Unai Sordo (Bilbao, 1972) analiza desde Sevilla el contexto sociopolítico en el que España goza de una macroeconomía fuerte aunque atravesada por una crisis habitacional y una amenazadora inflación frente a una guerra que pone en apuros el orden internacional. El secretario general de CCOO, elegido para un tercer y último mandato, descarta participar en cualquier confluencia de izquierdas, pero su visión es nítida: más vale dejar a un lado las luchas internas para conformar un mensaje claro y directo para la movilización del voto. Ante unos 2.000 delegados, arengó a la asamblea andaluza a pasar a la acción, pese a la resistencia de la patronal para la mejora de los salarios o el registro horario, en donde también reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no asuma una postura única en su compromiso con los sindicatos.

Acabamos marzo con datos récord, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Mientras que el Ejecutivo nacional y autonómico lo celebran, la oposición lo tacha de maquillaje. ¿Cuál es la lectura que saca el sindicato?

Los datos de empleo son los mejores que ha dado España a lo largo de su historia y esto es incontestable. Es muy curioso que cada una de las comunidades autónomas, incluso las 11 del PP, lo digan, mientras que el acumulado sostengan que son datos “maquillados”. Más allá del politiqueo, nunca ha habido más gente trabajando que ahora en el país. España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en el próximo lustro si continúa la transición energética como un factor de atracción de inversión productiva. Ahora, el reto es que ese empleo sea de calidad y lleve asociado salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes. Ese es el gran reto, porque hay 10 millones de personas en España cuyos salarios están estancados desde hace años.

En ese proceso de transición, Andalucía atrae la industria del hidrógeno verde, pero falta mano de obra especializada, mientras que, por ejemplo, la generación Z no quiere trabajar en la hostelería dada las condiciones que ofrece. ¿Cómo se logra que la patronal responda a estos requerimientos?

El problema de vacantes que aludían los empresarios era bastante tramposo, pero creo que a partir de ahora sí será real. En algunos casos, está relacionado con los salarios y, en otros, con el coste asociado a trabajar, por ejemplo, a aquella gente que se tiene que desplazar a las costas para trabajar en la hostelería y tiene que pagarse un piso no le sale a cuenta. Por tanto, la vivienda empieza a ser un problema grave en la movilidad laboral interior de España. Los sectores que necesiten mano de obra van a tener que pagar buenos salarios, y España tiene que aspirar a transformar paulatinamente su modelo productivo, recuperando industria y que el precio de la energía sea atracción de inversión para reequilibrar.

Es una transformación que a muchos le quedará muy lejos.

Las cosas no cambian de un día para otro. Da la impresión que olvidamos cómo era la economía de nuestro país hace apenas diez o 20 años, dependientes de sectores que se basaban en una enorme burbuja financiera y especulativa y sectores que se vinieron abajo en la anterior crisis.

Por tanto, la transformación del modelo productivo requiere de políticas industriales, de planificación sectorial, mucha inversión pública que a la vez movilice inversión privada, un poco lo que se ha hecho tras la pandemia. Todavía es insuficiente, pero no cabe en ningún caso dar marcha atrás. Igualmente, es muy peligroso que haya fuerzas que bajo el paraguas del negacionismo climático aspiren a que España vuelva a seguir dependiendo del petróleo y del gas que hay que comprar fuera en un contexto de inestabilidad mundial como no hemos conocido en décadas.

Nunca ha habido más gente trabajando en el país y el reto es que sea empleo de calidad, con salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes

En Andalucía, CCOO, junto a UGT y otras asociaciones, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el derecho efectivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, se presenta en un momento en el que se acaba de aprobar la ley autonómica. ¿Será efectiva una medida y se replicará en otras comunidades?

Hay que dejar claro que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y el bloqueo de la ley estatal, que se quedó corta, está en las comunidades. Por ejemplo, no decretando la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. España necesita hacer un gran pacto de país para garantizar el acceso a la vivienda, porque se necesitan 2 millones de casas a precios asequibles en la próxima década, además de movilizar vivienda vacía y poner freno a los nuevos usos especulativos de la compra o el uso abusivo como bien turístico.

Aparte, hay que favorecer medidas de carácter fiscal para evitar que los pisos permanezcan cerrados, al igual que garantizar precios de alquiler asequibles pudiendo dar a la vez garantías de cobro a los propietarios y la construcción de un parque de vivienda pública que nunca se desclasifique. Hay que hacer todo esto, y todo a la vez. Con medidas paliativas no se va a arreglar este gran problema de fractura social que ahora mismo existe en España.

¿CCOO impulsará la medida en otras comunidades?

Se estaba planteando la posibilidad de hacerlo en Madrid, pero en este momento no hay planificadas más ILP. En todo caso, es una reivindicación muy sentida en la ciudadanía. La gente joven está demorando su vida autónoma y, por otro lado, hay una parte de la población donde el 50% o el 60% de sus ingresos se tienen que dedicar a alquileres abusivos o a hipotecas desmesuradas. Esto es un desastre en términos sociales y económicos, como los desplazamientos laborales. En las islas es evidente, y no solo en hostelería, ya que ni los empleados públicos quieren ir a trabajar a un sitio donde casi todo el sueldo se lo dejan en un alquiler.

En el ámbito de las movilizaciones sociales, el Estatuto Marco ha levantado ampollas en el sector médico y, en Andalucía y el resto del país, estas protestas han sido lideradas por los sindicatos sectoriales. ¿Hasta qué punto sustituyen a los sindicatos de clase como CCOO o UGT?

Nuestro secretario general de la Federación de Sanidad es médico. No está escrito en ningún sitio que los sindicatos corporativos representen en exclusiva a los médicos y nos parece legítimo que cualquiera reivindique lo que quiera, faltaría más.

Ahora, no compartimos la corporativización de la función pública hasta el punto de que, en este caso, se segregue un colectivo y los médicos busquen un rancho aparte a través de un estatuto propio que les independice de alguna manera del conjunto de los empleados de la sanidad pública. El acuerdo marco es muy relevante y muchas de las reivindicaciones que están ahora encima de la mesa pueden ser compartidas, aunque buena parte de las condiciones están en manos de las comunidades autonómicas. Insisto, cada uno tiene legitimidad de hacer lo que considere.

No es de recibo que el Gobierno en su totalidad no reme a favor de la reglamentación del control horario. No puede ser bicéfalo, perdería la buena fe en la negociación con los sindicatos

Solo el 18% de los asalariados entre los 25 y 44 años están en un sindicato. ¿De qué forma se retoma su confianza?

Hay un cierto problema de afiliación de la gente joven en los sindicatos. En España, la gente se afilia cuando va estabilizando sus condiciones laborales, en torno a los 30 años. Esto es así y debemos tener más presencia, por ejemplo, en los centros formativos y un mensaje más comprensible.

En todo caso, una tasa de afiliación del 18% en un país como España, donde los derechos que se consiguen en el convenio colectivo son de aplicación igual, tanto para el afiliado como para el que no, no es ningún tema menor. Hay países en el que el sindicalismo gestiona el acceso a la prestación de desempleo o a la pensión, o que el convenio colectivo solo se aplica a las personas afiliadas. Los datos de afiliación son los que son, pero nadie tiene más afiliados que CCOO, con 1,8 millones de personas y 112.000 delegados y delegadas de personal elegidos en las empresas, mientras que en Andalucía es el más representativo con 150.000 afiliados y algo más de 18.000 delegados.

¿Cómo van los contactos con la patronal para sentarse a negociar el gran pacto de negociación colectiva pendiente (AENC), clave para las subidas de salarios? 

Va lento. Pusimos encima la mesa una propuesta salarial que era una subida para este año y los dos siguientes de al menos el 4% y en los convenios que estén por debajo de la media con incrementos adicionales de hasta un 3%. En total, un 7% que podía parecer una subida desmesurada, pero tal como están yendo las empresas españolas y según se prevé la evolución la inflación, no me parece ningún disparate. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre de la guerra, de los precios, del posible corte en las cadenas de suministro, se da un escenario que complica muchísimo una negociación para llegar a un acuerdo marco de convenios.

¿De qué manera presionarán?

De momento, estamos todavía en la fase de inicio de contactos. En todo caso, si vemos una negativa de la patronal a abordar esta negociación, promoveremos movilizaciones desde la realidad de los convenios colectivos. Creo que habrá alguna noticia antes de verano.

Acerca de los horarios, se alcanzó el acuerdo para las 35 horas en la Administración General del Estado, mientras que la reducción de la jornada a 37'5 horas no se logró. ¿Esta reivindicación quedará en papel mojado?

La intención era situar esta reivindicación en el marco de este acuerdo de convenios colectivos, ver cómo evoluciona y, antes de que acabe la legislatura, volver a reiterar la necesidad de aprobar por ley la reducción de la jornada laboral. Aun así, somos conscientes de las mayorías políticas que otorgó la ciudadanía en las elecciones generales y la reducción de la jornada laboral no sale con los números que hay en el Congreso. Estamos haciendo la guerra de guerrillas de los convenios colectivos y, si hay un bloqueo, plantearemos elementos de protesta.

Si vemos una negativa de la patronal a abordar la negociación a la subida salarial, promoveremos movilizaciones a través de los convenios colectivos

¿Cómo ve la prórroga de un año que ha pedido Economía a Trabajo para el refuerzo de los registros horarios?

El hecho de que el Consejo de Estado haya dado audiencia a las organizaciones empresariales y no a las sindicales, me parece desleal con la negociación que hemos llevado con el propio Gobierno. El gobierno es uno para los sindicatos, no hay dos ni tres. Es uno.

Hemos negociado de buena fe con la patronal, sin que fuera posible llegar a un acuerdo, y hemos negociado de buena fe con el Gobierno, siendo capaces de llegar a un acuerdo. Se bloqueó la reducción de jornada y pensábamos que se podía aplicar el control horario. Ahora bien, no es de recibo que la totalidad del Gobierno no reme a favor de esa reglamentación del control horario y el pronunciamiento del Consejo de Estado no lo compartimos en absoluto.

¿Cree que el ministro Carlos Cuerpo será el contrapunto de Yolanda Díaz?

Insisto, el Gobierno no puede ser un bicéfalo. Tiene que argumentar y pactar sus propias posiciones internas como gobierno de coalición, pero cuando negocia con los agentes sociales, sea Trabajo, Seguridad Social, Igualdad, Migración, la posición que está sobre la mesa es la del conjunto, si no, no sería un gobierno serio.

Por tanto, no vamos a aceptar que negociemos con el Gobierno, lleguemos a un acuerdo con el Gobierno y luego el Gobierno diga que no está de acuerdo con lo que hemos pactado consigo mismo, porque esto sería perder la buena fe en la negociación.

Clamaba por un impuesto negativo al IRPF para paliar los efectos de la guerra en Irán. ¿Cree que son insuficientes las medidas del Ejecutivo central?

Sí, porque las medidas han de ser escalonadas en función de cómo evoluciona la guerra y de su impacto económico. Las primeras han ido dirigidas a tratar de contener el impacto sobre los combustibles en transportes y de los fertilizantes para el mundo agrario, pero el conflicto ha seguido y los precios acaban contaminando el conjunto de la cesta de la compra.

Veremos cómo evolucionan las cosas en Irán, pero la inflación se incrementará en los próximos meses, así que lo lógico sería proteger la renta de las familias con menos ingresos de la forma más simple posible, en vez de demandar ayudas, ya que hay mucha gente que las desconoce o no tiene los medios para hacerlo. Por tanto, un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han confluido en Por Andalucía. ¿Cómo valora este pacto de última hora? ¿Cree que se puede replicar a nivel nacional?

Mantenemos un absoluto respeto institucional a las decisiones que tome cada partido. A partir de ahí, cuanto menos se le hable a la gente de las cuitas de los partidos y más de los problemas de la gente, será más fácil que te voten. En general, cuanto antes se salgan los partidos de la metapolítica, casi que mejor, y estoy convencido de que las fuerzas de izquierda están haciendo eso ya.

¿Es eso trasladable al conjunto de España? No tengo ni idea. Lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas que concurran en la izquierda lo han de hacer con un mensaje nítido, identificable y confiable. La gente tiene que saber cuáles son los objetivos prioritarios en un contexto, no olvidemos, donde el riesgo reaccionario que tiene España, como otros países europeos, no es una amenaza, ya está aquí. La extrema derecha está gobernando Estados Unidos y es la antesala del caos y, quizás, de la fragmentación y del declive europeo.

Las condiciones materiales de vida de la gente son fundamentales en este contexto y creo que las izquierdas se tienen que situar ahí. Luego, que concurran como decidan, si bien la fragmentación por provincias se paga. Vuelvo a lo mismo, más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, lo que tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad.

Un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España

¿Le han propuesto pertenecer a alguna confluencia y dar el salto político?

