Tras las campañas contra los falsos autónomos en plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, Yolanda Díaz ha situado el foco de la Inspección de Trabajo en las apps de empleo del hogar y de cuidados que actúan como “ETT o agencias de colocación, sin serlo”, ha anunciado este jueves. “Esto no es una zona gris. Es una zona ilegal”, ha sostenido la vicepresidenta segunda en la clausura de las jornadas El Poder del Trabajo en tiempos de Algoritmos, organizadas por el Ministerio de Trabajo, y “vamos a acabar con ellas”.

Sin mencionar ninguna empresa ni plataforma en concreto, Yolanda Díaz ha explicado que hay plataformas digitales de trabajo doméstico y de cuidados que están operando en España como si fueran ETT o agencias de colocación, “sin serlo”.

Díaz ha recordado que la intermediación laboral está “muy regulada” en España y solo pueden ejercerla las empresas de trabajo temporal registradas o las agencias de colocación autorizadas, “no cualquier aplicación que decida un día ponerse a gestionar trabajadoras del hogar desde un servidor puede hacer lo que quiera”.

La responsable de Trabajo ha sostenido que estas actuaciones irregulares no solo “vulneran derechos”, sino que también suponen una “competencia desleal” para otras empresas que cumplen la legalidad laboral.

Nueva campaña de la Inspección: “No lo vamos a permitir”

Díaz ha sostenido que la Inspección de Trabajo va a actuar, para que estas plataformas digitales que intermedian en el trabajo doméstico sin amparo legal rindan cuentas. “No lo vamos a permitir”, ha avisado la vicepresidenta segunda.

La ministra de Trabajo ha advertido que, detrás de cada perfil en esas apps hay una mujer, mayoritariamente, con condiciones laborales “no muy buenas” y, en ocasiones, en situación de especial “vulnerabilidad”, como por ejemplo las mujeres migrantes.

En el caso de la batalla contra los falsos autónomos en plataformas de reparto de comida a domicilio, como Glovo y Uber Eats, el Ministerio de Trabajo actuó con campañas de la Inspección de Trabajo durante años, cambios legales y la persecusión incluso penal de los directivos de las empresas, hasta que las empresas del sector modificaron sus contratos al modelo laboral.

“El algoritmo es poder”, ha advertido Yolanda Díaz en la clausura del Ministerio de Trabajo sobre esta materia, por lo que ha sostenido que deben estar sometidos a la “transparencia” y a la “rendición de cuentas”, con el objetivo de que respeten en todo caso la legalidad, pero también para que queden en evidencia sus sesgos, sus objetivos y sus consencuencias.

“Cuando tú migras siendo mujer y siendo latina, los espacios de trabajo ya están marcados: cuidado de personas o limpieza”. Diana (nombre ficticio a petición de la entrevistada) llegó a Canarias en 2022 desde Colombia, escapando de los conflictos internos de su país. En estos cuatro años no ha dejado de trabajar. Sin embargo, su situación administrativa la ha obligado a hacerlo en la sombra y en condiciones indignas. “La presión laboral en el gremio de las camareras de piso es muy fuerte. Tu cuerpo se rompe por completo de manera emocional y física”, reconoce.

La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Gobierno español, aunque tardía, ha sido recibida como una buena noticia por muchas mujeres que durante años han soportado tratos degradantes por parte de sus empleadores. “Humillación, mucha humillación. Una vez pedí una faja para tener más estabilidad en la espalda y me dijeron que no, que eso era lo que había”, cuenta Luisa*, una mujer colombiana de 53 años que trabajaba en Gran Canaria cuidando de una persona mayor.

“Cuando uno no tiene permiso de trabajo, abusan. No te pagan lo que es”, explica en una entrevista concedida a esta redacción pocos días antes de cumplir seis años en el país. De las 24 horas que tiene el día, a Luisa, que era funcionaria en Colombia, apenas le quedaban libres tres. “Trabajaba 21 horas, llegaba a mi casa, dormía una hora y me volvía a marchar, además del esfuerzo físico que implica movilizar a una persona totalmente encamada”, recuerda. Todo esto, cobrando por debajo del salario mínimo. “Es una explotación, pero por necesidad tienes que aguantar”, concluye.

El tiempo que Luisa pasó trabajando en esas condiciones le pasó factura. Su espalda, su columna y su cadera “ya no daban más”. Lo mismo le ocurrió a Diana mientras trabajaba como camarera de piso en un hotel de Gran Canaria. “En una jornada de ocho horas, con 30 minutos para comer, tienes que limpiar 25 habitaciones, zonas comunes y restaurantes”, detalla.

“Yo quedé en 45 kilos de peso dentro del gremio de las camareras de piso, porque es un sector muy explotado, vulnerable y poco respetado. Hay muchas demandas, pero no pasa absolutamente nada. Cuando hay una inspección, ya los directores lo saben”, lamenta Diana. “En mi país trabajaba como auxiliar contable, y aunque aquí estoy más segura, jamás imaginé trabajar en un lugar donde estuviera en riesgo mi salud”, lamenta. 

Cuando la empresa o el empleador decide, “te dicen hasta luego y ya”. “No tienes ningún reconocimiento por esa labor, ni un finiquito, ni el pago de tus vacaciones. Nada”, añade Luisa. 

Papeles para tener “tranquilidad” 

A la regularización extraordinaria podrán acceder quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan permanecido de manera continuada en el país como mínimo cinco meses antes de tramitar la petición. También podrán acogerse a esta medida los solicitantes de protección internacional que hayan pedido asilo antes del 31 de diciembre del año pasado, y no tendrán que renunciar a este trámite para obtener a la regularización.

Para evitar nuevos obstáculos en este proceso, se admitirá cualquier documento público o privado, o una mezcla de ambos, que pruebe la residencia continuada en el país, y no solo el empadronamiento. “Es la oportunidad para tener confianza. Cuando uno hace el trámite, siempre está la duda: será que me lo aprueban, no me lo aprueban… Ahora con la regularización parece que es algo más seguro”, valora Luisa. 

Lo mismo apunta Diana, a quien su situación administrativa la ha abocado a años de frustración y ansiedad. “Es esa incertidumbre de si me deportan, si me quedo sin empleo… No tienes derecho a absolutamente nada”, insiste. “Si a la gente se le dan las herramientas, se beneficia la persona y se beneficia el país. Va a cotizar a la seguridad social, va a pagar sus impuestos… Todo el mundo gana”, mantiene Luisa. 

Según las estimaciones del Ministerio de Migraciones, se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio. El plazo máximo de tramitación será de tres meses y solo con la admisión a trámite de las solicitudes -que tendrán que resolverse en 15 días- las personas podrán empezar a trabajar.

Esta será la séptima regularización extraordinaria aprobada en España. Dos de ellas salieron adelante en los años 2000 y 2001, durante el gobierno de José María Aznar (PP), y permitieron regularizar a 503.327 personas. Otras cuatro fueron aprobadas con los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en los años 1986, 1991-92, 1996 y 2005. 

Aunque es imposible cuantificar el número real de personas extranjeras que podrán acceder a esta medida, se estima que en Canarias serán al menos 45.000. Esta decisión nació en las calles, de la mano del Movimiento Estatal Regularización Ya, y cogió fuerza durante la pandemia. ''Mientras todo el mundo tenía sus ERTE, las personas en situación administrativa irregular que estaban siendo explotadas no tenían nada'', recuerda Redwan Baddouh, portavoz del movimiento en Canarias. 

En febrero de 2022 arrancó una recogida de firmas que en menos de un año consiguió 700.000 apoyos, muchos más de los 500.000 exigidos para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La toma en consideración de la iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, pero la falta de acuerdo político hizo que permaneciera bloqueada durante meses. Por ello, Podemos y el Gobierno han pactado sacar adelante la regularización extraordinaria mediante un reglamento y sin necesidad de que sea aprobada en el Congreso.

Diana y Luisa celebran también que se les abra la puerta a poder visitar a su familia en Colombia y agradecen el trabajo del movimiento Regularización Ya. “Voy a poder tener permiso de trabajo por un año y no voy a estar amarrada y no poder salir. Yo con la solicitud de asilo no puedo salir de España”, explica Diana. En Colombia, Luisa tiene a una de sus hijas, a su madre, a sus hermanos y a sus sobrinos. “Estoy deseosa de ir a compartir con mi familia”, afirma con esperanza.

“No se cuida a la persona que realiza el trabajo doméstico”, dice Rafaela Pimentel, una activista feminista dominicana que lleva años liderando el asociacionismo de empleadas domésticas en España. Son 75,6 millones de personas en el mundo las que trabajan en el empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y migrantes, como confirman los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un empleo “poco valorado”, de “salarios bajos” y “condiciones precarias”, añade Pimentel.

Los trabajos en el hogar y de cuidados son algo “fundamental para gestionar las vidas y sostener la sociedad”, señala la activista, pero que “sigue sin estar reconocido socialmente”. Ese es el sector en el que trabajan Rebeca, Laura y Carolina, nombres ficticios de tres ex empleadas de Julio Iglesias en Punta Cana con las que ha podido hablar elDiario.es y Univision Noticias. Ellas refieren unas jornadas maratonianas, salarios bajos, un régimen interno aislado de la familia y una escasez de libranzas que no solo se dan en República Dominicana.

Rebeca y Laura trabajaban internas para Julio Iglesias, un régimen que abre aún más la puerta a la explotación, según los expertos. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por vulneraciones laborales durante su tiempo como empleadas, así como por agresiones sexuales. Esta denuncia fue archivada por la falta de jurisdicción de España sobre el caso. Iglesias no respondió a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado posterior a la primera publicación de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Violencia oculta y normalizada

Hasta 29 asociaciones de empleadas domésticas y de derechos humanos han hecho público un manifiesto en el que aseguran que este caso revela “cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar”. “Se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras”, dicen organizaciones como Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Oxfam Intermón, la Asociación Mujeres Cuidadoras Sin Papeles o Territorio Doméstico.

Aunque en los últimos años el activismo ha presionado para que España apruebe mejoras para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar al del resto de sectores, la informalidad y la precariedad sigue siendo la norma. También el acoso, las faltas de respeto o la violencia. España ratificó el convenio 189 de la OIT, que obliga a los países firmantes a ampliar sus derechos, por ejemplo, el de paro, que apenas se ha puesto en marcha en nuestro país.

Un informe de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer muestra que el 49% de las trabajadoras que encuestaron en España afirmaba haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral y el 70% conocía algún caso cercano. El 49% había vivido exceso de control mediante cámaras de vigilancia, llamadas y mensaje constantes, incluso durante el tiempo libre. El 48% ha recibido faltas de respeto, insultos y discriminación. El 17% ha recibido proposiciones de naturaleza sexual, y el mismo porcentaje ha sufrido violencia física. El 8,5% ha recibido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento.

“Las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos son cuerpos rotos, muchas mujeres enfermas, mujeres migrantes empobrecidas que trabajan para sobrevivir, muchas situaciones complicadas de salud mental, internas a las que no empadronan o trabajadoras a las que no dan de alta en la Seguridad Social, que no tienen vacaciones o tiempo libre. Seguimos luchando para que, por ejemplo, se nos reconozcan las enfermedades profesionales”, critica Rafaela Pimentel.

Por eso, las asociaciones destacan que no puede entenderse el acoso y la violencia sexual que viven las trabajadoras de hogar sin señalar “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España, el régimen de explotación y abuso que significa la disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana de trabajadoras internas, y de condiciones y horarios abusivos de trabajadoras externas”. “La inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”, subrayan. Denunciar esa violencia es tremendamente difícil, prosiguen, una circunstancia que se agrava porque la relación laboral se desarrolla en este caso en el ámbito privado del domicilio, “donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos”.

En República Dominicana

Aunque el Gobierno dominicano está dando pasos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas seguirán por detrás en derechos en comparación con otras profesiones. Y sin duda lo estaban entre 2021 y 2023, los años en los que trabajaban en la casa de Julio Iglesias en Punta Cana mujeres como Rebeca, Laura o Carolina (nombres ficticios), a las que este diario ha podido entrevistar.

Sin la obligación de contratarlas, sin inscribirlas en la Seguridad Social, sin derecho a indemnización por despido, plan de pensiones, subsidio de desempleo ni preaviso. “Hablamos de la esclavitud en pleno siglo XXI”, define la dominicana Kathy Cabrera, del área de Juventud de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). “Y esa esclavitud moderna tiene rostro: el de las trabajadoras del hogar”, reitera. “Puedes durar 30 años trabajando en una casa y cuando dices que te vas, te vas con lo mismo que llegaste. Al no estar regulado ante la ley, no existe”, añade esta defensora de derechos de las mujeres.

Cuando hablamos de trabajo interno, como sucede en las mansiones del cantante, las mujeres duermen en la casa familiar y sus horarios no se concretan o se desdibujan según las necesidades de la casa: comienzan pronto en la mañana y terminan cuando la familia se acuesta. Cuando trabajan para familias con alto nivel adquisitivo, a veces las acompañan en cruceros y otro tipo de viajes, donde la atención a sus empleadores se vuelve casi permanente. En el caso de Julio Iglesias, dos de sus empleadas domésticas de Punta Cana eran seleccionadas para viajar a Málaga durante el mes de vacaciones del cantante y su familia, según ha podido comprobar elDiario.es, al menos en 2020 y 2021. De cara a ese traslado, no se mejoraban sus condiciones laborales ni mucho menos se equiparaban a las que tienen las trabajadoras del hogar en España.

La escasa regulación del trabajo doméstico en República Dominicana garantiza únicamente los descansos: deben tener nueve horas ininterrumpidas entre jornadas. El resto del tiempo, cumplirán el horario que acuerden con su empleador. Semanalmente, deben descansar un periodo ininterrumpido de 36 horas cualquier día de la semana, que si no se determina, comenzará el sábado al mediodía. Por lo que explican las antiguas empleadas del cantante, el acuerdo de libranzas cada tres semanas que había en la casa tampoco cumplía el Código de Trabajo. Los extensos horarios en la casa de España, según relata Carolina, que atendió a la familia Iglesias durante un mes de verano, que empezaban a las seis de la mañana y terminaban después de cenar y recoger —podían ser las diez, las once o las doce de la noche—, tampoco.

