La Fiscalía recurrió las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez con el argumento de que el juez había inventado “una confabulación” al exponer que la esposa del presidente del Gobierno se podía valer de los policías nacionales que componen su escolta para huir del país y escapar de la acción de la justicia. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha del 24 de junio, antes de que Peinado se fuera de vacaciones sin resolver y un sustituto impidiera a Gómez viajar con su marido a la cumbre de la OTAN en Ankara y sí la autorizara desplazarse a Londres para un asunto familiar.

“No es fácilmente asumible esa visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un estado de Derecho como el nuestro. Y tampoco es fácil imaginar y asumiar la confabulación que visualiza el instructor, por otro lado, planteada sin mayor justificación”, afirma el fiscal al respecto.

El representante del Ministerio Público también se detiene a analizar la alusión a una organización de narcotraficantes y a las medidas adoptadas por la Audiencia Provincial de Madrid y que Peinado quiso asemejar al caso de Begoña Gómez. En aquel caso se dictó prisión provisional. El fiscal replica: “Es no decir nada, ya que no se indican las circunstancias personales concretas de los afectados que le guiarían a efectuar ese paralelismo [al juez]”.

Es más, acudir a un caso de organización internacional de tráfico de drogas para hablar del caso de Begoña Gómez, es “el exponente del escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión, además de ser un exponente de la perspectiva con la que se aborda este procedimiento en relación con los investigados”.

A juicio de la Fiscalía, Peinado ha mantenido sus acusaciones “sin la prudencia más elemental aconsejada, sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas y sin esperar al resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial”.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz al enunciar sus conclusiones del juicio por el caso Kitchen. El representante del Ministerio Público mantiene las mismas peticiones de condena para idénticos acusados que antes de empezar la vista oral por lo que sigue solicitando otros 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Les acusa de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad.

La máxima petición de condena de Anticorrupción es para el comisario José Manuel Villarejo, 19 años, por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. Ese espionaje se habría realizado en el marco de una operación destinada a sustraer de la justicia las pruebas de la financiación irregular del PP y más concretamente las que implicaban al presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy.

De la acusación de la Fiscalía queda fuera el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, que no ha sido juzgado por las consecuencias de un grave accidente vascular. Anticorrupción no acusaba a los otros tres miembros de la brigada política que declararon este lunes, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y José Luis Olivera. Anticorrupción sigue pidiendo dos años y 6 meses por encubrimiento para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y para el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para el que solicita 15 años de cárcel.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la justicia, uno de los cuatro delitos que atribuía a Jorge Fernández Díaz, para el que pedía 13 años de cárcel. En el caso de Olivera, la Abogacía mantiene la acusación por obstrucción a la justicia pero retira la de encubrimiento, y deja de acusar por delito alguno a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. La acusación particular, que ejerce la familia Bárcenas, también ha retirado la acusación contra estos dos últimos y Olivera, así como las acusaciones populares de PSOE y Podemos, por lo que los dos inspectores jefe, contra los que no había acusación de la Fiscalía, han resultado absueltos.

Ambos absueltos han declarado durante la jornada. En el transcurso de su testimonio se han presentado como policías con encargos anodinos pese a los indicios que se acumulan contra ellos de haber participado en las otras dos patas de la guerra sucia del PP, contra Podemos y en la Operación Cataluña. Ambos han desmentido las acusaciones del inspector jefe Manuel Morocho, el investigador de la caja B del PP, según las cuales Fuentes Gago le entregó el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para que lo revisara y Bonifacio Díez Sevillano le concertó una cita con un periodista a la que él mismo también acudió y que tenía como fin explicar el contenido del dosier contra la formación política.

También ha declarado este lunes José Luis Olivera, el artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Ha sido uno de los tres acusados, junto al chófer Sergio Ríos y el comisario Villarejo, que ha accedido a contestar a la Fiscalía Anticorrupción, con la particularidad de que esta no le acusaba.

Contra Morocho

El fiscal César de Rivas, que no considera que Olivera quisiera sobornar a Morocho con un puesto en el extranjero, ha colaborado en el intento de los tres testigos de la jornada por desacreditar al inspector jefe de la Gürtel y la caja B del PP. Así, el fiscal ha preguntado a Olivera si es cierto que recibió una llamada del ministro Fernández Díaz mientras estaba en una cafetería con Morocho para reforzar su ofrecimiento de un puesto lejos de las investigaciones contrarias al PP. Olivera ha dicho que quien le llamó fue su mujer, que les invitó a cenar a ambos en casa y que Morocho aceptó.

A preguntas de su abogado, Olivera ha dicho que no sabe de dónde “viene ese rencor” de Morocho hacia él. “Nunca le he hecho nada malo a este señor, al contrario. Ya me llegaron rumores cuando a él no le conceden una medalla pensionada en el 2014 y él entiende de que yo soy el culpable de que no se la den y yo no tengo ningún poder”, ha dicho Olivera.

El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.

El juicio del caso Kitchen retoma su actividad tras dos semanas de paréntesis con la declaración de varios mandos de la brigada política que el PP utilizó para sabotear presuntamente el caso de la caja B y también para atacar a independentistas catalanes y Podemos. Entre ellos destaca Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal, quien regresó a la Policía para controlar la colaboración del topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer de la familia, que también declarará este mismo miércoles o en sesiones posteriores.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo. Para entender su entidad en la trama sirve que es la misma condena que solicita el Ministerio Público para el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Gómez Gordo es el paradigma de la corrupción policial en democracia. Dos veces ha dejado la Policía para trabajar al servicio del PP, aunque cuando estuvo en servicio activo también se plegó a los intereses del partido, según se juzga en Kitchen.

Andrés Gómez Gordo trabajó para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En ese periodo conoció al conductor del consejero, un tal Sergio Ríos, exmilitar y guardia de seguridad. De aquel periodo, el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó una condena de tres años y medio de cárcel, impuesta por la Audiencia Nacional, en el caso Ciudad de la Justicia.

Su segunda excedencia en la Policía también está en el origen de su otro problema judicial, el caso Kitchen. Cospedal se llevó a Gómez Gordo a la Presidencia de Castilla-La Mancha y lo nombró director de Documentación. Esa denominación era una maniobra de distracción sobre las auténticas funciones del policía, espía para Cospedal y jefe visible de su escolta. Todavía queda la duda de si él informó de la posibilidad de captar al chófer de los Bárcenas o si la cúpula policial recurrió a él cuando Sergio Ríos rechazó colaborar con el primer comisario que se acercó a él, Enrique García Castaño.