No me lo ha planteado nadie y con buen criterio, porque no hace ni siquiera un año que empecé el tercer mandato en CCOO. Sé que ha habido rumorologías de todo tipo, pero, en fin, no le doy mayor importancia.

En las elecciones de 2012 cuando se postulaba Javier Arenas (PP), la movilización de los sindicatos fue clave para alentar el voto progresista. ¿Podría suceder ahora lo mismo ante un Juanma Moreno que quiere revalidar su mayoría absoluta?

No somos un agente político en el sentido de que no estamos para pedir el voto para ninguna sigla, esto tiene que quedar absolutamente claro. Somos una organización autónoma, pero no quiere decir que seamos una organización ni equidistante ni que no se sienta apelada por la vida política. En función de cómo se determinen las mayorías en las instituciones, las políticas para la gente trabajadora son unas u otras y, desde ese punto vista, lo que vamos a hacer en Andalucía es sacar una batería de propuestas y trasladarlas a los partidos políticos. Lo que sí haremos será una apelación a la participación y también dejaremos un mensaje claro: vivimos un momento de excepcionalidad democrática donde hay que ser conscientes de los riesgos involutivos que vivimos en Andalucía, en España y, me atrevería a decir, en Occidente.

Más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, las izquierdas tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad

En la asamblea organizada en Sevilla decía que se habían votado a mamarrachos y a delincuentes. Hay una desafección y una inmovilización por parte de la izquierda, pero es lo votado.

Si se vota a un personaje como Trump, evidentemente antidemócrata, un narcisista de libro, una persona que intentó forzar poco menos que un golpe de estado con el asalto al Capitolio, pues lo lógico es ver cómo a un mono le das una pistola y se lía a tiros. Es lo que está haciendo, poniendo patas arriba el mundo con un riesgo de escalada militar, incluso de carácter nuclear, como no hemos conocido en décadas y, en efecto, es el resultado de unas elecciones. Cuando la gente vota con las tripas pueden ocurrir barbaridades de este calibre. Hay que decirle a la gente la verdad: votar a reaccionarios provoca políticas reaccionarias.

El comienzo de la campaña andaluza es el 1 de mayo. ¿Cómo ve esta coincidencia y cuáles son los objetivos del sindicato para el Día Internacional del Trabajo?

Esa coincidencia la decreta Moreno Bonilla. El primero de mayo tiene una característica, y es que siempre cae el primero de mayo, así que nos movilizaremos y plantearemos las reivindicaciones bajo el esquema de las asambleas: salario, tiempo, techo, servicios públicos, democracia y paz. La necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de contener los precios de la vivienda, de no solo reducir la jornada de trabajo, sino organizar convenientemente el tiempo de trabajo, así como reforzar los servicios públicos y hablar de la vigencia de la democracia, que está amenazada como pocas veces.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado que el sindicato planteará próximamente una propuesta integral de modificación del régimen del despido en España a pesar de las “dificultades que pueda presentar con la situación política actual”, ya que la necesidad de cambiarlo está “absolutamente vigente”.

Sordo ha hecho estas declaraciones en la Universidad de La Rioja, minutos antes de clausurar la Jornada 'La insuficiencia de la protección frente al despido improcedente en España: un debate abierto', que organizan la propia Universidad y CC.OO. Para Comisiones Obreras, ha indicado, “la necesidad de cambiar el régimen de despido en España es absolutamente vigente”.

Tras ganar una resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Sociales según la cual la legislación en España no se acomoda en materia de despido a lo que dice la Carta Social Europea, para Sordo está claro que “se necesita una reforma del despido”.

En este sentido, reflexiona, “hay quien puede pensar que es imposible” con la situación política actual “y seguramente puede que tenga razón, pero en todo caso Comisiones Obreras va a seguir reivindicando un mejor tratamiento para las personas que son despedidas”.

En España “las indemnizaciones por despido no son disuasorias”, pero lo que hay que hacer, según ha defendido, es que “cuando una empresa tiene problemas, la última opción sea siempre la del despido, que de forma previa se puedan acomodar otro tipo de medidas”. Así se hizo, como ha recordado, por ejemplo, en tiempos de pandemia, con los ERTEs.

En contra “de todos los que dicen que si se restringe el despido las empresas van a pasar por problemas”, el secretario general de CCOO les ha recordado que ese mismo argumento “se utilizaba cuando se decía que reducir la temporalidad o hacer desaparecer el contrato de obra o servicio haría que las empresas pequeñas no contratasen o cuando se decía que subir el Salario Mínimo Interprofesional haría que las empresas pequeñas o los autónomos no contratasen, en fin, es un poco siempre lo mismo...”.

A pesar de ello, las medidas pactadas en reforma laboral, en materia de salarios o en ERTES “han demostrado que son eficaces”, ha creído Sordo. Por tanto, “a España le queda para completar una revisión de cierta profundidad de su modelo laboral y cambiar el régimen de despido”, ha señalado al finalizar.

El líder de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha celebrado este miércoles la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos. Sordo ha clamado contra la derecha y la extrema derecha por su rechazo a la medida, a los que ha acusado de preferir “esclavos a ciudadanos”. Además, ha advertido de la necesidad de que estas personas “no se conviertan en mano de obra barata” para las empresas, para lo que ha apostado por su sindicalización.

El secretario general de CCOO, en una rueda de prensa en Madrid sobre las prioridades del sindicato de cara a este 2026, ha dedicado gran parte de su intervención a subrayar la importancia de esta regularización extraordinaria, que se estima que puede beneficiar a más de medio millón de personas extranjeras que viven en situación irregular en nuestro país.

Unai Sordo ha destacado que la irregularidad es el principal obstáculo para que miles de trabajadores denuncien a día de hoy condiciones laborales abusivas de sus empleadores o se afilien a un sindicato para defender sus derechos laborales. “Esa situación es letal”, ha denunciado. Por ello, ha celebrado la “buena noticia” de la regularización anunciada.

Mejorar los papeles “ordinarios” y evitar la explotación

Sin embargo, Sordo ha señalado dos procesos que considera claves para complementar esta medida. Por un lado, mejorar los procesos ordinarios para obtener la residencia en España, que garanticen la llegada de migrantes con derechos de manera normalizada. “Tenemos un problemón en ese terreno. Tenemos saturadas y con problemas de gestión las políticas de acogimiento a personas migrantes”, ha afirmado.

El sindicalista ha subrayado que España necesita “de flujos de migración de manera constante a lo largo de los próximos años”, ante el aumento de las jubilaciones y la escasa natalidad. “Si no, el país se nos va a parar”, ha advertido.

Por otro lado, el líder de CCOO ha subrayado que es fundamental que los migrantes “no se convierta en mano de obra barata y mucho menos en manos de obra esclava”. Sordo ha señalado que hay varias patronales de acuerdo con estas regularizaciones de personas extranjeras, “pero muchas veces lo hacen porque puede ser una herramienta para tirar a la baja los salarios”.

“Esto hay que evitarlo y se puede evitar. La acción sindical tiene que pasar por ahí”, ha sostenido el líder de CCOO, que ha rechazado los discursos antiimigración que culpan a las personas migrantes de la precariedad y el deterioro de condiciones laborales de las empresas que los explotan.

“Hay quien dice que la regularización es una vergüenza porque van a tirar los salarios para abajo. ¿Por qué? Eso es lo que hay que evitar. Hay que organizar a esta gente, hay que garantizar la aplicación de los convenios. Esto se hace mejor si están legales que irregulares. Por eso es un gran paso”, ha valorado este miércoles.

Una gira para dar “alternativas” frente a la extrema derecha

Además, Unai Sordo ha sido muy crítico con “la derecha y sobre todo de la extrema derecha”, que se han mostrado en contra de la regularización. “La razón para negarse es el extremo racismo y extrema xenofobia que supuran, pero sobre todo porque son conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. No quieren ciudadanos y ciudadanas, quieren esclavos”, ha denunciado.

El líder de CCOO ha anunciado también que el sindicato va a realizar una ruta por todo el país, una especie de gira con ponencias en las que pretende reunir a “entre 20.000 y 25.000 personas”.

“La idea es impulsar al sindicato en el interno y en el externo, y tratar de contribuir a un cambio en el estado ánimo social”, ha explicado el dirigente sindical. “Hay cierta idea de inevitabilidad de que España va a estar gobernada por la derecha y extrema derecha, y de que no hay alternativas, tampoco en propuestas laborales y de mayor justicia social. Y el sindicato quiere movilizar a su activo en el sentido contrario”.

“Claro que hay respuestas y mejores opciones que la reacción y lo estamos demostrando”, ha sostenido Sordo, en referencia a los avances logrados en los últimos años, como la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, acompañados de una mejora del empleo hasta niveles récord.

No obstante, Sordo ha recordado que hay muchas cosas que mejorar, entre las que ha destacado la necesidad de subir los salarios y, sobre todo ,los que se encuentran entre el SMI y el sueldo medio. Para ello, CCOO presentó ayer junto a UGT su propuesta de subida salarial para los próximos tres años, con incrementos de entre el 4% y el 7% anual.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avanzado este viernes, en Oviedo, que su sindicato y UGT anunciarán “en breve” movilizaciones para “exigir” el Congreso de los Diputados que tome en consideración el acuerdo alcanzado con Trabajo para la reducción de la jornada laboral

Sordo, quien hoy ha participado en la capital asturiana en la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, ha remarcado que “no es de recibo” que partidos como Junts o el PP, cuyos electorados son “muy mayoritariamente favorables a la reducción de la jornada”, quieran “seguir ahondando en las jornadas de explotación que sufren diez millones de trabajadores en España”.

Negociación de convenios colectivos

Además, el líder sindical ha recordado que hay que negociar los convenios colectivos de 2026 y para ello es “muy importante despejar” lo relacionado con la jornada laboral.

A este respecto, Sordo ha asegurado que hay que “seguir subiendo los salarios” porque las subidas alcanzadas no han sido “suficientes para hacer frente a la inflación enorme que ha habido en estos últimos cinco años”.

Absentismo laboral

El secretario general de CCOO también se ha referido al absentismo laboral para denunciar “la demagogia” que hay en “espacios de pensamiento conservador” e incluso en las organizaciones empresariales cuando tratan de “confundir mezclando derechos laborales consolidados en la ley y en los convenios colectivos con los niveles de bajas y el alargamiento de las bajas que se está produciendo”.

“Si la CEOE quiere cuestionar los derechos laborales que negociamos en los convenios colectivos o que se han incorporado a la ley en materia de permisos retribuidos, de licencias, de reducciones de jornada, que lo diga abiertamente y muestre su cara más reactiva y más conservadora”, ha dicho Sordo.

Accidentes mortales

El dirigente sindical ha denunciado el “déficit enorme” que hay en la prevención en las empresas, puesto que el 36 por ciento de los accidentes laborales mortales que hay en España se producen por causas que no están previstas en los planes de prevención.

Precisamente en Asturias se están registrando altos niveles de siniestralidad laboral en lo que va de año.

Unai Sordo (Bilbao, 1972) ha sido reelegido este sábado secretario general del principal sindicato del país, Comisiones Obreras (CCOO), con un amplio apoyo del 96% para el que será su tercer y último mandato. El líder sindical ha anunciado que se pondrá en contacto con UGT para “plantear un proceso de movilización” en defensa de la reducción de la jornada laboral y para “denunciar a aquellos y aquellas que quieren legislar en contra de la mayoría social”, ha afirmado en el cierre del 13 Congreso Confederal del sindicato, que se ha volcado para convertirse en un clamor contra “el genocio al pueblo palestino”.

Unai Sordo, único candidato a liderar el sindicato en este Congreso Confederal, ha recibido un amplísimo apoyo, del 96%, con “692 votos a favor, cero en contra y 22 en blanco”. Sordo alcanzó la secretaría general del sindicato en 2017, tras haber sido responsable juvenil de la organización en Euskadi, después líder en Bizkaia y secretario general en la región.

Hace unos meses, el líder de CCOO anunció su voluntad de agotar los tres mandatos posibles al frente de la organización, con la voluntad de finalizar algunos de los proyectos iniciados en los últimos años, como intensificar las mejoras laborales y sociales para la clase trabajadora, la modernización del sindicato para que llegue a nuevas formas del trabajo, a la población migrante (un colectivo de trabajadores que aumentará en los próximos años) y también el impulso del cambio de modelo productivo, de la mano de la transición energética limpia, a través de la que Sordo ha insistido en que España es capaz de alcanzar “el pleno empleo”.