Intentos de mejora

República Dominicana lleva varios años trabajando sobre una reforma del Código de Trabajo, que data de 1992. Entre 2020 y 2022 comenzaron las reuniones entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los trabajadores para modernizar este estatuto laboral. La incorporación del teletrabajo era un objetivo prioritario y de consenso pero también se contemplaba la mejora del trabajo doméstico, adaptando el Convenio 189 de la OIT, que se promulgó en 2011 y que Dominicana ratificó tan solo dos años después. Pero los trámites para mejorar las condiciones del trabajo doméstico por esta vía no están siendo nada fáciles.

Javier Suárez es un abogado dominicano que participó en el equipo técnico-jurídico que armó el Ministerio de Trabajo para impulsar la reforma: “Se hablaba de los descansos, de respetar su dignidad, de su seguridad y salud en el trabajo. O sea, se adecuaba el Convenio 189 de la OIT a la legislación nacional”. En el informe en el que él participó se regulaba la jornada y los descansos de las trabajadoras domésticas, también se abordaban temas como la seguridad y la salud. Unos abogados plantearon un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictaminó que una resolución del ministro de Trabajo no era la forma legislativa de impulsar esa reforma, sino que había que modificar la ley. La reforma volvía al punto de partida y debía iniciar un nuevo camino por las cámaras alta y baja.

Finalmente, el 16 de octubre del pasado año, el nuevo texto que actualiza el Código de Trabajo ha saltado del Senado al Congreso, y se espera una pronta aprobación. Incorpora mejoras en el trabajo del hogar, pero no tantas como se esperaba.

No obstante, el debate social para regularizar mejor a las trabajadoras del hogar ha sido bronco. Uno de los puntos que hizo “implosionar a la sociedad”, en palabras del abogado Javier Suárez, fue que se pretendiera limitar la jornada de la trabajadora doméstica a ocho horas, si no duerme en el centro de trabajo, y a diez si es interna, a quienes se les reconoce “una intermitencia”. Se propuso que la jornada semanal fuera de un máximo de 44 horas, con un descanso de 12 horas entre jornadas si duerme en su casa o de 54 si lo hace en la residencia de su empleador. Además, reconoce el derecho a un preaviso de cinco días antes de un despido y, mientras que en el Código de Trabajo de 1992 se permitía que en el pago del salario se incluyeran la alimentación o el alojamiento, estos beneficios ya no se considerarán parte del sueldo.

El texto que ha aprobado finalmente el Senado recoge todas estas mejoras. No obstante, deja fuera una que impide que las trabajadoras del hogar se equiparen al resto de profesiones: no incluye indemnización por despido (denominado cesantía en República Dominicana) ni subsidio de paro, en un sector que supone la tercera rama de actividad económica más importante para las mujeres en el país (ellas realizan el 92,31% del servicio doméstico, según datos del Gobierno dominicano recogidos en 2021), y que además es un sustento de cuidados para que otras muchas personas puedan acceder al mercado laboral.

Informalidad

Pero la foto real del trabajo en el hogar ajeno ahora mismo es el retrato de la informalidad, una situación en la que se mueve la práctica totalidad de sus trabajadores (el 94,8%,según la misma fuente). Hablamos de contratos verbales (tan solo un 5,3% son escritos), de que solo cuatro de cada diez mujeres tienen las vacaciones pagadas, de que sus sueldos están un 57% por debajo de la media y de que el pago de las horas extras es un unicornio que solo han visto el 0,31% de las más de 245.000 empleadas que componen esta fuerza de trabajo.

Para Estephany Encarnación, experta en incidencia y políticas del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), una ONG feminista dominicana, hay una evidente “traba cultural” que ha impedido conseguir mejores avances para las mujeres en la negociación que ha llevado al poder legislativo hasta ese punto, pues se trata de un país “muy machista” que evita identificar los problemas de las mujeres

Cabrera, que dentro de dentro de Conamuca trabaja en la asociación Eufemia Rodríguez, de Semana Santa, una comunidad rural cercana a Yaguate, al sudoeste de Santo Domingo, conoce bien a qué se enfrentan las mujeres en su país, en especial en el campo. Y, por ello, explica la cadena de explotación y vulnerabilidad que se genera a partir del trabajo doméstico. “Encontramos en la mayoría de las comunidades a niñas de 15 años cuidando niños para que mamá salga a trabajar a la ciudad. Niñas que tienen que salir de la escuela a cocinar, a fregar, a trapear, a limpiar”, señala. “Entonces tenemos una mamá violentada en un trabajo con un salario mínimo paupérrimo, que no da para las canastas básicas y unas niñas que se quedan a cargo de sus hermanos y que son vulnerables a sufrir violencia sexual o a terminar en uniones forzosas con hombres que les llevan diez o veinte años”, añade la defensora. Y si esas circunstancias interseccionan con los cuerpos migrantes, el riesgo de violencias y vulnerabilidades es aún mayor.

“La realidad es que en República Dominicana el doméstico es un trabajo que tiene casi características de trabajo esclavo”, remata Estephany Encarnación, coincidiendo con Kathy Cabrera, y señalando que en su país, “el tema de la violencia sexual tiene características de pandemia”, con cerca de 70.000 denuncias por año de violencia sexual, y la estimación “de un subregistro de estas denuncias cercano al 95%”

Una mujer ha sido detenida, en el concejo asturiano de Langreo, por el hurto de joyas a personas de avanzada edad y con dependencia a las que atendía por su trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio y empleada de hogar. Una profesión que facilitaba que las sustracciones pasaran más desapercibidas, ya que muchas de las víctimas no se habían enterado de que les faltaban sus objetos de valor.

La Policía Nacional calcula que, entre los meses de julio y octubre de 2024, llegó a acumular, entre otros objetos, cadenas, anillos, pendientes y esclavas de sus víctimas que, sin tener en cuenta el valor sentimental, alcanzaban un valor que se ha estimado inicialmente en 22.000 euros.

Un total de 11 hurtos en domicilios se han esclarecido plenamente y se investiga su relación con al menos una treintena más.

El detalle que la delató

La investigación policial comenzó a principios del pasado mes de septiembre, cuando agentes de la Brigada Local de Policía Judicial detectaron que una mujer realizaba numerosas ventas de joyas.

Uno de los detalles que la delató fue que muchas de esas joyas presentaban inscripciones y tenían estilos muy diversos, sin ningún elemento común que justificara su posesión, lo que generó las primeras sospechas sobre su origen ilícito.

La investigación

En la comisaría langreana se inició una investigación para determinar su posible implicación en delitos contra el patrimonio. Aunque carecía de antecedentes, los indicios señalaban que la mujer podía dedicarse a la receptación o incluso estar sustrayendo los objetos directamente.

De forma paralela, se examinó su situación laboral, comprobando que desde julio trabajaba para una empresa dedicada a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La detención

Los investigadores contactaron con los usuarios del servicio y varios de ellos reconocieron como propias algunas de las joyas vendidas, manifestando su sorpresa al no haber advertido la sustracción.

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional procedió a la detención de la sospechosa cuando se disponía a acceder a uno de los domicilios donde prestaba servicio.

Libertad provisional

Una vez que estaba en Comisaría, reconoció los hechos y señaló al menos seis domicilios más en los que había sustraído joyas, entregando además diversos artículos que mantenía ocultos en su vivienda.

Ante su reconocimiento explícito de los hechos y la entrega de los efectos sustraídos, la detenida quedó en libertad a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo.

Víctimas vulnerables

“La gravedad de los hechos se ve incrementada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que requerían atención domiciliaria y habían depositado su confianza en la autora, quien se aprovechaba de esa relación para cometer los hurtos”, han señalado desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de los vecinos de La Felguera y Sama de Langreo que reciban servicios de asistencia domiciliaria y sospechen haber sufrido hurtos para que puedan identificar las joyas recuperadas.

Actualmente están expuestas en la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo–San Martín del Rey Aurelio, ubicada en la calle Conde Sizzo, 1 de La Felguera, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

“Parece que por estar en una casa no corremos ningún peligro y no es verdad, sí hay riesgos”, afirma Margarita, trabajadora del hogar y activista de Territorio Doméstico. Desde este viernes, 14 de noviembre, los empleadores de trabajadoras del hogar están obligados a evaluar y prevenir los riesgos laborales que enfrentan sus empleadas. Como si hay escaleras en casa y cómo son, cómo se limpian las ventanas y si se dan guantes para prevenir el contacto directo con productos químicos de limpieza, entre los aspectos más comunes. No cumplir con esta nueva obligación puede acarrear sanciones para los empleadores desde 2.451 euros hasta 49.180 euros, en su grado máximo.

La protección de la salud y la prevención de los riesgos derivados del trabajo es un derecho de todos los empleados, que ahora debe llegar también a las trabajadoras domésticas. No son pocas: más de 341.000 afiliadas a la Seguridad Social, de las que se suela hablar en femenino porque el 96% son mujeres. “El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad”, destacó hace unos meses la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Al prestar servicios en un hogar, y no en una empresa al uso, su trabajo tiene ciertas particularidades, como la inviolabilidad del domicilio de cara a la Inspección de Trabajo, pero los colectivos de empleadas domésticas y los sindicatos llevan mucho tiempo peleando para que esta “particularidad” no signifique una desprotección de su salud y seguridad.

El Gobierno aprobó un decreto para ampliar sus derechos de protección a la salud, que este viernes entra en vigor respecto a la evaluación y prevención de sus riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo lanzó hace seis meses la herramienta gratuita Prevención 10, para facilitar esta tarea a los hogares. En los últimos días, la web ha tenido múltiples caídas, que fuentes del departamento de Yolanda Díaz han denunciado como un ataque informático.

Además, estos nuevos derechos de protección nacen con tareas pendientes. El Ministerio de Trabajo acumula dos retrasos: el lanzamiento de una plataforma formativa para las empleadas del hogar a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae), que tendría que estar disponible desde marzo, y la publicación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, cuya fecha límite era el pasado septiembre.

¿Quién debe realizar la prevención de riesgos?

La ley establece el “deber de la persona empleadora de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales” que se puedan dar en su domicilio.

En principio, el empleador es quien debe realizar la evaluación y prevención de riesgos, pero también puede delegar esta tarea en una tercera persona si no puede asumirlo “por sus características personales o estado biológico conocido” (por ejemplo, personas mayores o con alguna discapacidad que no sean capaces de ello).

Además, también puede contratar a una entidad especializada en prevención, “sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia”.

Primero evaluar y luego prevenir

Como ocurre con cualquier otro caso, la clave para garantizar la seguridad y la salud de las personas empleadas consiste, primero, en evaluar a qué riesgos se enfrentan debido a su trabajo y, después, en tomar medidas para evitarlos, prevenirlos y para proteger a los trabajadores en caso de que estos sean inevitables.

La evaluación de riesgos debe tener en cuenta, con carácter general, “las características de la actividad y de las personas empleadas”, indica la ley. Así, es importante analizar qué tareas se realizan y sus posibles peligros –si se limpian armarios en altura, qué escaleras se utilizan para ello, cómo se limpian los cristales de las ventanas, si se levanta peso, o qué productos se utilizan para limpiar–, al igual que evaluar en qué situación está la trabajadora por cuestiones como su edad, estado de salud o, por ejemplo, si está embarazada.

Si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto que hay situaciones de riesgo, “la persona empleadora adoptará las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, documentándolas por escrito con la fecha concreta de su adopción”, indica la norma, que obliga a entregar “una copia de dicha documentación a la persona trabajadora para informarla de las medidas adoptadas”.

Margarita menciona algunos riesgos habituales de su trabajo, como la limpieza en altura en la que las empleadas tienen que subirse a escaleras, o de cristales de ventanas que están abiertas y pueden suponer una caída. “Hay que concienciar a los empleadores y a las trabajadoras, porque muchas veces se normalizan los riesgos. No podemos limpiar las ventanas por fuera si ello supone un riesgo. Hay alguna compañera que ha muerto por esto. No tenemos arnés ni las medidas que se requieren para limpiar ventanas desde el exterior”, dice la activista de Territorio Doméstico.

La norma obliga a los empleadores a “proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones”. Por ejemplo, los guantes, claves para proteger la piel del contacto de los productos de limpieza.

Sanciones de hasta 49.180 euros

A partir de ahora, aunque la Inspección de Trabajo no pueda acceder al domicilio de los empleadores sin su consentimiento, los actuantes sí pueden requerir la documentación que justifique esta prevención de riesgos laborales.

No realizar la evaluación de riesgos o no implementar las medidas preventivas que sean necesarias supone una infracción grave, que puede acarrear multas de 2.451 euros a 49.180 euros en su grado máximo. Si hay incumplimientos muy graves en materia preventiva, las sanciones pueden escalar desde esa cantidad hasta casi el millón de euros en el grado máximo.

Sembrar o servir. Esa es la dicotomía a la que se enfrenta Verónica, una mujer de clase obrera que desprecia el pueblo al sur de Madrid en el que se crio, las faltas de ortografía en el vocabulario de sus padres y el novio de la adolescencia que salió a triunfar cuando la que se iba a montar en el ascensor social era ella. Su estirpe ha dedicado la vida a la siembra, así que ella decide servir de lunes a sábado por la mañana en un chalet en una urbanización de ricos al norte de la capital.

