He de reconocerles que no sigo de cerca la actividad del Consejo de Estado, pero su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto en materia de control de la jornada de trabajo ha llamado mi atención. Quizás porque se refiere a una materia que ha marcado toda mi vida profesional y sindical. 

Hacerme con él no ha sido fácil y, como no me gusta opinar de oídas o a partir de titulares “demoledores”, he tardado más de lo aconsejable en hacerlo en un mundo en el que las noticias pierden actualidad a las pocas horas de saltar a la palestra. 

Una aceleración que, por cierto, choca con el sosiego y la reflexión que el Consejo de Estado reclama para sus funciones consultivas. Si se contrasta la multitud de requerimientos procedimentales que se establecen en la elaboración de las normas con los ritmos de la vida cotidiana, emerge una de las grandes disrupciones de nuestro tiempo. Instituciones y procedimientos pre-analógicos sometidos a la vertiginosa velocidad del mundo digital. 

Casi tan interesante como el cuerpo del informe me ha resultado la lectura de las alegaciones formuladas por los llamados a emitir su opinión. Más que previsible la oposición de las organizaciones empresariales. Curiosas, por ser prudente, las emitidas por otros ministerios distintos al de Trabajo.  

Las alegaciones de Economía “valoran positivamente la iniciativa y desfavorablemente su puesta en marcha”. Suena a nadar y guardar la ropa, para que nadie sospeche que a los ministerios de economía -desde que se creó el primero- nunca les ha gustado eso de ponerle obligaciones a las empresas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública alega el elevado coste que tendría para las administraciones públicas tener que aplicar la norma. Al leerlo me he preguntado qué sucedería con el propio ministerio si se aplicara este criterio a su propia existencia. 

Al final de la lectura del dictamen me he quedado con la impresión que en estas alegaciones hay más fuego aliado que observaciones tendentes a mejorar la elaboración de la norma. Más adelante lo explico con ejemplos, pero como espóiler ya les adelanto que, a la vista de las muchas cosquillas que se le busca al Decreto, parece que mucha gente le tenía ganas a esta norma y a sus impulsores.  

Sobre el fondo del asunto, parto de la idea pacíficamente aceptada de que las leyes para ser útiles requieren ser cumplidas y que al poder ejecutivo le corresponde poner los medios para garantizar y controlar su aplicación. Es evidente que en materia de jornada de trabajo eso no sucede, como demuestra la millonada de horas extras realizadas que detecta la EPA. Algunas más allá de los límites fijados en el estatuto de los trabajadores, una parte de las cuales ni tan siquiera se retribuyen. 

No hace falta ser un especialista, basta con tener la vista y los oídos atentos, para saber que el actual mecanismo de control de la jornada de trabajo no funciona adecuadamente. En román paladino, algunas, demasiadas, empresas aplican aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”

Entrando en materia. Me ha provocado verdadero pánico jurídico la contraposición que hace el dictamen entre la regulación normativa del control de la jornada y la que establecen algunos convenios colectivos -la minoría, por cierto-. ¿Son conscientes en el Consejo de Estado de que sus argumentos nos pueden conducir a la negación del papel de las normas legales en la regulación de las relaciones de trabajo? 

Entre las principales razones que utiliza el dictamen para rechazar la norma emerge el habitual argumento de su impacto en las pymes. Es evidente que la realidad de las pequeñas es muy distinta a la de las grandes empresas. Y que el legislador y el Ejecutivo deben tenerlo en cuenta. Aunque ese argumento serviría para desmontar todas las obligaciones fiscales, de seguridad social, de salud laboral. Y no por eso dejan de aprobarse, entre otras cosas porque sería discriminar a las personas que trabajan en las pymes.

Por cierto, quizás ha llegado el momento de entender que el apoyo a las pequeñas empresas no consiste en encerrarlas en una burbuja. Pasa por ayudarlas a crecer, a que dejen de ser pequeñas y adquieran musculatura económica. Lo necesitan las pymes para subsistir y también el país. Deberían entenderlo, especialmente, aquellos que dicen estar muy preocupados por nuestra productividad. 

Sinceramente, me parece que es buscar tres pies al gato que se utilice como argumento contra el control digital de la jornada que hay lugares a los que no llega la conexión de internet. ¿Eso no afecta al resto de operativas de estas empresas, las financieras, por ejemplo? ¿La solución es dejar de digitalizar la relación entre empresas y administración? o ¿mejorar la cobertura? Este es uno de los muchos argumentos peregrinos utilizados por el Consejo de Estado para negar su voto favorable al proyecto de Decreto.  

Los redactores del dictamen se lo podrían haber currado un poco más. Argumentar que los datos que aporta la memoria del Decreto sobre horas extras no pagadas -basados en las estimaciones de la EPA- deberían cuantificarse mejor es grotesco. ¿Se han parado a pensar que por definición las horas extras no pagadas son de muy difícil comprobación? Especialmente, si no se dispone de un control eficiente de la jornada en los centros de trabajo. 

Incluso se pone en duda de que la aplicación del control de la jornada pueda tener una incidencia positiva en la conciliación personal de vida y trabajo. Se califica este apartado de la memoria como un objetivo a alcanzar no avalado por datos contrastados. Con este rigor del Consejo de Estado, el que exigen, pero no practican, no hay norma que supere las exigencias de la ley sobre la evaluación de los impactos de género. 

Hay un hilo conductor que recorre todo el dictamen: los constantes argumentos o más bien excusas puestas por el Consejo de Estado para dudar de la posibilidad de que la digitalización pueda entrar en el terreno de las obligaciones empresariales. Digitalización sí, para todo y más, menos para el control de la jornada de trabajo.

He de decir, en cambio, que me parecen razonables algunas de las observaciones realizadas en el dictamen con relación a la necesidad de mejorar la protección de datos personales que debe garantizar cualquier mecanismo de control de jornada. 

Aunque incluso en este apartado algunos de sus razonamientos producen sonrojo. La memoria del Decreto justifica su necesidad en las dificultades que tiene la Inspección de Trabajo para controlar la jornada con el actual modelo. El Consejo de Estado para descalificar esta justificación aporta un argumento que más bien parece un chiste de Forges sobre funcionarios. Así afirman que “el hecho de que un determinado grupo de funcionarios pueda hacer su trabajo con mayor facilidad no supone justificación suficiente”. Por favor, tápense un poco, que no se trata de la comodidad de inspectores o inspectoras de trabajo. Es que, con el actual sistema, no pueden ejercer correctamente sus funciones de control de la aplicación de la ley. 

También merecen atención, a mi juicio, las observaciones hechas sobre los plazos en la entrada en vigor de la norma. Ello es importante porque no se pueden establecer obligaciones a las empresas, ni a ningún administrado, hasta tener la seguridad de que tienen a su disposición los mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

El tronco del dictamen hace referencia a un tema de alta complejidad jurídica. La alegación, que asume el Consejo de Estado, de que el control digital debe regularse por una norma con rango de ley y no puede serlo por un Decreto es más que dudosa. Sobre todo, si se tiene presente que la regulación de la jornada de trabajo y el establecimiento de un registro diario, que incluye el horario, viene ya establecido en una norma con rango de ley, el estatuto de los trabajadores, en su artículo 34.

No quiero cansarles, concluyo que me he quedado con la impresión de que los redactores del informe llegaron primero a la conclusión de que debían cargarse el proyecto de Decreto y luego se pusieron a buscar argumentos bajo las piedras para justificar su negativa a la aprobación del Decreto proyectado. 

No se alarmen, aunque a los legos les cueste entenderlo, esta es una lógica muy habitual en el funcionamiento de los Tribunales, primero se decide el fallo de la sentencia y luego se arman los fundamentos jurídicos. Si eso se hace, a menudo, con resoluciones judiciales no es muy exagerado pensar que se haya hecho también con un dictamen del Consejo de Estado que en definitiva es un trámite preceptivo, pero no vinculante para el poder ejecutivo.   

Espero que en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno sepan encontrar la fórmula para mejorar el texto de la norma y así aprobar el control digitalizado de la jornada de trabajo. Por el bien de nuestro sistema democrático. No hay nada que erosione más la confianza de la ciudadanía en las instituciones que las personas tenga la convicción, fruto de sus traumáticas experiencias, que las leyes se aprueban, pero no se cumplen y no se hace nada para hacerlas cumplir. 

El Ministerio de Trabajo confía en aprobar su refuerzo del registro de la jornada laboral “a la mayor brevedad”, con pequeños cambios para sortear el rechazo de la norma por el Consejo de Estado, e ignorando las medidas que reclama el departamento de Economía. El departamento de Yolanda Díaz echa así un pulso al de Carlos Cuerpo y asegura en su confianza en que sacará adelante su texto legal, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indican fuentes de Trabajo tras conocerse este lunes la decisión desfavorable al real decreto del Consejo de Estado, adelantada por elDiario.es, que se suma a otro negativo de la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre.

Tras ello, el Ministerio de Economía, que había emitido hasta dos informes desfavorables a la puesta en marcha del registro ante el Consejo de Estado, ha afirmado este martes que ahora se ha de asegurar una “implementación equilibrada” para las empresas de la norma, en palabras de Cuerpo.

Cuerpo se ha referido en concreto a facilitar la puesta en marcha de la medida a las pymes (pequeñas y medianas empresas), para las que su Ministerio demanda un mayor plazo para adaptarse a la norma, de hasta un año. Economía también reclama que haya algunos sectores excluidos de esta nueva legislación, con una normativa más relajada, como son la construcción, el transporte y el campo.

Confianza en ganar a Economía ante Sánchez

El Ministerio de Trabajo es sumamente crítico con los dos dictámenes de los órganos consultivos, desfavorables a su proyecto normativo y que consideran que han seguido la estela de las críticas de Economía y de las patronales.

Fuentes de Trabajo han rechazado además de manera tajante adaptar la norma a las peticiones del Ministerio de Economía. Han insistido en su confianza en tener el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante esta medida en el Consejo de Ministros, al margen de lo que opine el ministro Cuerpo.

Un ministro que cada vez gana más peso en el Ejecutivo y cuyo nombre suena como uno de los posibles candidatos a sustituir a Montero al frente de Hacienda.

Aunque en el Ministerio de Trabajo precisan que el equipo de Yolanda Díaz no ha hablado con el de Sánchez de este tema tras la censura del Consejo de Estado y las palabras de Carlos Cuerpo, insisten en que este tema ha sido muy hablado entre los dos responsables de PSOE y Sumar dentro del Gobierno.

Destacan además que es parte del acuerdo de Gobierno, que contempla: “Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”.

“Pequeños cambios” para blindar el registro ante los tribunales

Pese a las críticas al Consejo de Estado, su dictamen desfavorable allana el camino de la denuncia ante los tribunales que ha anunciado la patronal si la norma sale adelante. Por ello, la intención de Yolanda Díaz es adaptar el texto con “pequeños cambios” para blindar el decreto ante esta denuncia de los empresarios, indican en el Ministerio.