Ante un auditorio de más de 700 sindicalistas y varias personalidades, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Unai Sordo ha afirmado que CCOO “no se resigna a que fracase la tramitación de ley” de la reducción de la jornada laboral, que acordó el Ministerio de Trabajo con los sindicatos mayoritarios. “En cuanto salgamos de este congreso, nos vamos a dirigir a la UGT para plantear un proceso de movilización para denunciar a aquellos y asquellas que quieren legislar en contra de la mayoría social y de trabajadores y trabajadoras”, ha anunciado el líder de CCOO. “Vamos a hacer que se sienta la presión de la calle, de la gente”, ha sostenido Sordo, que no ha querido adelantar aún en qué consistirán las próximas movilizaciones.

El secretario general del sindicato ha explicado varias ideas fuerza que han emanado de este congreso confederal, entre las que ha destacado el rechazo de CCOO a un rearme que lleve a un “disparatado aumento del gasto militar”, del 5% del PIB, que ha considerado que solo beneficia a EEUU “para que le compremos armas”. Unai Sordo también ha exigido un compromiso de lucha contra la corrupción en plena crisis por el caso Santos Cerdán, con medidas concretas de regeneración democrática, así como la necesidad de una “política pública valiente e integral” de vivienda, entre otras medidas. También ha reivindicado la necesidad de implementar políticas de prevención y actuación ante la crisis climática, como la DANA, que ha recordado que afecta más a las personas más vulnerables.

Unai Sordo ha mostrado también “preocupación” ante la “gravedad” de algunas propuestas socioeconómicas del Partido Popular (PP) que se han conocido en los últimos días. El líder de CCOO ha pedido “claridad” a la derecha sobre si apuesta por una reducción del salario mínimo en caso de gobernar y por la eliminación de la representación legal de la plantilla en “empresas en las que trabajan millones de trabajadores y trabajadoras”.

Clamor contra “el genocidio al pueblo palestino”

Palestina se ha erigido como protagonista desde la escenografía, repleta de pañuelos palestinos con las siglas del sindicato, una gran pancarta con el lema Free Palestine, pasando por la actuación musical del cantautor palestino Marwan, los reiterados gritos de “Palestina libre” y “Palestina vencerá” de los más de 700 sindicalistas concentrados en el auditorio hasta las personalidades que han tomado la palabra en el acto: el secretario general de la Federación General de Sindicatos Palestinos (PGFTU), Shaher Saed; el embajador del Estado de Palestina en España, Hna. Husni Abdel Wahed; y la directora de UNRWA España, Raquel Martí.

“Cuántos muertos más tenemos que esperar para que la comunidad internacional pare la matanza que se está cometiendo en Gaza”, ha denunciado Martí, seguida con una aclamación del auditorio. “Donde están, no se ven, las sanciones a Israel”, han coreado los sindicalistas en varios momentos.

El sindicato ha llegado a una resolución única durante el 13 Congreso, que ha denunciado que el Estado de Israel está perpetrando “un genocido contra el pueblo palestino, según la definición del derecho internacional”, ha explicado Carmen Vidal. El sindicato ha exigido más protección internacional, un alto al fuego total y permanente, el retorno seguro de los trabajadores a sus hogares, un fondo humanitario urgente y el reconocimiento del Estado palestino, entre otras cuestiones.

“La Unión Europea no puede permanecer impasible” ante la vulneración de derechos humanos de la población palestina, ha sostenido Vidal. “Israel ha dejado claro que es el principal agente desestabilizador de la región”, advierte la resolución de CCOO, “ni el silencio ni la neutralidad son opciones”

A favor de la “abolición del sistema prostitucional”

Carolina Vidal, responsable de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo del sindicato, ha reiterado el compromiso feminista de CCOO, por la igualdad de derechos de todas las mujeres, que también ha defendido Unai Sordo en su discurso. “El sindicalismo es clave para la lucha de la igualdad. La brecha salarial no es solo una cuestión de cuánto dinero se tiene, es dar libertad a las mujeres para que tomen las decisiones que consideren en cada momento”, ha afirmado Sordo.

Vidal ha reclamado el permiso parental retribuido, entre otras medidas, y ha recibido una fuerte ovación del auditorio cuando ha pedido la “abolición del sistema prostitucional”. “Nuestra oposición a todas las formas de violencia contra las mujeres, y contra esa forma de violencia que es la prostitición”, ha afirmado también Unai Sordo, secundado de nuevo por un sonoroso aplauso. “Claro que hay muchas formas de explotar unas personas a otras, pero solo un supuesto en el que el centro de trabajo es el cuerpo de la mujer, y es la prostitución y es intolerable en una sociedad sana”, ha argumentado el líder de CCOO.

El sindicato también ha mostrado su solidaridad con “las compañeras de La 6 de la Suiza de la CNT”, condenadas a entrar en prisión en breve. “La acción sindical no es delito, es una vergüenza que seis trabajadoras vayan a ingresar en prisión por defender sus derechos”, ha afirmado Carmen Vidal, que ha clamado contra “la represión sindical” y la “criminalización de la protesta”, por lo que CCOO se ha sumado a la petición de indulto para las sindicalistas condenadas y también ha pedido la participación en la manifestación convocada el 29 de junio en Gijón.

“Hoy defender la democracia es hacerlo de la amenaza ultra, pero también vacunarla de la corrupción”, ha sostenido este jueves Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), que celebra en estos días su 13 Congreso Confederal para definir la dirección y rumbo del mayor sindicato del país para los próximos cuatro años. El acto, con la presencia de varios miembros del Gobierno de coalición, ha estado marcado por el 'caso Santos Cerdán' que investiga la UCO. Sordo, que opta a su tercera y última reelección al frente de CCOO, ha abogado por ofrecer “luz” a la ciudadanía a través de medidas como la reducción de la jornada laboral y mejorar el acceso a la vivienda, entre otras medidas sociales.

“Hay que ser beligerantes, taxativos en la denuncia y persecución de la corrupción”, ha defendido Unai Sordo ante el público del Hotel Marriot Auditorium en Madrid, donde se han reunido 750 delegadas y delegados de CCOO, así como alrededor de 350 personas invitadas, en representación del sindicalismo internacional, otras organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones del Estado. “Queremos que se esclarezcan todos los casos de corrupción, los de ahora y los de antes, aún pendientes de juicio”, ha añadido Sordo.

El líder de CCOO ha defendido que, además de actuar con contundencia contra la corrupción, y aprobar medidas para evitarla a futuro, es necesario que la respuesta de la izquierda y de los sindicatos debe pasar por ofrecer “luz” y “expectativas positivas” a la ciudadanía, en línea con el lema del Congreso (“Respuestas. Nuevos retos, misma lucha”).

“No vale solo con resistir”

“Vivimos un tiempo convulso que no nos está permitiendo ver las magníficas oportunidades que tiene España. Nuestro país necesita un gran compromiso de progreso. No vale solo con resistir, la legislatura que queda por delante necesita un propósito de progreso, un objetivo, que necesariamente pasa por mejorar las condiciones de vida de la mayoría social”, ha sostenido Unai Sordo, que ha abogado por dar “certidumbre, expectativas positivas y un futuro deseable” a la ciudadanía que permita “huir del cinismo y del nihilismo” que impulsan desde la extrema derecha.

Entre estas mejoras, Sordo ha destacado la necesidad de sacar adelante medidas como la reducción de la jornada laboral y la mejora en el acceso a la vivienda, que ha situado como uno de los principales problemas de los trabajadores y de la economía española a día de hoy. Sordo ha destacado que el problema de la vivienda “destruye empleos”, “más que el salario mínimo y la reducción de la jornada”, de aquellas personas que no aceptan un puesto cuyo salario no le permite vivir con dignidad tras pagar la vivienda y también que impide la movilidad de trabajadores a otras zonas del país.

El líder de CCOO ha defendido también la necesidad de reforzar los servicios públicos, que considera que “crean conciencia pública y de comunidad”, así como ha abogado por la transición hacia la energía limpia, que ha situado como una gran oportunidad para reindustrializar el país y de alcanzar el pleno empleo en España. “No podemos permitir que los que niegan el cambio climático, que quieren depender de energías fósiles, alcancen el poder y nos lleven 20 o 30 años atrás”, ha destacado Unai Sordo sobre la extrema derecha.

Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, que ha estado presente en la inauguración del congreso de CCOO, también ha abogado por intensificar el “trabajo para seguir avanzando”. “Tenemos la reducción de jornada en puertas, ayer se cerraba el periodo de enmiendas a la totalidad, es un tema que queremos que se resuelva esta legislatura, por situar uno, pero podríamos continuar hablando del salario mínimo que está pendiente de fijarlo de manera definitiva”. A la inauguración también ha asistido el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, con un breve discurso en el que se ha limitado a defender el diálogo social y la negociación colectiva para alcanzar acuerdos y garantizar la “paz social”.

Congreso paritario entre hombres y mujeres

CCOO ha celebrado un “Congreso paritario entre hombres y mujeres, algo que cuando empecé a militar en este sindicato no me lo podía imaginar”, ha destacado Maricruz Vicente, hasta ahora secretaria confederal de Acción Sindical y principal negociadora del sindicato en las mesas de diálogo social que han dado a luz la reforma laboral y los aumentos del salario mínimo, entre otras medidas clave de los últimos años.

“Lo importante no solo es que sea paritario, que lo es, si no que es reflejo de la participación. Superamos el 48% de mujeres afiliadas y el 45% de representación”, ha destacado Vicente, que ha agradecido “la lucha constante” de las mujeres para abrirse camino en la organización y ha pedido “no dar ni un paso atrás”. “Es una lucha que tenemos que seguir y reivindicar más que nunca, no podemos ceder ante estas nuevas ultraderechas que quieren situar a las mujeres en los viejos estereotipos y ocupaciones”, ha sostenido.

Tras una actuación inicial de la cantante Rozalén, con su canción ‘Puerta Violeta’ ya convertida en un símbolo del feminismo, las primeras palabras del Congreso se han dirigido para el pueblo palestino, por parte de Agustín Martín, secretario de Organización del sindicato, que ha clamado para “que acabe el genocidio de una vez por todas”, con un “Viva Palestina libre” final, que ha secundado el auditorio con un aplauso.

Santi Martínez es el nuevo secretario general de CCOO en Euskadi por abrumadora mayoría. El 100% de los delegados que han votado, 171, le han dado su apoyo, sin votos en contra ni abstenciones, ratificando la unidad a la que ha llegado el sindicato que ha pilotado Loli García en los últimos ocho años. Es una mayoría que auguraba poco antes en su discurso el secretario general de CCOO, Unai Sordo, precisamente exlíder en Euskadi. Martínez ha asumido el mando del sindicato defendiendo la negociación colectiva, el sindicalismo feminista , cargando contra una patronal “absentista” y también mandado un recado directo a ELA, aunque sin nombrarlo. “Nosotros no somos como esos que no son capaces de aceptar el resultado de una asamblea”, ha apuntado.

Antes de las votaciones, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado convencido del sindicato puede llegar a ser hegemónico en Euskadi, “porque la situación ha cambiado mucho en los últimos años y para bien”, ha indicado, refiriéndose al nuevo clima político. No obstante, ha advertido de que “hay que tener muy claro con quien se compite” porque el sindicato mayoritario, por ELA, “se organiza como se organiza y con una eficacia demostrada durante muchos años”, ha señalado, llamado a “desplegarse como organización para tratar de afrontar ese reto, ese desafío” para llegar a los que no están ahora sindicados.

En su primera intervención como secretario general, Martínez ha recogido el guante y ha apostado también por la necesidad de “desplegar” el sindicato en toda la vida de la gente, hacerse imprescindibles como un 'kit de emergencia vital', en lo laboral, pero también el lo prelaboral y en la etapa postlaboral. “Tenemos capacidad para construir un modelo propio que acerque el sindicato, que aproveche nuestra capilaridad organizativa, y que sea capaz de resignificar el sindicato para extenderlo, no sólo hacia los centros de trabajo, sino para que ocupe un espacio de centralidad en nuestras vidas”, ha indicado. 

Martínez ha hecho una defensa de la negociación colectiva porque “la actuación de una patronal sin contrapeso es el sinónimo de la ausencia de democracia en las empresas”. “Esa es una posición estratégica del sindicalismo confederal que debemos vivir como un valor añadido ante posiciones inmovilistas, paralizadoras y absentistas de la negociación colectiva. Porque ese es el absentismo que nos preocupa. No el que denuncia una patronal que no sabe dónde está, si en la foto con Javier Milei o en la foto con la ministra de trabajo”, Ha criticado.en este sentido a la patronal que “practica el absentismo consciente, no participando en el acuerdo para lograr un salario mínimo de convenio, pero, en cambio, cuando hay convocatorias lideradas desde lo público para dotar de ayudas a las empresas, corren a ver cuánto les toca recibir esta vez”.