Verónica es la única española interna en un mundo de filipinas y sudamericanas. “Quería escribir sobre qué es lo que le llevaría a una española del siglo XXI, con estudios, a aceptar un trabajo de empleada doméstica interna. Un trabajo donde pones tu vida en pausa y sacrificas tu personalidad”, explica Bárbara Espinosa (Madrid, 1980), autora de la novela ES PA ÑO LA (La Navaja Suiza, 2025) en la que, a través de su personaje, explora las vidas de las mujeres invisibles que limpian culos, friegan baños y preparan comidas sin que nadie repare en ellas. “Cuando yo era pequeña todavía había internas españolas, pero hace mucho que le dejamos ese trabajo a las inmigrantes pobres, como hacemos con todos los trabajos que nos parecen miserables”, continúa Espinosa durante su entrevista con elDiario.es.

Espinosa escribe sobre un mundo que no es el suyo, que ha visto siempre de lejos. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tras un máster en Derecho en Harvard y otro en Edición (también por la Complutense), se considera una privilegiada, siempre lejos de pasar penurias. “Soy una persona observadora y, aunque tenía el fenómeno muy interiorizado, un día en el parque me fijé en un grupo de mujeres, extranjeras todas, que hacían todas las semanas el mismo viaje. El de marcharse los sábados de las casas en las que sirven y alquilar una habitación para pasar solamente una noche” explica para señalar que “viendo a aquellos pequeños ejércitos que caminan de regreso a sus puestos de trabajo pensé en lo llamativo que era que siempre se repitieran las mismas nacionalidades”.

En su novela, narrada en primera persona, Verónica vive en tierra de nadie. No pertenece al mundo de los amos pero tampoco al de los sirvientes. Los primeros se enorgullecen de haber encontrado a una española, pero en el fondo la desprecian por haber caído tan bajo. Las segundas, todas mujeres, no terminan de fiarse de ella, de acogerla. Pero a Verónica tampoco le importa, desprecia a unos y a otras.

“Yo quería que fuera una mujer desarraigada, que nunca se hubiera sentido parte ni del lugar donde nació, ni de la familia que le hubiera tocado. Ni siquiera cuando pudo estudiar”, apunta Espinosa para señalar que su protagonista es como una isla. “Va flotando por diferentes lugares, puntos geográficos o momentos en su vida, pero nunca encuentra su espacio aunque siempre se cree mejor o distinta al resto”, explica para agregar que hay mucha gente que nunca descubre su lugar en el mundo.

“Quería hablar de esas personas que creen que, culturalmente, se merecen estar en otro sitio y se chocan una y otra vez con la barrera”, cuenta la autora para añadir que su personaje reniega y siente vergüenza tanto por sus orígenes como por los habitantes de la casa en la que está empleada. “Ella ve a su padre como un hombre agrícola y absolutamente primario y, como no tiene dinero para diferenciarse, usa lo único que lleva consigo: el haber estudiado, el lenguaje”, añade, para continuar con que su protagonista hace un uso elitista del lenguaje cuando corrige a su padre, pero también cuando mentalmente critica a la señora por “hablar de manera tan pobre”. “Ella siente rabia porque alguien con tanto dinero y posibles cometa errores”, sostiene, para añadir que la suya es una novela sobre racismo y clasismo sin hablar de ello.

Un mundo de apariencias

Cuenta Bárbara Espinosa que, en esta novela, quería dibujar un mundo de apariencias, de jaulas de oro. “Desmitificar esa idea general de que en el norte se vive mejor, que es un lugar donde todo parece perfecto”, señala. Ella retrata un matrimonio desgraciado, una pareja que se ignora mutuamente, donde él es el amo del lugar y la señora de la casa se empequeñece en su presencia, pagando sus miserias con quien se sitúa en el escalafón más bajo: el servicio.

“Son dinámicas de poder que conozco tan bien, que he visto en mi entorno. Donde las mujeres se quedan en un lugar que les hace tremendamente infelices por no perder estatus, porque es lo que tienes que hacer y qué van a decir tus vecinas, quienes probablemente, sean tan infelices como tú”, apostilla.

Así, aprovechando el eje entre el norte y el sur de una ciudad como Madrid, Espinosa dibuja una historia que habla del arriba y del abajo, de estratos sociales con casi nula movilidad entre ellos y de un mundo que, dice, “está frente a nuestros ojos, pero casi nunca reparamos en él”. Tienes que fijarte, mirar, para poder verlo“, zanja.

“Pasa lo mismo con el norte de Europa, ojo”, apostilla. “Se nos venden todas esas bondades sobre un estado de bienestar que ya no existe. La Suecia de los años ochenta con la que muchos soñaban, hace tiempo que está totalmente deconstruida”, continúa para señalar que ella deseaba desnudar a “la gran mentira del progreso del camino al norte”, pero a pequeña escala, usando como tablero un lugar que Bárbara Espinosa conoce muy bien: su propia tierra.

Cuenta atrás para garantizar el derecho a la protección de la salud de las empleadas del hogar en su puesto laboral, como debe ocurrir para el resto de personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo ha lanzado este miércoles una herramienta pública y gratuita para facilitar esta tarea a los hogares, Prevención10, que es el punto de partida que marcó la ley para iniciar el plazo de seis meses de adaptación a los empleadores. La fecha de entrada en vigor de la prevención de riesgos para este colectivo de trabajadoras es, por tanto, el 14 de noviembre.

“Hoy venimos a cumplir con una promesa de país. Una promesa hecha a las trabajadoras del hogar, que durante demasiado tiempo fueron invisibles en las estadísticas, en las leyes y en las prioridades políticas”, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación de la herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Díaz, acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sostenido que las empleadas del hogar son una “prioridad” para el Gobierno de coalición, que aprobó su derecho al paro y una protección particular ante sucesos como la DANA.

La vicepresidenta ha recordado que hay más de 348.000 mujeres afiliadas a la Seguridad Social en el régimen especial del hogar. “El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad”, ha subrayado, con “erca de 38.000” que trabajan como internas, un colectivo especialmente vulnerable ante prácticas abusivas, como la falta de horarios y de descansos.

El Ejecutivo aprobó el pasado septiembre un real decreto que amplió los derechos de las trabajadoras del hogar en lo referido a la protección de su salud y a la prevención de los riesgos laborales que afrontan en el desarrollo de sus tareas, con medidas concretas pendientes de varios desarrollos posteriores. La obligación de los hogares de evaluar y prevenir los riesgos laborales de sus empleadas quedó a la espera del lanzamiento de esta herramienta pública, que Yolanda Díaz ha destacado que se ha culminado por parte del INSST incluso antes del plazo establecido.

Desde el lanzamiento de Prevención 10, este miércoles, los hogares cuentan ahora con seis meses para familiarizarse con la herramienta y para aprender en qué consiste la evaluación de riesgos laborales, con el objetivo de cumplir con este nuevo mandato el próximo 14 de noviembre. Como ocurre con cualquier trabajador, si los empleadores no previenen los riesgos laborales, se enfrentan a posibles multas de la Inspección de Trabajo. En esta materia, las sanciones van de los 45 euros, en los casos más leves, a casi el millón, en las situaciones más graves y peligrosas.

“El hogar tiene que ser también un lugar de trabajo seguro”, ha destacado Yolanda Díaz, que ha sostenido que la herramienta está pensada para garantizar los derechos de las empleadas domésticas, pero también para facilitar sus obligaciones a las personas empleadoras. A menudo, mujeres “a las que no les da la vida para cuidar a sus hijos, sus padres o para poner trabajar”, ha dicho Díaz, y que contratan una trabajadora en su casa “por necesidad”.

¿Hay escaleras en la casa? ¿Dan guantes? ¿Hay descansos?

La directora del INSST, Aitana Garí, ha explicado que la herramienta gratuita Prevención10 no exige “ningún conocimiento previo en prevención de riesgos laborales” y que pretende facilitar a los hogares la tarea de evaluación de riesgos, en primer lugar, y de prevención de los mismos después.

Garí ha recordado que muchas veces se minimizan los riesgos del trabajo doméstico, pero ha llamado la atención sobre este error, que lleva a que las empleadas domésticas enfermen, tengan accidentes y sufran incapacidades, que además no están declaradas como profesionales.

Con preguntas simples sobre cómo es el hogar y cómo se desarrollan las tareas, las personas empleadoras pueden detectar cuáles son los posibles riesgos del espacio de trabajo. Por ejemplo, si hay escaleras y si tienen barandillas, si se usan escaleras de tijera y cómo son, si se limpian los cristales con las ventanas abiertas, si se establecen algunos momentos de descanso o pausa, si se utilizan productos de limpieza con químicos o si se proporcionan guantes a las empleadas, por ejemplo.

Una vez se detectan los posibles riesgos, la herramienta proporciona sugerencias con las medidas para remediarlos o minimizarlos. “Se obtiene un documento con la evaluación de riesgos en el domicilio, las medidas preventivas que han de implantarse y los materiales informativos que deben entregarse las personas trabajadoras. El sistema también permite registrar las fechas de establecimiento de cada medida y realizar un seguimiento de su cumplimiento”, informa el INSST, que tiene disponible un teléfono de atención para responder consultas, 913634300, disponible los días laborales de 9 a 14 horas.  

El objetivo final es que “nadie se juegue la salud ni la vida por ir a trabajar”, ha recordado Yolanda Díaz, como máxima de la salud laboral en el trabajo, que también debe alcanzar a estas empleadas, tradicionalmente ignoradas y precarizadas.

Díaz ha señalado incluso “casos reales” de explotación y vulneración de derechos básicos a empleadas del hogar que les han llegado en la elaboración de esta herramienta pública, como la restricción de “días para ducharse o se les obliga a hacerlo con agua fría”, “casos en que no pueden usar el baño y deben hacer sus necesidades en un cubo”, “que limpian con productos tóxicos”, trabajadoras “sin guantes, sin calzado antideslizante y sin equipos básicos de protección”, ha condenado la vicepresidenta segunda, que ha sostenido que estas prácticas no son “compatibles con una democracia avanzada”. 

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), ofreció en 2024 asesoría jurídica y laboral a 253 trabajadoras del hogar, un sector formado en su mayoría por mujeres. “Se consolida así este servicio cuyo objetivo es informar y orientar sobre los derechos laborales para mejorar sus condiciones de trabajo y lograr una dignificación de sus condiciones laborales”, destacan desde el Ejecutivo foral. 

El servicio ha atendido a más de 500 personas usuarias desde que se puso en marcha en abril de 2022, gestionando unas 600 consultas. Entre los temas de consulta más habituales figuran aquellos relacionados con el salario, nóminas, jornada laboral, vacaciones, descansos, indemnizaciones, antigüedad, causas de despido, fin de contrato, cotización, baja o maternidad, entre otros.

Tal y como se señala desde el INAI / NABI, “el trabajo de empleadas de hogar se encuentra altamente feminizado y marcado por la precariedad laboral, siendo uno de los pilares del sistema actual de cuidados”. Ante ello, desde el Instituto Navarro para la Igualdad se defiende el valor del empleo doméstico en la sociedad, apostando por ofrecer este servicio gratuito de asesoramiento jurídico y laboral a las empleadas de hogar.

El Gobierno de Navarra puso en marcha este servicio tras detectar “un vacío en el asesoramiento de este colectivo de mujeres”, a raíz del estudio ‘Las empleadas del hogar en Navarra: análisis de sus condiciones laborales y su proceso de regularización’, realizado en el año 2020. Según se desprende del estudio, el sector de las empleadas del hogar se configura como un ámbito de trabajo precario e invisible, en el que los niveles de feminización (cercanos al 90%), así como la alta presencia de población extranjera (superior al 40%) son los rasgos más característicos.

Según los datos más actuales, en 2024 en Navarra se registraron un total de 6.703 afiliaciones al denominado ´Sistema Especial de Empleo del Hogar´ dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Tal y como se desprende de los datos de afiliación por sexo, el 97% de las personas que trabajan en el empleo del hogar en Navarra son mujeres. 

273 asistencias realizadas en 2024

El servicio de asesoramiento jurídico-laboral dirigido a empleadas del hogar está gestionado a través de Fundación Gaztelan. Las consultas tienen lugar los lunes por la tarde en horario de 16:00 a 19:00 horas, concertadas con cita previa a través del teléfono 948136020 o el email recepcion@gaztelan.org. Aquellas que no pueden ser atendidas de manera presencial se gestionan de manera telefónica o telemática, priorizando la atención presencial de las personas usurarias. 

En 2024 el servicio realizó 273 asistencias, casi un 50% más que en 2023, en los 49 días en los que prestó atención, a un total de 228 personas usuarias. La mayor parte de las atenciones (166) fueron consultas presenciales, seguidas de las telefónicas y telemáticas. La mayoría de las consultas (93%) fueron realizadas por empleadas del hogar; el resto por personas empleadoras y profesionales. 

Por edad, la mitad de las personas usuarias se encuentran entre los 40 y los 60 años, seguidas del grupo de personas mayores de 60 años. Por país de origen, el colectivo más numeroso en formular consultas fue el de las empleadas latinoamericanas. Por distribución geográfica, más del 75% de las empleadas atendidas presta sus servicios en la Comarca de Pamplona. 

Además de resolver dudas, el servicio pone a disposición la guía práctica del empleo del Hogar en Navarra, editada por el INAI / NABI, y que complementa este servicio. En ella se ofrece información legal sobre los derechos laborales de este colectivo como vía para que los conozcan y puedan reclamarlos. La guía sirve también de utilidad a las personas que quieran contratar una empleada de hogar y de esta forma conocer los pasos que han de seguir.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros miramos a Francia con cierta estupefacción ante lo que era el anunciado y sonado fracaso de Emmanuel Macron, presidente de la república. Macron desoyó el resultado de las urnas y se unió a la derecha para nombrar a un primer ministro conservador como Michel Barnier, que ya es el más efímero de la historia de Francia. A veces los políticos se empeñan en desafiar tanto a las matemáticas como a la propia ciencia política al plantear situaciones que no se ajustan ni a la geometría parlamentaria ni al zeitgeist (el espíritu del tiempo), como es el caso de Alberto Núñez Feijóo y su propuesta de moción de censura sin apoyos ni respaldo. 