Las pruebas contra Andrés Gómez Gordo son contundentes. Durante la instrucción y el juicio ha quedado acreditado que trató directamente con el topo y que le hizo entrega de partidas procedentes de los fondos reservados. Lo cierto es que Andrés Gómez Gordo dejó su trabajo en Toledo para regresar a la Policía. El comisario Eugenio Pino lo ubicó como jefe de vigilancias de la UDEF, aunque compaginaba su destino con la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Al poco de regresar al Cuerpo fue condecorado con una medalla pensionada.

Además, Gómez Gordo aparece también en los estertores de la operación Kitchen en un episodio destacado. Fue el policía encargado de intentar 'blanquear' el operativo. Ingresó datos sobre los seguimientos a la familia Bárcenas en una base de datos policial para poder argumentar que compartieron el operativo con los verdaderos investigadores de los casos Gürtel y caja B. Ocurrió en 2015, dos años después del episodio central de la operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de una maniobra de distracción en la línea de defensa de todos los acusados: si hay seguimientos acreditados a la familia Bárcenas, si los pagos al chófer con fondos reservados están demostrados, es porque hubo un operativo, pero fue legal. Se trataba, defienden todos ellos, de descubrir el dinero supuestamente escondido por Bárcenas y sus testaferros. La versión de la acusación es que eso es solo una excusa: los policías, por orden de Interior, buscaban los discos duros con las supuestas grabaciones de Rajoy hablando de la caja B. Solo querían ponerlas a salvo del juez Pablo Ruz, como confesó el propio García Castaño en fase de instrucción.

Gómez Gordo desvinculó a su antigua jefa, María Dolores de Cospedal, de cualquier conocimiento de la Operación Kitchen. También al exmarido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo es defendido por el prestigioso y caro despacho de José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama o Julio Iglesias, entre otros. El mismo despacho defiende a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que ha amagado en varias ocasiones con elevar las responsabilidades de la operación Kitchen pero finalmente ha guardado silencio.

El chófer y topo Sergio Ríos

Después de Gómez Gordo llegará el turno para Sergio Ríos, el chófer recomendado a Bárcenas por el jefe de seguridad del PP para que se pusiera al servicio de la familia. Ríos se convirtió en indispensable cuando el extesorero fue enviado a prisión provisional en junio de 2013. Pero no solo para la familia, también para la brigada política del PP. Cobró en dos años más de 50.000 euros de los fondos reservados y se garantizó el ingreso en la Policía a los 42 años, tal y como propone Villarejo en un audio incorporado a la causa.

Sergio Ríos está hoy suspendido de empleo y sueldo e intenta defender que él creía que colaboraba con una investigación judicial. Robó tres dispositivos móviles a la familia para que los clonara la brigada política, sustrajo notas de Rosalía Iglesias e informó de todos los movimientos de la mujer de Bárcenas. Anticorrupción pide para él 12 años y 5 meses de cárcel.

A continuación declararán José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que ejercieron en diferentes periodos de mano derecha de Eugenio Pino, el jefe de la brigada política del PP. Ambos están implicados en todas las maniobras de la guerra sucia del PP si bien su participación en la operación Kitchen es tangencial.

Cerrará el turno de declaraciones José Luis Olivera, el comisario que participó en la operación Cataluña e impulsó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Está previsto que el juicio acabe el 30 de julio con los informes finales de las partes y el visto para sentencia.

Raúl, nombre ficticio por recomendación de su abogada, no puede ocultar su indignación. Él es uno de los seis investigados por la Policía Nacional por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante un acto de precampaña protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Granada el pasado 16 de abril. Según este activista antifascista, la investigación se está dirigiendo básicamente contra quienes participaron en la protesta, pese a que sostiene que la actitud que mantuvieron fue pacífica y que los episodios de violencia comenzaron cuando varios asistentes al mitin, junto a miembros de la seguridad que acompañaba al dirigente de Vox, avanzaron hacia la concentración.

Según la cronología de los propios investigados, se organizó una protesta en el entorno de la Catedral de Granada, muy próxima a la plaza de las Pasiegas, donde se celebraba el mitin. La convocatoria, aseguran, se difundió de manera informal a través de redes sociales y de distintos colectivos sociales. Al grito de “no pasarán”, “no a la guerra” o “Granada será la tumba del fascismo”, decenas de personas trataron de mostrar su rechazo a la presencia de Abascal, manteniéndose en una calle contigua al escenario desde el que intervenía el líder de Vox.

La tensión fue aumentando conforme avanzaba el acto. Desde el escenario, Abascal denunció que los manifestantes estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin y llegó a decir que no comenzaría su intervención hasta que fueran desalojados. De hecho, argumentó que, si eso no ocurría, avanzaría él mismo por la calle en la que se encontraban los manifestantes. Algo que acabaría haciendo instantes después cuando se produjo el encontronazo entre ambos grupos.

Lo que iba a ser una movilización de protesta acabó derivando en una escena de tensión en la que intervinieron manifestantes, agentes de la Policía Nacional, asistentes al acto y miembros de la seguridad privada que acompañaba a Abascal. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, el balance de aquella tarde fue la detención de un hombre de la seguridad privada de Abascal acusado de golpear con el mástil de una bandera a un agente y la apertura de una investigación que, semanas después, se ha traducido en otras cinco detenciones practicadas en comisaría contra activistas antifascistas y un total de seis personas investigadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El atestado ya ha sido remitido al juzgado y todos ellos permanecen a la espera de que la autoridad judicial decida cómo continúa el procedimiento.

Abascal se saltó el cordón policial

Precisamente esa investigación es la que ha desatado una fuerte polémica entre colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian que las diligencias policiales sólo se están dirigiendo contra quienes participaron en la protesta antifascista, mientras que no conocen actuaciones similares contra asistentes al acto de Vox que, según sostienen, también protagonizaron episodios violentos.

Así lo explica a este periódico Raúl, uno de los investigados, que prefiere mantener el anonimato mientras el procedimiento judicial continúa abierto. “La manifestación se convocó de forma totalmente pacífica y todo está grabado. Hay vídeos en redes sociales, en televisión... Se puede ver perfectamente lo que pasó”, sostiene.

Su relato sitúa el punto de inflexión cuando Abascal abandonó el escenario y un grupo de personas de su entorno avanzaron hacia la calle en la que se encontraban los manifestantes. “Cuando Santiago Abascal decide que esa manifestación no le agrada, manda a toda su gente. Se saltan el cordón policial y, lejos de proteger a las personas que nos estábamos manifestando pacíficamente, la Policía arremete contra nosotros”, asegura.