Ha criticado a la patronal, y también a las instituciones, por “participar del folclore de impostadas fotos de solidaridad institucionales cuando llegan las consecuencias traumáticas para la clase trabajadora”. En este sentido, se ha referido al conflicto de la Bridgestone, cuyos trabajadores votan precisamente si aceptar las condiciones del ERE. “Bridgnestone no es un photocall. Son 300 y pico familias cuyo sustento está en juego. Es otra empresa más que tiene beneficios y que quiere más a costa de cierres injustificados. Es parte de una comarca que merece menos fotos y un esfuerzo institucional eficaz para salvar el empleo y la industria”, ha recordado. “Nosotras estamos y queremos estar desde el principio porque tenemos mucho que aportar”, ha señalado. “No somos como esos revolucionarios de salón que no son capaces de aceptar el resultado de una asamblea” en clara alusión a ELA, que ya ha anunciado que votará en contra del ERE de esta empresa sea cual sea el resultado de la asamblea de trabajadores.

Su discurso ha tenido una parte dedicada a defender el sindicalismo feminista: “Nuestra acción sindical feminista es mucho más que una etiqueta, son nuestras convocatorias de huelgas en los sectores de cuidados, es nuestro crecimiento en afiliación y representación femenina, son los planes de igualdad que combaten las brechas entre hombres y mujeres, es nuestra mayor cobertura a las trabajadoras a través de la negociación colectiva sectorial, son la negociación y aplicación de los protocolos de prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo, o es nuestra formación feminista para combatir los discurso de odio y al fascismo”, ha señalado. “Eso es feminismo sindical. Esta es nuestra respuesta a las estupideces de no sé qué energía masculina”, ha dicho en referencia a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook al que ha calificado de “estúpido” que entiende“ que la sociedad y las empresas se beneficiarían si se recuperara un poco más una cultura que celebre la agresión. Él lo llama la recuperación de la ”energía masculina“.

Martínez ha recordado desde el atril, que en todo momento ha estado vestido con un pañuelo palestino, a las víctimas de la tragedia de Gaza. Ha agradecido a sus compañeros el acompañamiento en su trayectoria que le ha llevado de la periferia al centro sindical, y ha tenido también un reconocimiento para su familia y los orígenes de sus padres. “Creo que es necesario reivindicar con orgullo que somos los hijos de los maquetos que incardinados en la clase trabajadora vasca, como parte de la misma, desde los cuidados, o desde la metalurgia, se han dejado la vida y los pulmones por este país y han contribuido a su desarrollo como el que más. La Euskadi de hoy no se entiende sin ellas y ellos como la Euskadi de mañana no se va a entender sin las personas que vienen de otros países para hacernos mejores”.

Junto a Santi Martínez se ha elegido una Ejecutiva de 12 miembros, de las que seis son nuevos y los demás provienen de la anterior ejecutiva. Los integrantes que repiten son Fran Osuna, Estibaliz Montero, Óscar Arenas, Jone Robledo y Alfonso Ríos. Las caras nuevas son Silvia Sánchez, Jon Herrera, Raquel Díaz, Juanjo López, Ana Isabel Sordo e Iñigo Garduño.

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha cree que la Comunidad Autónoma ha dado “un paso muy importante” tras la última sentencia del Tribunal Supremo que echa por tierra el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, antes de participar en el XI Congreso Regional que el sindicato junto al secretario general del mismo, Unai Sordo.

“Tenemos un problema hídrico generalizado y está más que demostrado que el cambio climático va a tener una incidencia muy clara en el futuro del recurso del agua, que es un elemento esencial para la vida y para el desarrollo de la propia sociedad y de la economía”, ha manifestado.

Tras afirmar que se ha avanzado en esta materia, De la Rosa ha indicado que hay que ser conscientes de que el agua “tiene que ser un bien de todos”. “Creo que hasta ahora la Confederación Hidrográfica del Tajo no estaba siendo equilibrada ni equitativa en lo que se refiere al suministro del agua”, ha añadido.

Creo que hasta ahora la Confederación Hidrográfica del Tajo no estaba siendo equilibrada ni equitativa en lo que se refiere al suministro del agua

Paco de la Rosa — Secretario General de CCOO Castilla-La Mancha

En este sentido, ha aludido al hecho de que “muchas” poblaciones de la región hayan tenido que ser abastecerlas con camiones cisterna mientras existía un trasvase, “que servía para el riego de todos los productos que se realizan en la zona de Levante”.

Para el secretario regional de CCOO las reivindicaciones de todas las partes “son legítimas” pero ha indicado que tras esta sentencia del Supremo se deberá seguir hablando de cómo el agua “puede ser un bien común y colectivo y que sea para todos”.

“Tendremos que volver a hablar de desaladoras y tendremos que volver a hablar de cómo somos capaces de que nuestros pantanos sirvan para otro tipo de cosas como la generación de energía”, ha indicado, para agregar que, por una vez, “está bien que los que al menos sonriamos un poco seamos nosotros y no los murcianos”.

Se ha referido también al hecho de que el pasado martes el pleno del Congreso, con los votos del PSOE y sus aliados, rechazara tomar en consideración la proposición de ley de la Asamblea de Murcia para garantizar el trasvase Tajo-Segura.

“Fue un voto de diferencia que yo creo que al final es un voto de calidad para los castellanomanchegos en lo que se refiere al derecho al agua como lo pueden tener cualquiera, incluso los propios murcianos, pero por qué no nosotros también”, ha concluido.

IU presentará mociones para que se apliquen ya los caudales ecológicos

Mientras, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha anunciado hoy que presentará en los ayuntamientos de municipios por los que transita el río Tajo dentro de la región una batería de mociones para instar a las corporaciones municipales a elevar peticiones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el escalonamiento, en tres años, de la aplicación de los caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo y que obliga a la fijación “inmediata” de dichos caudales mínimos en las zonas protegidas.

La sentencia no obliga a la eliminación del escalonamiento en todo el cauce fluvial, pero sí en el eje centra del río, y según IU “sí supone un golpe directo en la línea de flotación del trasvase al limitar significativamente la cantidad de agua que este puede trasladar al Levante”.

IU Castilla-La Mancha considera que la sentencia otorga “una herramienta de presión fundamental” y fundamenta la “reclamación histórica” de la formación para la eliminación del trasvase o, al menos, de la forma en que este se ha configurado.

Por ese motivo, la formación presentará en los ayuntamientos del cauce del río mociones para instar al Ministerio para la Transición Ecológica a acatar “de inmediato” la sentencia del Tribunal Supremo. También se exige la elaboración de un Plan Hidrológico del Tajo que recoja la eliminación del trasvase antes de 2030.

Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha insisten en que el trasvase Tajo-Segura “es una infraestructura ambientalmente inviable, que ha favorecido durante décadas un modelo de regadío intensivo insostenible en zonas en proceso de desertificación”.

Denuncian que buena parte del agua trasvasada no se destina a consumo humano sino al riego agrícola e incluso a usos recreativos como campos de golf. Para la formación, el trasvase vulnera principios básicos de sostenibilidad y de la normativa europea y defienden su final progresivo, priorizando el abastecimiento humano y el respeto a los caudales ecológicos.

Este miércoles Junts rechazaba la reducción de la jornada laboral y anunciaba una enmienda a la totalidad que complicaba aún más el camino parlamentario de la ley.

Por ello, el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se mostró muy crítico con esta actuación: “Es difícil gestionar que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo. Y cuando tienes que gestionar que no tienes la más mínima utilidad para nadie, tampoco para la gente que representas o para los poderes que representas, pues suele haber una relación directa entre la inutilidad y los aspavientos y los excesos verbales y las pataletas que se adoptan cuando se dicen las cosas. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Junts”, concluía.

“Como no pinta mucho, como ha perdido cualquier espacio de poder de los que quería tener en Catalunya, pues necesita una permanente provocación, escenificación en el Congreso de Los Diputados y decir esta serie de cosas que son un poco la señal de la catadura democrática de estas personas”, añadía el representante sindical. “Es lo que tiene el permanente pataleo y esta necesidad que tiene Junts de hacer política jodiendo al personal”, recalcaba.

Ante esto, el líder de Junts, Carles Puigdemont, recogía el guante y contestaba en X: “Una manera bien extraña de defender a los trabajadores de Bimbo eso de decir que hacen productos inútiles”.

Después añadía que “chatCPT” [sic] le había “facilitado la tarea al preguntarle cómo se podía aprovechar la última rebanada de Bimbo”, tras lo cual procedía a enumerar recetas como “croutons”, “bases para canapés” o “mini pizzas”. “Como miembro de familia numerosa que soy he comido más sopas de pan que la media”, añadía Puigdemont.

El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha sido muy crítico este miércoles con Junts tras su rechazo a la reducción de la jornada laboral y el anuncio de una enmienda a la totalidad que complica –aún más– el camino parlamentario de la ley. Sordo ha tildado de “pataleta” la crítica de Junts a lo que el partido independentista denominó un acuerdo del “lobby sindical español”, que en en opinión del dirigente de CCOO tiene que ver con que ya “no pinta mucho” en el espacio político catalán. “Es difícil gestionar que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo”, ha afirmado Sordo y recoge la agencia Europa Press.

Ante la crítica al “lobby sindical español” por parte de la portavoz de Junts Míriam Nogueras, Unai Sordo ya había recordado a la formación dirigida por Carles Puigdemont que CCOO y UGT tienen “la legitimidad de la mayoría absoluta de la represetación de la clase trabajadora, tanto en España como en Catalunya”.

Sordo ha sostenido este miércoles que Junts necesita de “una permanente provocación y escenificación” en el Congreso de los Diputados. “Es difícil gestionar que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo. Y cuando tienes que gestionar que no tienes la más mínima utilidad para nadie, tampoco para la gente que representas o para los poderes que representas, pues suele haber una relación directa entre la inutilidad y los aspavientos y los excesos verbales y las pataletas que se adoptan cuando se dicen las cosas. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Junts”.

“Como no pinta mucho, como ha perdido cualquier espacio de poder de los que quería tener en Catalunya, pues necesita una permanente provocación, escenificación en el Congreso de Los Diputados y decir esta serie de cosas que son un poco la señal de la catadura democrática de estas personas. Cuando a unos sindicatos que representan a más del 75%, solo CCOO prácticamente al 40%, de la representatividad de los trabajadores y trabajadoras catalanas, una insigne representante de los lobbys catalanes se le ocurre llamarnos a nosotros lobbystas. Es lo que tiene el permanente pataleo y esta necesidad que tiene Junts de hacer política jodiendo al personal”, ha recalcado.

Así lo hizo, ha recordado Sordo, con la revalorización de las pensiones y la moderación de los precios de los pisos en alquiler “para luego pedir otro decreto”. “Y lo vuelve a hacer ahora atacando precisamente a la parte de la clase trabajadora catalana y española más débil, que son las mujeres, que es quien tiene tiempo parcial y quien tiene que conciliar la vida personal y laboral y le viene muy bien la reducción de jornada”, ha denunciado.

“Y supongo que luego, si consigue algún logro en forma de dinero para los señoritos de las empresas a las que representa, poner eso como botín para los que más tienen a costa de haber amenazado la reducción de la jornada de la gente más precaria. Bueno, pues es una forma de hacer política. Pero no le doy tampoco mayor trascendencia porque sé que son puestas en escena y vaya usted a saber si luego hay un proceso de negociación serio o no”, ha indicado el líder de CCOO.

Desde UGT, cuyo líder Pepe Álvarez ha ido a visitar a Carles Puigdemont en el pasado para recabar su apoyo a este medida, ayer se apostó en cambio por un tono conciliador con la formación catalana. El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, afirmó este martes que se puede negociar con Junts “con qué gradualidad” se implanta la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. “A mí lo que me llega es que es con la voluntad de negociar. Por tanto, nosotros ahora lo que estamos pidiendo es la aceptación a trámite y que después en el período de enmiendas podamos negociar con qué gradualidad se implanta la reducción de la jornada de trabajo. Yo espero que la enmienda a la totalidad de Junts se convierta en enmiendas en el proceso parlamentario”, afirmó Ros.

Sordo: “Hay partido” para aprobar la ley

El líder de CCOO ha afirmado no obstante que considera que “hay partido” para sacar la reducción de la jornada adelante “pese a lo que ha hecho” Junts. Porque Junts “es un partido de demagogos”, ha afirmado Sordo, y ha añadido que, en general, “los demagogos tienen problemas políticos para gestionar las posiciones que son impopulares”. “Y la reducción de la jornada es una posición popular, incluso en el electorado de Junts”, ha remarcado.

En este contexto, Sordo cree que el Gobierno tendrá que negociar para obtener una mayoría parlamentaria que permita rebajar la jornada, pero no a cualquier precio, porque, si no, “lo que se rompería sería el compromiso con las organizaciones sindicales”.