Para lanzar una propuesta así hay que tener cierta seguridad de que vas a salir respaldado porque si no se genera una incertidumbre innecesaria. La incertidumbre, la falta de certezas, pone muy nerviosos a los empresarios. Es comprensible. Se diseñan presupuestos y planes estratégicos, se programan inversiones y el lanzamiento de nuevos productos, se contrata a personal... Un cambio en el Gobierno o una modificación legislativa puede ser la clave para el buen funcionamiento de una compañía. Como se empeña en repetir la patronal CEOE la seguridad jurídica es fundamental para los negocios, aunque a veces se confunda seguridad jurídica con una regulación acorde a lo que el empresariado demande.

Pero qué pasa cuando es la empresa la que provoca inseguridad al saltarse a la torera las leyes, que otras empresas están cumpliendo. Es el caso de Glovo. La compañía de reparto a domicilio no ha querido cumplir hasta ahora la normativa del Ministerio de Trabajo para evitar el abuso de falsos autónomos en el sector de las plataformas digitales de reparto. La normativa entró en vigor el 12 de agosto de 2021, tras un plazo de tres meses para que las empresas se adaptaran a la obligación de contratar laboralmente. Desde entonces, Glovo ha seguido sin cumplir la legislación vigente y acumulando condenas millonarias. 

¿Qué ha pasado ahora para que los directivos de Glovo se avengan a cumplir la Ley? Por primera vez en España un directivo del capitalismo de plataformas tuvo que ir a declarar a un juzgado como investigado por la vía penal. Oscar Pierre, fundador y director general de Glovo, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero, y es aquí donde está la clave, ha pasado de la jurisdicción social a la penal.

Hay que recodar que el Gobierno modificó el Código Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años. La Fiscalía acusa a Pierre de querer mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores para “reducir costes empresariales” de Glovo al no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes.

Pues mano de santo. Solo un día antes de que Pierre declarase ante la Justicia, Glovo cambia su modelo de negocio en España. La matriz de la compañía, Delivery Hero, comunicó que va a “cambiar de un modelo autónomo a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España”. El objetivo, según la empresa, es “evitar más incertidumbres legales que conduzcan a un aumento de contingencias”, ante la batalla judicial que tiene por delante. “Se espera que el cambio de modelo operativo, limitado al negocio de Glovo en España, tenga un impacto de aproximadamente 100 millones de euros en el Ebitda”, añadió. 

En su declaración ante la jueza, Pierre alegó que la regularización de las condiciones laborales de miles de riders busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, tratando de desligarla de su causa penal, aunque todo lo relacione. De momento seguirá el proceso judicial al que habrá que sumar otras causas: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados, reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal. 

Lo que es la seguridad jurídica, que cuando uno ve que puede afectar en carne propia se cambia el modelo de negocio y lo que haga falta.

El gráfico

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos va a dar un vuelco a las relaciones comerciales del mundo. Su estrategia de imposición de aranceles a las importaciones de otros países va a perjudicar a la Unión Europea, aunque España va a ser una de las naciones que menos se vea afectada y consolida su buena marcha económica. Trump ya aplicó aranceles durante su anterior mandato y la respuesta de otros bloques comerciales fue responder de la misma manera, iniciando una guerra comercial con la UE y China de la que no se sabe si hay un claro ganador. “Cuando se empieza a considerar una guerra comercial, inmediatamente se puede ver una escalada, lo que en mi opinión es negativo. No beneficia a nadie, ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a nadie en realidad. Induciría una reducción global del PIB”, lamentó Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. España será la economía europea menos dañada directamente por la guerra comercial, ya que nuestro sector exterior es el que menos depende de Estados Unidos y China, los principales contendientes de un conflicto arancelario. En esta información te explicamos por qué España será la economía menos dañada por la guerra comercial que se cierne sobre la UE.

El dato

120 millones de euros

Es lo que deja de ingresar Cataluña cada año por las maniobras de los contribuyentes más ricos en “una estrategia de mínimización de la carga fiscal”. Esta fórmula de elusión fiscal la ha puesto sobre la mesa la investigadora del Banco de España, Isabel Micó-Millán, que ha descubierto que el 0,5% con más riqueza entre los catalanes hacen aportaciones de capital a “empresas familiares” antes de su muerte para que sus herederos paguen menos impuestos. La investigadora ha elegido el ejemplo de Catalunya para analizar el tributo de sucesiones y donaciones porque, en 2014, la Generalitat realizó “una importante reforma” que eliminó parte de las exenciones que se habían establecido algunos años antes, principalmente a los más ricos, y que se mantienen o se han introducido recientemente en otras Comunidades, como en Madrid o en Andalucía. Financiación singular es la que tienen los de siempre. Aquí te explicamos cómo los ricos de Cataluña eluden un tercio del impuesto de sucesiones transfiriendo patrimonio a sociedades familiares.

Entrepreneurs

¿Quién maneja los hilos de la industria inmobiliaria en España? Las relaciones entre empresas, grupos y asociaciones ayudan a entender el entramado en torno a un bien básico como la vivienda. Los grupos de presión en defensa del negocio inmobiliario sin injerencia de la Administración Pública y las empresas del sector están plagados de ex cargos políticos de diferente signo político, que embarran aún más un mercado lleno de grandes propietarios, que tiene poco de libre y más de selva. En esta información te contamos quién es quién en el lobby inmobiliario: desde una ex alto cargo de vivienda a un exministro o el jefe de protocolo de la antigua Casa Real. 

Estos grupos de presión son los primeros que han salido a protestar tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la creación de una empresa pública de vivienda a nivel estatal. Aquí te contamos cuándo, cómo y para quién: las claves de la empresa pública con la que el Gobierno quiere construir vivienda asequible.

Cada vez que habla sube el pan

“El éxito de Stellantis, desde su creación, se ha basado en una perfecta alineación entre los accionistas de referencia, el consejo de administración y el consejero delegado”

Comunicado de Stellantis 

Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler o Dodge son las marcas que están bajo el paraguas de Stellantis. Son enseñas que están en el imaginario colectivo de millones de personas, pero como empresas están viviendo uno de sus peores momentos. Por un lado, la creciente competencia de los fabricantes chinos, hasta hace muy poco, prácticamente desconocidos, está afectando a las ventas, no solo de Stellantis, también de otras marcas icónicas como las de Volkswagen, que se va a saldar con despidos y el cierre de fábricas. De momento, de poco ha servido la imposición de aranceles por parte de Bruselas a las enseñas chinas. La crisis de Stellantis ya se ha cobrado la cabeza de su consejero delegado, Carlos Tavares, que deja la compañía antes de lo previsto. Lamentablemente no parece que solo sea un problema de elección de directivos. Aquí te explicamos cómo la dueña de Peugeot y Fiat se descabeza en plena batalla por los eléctricos chinos y con la amenaza arancelaria de Trump.

Otra empresa que está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia es Intel. Tras perder el tren de los chips para dispositivos móviles y el de los chips para la inteligencia artificial, el hombre que había trazado el plan para sacar del atolladero la compañía tecnológica ha anunciado su retiro de forma inesperada. Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel, abandona el puesto con carácter inmediato. En este enlace te contamos que el jefe de Intel se jubila en medio de la mayor crisis histórica de la compañía.

Bien público

“Hernias discales, tendinitis crónicas en el manguito rotador, epicondilitis en el codo, los metacarpianos operados, problemas en las rodillas, de salud mental...” Son las patologías que afectan cada día a las trabajadoras de la limpieza y del hogar y de cuidados. En la actualidad son enfermedades cuyo origen laboral no es reconocido como tal, salvo en algunos casos y después de haber pasado por los tribunales. “Estamos haciendo una media de 70 camas al día y ¿me estás diciendo que de eso no tengo la espalda jodida?”, dice Mar con indignación. Hace dos años le reconocieron una incapacidad permanente, pero con origen de enfermedad común. Ahora, al igual que la lucha por el derecho a cobrar el desempleo, las trabajadoras, organizadas en los colectivos Territorio Doméstico y Kellys Madrid, han lanzado una campaña para pelear por el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y de otros derechos asociados, como el acceso a la jubilación anticipada para profesiones penosas. Aquí puedes leer un reportaje de Laura Olías sobre la reivindicación de las trabajadoras del hogar y las limpiadoras de hotel para el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y denunciar la desprotección que sufren.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó el primer boletín de diciembre. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Mientras nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Buena semana!

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a una mujer por robar en el domicilio en el trabajaba como cuidadora collares, medallas de oro y diamantes valorados en más de 6.000 euros y 1.000 euros en efectivo. Las víctimas, un matrimonio, formularon la denuncia en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Así, y según consta en la denuncia, la mujer, cuando se disponía a ponerse uno de sus collares, descubrió que no se encontraba en la caja de siempre. Al buscar por otras cajas de joyas, se percató de que le faltaban más joyas de diferentes cajones de su cómoda. La víctima también declaró que la cerradura de la puerta de entrada ni ninguna otra parte de acceso a la vivienda mostraban signos de haber sido forzadas.

El matrimonio confesó a los agentes que sospechaban de la empleada del hogar, razón por la que decidieron colocarle un sobre con dinero en su interior a modo de ‘señuelo’. Colocaron 1.280 euros dentro del sobre en el interior de una caja y que salieron de la vivienda para hacer unos recados y cuando regresaron, comprobaron que faltaban 1.000 euros de este sobre, cuando nadie había accedido a la vivienda, sólo la empleada del hogar. 

La victima se percató de que le faltaban varias joyas cuando un día fue a ponerse un collar de y este no se encontraba en su lugar habitual. Comprobó que efectivamente este collar no estaba allí (valorado en más de 6.000 euros), y que además, le faltaban varias joyas más, como un collar de otro blanco con diamantes, un anillo de oro amarillo con cinco diamantes, una cruz de oro y dos cadenas de oro amarillo.  La detenida, una mujer de 50 años y residente en Logroño. Posee 4 detenciones anteriores, dos de ellas por sustracciones de joyas en domicilios. 

Las empleadas de hogar no tienen un convenio propio, pero las vascas están más cerca de tener sus condiciones laborales reguladas. El Gobierno vasco ha iniciado el procedimiento administrativo para que se pueda aplicar a este colectivo el convenio de ayuda a domicilio de Bizkaia, que se aplica a los trabajadores que desempeñan esta función contratados por ayuntamientos y la Diputación. La medida puede beneficiar a unas 30.000 trabajadoras.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la resolución del director de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Lapuente, por la que “se hace público el inicio del procedimiento administrativo para la extensión del convenio colectivo sectorial de ayuda a domicilio de Bizkaia al sector de las personas trabajadoras en el empleo doméstico o del hogar en la comunidad autónoma de Euskadi”. El procedimiento se inició a instancias del sindicato ELA, que ha realizado la misma petición al Gobierno de Navarra, para que en ese caso se aplique el convenio de Limpieza de la comunidad foral. El procedimiento de extensión de convenios incluye la obligación de hacer púbico el inicio del proceso “a los efectos de información pública y posible intervención de los interesados”.

El sindicato ELA presentó la solicitud ante el Gobierno en el mes de marzo en aplicación del artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que se podrá extender convenio en vigor a otro sector o subsector por los perjuicios derivados de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio colectivo debida a la ausencia de partes legitimadas para ello. Una premisa que el sindicato considera que se da en el caso de las trabajadoras del hogar.

El anuncio de inicio del procedimiento dado por el Departamento de Trabajo es el primer trámite en el proceso, que habrá que ver si finalmente se materializa. De hecho, desde ELA piden “prudencia” para no crear “falsas expectativas” en el colectivo. “Hay un plazo de alegaciones y puede pasar cualquier cosa. Nosotros seguimos adelante, pero prudencia, no se pueden echar las campanas al vuelo ni crear falsas expectativas”, señalan fuentes del sindicato. No obstante, el inicio del procedimiento -Navarra aún no lo ha hecho- constituye un paso esencial para volver a poner el foco en la situación de ese colectivo, habitualmente precario y en el que abunda la economía sumergida.

“Se trata de un sector profundamente precario por muchas razones; se trata de trabajos tradicionalmente poco valorados por la sociedad y que las mujeres han solido hacer de forma gratuita: se trata de trabajos que muchas veces realizan mujeres migradas que no tienen otra alternativa laboral. Esto ocurre porque no existe un sistema de cuidados público y universal, y por último, la organización sindical en el empleo de hogar es casi imposible ya que las trabajadoras no tienen forma de negociar sus condiciones de forma colectiva”, señalan desde el sindicato ELA.

Aunque desde 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez hizo obligatorio cotizar cotizar por desempleo para estas trabajadoras y tienen derecho a paro, hay una total desregulación en el resto de sus condiciones y obligaciones laborales y la necesidad de un convenio que regule sus condiciones ha sido una constante de la lucha sindical y feminista de los últimos años. De hecho, la necesidad de regular los cuidados fue uno de los ejes de la huelga feminista del 30 de noviembre de 2023. “Es el momento de que las Administraciones asuman su responsabilidad y den curso a la posibilidad legal de que este colectivo obtenga cobertura para sus condiciones laborales mediante la aplicación de convenios sectoriales en vigor”.

Yesenia tiene 49 años. Llegó a España desde Perú con un contrato para trabajar en el sector turístico en Salou (Tarragona) pero desde 2018 vive en la provincia de Albacete donde ha trabajado como empleada doméstica porque “cuando uno emigra, tus condiciones no son tan favorables. Trabajar como interna me brindaba techo y comida”.

Su primer empleo en este sector lo encontró en la ciudad. “Me ofrecieron trabajar de lunes a lunes y lo acepté. Cuidaba a un señor. Sus hijos no podían estar los fines de semana”. Le pagaban 1.100 euros, sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

En su rutina diaria comenzaba a atender su trabajo a primera hora de la mañana entre cuidados, limpieza, compra y comidas “en una casa grande”, con dos horas libres de cinco a siete, para terminar la jornada laboral entre las diez y las once de la noche. “Esta persona estaba conectada a una máquina de oxígeno”, nos cuenta, así que también atendía este aspecto de su cuidado diario.