Raúl sostiene que él ni siquiera fue identificado durante los incidentes. Según explica, los agentes le dieron el alto cuando ya se encontraba lejos del lugar de la concentración. “A mí me identifican como a un kilómetro de la manifestación, de manera totalmente aleatoria. Pensé que aquello quedaría ahí”, recuerda. Sin embargo, días después recibió una llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que tenía que ir a comisaría para informarme sobre unos hechos relacionados con el 16 de abril. Fuimos varios compañeros junto a nuestra abogada y, cuando llegamos, nos detuvieron para comunicarnos los delitos por los que nos investigaban”.

Esa forma de actuar es una de las cuestiones que más llama la atención de los investigados. Según explica uno de ellos, los agentes les comunicaron que existían grabaciones en las que supuestamente aparecen participando en hechos delictivos, aunque asegura que nunca les enseñaron ese material. “La Policía nos dijo que nos tenía grabados, pero no nos ha enseñado ningún vídeo. Nos dijeron que la investigación seguía abierta y que estaban identificando a más personas”.

La APDHA denuncia a miembros de Vox

Para este activista, el problema no es únicamente la investigación, sino el sentido de ésta. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros. Los que actuamos en nombre del antirracismo, del antifascismo y de la democracia somos siempre los perseguidos”. Su testimonio coincide en buena parte con la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha solicitado al juzgado que investigue también la actuación de varios asistentes al acto de Vox y del personal de seguridad privada.

En su escrito, la organización sostiene que la concentración antifascista estaba ejerciendo de forma pacífica su derecho de manifestación cuando varios asistentes al mitin irrumpieron en la protesta tras las declaraciones de Abascal, provocando la alteración del orden y perturbando el ejercicio del derecho de reunión. Esta organización solicita también que se investigue el posible uso de defensas extensibles por parte de particulares y reclama que se incorporen a la causa todas las grabaciones disponibles del incidente, tanto de medios de comunicación como del propio partido, además de información sobre el operativo policial desplegado aquel día.

No obstante, la investigación contra los seis activistas ha propiciado la creación de la Plataforma de Apoyo 16 de Abril. Este colectivo denuncia que las actuaciones policiales persiguen “amedrentar a quienes se manifiestan pacíficamente” y critica que, mientras seis manifestantes ya están siendo investigados por la justicia, no tenga constancia de diligencias similares contra quienes, según su versión, protagonizaron las agresiones desde el entorno de Vox.

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La justicia deberá decidir ahora si los indicios recopilados por la Policía Nacional justifican continuar la causa contra los seis investigados o si, por el contrario, procede a archivar las diligencias. Hasta entonces, Raúl asegura que la sensación con la que conviven todos ellos es difícil de sacudirse. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros”.

Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.

elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.

El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.

Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.

De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.

Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.

En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.

El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.

En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.

El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.

Rechaza que declare 'Johnny'

En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.

El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).

En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.

La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves su cénit con la declaración del principal acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. La operación Kitchen, como el comisario Villarejo bautizó al dispositivo, pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

Fernández Díaz está en el mismo origen de la operación Kitchen, según la acusación. El exministro dejó el primer rastro que consta de la maniobra ilegal. El 13 de julio de 2013, a las 20:29, el entonces ministro del Interior envió un mensaje a su número dos, Francisco Martínez: “Chofer. B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hay esa función con su mujer). Es importante”. Ríos Esgueva era el chófer de la familia Bárcenas que la brigada política captó como topo y pagó con los fondos reservados.

En el momento del mensaje, Bárcenas llevaba dos semanas en la cárcel y el juez Pablo Ruz le había citado tres días después a declarar. El extesorero había pedido hacerlo de forma voluntaria. Todas las alarmas estaban encendidas en la sede del PP en Génova ante la posibilidad de que Luis Bárcenas confesara la gestión de dos décadas de dinero negro de los empresarios. Unos fondos sin declarar que fueron utilizados para financiar el partido y pagar los sobresueldos de sus dirigentes, incluido el que aparece en los papeles como “M. Rajoy”.

El secretario de Estado de Seguridad con la Kitchen, Francisco Martínez, aportó el anterior mensaje y otros tres ante dos notarios en 2020. Circulaba ya el insistente rumor de que el número dos de Interior iba a ser imputado por la operación ilegal. Martínez leyó una entrevista a Fernández Díaz en la que el ministro se desentendía de cualquier operativo siquiera parecido a la Operación Kitchen y decidió anticiparse entregando a los notarios la prueba de que el ministro mentía. 

No ha habido más indicios directos de la implicación de Jorge Fernández Díaz en la operación. Es por eso que la defensa del exministro se centra en desacreditar los mensajes de WhatsApp. Durante la vista han declarado los dos peritos a los que acudió Martínez. Los dos han confirmado que se limitaron a comprobar que esos mensajes estaban en el teléfono propiedad del antiguo secretario de Estado y que habían sido enviados por alguien que aparecía identificado en el terminal como “Jorge Fernández Díaz”, pero que sus competencias no incluyen una pericial para determinar que ese número corresponde a determinado abonado. 

Cuando Fernández Díaz termine de prestar declaración le seguirá Martínez. Ambos protagonizaron un agrio enfrentamiento en el careo que organizó García Castellón en fase de instrucción. Martínez, sobre el que se especuló si elevaría las responsabilidades de Kitchen hacia arriba, mantiene una actitud conciliadora en los últimos años. En el Congreso justificó los comentarios incautados por la Policía en su móvil contra Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz por la ofuscación y la soledad que llegó a sentir. 

Durante las sesiones del juicio, Martínez y el ministro se han comportado de forma cordial entre ellos. Sus abogados también han colaborado. El letrado de Martínez no formuló una sola pregunta al perito de la defensa que asegura que los mensajes ante notario están manipulados. El letrado Pedro Colina, del despacho de José Antonio Choclán, accedió a la petición de la defensa de Fernández Díaz de que el turno de sus declaraciones cambiara y el ministro fuera antes. Jesús Mandri, en representación de Fernández Díaz, utilizó el argumento de que todo lo que hay contra su cliente son los mensajes aportados por Martínez ante notario y que la Policía nunca encontró en su móvil cuando se presentó por sorpresa en su domicilio, en marzo de 2020.

