Del “rechazo” a menores migrantes a la defensa del toro: las prioridades “desde el primer día” del Gobierno andaluz PP-Vox
El incendio de Los Granados ha hecho que el nuevo Gobierno andaluz se estrene al ralentí por el luto oficial decretado, pero el caso es que ya está plenamente operativo desde el pasado viernes. Un Ejecutivo que nace con deberes puestos, que no son otros que los compromisos recogidos en el pacto entre PP y Vox que ha permitido a Juan Manuel Moreno repetir como presidente. Hablamos de un listado con 150 temas pero los hay marcados en rojo como prioritarios “desde el primer día de gobierno”, entre los que se incluyen por ejemplo el “rechazo frontal” a la llegada de menores migrantes o la “reivindicación del mundo del toro”.
Una veintena de las 150 cuestiones acordadas son las que vienen etiquetadas con esa urgencia de actuar desde el primer minuto, “desde el arranque del gobierno” como también se plasma en el documento. El resto de medidas vienen calendarizadas de muy diferente manera, con previsiones para antes de que acabe 2026, para incluir en el primer presupuesto que se apruebe, para un año concreto o para activarla antes de que finalice el mandato.
Llama la atención que aunque el bloque de inmigración sea el más prolijo con 12 puntos, incluyendo la famosa “prioridad nacional”, sólo tres de ellos sean de aplicación fulminante. El principal es el rechazo frontal a acoger más migrantes, especialmente menores, con la exigencia de no habilitar nuevos centros de acogida ni crear más plazas en los ya existentes, además de reducir el gasto “al mínimo imprescindible”.
Listados de expulsiones
A esto hay que unir la verificación de edad de los “inmigrantes ilegales”, que se plantea con el argumento de “evitar fraudes”. La tercera cuestión no deja de ser una petición ya que “se reclamará” al Gobierno central que publique trimestralmente a cuántos se ha expulsado, aunque la Junta también tiene que poner su granito de arena aportando datos para “trasladar información veraz a los ciudadanos”. En el capítulo de vivienda, también se le exige al Estado la modificación de la Ley de Extranjería en lo referente a la normativa vinculada al acceso a un piso, precisamente para imponer la susodicha prioridad nacional.
Pese a la carga ideológica ultraconservadora que en general tienen estas propuestas a poner en marcha “desde el primer día de gobierno”, es cierto que otras podrían ser asumibles desde cualquier posición ideológica, como la mejora del confort térmico en los colegios o la “transformación profunda” del sistema universitario para “retener el talento”. También pueden entrar en este capítulo más normal la promoción de las denominaciones de origen, la defensa de los productos del sector primario frente a la “competencia desleal”, el refuerzo de la lucha para prevenir incendios forestales o la limpieza de cauces y riberas.
“Eliminar cargas ideológicas”
Pero junto a ello, se acumulan exigencias como desmarcarse de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, del acuerdo Mercosur o de la reforma de la PAC y su condicionalidad climática. El Gobierno andaluz también se opondrá –aunque eso en verdad lo regula Europa– a la prohibición de productos fitosanitarios para los cultivos si no hay “una alternativa eficaz y económica”, y asimismo PP y Vox se han conjurado para revisar la normativa con la vista puesta en “eliminar cargas ideológicas y trabas” que perjudiquen a los sectores productivos.
Entre estas prioridades desde el minuto 1 también se cuelan la lucha contra las zonas de bajas emisiones, el aumento de los regadíos y el reconocimiento de la ganadería, la extensiva pero también la intensiva, en un intento de defenderla de “la criminalización del lobby animalista y las políticas climáticas desarrolladas desde Bruselas”. Y por supuesto que no falten los toros, ya sea su promoción (junto a la caza y la pesca) como atractivo turístico, la protección del “campo bravo” y la defensa de la tauromaquia en sí misma, blindándola de cabo a rabo –aficionados y escuelas taurinas incluidos– “frente a cualquier intento de discriminación ideológica o exclusión de las políticas públicas”.
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