En este sentido, preguntado por si estaría dispuesto a modificar la entrada en vigor de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, Sordo ha dejado claro que su sindicato “no está por la labor de cambiar ninguna coma”.

“Nuestro acuerdo con el Gobierno es el que es y va a seguir siendo el que es. A partir de ahí, es el Gobierno el que tiene que concitar una mayoría parlamentaria y nosotros haremos un seguimiento con los grupos y una presión en ese terreno (...) Nosotros no somos el legislativo ni el ejecutivo. Lo que hemos hecho es negociar con el Gobierno y llegar a un acuerdo”, ha apuntado.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha insistido este lunes en que el Gobierno autonómico llegará “hasta el final” en la investigación sobre el accidente de la minero de Cerredo, que se saldó justo hace una semana con cinco muertos y cuatro heridos, al remarcar que “ir a trabajar no puede costar la vida”.

En su intervención en el XIV Congreso de CCOO de Asturias que se celebra en Gijón, Barbón ha mostrado su compromiso de que se desarrollará una investigación y que la justicia será “implacable” a la hora de esclarecer lo sucedido y “para que la verdad” se conozca.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha lanzado “desde el alma” un recuerdo de “pensamiento y corazón” para las familias de los mineros fallecidos y accidentados en Cerredo. Además, ha recordado que la tragedia le ha afectado sobremanera, ya que la suya es una “familia minera por los cuatro costados” y conoce “lo que se sufre en los accidentes”.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este lunes “esclarecer los pormenores” del accidente de la mina de Cerredo con la “contundencia que sea precisa”, y “esclarecer” todas las “irregularidades que hayan podido cometerse”. En su intervención en el marco del XIV Congreso de CCOO de Asturias que se celebra en Gijón y en el José Manuel Zapico optará a ser reelegido como secretario general, ha lamentado “dramático” accidente minero en el que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

El dirigente sindical ha destacado la necesidad de convertir en una “prioridad” la lucha contra los accidentes de trabajo porque la siniestralidad laboral es una verdadera “lacra” que la sociedad española “aún no ha asumido”. El secretario general de CCOO, que ha apuntado que el número de muertes por accidente laboral aumentó el pasado año un 10 por ciento, ha aprovechado su intervención para “recuperar la memoria” de los mineros fallecidos en Cerredo.

El actor José Sacristán, premio Abogados de Atocha 2025, ha recogido este miércoles el galardón “profundamente agradecido” por este reconocimiento que, según ha dicho, “remite a unos acontecimientos que siguen poniendo los pelos de punta”.

Antes del participar en el acto organizado por CCOO en Toledo y su Fundación Instituto de Estudios Sociales, ha pedido “insistir en el ejemplo de unas personas que perdieron la vida por respetar unos principios y defender unos derechos”.

“Que todo aquello que tenga que ver con este recordatorio nos honre y nos haga mejores, en la medida de lo posible”, ha abundado, indicando que este premio “remite a unas señas de identidad morales”.

El emotivo acto se ha celebrado este año en una de las dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Casco Histórico de Toledo, la antigua iglesia de San Pedro Mártir, donde está enterrado Garcilaso de la Vega. Este galardón sirve de homenaje a las cinco personas asesinadas, y a las cuatro que resultaron gravemente heridas, la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha, 55, en Madrid, por tres terroristas vinculados a grupos de extrema derecha, uno de los eventos más oscuros de la Transición española.

“Nunca en mi carrera he recibido un reconocimiento sintiendo la emoción y el agradecimiento que siento en este momento, porque viene de vosotros y está inspirado en la memoria de los compañeros asesinados”, decía el actor.

“Hoy salgo de aquí con la autoridad moral de saber que con vuestro reconocimiento he conseguido que mi vida y mi trabajo vayan de la mano”, subrayó el actor y director, cuyo padre fue preso del franquismo y realizó trabajos forzados para construir lo que hoy se conoce como la Academia de Infantería de Toledo.

“Procuro en la medida de lo posible que aquellas cosas en las que creo y que intento defender sean de alguna utilidad para las personas, sin pretender decir a nadie cómo tiene que vivir, ni convertir los escenarios en púlpitos, ni tribunas”, continuó Sacristán. “Gracias, gracias y gracias de todo corazón, me siento agradecido y honrado”, insistía.

“Unos héroes no voluntarios que perdieron la vida por la democracia”

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, señalaba antes del inicio de acto que para el sindicato es “una carga de responsabilidad muy importante” dar unos premios por “unos héroes no voluntarios que, por pelear por la democracia, perdieron la vida”.

“Ellos no sabían que serían el principio del final de una dictadura y que después de su muerte hubo una revolución en las calles”, ha afirmado, recordando que la dictadura “murió en la calle” aunque el dictador “murió en la cama”.

Y uno de los hitos de ese final fue “la matanza de los abogados de Atocha”, razón que carga de responsabilidad a la gala que acoge este miércoles la ciudad de Toledo.

Sobre el premiado, ha dicho que desde su cine “trasladó a todos desde la más rancia dictadura hasta la democracia en una transición complicada”.

“Si alguien representa el espíritu de los Abogados de Atocha, desde luego es él, y es merecedor”, ha defendido el dirigente de CCOO que ha recordado con cariño a Juan Antonio Mata, que fuera secretario general del sindicato en la región y que impulsó la creación del premio, junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, durante la Presidencia de José Bono.

También ha manifestado la disposición de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha a colaborar con la Fundación Abogados de Atocha en la conmemoración de los actos que se tiene previsto organizar con motivo de los 50 años desde que se cometió la atroz matanza.

España tiene mucha suerte por contar con el mundo de la cultura con el que ha contado".

Unai Sordo — Secretario general de CCOO

Además, el secretario general de CCOO en España, Unai Sordo, ha considerado que los protagonistas de la Transición no fueron “en exclusiva de una élite política”, sino también de la calle, donde hubo “millones de horas de huelga, unas clandestinas Comisiones Obreras o la Iglesia de base, que fueron fundamentales para transitar a la democracia”.

“No fue un camino de rosas, hubo violencia policial, hubo terrorismo, y la matanza de Atocha no fue más que un asqueroso intento de descarrillar el proceso democrático”, ha expresado.

Por ello, este reconocimiento es “en clave de recuerdo a una Transición”, para lo que se ha buscado a “una cabeza pensante” como José Sacristán. España tiene mucha suerte por contar con el mundo de la cultura con el que ha contado“.

El presidente regional Emiliano García-Page asistía al acto y ha considerado “un honor y un privilegio” estar junto a José Sacristán, de quién ha asegurado que se le otorga este reconocimiento por dos cosas. En primer lugar, “por ser un grande de la cultura. Sé que a lo mejor tu sencillez te ruboriza, pero hay que predicar como lo decía Aristóteles, no trabajes para tener reconocimientos, pero sí para merecértelos”.

“No creo que haya nadie, ni en la derecha ni en la izquierda, que pueda discutir los méritos culturales de Sacristán”, un actor que, según el presidente regional, decidió “no vivir la vida inmune a la indiferencia. No eres indiferente a la injusticia, y basta con eso”, ha añadido en referencia al segundo motivo para ser reconocido.

Una “ejemplar trayectoria artística” y la defensa de las libertades “sin ambages”

El actor y director José Sacristán ha sido distinguido por una “ejemplar trayectoria artística” que ha sido “espejo” de cambios sociales, políticos y culturales del país durante las últimas seis décadas.

Este año, el jurado decidió otorgarle el premio por su papel como defensor “sin ambages de un país en libertad” y “con libertades”, así como su denuncia de “todo tipo de injusticias” y su “firme convicción sobre la necesidad de la lucha colectiva par avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y civilizada”.

Su voz “ha viajado con nosotros haciendo culturas”, decía Antonio Arrogante, presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO cuando se presentó galardón, un homenaje a la memoria democrática española. Entre las personas asesinadas se encontraba Ángel Rodríguez Leal, administrativo en el despacho natural de Casasimarro, en Cuenca. La primera Unión regional de CCOO, todavía de Castilla La Nueva, nació en el despacho de abogados de Atocha 55, solo 15 días antes de la matanza.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha participado este viernes en el primer 'Foro Radio Rioja' de 2025, celebrado en el Espacio Lagares de Logroño. Durante su intervención, Sordo ha defendido que “España atraviesa un proceso de transformación que, pese al ruido y la incertidumbre global, puede abrir la puerta al pleno empleo y a la reindustrialización en el medio y largo plazo”.

En su ponencia titulada 'El sindicalismo ante las transformaciones', Sordo ha puesto el foco en la necesidad de reducir la jornada laboral como una de las claves para mejorar el modelo productivo español y ha hecho referencia al reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno para la reducción de la jornada laboral, que pasará de las 40 a las 37,5 horas semanales en cómputo anual. “Aunque la CEOE se ha descolgado, hemos alcanzado un compromiso que actualiza una jornada laboral que no se toca desde 1983”, ha explicado.

Sin embargo, Sordo ha advertido que esta medida todavía debe superar la prueba del Parlamento y ha llamado a la movilización sindical para garantizar su aprobación: “No está asegurado que el acuerdo con el Gobierno tenga mayoría, por eso es clave que la ciudadanía lo haga suyo y que los grupos políticos sientan la presión social”.

En este sentido, ha anunciado que el sindicato iniciará una serie de movilizaciones, comenzando el próximo martes 4 de marzo en Barcelona, para visibilizar el apoyo a esta medida. “Queremos que los partidos entiendan que votar en contra de la reducción de jornada puede tener un coste político, porque es una medida ampliamente respaldada por la sociedad”, ha subrayado.

Salarios y precios: el problema de fondo

El secretario general de CCOO también ha abordado la situación salarial en España. Aunque ha destacado que la retribución media de los trabajadores ha crecido más de un 5% en 2024, ha reconocido que no se ha notado esta mejora debido al aumento del coste de la vida. Sordo ha insistido en la necesidad de reforzar la negociación colectiva para seguir elevando los salarios. “Si alguien gana 1.300 euros y el 40% de su gasto se lo lleva la cesta de la compra y el otro 50% la hipoteca o el alquiler, una subida salarial del 5% no le sirve de nada porque la inflación se la ha comido”, ha explicado.

Sobre el sistema público de pensiones, Sordo ha destacado que el futuro de las pensiones dependerá de la decisión política sobre qué porcentaje del PIB se debe destinar a sostener el sistema, planteando que si se destina entre el 13 y el 16%, el sistema será completamente sostenible.

Además, ha insistido en que “el sistema público tiene que garantizar que las personas activas hoy perciban una pensión equiparable a la que estamos financiando con nuestras cotizaciones sociales” y ha alertado contra los discursos que buscan socavar la confianza en el sistema público de pensiones, advirtiendo que tales narrativas “favorecen el aumento de la privatización del sistema”.

En su intervención, el líder sindical también ha señalado que la crisis de la vivienda en España es “consecuencia de políticas incorrectas aplicadas durante décadas”. Sordo ha defendido la necesidad de una intervención pública sostenida en el tiempo para garantizar el acceso a la vivienda y ha anunciado que el sindicato se sumará a las movilizaciones estatales convocadas el próximo 5 de abril por los sindicatos de vivienda. 

Entre las soluciones propuestas, defiende “la necesidad de topar los precios del alquiler en zonas tensionadas e incentivar la salida al mercado de viviendas vacías. Además, defiende la necesidad de un pacto de Estado sobre la vivienda”.

Accidentes laborales

Sordo también ha hecho referencia al “preocupante incremento de los accidentes laborales en España, muchos de los cuales podrían haberse evitado con una mejor prevención”. El líder sindical de Comisiones Obreras ha criticado que en muchas empresas los planes de prevención de riesgos laborales sean documentos vacíos, sin una aplicación real: “Muchas veces son un simple ‘cortar y pegar’, sin una evaluación efectiva de los riesgos a los que realmente se enfrentan los trabajadores”. 

Además, Sordo ha insistido en la necesidad de medidas más estrictas y automáticas de seguridad en los centros de trabajo. “Es imprescindible que las administraciones refuercen la regulación y el control sobre la seguridad laboral. Las administraciones deben ponerse las pilas y ser mucho más exigentes con la profesionalización de quienes intervienen en la prevención de riesgos”, ha afirmado, llamando a una mayor implicación de empresas y gobiernos para frenar esta “crisis silenciosa”. “No podemos seguir normalizando que haya trabajadores que mueren o enferman por condiciones laborales evitables. Es una cuestión de voluntad política y de responsabilidad empresarial”.

Gestión responsable de la migración en España y en Europa

Sobre los flujos migratorios en España y Europa, Sordo ha señalado que nuestro país necesitará entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales hasta 2050 debido a la baja natalidad y el envejecimiento de la población y ha destacado que el debate debe centrarse en “cómo” gestionar la migración, asegurando derechos humanos y condiciones laborales adecuadas. Además, ha propuesto regularizar a los migrantes en situación irregular y coordinar las políticas migratorias a nivel europeo y la necesidad de un pacto de Estado para evitar el auge de la extrema derecha relacionado con la migración.