Hasta ahora, la tesis de Francisco Martínez es la misma que la del grueso de los acusados: la Kitchen no existió, lo que ocurrió fue que la Policía emprendió una “operación de inteligencia” que buscaba el dinero de Bárcenas —pese a que ya habían aparecido 47 millones en Suiza— y a sus testaferros dentro de los casos caja B y Gürtel. La tesis se desmorona ante la evidencia de que el juez Pablo Ruz y el investigador policial a sus órdenes, Manuel Morocho, nunca supieron de la Kitchen mientras se estaban desplegando los seguimientos y la sustracción de información a la familia. Así lo ha detallado Morocho en su comparecencia en el juicio como testigo. 

La tesis de García Castellón

La tesis que ha llegado hasta el juicio es la del juez instructor, Manuel García Castellón, quien cerró el caso situando en su cúspide a Fernández Díaz. Los fiscales de Anticorrupción que impulsaron el caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, denunciaron en el recurso contra el cierre de la instrucción de que García Castellón hubiera dibujado “una línea roja” de protección alrededor de la cúpula del Partido Popular y no ahondara en la línea de investigación que apuntaba abrumadoramente hacia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de la formación.

Según esta tesis del juez, Fernández Díaz ideó la Kitchen sin comentarlo con su amigo y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y lo hizo pese a que el ministro no aparecía en los papeles de Bárcenas y la prueba que pretendía robar el Ministerio del Interior era una supuesta grabación en la que Rajoy aparece hablando de la caja B con Bárcenas.

La misma tesis sostiene que las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparadas por el “derecho de reunión” y las instrucciones de la número dos del PP para “parar la libretita” (los papeles de Bárcenas) no son indicio para investigarla. Tampoco sumó para García Castellón las anotaciones de pago de Cospedal al comisario recogidas en las agendas de Villarejo, a las que la Policía da total credibilidad. 

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

La UDEF de la Policía atribuye a Alba y Laura Rodríguez, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias de su padre. En el atestado policial que solicita los registros del pasado martes, los investigadores policiales consideran que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacen un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluyen que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explican que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes.

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías.

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos.

Los policías van a cotejar la “actividad declarada y la actividad real de la sociedad”. Esto permitiría, añade el atestado, “determinar el grado de participación” de las hijas de Zapatero y su “integración en la red organizada”.

La casa de Zapatero, “espacio idóneo” para planificar el delito

Los agentes de la UDEF pidieron al juez que les autorizara registrar el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo su oficina. Los agentes alegaron en su atestado que la casa del expresidente era “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al registro y el juez no acordó la entrada. Los policías añadían: “Atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información”.

Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante. 

Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias. 

El dinero por ese tráfico de influencias habría salido, principalmente, de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Los mensajes telefónicos incautados apuntan a que los dueños de la compañía pensaban que habían contratado a Julio Martínez Martínez y que su valor residía en que participaba de un equipo dirigido por Zapatero. ¿Era así realmente o simplemente alguien les convenció de ello? 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó hasta Julio Martínez Martínez a través de otro amigo de Zapatero, el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, bien conectado en Venezuela. El 16 de mayo de 2020, Fajardo le dijo a Martínez Sola que se pusiera en contacto con el otro Julio, con Martínez Martínez. “Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”. Ese “amigo” que dirigiría el equipo es, según la Policía y el juez, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Minutos antes de ese comentario hay otro que denotaría que tanto Fajardo como el “amigo” ya se preocupaban por la situación de Plus Ultra antes incluso de que la compañía contratara a Julio Martínez Martínez. “¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales”, escribe Fajardo al presidente de Plus Ultra cuando todavía no le ha indicado que se ponga en contacto con el dueño de Análisis Relevante.

La Policía deja de distinguir entre Manuel Fajardo, Julio Martínez y Zapatero para asumir en sus informes la denominación de “Grupo Zapatero” que utilizan los responsables de Plus Ultra y lo que ello conlleva: que el expresidente dirige al resto en una trama de corrupción. Los policías llegan a atribuir la participación del expresidente del Gobierno en una reunión con ciudadanos chinos y el presidente de Plus Ultra porque Martínez Sola escribe: “Estoy con los Zapatero y los chinos”. Con “los Zapatero” y no “con Zapatero”.

Días después de ese mensaje, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

“Estuvo con ZP y le dijo que todo va viento en popa”

La agencia del Gobierno estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) se incautó en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, un venezolano que entonces tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra y que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea. El 6 de febrero de ese año, Reyes había escrito a Martínez Sola: “Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano dueño de la compañía] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.

El venezolano Rodolfo Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día Reyes se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

Otro indicio de la supuesta participación del expresidente es cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, bromeó con que debía cambiar su foto de perfil en WhatsApp porque llevaba unos tirantes con la bandera de España y le iba a llamar Zapatero. La Policía no ha encontrado rastro de esa llamada o de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Sola. 

Estos indicios se unen a otros que presenta la Policía como el de la reunión entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien podría depender el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra. Escrivá ha dicho que esa reunión con el expresidente la solicitó él y que en ella no se abordó en ningún momento el asunto de la compañía. El certificado que Plus Ultra obtuvo de la Seguridad Social en el que se dice que está al corriente de sus obligaciones se emite el 20 de agosto de 2020, 18 días antes del encuentro.

Una vez ha trascendido el contenido de los informes policiales —a la espera del resultado de los registros y de conocer otra documentación del caso—, la mayor sospecha se centra en los pagos de Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero y los que realizó a la misma sociedad Inteligencia Prospectiva, una sociedad “carente de actividad real” que ingresó a Whathefav más de medio millón de euros en cuatro años.

Una comida a la que no está claro quién asistió

Otros indicios, sin embargo, se han revelado más débiles de acuerdo con lo recogido en los informes de la UDEF. El juez Calama acusa en su auto a Zapatero de haber dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái con la que cobrar fuera de España la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra pactada entre su amigo Julio Martínez Martínez y la aerolínea. El juez asume las conclusiones de la Policía y determina que el expresidente dio “instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva”. Sin embargo, esta conclusión parte de premisas confusas.

El único hecho en el que sustenta la acusación contra Zapatero es un correo en el que Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, informa al asistente de Julio Martínez Martínez de una reserva a las 14.30 horas del 26 de enero de 2021 para dos personas a nombre de “Julio” en el citado restaurante. Apunta, además, que un escolta del expresidente ha acudido a formalizar la reserva porque el local tenía problemas con sus líneas telefónicas. 

La Policía construye la secuencia probatoria apoyándose en otro correo incautado, fechado un día después de esa comida, pero del que no hay ninguna prueba con la documentación conocida hasta ahora de que tenga relación con el expresidente. Se trata de un email que Julio Martínez Martínez recibió el 27 de enero de 2021 y en el que un empresario español residente en Dubái, Tomás Guerrero, hacía referencia a una conversación mantenida “ayer” y le trasladaba la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le enviaba más papeles. 