Entre las modificaciones, en Trabajo destacan dos. Por un lado, introducir más énfasis en la garantía de la protección de datos del registro de jornada y, por otro, dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de adaptar las obligaciones de registro.

Ambos son dos de los elementos centrales por los que el Consejo de Estado rechaza el actual real decreto, que consideran que no respeta la legislación de protección de datos personales y que se excede en las competencias de los reales decretos, invadiendo las propias de la ley y los convenios colectivos.

Sin embargo, Trabajo ha subrayado otras dos líneas rojas del actual texto: que el registro sea digital y que sea accesible para la Inspección de Trabajo. Este primer elementos es otro de los que cita el Consejo de Estado para oponerse a la norma, ya que considera que requeriría de una ley.

En el Ministerio rechazan esta tesis y citan para ello el voto parcialmente discrepante de uno de los consejeros del órgano consultivo, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret, que no comparte este argumento.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deslizado este martes la necesidad de modificar el real decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de jornada. “Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es equilibrada” para las empresas, ha respondido Cuerpo, al ser preguntado por elDiario.es por sus dos informes contrarios a la norma ante el Consejo de Estado, que el pasado jueves se posicionó finalmente contra el decreto en un duro dictamen.

La respuesta de Cuerpo llega tras conocerse este lunes el rechazo del Consejo de Estado a la aprobación del refuerzo del registro de jornada de Trabajo, pactado con los sindicatos CCOO y UGT, que ha desvelado además el informe desfavorable también de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, un varapalo de los dos órganos consultivos que tenían que analizar la norma.

Tras este revés, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha asegurado que “lógicamente” va a tener en cuenta los informes “aunque solo sean consultivos”. Pero ha precisado que “siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que de cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

Una implementación “equilibrada” para las empresas

Carlos Cuerpo ha insistido en que su Ministerio comparte el “objetivo” de la norma. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada hacia delante”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es importante mantener la ambición de estos derechos de los trabajadores”, ha apostillado Cuerpo, pero a la vez ha añadido que hay que “trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes”.

“Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es una implementación equilibrada para poder garantizar que los sujetos obligados, las empresas, pueden llevar a cabo esta importante medida, esta importante conquista de los trabajadores”, ha añadido el rsponsable de Economía a preguntas de este medio sobre si era necesario modificar el decreto antes de que pase por el Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, ha intervenido con la intención de “confirmar el compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada y también, por supuesto, con el control horario y el abono de las horas extraordinarias”.

Las propuestas de Economía al Consejo de Estado

El Ministerio de Economía propuso varios cambios en sus informes desfavorables al control horario del departamento de Yolanda Díaz. En el primero (de diciembre) puso en duda la legalidad del propio decreto, pero en el segundo (de febrero) este elemento se eliminó.

Entre las modificaciones propuestas más destacadas, Economía planteó ampliar el periodo transitorio de aplicación del nuevo registro horario para las pymes, hasta un año de plazo, y que se exceptúe de este nuevo sistema a ciertos sectores de jornadas especiales, como la construcción, el campo y los transportes.

Este martes, Sumar ha acusado a Carlos Cuerpo de “usar sus tentáculos” para boicotear el refuerzo del control horario a los trabajadores. La portavoz de los comunes y de Sumar, Aina Vidal, ha cuestionado “cuál es la posición de la ministra de Seguridad Social”, Elma Saiz, “y si le gusta cómo nos expolian cada semana 2,5 millones de horas extras”, ha afirmado Vidal en una rueda de prensa en el Congreso.

La diputada de Sumar ha lanzado un “llamamiento a la tranquilidad” y ha reiterado su crítica a los “ministros que tienen la tentación de usar sus tentáculos en el Consejo de Estado o en otros estudios que encargan de forma mamporrera”.

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavorablemente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.

Una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran el exjuez José Castro –conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos– y Juan Pedro Yllanes –quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos–, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclaman, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI aproveche su discurso de Navidad para anunciar su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución. Se trata de una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En la misiva, a la que ha tenido acceso en primicia elDiario.es, recuerdan que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los juristas, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aluden a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentan que “han transcurrido más de tres años y medio” desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteran su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunciará el próximo 24 de diciembre, incluya su renuncia al privilegio de la inviolabilidad. “Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayan los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcan.

El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022

Juristas firmantes de la misiva

Se refieren, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

El pasado mes de mayo, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El pasado mes de mayo, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él

Recabar la opinión a través del CIS

En este contexto, los juristas incorporan en su carta una petición dirigida exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”.

Los solicitantes consideran que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

Los solicitantes consideran que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal: "Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil.  

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta reciente entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

En los últimos años, el debate sobre la inviolabilidad del rey y la imposibilidad de exigirle responsabilidades más allá de los actos cometidos como jefe del Estado se intensificó a partir del estallido del caso Nóos

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey. 

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española

“Indefensión” ante los delitos del rey

En esta misma línea, numerosos juristas han reflexionado sobre el hecho de si, con el paso del tiempo, este escudo se ha convertido en un privilegio personal más que en una garantía constitucional. A tenor de las anteriores sentencias, el catedrático de Derecho Constitucional Josu de Miguel Bárcena subraya que “la inviolabilidad del rey es un privilegio de carácter sustantivo, lo que supone construir un halo frente a la injerencia de otros poderes del Estado y particulares y el impedimento de cualquier sanción de naturaleza jurídica y política”. En su trabajo La inviolabilidad del Rey en el constitucionalismo español, considera que el rey, “en una democracia constitucional, tiene que ejemplarizar con sus actos públicos y privados al resto de ciudadanos”.

“Si usted va conduciendo su coche por la calle y atropellase a una persona, ni siquiera se le podría perseguir por eso”, señalaba, por su parte, el histórico abogado laboralista Ferran Gomila en una entrevista concedida a este periódico. “Dado que hay una interpretación feroz a propósito del artículo 56.3 de la Constitución de parte del Consejo de Estado y de parte de todos los juzgados y órdenes jurisdiccionales del país, asuma usted una responsabilidad mínima y es que renuncie a un fuero de protección personal de inviolabilidad en lo que se refiere a su actuación personal como persona física”, incidía Gomila, miembro también del grupo de juristas que suscribe la misiva.

Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) José Antonio Martín Pallín, “la cuestión sobre la inviolabilidad de la persona del rey, proclamada en nuestra constitución, se ha convertido en un debate teológico alejado de cualquier interpretación racional y lógica exigible en un estado de derecho”. En esta columna publicada en elDiario.es asevera: “Si un ciudadano o ciudadana, que no súbditos, es víctima de un delito cometido por la persona del Rey, su derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos se ve quebrantado, relegándolos a la más absoluta indefensión”.

Si un ciudadano o ciudadana, que no súbditos, es víctima de un delito cometido por la persona del Rey, su derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos se ve quebrantado, relegándolos a la más absoluta indefensión

José Antonio Martín Pallín — Magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)

“La cuestión adquiere unos caracteres pintorescos y difícilmente asimilables por el común de los mortales, cuando se les dice que, si tienen alguna reclamación civil, por deudas o por cualquier otra circunstancia privada, deben olvidarse de acudir a los jueces y tribunales porque se lo impide la sagrada inviolabilidad de la persona del rey”, abunda Martín Pallín, quien en 2006 dejó el TS tras casi tres décadas impartiendo justicia desde la sala de lo penal del Alto Tribunal.

A juicio de Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, la interpretación de la inviolabilidad del rey entra en contradicción con el principio de legitimidad democrática del artículo 1.2 de la Constitución, según el cual “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. “Si la inviolabilidad exonera al rey de responsabilidad de manera universal y vitalicia respecto de todo el derecho aprobado con base en ese principio de legitimidad democrática, ¿de qué vale la proclamación de dicho principio?”, asevera el jurista. 

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

El mismo grupo de juristas reclama que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República

La confección y los resultados de tales encuestas había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

El Gobierno ha elegido a la exvicepresidenta Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado. Sustituye así a Magdalena Valerio, cuya elección fue declarada ilegal por la justicia el pasado noviembre. Tal y como ha podido confirmar elDiario.es de fuentes socialistas, la que fuera titular de Presidencia en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez dejará así su acta como diputada en el Congreso, donde además era la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

El pasado 2 de febrero el Tribunal Supremo confirmó la anulación del nombramiento de Valerio al frente del órgano consultivo. Los jueces avalaron que todo el proceso arrancara con un recurso de la Fundación Hay Derecho: “No es algo exótico ni disfuncional”, afirmó la sala. Así, los jueces anularon el nombramiento de la exministra el pasado mes de noviembre al entender que no cumplía con los requisitos necesarios.

Estaba por ver si una vez rechazado este incidente de nulidad, el Supremo instaba a la ejecución de su sentencia o si el propio Gobierno realizaría algún movimiento en torno a la presidencia de este organismo, como al final ha ocurrido.

Calvo ha declarado este lunes que acepta el cargo con el objetivo de presidir “para todos” y ha revelado que no es la primera vez que Sánchez le ofrece el cargo. Hace unos días lo aceptó, según ha explicado en la Cadena Ser, por un “sentido romántico de cómo puedes servir a tu país”. La ex vicepresidenta ha defendido además que Sánchez elija una vez más a un anterior miembro de su Gobierno para el Consejo de Estado y ha asegurado que se trata de algo que “forma parte de los usos y costumbres de todas las democracias”.

La exministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero se sumó al equipo de Sánchez en las primarias de 2017, cuando el perfil de personas que apoyaban al entonces descabalgado secretario general era bajo en comparación con los pesos pesados y la vieja guardia que estaba junto a Susana Díaz y, en menor medida, con Patxi López. El autodenominado “PSOE de siempre” decía entonces que con Sánchez estaban los rebotados de todas las federaciones. Lo cierto es que se impuso en esa competición con más del 50% del apoyo de los militantes.

Discrepancias en materia de Igualdad

Calvo se hizo entonces con una de las banderas del PSOE: la secretaría de Igualdad de la Ejecutiva. El nombramiento no sentó muy bien a un sector del movimiento feminista del partido que consideraba que no había estado en esa batalla siempre. Pero Sánchez no tardó en darle más relevancia dado que era de las pocas personas de su dirección con gestión en sus espaldas. Fue Calvo, que es doctora en Derecho Constitucional, quien negoció con Soraya Sáenz de Santamaría la aplicación del 155 en Catalunya.

Unos meses después, tras la moción de censura, Sánchez la convirtió en su vicepresidenta y le dio, además, las competencias de Igualdad. Y en enero de 2020, tras el pacto de PSOE y Unidas Podemos, fue elegida ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes. Perdió entonces cualquier mando en materia de Igualdad, una cartera que asumió Irene Montero. Desde entonces fueron sonadas las discrepancias entre Calvo y Montero sobre todo con leyes como la trans.