Energías renovables en España

El secretario general de Comisiones Obreras también ha defendido además que la transición hacia energías renovables representa una “oportunidad histórica” para España. Según Sordo, el país puede aprovechar su acceso privilegiado a fuentes como la solar y la eólica.  Sordo ha subrayado que este cambio no solo tiene implicaciones ambientales, sino que puede ser clave para mejorar el empleo en el país. “Si logramos atraer inversión, generar empleos de calidad y avanzar hacia el pleno empleo, podemos dejar atrás el modelo de bajos salarios y temporalidad que se diseñó en los años 60”, ha explicado.

Sordo también ha reconocido los desafíos globales, mencionando la inestabilidad política y económica internacional. “Sé que afirmar esto puede parecer arriesgado en un contexto de tensiones geopolíticas y con el auge de políticas reaccionarias, pero España tiene una oportunidad que no ha tenido en su historia reciente, y creo que debemos trabajar en esa línea” ha concluido.

La semana en la que se ha aprobado un nuevo aumento del salario mínimo en España hasta los 1.184 euros al mes, pactado con los sindicatos mayoritarios, el líder de CCOO no para de responder preguntas por otro motivo: la disputa en el Gobierno de coalición por si las personas que cobran el SMI deben empezar a pagar IRPF. “Es surrealista”, lamenta Unai Sordo (Bilbao, 1972), que alerta en esta entrevista del riesgo de caer en “la trampa antimpuestos” de la derecha. También de los peligros económicos y democráticos de la Administración Trump.

Acaba de aprobarse una nueva subida del salario mínimo, que CCOO y UGT han pactado de nuevo con el Gobierno. Sube un 4,4% hasta los 1.184 euros al mes. En 2018, el SMI era 736 euros. ¿Se hubiera imaginado entonces que hoy estaríamos en este nivel?

Era casi una utopía, porque en España el salario mínimo había tenido siempre una función muy marginal, de cubrir los pocos cientos de miles de personas que no tenían ninguna referencia de convenio colectivo. Desde hace algo más de un lustro, se cambió el paradigma y el salario mínimo interprofesional buscó el objetivo de la Carta Social Europea, que es situarse en el 60% de la media salarial. Esto tiene un efecto muy relevante en la disminución de las brechas salariales y en el alza de los salarios más bajos. 

Se empezó una aventura que fue muy contrarrestada y muy discutida, aseverando que iba a tener unos efectos demoledores sobre la creación de empleo. Apenas cinco o seis años después podemos decir que habiendo situado en España el salario mínimo prácticamente en el 60% de la media salarial en términos netos, el empleo en las pequeñas y medianas empresas se ha incrementado casi en un 8%. También ha sido compatible con una creación histórica de empleo en España en general.

Por la vía de los hechos se ha roto absolutamente el mantra neoliberal. Además, ha sido una medida clave, por ejemplo, para reducir la brecha salarial de género que en España ha caído diez puntos en los últimos años. Era difícil de imaginar, pero se ha conseguido un objetivo muy importante, con unos datos económicos muy relevantes.

Sin embargo, el pasado martes la subida del salario mínimo quedó bastante opacada por otra circunstancia: Hacienda comunicó que iba a tributar por primera vez la gente que percibe el salario mínimo y asistimos a una disputa prácticamente en directo entre las dos formaciones de la coalición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Cómo lo vio?

No se me ocurre ni un calificativo. Cuando toda la izquierda tenía que estar poniendo en valor que una subida del 61% del SMI reduce la desigualdad salarial, y además es compatible con una vigorosa creación de empleo en las pequeñas y las medianas empresas, resulta que está pivotando en torno a un sueño húmedo del liberalismo económico, que es a cuánta gente desacoplamos o desconectamos del sistema tributario. Me parece absolutamente surrealista. 

El debate es cómo garantizamos que cualquier perceptor del salario mínimo, aunque no tenga hijos a cargo y aunque sea soltero, se lleva en neto a su casa el 60% o más de la media salarial. Ese es el debate y no en los términos que se está estableciendo, que lógicamente la derecha económica está retozando en el charco, porque de repente se abre la idea de que hay que desconectar del sistema fiscal a las rentas bajas. Es surrealista.

Se ha situado el debate en concreto sobre si el salario mínimo tiene que estar exento del pago del IRPF. Por sus declaraciones, entiendo que no le parece un fin en sí mismo.

Claro. El fin es que todos los perceptores del SMI estén por encima del 60% de la media salarial. El fin no puede ser que una persona que cobra 5.000 euros al mes no cotice al IRPF por los primeros 16.500. Me parece una idea bastante peregrina.

El tema es cómo garantizamos que cualquier persona que cobra el SMI, aunque tenga una relación tributaria con Hacienda, eso no le minore el salario hasta el punto de reducirlo por debajo del 60% de la media salarial, que es el objetivo que marca la Carta Social Europea. Ese es el debate y no el otro. Es que estoy verdaderamente alucinado.

¿Cómo se garantiza que ese sueldo neto sea al menos del 60% del salario medio? 

Subiendo más el salario mínimo interprofesional o estableciendo algún tipo de excepción tributaria que evite que a estas personas se les recorte el salario neto. 

El debate no puede ser una elevación sin límites del mínimo exento que no repercute solo en quien cobra el SMI, repercute en el conjunto de los salarios. De manera que un director general que cobre 7.500 euros al mes tiene una exención de una parte de esas retribuciones que no tributan al IRPF. Una cosa que a mí, en términos progresistas, muy lógico no me parece, porque supone una disminución de la recaudación, que creo que no se justifica.

Tras toda esta discusión también hay una cuestión de equidad.

Se han puesto encima de la mesa medidas fiscales muy alegres, por ejemplo, en materia de propietarios inmobiliarios, se supone que para favorecer el alquiler por la vía de exonerar del pago de impuestos a según qué propietarios. Esto plantea un tema de equidad. Una medida va detrás de otra y se envenenan los debates. Pero eso es una cosa y otra es que, sobre todo la izquierda política, no pierda el oremus. 

Todas las formaciones a la izquierda del PSOE en el Congreso se han situado en contra de la medida. También el PP. A veces con expresiones parecidas, como que la tributación es “un ataque a los trabajadores” o que Hacienda “se come” la subida salarial. ¿Cree que se está cayendo en un discurso antimpuestos?

En efecto, el riesgo es caer en la trampa antimpuestos que plantea la derecha. Creo que hay que matizar mucho más las cosas, pero el problema se ha instalado en términos de trazo grueso y es imposible meter una mínima racionalidad. Insisto: el debate no puede ser cuántos millones de personas tienen que dejar de tributar a Hacienda, sino cómo garantizamos que todo el mundo en España tenga un salario neto que al menos está en el 60% de la media salarial. 

De hecho, creo que la tendencia progresista tiene que ser la universalización de la declaración de la renta, porque facilita políticas de rentas que favorecen a los más desfavorecidos. Quien solicita el ingreso mínimo vital o el subsidio de desempleo para mayores de 52 años tiene que presentar la declaración. A la gente que accede al bono social térmico se le exige dar fe de que no tiene recursos y unos requisitos que acaban estigmatizando la pobreza. Por tanto, es muy bueno que haya transparencia fiscal para facilitar esas políticas de rentas para los más desfavorecidos.  

Es muy difícil hacer pedagogía cuando el debate se sitúa en el marco que quiere la derecha económica, que es cómo se dejan de pagar impuestos, y además lo situamos en las rentas más bajas

Comisiones Obreras ha pedido que se aborde de forma más amplia el debate sobre la reforma fiscal que hace falta en España. ¿Cree que hemos llegado a este conflicto en parte por esa falta de equidad en las medidas fiscales y por la incapacidad del Gobierno de sacar adelante la prometida reforma fiscal, con más contribución de las rentas del capital, por ejemplo?

Este es el problema. Es muy difícil hacer pedagogía cuando el debate se sitúa en el marco que quiere la derecha económica, que es cómo se dejan de pagar impuestos, y además lo situamos en las rentas más bajas. 

Hay que abrir el foco para garantizar una tributación corresponsable de las rentas medias-altas, de las rentas muy altas, que pague más quien más tiene. Y, sobre todo, que paguen más los rendimientos distintos a los salarios, sobre todo cuando son especulativos. Es decir, cuando no están destinados a la reinversión productiva.

Como posible solución, usted ha planteado que se garantice por ley que el salario mínimo neto se sitúa en el 60% de la media salarial. Vista la unanimidad en el Congreso en contra de la merma de los sueldos más bajos, ¿cree que puede haber una mayoría parlamentaria al respecto?

Creo que es la solución más directa. Y, sobre esa exigencia legal, constrúyase los distintos baremos del IRPF y las posibles exoneraciones que tengan las rentas más bajas.

En efecto, no creo que nadie se negara. En la izquierda se supone no y ahora a la derecha también le ha entrado la cosa de que nadie cobre por debajo del 60%... Está muy bien que hayan venido a esta posición, supongo que esto tampoco les generará ningún problema.

Los sindicatos se han manifestado hace poco contra el tacticismo de ciertos partidos en la caída del decreto ómnibus con la subida de las pensiones y otras medidas muy relevantes. ¿Cómo ve el ambiente en el Parlamento?

A veces se juega con fuego. Cuando hablamos del decreto ómnibus que se dejó caer, y luego afortunadamente ha salido adelante, hablamos de medidas de mucho calado. Desde la revalorización de las pensiones a medidas que garantizan ingresos a la Seguridad Social, como el aumento de las bases máximas de cotización. Tan importante era una cosa como la otra. 

Salimos a movilizarnos en principio ante la caída del decreto y luego ante la frivolidad con la que se habían abordado unas medidas de tanto calado. Me preocupa esa sensación que se abre a veces en la ciudadanía de que unas cosas son los problemas de la gente y otra cosa, las dinámicas de las instituciones y de los partidos. Ese alejamiento creo que está en la base de muchas de las malas cosas que están pasando en el mundo en términos políticos.

Luego regresamos a esta mirada internacional, pero una de las reformas que va a enfrentarse ahora al examen parlamentario es la reducción de jornada laboral, que los sindicatos mayoritarios habéis pactado con el Gobierno. También incluye un importante refuerzo del control horario. ¿Qué perspectivas tiene acerca de esta tramitación?

El partido está abierto y creo que es muy importante que se haya aprobado la reforma como se pactó con los sindicatos. Ahora hay que tramitarla, somos conscientes de que va a ser difícil y que habrá presión desde la calle. 

Esto va a salir adelante en la medida en que votar en contra de la reducción de la jornada laboral tenga un coste político, porque seamos capaces de explicar que esto es deseable para la mayoría social, pero además que es factible y que es bueno incluso para la economía y para las empresas. Un poco en la lógica de lo que decía antes del salario mínimo interprofesional frente al discurso de la catástrofe. 

La reducción de la jornada laboral va a salir adelante en la medida en que votar en contra tenga un coste político

La patronal está en contra de la reducción de la jornada y también ha anunciado que va a defender su postura en el Parlamento. Su marco es el de destrucción de pymes, de empleo, de más costes que las empresas no pueden asumir...

Por eso digo que el partido está abierto. En lo que llamamos “mayoría de investidura” hay partidos, sobre todo uno, que en términos de pensamiento económico es bastante liberal, como es Junts. También el PNV, pero tiene una visión distinta de esto y en principio nos ha dicho que votaría a favor. Lógicamente, van a plantear sus enmiendas y sus propuestas que analizaremos cuando estén encima de la mesa. 

La cuestión es de convicción y de movilización en la calle. En el electorado de cualquier partido político hay personas que trabajan 40 horas y que están muy de acuerdo con reducir la jornada laboral a 37 horas y media.

¿Cómo es la relación con la patronal tras el desencuentro con la reducción de la jornada? En la firma del SMI ponía el acento en la necesidad de subir más el conjunto de salarios, que en España son bajos, y abordar un nuevo acuerdo de negociación colectiva. 

El efecto del salario mínimo sería prácticamente nulo si la patronal hubiera cumplido los compromisos que en los últimos años ha suscrito con los sindicatos. Ya tendríamos salarios mínimos de convenio superiores al actual SMI. Dicho eso, la negociación de los convenios colectivos en términos de subida salarial más o menos ha cumplido los objetivos del AENC. Es decir, hay alguna dinámica buena en ese terreno.

Pero efectivamente España sigue teniendo un enorme problema de bajos salarios, con un montón de millones de trabajadores con salarios que están entre el SMI y poco más que el SMI, que apenas dan para poder sobrevivir. Tenemos que seguir corrigiendo este problema, que hay que poner en relación con la evolución de los precios y, sobre todo, de algunos muy estratégicos como el acceso a la vivienda o de los consumos básicos.