“Poco a poco me di cuenta de que otras chicas libraban los fines de semana. Con el horario de interna lo normal es entrar el domingo a las nueve o diez de la noche y salir el sábado por la mañana y que te busquen una persona de reemplazo a la que suelen pagar entre 100 o 120 euros”. En su caso eso no ocurrió, pero siguió trabajando. “Ya estaba dentro y me había comprometido”, justifica.

Todo cambió cuando el señor al que cuidaba fue hospitalizado. “Entonces me pidieron que trabajase también durante las noches, yendo al hospital, pero sin pagarme más. Me puse rebelde. Eso no les gustó a los hijos y me dijeron: hasta acá no más, bye, bye”.

Se quedó en la calle, sin posibilidades de indemnización o de prestación por desempleo. “Gracias a una amiga conseguí otro trabajo”. Fue su segunda experiencia como interna, aunque esta vez sí le hicieron un contrato. “Fueron más conscientes de la labor de la persona que cuida”.

“Tuve que cuidar a una persona con alzhéimer. A veces tenía que levantarme de madrugada. Hay que estar preparada emocionalmente… Al final, una hace el papel de psicóloga, de enfermera…”

Tras las experiencias como interna pasó a trabajar por horas. “Conocí a mi marido, me casé, y no me interesaba ya trabajar para estar en otra casa 24 horas al día”. Dice que le gusta su trabajo con personas mayores porque es “tranquilo y sencillo”.

A pesar de lo irregular de los empleos por los que ha pasado dice sentirse una privilegiada porque “a la gente que no tiene papeles le pagan poquísimo y le privan hasta de la comida. Yo no me he sentido explotada”. A pesar de todo.

Ahora está en el paro, pero no puede cobrarlo. Sus sucesivos empleos no se lo permiten, entre los que no tuvieron contrato y los que no llegan al año de duración. Su caso, como tantos, queda en el limbo para el sistema público.

Es algo habitual, dice Laura Moreno, psicóloga y orientadora laboral que forma parte del sindicato USO en Albacete. Y eso a pesar de estar reconocido como un derecho desde septiembre de 2022 en España en virtud de un Real Decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Esta norma fue muy importante, ha sido como agua de mayo, pero al leerlo me desilusioné mucho por lo que tiene que ver con las causas de despido”. En su opinión, “el decreto se quedó corto porque no regula la penosidad, ya que se están cubriendo los servicios de cuidados con empleadas del hogar” y, además, “hay que seguir regulando los descansos”.

El real decreto que regula este oficio se centra en una interna de cofia y delantal, una Gracita Morales que todos conocemos, pero cuando hablamos de cuidados la interna nunca se retira a descansar 12 horas entre jornada y jornada. Muchas ni duermen

Laura Moreno — USO Albacete

Yesenia es una de las personas que acuden para informarse en los servicios que ofrece la Plataforma de Apoyo a Empleadas de Hogar, no solo a la hora de buscar empleo sino para gestiones prestaciones u otros cometidos.

Este colectivo nació en Albacete en 2006 a integra a Cáritas, a Cruz Roja y los sindicatos USO y CCOO. Entonces todavía estaba vigente una normativa de 1985 que regulaba la relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar. “Aquello era del Pleistoceno”, recuerda Laura Moreno.

La lucha ha sido larga porque “hasta 2012 los y las empleadas de hogar no tenían condición de trabajadores y todavía están menospreciadas en el sistema”. Por ejemplo, su sistema de cotización sigue siendo diferente. Y también alude a la situación de las internas. “En las reivindicaciones en toda España se suele corear el lema internas, la esclavitud moderna”, lamenta, porque “el real decreto que regula este oficio se centra en una interna de cofia y delantal, una Gracita Morales que todos tenemos en mente, pero cuando hablamos de cuidados la interna nunca se retira a descansar 12 horas entre jornada y jornada. Hay muchas que ni duermen”.

Moreno resalta que “cada vez hay más empleadores que lo quieren hacer bien”, pero se mantienen las lagunas. Y si no, que se lo digan a Yesenia. “Después de estar interna he tenido muy malas experiencias con las agencias. Te prometen el oro y el moro verbalmente, que te van a hacer contrato de trabajo… Pero pasan los días, te tontean y después de un mes te dicen que no gustas a la familia”.

Trabajar gratis, reclamar...

La última agencia para la que trabajó está en Madrid. Hoy en su página web aparece como un negocio cerrado. “Fui el año pasado para hacer una sustitución dos meses, ni me han pagado. He trabajado gratis, solo conseguí techo y comida y conocer algo de Madrid”. Se ríe irónicamente mientras hablamos. “Me dicen que busque un abogado para reclamar y estoy intentando localizar alguno de oficio”.

En España hay 600.000 hogares que declaran tener servicio de hogar pero “los datos los datos de alta de la Seguridad Social solo hablan de unas 350.000. Hay mucho empleo sumergido en un colectivo que además está muy poco valorado para la labor que realizan”, apunta la psicóloga. 

Yesenia homologó su certificado de estudios para obtener el Bachillerato cuando llegó a España y ahora se plantea mejorar su situación laboral. “En mi país estudié atención al cliente y marketing. Me gustan mucho las ventas, aunque también me gusta el cuidado de personas. Tengo que hacer algunos cursos”.

Dice ver el futuro con optimismo para buscar nuevas perspectivas laborales. “Solo pido que tengan más consideración con las chicas internas. Que se valore más. Tengo a mi madre lejos. Mi padre ya se fue… Creo que durante el tiempo que pasamos con esas personas mayores, y algunas son como niños, tratamos que estén bien en todos los sentidos. Mucha gente se aprovecha de los inmigrantes, sobre todo si no tienen papeles”.

En eso coincide Selmy Luz que llegó a Albacete en 2006 en un proceso de reagrupación familiar. “Son muchos años y yo ya soy de aquí”, nos dice. Esta risueña colombiana es veterana en el oficio de empleada de hogar, aunque, como Yesenia, probó antes con la hostelería. “No me gustó. Yo era vigilante de seguridad en mi país y en mis tiempos libres trabajaba también como manicura”. Había tenido que cuidar a un abuelo con Alzhéimer, así que en España optó por el cuidado de personas mayores como forma de ganarse la vida, tras obtener su permiso de trabajo.

“Hago mi trabajo por vocación, con cariño y respeto hacia las personas”, asegura azorada mientras charla con elDiarioclm.es por teléfono en el intervalo de la caminata entre uno y otro trabajo.

En su primer trabajo, cuenta, “me dieron de alta durante el tiempo que me duró mi viejita. Era un matrimonio y estuve después cuidando también al abuelo hasta que le ingresaron en una residencia. El resto de trabajos vinieron por el boca a boca”.

No siempre ofrecen contrato. “Si no me lo hacen al menos exijo cobrar lo justo. Ahora estoy dada de alta con quince horas semanales, según lo que marca la ley”. Acaba de conseguir un certificado sociosanitario porque su intención es lograr un empleo “único y más estable”, pero no es fácil. “Suelen ofrecer un puesto de trabajo para el que no estoy titulada para pagar menos”.

Selmy suspira profundamente cuando le preguntamos por el derecho al paro recién adquirido para este colectivo de personas. “¡Madre mía! Que lo hayan aprobado ha sido muy gratificante para mí, aunque no busque estar desempleada. Yo lo que quiero es cotizar y cotizar”. El mismo decreto recogió ayudas públicas a la cotización a la Seguridad Social de los hogares que proporcionan este tipo de empleo. 

Es uno de los nuevos ‘salvavidas’ para un colectivo históricamente maltratado. Desde enero también tienen acceso a las mejoras en sus pensiones por las llamadas 'lagunas' de cotización en sus carreras laborales.

Pese a todo Selmy Luz cree que “va muy lento” y apela “a la importancia de las empleadas de hogar. Deben darnos el sitio que nos corresponde y valorarnos. Hacemos de todo”. Algo que también subraya Laura Moreno desde el sindicato USO.

En los últimos tiempos no se trata solo de tareas domésticas sino sobre todo de cuidados. Están cubriendo con empleadas de hogar la tarea de los cuidadores

Laura Moreno — Sindicato USO Albacete

Acaba de celebrarse el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Como cada 30 de marzo de 1988. Este año coincidió con la Semana Santa y en Albacete han esperado hasta este jueves 4 de abril para conmemorarlo en un acto en el Museo de la Cuchillería y seguir recordando que todavía queda mucho por avanzar. “Hay que seguir visibilizando a estas personas. Es un trabajo encomiable el de estas personas que descuida a sus propias familias para cuidar a otra ajena. En los últimos tiempos no se trata solo de tareas domésticas sino sobre todo de cuidados. Están cubriendo con empleadas de hogar la tarea de los cuidadores”.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Trabajadoras del Hogar de Albacete valora los avances laborales y sociales conseguidos en los últimos años, pero cree que hay que seguir trabajando para llegar a la equiparación plena de los derechos del colectivo con el resto de personas trabajadoras.

“Abogamos por la desaparición del arcaico sistema de cotización por tramos, que en muchos casos afecta a las bases de cotización” y eso, recuerdan, les perjudica a la hora de acceder a las diferentes prestaciones sociales.

También reclaman “un mayor control por parte de la administración públicas de las peculiares situaciones que se presentan en los centros de trabajo”. Laura Moreno explica que “los domicilios privados se escapan de las competencias de la Inspección de Trabajo” y provocan indefensión para las mujeres y los hombres que se dedican al trabajo de hogar y cuidados.

Después, también quedan al descubierto cuestiones como la seguridad y la salud en el trabajo porque no hay ni revisiones ni controles médicos para estas personas trabajadoras.

Esta plataforma calcula que hasta un 30% sigue sin estar de alta en la Seguridad Social. “Esto ocurre tanto con personas nacidas en el país, como con migrantes que tienen permiso de trabajo y, sobre todo, con aquellas que todavía no han obtenido sus papeles”.

Selmy Luz lo tiene claro. “Todavía hay mucho miedo a denunciar, pero yo siempre digo que hay que hacerle frente. Creo que debe haber más inspecciones y control para el gremio”.

El próximo mes de junio se cumplirán dos años desde que España ratificase el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo del hogar. El Gobierno se comprometió a instaurar los cambios necesarios para dignificar este tipo de empleo. Todavía hay margen de mejora. “Los derechos deben ser efectivos y no solo algo publicado en el BOE”, sentencia Selmy Luz.

Las trabajadoras del hogar se equipararán al resto de trabajadores y tendrán acceso a las mejoras en sus pensiones por las llamadas 'lagunas' de cotización en sus carreras laborales. Así lo ha anunciado la nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha explicado que la medida estará en vigor a partir de este enero tras su primera reunión con los agentes sociales.

Saiz ha celebrado la reunión mantenida esta tarde en el Ministerio de la Seguridad Social con los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), así como los dirigentes de las patronales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme).

La ministra se ha comprometido a abrir varias mesas de diálogo “técnicas” para abordar cuestiones como las mejoras en el ingreso mínimo vital y la reforma de la jubilación parcial, que está incluida en el acuerdo de Gobierno PSOE y Sumar. Elma Saiz ha reiterado que el diálogo social será “seña de identidad” para su mandato. “Es clave para llegar a importantes acuerdos que refuercen las instituciones de nuestro Estado de bienestar”, ha afirmado.

La ministra ha celebrado por ejemplo la próxima entrada en vigor, el 1 de enero, del derecho a cotizar de los becarios, que se acordó con los sindicatos y empresarios. Además, ha confirmado que los antiguos becarios tendrán la posibilidad de cotizar por hasta cinco años de prácticas previas a la entrada en vigor de la norma, que está pendiente de una orden ministerial.

“Símbolo” de la brecha de género

La mejora de las 'lagunas' en las carreras laborales de cara a la pensión fue una de las medidas ampliadas en la pasada reforma de pensiones para reducir la brecha de género, ya que estos vacíos afectan principalmente a las mujeres, que son las que asumen mayoritariamente los cuidados familiares.

Por ejemplo, fruto de la “cobertura de lagunas” se compensa con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses de vacío (que suman cuatro años), pero además se incluyó en la reforma una mayor protección para las mujeres.

A partir del mes 49, se cubre en general con el 50% de la base mínima, pero para las mujeres por cuenta ajena se mejorará esta cantidad (a partir de 2026): se cubrirá el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (es decir, hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima desde el mes 61 y hasta el 84 (siete años). Estas mejoras se aplicarán también a hombres que hayan interrumpido sus carreras para cuidar, con algunas condiciones.

Las empleadas del hogar estaban hasta ahora excluidas de estas mejoras en la pensión, a través de una regulación de 2012 que se ha ido prorrogando hasta 2023, explican fuentes del Ministerio de la Seguridad Social. En esta ocasión ya no habrá más prórrogas de su exclusión y, por tanto, este colectivo de trabajadoras podrán beneficiarse de la medida al igual que el resto de empleados.

En la Seguridad Social destacan la eliminación de esta barrera como un “símbolo” de la acción de su departamento contra la brecha de género. El Gobierno de coalición reguló en la pasada legislatura el derecho al paro de estas trabajadoras, tras una sentencia europea que concluyó que España discriminaba a este colectivo.

Pendientes de la jubilación parcial

La reunión no ha resuelto una de las demandas “urgentes” de sindicatos y patronal: la prórroga de las mejores condiciones de la jubilación parcial y el contrato relevo en la industria manufacturera. Estas caducan el próximo 31 de diciembre.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, han reiterado su petición de que el Ejecutivo prorrogue las mejoras en este sector para que no decaigan en enero y que abra la negociación para ampliar esta fórmula de retiro para el resto de ocupaciones.

En el Ministerio por el momento no han confirmado esta prórroga, que tendría que aprobarse en las próximas dos semanas.

¡Buenos días!