En la remodelación del Gobierno que Sánchez realizó en julio de 2021 Calvo salió del Ejecutivo. Fue después como cabeza de lista por Granada en las elecciones del pasado 23 de julio, resultando elegida diputada y después, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.

La alternativa al Poder Judicial es una justicia privada no sometida a control público (...) o, aun peor, una subordinada al Ejecutivo que ya conocimos en el pasado

Natalia Velilla

Yo tampoco voté hace 45 años la Constitución vigente, pero al menos la entiendo. Quiero decir que comprendo el sistema que emana de ella, cosa que, me van a perdonar, una minoría de la población española puede afirmar. Si yo estuviera equivocada, si la conocieran y además la comprendieran, no sería posible oír cosas que oímos ni cabría en cabeza humana pretender hacer pasar por adecuado al sistema lo que es totalmente espurio y anormal. 

Entiendo el Estado de derecho emanado de la Constitución, pero no sólo. También comprendo las maniobras iniciadas hace años para desprestigiar, anular y desgajar de la aprobación del pueblo a los contrapesos diseñados en ella y a los intermediarios necesarios para asegurar que los individuos pueden acceder y reclamar los derechos contenidos en la misma. Nadie puede ser sujeto efectivo del derecho a la salud, a la información, a la educación, a la justicia y a tantos otros si no es a través de las personas, organismos y los poderes diseñados para ello. Esa intermediación es la que está siendo socavada conscientemente –minando la confianza popular en todos los periodistas, todos los jueces, todos los abogados, todos los médicos, todos los profesores...– para lograr así deslegitimar a todo el sistema democrático que sin su concurso deviene impracticable.

Entiendo también los toques de silbato para ordenar el pelotón. Los oigo, aunque no los escuche. Yo, que llevo años pacientemente señalando con el dedo y con nombres y apellidos a los jueces y magistrados que cometen errores o que se exceden o que hacen política cuando no deben, yo tengo que salir hoy a defender a los jueces en general y al Poder Judicial de un ataque conjunto, indiscriminado y reglado para minar su credibilidad y la de los ciudadanos en el sistema. Hoy, que proliferan tantos que afirman sin rebozo cosas perfectamente discutibles sobre todos los jueces en general, gentes que en los últimos treinta años no se han dignado leer una sentencia, seguir una secuencia procesal, analizar la pertinencia de una resolución concreta, hoy toca salir a la palestra a manifestar que si uno puede señalar defectos concretos es porque la gran mayoría de los magistrados cumple su papel constitucional y porque es posible diferenciar a los que lo hacen bien de los que lo hacen mal. Son menos los que lo hacen mal. Son perfectamente identificables los que se dejan seducir por el poder. Conocemos su nombre y sus apellidos y las causas concretas en las que pecan. Hay que tener el arrojo de nombrarlos y de exponer las razones concretas y que estas, además, sean defendibles y pertinentes. Hay que utilizar los medios contenidos en el sistema para evitar que sigan haciéndolo. Lo demás es poner a los pies de los caballos un pilar democrático sin el que es absolutamente imposible salir adelante.

Lamento profundamente que un conjunto de profesionales hayamos dedicado tanto tiempo a prepararnos para discernir entre lo bien hecho y lo mal hecho cuando era tan sencillo desacreditarlo todo con una fórmula mágica: son franquistas, niños de papá, hijos de sagas, machistas, conservadores, opusinos, politizados y enajenados del mundo en que viven. Dicho así puedo afirmar que es perfectamente incorrecto. No son ni más franquistas ni mas niños de papá ni hijos de saga ni machistas ni opusinos..., en general, que pueda serlo el conjunto de periodistas, de políticos, de abogados, de profesores o de médicos. Los jueces no son revolucionarios, si es eso lo que buscan, como no lo es nadie cuya profesión esté llamada a hacer respetar el orden y la ley. Fíjense, ni los más rojos de entre ellos saltan nunca sobre esa configuración de su mente que les lleva a hacer respetar los marcos del sistema. Ahora bien, eso es bueno, se mire desde donde se mire. Eso precisamente hará que por muy poco que les guste una ley –del sí es sí, de amnistía o de lo que gusten– sólo pueden utilizar contra ella los mecanismos del propio sistema y después la aplicarán. Por eso les reclamo también la contención y la prudencia de no excederse de ese papel haciéndose visibles como actores políticos o de opinión pública. Esas actitudes no sólo no ayudan, sino que les perjudican a ellos y al Estado de derecho, por más que se vendan como valentía. Señores magistrados, les quiero presentando prejudiciales si lo estiman y no con las togas delante de los tribunales protestando. Ese es su papel en el sistema.

Lloro y me agito cuando veo no ya a los partidos que claramente se han mostrado siempre contrarios a la Constitución actual, sino al propio PSOE saltar sobre esos límites. Me da rabia, una inmensa rabia, mucha más que cuando lo hace el PP, que tampoco se ha quedado atrás. ¿Cómo puede salir una portavoz del Consejo de Ministros a cuestionar que los tribunales puedan ejercer un control legal sobre los actos de nombramiento del Gobierno? ¿Cómo pueden pervertir la percepción de los ciudadanos sobre la necesidad de limitar la discrecionalidad del poder? El Gobierno puede nombrar al presidente del Consejo de Estado y es obvio que hay centenares de juristas que cumplen los requisitos y que además son afines y si me apuran fans de Sánchez. ¿Por qué nombrar a una persona que ni siquiera puede ser llamada en puridad jurista porque jamás ha ejercido y trabajado como tal? Alegría, si es la primera vez es porque es la primera vez que se ha ido tan lejos en el incumplimiento de la norma y, segundo, eso no sólo no vulnera la separación de poderes sino que es una prueba de su existencia. Creo que la portavoz no votó la Constitución pero no sé si la entiende.

Colocar a los propios es común a la partitocracia, pero, ¿por qué justo ahí? ¿No podían mandarla de embajadora ante la ONU, por ejemplo? Es buena noticia que la sociedad civil pueda acudir a los tribunales a controlar estos excesos. Más control del poder es más democracia, y a la inversa. ¿Cómo entonces hay tantas voces dispuestas a confundir diciendo lo contrario? ¿Cómo tantas que se prestan a pretender que la “soberanía popular” está por encima de cualquier control? Las Cortes, en las que reside la soberanía nacional, pueden hacer las leyes y cambiarlas todo lo que les den las mayorías pero siempre y cuando no rebasen el marco legal al que también se deben. Luego ellos mismos deben cumplirlas. Ese es el sistema que nos protege a todos. Y no olviden que cualquier transgresión que defiendan con fruición para su partido, deben entenderla aceptable igualmente para el que más odien. No queda otra. 

Es un profundo error político y democrático comenzar desde otros poderes una lucha abierta contra el Poder Judicial, que no es un poder colegiado sino difuso y encarnado en cada uno de los jueces y magistrados. Es un profundo error de consecuencias incalculables deslegitimar de forma global al Poder Judicial –que para nada está residenciado en el Consejo– y es absolutamente irresponsable que autoridades y representantes de los ciudadanos toquen a rebato para ello. Por eso, yo que llevo años incomodando por señalar como mosca cojonera los defectos del sistema y los defectos de jueces concretos dentro del mismo, tengo que decirles que me opongo a este señalamiento masivo y a este intento de deslegitimación global, como me opongo a la transformación soterrada y oculta del sistema constitucional. 

Y a los jueces, que los hay, que se han constituido en resistencia política hay que señalarlos, con nombres y apellidos, y argumentar técnica y sistemáticamente por qué actúan mal y exigir que sus propios compañeros los señalen y que si son llevados ante su jurisdicción los aparten como abusadores del sistema. Yo lo he hecho y lo haré, pero no voy a apoyar ninguna descalificación grosera, interesada y global del Poder Judicial. No voy a contribuir a suicidar el sistema en el que he crecido y vivido en total libertad. Allá cada uno.

La ilegal situación y la vergonzosa actuación del Consejo General del Poder Judicial, sumada a la instrumentalización política que algunos jueces y juezas hacen de su poder, está provocando un grave daño a la credibilidad de la Justicia, columna básica de nuestro sistema democrático. 

Además, el crispado clima político y el contaminado ambiente mediático dificultan un debate sereno. Lo estamos viviendo estos días en que se acumulan los ecos de diferentes resoluciones judiciales. 

Ante esta coincidencia puede desprenderse que asistimos a una ofensiva de amplios sectores de la judicatura. No seré yo el que niegue esta hipótesis, porque, como las meigas, “haberlas haylas”. Pero ofrecer siempre, y para todo, la misma explicación nos impide ver otras causas y problemas importantes que permanecen ocultos. 

Voy a intentar explicarme a partir de la sentencia que anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Comienzo haciendo spoiler: a mi juicio, el Supremo ha usado de manera abusiva la discrecionalidad de la que dispone en la interpretación de las leyes. No comparto la idea de que los Tribunales deben aplicar las leyes como si fueran algoritmos. Al contrario, creo que en su función jurisdiccional también construyen derecho, aunque deben hacerlo con equilibrio y sin irrumpir en el terreno de los otros poderes del estado. Lamentablemente, hay sectores de la judicatura que se han olvidado del principio de autocontención y están desbocados. 

Vamos por partes. Lo primero sobre lo que se pronuncia la sentencia es si una entidad privada, la Fundación Hay Derecho, ostenta algún interés legítimo que le permita recurrir el Decreto del Gobierno de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y sorprendentemente resuelve que sí.

Les sugiero que antes de apuntarse a la siempre atractiva teoría de las conspiraciones lean la sentencia. Este es, desde hace tiempo, uno de los aspectos más controvertidos de la jurisprudencia contenciosa. Quizás por eso, el Supremo, consciente de que su decisión entra en terreno gaseoso, hace un esfuerzo para justificar las razones que le llevan a aceptar la legitimación de Hay Derecho.

Aunque, con su exhaustiva justificación, no hace más que confirmar el carácter volátil y contradictorio de la jurisprudencia. El amplio listado de casos en los que se ha denegado la legitimación a entidades sociales y el más reducido de casos en los que se ha aceptado ponen de manifiesto la complejidad de resolver, por la gran casuística con que se encuentran los tribunales y lo pantanoso de este terreno. 

Algunos ejemplos. En su momento se negó a la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia la legitimación para recurrir el Real Decreto que regula el registro de sentencias sobre responsabilidad penal de los menores. En cambio, se le ha reconocido a la Fundación Toro de Lidia para impugnar el bono cultural joven que excluía los festejos taurinos, a la asociación catalana de profesionales de extranjería que impugnó el reglamento. También a entidades de defensa de los derechos del pueblo saharaui, a Caritas Española o a SOS Racismo. 

No creo que esta diversidad de resoluciones se pueda imputar a sesgo político. Prueba de ello es que ha denegado, por la vía de auto de inadmisión, la legitimación para recurrir los indultos otorgados a dirigentes independentistas. Y el Supremo lo ha denegado en más de 90 recursos. 