Para la Policía, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida, no en una charla telefónica, en intercambio de mensajes, en un desayuno o una cena. Además, la reserva era para dos personas, lo que descartaría que Guerrero participara en el encuentro. A no ser que la Policía plantee que la secretaria de Zapatero reservó para que comieran otras dos personas distintas del expresidente.  

“Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones [para la creación de la empresa en Dubái] tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez”, puede leerse en uno de los atestados de la UDEF. 

El juez culmina la ceremonia de la confusión cuando en su auto expone expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”.

En todo caso, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. La supuesta creación de esta sociedad en la zona franca de Dubái para desviar y ocultar fondos es lo que sostiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

Elaborar una lista de destinatarios, indicio de liderar una trama

Otra de las acusaciones de la Policía, y que asume el juez, es la que atribuye a Zapatero una “posición preeminente” en la presunta trama basándose, principalmente, en varios archivos de Excel intervenidos durante la investigación. Se trata de listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles unos informes que había confeccionado Sergio Sánchez, uno de los fundadores.  

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita la empresa Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón que habría supuesto unos ingresos a la familia de Zapatero de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. 

En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como el entonces vicepresidente Julio Martínez Sola o el accionista Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

El párrafo definitivo del juez Calama

En la página 57 del auto hay un párrafo con el que el juez atribuye indiciariamente al expresidente del Gobierno el liderazgo de una red criminal de tráfico de influencias que condensa y asume las dos principales construcciones de la Policía en base a inferencias y datos sin apoyo fáctico. Por su interés se reproduce a continuación en su textualidad: 

“Su posición preeminente [de Zapatero] queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística; o cuando imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva. En dicha reunión se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside”.

El narcotraficant detingut aquest dimarts a Son Banya (Palma) ja va ser arrestat el passat mes d'octubre per suposadament haver provocat un accident en el qual va morir un home i fugir, també en els voltants del poblat, segons han confirmat a Europa Press fonts policials i ha publicat aquest dimecres el diari ' Última Hora'.

L'home va tornar a ser detingut aquest dilluns per la Policia Nacional per suposadament traficar amb cocaïna i marihuana al poblat de Son Banya després d'haver realitzat diversos trets a l'aire amb una arma de foc. Els fets van ocórrer sobre les 10.00 hores d'aquest dimarts, quan agents del Grup d'Estupefaents es trobaven en les proximitats del poblat i van escoltar diversos trets amb una arma de foc.

Després d'això, van sol·licitar reforços a la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i es van dirigir cap a l'interior de Son Banya per tractar de localitzar l'autor dels trets. Va ser aleshores quan van observar un home que entrava i sortia d'una de les casetes que s'utilitzen habitualment com a punt de venda de substàncies estupefaents.

Quan el sospitós va veure els policies, es va pujar a un vehicle i va circular a gran velocitat pels carrers del poblat amb la intenció d'eludir-los.

En un moment de la persecució va llançar un objecte de plàstic per la finestra. Els agents ho van recuperar i van descobrir que es tractava d'un táper en l'interior del qual hi havia una pistola, dos carregadors i un canó embolicat en plàstic.

En el vehicle, a més, van trobar més de 2.100 euros en efectiu i diversos casquets detonats.

Els policies també van inspeccionar l'interior de la caseta de la qual el sospitós havia sortit fugint, on van trobar una catana, diverses quantitats de marihuana i cocaïna i més de 240 euros en efectiu.

Accident mortal

El detingut aquest dimarts seria el principal sospitós d'un accident ocorregut el mes d'octubre passat a prop de Son Banya. El presumpte narcotraficant seria la persona que conduïa el vehicle que va envair el carril contrari i va xocar contra el del mort, en un tram de la carretera que uneix el centre comercial Fan amb Mercapalma.

Cal recordar que l'ara arrestat, en aquell moment, es va presentar a les dependències de la Policia Local de Palma juntament amb la seva advocada, encara que es va acollir al seu dret a no declarar. La Policia Local el tenia identificat després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, fos localitzat pels agents després de demanar una ambulància des del barri del Molinar.

El narcotraficante detenido este martes en Son Banya (Palma) ya fue arrestado el pasado mes de octubre por supuestamente haber provocado un accidente en el que murió un hombre y huir, también en las inmediaciones del poblado, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora'.

El hombre volvió a ser detenido este lunes por la Policía Nacional por supuestamente traficar con cocaína y marihuana en el poblado de Son Banya después de haber realizado varios disparos al aire con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes, cuando agentes del Grupo de Estupefacientes se encontraban en las proximidades del poblado y escucharon varios disparos con un arma de fuego.

Tras ello, solicitaron refuerzos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y se dirigieron hacia el interior de Son Banya para tratar de localizar al autor de los tiros. Fue entonces cuando observaron a un hombre que entraba y salía de una de las casetas que se usan habitualmente como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cuando el sospechoso vio a los policías, se subió a un vehículo y circuló a gran velocidad por las calles del poblado con la intención de eludirles.

En un momento de la persecución lanzó un objeto de plástico por la ventana. Los agentes lo recuperaron y descubrieron que se trataba de un táper en cuyo interior había una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico.

En el vehículo, además, encontraron más de 2.100 euros en efectivo y varios casquillos detonados.

Los policías también inspeccionaron el interior de la caseta de la cual el sospechoso había salido huyendo, donde encontraron una catana, diversas cantidades de marihuana y cocaína y más de 240 euros en efectivo.

Accidente mortal

El detenido este martes sería el principal sospechoso de un accidente ocurrido el pasado mes de octubre cerca de Son Banya. El presunto narcotraficante sería la persona que conducía el vehículo que invadió el carril contrario y chocó contra el del fallecido, en un tramo de la carretera que une el centro comercial Fan con Mercapalma.

Cabe recordar que al ahora arrestado, en aquel momento se presentó en las dependencias de la Policía Local de Palma junto a su abogada, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

La Policía Local lo tenía identificado después de que el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, fuera localizado por los agentes tras pedir una ambulancia desde el barrio del Molinar.

El inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, en prisión acusado de integrar una importante organización de narcotráfico, ha descrito este martes en sede judicial una “práctica sistemática” en la unidad de élite de la lucha antidroga para falsear ante los tribunales el origen de las informaciones que les permiten incautar toneladas de cocaína. Sánchez Gil, al que los investigadores encontraron más de 20 millones de euros escondidos en su domicilio, ha explicado que él mismo participó en esas prácticas que permiten blanquear el origen irregular de las operaciones.