Señalaba antes a la escena internacional. ¿Cuál es el riesgo para la economía española de Donald Trump y de los aranceles y la guerra comercial que está impulsando en todo el mundo? ¿Cómo puede afectar a España?

Estados Unidos empieza a ser un riesgo para las democracias y creo que es un tema en el que no se está reflexionando suficientemente. Está saltando por los aires el concepto de democracia representativa para ser sustituido por sistemas autoritarios de régimen presidencialista y oligopolístico, en el sentido de que los que tienen las grandes empresas, que son personajes nefastos en términos incluso personales, se están apropiando cada vez más del gobierno. 

A partir de ahí, el riesgo es que se desencadene una guerra comercial de mucho calado, sobre la que el poder económico español está bastante calladito, por cierto. Es llamativa tanta preocupación por que suba el SMI un 4,4% y no he oído a las organizaciones de empresarios agrarios, por ejemplo, poner el foco en qué pasa si Estados Unidos nos mete un arancel del 25%, cuando exportamos mil millones de euros en aceite de oliva. No les he oído decir nada, curiosamente. 

Es verdad que España no exporta demasiado a EEUU, aunque importamos cada vez más, sobre todo petróleo y gas, pero el mayor riesgo es que esta guerra comercial deteriore las economías centrales de Europa y esto afecta directamente a España. También que nos obliguen a un incremento bestial del gasto en defensa y a consumir productos mucho más caros para mejorar la economía norteamericana. Por ejemplo, productos energéticos. 

Hay riesgos de una guerra comercial de mucho calado sobre la que el poder económico español está bastante calladito. Es llamativa tanta preocupación porque suba el salario mínimo y no se pone el foco en qué pasa si Estados Unidos nos mete un arancel del 25%

¿Qué debería hacer Europa en este contexto?

Europa tiene que reforzarse políticamente y desplegar una estrategia de autonomía estratégica, donde la autonomía energética es absolutamente clave. Y aquí España tiene una oportunidad muy grande de despliegue de energías renovables.

Si hay que ir a una guerra comercial, aunque no es deseable, habrá que ir. Si EEUU pone aranceles, Europa va a tener que poner aranceles, buscar mercados alternativos y fortalecer sus elementos de autonomía estratégica, industrial y energética.

Esta semana se ha conocido el dato de muertes en accidentes de trabajo en 2024, con 796 personas fallecidas, 75 más que el año anterior. Hay una mesa abierta para mejorar la prevención de riesgos laborales, pero los sindicatos habéis denunciado que va muy lenta. 

Sí, es una de las mesas de diálogo social que le cuesta más avanzar y a nosotros es un tema que nos preocupa de manera particular. Se están incrementando el número de muertes y de accidentes por causas que se podrían corregir con medidas preventivas muy básicas, como atrapamientos o caídas en altura. Esto tiene que ver con malas prácticas laborales y a veces con falta de coordinación entre las actividades preventivas debido a la externalización y subcontratación. 

Hay que ser muy incisivos en las exigencias para las entidades que se dedican a la prevención de riesgos laborales y en la evaluación de los planes de prevención. Exigir a las empresas y a los servicios de prevención ajenos que se profesionalicen más. Porque a veces se ha llegado a un sistema excesivamente inercial, donde la detección de riesgos no se acomoda mucho a los riesgos reales, sino que son planes que obedecen un poco al sota, caballo y rey. Ahí tanto la Inspección como la exigencia legal tienen que incrementarse.

Está pendiente esta reforma contra la siniestralidad laboral, también iniciar la negociación sobre el coste del despido, que los sindicatos habéis denunciado en Europa… El Gobierno dice que hay coalición para rato, pero se han producido varios choques importantes en los últimos meses. ¿Cómo ve al Ejecutivo para sacar estas leyes adelante?

La mayoría parlamentaria es muy difusa y lo que se llamaba ampulosamente “mayoría progresista” no es tal. Es una mayoría de investidura, pero no es progresista en términos socioeconómicos. Con lo que la capacidad de llevar adelante reformas socioeconómicas de izquierdas es compleja. Sé que a un gobierno no le gusta llevar cosas que se pierden al Parlamento, pero a veces hay que dar la batalla. Si se gana, se gana y, si se pierde, se pierde. La jornada laboral es el caso más evidente. 

Están muy reforzadas muchas de las ideas que veníamos reclamando desde los sindicatos, por ejemplo cómo ha evolucionado el empleo en los últimos años en España siendo compatible con la disminución de la temporalidad y con el incremento del salario mínimo. Cuando tienes todas esas banderas que puedes enarbolar, debería ser un acicate para profundizar.

Hay que pedirle al Gobierno mucho más pulso. Porque cuando las ideas ganan peso popular y son hegemónicas, no es tan fácil oponerse a ellas. El ejemplo lo tenemos con el decreto ómnibus. El Partido Popular y Junts votaron en contra, pero enseguida estaban pidiendo por favor, por favor, ponme otro decretito que no me quiero enfrentar a ser el responsable de no revalorizar las pensiones. Esa es la batalla: situar ideas hegemónicas, más allá de lo difícil que son las aritméticas parlamentarias.

Hay que pedirle al Gobierno mucho más pulso. Cuando las ideas ganan peso popular y son hegemónicas, no es tan fácil oponerse a ellas. El ejemplo lo tenemos con el decreto ómnibus.

Ha anunciado que se presenta para optar a un tercer mandato en Comisiones Obreras. ¿Qué perspectivas e iniciativas tiene para el que sería su último mandato? 

Contrasté con las organizaciones sobre si veían que podía ser el momento de promover un relevo o si valía la pena un último mandato, y de forma prácticamente unánime el llamamiento era a continuar. 

Esto está relacionado con la dificultad del momento político, no ya español, sino global. En época de crisis, mejor no hacer mudanza. Y luego que, aunque dos mandatos son ocho años y quizás pueda parecer que es tiempo suficiente para desplegar el proyecto, la pandemia prácticamente nos metió un paréntesis de dos años de excepcionalidad. Así que eso quizás sí recomienda un tercer mandato donde ejecutar muchas de las cosas que venimos tratando de impulsar.

¿Cómo cuáles?

Muchas son muy desconocidas para el gran público. Por ejemplo, el refuerzo organizativo del sindicato: poner los recursos allí donde está la gente que no se puede organizar sola, en aquellos nuevos sectores de la economía sin ninguna tradición sindical o adaptarse al cambio en la composición de las plantillas. El sindicato tiene que dar una respuesta distinta en propuesta, en narrativa, en todo. 

Y también cómo organizamos mejor a la clase trabajadora en un contexto de riesgo. Si hubiera un cambio de ciclo político en la línea que está habiendo en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos, lo que he dicho antes no lo digo por decir: creo que corremos un riesgo civilizatorio y hay que tener todas esas posibilidades en la cabeza. No dar por sentado que vaya a ocurrir, que no estoy seguro de que esto suceda en España, pero tampoco es imposible. 

A mí no me preocupa que gobierne en España el Partido Popular en el sentido de que ya ha gobernado, pero a mí sí me preocupa la nueva posición de una extrema derecha global que creo que está cuestionando los fundamentos básicos de la democracia liberal. Y, si no, al tiempo.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han instado este domingo al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una agenda social que incluya, entre otros asuntos, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el compromiso de que el salario mínimo interprofesional (SMI) no cotice por IRPF.

Ambos sindicatos han convocado diversas concentraciones por toda España tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que incluía el alza de las pensiones, la extensión de la bonificación del transporte público o las ayudas por la DANA de Valencia.

Finalmente los sindicatos mayoritarios han optado por mantener la protesta a pesar de que el Gobierno ha vuelto a aprobar las medidas sociales en un nuevo decreto.

En la celebrada en Madrid, a la que han acudido algo más de un centenar de asistentes, Sordo y Álvarez han afeado la distancia que separa las preocupaciones de los ciudadanos de los intereses de los parlamentarios.

El secretario general de UGT ha aclarado que los sindicatos están en la calle “para reivindicar que el Parlamento no secuestre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, ya que, en su opinión, el Congreso de los Diputados “incumple leyes aprobadas”, como es la revalorización de las pensiones.

Por eso, las organizaciones sindicales “van a ir más allá” del decreto ómnibus, que no se ha negociado con ellos y no cubre “ni de lejos” las necesidades de los ciudadanos

Entre otras exigencias, los sindicatos van a exigir que el SMI quede exento de IRPF, así como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una “reivindicación permanente” que, si no obtiene respuesta por parte del Gobierno, abocará a nuevas manifestaciones, ha asegurado Pepe Álvarez.

Desde CCOO, Unai Sordo ha destacado que la concentración cuenta con el apoyo de organizaciones de todo tipo y de toda España, después de un par de semanas en las que “ha estado en peligro un decreto ley” que renueva el escudo social.

Durante estos días se han vivido unos “juegos de pactismo” muy preocupantes, que muestran que a la ciudadanía la separación de intereses de las mayorías sociales y los de los políticos, ha denunciado.

“Queremos que el Gobierno ponga en marcha una agenda social”, ha agregado, porque en España “hay mucha precariedad” y los sindicatos deben estar “muy atentos y vigilantes” de lo que se hace en el Congreso.

Los sindicatos deben “fiscalizar” al legislativo, que tiene que ser “valiente”, máxime cuando se ha visto que existe una alternativa “de derecha y de extrema derecha” que pone en peligro las conquistas de los trabajadores.

“Lo del Estatuto del Becario clama al cielo”, ha criticado este lunes el líder de CCOO, Unai Sordo, a preguntas sobre la recuperación de esta medida por parte del Ministerio de Trabajo, que sigue sin cosechar acuerdo dentro de la coalición del Gobierno. Sordo ha advertido de que el sindicato no volverá a negociar la regulación con más derechos para las personas becarias y ha exigido al Ejecutivo que apruebe lo acordado con el Ministerio Trabajo hace más de un año.

El Estatuto del Becario, pactado por Trabajo y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) en junio de 2023, consiste en un catálogo básico de derechos para los estudiantes que realizan prácticas, como la compensación de gastos, las vacaciones y los descansos como el resto de la plantilla, una “adecuada tutorización” de los estudiantes o la protección de su salud, entre otros. También recoge más límites a su utilización, en número de becarios y de horas de prácticas, así como sanciones específicas para las entidades que incumplan los derechos de los becarios.

“Lo suscribimos a finales de la anterior legislatura y único que vamos a decir es que exigimos el cumplimiento taxativo y exacto de lo que hemos pactado”, ha afirmado Unai Sordo en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Sordo señala al “lobby” en contra

Después del acuerdo con Trabajo, el Ministerio liderado por Yolanda Díaz no logró llevarlo al Consejo de Ministros, con reticencias en la parte socialista del Gobierno (expresadas por Hacienda y Economía), que alegaron que a la norma le faltaba aún trabajo. Mientras, Universidades y fundaciones de empresas advertían de que compensar gastos a los estudiantes suponía un “serio peligro” para las becas, y el Gobierno tampoco parecía tener asegurados los apoyos por parte de algunos de sus socios parlamentarios, como PNV.

Hace unas semanas, el Ministerio de Trabajo ha vuelto a sacar a audiencia pública el Estatuto del Becario, con la intención de reactivar la regulación, pero de nuevo hay reticencias al respecto de la norma dentro del Gobierno, como publicó El País y confirmaron fuentes gubernamentales a este medio.

“No vamos a entrar a renegociar ninguna de las cuestiones que ya habíamos negociado”, ha advertido Unai Sordo. “Lo único que le pedimos al Gobierno es que ponga en marcha lo que hemos pactado. Insisto: clama al cielo”.

El líder de CCOO ha apuntado a algunas de las fuerzas que están trabajando para que la norma no salga adelante. “Sé que es un tema en el que hay muchísimas presiones, hay un enorme trabajo de lobby, desde las propias universidades, por ejemplo. Pero no admite más dilación ni vamos a renegociar nada”, ha zanjado.

Despidos y derechos ante la digitalización

El dirigente sindical ha analizado algunas de las principales cuestiones de actualidad durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, como el recorte de la jornada máxima de trabajo, los problemas de acceso a la vivienda, la llegada de personas migrantes al país o el debate sobre la financiación territorial y la fiscalidad.

Unai Sordo ha propuesto además dos medidas más para el futuro del mercado laboral. Por un lado, aumentar las trabas a los despidos, como medida complementaria a los ERTE, que incida en una estrategia que evite los despidos ante las futuras crisis y posibles problemas en las empresas. Como alternativa, sugiere que se ofrezca a las empresas “fórmulas alternativas de flexibilidad al tiempo de trabajo”.

