muchas de ellas (las denunciantes) es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”.

El juez, según informa laSexta, subrayaba que esto le “enfada”: “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?”.

El mismo medio explica que en la charla, que abordaba los “Criterios de competencia en materia penal y civil” y se celebró el pasado 18 de febrero de este año, David Maman Benchimol también abordó el tema del divorcio y la custodia de los hijos: “Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

Maman Benchimol siguió haciendo referencia a la custodia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y calificó a la mujer como “enemiga acérrima de la custodia compartida”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable”. Según laSexta, el magistrado insistió en que “la casa y el factor económico” influyen, porque “ya no le va a pagar la pensión” (el hombre, en caso de tener custodia compartida). “Solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre”, declaraba el juez, porque, según él, las mujeres piensan: “Sí a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”. “Ella tiene esa idea en la cabeza y no se fía de él”, afirma Maman Benchimol.

El juez añade que las mujeres deberían valorar más la custodia compartida por la “libertad” que les da “no tener al niño toda la semana con ella”.

El magistrado también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”. Maman Benchimol aseguraba que en un futuro llegarán casos de “violencia de mujer a mujer” porque “la ley no dice que el autor tenga que ser hombre”, y rechaza que los magistrados deban recibir este tipo de casos.

El juez encargado del caso del exDAO cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, y en 2011 se especializó en violencia contra la mujer. Fue tres años después cuando consiguió su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. David Maman Benchimol no ha querido dar explicaciones sobre estas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. Sin embargo, agrupaciones feministas sí han criticado las palabras del magistrado. A través de un comunicado, Madres Protectoras de Madrid denuncian la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales, y que las sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

El caso que instruye el juez parte de una denuncia presentada por una inspectora de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto, en la que relata que el anterior responsable de la Policía le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjunta audios dentro del domicilio donde se cometió la agresión y de las presiones posteriores.

La defensa de la denunciante ha calificado de “desafortunadas” las declaraciones y ha explicado que, si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta “arbitraria” por “sesgo machista”, solicitarán la recusación.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Las coartadas con que los mandos policiales de la época del Partido Popular pretenden hacer pasar la operación Kitchen por una actuación legal comenzaron a aflorar en la sesión del juicio de este martes, tras más de siete horas de declaraciones. Uno de los testigos, el inspector jefe jubilado Juan Vicente Galán, ha asegurado que uno de los acusados, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas le dio la orden de vigilar a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, cuando éste entró en la cárcel. Y añadió que no se trataba de espiarla sino de protegerla “sin ser detectados”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dedicada a perseguir delitos cometidos por otros agentes, reconvertida a labores de protección de la mujer de Bárcenas es tan increíble como la imagen que pretendió ofrecer este martes Galán. De 68 años, el policía estuvo imputado en el caso Kitchen, aunque luego decayeron las acusaciones contra él. Ante el tribunal ha intentado aparecer como un simple subordinado de Martín Blas, si bien su perfil es muy distinto: Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

La Audiencia Nacional juzga el dispositivo parapolicial con objeto de encontrar y sacar de la circulación el material de la caja B del PP que pudiera guardar Luis Bárcenas o su familia después de que el tesorero entrara en prisión. El Ministerio del Interior hizo de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del PP un grupo operativo sobre el terreno en la Operación Cataluña. Y según aparece en el sumario de Kitchen repitió la operación para espiar a la familia del tesorero.

“Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, ha afirmado esta tarde ante el tribunal Jesús Vicente Galán. Se da la circunstancia de que Iglesias, Bárcenas y el hijo del matrimonio, Guillermo, ejercen la acusación particular porque creen que el único peligro que soportaron fue el que representaban policías como Martín Blas o el propio testigo.

Galán ha dicho que trasladó a sus subordinados la instrucción de Martín Blas y que ellos reaccionaron como lo había hecho él a recibirla, “con extrañeza”, la de unos policías que tienen que proteger a alguien sin que ese alguien se entere.

Comienzan las delaciones

Con la declaración del inspector jefe jubilado llegaron los 'cuchillos voladores' al juicio. En la sesión de este martes y en la de ayer, la defensa de Martín Blas se había afanado en restar importancia a los indicios de la participación de Asuntos Internos en el operativo Kitchen. Apenas unos coches y unos agentes que podían haber pasado casualmente cerca de los escenarios del espionaje. Todo eso se derrumbó con el testimonio de Jesús Vicente Galán quien, por otra parte, negó enemistad alguna con Martín Blas. Aunque parece que no es recíproco.

El abogado de Martín Blas ha preguntado a Galán por la denuncia que el comisario de Asuntos Internos de la época puso contra él en 2016, relacionada con un conflicto con los agentes que investigaban el caso del Pequeño Nicolás. Galán dijo que desconocía que su ex jefe le hubiera denunciado. “Siempre hemos tenido un trato correcto. De inferior a subordinado. Y le estoy agradecido por haberme llevado a la unidad, donde yo había estado hacía años”, ha declarado. Mientras, Martín Blas, sentado al lado de su abogado, se afanaba en pasarle papeles y señalarle párrafos.

Para terminar de romper el falso aroma de cordialidad, el abogado de Martín Blas ha recordado a Galán sus declaraciones en fase de instrucción. En las tres aseguró que “jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar a Rosalía Iglesias”, según el letrado. Justo lo contrario de lo que acababa de declarar.

Jesús Vicente Galán ha asegurado que decidió retirar las vigilancias, que se prolongaron durante una o dos semanas, cuando detectó a otros policías haciendo lo mismo. Está acreditado que hasta 70 agentes del Área Especial de Seguimientos de la estructura antiterrorista de la Policía se repartieron las vigilancias de la familia Bárcenas durante meses 24 horas al día.

Tres años después del inicio de la operación Kitchen, el 18 de abril de 2016, Jesús Vicente Galán y otros de los acusados por el espionaje a Bárcenas, Bonifacio Díez Sevillano, se reunieron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad” y así lo dejaron por escrito. Se trata del venezolano que fabricó el bulo de la cuenta falsa de Pablo Iglesias en el Caribe a cambio de un permiso de residencia en España. Así consta en la investigación que se sigue en el juzgado de Santiago Pedraz.

Ese mismo año, Jesús Vicente Galán fue recompensado con el puesto de agregado de Interior en Mauritania. Ya había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que supone un incremento del 15% del sueldo mensual de por vida. Al regresar de Mauritania fue destinado a una sección operativa de una comisaría de Madrid y en 2023 se jubiló. Ha pasado por la brigada política del PP sin que siquiera se haya conocido su rostro.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.