El Poder Judicial en funciones aprueba por la mínima un nuevo nombramiento en el Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018, ha acordado por la mínima nombrar magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a Antonio García Martínez, exportavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y cuyo destino actual estaba en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El magistrado ha obtenido el respaldo de 13 los 21 miembros del pleno, incluido el del presidente, Carlos Lesmes. Es el mínimo apoyo exigible pues los nombramientos para el Alto Tribunal requieren una mayoría de tres quintos. Es decir, de al menos 13 miembros. 

El pleno ha llegado totalmente dividido a esta votación, en la que no ha habido consenso para adjudicar las otras dos plazas en liza en el Alto Tribunal, en la Sala Primera, de lo Civil y en la Sala Cuarta, de lo Social. De hecho, ambas propuestas de nombramientos se han retirado del orden del día, según informan fuentes del CGPJ. Los nombramientos en el Supremo se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. 

Aunque muy fracturado, el órgano de gobierno de los jueces, con el respaldo de Lesmes, sí ha adjudicado los otros cinco puestos pendientes en tribunales territoriales. Por 13 votos, y en segunda votación, el pleno ha adjudicado las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Canarias, donde han sido nombrados los magistrados Iñaki Subijana Zunzunegui y Juan Luis Lorenzo Bragado, respectivamente.

Por otro lado, ha sido renovada la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, donde ha sido reelegida Garbiñe Biurrun por 12 votos; la presidencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, para la que se ha nombrado a José Antonio Vega Bravo, con 14 votos; y la presidencia de la Audiencia Provincial de Almería, con la designación de Luis Miguel Columna con 13 votos. Estos mandatos tienen una duración de cinco años y requieren para su aprobación 11 de los 21 votos. Es decir, mayoría simple. 

De las votaciones se han descolgado los conservadores Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández, que en esta ocasión se han unido a los cinco vocales progresistas —Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— que vienen votando en blanco en las últimas designaciones al considerar que no se debería seguir haciendo nombramientos en esta situación. Miembros del CGPJ de ambos sectores entienden que las designaciones con el mandato caducado solo tienen sentido si están avaladas por mayorías muy amplias, algo que se ha producido en esta ocasión.

El pasado jueves, los vocales acordaron por asentimiento posponer una semana los nombramientos mientras los partidos negociaban la renovación del órgano. Entonces, se daba por hecho que a estas alturas ese acuerdo sería oficial y, en esa coyuntura, la opción mayoritaria habría sido dejar las nuevas designaciones en manos de sus sucesores. El escenario cambió tras la ruptura de las negociaciones, pero tampoco eso ha provocado las amplias mayorías con las que se han aprobado nombramientos en los últimos meses. 

La designación de jueces en la cúpula judicial es una de las tareas clave del CGPJ. Precisamente esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, pues el órgano de gobierno de los jueces ha realizado hasta 74 nombramientos discrecionales con el mandato caducado y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.

Estos nombramientos podrían ser los últimos antes de que se apruebe la reforma que pretende limitar las competencias del CGPJ con el mandato prorrogado y que ha elevado la tensión entre ambos poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Está previsto que esa reforma se apruebe por el Congreso el próximo 11 de marzo, aunque faltaría la votación definitiva en el Senado.