La presión de los más ortodoxos económicos se hace cada vez más presente. Vuelven los peores augurios sobre la deuda pública y el déficit fiscal. En este caso, ha sido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien ha pedido recortes en el gasto público en 2024 y 2025 mediante una “política fiscal restrictiva” para asegurar las finanzas públicas en el futuro.

Hernández de Cos asegura que es “absolutamente crucial” tomarse en serio el ajuste fiscal tras el aumento “significativo” de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios por la pandemia. La OCDE comparte la necesidad de reducir el déficit de las cuentas públicas pero sugiere al Gobierno subir el IVA y retirar las medidas contra la inflación.

Sin embargo, hay margen para mantener algunas ayudas contra la inflación y no tener que subir un impuesto como el IVA, que es de los más regresivos ya que no discrimina en función de la renta. Aunque durante la anterior legislatura del Gobierno de coalición se ha reducido la brecha de la presión fiscal entre España y la Unión Europea, todavía estamos a más de tres puntos: Según los últimos datos, referentes al ejercicio 2022, la media de la zona euro era del 41,9%, frente al 38,3% español.

Con datos de Eurostat, a pesar de que se consiguió un récord de recaudación tributaria en 2022, España necesita 48.000 millones más de ingresos por impuestos y contribuciones sociales para alcanzar la media europea de presión fiscal. Hay margen para subir impuestos a los que más tienen. Es evidente que no existe ese “infierno fiscal” que pregonaba el PP.

 El Gráfico

Otro ejemplo claro de políticas progresistas: la reforma laboral y la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) han salvado a los trabajadores de un mayor daño de la inflación. Mientras que los datos publicados por la Agencia Tributaria demuestran que casi la mitad de los trabajadores peor remunerados han ganado poder adquisitivo en esta crisis, la EPA (Encuesta de Población Activa, que realiza el INE) sobre 2022 apunta que los sueldos reales han aumentado para el 20% de los trabajadores que menos cobran. En estos datos ha influido mucho la caída de la temporalidad por la reforma laboral que se ha consolidado con una creación de empleo récord. En este enlace te mostramos los datos que revelan que la reforma laboral y la subida del salario mínimo han rebajado el daño de la inflación.

No solo ha habido una mejora sustancial del mercado laboral español. También comienzan a cambiar los marcos de negociación que antaño parecían anatemas. El salario mínimo se subió a 1.080 euros mensuales en 2023 sin que las patronales quisieran ni siquiera sentarse a negociar. Pues bien, ahora la CEOE ha pasado de los pronósticos catastrofistas por la subida del salario mínimo a proponer un aumento del 3% para 2024. 

El Dato

152.000 beneficiarios más

Si se confirma la ampliación del subsidio de desempleo a las personas menores de 45 años sin cargas familiares. Se trata de una de las propuestas del Ministerio de Trabajo para modificar los subsidios de desempleo. Aquí te explicamos la medida.  Esta reforma de las prestaciones de paro se ha convertido en la enésima confrontación entre los ministerios de Asuntos Económicos y Trabajo. Nadia Calviño aboga por subsidios decrecientes y “potenciar” el control del compromiso de volver a la actividad de las personas desempleadas, mientras que Yolanda Díaz plantea eliminar el mes de espera entre la prestación y el subsidio y compatibilizar la ayuda con la incorporación al trabajo “durante el primer mes”. Las espadas están en alto.

Íbamos a destacar esta semana otra cifra hasta que se nos ha cruzado esta nueva confrontación entre Economía y Trabajo: 10.729 son las empleadas del hogar y de cuidados que ya han podido cobrar el paro, una vez que el pasado septiembre de 2022 el Gobierno reguló su derecho. Un gran avance para unas trabajadoras que hasta ahora habían estado abandonadas.

Mientras los socios de Gobierno se enfrentan, los sindicatos suecos dan una lección de unidad para evitar abusos. Elon Musk, poco amigo de los sindicatos, está dispuesto a que no tengan hueco en su empresa de coches eléctricos, Tesla. Se negó a firmar un convenio colectivo con los 120 mecánicos de la compañía en Suecia. La respuesta ha sido un bloqueo total de los sindicatos de otras empresas: los estibadores no descargarán ni un Tesla, los trabajadores de la red eléctrica no intervendrán en sus puestos de carga ni los repararán, los empleados de mantenimiento no pisarán sus instalaciones y los taxistas se han comprometido a no adquirir ninguno de sus modelos hasta que haya convenio colectivo. La huelga se le fue de las manos a Musk. El último episodio lo han protagonizados los carteros. En Suecia, las placas de matrícula se reparten por correo. La concesionaria encargada de hacerlo es PostNord, la empresa pública sueco-danesa que domina este mercado en los países nórdicos. Sus empleados están en huelga contra Tesla y no le enviarán ninguna matrícula. Aquí te explicamos los últimos movimientos de la lucha sindical sueca contra los abusos de Elon Musk en Tesla.

Cada vez que habla sube el pan

Hay momentos donde estas cosas pasan para que la compañía pueda seguir adelante, que tenga o haga movimientos de su plan estratégico

Antonio Garamendi — Presidente de CEOE

Las palabras del presidente de la patronal vienen por Telefónica, que ha anunciado un ERE para despedir a miles de empleados. ¿Seguir adelante? Telefónica ganó 2.011 millones de euros en 2022 y en los nueve meses de este año ha obtenido ganancias por 1.262 millones. No es ese el problema. Anda revuelta la primera operadora de telecomunicaciones española. No es solo por la entrada de los saudíes en su accionariado o por la posibilidad de que el Estado vuelva a ser accionista. El problema es que no encuentra la fórmula para convencer a los mercados de que es un negocio sólido. El anuncio del ERE llega pocas semanas después de presentar un nuevo plan estratégico que no termina de convencer y acabar con el mal endémico de una acción débil. Se opta por la maniobra fácil de los despidos ante la incapacidad de generar nuevos negocios.

Entrepreneur

Kike Sarasola dejó su carrera de jinete para convertirse en 'entrepreneur'. Con excelentes conexiones en el mundo de la política, en el año 2000 fundó Room Mate, una cadena hotelera que nunca ha tenido beneficios pero siempre consigue inversores. La trayectoria empresarial de este empresario está llena de giros de guion. Hace poco más de un año, la compañía entró en concurso de acreedores. Unos meses después, el fondo buscagangas Angelo Gordon salió a su rescate y en medio, la que fue accionista de referencia, Sandra Ortega, desahució a la hotelera de sus establecimientos en Miami y Nueva York y abrió un frente legal contra quien fue su mano derecha por su actuación en la gestión de Room Mate. El administrador concursal de la empresa, PwC, reconoció que la hotelera tenía una deuda de 199 millones de euros, de los que más de 86 millones, se correspondían con créditos realizados por Rosp Corunna, la sociedad patrimonial de Sandra Ortega. Tras la toma de control de Room Mate por el fondo de inversión, se da por cerrada la disputa con la inversora gallega. Kike Sarasola sigue como presidente de Room Mate. En este enlace hay más información sobre el culebrón accionarial entre Kike Sarasola y Sandra Ortega.

Otra empresa donde pueden aparecer muchos 'entrepreneurs' es Portfolio: un nuevo mercado de capitales español que no exige una capitalización mínima, ni publicar un folleto si el instrumento se dirige solo a inversores cualificados, ni que la empresa tenga web específica. Vamos, tiene unos “requisitos de admisión sencillos” de manera que ha abierto una vía rápida para cotizar a las inmobiliarias de los ricos, ya que por ahora cuenta con cinco socimis en su plataforma de negociación. La cuestión es quién controla a los supuestos controladores. Ya tenemos una larga listas de fiascos empresariales en otros mercados bursátiles. Como remate, Portfolio, que cuenta entre sus inversores a varios empresarios del ladrillo, tuvo salvedades en sus cuentas. Aquí te explicamos quién está detrás y cómo funciona la nueva Bolsa que reduce los requisitos para cotizar y abre una vía rápida a las inmobiliarias de los ricos.

Bien público

En elDiario.es seguimos analizando los salarios en España. Ya hicimos un profundo reportaje en el que mostramos la posición de los asalariados en España y lo planteábamos como un juego para descubrir cuánta gente cobra más y menos que tú. Consulta tu posición en la escala salarial de España. En esa información salían datos relevantes como que los salarios de más de 36.000 euros brutos ya están entre el 20% que más cobra. Gracias a las respuestas de los lectores y socios hemos hecho otra información: de las 240.000 personas que consultaron su posición en la escala salarial en la calculadora, solo un 13% se ubicaba entre los salarios más altos de España, cuando la realidad es que la mitad estaban realmente en esa posición. Tienes que leer esta maravilla realizada por Raúl Sánchez y Victòria Oliveres que demuestra que no eres consciente de lo poco que cobra la gente.

Nos gusta la competencia

Ahora te ofrecemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Pues ya hemos terminado por esta semana. Volvemos a vernos el jueves que viene. Si tienes cualquier idea o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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Perder el empleo suele suponer un contratiempo para cualquier persona. Para ellas, era un precipicio que podía dejarles sin poder pagar la vivienda de un mes para otro o a las puertas de una ONG para pedir ayuda. Las trabajadoras del hogar y de cuidados no tenían acceso al paro en España, una situación discriminatoria, hasta que en septiembre de 2022 el Gobierno reguló su derecho. Desde entonces, poco a poco, estas trabajadoras han ido accediendo a esta protección básica del conjunto de empleados. Hasta septiembre, se habían reconocido “10.729 subsidios y prestaciones contributivas”, responden en el Ministerio de Trabajo a consultas de este medio.

Carolina (nombre ficticio) ha perdido recientemente su empleo porque el hombre mayor al que cuidaba se ha mudado con una hija y ya no necesitan sus servicios. La trabajadora ha solicitado la prestación y está a la espera de cobrarla. “Tengo derecho a cuatro meses”, justo por un año de trabajo cotizando.

La hondureña, que lleva seis años y medio en España, ha trabajado básicamente como empleada del hogar en todo este tiempo. Por ello, sabe bien de la diferencia entre esta y otras ocasiones en las que se ha quedado sin trabajo. “Antes no tenías nada. Yo estoy sola con mis dos hijas, así que lo he pasado muy mal, obviamente. Me las he visto muy difícil, en el pasado he tenido que ir a Cruz Roja a pedir ayuda”, explica.

Lo mismo relata María (nombre ficticio), que tuvo un trabajo en un supermercado antes de la crisis financiera, pero que después se ha dedicado sobre todo al empleo del hogar. “Daba muchísimo agobio perder el trabajo, porque o conseguías algo rápido o, si no, te comías la cabeza para ver qué hacer para cubrir los gastos. Porque no tenías nada”, explica.

Ahora, María ha terminado su contrato con una familia porque “se ha mudado de Madrid a Barcelona” y está a la espera de cobrar la prestación de paro. “Tengo ocho meses de paro, por dos años cotizados”, explica. Por un lado, lo cotizado en este último año como empleada del hogar y otro año anterior, de una época en la que estuvo empleada en un restaurante, cuenta.

“Aguantábamos cosas inaceptables”

Sin derecho a paro, María calcula que no podría pagar más de este mes de alquiler. Lo mismo le sucede a Carolina. “Entre los sueldos que hay, que todo está muy caro, que en el alquiler se va la mitad del sueldo... No es que puedas tener un ahorro, es muy complicado”, explica María, que también manda el dinero que puede a su país (Bolivia) para ayudar a su madre y a una hermana “que está enferma”.

Esta desprotección social ha empujado durante años a muchas trabajadoras domésticas a “aguantar” en empleos en malas condiciones o a aceptar “lo que fuera para tener algo”. Carolina recuerda especialmente uno: “Una señora que me trataba muy mal. Me tiraba cosas al suelo para que las recogiera... Cuando no tienes nada aguantas cosas inaceptables, que no tendrías que aguantar”. Estuvo en esa casa cuatro meses. “La situación se volvió muy fea, no podía más”, recuerda.

Ahora, gracias al colchón del paro generado en el último año de trabajo, está buscando un buen empleo, “no cualquier cosa”. Hace unos días le llegó una oferta, pero no la aceptó. “Pagaban muy poco y era para estar con dos personas mayores, con necesidades de muchos cuidados, con pañal, etc. Voy a buscar a ver si hay algo que me convenza más”, sostiene.

Sentencias con derecho retroactivo

En la asociación Senda de Cuidados, que hace trabajos de mediación laboral y formación para empleadas del hogar en Madrid, explican que hasta hace unas semanas solo tenían a una trabajadora que había accedido al paro. Ahora, con María y Carolina, son tres.

Aunque el derecho al paro se aprobó en septiembre del año pasado, la cotización comenzó en octubre y las trabajadoras han tenido que acumular el mínimo de meses necesario para quedar cubiertas por este colchón: un año cotizado para la prestación de desempleo y tres o seis meses para el subsidio de paro (dependiendo de si hay cargas familiares o no).

Percibir el subsidio de paro para personas mayores de 52 años se antoja casi imposible todavía para estas trabajadoras porque se tienen que cumplir las condiciones de acceso a la jubilación (salvo la edad): haber cotizado por jubilación 15 años –dos de los cuales han de estar dentro de los últimos 15– y haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años.

Sin embargo, hay algunas sentencias que han reconocido el derecho al cobro del desempleo pese a no tener los periodos cotizados en el pasado (como esta del TSJ de Galicia y de un juzgado de lo social de Bilbao), así como otra que concede el subsidio para mayores de 52 años en la misma situación. El motivo es la discriminación de las afectadas, que no podían cotizar aunque quisieran porque el sistema no se lo permitía, como argumentan los colectivos de trabajadoras del hogar.

Liz Quintana, abogada que colabora con el colectivo Trabajadoras no Domesticadas (Bilbao), destaca estas “importantes sentencias” y anima a las empleadas del hogar a pedir su derecho al paro por los meses trabajados en el pasado. “Estamos a la expectativa de las sentencias, porque hay posibilidad de recurso”, reconoce Quintana, pero considera “un buen paso intentar reconocer” esos periodos laborales para su protección social.

El Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao ha reconocido el derecho de una empleada de hogar a cobrar la prestación por desempleo pese a que no había cotizado. La jueza titular, Vanesa Pérez Lledo, aplica en su sentencia la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo, que considera que “la ausencia de cotización y protección por desempleo del sistema especial de empleadas de hogar español resulta discriminatoria, y establece la obligación del juez a garantizar la protección de los derechos concedidos por el Ordenamiento Jurídico Comunitario” sin tener que esperar a la derogación de estas normas nacionales. De esta forma, establece en su fallo que la trabajadora debe cobrar el desempleo denegado en un principio por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), pese a que a lo largo de su vida laboral, ni ella ni sus empleadores habían cotizado por desempleo. Esta cuestión pasó a ser obligatoria en octubre de 2022, cuando entró en vigor el decreto Ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar las condiciones de las empleadas de hogar entre ellas el derecho a cobrar el paro.

La sentencia, que responde a una demanda interpuesta por el sindicato ELA, tiene importancia porque, de convertirse en firme -ha sido recurrida por el Sepe- reconoce judicialmente “la discriminación que vienen sufriendo las empleadas del hogar”, según señalan fuentes del sindicato. Y además, sienta precedente para que se puedan presentar futuras reclamaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2022 el decreto Ley entre los que se incluye la obligación de cotizar por desempleo, que entró en vigor en octubre de ese año. Justo un mes antes, en septiembre, la trabajadora, María Teresa de 56 años, fue despedida de la casa en la que llevaba trabajando doce años cuidando de una niña con necesidades especiales. Tenía contrato y había estado de alta en el régimen especial de empleadas de hogar en varios periodos desde 2011 por lo que “cumplía todos los requisitos precisos para el acceso a la prestación de desempleo, salvo el relativo a la cotización al mismo”, señalan desde ELA. Cuando fue despedida, la trabajadora solicitó al Sepe la prestación de desempleo, que le fue denegada puesto que el periodo trabajado en el régimen de empleada de hogar no tenía cotizaciones al desempleo.

El decreto Ley 16/2022 que aprobó el Gobierno del Estado y que entró en vigor en octubre regula la mejora de los derechos de las empleadas de Hogar, entre ellos la obligación de cotizar a la prestación de desempleo y el derecho a recibir dicha prestación. Los periodos de cotización anteriores al decreto no se tenían en cuenta a la hora de calcular la prestación de desempleo. En esta sentencia, sin embargo, la jueza aplica la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que considera que la ausencia de cotización y protección por desempleo del sistema especial de empleadas de hogar español resulta discriminatoria, y establece la obligación del juez a garantizar la protección de los derechos concedidos por el Ordenamiento Jurídico Comunitario. Por lo tanto, pese a que el decreto del gobierno estatal entró en vigor en octubre, entiende que debe reconocer la prestación de desempleo a dicha trabajadora, por ser la normativa anterior discriminatoria.

La citada sentencia ha sido recurrida por el Sepe ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por lo que de momento no es firme. Pese a ello, María Teresa reconoce la importancia de la sentencia, aunque aún no tiene garantizado el cobro de la prestación. “Es necesario que se reconozcan nuestros derechos”, señala, que recuerda que “de un día para otro me encontré en la calle, después de 12 años y sin derecho a nada”.

El decreto Ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce el derecho al paro siempre que se haya cotizado lo suficiente, como cualquier trabajador, lo que ocurre es que hasta la aprobación del decreto tenían vetada esa posibilidad lo que el Tribunal Europeo consideró discriminatorio. Además elimina la posibilidad de despedir sin causa.

La empresa de servicios Clintu Online SL ha sido condenada por emplear a 505 trabajadoras de Barcelona como falsas autónomas. Así lo ha sentenciado el juzgado de lo social número 15 de la capital catalana, que ha considerado que la relación de las trabajadoras con la empresa era laboral. Como consecuencia, Clintu deberá pagar 1,29 millones de euros en concepto de los retrasos de los pagos de la Seguridad Social del medio millar de empleadas que no tenía en nómina.

Clintu funciona como cualquier aplicación de la llamada 'economía colaborativa' y conecta a empleadas en busca de un servicio con clientes que requieren de él. A priori, la aplicación sólo permitiría poner en contacto a ambas partes, a cambio de una comisión del precio que los clientes acaben pagando, pero el juez ha considerado que no es así.

En base al informe elaborado por Inspección de Trabajo, a raíz de una denuncia interpuesta por CCOO, el magistrado considera demostrado que “las trabajadoras recibían órdenes e indicaciones de Clintu, que es quien organiza el trabajo” y que éstas “quedan adscritas a la estructura y organización de la plataforma”, según reza la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, también se asegura que la aplicación “filtra” los perfiles de las trabajadoras y, como “prueba de la sumisión a la organización empresarial”, establece que es la aplicación, no el cliente ni las empleadas, la que fijan la duración del servicio y el límite horario para cancelar.

Así, es la empresa quien contacta con los clientes y quien establece el horario de las trabajadoras y los precios, que se mueven en una horquilla de entre 9 y 25 euros la hora. Igualmente, las empleadas tampoco son libres de organizar su trabajo, como correspondería a una autónoma, puesto que la empresa debía dar su aprobación antes de realizar cualquier servicio.

Igualmente, Clintu también amenazaba a las limpiadoras con bloquearlas o perjudicarlas si se presentaban quejas en su contra. Además, el juez destaca que la empresa “cubría las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pudieran ocasionar los 'cleaners'”, según dicta la sentencia.

El juez, pues, ha considerado que “la actividad real de la empresa no es la de prestación de servicios informáticos, sino que realmente se trataría de la llevanza a cabo de una actividad de limpieza”. Con esta base, no se sustenta la decisión de Clintu de no contratar a sus trabajadoras y como falsas autónomas

“La economía de plataformas digitales es un modelo económico que se basa en la precariedad de las trabajadoras”, apuntan desde CCOO. “Se aprovechan de los datos anónimos o de la subcontratación de las cuentas de las aplicaciones para no asumir ningún tpo de responsabilidad laboral”, añaden, describiendo prácticas que, como Clintu, Glovo o Uber, que han sido condenadas por estas prácticas.

Las situación de estas 'cleaners' recuerda en mucho a la de los 'riders' de plataformas que han optado en repetidas ocasiones por la figura del falso autónomo para ahorrarse responsabilidades y costes.

La sentencia del juzgado de Barcelona se refiere sólo a medio centenar de trabajadoras del hogar que trabajan en la capital catalana, pero la empresa también opera en Madrid y Valencia. De esta manera, desde el sindicato miran con optimismo a otros posibles procesos que puedan regularizar a trabajadoras de otras ciudades de España.  

Leales, sin absentismo laboral, sin conflictividad, discreción, gran capacidad de adaptación... Son algunas de las 'cualidades' que venden varias empresas especializadas en servicios del hogar de una nacionalidad en concreto: empleadas filipinas. El sindicato CCOO ha anunciado este jueves que prepara una denuncia por discriminación ante la Inspección de Trabajo contra varias compañías que presentará “en los próximos días”.

“Ofrecer un puesto de trabajo atendiendo a las supuestas cualidades de una raza es en sí mismo discriminatorio”, sostiene Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO. “No se ofrece un trabajo, sino el supuesto comportamiento de las personas de ese origen frente al trabajo”.

“El caso de las trabajadoras filipinas y este mercado de empresas que las tratan como si fueran meros objetos o instrumentos no es sino un ejemplo extremo de un sector, el de las trabajadoras del hogar, en el que sabemos que la discriminación y los abusos son habituales”, añaden en el sindicato. Abusos como los que relataban a este medio hace unos días empleadas internas en este reportaje.

“Los derechos fundamentales y, por supuesto, las normas laborales, no se quedan a las puertas de los centros de trabajo. Tampoco cuando estamos hablando de domicilios”, insisten en CCOO.

Características de “sumisión y servidumbre”

Una de las compañías señaladas por el sindicato es mimucama, que destaca en su página web que “el servicio doméstico filipino reúne un gran número de cualidades que lo han convertido a lo largo del tiempo en el servicio doméstico preferido por los clientes más exigentes”. Entre ellas, la “lealtad a la familia para la que trabajan”, la “discreción”, la “ausencia de absentismo laboral” y de “conflictividad”, entre otras. En la empresa, contactada por elDiario.es, no han querido hacer declaraciones ante el anuncio de la demanda del sindicato.

CCOO señala empresas también especializadas exclusivamente en empleadas de origen filipino y para clientes “de lujo”, como Luxury Philippines DS Agency. La empresa, con la que ha intentado contactar este medio, apunta en su web que “el servicio doméstico filipino es ampliamente valorado en todo el mundo por su honestidad, lealtad, discreción, gran capacidad de adaptación, por su eficiencia y por la alta calidad de sus servicios”. Entre los horarios ofrecidos incluye “interna 24/7”, un horario que no cumpliría con los descansos mínimos legales en la jornada.

El sindicato denunciarán a estas dos y otras compañías con anuncios similares por atribuir “en función de su origen determinadas características que, a la postre, sugieren sumisión y servidumbre”.

El gabinete jurídico de CCOO considera además que “una actividad empresarial consistente en fomentar y posibilitar la contratación (en el ámbito del servicio doméstico) de personal de origen exclusivamente filipino”, en detrimento de cualquier otra persona trabajadora de distinta nacionalidad que poseyera la misma cualificación profesional, podría constituir “un supuesto de discriminación en el acceso al empleo por razón del origen, de la raza, de la etnia o de la nacionalidad”, prohibido por la legislación.

Por otro lado, si las empresas pretenden “garantizar a las unidades familiares a las que oferta sus servicios que el personal contratado no va hacer uso de los derechos laborales reconocidos por el Ordenamiento Jurídico”, como podría ser los descansos mínimos o el derecho a ausentarse del trabajo estando enfermo (entre otros), “podría resultar asimismo constitutiva de un supuesto de discriminación en el acceso al empleo contrario a la Garantía de Indemnidad y a la Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva amparados además por el artículo 24 de la Constitución”, valora el equipo jurídico del sindicato.

Las empleadas del hogar migrantes de Extremadura rechazan el régimen interno, “la esclavitud moderna”, como refleja un informe que recoge que el trabajo externo en este sector ha crecido 20 puntos desde el 2020, hasta representar el 25 % en 2022.

El informe 'Yo, mujer migrante en Extremadura' ha sido realizado por el Movimiento de Mujeres Migrantes con el apoyo de Alianza por la Solidaridad y la financiación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. En el estudio, que se ha presentado en Mérida este 30 de marzo, Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y los Cuidados, han participado 66 migrantes y recoge que hay empleadas en régimen interno que cobran solo 600 euros, que hay jornadas incluso de hasta 70 horas semanales, o el pago de la hora a seis euros, también por parte de algunas empresas.

Por ello, la presidenta de Mujeres Migrantes de Extremadura, Maryorit Guevara, que ha calificado el régimen interno como la “esclavitud moderna” porque “no tiene límites”, ya que la trabajadora un día es enfermera y al siguiente le toca limpiar las heces del perro.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar, los Cuidados y la Limpieza de Cáceres, Carla Echavarría, ha asegurado que en un domicilio pasan muchas cosas a puerta cerrada. “Nuestros derechos son vulnerados en todo sentido, hay acoso sexual, laboral, psicológico y todas las barbaries que ustedes pueden imaginar”, ha subrayado esta mujer, que era funcionaria pública y empleada de banca en Honduras, de donde huyó por la violencia y la criminalidad que hay en su país.

Echavarría ha indicado a que la inviolabilidad del domicilio no permite hacer inspecciones laborales, por eso las empleadas en régimen interno sufren “todo tipo de vejaciones”. Además, ha expuesto que en teoría el horario laboral es de 40 horas, pero a veces hay que acompañar a las personas hasta las dos o las tres de la mañana, cuando decidan acostarse o porque tienen insomnio, después de la teórica jornada de ocho horas. Debería ser retribuido económicamente o con descanso en el mes siguiente, y “la pernota se regala”, ha señalado.

El diagnóstico recoge, por ejemplo, el testimonio de Eliza (nombre supuesto), que trabajaba en cuidados en régimen interno en Mérida, sin contrato, sin salidas diarias, con libranzas cada 15 días y por 900 euros. Aguantó esta situación durante un año y medio porque acababa de llegar a España y tenía que pagar una deuda en Honduras.

Guevara ha subrayado que hay casos de mujeres que dedican el 70 % de su renta a pagar el arrendamiento y que también hay empresas que “violentan” los derechos de estas mujeres. En la actualidad hay 4.000 mujeres dadas de alta, pero también hay mucha población no registrada que es necesario sacar del “vacío”, ha reclamado.

Además, la presidenta de Mujeres Migrantes de Extremadura ha denunciado el “racismo institucional” que supone la ley de Extranjería, ya que hacen falta tres años de residencia para obtener documentación, y “en ese tiempo hay que vivir de algo”, lo que hace que no haya más remedio que soportar la precariedad del régimen interno.

Según el informe, las migrantes que trabajan por horas han pasado del 12,5 en 2020 al 17,5 % en 2022 y la situación de desempleo ha evolucionado en estos años del 17 % al 10 %, respectivamente.

Por este tipo de situaciones el día internacional que se conmemora este 30 de marzo lleva como lema 'Abolir el trabajo de interna'.

“La chacha no sabe lo que es un grifo”, dijo la señora. Y la “chacha” fue despedida. La gente adinerada de Madrid las llamaba así: “chachas”, diminutivo despectivo de muchacha. Por no saber lo que era un grifo echaron a la calle a Lucrecia Pérez cuando llevaba cuatro semanas en España. “En República Dominicana lo llamamos 'llave', puede que por eso se confundiera”, cuenta su hija, Kenia Carvajal, huérfana desde los seis años. Dos balazos mataron a su madre el 13 de noviembre de 1992; y tres décadas después del que fuera calificado como primer asesinato racista, esas heridas continúan doliendo. Kenia intenta no emocionarse: “Todavía me cuesta un poco”. 