“La mayoría de las informaciones que supuestamente se comunican desde la DEA (estadounidense), la SOCA, NCA (ambas agencias británicas)... son falsas. Se confeccionan así para ocultar fuentes de información ilícitas o encubrir a confidentes”, ha dicho el inspector jefe en su declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Naciona, informan fuentes jurídicas. Sánchez Gil ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, donde ingresó tras su arresto en noviembre de 2024.

La comercialización entre narcotraficantes de sistemas encriptados de telefonía ofreció en los últimos años un sistema de comunicaciones a salvo de las Fuerzas de Seguridad. Diferentes versiones se han ido sucediendo hasta que servicios de Información extranjeros han logrado penetrar en sus servidores y encontrar el mayor volumen de información sobre el tráfico de drogas de la historia. Sin embargo, la utilización de esa información ofrece serios problemas legales a la Policía española que, según Sánchez Gil, no ha tenido problema en ocultar el verdadero origen de la información y falsear los atestados que se presentan ante los jueces.

El inspector jefe Sánchez Gil era un valioso aliado de los narcotraficantes. El jefe de la UDEF abría investigaciones inexistentes en las bases de datos policiales introduciendo los números de determinados contenedores que iban a entrar en el puerto ocultando droga en su interior. El policía registraba esas matrículas de contenedores como si fuera parte de una de sus investigaciones. Si otro policía introducía la misma matrícula del contenedor porque lo estaba investigando realmente, la coincidencia le saltaba a Sánchez Gil, que alertaba a los narcos.

Un ejemplo es la incautación de 1.600 kilos de cocaína en Algeciras en mayo de 2001, una operación en la que se vio envuelto el propio Sánchez Gil, que intentaba que el contenedor con cocaína entrara en España sin ser descubierto. Ante el juez Francisco de Jorge, el inspector jefe Sánchez Gil ha explicado que ese alijo fue incautado gracias a la aparición de información en el sistema de encriptación Anom, uno de los infiltrados por los servicios de Información. Sin embargo, y siempre según su relato, los mandos de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) lo ocultaron, atribuyéndolo en sus informes al aviso de un servicio policial extranjero.

Este método, el de la colaboración entre países, resulta ser falso en muchos casos, según ha explicado Sánchez Gil. En el caso del contenedor de 2001, la Policía española habría contado con la colaboración de la Diran, la Dirección Antinarcóticos de Colombia. La información de la Policía española, ha dicho ante el juez el acusado, es “autocreada”. “Se llama a un enlace [de la Policía española en el extranjero], se le da el texto y se le pide que alguien del país en cuestión te la firme. Los escritos los confeccionó la Brigada [de la Udyco] y la información no la dio la Diran”, ha dicho Sánchez Gil, según las fuentes presentes en la declaración.

En el momento de su detención, en noviembre de 2024, Óscar Sánchez Gil era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Antes había participado en la lucha policial contra el narcotráfico en la Udyco. Al ser preguntado por su defensa por qué conoce el modo en que se falsean presuntamente las informaciones, Sánchez Gil ha respondido que se trata de “una práctica habitual y sistemática” de la Brigada Central de Estupefacientes. “Yo mismo lo he hecho como jefe de grupo”, ha asegurado.

Entre las maniobras de la Brigada Central estarían mantener las investigaciones obtenidas a través de los sistemas telefónicos encriptados “en secreto absoluto. Para ello se ocultaría la investigación al juez y no se incluiría en las bases de datos de cooperación policial. En una fase posterior se atribuiría a las incautaciones de droga determinada información que en realidad se habría conseguido a través de las interceptaciones en plataformas como Sky FCC. El inspector jefe ha llegado a decir que se han ocultado a los jueces ”mensajes relevantes“, según las fuentes consultadas.

Óscar Sánchez Gil ha declarado que él mismo fue objeto como investigado de las prácticas irregulares en las que incurrió siendo investigador. La Policía habría llegado a ubicar al número uno de la organización a la que presuntamente pertenecía el policía con uno de estos métodos. Fue una información procedente de Sky FCC, otro de los sistemas de telefonía encriptados y desarticulados, el que habría arrojado la posible relación de Alejandro Salgado, conocido como el 'Tigre', con una trama que estaba siendo investigada. “Prefirieron ocultar el origen de los datos y simularon un informe”, ha dicho Sánchez Gil. La maniobra fue ocultada por la Udyco a la Fiscalía Antidroga y al juzgado, según el policía. Sánchez Gil ha mencionado en su declaración a los principales mandos de la unidad antidroga de la Policía.

Sánchez Gil ha denunciado que los investigadores le vinculan con un alias de la plataforma, “Aduana”, y ha añadido que si se estudian detalladamente las conversaciones incorporadas a la causa aparece “una trama de corrupcon policial completamente distinta” y que es ajena a la que se le imputa.

Menciones a guardias civiles corruptos en chats encriptados

El policía acusado de narcotráfico ha contado que, mientras el éstuvo en Antidroga, “se ocultó sistemáticamente” toda la información que llegaba de los teléfonos encriptados que pudiera afectar a confidentes y colaboradores de la Policía. También ha dicho que su afirmación se puede comprobar comparando unos informes de la investigación y otros posteriores donde la Policía ya ha dejado de proteger a determinados confidentes.

Entre las personas protegidas por la Policía figurarían otros miembros de las Fuerzas de Seguridad que, como Sánchez Gil, pertenecen o colaboran con organizaciones de narcotráfico, según su exposición. “Hay policías de la Brigada de Madrid, de la Udyco y muchas alusiones a guardias civiles del puerto. También de Vigilancia Aduanera”, ha asegurado Sánchez Gil.

El inspector jefe ha dicho que en la propia documentación de chats encriptados que consta en la causa judicial contra él hay referencias a estos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Sánchez Gil ha denunciado que esa información no ha sido analizada y no ha sido incorporada por los investigadores en sus informes al juez.

El ex jefe de la UDEF de Madrid ha señalado que entre ella aparecen menciones expresas de los presuntos narcotraficantes al teniente coronel David Oliva, antiguo jefe de Ocon Sur, el desaparecido dispositivo especial de la Guardia Civil contra el narcotráfico en El Estrecho. Oliva es investigado en un juzgado de Valdemoro por revelación de secretos y cohecho, al intentar acceder a la investigación que Asuntos Internos llevaba contra él por su supuesta relación con un grupo de narcos.