La novedad de esta sentencia es que hasta ahora se reconocía la legitimación para recurrir solo cuando había una relación directa entre el fin de la entidad que recurre y la norma que se impugna. En todos los casos era evidente el interés legítimo y directo de las entidades recurrentes.

En la sentencia comentada el Supremo se adentra en un terreno muy resbaladizo. El problema no es, como alegó el ministro Bolaños, que se reconozca legitimidad a una entidad privada, cosa que el Supremo ha hecho anteriormente. Además, que la sociedad civil sea activa, también ante los Tribunales, no debilita la democracia, sino que la refuerza. 

El problema es que por primera vez se reconoce a una fundación privada la legitimidad para recurrir en defensa del Estado de derecho, en genérico, que es un concepto muy amplio y extenso. Los argumentos utilizados por el Supremo permiten a una fundación privada ostentar una especie de legitimación universal para recurrir todo aquello que considere que vulnera el principio de legalidad. En realidad, se le ha otorgado a Hay Derecho funciones en defensa del Estado de derecho que el artículo 124 de la Constitución encarga al Ministerio Fiscal. 

La interpretación que hace el Supremo nos adentra en terreno ignoto. Y suscita algunos interrogantes. ¿Hay Derecho es la única y singular entidad de esta naturaleza que reúne las características de autoridad y prestigio en defensa del Estado de derecho? ¿Qué otras entidades con objetivos generales de defensa de la legalidad ostentan esta legitimación? ¿Podrá a partir de ahora, Hay Derecho impugnar ante los tribunales todas las decisiones de los gobiernos que considere afectan al Estado de derecho? Me temo que para salir del embrollo el Supremo va a tener que dar otro volantazo en su jurisprudencia. 

Cabe la posibilidad de que el Supremo, con su interpretación, haya querido simplemente crear nuevo derecho, ampliando los supuestos de legitimación para recurrir. Pero, a partir de mi experiencia en los tribunales, intuyo que esta controvertida decisión la adopta el tribunal porque tenía un especial interés en entrar a juzgar el fondo del asunto y la única posibilidad de hacerlo era reconocer a Hay Derecho una polémica legitimación. Aunque pueda sonar extraño a los legos es habitual que los tribunales lleguen primero a la conclusión de lo que quieren sentenciar y luego busquen la manera de darle cobertura jurídica a la sentencia. 

Sobre el fondo del asunto conviene recordar que la Ley reconoce al Gobierno la facultad de elegir “libremente” a quien nombra para la presidencia del Consejo de Estado. Como es obvio esta libertad no puede ser identificada con arbitrariedad, prohibida por nuestra Constitución (art.9). El Gobierno está condicionado por un procedimiento y unos criterios, entre ellos que la persona elegida reúna los requisitos de experiencia en asuntos de Estado y ser jurista de reconocido prestigio.

Es evidente que la condición de “jurista de reconocido prestigio” es un concepto de amplia interpretación. Sin entrar a valorar las argumentaciones utilizadas para negar esta condición a Magdalena Valerio, creo que el Supremo ha perdido la oportunidad de aplicarse el principio de autocontención. 

Me explico: en un procedimiento en que primero el poder ejecutivo y luego la Comisión Constitucional del Congreso consideraron a la candidata como idónea, el Supremo los enmienda porque considera que la nombrada para el cargo no reúne la pública estima de la comunidad de juristas obtenida en el ejercicio de una profesión jurídica. 

En mi opinión, esta extralimitación del Supremo, que va más allá de la función que encarga la Constitución (art.106) a los tribunales, no responde tanto a una conspiración de los jueces contra el Gobierno, sino a otra causa más compleja, incluso más peligrosa para nuestro orden constitucional y nuestra democracia. 

En el trasfondo de este y otros asuntos emerge un sentimiento fuertemente corporativo y elitista del estamento judicial, que comparten con otras profesiones jurídicas. La voluntad de algunas asociaciones judiciales de otorgar a los jueces la capacidad de elegir en exclusiva a los miembros del Consejo General del Poder Judicial tiene mucho que ver con este espíritu corporativo que los lleva a situarse por encima de la soberanía popular, obviando que es de donde nacen todos los poderes del estado, también su poder de juzgar. La opinión publicada suele fijarse mucho en el control partidista de los altos tribunales –un riesgo real– pero muy poco en la colonización corporativa de los nombramientos para los tribunales superiores y el Supremo.  

Es este fuerte sentimiento corporativo y elitista de sectores del estamento el que ha llevado al Supremo a interpretar el concepto “jurista de reconocido prestigio” con un sesgo ideológico propio de una comunidad jurídica muy cerrada. Se hace muy difícil –por eso nadie es capaz de objetivarlo– establecer la frontera que delimite que significa la “pública estima de la comunidad de juristas obtenida en el ejercicio de una profesión jurídica”.

En casos como este, un excesivo intervencionismo de los tribunales, usando de manera abusiva la discrecionalidad en la aplicación de las leyes, los puede situar en el límite de la arbitrariedad. Para evitar este riesgo, existe el principio de autocontención que el Supremo ha ignorado en esta ocasión y por partida doble. Primero, sustituyendo al legislador, al crear un nuevo supuesto de legitimación universal para actuar en defensa del Estado de derecho. Y luego, ocupando el espacio del Gobierno y del Congreso en la ponderación del criterio de “jurista de reconocido prestigio”. 

Este caso confirma que, si todo lo llevamos al goloso terreno de las conspiraciones políticas, perdemos la oportunidad de un buen diagnóstico de los problemas y en consecuencia de las medidas necesarias para abordarlos. Entre las cuales está la desaparición legal del concepto de “jurista de reconocido prestigio” y su sustitución por otros criterios más objetivables, como ya se hace en la elección de miembros de otras instituciones. 

En el trasfondo de estos conflictos subyace un problema de calado. El profundo sentido elitista y corporativista de una buena parte de la judicatura y unos sesgos ideológicos que no siempre coinciden con lo que expresa la soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del estado, también el judicial. Elemento nuclear de la democracia que sectores de la judicatura suelen olvidar con mucha frecuencia.

En los últimos años el Tribunal Supremo ha anulado una docena de nombramientos del Gobierno, la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal hasta la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, pasando por varios sillones en el propio Tribunal Supremo o la jefatura de la Agencia de Protección de Datos. Los jueces han ido endureciendo su criterio en torno a los nombramientos discrecionales y el mayor número de sentencias negativas ha ido dirigido a la política de nombramientos de la cúpula judicial por parte del CGPJ.

El varapalo histórico de mayor calibre que el Tribunal Supremo ha proporcionado a una institución por un nombramiento irregular llegó en 1994, cuando los jueces anularon la designación de Eligio Hernández como fiscal general durante las últimas legislaturas de Felipe González. En su caso la decisión judicial no tuvo consecuencias porque para entonces ya había abandonado el puesto y a nivel argumentativo llegó después de que el Tribunal Supremo sacara la calculadora: no había pasado tiempo suficiente ejerciendo la judicatura como para acceder al cargo.

Los ecos de esa sentencia sonaban este jueves de nuevo en los pasillos del alto tribunal, aunque con matices. Distintos jueces, tres décadas después, anulaban el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, cargo que ejercía desde hace poco más de un año. En el caso de Eligio Hernández no cumplía un criterio matemático: ser un jurista de reconocido prestigio y llevar más de 15 años ejerciendo. La normativa que regulaba el nombramiento de Valerio, sin embargo, invitaba a una interpretación menos matemática: el presidente o presidenta del Consejo de Estado debe ser elegido entre “juristas de reconocido prestigio” que tengan “experiencia en asuntos de Estado”.

El Supremo reconoce que tras haber sido ministra de Trabajo en la primera legislatura de Pedro Sánchez y con varias décadas de trabajo acumuladas en diversas instituciones, su conocimiento sobre asuntos de Estado no está en duda, pero creen que no puede ser considerada como “jurista de reconocido prestigio”, concepto que en sitios como la Fiscalía o la judicatura está delimitado por los años que el candidato ha llevado la toga puesta. Valerio, destacaba la fundación que recurrió su nombramiento, dijo una vez que “nunca se puso la toga”.

Esta sentencia es una muestra de cómo el Tribunal Supremo ha ido aplicando criterios cada vez más estrictos en cuanto a los nombramientos discrecionales, aunque no solo del Gobierno: también de la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Hasta en dos ocasiones la misma sala tercera ha anulado, aunque no por unanimidad, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, al entender que el otro candidato tenía mejor currículum. La “sintonía” del candidato con la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no era un criterio válido para nombrarle, y existe una “enorme diferencia de méritos entre ambos”.

Esa sentencia marcó el camino que algunos magistrados del Supremo definen como un cambio de tendencia. Los jueces citaron a un expresidente del propio Supremo para asegurar que la motivación de estos nombramientos “no puede ser concebida como un simple ejercicio literario” y el control judicial no debe detenerse “en el aspecto meramente formal de la exigencia de motivación”. Es decir, entrar a examinar el fondo de los argumentos para elegir a un candidato y no a otro y, en la práctica, abogar por uno de ellos aún sin hacerlo directamente.

Es lo que ha sucedido también recientemente con el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Los jueces han anulado su designación como fiscal de sala de la jurisdicción militar al entender que todas las motivaciones expuestas por el fiscal general actual, Álvaro García Ortiz, se ceñían a su afinidad con ella y a su intención de hacer que los fiscales generales salientes obtuvieran de forma inmediata esa máxima categoría dentro de la carrera. “La voluntad del Fiscal General del Estado fue explícita”, reprocharon los jueces.

Delgado suspendía así su segundo encontronazo con el Tribunal Supremo. Salió indemne cuando PP y Vox recurrieron su nombramiento como fiscal general tras dejar el Ministerio de Justicia, pero sin que los magistrados examinaran el fondo de las alegaciones, rechazando los recursos por falta de legitimación de los partidos políticos. En este segundo caso su nombramiento como fiscal de sala queda anulado, pero en la Fiscalía entienden que no pierde la categoría por haber sido designada posteriormente fiscal de sala de Memoria Democrática, decisión también pendiente de recurso en el alto tribunal.

Otro de los grandes correctivos a las decisiones discrecionales de una administración pública para designar y destituir altos cargos a lo que se conoce como 'a dedo' fuera de los textos legales llegó el pasado mes de marzo. Los jueces dieron la razón a Diego Pérez de los Cobos y anularon su cese al frente de la comandancia de Madrid. La sentencia reconoció que se trataba de un cargo discrecional pero también afearon a Interior que firmara su salida sin existir, ni siquiera, una “valoración negativa” de su trabajo, tumbando al tiempo varios ascensos relacionados.

