Conflicto territorial con elecciones a la vista: el trasvase Tajo-Segura enfrenta a Ximo Puig con Pedro Sánchez y Page

“Refleja lo que el Gobierno regional pretendía: que haya un incremento paulatino en los niveles del caudal ecológico”. El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, mostró de esta forma su satisfacción el pasado 3 de enero tras recibir por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el borrador del nuevo Plan del Tajo elevado al Consejo de Estado.

Estas declaraciones del consejero del presidente socialista, Emiliano García-Page hicieron saltar las alarmas en el Gobierno valenciano que preside su compañero de partido Ximo Puig, al suponer la confirmación de lo que en el ejecutivo valenciano venían sospechando en las últimas semanas y que finalmente se ha cumplido: el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, la también socialista Teresa Ribera, ha eliminado del borrador del real decreto que regula el trasvase Tajo-Segura una disposición adicional pactada en el Consejo Nacional del Agua, hecho que, en la práctica, reduce a la mitad la llegada de agua a los regantes de Alicante en el año 2027.

Esta decisión, que desde el Palau de la Generalitat Valenciana se ha recibido con incredulidad, ha abierto un conflicto territorial con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez hasta el punto de que el presidente Puig ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada en Madrid este miércoles 11 de enero por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) de Almería, Murcia y Alicante.

Aunque Puig no acudirá en persona, sí estarán presentes la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, de Compromís, partido que comparte la visión de los socialistas con respecto al Tajo-Segura. Junto a ella estarán sus dos secretarios autonómicos, el socialista Roger Llanes y Francisco Candela, de Compromís.

Además, el Gobierno valenciano tiene previsto presentar alegaciones al mencionado borrador del Consejo de Estado (el plazo acaba este martes) y en caso de ser desestimadas, se plantea un recurso contencioso administrativo.

Sobre la situación política generada, los dirigentes socialistas valencianos consultados por elDiario.es se han mostrado convencidos de que la situación se podrá reconducir puesto que a ninguna de las partes les interesa alargar este clima de conflictividad entre comunidades y hacia un Gobierno del mismo color político.

El senador de Compromís Carles Mulet registró este lunes una solicitud de comparecencia de Teresa Ribera ante la decisión “injustificable” de recortar 105 hectómetros anuales el trasvase Tajo-Segura y al mismo tiempo dejar a los regantes sin alternativas.

Contenido de la disposición adicional eliminada

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendió este lunes la necesidad de recortar los recursos hídricos del trasvase Tajo-Segura para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a establecer un caudal ecológico para el río Tajo, pero aseguró que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante, principalmente mediante desaladoras, manteniendo la subvención de su precio.

Sin embargo, no es esta la cuestión que ha soliviantado a la Generalitat Valenciana, sino la eliminación de la mencionada disposición adicional novena del borrador del real decreto, que se acordó en el Consejo Nacional del Agua.

El borrador aprobado por este organismo, que contó con el voto favorable de Catilla-La Mancha y con la abstención de la Comunitat Valenciana, incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027.

La disposición ahora eliminada establecía que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026”, o lo que es lo mismo: no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura. En definitiva, se trata de realizar un seguimiento antes de 2026 que permita revisar los caudales previstos en función del avance de las medidas correctoras para compensar con agua desalada el menor aporte del trasvase.

43 años de debate en Castilla-La Mancha

El agua en Castilla-La Mancha lleva siendo objeto de debate político desde que se aprobó el primer trasvase hacia el Segura, allá por 1979. El acueducto Tajo-Segura había sido diseñado en 1966 para paliar el déficit hídrico de la cuenca del Segura con agua de los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca).

Casi medio siglo después, el conflicto sigue latente. Las nuevas políticas de transición ecológica impulsadas tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España y las exigencias de la Unión Europea asumen que el agua es un bien escaso y las reglas del trasvase han cambiado.

Ahora, en 2023 se atisba -de nuevo- como eje central de la campaña electoral y no solo en Castilla-La Mancha. La ‘guerra del agua’ regresa en lo dialéctico y enfrenta, incluso, a barones del PSOE como Ximo Puig y Emiliano García-Page.

Un enfrentamiento interno que ha logrado eludir el PP. De momento. Nada se sabe de la anunciaba “cumbre” del PP en octubre y auspiciada por líderes de la formación murcianos y valencianos, con el apoyo del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Alberto Núñez Feijóo pidió públicamente a las cuencas receptoras de agua del trasvase que moderasen sus demandas. El mensaje llegó y los barones del PP se la envainaron.

El 29 de noviembre Castilla-La Mancha votó a favor del nuevo Plan de Cuenca del río Tajo alegando que en el documento se mantenían los caudales ecológicos que reclama la comunidad autónoma y eso, en la práctica, supone reducir los envíos de agua.

En Castilla-La Mancha se contempló como una victoria para el río Tajo, para su sostenibilidad por un lado, y para salvaguardar agua en la cabecera del río por otro. El objetivo es derivar recursos hacia provincias como Ciudad Real, vía tubería manchega, solo para consumo humano, como viene insistiendo el Ejecutivo castellanomanchego y, de forma excepcional, para el parque nacional de Las Tablas de Daimiel.

Lo cierto es que el nuevo plan hidrológico del río todavía no es definitivo. Está en el tejado del Consejo de Estado que preside la exconsejera castellanomanchega y exministra de Trabajo Magdalena Valerio. Los presidentes de las comunidades autónomas afectadas le están pidiendo audiencia. Entre ellos Emiliano García-Page y también Ximo Puig. El presidente castellanomanchego aduce que “no se puede abusar más del Tajo” y en las últimas horas su consejero de Desarrollo Sostenible incide en la necesidad de un encuentro “visto que hay otras comunidades autónomas que pretenden hacer alegaciones para cambiar en el último momento un documento que defiende los intereses comunes”, en alusión a la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia.

Este lunes, el Gobierno de Castilla-La Mancha añadía nuevos argumentos a su tesis para reducir los envíos de agua a través del acueducto Tajo-Segura y, de paso, tratar de desmontar los de quienes se manifestarán en Madrid a favor del trasvase este miércoles, 11 de enero. Escudero asegura que la comunidad castellanomanchega no está en contra de los agricultores ni los ganaderos, pero sostiene que “no se puede seguir exprimiendo” al Tajo para “mantener de manera artificial” los regadíos.

“Quienes se van a manifestar lo hacen para seguir, de alguna manera, exigiendo que se derive hasta la última gota del Tajo para mantener de una manera artificial regadíos cuyas consecuencias se están viendo en espacios naturales como el Mar Menor”. Otra cosa diferente es derivar agua para el consumo humano, matizaba.