Además, el inspector jefe ha denunciado vulneración de sus derechos durante la investigación. Sería el caso de la infiltración de un 'troyano' en su teléfono pese a que la autorización judicial no aludía a ese terminal concreto. Sánchez Gil ha trasladado al juez que no se le han facilitado los informes concmpletos de sus escuchas ni el contenido íntegro del material incautado en sus dispositivos.

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Uno de los acusados en el juicio de Kitchen, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, pasó en dos años de presidente del sindicato de la escala superior de la Policía a cobrar un sueldo público de 14.000 euros brutos mensuales, como agregado del Ministerio del Interior en Países Bajos durante el Gobierno del Partido Popular. Tal fue la fortuna de Fuentes Gago que consiguió un destino en la misma ciudad del extranjero donde la Policía había destinado unos meses antes a su esposa. Ella era enlace del Cuerpo en Europol, también cargo de libre designación, con una retribución de más de 10.000 euros brutos mensuales. José Ángel Fuentes Gago obtuvo la mayor recompensa de cuantas repartió el Ministerio del Interior a todos los implicados en las maniobras de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La confusión del término 'brigada patriótica', popularizado mediáticamente, radica en que ignora que sus integrantes, si actuaron por el amor a España, no fueron recompensados únicamente con el amor de España. Los policías, algunos de ellos con una carrera mediocre, engordaron sus cuentas bancarias con destinos en el extranjero, los mejor remunerados. A ello hay que sumar las primas de las medallas 'roja' al mérito, que incrementan en un porcentaje del 10% acumulables su asignación mensual de por vida. Siete de los ocho policías que se sientan en el banquillo de Kitchen fueron condecorados con una de ellas. Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano disfrutaron además de destinos en el extranjero.

Este lunes ha sido el turno para los testigos propuestos por la defensa de José Ángel Fuentes Gago en el juicio de Kitchen. El comisario Juan Rueda ha sido propuesto con la intención de descartar irregularidad alguna en el nombramiento de Fuentes Gago. Sin embargo, su testimonio ha evidenciado la discrecionalidad de un sistema aprovechado para repartir recompensas.

Rueda fue subdirector general de Relaciones Internacionales y ejercía de secretario de la Comisión de Destinos en el Exterior. El testigo ha explicado: “Cada Cuerpo [Policía y Guardia Civil] nos mandaba un listado de todos los candidatos que habían solicitado ese puesto y sus currículums. No obstante, la Dirección nos mandaba una terna de los tres que consideraba más idóneos”. El comisario ha añadido: “Si en la comisión no nos parecía que eran idóneos podíamos analizar los currículums de los compañeros que habían solicitado esa plaza”.

Los abogados no han preguntado a Rueda si en alguna ocasión desoyeron las recomendaciones de “la dirección”. Sin embargo, el comisario ha tenido que precisar quién representaba a esa “dirección”. “¿Entiendo que se refiere al director adjunto operativo (DAO)?”, le ha preguntado el abogado del PSOE. “Sí, porque el director general estaba en la comisión”, ha respondido Rueda. Traducido al lenguaje de Kitchen: Ignacio Cosidó, que se ha librado de la imputación, participó como director general de las recompensas de los destinos en el extranjero. Y quien los promovía no era otro que Eugenio Pino, DAO de la Policía entonces y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel por la operación Kitchen.

El comisario Juan Rueda ha olvidado comentar que, en ocasiones, ni siquiera llegaban tres recomendados por Pino y que solo había un nombre en la lista. Fue el caso del acusado en Kitchen Bonifacio Díez Sevillano, quien había ejercido de mano derecha del DAO hasta que este le recomendó en exclusiva para el puesto de agregado de Interior en México, donde se embolsó 11.000 euros netos al mes hasta que fue cesado con el cambio de Gobierno. Ocurrió igual con Jesús Vicente Galán, jefe de seguimientos en Asuntos Internos cuando la Unidad se implicó en el espionaje a Bárcenas. Galán solo ha comparecido como testigo en el juicio. Su destino, con una retribución similar, fue Mauritania.

El acusado José Ángel Fuentes Gago ejerció de presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Conjurado entonces para acabar con la “politización” del Cuerpo por los socialistas, Fuentes Gago comenzó a colaborar estrechamente con Ignacio Cosidó, aún con el PP en la oposición. Fuentes policiales elevan su influencia hasta el punto de que los dos nombramientos más relevantes de la Policía con el siguiente Gobierno fueron susurrados por él: Eugenio Pino, como número dos, y Enrique Barón, comisario general de Información.

Fuentes Gago aguantó en el sindicato hasta la primavera de 2013. Entonces se incorporó a un puesto en Policía Judicial de Cantabria. En enero de 2014 pasó a ser letrado de la Jefatura Superior de esa comunidad autónoma. Las acusaciones sospechan que el destino en Santander era una cobertura formal a su trabajo real, como 'hombre para todo' de Eugenio Pino en constantes viajes a Madrid. Su defensa intenta demostrar que cuando se desarrolló el núcleo de la operación Kitchen, en el verano de 2013, Fuentes Gago no estaba en la capital.

La comisión del Congreso de los Diputados sobre el uso partidista de la Policía concluyó que el Gobierno había hecho un uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo en el Cuerpo con el fin de esconder los verdaderos destinos los agentes dedicados a espiar a la oposición. La documentación recabada por los diputados sirvió para concluir que Fuentes Gago estuvo destinado en Casa Real entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015. En realidad, el policía nunca pisó la Zarzuela, pero en esos meses viajó en ocho ocasiones a Cataluña, en pleno apogeo de la guerra sucia a los separatistas.

El uso irregular del catálogo de puestos de trabajo en la Policía apareció de forma reiterada en el interrogatorio de la comisión de investigación a Pino. El DAO despachó las preguntas con displicencia hacia los diputados. Ante ellos aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tenerle en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander.

José Ángel Fuentes Gago estuvo destinado en La Haya hasta que hubo un cambio de Gobierno. Fueron casi tres años en los que pudo embolsarse alrededor de medio millón de euros de fondos públicos, gastos aparte y sin contar lo que percibía su mujer, a la que también había enviado a La Haya el Gobierno del PP.

“Con un mandato” de Rajoy

Durante su destino como representante del Ministerio del Interior en Países Bajos, Fuentes Gago viajó a Nueva York a reunirse con un exministro de Hugo Chávez para que firmara una declaración dando por buena una fotocopia de unos supuestos pagos a fundadores de Podemos. En la grabación de esa reunión se le oye decir que si Podemos no llega al Gobierno, “mejor para todos”. También confiesa a su interlocutor que ha viajado hasta allí “con un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la lista de servicios al Gobierno del Partido Popular, Fuentes Gago aparece como el muñidor de la entrevista entre el director de Antifrau, Daniel de Alfonso, y el ministro Fernández Díaz, en la que se aborda la operación Cataluña. O el informe que exculpó de cualquier irregularidad al comisario Villarejo después de que El País publicara que el policía tenía 12 sociedades en paraísos fiscales.