Lo que había en realidad detrás de este cese era el polémico informe plagado de bulos entregado por la Guardia Civil a la jueza que investigaba si el 8M feminista de 2020 debía criminalizarse por expandir el coronavirus, un documento en el que el instituto armado acusaba directamente a organizadores, promotores y autoridades de haber puesto en riesgo la salud de la población. El Supremo entendió que la razón para apartarle de su cargo fue “confusa” y que la petición de informar sobre esta investigación fue “contraria a la función de la Policía Judicial” que ejercía su comandancia.

Los pactos políticos

Por primera vez, el Tribunal Supremo ha entrado a analizar en estos años también la existencia de pactos políticos para designar cargos que, en teoría, tenían que salir de un proceso de elección de candidatos en condiciones de igualdad. Fue cuando estudiaron los recursos presentados contra el proceso de nombramiento de la Presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos y concluyeron que el proceso estaba “viciado de raíz” porque los candidatos concurrieron al proceso después de que el Gobierno y el PP anunciaran públicamente un acuerdo para designar a la próxima presidenta.

PP y PSOE acordaron poner a Belén Cardona al frente del organismo con Borja Adsuara como adjunto. Pero otros de los candidatos, Leonardo Cervera y Ricard Martínez, recurrieron. La respuesta del Supremo fue contundente: un mes y cuatro días antes de convocarse la plaza para un “procedimiento de selección público y transparente”, ambos partidos pactaron, designaron y eligieron a los que ocuparían ambos puestos. El resultado fue que no hubo renovación y Mar España sigue estando al frente de la Agencia, cargo al que accedió en 2015.

La “amigable componenda” del CGPJ

Los dardos del Tribunal Supremo, cuyos magistrados son elegidos de forma discrecional por el CGPJ y muchas veces tras acuerdos no escritos entre bloques, no han ido dirigidos solo al Gobierno o la Fiscalía. Algunos de los más afilados solo han tenido que volar unos pocos metros por la calle Marqués de la Ensenada para llegar hasta los despachos del Consejo General del Poder Judicial. A lo largo de este mandato, que en unos días cumplirá cinco años en funciones, el Supremo ha tumbado hasta ocho nombramientos relevantes firmados por el órgano de gobierno de los jueces denunciando errores en el proceso pero también la omisión de informes, falta de argumentación o directamente la “amigable componenda” entre vocales y jueces.

El caso más grave fue el sentenciado en abril de 2021, cuando la sala de lo contencioso-administrativo anuló dos nombramientos realizados por el Consejo en la Sala de lo Militar del alto tribunal, los de Fernando Marín –hermano menor del actual presidente del Supremo– y Ricardo Cuesta. La sentencia reprochó que los vocales se saltaran un trámite relevante y no pidieran tres informes obligatorios que venían claramente establecidos en la convocatoria. El proceso se repitió y los dos mantienen a día de hoy su sillón en la sala más pequeña del Supremo, pero la sentencia de sus compañeros de lo contencioso-administrativo dejó duras acusaciones que escocieron en el órgano de gobierno de los jueces.

Los jueces dejaron caer abiertamente que prescindir de esos informes invitaba a pensar en un apaño entre candidatos y vocales para conseguir las dos plazas. Lo definieron como “una amigable componenda con ambas plazas, dos candidatos para cada una de ellas” y afirmaron que esa decisión “abre la puerta a todo tipo de posibles especulaciones sobre la selección de cada una de las duplas”.

Esas acusaciones del Supremo a sus vecinos fueron las más duras pero no las primeras ni las últimas. Año y medio después una nueva sentencia anulaba el nombramiento de Antonio García como magistrado de la Sala Civil porque en el proceso de formación de las ternas el Consejo había excluido de manera arbitraria a especialistas en derecho mercantil. La decisión “carece de respaldo legal y resultó discriminatorio para tales candidatos”. García volvió a ser elegido poco después y nunca tuvo que abandonar su puesto.

La recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un paso intermedio para estudiar recursos contra sentencias antes de llegar al Supremo, también sufrió para pasar el filtro del alto tribunal. Los jueces llegaron a anular varias veces el nombramiento de Enrique López y Eloy Velasco en esa nueva sala, estimando los recursos de otros candidatos y atajando las maniobras del órgano de gobierno de los jueces para mantenerles en el puesto incluso con una sentencia desfavorable.

Fue anulado también el nombramiento de una jueza militar de Valladolid porque el Consejo había firmado su nombramiento pasando por alto un informe de sus superiores que decían, claramente, que no estaba preparada para el puesto. Un error dio al traste con la adjudicación de una plaza a la magistrada y vocal Roser Bach en el Tribunal Superior de Catalunya. Y la de más trascendencia llegó en 2016 cuando el Supremo anuló la designación de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Esa sentencia llegó a cuestionar que ante un hombre y una mujer candidatos al puesto con similares méritos la plaza fuera adjudicada al hombre sin más explicaciones. El perfil de su rival, Pilar Alonso, en algunos puntos era incluso “notablemente superior”. Esas explicaciones, reprochó el Supremo al CGPJ, faltaban “por completo” en ese caso. Como en los casos anteriores, Pasqual de Riquelme nunca tuvo que abandonar el puesto y el CGPJ volvió a elegirle para una presidencia que sigue ocupando hoy en día.

Otras sentencias de este periodo han avalado otros nombramientos en el Supremo. Por ejemplo, la que dio luz verde a que Dimitry Berberoff siguiera formando parte de la sección de la Sala de lo Contencioso especializada en tributos. Esa resolución rechazó que en este tipo de nombramientos la antigüedad en el escalafón de los magistrados tuviera que ser un criterio determinante para otorgar esta plazas.

Decisiones polémicas en el Supremo

Algunas de estas decisiones del Tribunal Supremo anulando nombramientos, tanto del CGPJ como de la Fiscalía o de distintos departamentos del Gobierno, no han sido unánimes y han dejado votos particulares a favor de controlar más pero también de controlar menos estas designaciones. El último ha sido el de Pilar Teso, magistrada de la sala tercera, que se quejó de que sus compañeros optaran por anular la elección de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores.

“Lo que en realidad se evidencia es una disconformidad por parte de la Sala con las razones del nombramiento”, reprochó Teso a sus compañeros de sección. Que resolvieran el recurso del otro candidato dando salida a su criterio contrario al nombramiento de Esteban, saliéndose de los límites que estos procesos judiciales imponen a su análisis. Para esta magistrada el nombramiento de Esteban, anulado dos veces, estaba “suficientemente motivado” y esta nueva jurisprudencia de nombramientos suponía un “salto cualitativo”, un “viraje” que suponía sustituir la capacidad de la Fiscalía para hacer estos nombramientos.

Teso entendió que esta nueva doctrina del Supremo contradice, por ejemplo, lo que establecieron hace un año al dar por bueno el nombramiento de David Ordóñez como presidente de una de las salas del Tribunal Superior del Principado de Asturias. O cuando en 2011 avalaron que José Antonio Montero fuese nombrado miembro de su misma sala del Tribunal Supremo. El criterio del Supremo, por tanto, no es unitario y algunos de sus integrantes reconocen que, en función del caso estudiado, el análisis y el resultado han sido diferentes.

El Tribunal Supremo ha decidido anular el nombramiento de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado. El alto tribunal estima un recurso de la fundación Hay Derecho y entiende que Magdalena Valerio no cumple el requisito de ser una “jurista de reconocido prestigio”. Los jueces entienden que Valerio reúne uno de los requisitos para estar en el puesto, tener experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser una jurista de reconocido prestigio.

Magdalena Valerio fue nombrada presidenta del Consejo de Estado, encargado entre otras cosas de emitir dictámenes sobre leyes e iniciativas legislativas del Gobierno, en octubre del año pasado. Valerio llegó al Consejo de Estado después de ocupar distintos cargos políticos desde la década de los noventa y de ser ministra del ejecutivo de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020.

Valerio es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social antes de trabajar como funcionaria en el INEM en el INSERSO y el INSALUD como paso previo a su salto a la política. Entiende el Supremo que la ley que regula estos nombramientos no tiene “excepción, ni matización” al requisito de ser una “jurista de reconocido prestigio”.

Valerio, dice el Supremo, tiene una “notoria y sobresaliente trayectoria” y cuenta con una “profunda experiencia en asuntos de Estado” pero eso “no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido”. La norma requiere que la persona sea elegida “entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”.

Los jueces reconocen que la Comisión Constitucional del Congreso dio el visto bueno a su nombramiento, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, pero eso no sustituye a esta sentencia y el análisis de si “reúne o no la condición de jurista de reconocido prestigio”. La “idoneidad” que analizó el Congreso “es algo diferente”, dice el Supremo, y se ciñe al “carácter político de este órgano parlamentario. Es, pues, la suya una valoración de esa naturaleza, política y no de carácter técnico-jurídico”.

El recurso fue presentado por la fundación Hay Derecho, cuya legitimación para interponer este pleito fue cuestionada por la Abogacía del Estado. El Supremo avala que la nulidad del nombramiento parta de un recurso de la fundación: “No estamos ante un partido, ni ante una estructura vinculada a un partido”. “La fundación Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social”, afirma.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Elena Valenciano como consejera electiva del Consejo de Estado. Con esta designación discrecional del Ejecutivo, Pedro Sánchez recupera a la que fuera mano de derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba y vicesecretaria general del PSOE hasta 2014.

Además de a Valenciano, han sido designados consejeros electivos Francisco Javier Losada (ex delegado del Gobierno en Galicia hasta 2021 y exalcalde de A Coruña con el PSOE, entre otros cargos); Pedro Sanz Alonso (expresidente de La Rioja con el PP y exvicepresidente del Senado); Juan Carlos Aparicio (exministro de Trabajo con el PP y exalcalde de Burgos).

La exministra socialista de Sanidad María Luisa Carcedo ha sido igualmente elegida consejera, pero en su caso con carácter permanente.

Entre los consejeros electivos del Consejo de Estado ya figuraban, entre otros, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Justicia José María Michavila y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Un documento de casi cien páginas y el foco puesto en el nuevo Plan de cuenca del río Tajo a cuenta del histórico trasvase Tajo-Segura.

El dictamen que el Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad sobre el Real Decreto que regula la revisión de los planes hidrológicos de doce demarcaciones hidrográficas, ha suscitado todo tipo de opiniones en las últimas horas. Incluso antes de conocerse los detalles del informe jurídico que se ha remitido al Gobierno de España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha pronunciado oficialmente pero el runrún este fin de semana es que el Ejecutivo de Emiliano García-Page cree que el alto organismo ha avalado el Real Decreto y que señala con claridad que hay que revisar las reglas del trasvase y que tiene que haber criterios técnicos iguales para los caudales en todas las cuencas. Y eso, desde Castilla-La Mancha se contempla como algo positivo.

