Sindicatos, Facua y la Red Vecinal Andaluza impulsan una ILP para “garantizar derecho a vivienda”

Los sindicatos de UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza han presentado este jueves una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para “garantizar el derecho a una vivienda digna en Andalucía”, en una rueda de prensa conjunta en la que han participado representantes de las organizaciones impulsoras.

La propuesta también contempla medidas para frenar la especulación y recuperar vivienda para uso residencial, como la movilización de viviendas vacías, el refuerzo de la función social de la propiedad y la limitación de las viviendas de uso turístico, estableciendo topes por barrios e impidiendo nuevas licencias en zonas tensionadas.

Asimismo, la ILP apuesta por reforzar de forma estructural el parque público de vivienda, incrementando la reserva de suelo para vivienda protegida hasta el 50% en nuevos desarrollos y destinando una parte significativa al alquiler social, además de blindar estas viviendas para evitar su uso especulativo.

Financiación suficiente

Entre otras medidas, incluye también la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional para asegurar financiación suficiente, así como mecanismos de protección frente a desahucios, que obliguen a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables antes de cualquier desalojo.

Durante su intervención, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha advertido de que “no estamos ante un problema puntual, estamos ante una emergencia habitacional que afecta directamente a la clase trabajadora”.

Román ha criticado que “el derecho a la vivienda está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio, secuestrado por la especulación”, señalando que “hoy en Andalucía hay miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y hogares que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en sus casas”.

La dirigente sindical ha subrayado que esta situación no responde a una falta de vivienda, sino a una falta de voluntad política: “No falta vivienda, falta decisión para garantizar su función social. Se ha permitido que los precios suban sin control, que los fondos de inversión compren barrios enteros y que las viviendas turísticas expulsen a vecinos y vecinas de sus barrios”.

Más del 35% del salario

En este sentido, ha puesto sobre la mesa datos que reflejan la gravedad del problema, como el incremento de más del 12% en el precio de la vivienda en el último año o el hecho de que el alquiler medio supere los 700 euros, obligando a muchas familias a destinar más del 35% de sus ingresos a este gasto.

“La vivienda se ha convertido en un negocio para unos pocos mientras se vulnera un derecho básico recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”, ha afirmado. Maribel Román ha explicado que esta ILP nace con un objetivo claro: “cambiar el modelo y garantizar que la vivienda deje de ser un bien especulativo para convertirse en un derecho real y efectivo”.

En este sentido, ha detallado que la iniciativa establece un límite claro al esfuerzo económico de las familias, de forma que ninguna tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y suministros básicos. Asimismo, ha señalado la necesidad de “poner freno a la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios mediante la regulación de las viviendas turísticas” y de reforzar el parque público de vivienda con medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.

“Estamos hablando de decidir qué modelo de sociedad queremos: si ciudades para vivir o ciudades para especular. Cuando una familia es expulsada de su barrio no solo pierde una casa, pierde su vida, su red y su historia”, ha subrayado. Román ha insistido en que esta iniciativa “elige claramente el lado de la mayoría social” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y al conjunto de fuerzas sociales para que respalden esta propuesta y sitúen el derecho a la vivienda en el centro de la acción política.

“Todos somos vulnerables”

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha afirmado que “la crisis de vivienda nos convierte en vulnerable a todos, a todas. Da igual que tengamos un empleo, que tengamos unos salarios por encima de la media, nos hace ser vulnerable a todos los andaluces y las andaluzas”.

Así, la dirigente sindical ha puesto el foco en la insostenible situación de los precios. “Los datos lo dicen, el precio de la vivienda ha crecido enormemente en los dos últimos años, casi un 30% la vivienda nueva, y un 20% los alquileres; mientras, Andalucía sigue siendo la segunda comunidad con los salarios más bajos del conjunto del país”, ha afirmado.

“El desacople total entre el precio de la vivienda y el precio de los salarios nos hace desiguales y nos convierte en vulnerables al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”, ha añadido. Especialmente crítica se ha mostrado con la ley andaluza de vivienda impuesta por el Gobierno andaluz a primeros de 2026, de la que ha subrayado que “planteamos con esta iniciativa una derogación completa porque no es seria, porque no es realista y porque fomenta la especulación”.

La dirigente sindical ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones que “hagan suya esta propuesta para solucionar el problema de la vivienda que ahoga y asfixia a las familias de todo tipo, porque la vivienda se ha convertido en un mercado y se especula con ella continuamente”.

Instrumentos de planificación

Además, el vicepresidente de Facua Andalucía, David Sifredo ha declarado que “las personas consumidoras tienen que saber, tienen que conocer los instrumentos de planificación, tienen que conocer los derechos que tienen en materia de acceso a la vivienda y tienen sobre todo que tener la tranquilidad de que los agentes intervinientes en el mercado de vivienda no van a abusar de su papel de preponderancia”.

Por su parte, Miguel Bascón, de la Red Vecinal Andaluza, ha apuntado que el objetivo de la organización es defender a todas las personas residentes en Andalucía sin discriminación alguna y por lo tanto y especialmente a los colectivos y personas más vulnerables. “Nuestra prioridad absoluta es acabar con los desahucios y regular el mercado de alquileres de la vivienda. Queremos llevar la voz de los barrios a los dirigentes políticos de Andalucía”, ha aseverado.

Así, la ILP presentada por las organizaciones sociales se centra en el cambio de paradigma para que la vivienda sea un servicio público esencial y pretende dar respuesta a un problema que afecta a la mayoría social frente a los grandes fondos de inversión, fondo buitre y grandes tenedores.

Entre sus propuestas destacan la declaración de zonas tensionadas, la limitación a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) y la implantación de una tasa turística autonómica. Asimismo, la ILP exige blindar el parque de vivienda pública, haciendo que las VPO sean de calificación permanente y prohibiendo su venta a fondos de inversión.

Para garantizar el desarrollo de la norma, la ILP propone la creación del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional (FAGH), que se nutriría de porcentajes de los Presupuestos Generales de la Junta, recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), de los Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como de sanciones o cánones por vivienda vacía.

Finalmente, esta ILP, abierta a todas las organizaciones que quieran sumarse a ella, incluye una protección real frente a los desahucios mediante mediación obligatoria y alternativas habitacionales para familias vulnerables.