Lucrecia tenía 32 años y provenía del pueblo de Vicente Noble, en la provincia dominicana de Barahona, una de las más empobrecidas del país. Malvivía en las ruinas de la discoteca Four Roses, un decadente palacete de estilo neoclásico a orillas de la autovía de A Coruña, en Aravaca.  

Primero fueron andaluzas y extremeñas. Luego, filipinas; después, dominicanas. En este barrio de Madrid había mucho trabajo para las empleadas domésticas. Originariamente un pueblito cerca de donde luego discurrirían las vías del tren a Hendaya, Aravaca fue bendecida por las clases dirigentes con grandes chalés y urbanizaciones cerradas, a la sombra del cercano palacio de la Zarzuela y de la selecta concurrencia del Hipódromo. Durante las postrimerías de La Movida madrileña, en aquella discoteca –y en la cercana Oh! Madrid–, los retoños de las élites hacían el saludo fascista malinterpretando El imperio contraataca, la irónica canción de Los Nikis que nunca llegaron a comprender.  

Los balazos despertaron a un país ensimismado en los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla y los 500 años del Descubrimiento de América. Un país que pensaba que había dejado definitivamente atrás la violencia policial del tardofranquismo y la Transición. Pero la raíz del fascismo –nunca extirpada– había vuelto a germinar. Fueron tres semillas de odio las que el guardia civil Luis Merino disparó aquella noche. Dos alcanzaron a Lucrecia.  

El asesino tenía 25 años y era el único mayor de edad del grupo que a las nueve de la noche entró en la discoteca. Había conseguido envalentonar a tres jóvenes para subir hasta Aravaca en coche desde la llamada plaza de los Cubos, punto de encuentro de skins y ultras. “Vamos a dar un susto a esos negros para que entiendan que deben marcharse de España”, dijo uno de los jóvenes, según se relató en el juicio. 

Vamos a dar un susto a esos negros para que entiendan que deben marcharse de España", dijo uno de los jóvenes, según se relató en el juicio

Aquella noche la tercera bala alcanzó a Augusto César Vargas, también dominicano, que resultó herido. Las exhaustivas crónicas publicadas por El País aquellos días relatan cómo un grupo de inmigrantes cenaban sopa al calor de una fogata cuando escucharon voces. Luego tres detonaciones, tres destellos. “Vine a morir a España” dijo Lucrecia malherida, recordaba Augusto César meses después en los pasillos del juzgado donde Merino y los tres jóvenes que lo acompañaban fueron condenados a penas que sumaban 126 años de cárcel, 54 para el autor principal.  

Los menores quedaron en libertad en 2001. En 2015, el periódico El Confidencial informaba de que Luis Merino había sido detenido en Coslada por conducir borracho, por lo que 23 años después del crimen –y cuando todavía le quedaban 31 de condena–, ya disfrutaba de algún tipo de beneficio penitenciario que le permitía salir de Alcalá-Meco, la prisión donde cumplía condena. 

Una muerte anunciada 

¿Cómo supo aquel guardia civil ultraderechista dónde se refugiaban los trabajadores dominicanos? Lo había leído en los periódicos. El asesinato no fue fruto de la casualidad. “Sabíamos que iba a pasar algo gordo”, cuenta Mely Romero, histórica activista del movimiento vecinal de Aravaca desde la Asociación Osa Mayor. Es autora del libro Lucrecia: crimen y memoria. Hija de un maestro republicano represaliado y criada en Venezuela huyendo de la dictadura franquista, a sus 86 años la memoria de Mely es diáfana y relata la creciente tensión que se vivía en el barrio.  

La plaza de la Corona Boreal era el lugar de reunión los jueves y domingos de la colonia de migrantes de República Dominicana, en su mayoría mujeres. “Toda concentración de personas causa molestias, sean inmigrantes, sean jóvenes o lo que sean”, cuenta Mely, cuya asociación, en colaboración con organizaciones dominicanas, intentó sin éxito que el Ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano, del PP, se involucrase en la búsqueda soluciones como, por ejemplo, ofrecer un local cubierto en el Centro Cívico de la localidad. 

Las asociaciones de dominicanas estaban preocupadísimas porque no querían causar molestias a los vecinos. Después llegaron las pintadas de ‘stop inmigrantes’, ‘negros fuera’, ‘españoles primero’ y los pasquines por el barrio

Mely Romero — Activista de la Asociación Osa Mayor de Aravaca

En mayo de 1992 enviaron una primera carta a Luis Molina, concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa, de la que dependía Aravaca. En ese escrito daban cuenta de la desatención y la falta de recursos que sufrían los trabajadores dominicanos y de cómo eso estaba afectando a la convivencia. “No obtuvimos respuesta. Pasó el verano y nada. Las asociaciones de dominicanas estaban preocupadísimas porque no querían causar molestias a los vecinos. Después llegaron las pintadas de ‘stop inmigrantes’, ‘negros fuera’, ‘españoles primero’ y los pasquines por el barrio”. 

El contenido de esas octavillas está recogido en el libro El crimen racista de Aravaca del sociólogo Tomás Calvo Buezas, publicado en 1993: “¡ESPAÑOLES! ¡Nuestra patria está en grave peligro! ¡España es una ciudad sitiada! ¡MiIlones de invasores intentan forzar nuestras fronteras! ¡Debido a la desidia y a la blandura de nuestro Gobierno, muchos han conseguido ya invadirnos!”. Esos pasquines contenían hace 30 años la misma retórica de la invasión extranjera que hoy recorre ciertas redes sociales, programas de televisión e intervenciones parlamentarias: algo impensable en 1992.

Bulos, inacción y más policía 

Mientras la Asociación Osa Mayor, la Asociación Cultural y Deportiva Rosa Luxemburgo (ACROLA) y los colectivos de dominicanos insistían en la necesidad de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento ofrecieran locales y medios a los migrantes, sectores conservadores entre los vecinos del barrio se organizaron: pedían mano dura y más presencia policial. Recibieron una amplia resonancia en medios afines. 

La tensión fue creciendo en Aravaca ante la inacción del Ayuntamiento. “Empezaron a llegar bulos, hasta se habló de un niño muerto”, recuerda Mely. El día 1 de noviembre la situación se desbordó cuando el Ayuntamiento envió a la plaza varias patrullas de la Policía Municipal a pedir papeles a las mujeres dominicanas que pasaban la tarde. 

Bernarda Jiménez, que por aquel entonces llevaba casi una década en España –donde había venido a cursar la especialidad de Endocrinología–, era en 1992 presidenta de la Asociación Voluntariado Madres Dominicanas. En 2008 sería la primera mujer migrante en formar parte de la Ejecutiva del PSOE, bajo la secretaría general de José Luis Rodríguez Zapatero. Recuerda aquella redada como una provocación. “Fue en esa plaza donde se creó el caldo de cultivo para que pasara lo de Lucrecia. La policía fue a provocar, estando la plaza llena y llevando a mujeres presas, agarrándolas por el moño y arrastrándolas a un coche patrulla”. Hubo detenciones y el portavoz de la Policía aseguró que cuatro agentes resultaron heridos. 

Jiménez opina que muchas de las personas que se quejaban de la presencia de las dominicanas en las calles eran las que luego las explotaban en casa, haciéndolas trabajar sin descanso y sin derecho a vacaciones. “Nadie tenía papeles y no había forma de legalizarlas”, apunta, y recuerda que el sindicato UGT les repartió una especie de carnés sellados que las identificaba como trabajadoras del hogar: “Con eso los policías las dejaban en paz”. 

Que el racismo mató a mi madre fue algo que supe después

Kenia Carvajal — Hija de Lucrecia Pérez

Tras los incidentes del día 1, el Ayuntamiento convoca de urgencia a la Asociación Osa Mayor. Mely Romero interviene el 3 de noviembre en un pleno de la Junta Municipal de Moncloa. Tras reiterar la necesidad de que intervengan los Servicios Sociales y de abrir locales para los migrantes, pide que se permita tomar la palabra a los portavoces de las asociaciones de dominicanos. Quieren leer un comunicado. “Le contestó el Concejal Presidente, que no procedía la intervención de estas Asociaciones por no haberlo solicitado por escrito”, reza el acta de aquel día. 

La vía de la mediación estaba rota y la tensión continuaba creciendo. “Fue Lucrecia, pero podía haberse llamado de cualquier otra manera. Estábamos avisando de que iba a pasar, pero no nos ponían atención, y mira qué sorpresa más desagradable”, recuerda Jiménez. 

Pulso político por la memoria 

Tres décadas después del crimen, no todo el mundo en Aravaca recuerda a Lucrecia, aunque existe una glorieta con su nombre y un monolito rememora su asesinato. A petición de Izquierda Unida, fue instalado en 2006 en las cercanías de la discoteca Four Roses, junto a la autopista.

Aquel palacete –que durante el franquismo fue la sala de fiestas Nueva Romana y ofrecía “las más bellas maniquíes” y “espectáculos frívolos” en los anuncios por palabras del ABC– fue demolido poco después del crimen para la ampliación de los carriles de la A-6. El solar lo ocupó un edificio moderno, vacío desde hace años. Tanto la glorieta como el monolito se hallan alejados de los transeúntes y del centro del barrio. 

En la plaza de la Corona Boreal una pareja joven con una niña pasea una soleada mañana de sábado. No saben quién fue esta primera víctima de un asesinato racista en España, tampoco saben que un mural, que hasta hace unos meses presidía esta céntrica plaza, la homenajeaba. Lo colocó la alcaldesa Manuela Carmena (“Aravaca libre de racismo. Lucrecia Pérez, 1959-1992”) y fue retirado en 2021, ya con José Luis Martínez-Almeida en el Gobierno municipal, supuestamente para su reparación.  

Una señora mayor, que no da su nombre, tuerce el gesto cuando se le pregunta por aquellos años: “Los dominicanos causaron muchos problemas”. Otras dos señoras de edad, Isabel y Elena –que se declara suscriptora del ABC– la contradicen, aunque admiten no recordar con claridad lo que sucedió. “Simplemente eran personas que habían venido a trabajar. A mí me lo contó una amiga”, dice Isabel.  

Los partidos de izquierda, la Asociación Osa Mayor y los familiares vienen reclamando que el mural se vuelva a colocar en el mismo lugar, en el corazón de Aravaca. De momento el Ayuntamiento está preparando la inauguración, de cara al próximo día 13, de una escultura de gran tamaño en la glorieta que a las afueras del barrio lleva el nombre de Lucrecia. El autor del monumento, José Gabriel Astudillo, asegura que representa un canto contra la intolerancia y la xenofobia. “La escultura gustó y me dijeron que tirara hacia adelante con ello”, relata a elDiario.es.  El pasado 29 de octubre, preparando el terreno para recibir el monumento, los operarios –algunos de origen caribeño– desconocían la figura de Lucrecia.

Mely y Bernarda también piden la vuelta del mural retirado y señalan que por la glorieta donde se ubicará la escultura solo pasan coches. “¿Quién se parará a preguntarse quién era Lucrecia?”. Ellas no acudirán a esa inauguración oficial. Tampoco lo hará Kenia Carvajal. En su lugar, participarán la víspera en un homenaje organizado por la embajada de la República Dominicana en la sede de la UGT. 

El discurso de Vox

 A 6.500 kilómetros de Aravaca, en Vicente Noble, el pueblo de Lucrecia, una calle también lleva su nombre. Todavía su hermano Luis conserva allí la casa familiar. Como hiciera su madre, Kenia dejó el pueblo para buscar una vida mejor. Fue a la universidad y a los 25 años viajó a España con su marido. Al teléfono, recuerda cómo el silencio se impuso durante años en su familia: “Que el racismo mató a mi madre fue algo que supe después”. 

No tiene recuerdos de Lucrecia. “Desde pequeña sí me contaban que era una mujer buena, trabajadora, que le gustaba ganarse el día a día para que a su familia no le faltase la comida”. Sabe, porque se lo han contado, que cuando su madre marchó a España solo pudo despedirse de ella. 

Hoy colabora con el Movimiento contra la Intolerancia y contempla con preocupación cómo aquel discurso de las octavillas que habla de “invasión de inmigrantes” ha entrado ya en los Parlamentos y los programas de máxima audiencia. “Con Vox el discurso xenófobo ha aumentado. Hay personas que aprovechan por ejemplo las noticias de peleas entre bandas para decir que todos los latinos somos iguales. Parece mentira que en el siglo XXI todavía haya quien nos trata como si no fuésemos humanos. Todos tenemos sentimientos”.  

Parece mentira que en el siglo XXI todavía haya quien nos trata como si no fuésemos humanos. Todos tenemos sentimientos

Kenia Carvajal

Bernarda Jiménez también ve con preocupación el nuevo auge de la ultraderecha, pero cree que la sociedad española hizo un gran esfuerzo por superar el racismo. Recuerda las multitudinarias manifestaciones de repulsa que recorrieron el país: “A propósito de la Memoria Democrática, ahora más que nunca, creo que viene bien recordar bien esto”. 

“Al menos a través de su muerte se empezaron a abrir oportunidades para otros inmigrantes”, apunta Kenia. “Es una pena que tuviera que ocurrir algo tan fuerte para que la gente tomase conciencia”. 

La conmoción de aquel asesinato, esa conciencia despertada por tres disparos, fue la que al año siguiente llevó al cantautor granadino Carlos Cano a componer su Canción para Lucrecia, cuyas estrofas dicen así:  

Yo te quiero cantar / y pedirte perdón / por tu muerte Lucrecia, / por esta canción, / que comprenda la luna / el ron y la palmera / que en tu isla canela / sólo come el tiburón / ¡Ay!, cuatro rosas de fuego / ardiendo salieron / y todo acabó. / ¡Ay! cuatro rosas dejaron / la flor de un disparo / en tu corazón.