Por otro lado, el líder de CCOO ha emplazado a regular más lo que tiene que ver con “la irrupción de la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial”, entre otras nuevas tecnologías. “El riesgo disruptivo que tienen las nuevas tecnologías sobre las condiciones de trabajo es potencialmente inmenso”, ha advertido.

Aunque ya se aprobó la llamada Ley Rider, para combatir los falsos autónomos entre los repartidores de plataformas digitales como Glovo y garantizar el acceso de información a los sindicatos sobre los algoritmos que definen condiciones laborales, el líder de CCOO ha propuesto ampliar la legislación. “Hay que regular”, ha insistido Sordo. “Dimos un paso en España, con la llamada ley rider, (...) pero lo hicimos de forma muy iniciática y para una pequeña porción de los trabajadores hoy vinculados a la economía de plataforma, nos queda muchísimo en este terreno”. 

El segundo día de huelga de los trabajadores de RTVCyL ha logrado un “95%” de seguimiento en los dos centros de Valladolid y en torno al “50%” en el resto de centros de toda Castilla y León. La jornada ha comenzado con protestas en todos los centros y con la movilización central por la tarde a las puertas del teatro Calderón de Valladolid durante la gala inaugural de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Los trabajadores exigen a la patronal una mejora salarial, mejores condiciones laborales y una clasificación personal acorde con las necesidades actuales. El pasado 2 de octubre, un día antes de la primera jornada de movilizaciones, los empleados han rechazado un preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa que establecía un pago único de 500 euros para este 2024 y de 850 para 2025. Desde entonces, aseguran los trabajadores, no se han vuelto a sentar a negociar.

Durante la alfombra azul de la Seminci medio centenar de empleados se han concentrado para reclamar las mejoras. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha acompañado a los trabajadores de RTVCyL, ha indicado que el servicio se presta a través de “una contrata en unas condiciones laborales pésimas que no garantiza una buena calidad en el servicio público que supone la la televisión autonómica”.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones de 21,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

Sordo ha criticado que la Junta ha abandonado a “un servicio público” de “un modelo fracasado que tiene que ser revisado” y que para ello “se necesitan unas buenas y dignas condiciones laborales”.“El problema no es solo la actitud de la empresa, el problema es el propio modelo de televisión que desde hace muchos años lleva impulsando la Junta de Castilla y León”, ha afirmado.

El líder sindical ha apuntado que los trabajadores piden “cosas tan sencillas como un salario que apenas supera el SMI en algunos casos, que se le sustituya adecuadamente en las bajas, en definitiva, unas condiciones laborales justas y dignas que permitan ofertar una tele de calidad para la ciudadanía de Castilla y León”.

Por parte de UGT, el asesor del sindicato en esta mesa de negociación, Gerardo García, ha señalado que las negociaciones están “completamente bloqueadas” porque la empresa “no quiere tocar un euro de las propuestas salariales”. “Es como negociar con el Tío Gilito, no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo”.

El representante de UGT ha relatado que a pesar de rebajar “a mínimos” sus peticiones, la empresa “se ha negado a firmar por una cantidad de 18 euros al mes para dentro de tres años”. García ha agregado que tampoco están “dispuestos” a que la subida salarial la paguen los huelguistas.“ Si quieren que UGT llegue a un acuerdo de firma de convenio, van a tener que reponer las cantidades que se descuenten a los compañeros que están en huelga”.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla y León, Francisco González, ha señalado que “cada vez mas gente se adhiere, la huelga está siendo un triunfo y conseguiremos que la empresa se siente a negociar”, ha señalado

Programación afecta

La programación se ha visto afectada. En la 7, el magazine emitido se grabó el jueves y el informativo autonómico se ha limitado a emitir por la tarde. Este programa se ha reducido a una sucesión de vídeos sin pasar por plató ni presentadores, como ha podido confirmar este diario.

Comisiones Obreras ha presentado este jueves una propuesta para la creación de un fondo de inversión público para la vivienda asequible (FIVA). El objetivo del sindicato es aprovechar las nuevas líneas de financiación para la promoción de vivienda y la baja rentabilidad que dan los bancos a los pequeños ahorradores para financiar este mecanismo, que permitiría la construcción de 50.000 viviendas en alquiler asequible al año durante la próxima década. Según ha explicado el secretario general, Unai Sordo, los inversores obtendrían una rentabilidad de en torno al 3% y los constructores y gestores de esta parte del parque público, unos beneficios tasados. El precio del alquiler se reduciría al menos un 30%, con precios de entre 7 y 11 euros el metro cuadrado. Para una vivienda de 80 metros, la renta estimada sería de entre 560 y 880 euros al mes.

Según han explicado el propio Sordo y el secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, Carlos Bravo, el fondo canalizaría tanto ahorro privado como recursos públicos. “Cuando hablamos de ahorro privado, nos referimos a ahorro de particulares, retribuido convenientemente y que hoy está en entidades financieras con una escasa retribución”, ha señalado Sordo, que ha citado estimaciones del Banco de España de unos 50.000 millones de euros en ahorros extraordinarios por los que los bancos no están dando intereses. “Sería un modelo de libreta donde las personas tienen el dinero a la vista, disponible y con la garantía del Fondo de Garantía de Depositos de Entidades de Crédito”, ha indicado Bravo, que ha señalado que la diferencia respecto a las entidades bancarias es que el organismo invertiría el dinero en políticas públicas, concretamente en vivienda.

La segunda vía de captación de recursos vendría de la mano de la inversión institucional, a través de aquellos fondos, como los de pensiones de empleo u otros intrumentos de inversión colectiva o fundaciones, con vocación socialmente responsable, que obtendrían también un retorno “prudente y razonable”. Además, Bravo ha señalado que la Comisión Europea ha establecido una comisaría específica para políticas de vivienda. “Habrá fondos comunitarios que pueden nutrir el FIVA”, ha indicado, así como otros estatales, que proponen gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El fondo requeriría de la cooperación de las administraciones públicas con suelo disponible. En primer lugar, de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), del Ministerio de Vivienda, pero también de comunidades autónomas y ayuntamientos que, además de poner a disposición el suelo público disponible, deberán catalogar las viviendas como protegidas. Y deberán hacerlo para siempre, para evitar prácticas como las que se han producido en las últimas décadas, que permitían que viviendas construidas con apoyo público terminasen vendiéndose en el mercado libre a precios muy superiores.

Los destinatarios del fondo serían tanto entidades públicas como de economía social, privadas sin ánimo de lucro e, incluso, de lucro limitado. Estas tendrían unas rentabilidades de en torno al 3,5%. Y no sería solo para la construcción, también para la captación y rehabilitación de viviendas construidas. El sindicato se fija en el modelo austriaco, donde los operadores de viviendas de lucro limitado son responsables de una quinta parte del parque de vivienda y han construido más de 840.000 inmuebles.

La gran baza de este fondo sería la garantía pública del Estado. “Sería comparable a los bonos del Estado”, ha señalado Bravo, pero con un fin “específico”. El siguiente paso es presentar la idea al Ministerio de Vivienda, donde el sindicato acudirá con ejemplos de éxito. “Se trata de una propuesta que sigue modelos ya implantados en otros países de la Unión Europea, como es el caso de las políticas públicas financiadas en Francia, entre ellas, de forma relevante la vivienda, a través de la captación y remuneración de ahorros minorista mediante la Livert A”, indican en un informe, en el que cifran el 17% la población que viven en alquiler bajo este modelo, a un precio medio de 6,27 euros el metro cuadrado.

La promesa de la reducción de la jornada laboral desde 2024 enfrenta una apretada cuenta atrás. Entrados en septiembre, la negociación del diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales mayoritarias afronta “una postura de bloqueo” por parte de los empresarios, denuncian CCOO y UGT, que están ya preparando las movilizaciones anunciadas para el 26 de septiembre. Aunque los sindicatos van más allá: avisan al propio Gobierno y a los partidos políticos para que aprueben la medida. Si no, “a ver cómo se lo explican a la gente”, sostienen.

El mensaje lo han repetido este miércoles los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), antes de una reunión con delegados sindicales de la Comunidad de Madrid para alentar las protestas contra la patronal. Sordo ha destacado que “no hay encuesta” que no recoja un amplio apoyo a la medida por parte de los ciudadanos “voten a quien voten”.

Los líderes sindicales apuntan de momento en esta “primera fase” de movilización a los empresarios, para intentar un acuerdo a tres bandas en el diálogo social. Pero si no se logra el pacto, algo que temen cada vez más, en CCOO y UGT recuerdan al Gobierno que debe sacar adelante su compromiso. Y avisan ya al Ejecutivo y los partidos políticos de que presionarán para que así sea.

Contexto parlamentario muy complejo

La advertencia a las formaciones políticas llega pronto, ya que no ha terminado la negociación siquiera y no hay un texto o votación sobre la mesa, pero en un contexto clave. Ayer, Junts tumbó en el Congreso la ley del sindicato de inquilinas para regular el alquiler de temporada y este miércoles el presidente del Gobierno ha firmado con los agentes sociales un acuerdo de pensiones que rechazan varios de sus socios de investidura.

Los líderes sindicales han defendido el acuerdo de pensiones y han advertido a las formaciones políticas progresistas que se oponen al pacto (ERC, EH Bildu y BNG) de que tumbarían mejoras para los trabajadores en materias como la jubilación parcial y el contrato relevo, cuyas condiciones actuales caducan el 1 de enero. “A mí me cuesta entender que las formaciones de algunas Comunidades Autónomas que se van a ver muy afectadas por el contrato relevo no lo voten”, ha afirmado el líder de UGT, destacando Navarra y Catalunya, por ejemplo.

“Quiero recordar qué pasó con la reforma laboral”, ha destacado Álvarez, que a punto estuvo de decaer sin el apoyo de estas fuerzas progresistas. “España no puede ser rehén de las diferencias políticas que hay en nuestro país. El Congreso no puede secuestrar los derechos de las personas”, ha añadido el líder de UGT. Unai Sordo ha coincidido y avisado de que “parece que la política va de narrativa”, pero “cuidado con las cosas del comer y con cómo se explica esto a la gente”.

La negociación para la reducción de la jornada laboral salta de la mesa del diálogo social a las calles. UGT y Comisiones Obreras han anunciado este miércoles la convocatoria de protestas frente a las sedes de la patronal en todas las capitales de provincias para el próximo 26 de septiembre, a las 11.30 horas. Los sindicatos cumplen así la advertencia que lanzaron en julio, cuando avisaron tanto al Gobierno como a la CEOE, que las conversaciones habían entrado “en bucle”.

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios han hecho un “llamamiento a las organizaciones empresariales a apostar por un acuerdo para llevar a cabo esta reducción de jornada (semanal máxima)” de las 40 a las 37,5 horas y media en 2025. “Esta medida favorecerá una mejor conciliación corresponsable entre la vida laboral, social, personal y familiar y contribuirá a la creación y reparto del empleo en nuestro país” y “servirá para mantener y crear más empleo de calidad”, indican.

El objetivo principal de estas movilizaciones es “sensibilizar”, ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Los partidos políticos, los grupos parlamentarios, tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor, reducir el tiempo de trabajo y que, además, eso redundará en una mejora desde el punto de vista de la eficacia económica y la creación de empleo”, ha dicho.

“En las últimas reuniones, la negociación para reducir la jornada legal de trabajo está bloqueada. Hemos entrado en bucle”, ha lamentado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha indicado que las movilizaciones pretenden “desbloquear la situación en las mesas”. El del próximo día 26 será “el primer hito”, pero no el único. “No vamos a cejar en el empeño de que la reducción del tiempo legal de trabajo, que ya hemos conseguido en muchos convenios colectivos llegue al Boletín Oficial del Estado”, ha advertido.

Por el momento, los sindicatos han comenzado ya ofrecer información en los centros de trabajo. “Sobre todo en los de aquellas personas que más beneficiadas se verían”, ha dicho Sordo. En total, la medida reduciría el tiempo legal de trabajo de unos 13 millones de personas.

Los sindicatos ya habían indicado este lunes, al término de la última reunión con Trabajo y empresarios, que mantenían su intención de movilizarse a lo largo de este mes. “La patronal sigue negando el objetivo” y “se muestra en una total indefinición sobre la posibilidad de negociar aquellas medidas que se están poniendo sobre la mesa y que tienen un mismo objetivo, que se incorporen a la reducción de jornada y a la negociación”, llegó a verbalizar el secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez.

En esa reunión, el Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz puso sobre la mesa varias medidas para tratar de atraer a los empresarios al acuerdo. En concreto, ofreció bonificaciones a las contrataciones derivadas de la reducción de la jornada y un plan de acompañamiento para aquellas empresas de menos de 10 empleados, que suponen según los datos del Ejecutivo el 90% del total.