Para la Junta castellanomanchega lo importante es que se mantengan los prometidos 8,65 hm3/segundo en el Tajo a su paso por Aranjuez en 2027. Sobre eso, apuntan fuentes consultadas por elDiarioclm.es el Gobierno regional dice no encontrar “nada” en los argumentos del Consejo de Estado que diga lo contrario y, en su opinión, el Consejo de Estado cree que no se puede condicionar el estado del río.  

El Ejecutivo castellanomanchego no lo dice abiertamente, pero lo contempla como una victoria que todavía deberá concretarse. Y eso, dependerá del Gobierno de Pedro Sánchez. Ayer la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España Isabel Rodríguez, defendía que se ha trabajado para el interés general de todos los territorios afectados por el trasvase.

¿Por qué Castilla-La Mancha ve de forma positiva el dictamen del Consejo de Estado? La clave está en la controvertida disposición adicional novena que incluye el Real Decreto que habla, específicamente, sobre los caudales ecológicos del Tajo y que ha sido tan criticada.  Tanto la Comunitat Valenciana como la Región de Murcia contaban con que la aplicación del aumento de caudales ecológicos se iba a escalonar pero además estaría condicionada al estado del Tajo en 2026. Eso no parece que vaya a ser así exactamente.

Sí, el alto organismo ha criticado al Gobierno de España que no haya sido capaz de “coordinar” en el texto normativo el interés general de la cuenca cedente (en Castilla-La Mancha) con el de las receptoras (Alicante, Murcia y Almería), dice que los planes hidrológicos del Tajo y del Segura están descoordinados y que debe hacerse “compatible” el incremento de los caudales con el trasvase.

Pero también dice que hay dos vías muy claras para solucionarlo que gustan (mucho) en Castilla-La Mancha. La primera pasa por cambiar toda la normativa que regula el trasvase Tajo-Segura y sus reglas de explotación.

El Consejo de Estado no dice que haya que cerrar el trasvase (pide que sea compatible con más y mejor agua en el Tajo), pero tampoco especifica a qué debe destinarse el agua que siga fluyendo por el canal del trasvase. Castilla-La Mancha mantiene que debe serlo solo para consumo humano porque también la necesitará en su territorio para la provincia de Ciudad Real, en particular.

Hay que revisar las reglas del trasvase dice el dictamen, tal y como ya lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en sus sentencias que reconocen la “provisionalidad” de las vigentes reglas de explotación del trasvase, “a la vista, precisamente, de que la aprobación de los nuevos planes hidrológicos se encontraba próxima y de la incidencia que las previsiones contenidas en ellos tendrían sobre el trasvase Tajo-Segura”.

La segunda vía para resolver el embrollo pasa por “establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos”. Y esos caudales ecológicos no deben serlo solo para el río Tajo, ya que el Consejo de Estado pide fijar “por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas, aplicables en todas las cuencas para la fijación de esos caudales”.

Se trataría, incide el dictamen, “de establecer unas metodologías y criterios comunes más detallados, precisos y actualizados que los que actualmente ofrece la instrucción de planificación hidrológica, aprobada por Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre”. Eso, cree el Consejo de Estado favorecería la “coordinación” entre los planes hidrológicos del Tajo y el Segura“

El Consejo de Estado reclama también tener en cuenta que los planes hidrológicos que se aprueben mediante el Real Decreto proyectado deberían ser revisados teniendo en cuenta los cambios en las normas reguladoras del trasvase y en los criterios técnicos comunes para fijar caudales ecológicos.

La letra pequeña de la disposición adicional novena

Por cierto, la disposición adicional novena ordena al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobar “cada año, a partir del 1 de octubre de 2024, un programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del acueducto Tajo-Segura”, según recoge el dictamen del Consejo de Estado.

Se trata de analizar el impacto de los caudales ecológicos fijados en el plan del Tajo sobre las cuencas receptoras del trasvase del Tajo-Segura, así como un programa de medidas asociado.

Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo “conllevará una inversión superior a 1.750 millones de euros en las cuencas receptoras cuyo destino principal será la búsqueda de recursos hídricos alternativos y la mejora de su distribución y de la eficiencia en su utilización”. Por ejemplo, las desaladoras.

Además, el Real Decreto ordena evaluar cada año, a partir del 1 de enero de 2025, los resultados de los programas especiales de seguimiento, someter dicha evaluación al informe del Consejo Nacional del Agua, publicarla y, en su caso, tomarla en consideración en el cuarto ciclo de la planificación. Incluso se prevé la constitución de comisiones bilaterales de seguimiento integradas por tres representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por tres representantes de la respectiva comunidad autónoma.

¿Llegará el Real Decreto al próximo Consejo de Ministros?

Está previsto que el texto normativo se apruebe en el Consejo de Ministros de la semana aunque, una vez conocidas las objeciones del Consejo de Estado, se han generado algunas dudas sobre si el trámite seguirá o no adelante. Sobre todo, después de que el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, haya anunciado su intención de recurrir el Real Decreto si se mantiene la reducción de los envíos de agua a través del acueducto Tajo-Segura. Eso sí en las últimas horas ha huido de la confrontación para pedir un “equilibrio” en los intereses de cada territorio.

A la ‘batalla’ interna entre barones socialistas por un lado y la oposición del presidente murciano López Miras -la comunidad andaluza también se beneficia del agua del Tajo en Almería-, por otro, se suma la resistencia del Sindicato de Regantes del trasvase (SCRATS) que no renunciará al agua de la cabecera del río ni con la promesa de las desaladoras o de inversiones. Los regantes de Alicante, Murcia o Almería tendrán que pagar más por el agua si se cierra, o se reduce, el grifo del canal del trasvase y no están dispuestos.

En plena carrera electoral, el agua se convertirá, una vez más y como en las últimas décadas, en argumento electoral, obviando la Directiva Europea del Agua e incluso las sentencias del Tribunal Supremo que dan la razón a Castilla-La Mancha en su intención de reducir los envíos al Levante, salvo para el abastecimiento humano, y de incrementar los caudales ecológico de un río Tajo sobreexplotado y contaminado.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo central está “muy comprometido para garantizar el agua en todos los territorios” y “ha trabajado en hacer compatible el interés general para todos ellos”, tras la decisión del Consejo de Estado de avalar los doce planes de cuenca, pero pidiendo mejorar coordinación de los planes de cuenca del Tajo y del Segura en cuanto al trasvase.

Además, el dictamen deja claro que “la satisfacción del interés general” hace necesario que el régimen de caudales ecológicos “que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, sea compatible con un elemento de planificación hidrológica nacional como el del trasvase”, dejando así en el tejado del Gobierno de España resolver el conflicto que sigue activo, incluso entre gobernantes del mismo signo político (PSOE).

Hoy mismo el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que recurrirá el recorte del trasvase si llega a reflejarse en el Real Decreto que regula los nuevos planes hidrológicos. Y ese recorte es lo que reclama su homólogo y compañero de filas en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien antes de conocerse los detalles del dictamen, mostraba su satisfacción por que el Consejo de Estado lo haya aprobado de forma unánime, incluyendo el plan del Tajo en el que se recoge la creación de los caudales ecológicos. Ha recalcado que “no es un tema político, es un tema legal”.

El Gobierno central “también está pensando en la cuenca del Segura”

Isabel Rodríguez ha pasado esta tarde por su provincia natal, Ciudad Real, para visitar Tomelloso. Sobre el dictamen del Consejo de Estado, del que se han conocido algunos detalles y sobre el que no se ha pronunciado el Gobierno castellanomanchego - fuentes consultadas este mediodía por elDiarioclm.es negaban haberlo recibido y solo conocían lo publicado por los medios de comunicación- la ministra ha remarcado el esfuerzo del Ejecutivo central, “sabiendo que el asunto es de especial sensibilidad” y la afectación que tiene sobre la economía, y añadiendo que la decisión del Consejo de Estado pasará por Consejo de Ministros “en próximas fechas como es preceptivo”.

Ha remarcado que el Ejecutivo central “también está pensando en la otra cuenca, en la del Segura”, con importantes inversiones ya planificadas, que provienen de los Presupuestos Generales del Estado, de los fondos Next Generation- EU, conformando una “gran inversión en política hidráulica”.

Asimismo, según la ministra portavoz, se da “cumplimiento a las normativas medioambientales”, con esta planificación hidrológica, ante un escenario de cambios climático de sequía o inundaciones.

“Garantizamos los caudales ecológicos necesarios para la flora y la fauna de los ríos, pensando en sectores como la agricultura, con decretos especiales de sequía, o pensando en el Levante, con infraestructuras en desalación”, ha afirmado.

Los nuevos planes de cuenca, un total de doce, deberán ser ahora aprobados por el Consejo de Ministros.

El Sindicato de Regantes pone el foco en que el trasvase es “compatible” con los caudales

Mientras, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) ha apuntado, entre otras cosas, que el Consejo cuestiona la metodología de cálculo de los caudales ecológicos, y ha recordado los estudios técnicos que aportó durante la elaboración de los planes “demuestran los errores cometidos y, en especial, la falta de justificación de un caudal superior a 6 metros cúbicos por segundo en el eje del río Tajo”, según recoge EFE.

Los regantes han subrayado que el dictamen no solo cita las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que deben fijarse caudales ecológicos en todas las masas de agua, sin prejuzgar en modo alguno la cuantía de esos caudales, sino que ante todo se apoya en las sentencias de ese Tribunal que declaran que la planificación debe respetar la existencia y regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, el sindicato ha remarcado que el Consejo de Estado en su informe “afirma rotundamente la necesidad de establecer unos planes, incluido el del Tajo, que sean compatibles con elementos hidrológicos como el trasvase”. Por ello, ha apelado a la responsabilidad del Gobierno central para que no apruebe el Plan Hidrológico del Tajo en los términos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El Consejo de Estado considera que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos para el periodo 2023-2027 “puede ser aprobado” aunque pide al Gobierno que introduzca “más claridad” en su redacción, integre la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la preservación de los caudales ecológicos y solvente “en especial” la falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura.

El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, fue aprobado por unanimidad y remitido al Ministerio para la Transición Ecológica este jueves. El informe estima que “no hay obstáculos” de índole procedimental para aprobar la norma propuesta, pero avisa al Ejecutivo de que algunas de las valoraciones y observaciones realizadas por este órgano consultivo durante todo el proceso de tramitación que “no han sido actualizadas tras la última redacción del Real Decreto”.

Así, el órgano consultivo recuerda la necesidad de revisar estos aspectos en la redacción final del documento. Del mismo modo, estima que “debe hacerse una completa revisión” del documento para actualizar su contenido en distintos puntos.

“Falta de coordinación” entre los planes de cuenca del Tajo y el Segura que afecta al trasvase

En cuanto a los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, el dictamen del Consejo de Estado aprecia una “falta de coordinación” que el Real Decreto “no solventa” y avisa de que esto puede provocar no solamente una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a “una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo-Segura”.

De ese modo, observa que la “falta de coherencia” entre planes deriva de la circunstancia de que las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Segura han confeccionado sus respectivos planes hidrológicos partiendo de escenarios diversos.

Por ello, añade que esa evaluación de resultados no se sigue “ninguna consecuencia” o efecto para las cuencas receptoras del trasvase del Tajo-Segura (al menos en el ciclo de planificación al que el proyecto se refiere).

Además, advierte de que la disposición adicional novena --en la que se determinan los caudales ecológicos del Tajo-- no cumple “adecuadamente” la función coordinadora para la que fue concebida en origen.

“Este Consejo considera que resulta necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y en relación con la normativa reguladora del trasvase. Esta coordinación le corresponde, en último término, al Gobierno de la nación, que debe aprobar los planes hidrológicos en los términos que estime procedentes en función del interés general”, subraya.

La satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, sea compatible con un elemento de planificación hidrológica nacional como el del trasvase

Para la institución consultiva, la “satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura”.

En ese sentido, considera que en la redacción actual, dicha disposición adicional carece de la funcionalidad suficiente para lograr esa coordinación y cohonestar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase del Tajo-Segura.

Como posibles soluciones a la falta de coordinación, el Consejo de Estado propone, en primer lugar, llevar a cabo previamente una revisión del grupo normativo específico que regula este trasvase y sus reglas de explotación. En segundo lugar, plantea que debiera considerarse también la procedencia de establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas, aplicables en todas las cuencas para la fijación de esos caudales.

Pide “evitar el abuso de las consultas urgentes”

Por otro lado, el dictamen del Consejo de Estado, “llama la atención” al Gobierno sobre la necesidad de “evitar el abuso de las consultas urgentes”, en particular en relación con las normas que --como la ahora consultada-- que presentan además de una “gran complejidad” una importancia “fundamental” desde el punto de vista económico, social y ambiental y son además “susceptibles” de provocar, como ha ocurrido con los planes correspondientes a los anteriores ciclos, una “amplia litigiosidad”.

Asimismo, incide en la importancia de no redundar este abuso máxime cuando el proceso previo se ha retrasado un año, incumpliéndose lo plazos de derecho de la Unión Europea, ya que la planificación debía haberse remitido antes del 1 de enero de 2022.

También afea al Gobierno cómo transcurrió la votación en el Consejo Nacional del Agua ya que del expediente remitido se desprende que el debate y votación no se desarrollaron con la claridad y la transparencia con las que debieran haber transcurrido.

Así, deduce de las explicaciones adjuntadas al informe del Consejo Nacional del Agua que existió “cierta confusión” acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era el original o el propuesto in voce por el secretario de Estado de Medio Ambiente, por lo que algunos de los votos se emitieron condicionadamente a que la redacción fuera una u otra.

Con ello, a juicio del Consejo de Estado “habría sido deseable” que la votación en el Consejo Nacional del Agua se hubiera producido sobre “una propuesta clara y concreta” del texto, preferentemente por escrito y de modo especial en relación con un aspecto tan relevante como el tratado en la disposición adicional novena --que incluye los caudales ecológicos del Tajo--, que afecta a varias cuencas hidrográficas y del que se derivan “notables efectos socioeconómicos y medioambientales”.

Sin embargo, el dictamen no considera que en el trámite del informe se haya incurrido en una vulneración de la formación de la voluntad del órgano colegiado determinante de una nulidad de pleno derecho.

Aunque insiste en que el debate y la votación debieron ofrecer mayor certidumbre, opina el Consejo de Estado que la opinión del Consejo Nacional del Agua fue “válidamente formulada” a efectos de integrar la participación y consulta que el ordenamiento le encomienda.

Otro aspecto que parece haber incomodado al Consejo de Estado y que motiva una consideración “adicional” se refiere a que estando ya el expediente en avanzado estado de consulta, se han recibido informes de diversos Ministerios que debe analizar el departamento consultante y, en particular las que plantean cuestiones susceptibles de afectar a competencias de otros departamentos.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico han confirmado que han recibido el dictamen que “avala por unanimidad” los doce planes hidrológicos y el proyecto de Real Decreto y añade que ahora los servicios jurídicos del departamento que dirige Teresa Ribera analizan su contenido antes de su remisión al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y ulterior envío a la Comisión Europea.

Fuentes conocedoras de la tramitación señalan que con gran probabilidad, los planes de cuenca serán analizados y aprobados el próximo martes en la reunión del Ejecutivo.

El pleno del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo.

Además, también ha aprobado por unanimidad, entre otros asuntos, el proyecto de Real Decreto de los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.

El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.

Se desconocen los argumentos de los consejeros. Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han explicado a elDiarioclm.es que están a la espera de conocer los detalles del informe jurídico. En todo caso, desde el Ejecutivo castellanomanchego se han mostrado “satisfechos de que se cumpla la ley y la palabra dada” al interpretarlo como una victoria de la posición castellanomanchega y creen que “supone un claro avance muy beneficioso para las posiciones de Castilla-La Mancha”. 

Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución.

Así, una vez modificado el texto, los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.

En concreto, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.

El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.

El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al acueducto Tajo-Segura.

El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero.

El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García. Según explicaban en las últimas horas fuentes del Consejo de Estado, el proyecto de dictamen se debate en la Comisión Permanente y se aprueba el texto final por unanimidad entre los nueve consejeros y consejeras permanentes y la Presidencia del Consejo que ahora ostenta la exministra de Trabajo Magdalena Valerio quien, durante la celebración de la Comisión Permanente, ordena el debate y resume las conclusiones, pero “no decide”.  

El dictamen final no es vinculante y “no da un 'sí' o un 'no' al conjunto, sino que aporta diversas consideraciones”, añade la misma fuente, y después se trasladan al Gobierno de España. Ahora, la última palabra está en su tejado.

Mientras, la Generalitat Valenciana ha dicho desconocer también el contenido del dictamen del Consejo de Estado en torno al caudal ecológico del río Tajo, pero en todo caso, fuentes del Consell han apuntado a EFE que usará “cualquier vía en defensa de los regantes de Alicante”, además de mantener “abiertas las vías de diálogo”.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha sido más explícito y cree que “se confirma que el Gobierno socialista mantiene su hoja de ruta para cerrar el trasvase Tajo-Segura, un camino iniciado en 2018 por Pedro Sánchez cuando anunció el fin de los trasvases”, según recoge EFE.

Asegura que habrá “un recorte del cincuenta por ciento del Trasvase Tajo-Segura, condenando al Levante en una medida sin precedentes” aunque lo aseguraba reconociendo que “desconocemos el contenido y el sentido de los comentarios de sus consejeros”.

(*) La información original ha sido modificada tras las matizaciones ofrecidas por el Consejo de Estado

El Consejo de Estado recibirá en audiencia (telemática) este miércoles a las 13 horas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page para que la comunidad autónoma presente las alegaciones pertinentes ante el proceso abierto para revisar los planes hidrológicos.

La audiencia, que en realidad es un mero formalismo telemático para presentar las consideraciones de la comunidad autónoma, coincide con la celebración este mismo día de una manifestación en Madrid convocada por el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) como protesta por el cambio del plan de cuenca del río Tajo que, en la práctica, supondrá menos derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo, entre Cuenca y Guadalajara, hacia Alicante, Murcia y Almería.

En un documento de tres páginas, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, el Gobierno de Castilla-La Mancha plantea sus alegaciones al proyecto de Real Decreto aprobatorio de los nuevos planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias para centrarse en particular en el plan de cuenca del río Tajo. Es el único al que pone objeciones. 

El Ejecutivo castellanomanchego expone ante el Consejo de Estado que “ha de respetarse siempre la prioridad de la cuenca cedente” y que ese es un principio establecido en el Plan Hidrológico Nacional, una norma que, resalta, tiene “rango de ley”.

García-Page subraya que “en Castilla-La Mancha también se necesita agua para el abastecimiento humano de nuestros habitantes, especialmente en nuestro medio rural”.

Después alude a la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo para recordar que no existen hasta el día de hoy a pesar de que “no sólo una obligación normativa sino una determinación impuesta por varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas a partir de 2019”.

El aumento de caudales ecológicos “fue aceptado por la mayoría”

La tercera consideración del presidente castellanomanchego se refiere, directamente, a los argumentos esgrimidos por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia. El pasado mes de noviembre se filtraba a la prensa murciana que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estaba valorando la posibilidad de no aplicar el incremento de caudales ecológicos en el río Tajo si su estado era bueno en el año 2026.

Sobre esta cuestión, que el Gobierno de Castilla-La Mancha da por superada, García-Page aclara en sus alegaciones que “el régimen progresivo y automático de implantación de caudales ecológicos mínimos en el Tajo, si bien retrasa la implantación efectiva de los caudales ecológicos determinados en el proceso de planificación, fue aceptado por una mayoría de los participantes de los procesos de participación pública previos al Consejo Nacional del Agua”. 

Y añade que “la progresividad tiene su razón de ser en que la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana puedan ampliar su capacidad de desalinización desde ahora hasta el año 2026”.

En este aspecto incide el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Alega que “una vez el secretario de Estado anunció, de forma previa a la votación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y del Proyecto de Real Decreto, que se eliminaría la condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos, cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de caudales ecológicos en el río Tajo carece de validez”.

A eso se suman, añade, las diversas sentencias del Tribunal Supremo por lo que la inclusión en la Disposición Adicional 9ª de la condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos en función del cumplimiento del llamado ‘Programa Especial de vigilancia’ a las que aluden otras comunidades autónomas vulneran distintas normas. 

Cita en concreto, las competencias que el vigente Texto Refundido de la Ley de Agua (TRLS) atribuye a las confederaciones hidrográficas en cuanto a la elaboración, seguimiento, control y revisión de los planes hidrológicos, en cuatro de sus artículos (23, 24, 26 y 35).

También vulnera, sostiene, “el principio de participación pública en la elaboración de los planes hidrológicos” que establece el artículo 14 de la Directiva Marco del Agua, cuya transposición se refleja en la citada Ley de Agua. Incluso alega la vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, “que obligan a reiterar la información pública, previamente a la aprobación definitiva de un instrumento de planificación, cuando se introducen modificaciones sustanciales después de la exposición al público”, como es el caso.

Enfrentamiento territorial que protagonizan dos barones del PSOE

Las alegaciones toman como antecedente la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada el pasado 29 de noviembre en la que el Ejecutivo castellanomanchego se pronunciaba a favor del nuevo plan para el río Tajo, al considerar que la nueva planificación mantenía los caudales ecológicos reclamados por la comunidad autónoma. Un extremo al que se opone el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. Hoy mismo decía desde Bruselas que “no se está actuando de forma correcta” con el recorte de agua del Tajo-Segura.

En Castilla-La Mancha las cosas se ven de forma muy distinta. “Oída la declaración del secretario de Estado, en la que hizo constar, in voce, que la implantación de los caudales ecológicos en el eje del Tajo entre los embalses de Bolarque y Valdecañas se verificará conforme a las disposiciones acordadas en el proceso de planificación, el proyecto de Real Decreto obtuvo el voto favorable de esta Comunidad Autónoma”, recuerda el presidente Emiliano García-Page que es quien presenta las alegaciones.

Una postura abiertamente enfrentada a la su homólogo en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, que también ha pedido audiencia al Consejo de Estado y que este mismo martes consideraba que “no se ha actuado de forma correcta” al recortar envíos de agua desde la cabecera del Tajo, con destino el río Segura. 

Aurelio Zapata Simón, quien fuera número dos de la lista del PSOE al Congreso por Guadalajara en las elecciones de 2019, ha tomado este miércoles posesión de su cargo como nuevo diputado.

Zapata ha accedido al escaño tras la renuncia de la hasta ahora parlamentaria nacional, Magdalena Valerio, que será nombrada --también por la Cámara Baja-- como nueva presidenta del Consejo de Estado a la que, días atrás, renunció María Teresa Fernández de la Vega-.

El nuevo diputado por la provincia ha prometido su cargo durante la sesión plenaria que ha tenido lugar este miércoles, en la que ha estado presente el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, junto con el alcalde de Cabanillas --localidad donde reside Zapata--, José García Salinas, y el primer teniente de alcalde, Luis Blanco.

Bellido ha aprovechado para manifestar su “agradecimiento infinito” a Magdalena Valeria por su “incansable trabajo” en favor de la provincia y reiteró su “orgullo” por el futuro puesto que va a desarrollar en el Consejo de Estado donde “estamos seguros que va a llevar también a Guadalajara”.

El dirigente socialista, además, ha querido desear “mucha suerte” a Aurelio Zapata en el desarrollo de su nueva responsabilidad como nuevo parlamentario nacional, y ha subrayado que “desde hoy mismo se va a poner a trabajar para defender los intereses de nuestra provincia”.

La exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, será la nueva presidenta del Consejo de Estado, después de que el jueves pasado renunciase a su cargo María Teresa Fernández de la Vega, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Gobierno.

El registro social y feminista han sido decisivos para la elección. De la Vega renunció al dar por cumplido el compromiso que adquirió con Pedro Sánchez de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado y de llevar a cabo reformas como la digitalización y la transparencia de la institución, informa Europa Press. Renuncia para quedarse como consejera vitalicia en la la plaza que ha dejado vacante por motivos personales la catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona Victoria Camps.

Magdalena Valerio ha asegurado recibir con “inmenso honor” la propuesta suceder a De la Vega al frente del Consejo de Estado. En declaraciones a Europa Press, Valerio ha destacado que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo el país, regulado en la propia Constitución, por lo que le “encantaría” asumir ese cargo, que afrontaría “como siempre, con ilusión y sentido de la responsabilidad”.

La destitución de la que fue vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será efectiva a partir del próximo martes 18 de octubre, ya que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros.

Valerio (Torremocha, 1959) fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social entre 2018 y 2020 y actualmente ocupaba un puesto como diputada en Guadalajara.

El Consejo de Estado es el principal órgano consultivo y el Gobierno recurre a él para solicitar dictámenes cada vez que tramita un proyecto de ley o plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional. Se trata de una institución en la que los expresidentes del Gobierno tienen garantizado un puesto vitalicio, a razón de un sueldo de 100.000 euros al año.

A día de hoy, todos los exmandatarios han renunciado a su derecho a formar parte de este órgano consultivo. Aznar se ha convertido en un empresario con múltiples ocupaciones y forma parte del consejo de News Corporation, el gigante de la prensa conservadora creado por Rupert Murdoch. Zapatero abandonó el Consejo de Estado en 2015 para asesorar a una fundación alemana. Felipe González y Mariano Rajoy ni siquiera llegaron a tomar posesión de su cargo.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, considera que la presencia de expresidentes en el Consejo estaba pensada para que el órgano se alimentase de la experiencia de quienes han dirigido el Gobierno. Sin embargo, De La Vega reconoce que la ley debería ser revisada para flexibilizar los criterios que puedan garantizar esta incoporación, permitiendo que los exdirigentes mantengan sus agendas en la vida privada sin que estas colisionen con su labor como altos asesores del Estado.

En la actualidad, la aceptación de un cargo en el Consejo de Estado es incompatible con cualquier otra responsabilidad privada. Solo José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero aceptaron incialmente formar parte de la institución pero finalmente acabaron renunciando y dedicándose a las actividades privadas. Con su decisión, ambos exmandatarios renunciaron a un sueldo de 100.000 euros.

Según de De la Vega, “no se acertó” al diseñar la manera de incorporar a los expresidentes a la institución. La ex número dos del Gobierno de Zapatero plantea ahora “una revisión de la ley” para no perder el talento de quienes han dirigido el Gobierno y poder contar con sus opiniones a la hora de elaborar dictámenes sobre leyes o recursos de inconstitucionalidad.

El Consejo de Estado está configurado por un grupo de consejeros permanentes que conservan el puesto de por vida. En esta categoría entran los expresidentes si así lo desean. También hay otro cuerpo de “consejeros natos”, que lo son en razón de sus cargos. Entre ellos está la fiscal general del Estado, el gobernador del Banco de España o el jefe del Estado Mayor de la Defensa.

La reflexión sobre una reforma legal que no expulse a los expresidentes ha sido sugerida por De la Vega durante la presentación de la memoria de actividades correspondiente al año 2018.

Una de las principales incógnitas sobre el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el bufete Cuatrocasas quedará sin resolver: el despacho de abogados no hará público el sueldo que pagará a la exvicepresidenta del Gobierno. La noticia sobre la contratación se produce en un momento en el que la firma de abogados intenta remontar sus datos de facturación, después de caer un 8% en un solo año, con una pérdida sobre el ejercicio anterior de 23 millones de euros.

Con esta operación, el despacho de abogados consigue un dos por uno: ficha a un exalto cargo con una agenda de valor incalculable y que hasta hace muy poco controlaba todos los resortes del Gobierno, como número dos de Mariano Rajoy. Además, Cuatrecasas consigue incluir en sus filas a un miembro del Consejo de Estado, con acceso a las deliberaciones sobre la aplicación de la práctica totalidad de las directivas europeas que se transponen como normas de uso en nuestro país. En el Consejo de Estado, al que Santamaría se incorporó el pasado octubre, la noticia de su fichaje por uno de los grandes bufetes del país no ha caído bien.

Fuentes de este organismo se muestran desfavorables a que los gigantes de la abogacía tengan representantes en el órgano.

Santamaría se convierte en el segundo miembro del Consejo de Estado con intereses en un despacho privado. En su misma situación está el exministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar José María Michavila. Ambos exdirigentes del Partido Popular tienen rango de consejeros electivos (nombrados por el Gobierno) y su participación se limita a la asistencia a los plenos de este órgano consultivo que se celebran mensualmente y por las que cobran algo más de 900 euros en concepto de dietas. Al menos una vez al mes, la nueva asociada de Cuatrecasas tendrá que abandonar la oficina para participar en el Pleno de este órgano consultivo.

En esas sesiones se discuten todas las propuestas de transposición de directivas europeas, antes de que el Gobierno las lleve al Congreso para su aprobación. Santamaría tiene derecho a participar en esas deliberaciones y en las votaciones sobre las propuestas de dictamen que llegan al Pleno desde la Comisión Permanente. “Se trata de un enorme marco normativo que no deberían conocer los miembros de una empresa privada”, asegura a eldiario.es un antiguo integrante del Consejo de Estado.

No es la primera vez que un alto cargo del PP compatibiliza una labor privada con su presencia en el Consejo de Estado. José María Aznar lo hizo durante un breve periodo en el que quiso coordinar ese cargo con el que el magnate de la comunicación Rupert Murdoch acababa de ofrecerle en el consejo de News Corporation. El por entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, le hizo saber a Aznar que desaprobaba la compatibilidad de ambas funciones y Aznar tuvo que decidir entre asesorar al Gobierno o al empresario norteamericano: decidió lo segundo.

Soraya Saénz de Santamaría ha conseguido que el Ministerio de Función Pública informe favorablemente sobre la compatibilidad de su nuevo puesto con su condición de exvicepresidenta. La exdirigente del PP envió su solicitud a principios de febrero y el equipo que dirige la ministra Meritxell Batet ha tardado un mes en dar su respuesta. Antes de otorgar la compatibilidad, el ministerio requirió un informe de Presidencia en el que se afirma que Santamaría nunca tomó decisiones que afectasen directamente a la compañía que ahora la acoge como empleada y miembro de su consejo de administración.

Límites para litigar

Desde su nuevo puesto, la exvicepresidenta no podrá participar en ningún recurso administrativo contra el Estado. Tampoco tendrá derecho a formar parte en pleitos en los que se aborden cuestiones que haya conocido en razón de su cargo.

“Siendo vicepresidenta ha participado en todo. Va a tener que ser muy cautelosa”, aseguran fuentes jurídicas a eldiario.es. Las cautelas con las que Santamaría deberá actuar en su nuevo puesto finalizan transcurridos dos años desde su cese en el Gobierno. Falta algo más de un año y durante este tiempo estará sometida a la vigilancia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Más allá de lo que ocurra a partir de ahora, Cuatrecasas y el Gobierno arrastran la coincidencia de haber protagonizado en el pasado una disputa judicial que estuvo a punto de llevar a prisión al líder de este bufete, Emilio Cuatrecasas. Este empresario se había puesto en el punto de mira del fisco por haber creado una empresa en la que ocultó todos sus gastos personales, incluidos barco y mayordomo.

El conocido empresario consiguió en 2015 un acuerdo favorable con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le evitó ir por prisión a cambio de reconocer el delito y abonar 4,1 millones de euros. Soraya Saénz de Santamaría era en esos días la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno y bajo su mando estaba la Abogacía del Estado.

Abogados del Estado: la cantera de las grandes firmas

Los grandes despachos suelen ser el destino habitual para muchos miembros del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece Soraya Sáenz de Santamaría. Estos profesionales del Derecho son considerados como la cúpula de la profesión y con destrezas para abordar aquellas ramas de la abogacía en las que más dinero hay en juego. Más de la mitad de los abogados del Estado con derecho a plaza trabajan a día de hoy en otros destinos.

Según los últimos datos del Ministerio de Justicia (con fecha de noviembre de 2016) hay 323 abogados del Estado activos, frente a 260 en excedencia y sin límites para trabajar en la empresa privada. A esas cifras hay que sumar otros 37 profesionales a quienes se les ha concedido la compatibilidad para seguir en sus puestos y trabajar en el sector privado el tiempo que les resta. Otros 61 abogados del Estado se encuentran en condición de 'servicios especiales', desempeñando cargos públicos en las diferentes administraciones públicas.