Fuentes Gago fue destinado a un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid cuando el PSOE llegó al Gobierno. Allí permaneció hasta abril de 2021. Entonces, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que presidió le liberó para ejercer la actividad de defensa laboral de los agentes. Unos meses después, en septiembre, la Dirección de la Policía le suspendió de empleo y sueldo por su procesamiento en Kitchen. Su recurso por la vía contencioso-administrativa no prosperó. En la actualidad trabaja en una academia para la formación de opositores a la Policía.

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas durante su primer año en activo, en el que ha prestado más de 260 servicios de forma itinerante que han ahorrado desplazamientos a la ciudadanía vasca para la renovación de documentos. La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ha comparecido en Bilbao para dar a conocer las principales cifras del balance de este primer año, que ha calificado de “muy positivo” porque ha facilitado la expedición de documentos a quienes viven en localidades alejadas de las grandes ciudades.

El servicio inició su andadura el 8 de abril de 2025 en Ermua y, en palabras de Garmendia, “el objetivo del servicio que ofrece la Policía Nacional se está cumpliendo” ya que, ha subrayado, “con este vehículo itinerante, las personas ya pueden sacarse o renovar sus DNI y sus pasaportes en su mismo pueblo sin tener que desplazarse a las ciudades con oficinas físicas, como ocurría hasta ahora”. Tras animar a los municipios que aún no lo han solicitado a que “contacten con la Policía o con las Subdelegaciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos”, la delegada del Gobierno ha lamentado que ayuntamientos gestionados por EH Bildu “priven por prejuicios políticos a la ciudadanía de este servicio ofrecido por la Policía Nacional que beneficia de forma sustancial a muchos vascos, sobre todo a aquellos con dificultades para desplazarse”.

En ese sentido, Garmendia ha incidido en que la acogida y el funcionamiento han resultado ser muy positivos, a pesar de las “reticencias” mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblacione, según recoge Europa Press. Estas reticencias, ha proseguido, se han dado sobre todo en Gipuzkoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios del territorio, por lo que la delegada del Gobierno ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu “priven a sus ciudadanos de este servicio” ofrecido de la Policía Nacional ya que, a su juicio, “el servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos sin fundamento”, ha destacado Marisol Garmendia.

De hecho, ha subrayado, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Arrasate y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el VIDOC. La delegada ha celebrado que hasta la fecha “numerosas localidades de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa hayan solicitado el desplazamiento de la VIDOC que, a través de las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes”.

n total, han sido más de 260 salidas de los tres vehículos habilitados, uno por cada territorio, teniendo en cuenta que muchos municipios optan por repetir la visita del VIDOC para satisfacer la alta demanda de sus vecinos.

Por territorios

Por territorios, en Bizkaia, el primero donde el 8 de abril de 2025 se puso en marcha el Vehículo Integral en Ermua, el servicio ha pasado ya por 40 localidades y hay otras 10 con visitas concertadas o en vías de concertación. Seis de ellas tienen, además, programadas una visita mensual para atender las necesidades de sus vecinos. Hasta la fecha, el VIDOC ha tramitado 3.500 DNI y 1.382 pasaportes.

En Gipuzkoa, la Policía Nacional ha visitado 10 localidades desde su debut en Zumarraga en noviembre de 2025. Por el momento hay otros dos municipios (Soraluze y Tolosa) a la espera de cuadrar fechas para sumarse a esta lista. El balance hasta ahora es de 62 salidas, contando las repeticiones, y la expedición de 1.714 DNI y 650 pasaportes.

En Álava, el VIDOC se puso en marcha en octubre en Iruña de Oca. Desde entonces, el Vehículo Integral de Documentación ha prestado su servicio en 27 municipios, en los que ha completado un total de 90 visitas. De aquí al final de año hay previstas otros 64 desplazamientos a 14 localidades. Por el momento, la Policía Nacional ha expedido en este territorio 1.667 DNI y 519 pasaportes.

El juez que se encarga del caso contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo, declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección, según ha informado laSexta.

David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, y solamente un día después de que la agente de Policía denunciara a González por varios delitos –entre ellos, agresión sexual con penetración–, Maman Benchimol cargaba contra las mujeres que denuncian este tipo de delitos: “Muchas de ellas (las denunciantes) es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”.

El juez, según informa laSexta, subrayaba que esto le “enfada”: “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?”.

El mismo medio explica que en la charla, que abordaba los “Criterios de competencia en materia penal y civil” y se celebró el pasado 18 de febrero de este año, David Maman Benchimol también abordó el tema del divorcio y la custodia de los hijos: “Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

Maman Benchimol siguió haciendo referencia a la custodia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y calificó a la mujer como “enemiga acérrima de la custodia compartida”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable”. Según laSexta, el magistrado insistió en que “la casa y el factor económico” influyen, porque “ya no le va a pagar la pensión” (el hombre, en caso de tener custodia compartida). “Solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre”, declaraba el juez, porque, según él, las mujeres piensan: “Sí a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”. “Ella tiene esa idea en la cabeza y no se fía de él”, afirma Maman Benchimol.

El juez añade que las mujeres deberían valorar más la custodia compartida por la “libertad” que les da “no tener al niño toda la semana con ella”.

El magistrado también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”. Maman Benchimol aseguraba que en un futuro llegarán casos de “violencia de mujer a mujer” porque “la ley no dice que el autor tenga que ser hombre”, y rechaza que los magistrados deban recibir este tipo de casos.

El juez encargado del caso del exDAO cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, y en 2011 se especializó en violencia contra la mujer. Fue tres años después cuando consiguió su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. David Maman Benchimol no ha querido dar explicaciones sobre estas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. Sin embargo, agrupaciones feministas sí han criticado las palabras del magistrado. A través de un comunicado, Madres Protectoras de Madrid denuncian la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales, y que las sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

El caso que instruye el juez parte de una denuncia presentada por una inspectora de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto, en la que relata que el anterior responsable de la Policía le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjunta audios dentro del domicilio donde se cometió la agresión y de las presiones posteriores.

La defensa de la denunciante ha calificado de “desafortunadas” las declaraciones y ha explicado que, si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta “arbitraria” por “sesgo machista”, solicitarán la recusación.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez.