Las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, ZEC, MOVIMIENTO SUMAR y PCE, ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FABZ y FAPAR, han anunciado su intención de ir a la huelga los días 19 y 20 de mayor como protesta ante la inminente concertación del Bachillerato en Aragón. Tras reiterar su rechazo por el ataque que supone a la escuela pública, han desgranado una serie de medidas y movilizaciones encaminadas a que el nuevo Gobierno paralice esta situación.

Además, como ya anunciaron, van a interponer un Recurso Contencioso Administrativo, “en el que denunciamos la alevosía, las formas y el momento en el que se ha publicado la convocatoria, con un Gobierno en funciones, lo que condiciona considerablemente su capacidad de obrar, y con una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, que no permite la incorporación de gasto nuevo”.

Igualmente, inician movilizaciones encaminadas a que la comunidad educativa de la Escuela Pública respalde este rechazo “y haga patente el agravio comparativo que se produce al desviar fondos públicos para necesidades ya cubiertas (recordamos que hay plazas públicas pagadas y vacantes), mientras los centros públicos presentan carencias que deterioran su trabajo y su imagen, por la dejación de responsabilidades de la Administración con ellos”.

A juicio de las organizaciones, “no se trata solo de una competencia entre centros públicos y concertados en las ciudades, sino de un cambio de modelo educativo, que afecta a todo el territorio (y no olvidemos que la Escuela Pública llega a todos los rincones) y en el que el Gobierno del Partido Popular tiene una preferencia por los servicios privados, que manifiesta no solo por el respaldo económico que reciben, sino también por el deterioro al que somete a los servicios públicos, en este caso el educativo”.

Entre las próximas acciones, se encuentra el rechazo de claustros y consejos escolares a la concertación mediante escrito que registrarán en acto público para que expresar sus necesidades particulares. También habrá concentraciones en los centros los miércoles. Los convocantes asistirán los días 22 y 29 de abril, así como el 6 y 13 de mayo para compartir la visibilidad de sus centros en Huesca y Zaragoza y Teruel.

Las entidades organizarán asambleas informativas en las ciudades y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud y Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro, para que las comunidades educativas de distintos centros y la ciudadanía pueda sumarse a la defensa de un servicio público.

La huelga educativa en Aragón los días 19 y 20 de mayo se plantea como rechazo del profesorado, familias y alumnado “a una decisión injusta que relega a la Escuela Pública”. En este sentido, han recordado sus exigencias en materia de fijación del presupuesto en Educación no inferior al 4% del PIB a Educación y con compromiso de ejecución de, al menos, el 80% del presupuesto, teniendo como horizonte aproximarnos a un 7% al acabar la legislatura. Además de la paralización de la Orden del 8 de abril, exigen la no ampliación de conciertos y revisión de los actuales. Igualmente, reclaman una dotación adecuada de recursos humanos y materiales, con un incremento en la dotación presupuestaria para los centros y la ampliación de recursos de orientación, entre otros.

La escuela pública pide garantías de inclusión y atención a la diversidad, con una dotación suficiente de recursos humanos, un plan de Infraestructuras, atención a la escuela rural, la revisión y mejora de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente y servicios complementarios de calidad, con transporte, comedores, conciliación y actividades extraescolares garantizadas. En definitiva, “acciones para defender la Educación Pública como servicio que garantiza una escuela de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita.  Recordamos que los derechos, si no son para todos, son privilegio de unos pocos y el Derecho Fundamental de la Educación solo lo garantiza la Escuela Pública”, concluyen.

EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.

El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha puesto en marcha el procedimiento para que el Bachillerato concertado sea una realidad en Aragón a partir del curso 2026-2027, a pesar de la situación de prórroga presupuestaria en la Comunidad. El Departamento de Educación ha aprobado una modificación de la Orden de conciertos que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta medida habilita la posibilidad de subvencionar hasta 65 unidades en alrededor de una veintena de centros educativos, con un coste estimado de unos siete millones de euros anuales.

El plazo para solicitar estos conciertos será de diez días y la orden contempla también la posibilidad de retroactividad para los centros que ya se presentaron. Según el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, tras la publicación en el BOA los servicios provinciales convocarán las mesas de conciertos para tramitar las solicitudes o ratificar las ya presentadas. “A partir de ese momento saldrá una resolución provisional que suele ser prácticamente igual a la definitiva, en la que ya se indican los centros y las enseñanzas que van a tener concertadas”, ha señalado.

Según han explicado desde el Ejecutivo, la financiación de esta medida se llevará a cabo mediante una modificación en la partida plurianual que ya está aprobada hasta 2031. El coste total es de siete millones de euros, de los que 2,7 se aportarán del presupuesto de 2026, todavía sin presentar ni aprobar.

Este movimiento permite al Ejecutivo sortear la falta de nuevos presupuestos, aunque esta medida no se ha aplicado a otras áreas de urgencia. Mientras se asegura la financiación para que las familias de la educación privada pasen de pagar 400 euros a un máximo de 36 euros mensuales, siguen en suspenso las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio o las inversiones bloqueadas por el actual clima de inestabilidad legislativa en las Cortes.

La normativa establece que los centros que accedan a la concertación deberán cumplir criterios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas, en función de la planificación de la escolarización en cada territorio. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido que la medida responde al compromiso del Ejecutivo con un “modelo educativo plural” y con la “libertad de elección de las familias”. La medida se iniciará en primero de Bachillerato.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene en suspenso otras medidas anunciadas en materia educativa, como la gratuidad de la educación infantil, que el propio Departamento vincula a una mayor complejidad normativa: “Ambas cosas fueron promesas electorales que estamos dispuestos a cumplir y se cumplirá, pero hay que ir adaptándose a las posibilidades de estar, por un lado, en funciones, por otro lado, por la prórroga presupuestaria”.

Rechazo de sindicatos, familias y oposición

Por su parte, la CGT Enseñanza Aragón, segundo sindicato del sector en la educación pública, ha anunciado movilizaciones en respuesta a la decisión. El sindicato ya convocó tres días de huelga el pasado enero contra la expansión de la enseñanza concertada y ha avanzado que decidirá nuevas acciones en asambleas internas. Además, recuerda que existen más de 2.000 plazas vacantes en la escuela pública aragonesa y considera que la inversión prevista supone un uso ineficiente de los recursos públicos.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón también ha manifestado su “rotundo y frontal rechazo” al anuncio de la concertación. “Esta organización considera que la medida es totalmente innecesaria, dado que los centros públicos de la comunidad cuentan con plazas suficientes para garantizar la escolarización de todo el alumnado que desee cursar estos estudios”. El sindicato subraya que “destinar dinero público a servicios que la administración ya ofrece de forma gratuita y con excedente de oferta podría considerarse un uso arbitrario de los recursos de la ciudadanía, rozando lo que legalmente se define como malversación de los fondos públicos”. Consideran de “especial gravedad” el hecho de que este anuncio se produzca con un gobierno en funciones y sin presupuestos aprobados. Añaden también que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para denunciar y frenar esta situación en los tribunales.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón ha expresado su “profundo malestar” ante esta medida que “solo se justifica desde un punto de vista ideológico que, es evidente, perjudica notablemente a la Escuela Pública”. También han criticado que está decisión la tome un gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados: “No entendemos que esta decisión se adopte con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, que precisa de una inversión de más de siete millones de euros, que de alguna parte deberán detraerse y no será de lo destinado inicialmente a la red concertada, por lo tanto, será en detrimento, una vez más, de la Escuela Pública”. Han acusado al Departamento de tomar decisiones con “alevosía” y de “falta de respeto” a las organizaciones miembros de la Comisión de Garantías de Escolarización de Secundaria (y Bachillerato), entre ellas FAPAR, ya que no se les informó de este cambio que afecta a la oferta educativa del próximo curso.

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha presentado ya en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para frenar la implantación de la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón. CHA considera que esta medida “no responde a necesidades reales del sistema educativo”. Isabel Lasobras ha señalado que “la concertación del Bachillerato puede provocar un desplazamiento de alumnado hacia centros privados, debilitando progresivamente los institutos públicos”. Añade que esta política “incrementa además las desigualdades territoriales y sociales, beneficiando principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios”. La proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a “descartar la implantación de conciertos educativos en Bachillerato”; “renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil y avanzar hacia una red pública suficiente”; “reforzar la red pública educativa aragonesa en todas las etapas”; “priorizar la inversión en los centros públicos”; “garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés”; y “evitar la externalización de las enseñanzas de Formación Profesional”.

El diputado socialista Jorge Pastor ha criticado el “recorte de Azcón a los servicios públicos y en concreto a la educación pública”, con el anuncio del concierto de Bachillerato realizado hoy. El grupo socialista ha registrado una solicitud de información a la DGA sobre la legalidad y oportunidad de un convenio nuevo para la concertación de Bachillerato, “anunciado en periodo de prórroga presupuestaria, con un gobierno en funciones y mientras el gobierno de Azcón sigue recortando servicios públicos”. “El gobierno en funciones de Azcón solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos”. Así lo ha dicho este mediodía en rueda de prensa el diputado socialista, Jorge Pastor, quien ha asegurado que el anuncio realizado sobre el concierto de Bachillerato para el próximo curso “supone la asfixia de la educación pública”.

Desde Izquierda Unida Aragón han mostrado su rechazo a la decisión. La coordinadora y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada en el bachillerato”. Izquierda Unida Aragón denuncia además la “contradicción del Ejecutivo”, que justifica la medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad. “Los conciertos educativos, lejos de garantizar la equidad, generan segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real”, ha subrayado la portavoz. La formación critica también el contexto en el que se adopta la medida: un Gobierno en funciones, sin capacidad de control parlamentario y con presupuestos prorrogados, que decide modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso. “Esto deja claro cuáles son sus prioridades y a quién sirven: no a las aragonesas y aragoneses, sino a los intereses de determinados sectores privados”, ha afirmado Abengochea.

“Reforçarem el paper de la Formació Professional dual millorant la seua inserció en el mercat laboral i ampliant els seus plans curriculars perquè els programes educatius responguen als problemes reals de les empreses i les pimes”. Aquestes paraules les va pronunciar l’expresident Carlos Mazón el 13 de juliol de 2023 en les Corts Valencianes durant el seu discurs d’investidura com a nou cap del Consell, tal com consta en el Diari de Sessions del parlament autonòmic.

No obstant això, aquesta ‘aposta’ del Govern del PP —llavors amb Vox— no s’ha correspost amb els fets, segons es desprén de les dades facilitades davant una pregunta parlamentària del diputat del PSPV José Luis Lorenz sobre la implantació i la supressió de cicles formatius en els últims cursos. Així doncs, mentre en els dos últims cursos planificats pel Govern del Botànic (format pel PSPV, Compromís i Unides Podem) va augmentar l’oferta pública de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, per a aquest curs s’han eliminat nou unitats.

El curs 22/23 es van crear un total de 221 cicles: 93 de Grau Superior presencial, 58 de Grau Mitjà presencial, 28 d’FP Bàsica, 19 de Grau Superior semipresencial, 17 de cursos d’especialització i sis de Grau Mitjà semipresencial, mentre que no es van habilitar noves unitats de cursos d’especialització semipresencial.

El curs següent, el 23/24, últim planificat pel Botànic, es van habilitar 153 noves unitats: 60 en graus superiors presencials, 44 de Grau Mitjà presencial, 23 de Grau Superior semipresencial, 18 en cursos d’especialització i huit en graus mitjans semipresencials; no es van crear noves unitats en FP Bàsica ni en cursos d’especialització semipresencials.

Aquestes dades contrasten amb l’oferta pública de Formació Professional en la Comunitat Valenciana per a aquest curs, en què s’han eliminat nou unitats en total. D’aquesta manera, mentre que s’han creat quatre unitats en graus superiors semipresencials, tres en cursos d’especialització semipresencials, dues de Grau Mitjà semipresencial i una en cursos d’especialització, se n’han eliminat deu de Grau Mitjà presencial, set de Grau Superior presencial i dos d’FP Bàsica.

“Aquestes dades demostren la ‘gran aposta’ del Partit Popular per la Formació Professional, a què es va comprometre Mazón i en el que no han fet res”, apunta el diputat autonòmic del PSPV José Luis Lorenz, que explica que el Govern valencià encara no li ha facilitat dades del curs 24/25. “Mentre l’interés social per l’FP creix, amb un augment de la demanda, la Conselleria redueix l’oferta pública; la Generalitat es plega als interessos de la concertada i continua apostant per les privatitzacions, tant en educació com en sanitat”, es lamenta el parlamentari socialista.

L’oferta privada d’FP continua creixent

Segons les dades recollides en un estudi elaborat per CCOO-PV, més d’un terç dels cursos de Formació Professional es desenvolupen en centres valencians de titularitat privada i, a més, l’oferta es concentra en els cicles que tenen una inserció laboral més elevada. A més, en l’últim any, la privatització es va incrementar en un 10% respecte del curs anterior.

Així doncs, de les 196.660 places de Formació Professional (FP) en tots els nivells i modalitats oferides per la Conselleria d’Educació en el territori valencià, 68.518 s’imparteixen en centres de titularitat privada, és a dir un 34,84% de l’oferta total.

“Reforzaremos el papel de la formación profesional dual mejorando su inserción en el mercado laboral y ampliando sus planes curriculares para que los programas educativos respondan a los problemas reales de las empresas y pymes”. Estas palabras las pronunció el expresident Carlos Mazón el 13 de julio de 2023 en las Corts Valencianes durante su discurso de investidura como nuevo jefe del Consell, tal y como consta en el Diari de Sessions del Parlamento autonómico.

Sin embargo, esta 'apuesta' del Gobierno del PP -entonces con Vox- no se ha visto correspondida con los hechos, según se desprende de los datos facilitados ante una pregunta parlamentaria del diputado del PSPV José Luis Lorenz sobre la implantación y supresión de ciclos formativos en los últimos cursos. Así, mientras en los dos últimos cursos planificados por el Gobierno del Botànic (formado por PSPV, Compromís y Unides Podem) aumentó la oferta pública de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana, para el presente curso se han eliminado nueve unidades.

El curso 22/23 se crearon un total de 221 ciclos: 93 de Grado Superior presencial, 58 de Grado Medio presencial, 28 de FP básica, 19 de Grado Superior semipresencial, 17 de cursos de especialización y seis de Grado Medio semipresencial, mientras que no se habilitaron nuevas unidades de cursos de especialización semipresencial.

El siguiente curso, el 23/24, último planificado por el Botànic, se habilitaron 153 nuevas unidades: 60 en grados superiores presenciales, 44 de Grado Medio presencial, 23 de Grado Superior semipresencial, 18 en cursos de especialización y ocho en grados medios semipresenciales; no se crearon nuevas unidades en FP Básica ni en cursos de especialización semipresenciales.

Estos datos contrastan con la oferta pública de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana para el presente curso, en el que se han eliminado nueve unidades en total. De este modo, mientras se han creado cuatro unidades en grados superiores semipresenciales, tres en cursos de especialización semipresenciales, dos de Grado Medio semipresencial y uno en cursos de especialización, se han eliminado diez de Grado Medio presencial, siete de Grado Superior Presencial y dos de FP Básica.

“Estos datos demuestran la 'gran apuesta' del Partido Popular por la Formación Profesional, a la que se comprometió Mazón y en lo que no han hecho nada”, apunta el diputado autonómico del PSPV José Luis Lorenz, quien explica que el Gobierno valenciano todavía no le ha facilitado datos del curso 24/25. “Mientras el interés social por la FP crece, con un aumento de la demanda, la Conselleria reduce la oferta pública; la Generalitat se pliega a los intereses de la concertada y sigue apostando por las privatizaciones, tanto en educación como en sanidad”, se lamenta el parlamentario socialista.

La oferta privada de FP sigue creciendo

Según los datos recogidos en un estudio elaborado por CCOO-PV, más de un tercio de los cursos de Formación Profesional se desarrolla en centros valencianos de titularidad privada y, además, la oferta se concentra en aquellos ciclos que tienen una inserción laboral más elevada. Además, en el último año, la privatización se incrementó en un 10% respecto al curso anterior.

Así, de las 196.660 plazas de Formación Profesional (FP) en todos los niveles y modalidades ofrecidas por la Conselleria de Educación en el territorio valenciano, 68.518 se imparten en centros de titularidad privada, es decir un 34,84% de la oferta total.

Durante esta semana, colegios e institutos públicos de Aragón han paralizado parte de su actividad debido a la huelga educativa convocada por CGT para protestar por el plan del Gobierno de Azcón de concertar el bachillerato y para exigir la paralización de las “subvenciones a empresas privadas para financiar el primer ciclo de infantil”. El sindicato ha dado cifras de seguimiento de más del 50%, que contrastan con las aportadas por el Departamento de Educación, que rondan el 21% en personal docente y el 5,5% en personal no docente.

Este jueves, unas 12.000 personas, según cifras de CGT, se han manifestado por las calles de Zaragoza en una “movilización histórica y sin precedentes” bajo el lema 'dinero público para la pública' en el tercer día de huelga educativa. Los profesionales denuncian la “situación de abandono que sufren por parte del Gobierno de Aragón”.

José Luis Ruiz, portavoz de CGT, explica que “según los datos que nos han facilitado los centros, un 52,3% del profesorado ha secundado la huelga para exigir que los más de 20 millones de euros que Azcón quiere despilfarrar en seguir privatizando la enseñanza aragonesa, se destinen a solucionar problemas que la escuela pública tiene por su infradotación económica, y buena parte de ese profesorado ha estado con el alumnado en la multitudinaria manifestación de esta mañana en la que han participado aproximadamente 12 mil personas”. La mencionada fuente sindical señala que “el Gobierno de Aragón destina a educación apenas un 3,6% de su PIB, casi un 25% menos que la media estatal, que es de un 4,6%, eso hace que cuando reclamamos mejoras en las condiciones laborales, más profesorado y personal no docente, mantenimiento de las instalaciones y edificios, cocinas o climatización, se nos diga sistemáticamente que no hay dinero, pero ahora vemos que sí hay dinero, pero que se quiere destinar a seguir privatizando la enseñanza”. 

Para finalizar Ruiz denuncia que “el profesorado no puede más ante la dejación del departamento de educación, el hartazgo es general, y si un % está dispuesto a que su nómina se vea recortada para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que los problemas de esta no nos los inventamos como así señalan desde el Gobierno de Aragón”

Las reivindicaciones empezaron el martes 20 de enero, con una concentración ante el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Desde CGT señalaron que “el profesorado no puede más ante la dejación del departamento de educación, el hartazgo es general, y por esa razón hoy ha sido un día histórico, porque de una forma muy mayoritaria los y las docentes están aquí, con un seguimiento que estimamos con los datos que nos han facilitado los centros de 45,8%, que llega a un 47’6 en la provincia de Zaragoza. Todo pese a unos servicios mínimos abusivos y a las informaciones que se han vertido para desmovilizar, la gente ha estado en la calle aquí, con muchísimos centros que han secundado al 100% la huelga”. Ese día, Ruiz denunció que “concertar el bachillerato es innecesario, ya que hay 2.300 vacantes en la pública, lo que hace que los 7 millones de euros que se quieren destinar a su concertación sea un malgasto de dinero público, cuyos únicos motivos son ideológicos y de ampliar privilegios a unos pocos”. El representante sindical reivindicó que “con esos 7 millones más los más de 13 que se quieren destinar a subvencionar guarderías privadas el próximo curso, todos los centros educativos públicos de Aragón con comedor podrían disponer de una cocina in situ, y dejar de dar al alumnado la cocina pre cocinada que actualmente se les da, esto solo el primer año, al siguiente se podría poner ascensores, climatización renaturalizar patios, contratar más profesorado, más personal no docente…”. 

El miércoles, la concentración se produjo ante la Consejería de Educación en un segundo día de movilizaciones en las que también hubo un charla debate en la sede de CGT en la que han participado unas sesenta personas, y una bicifestación que partió desde la mencionada sede hasta la Consejería de Educación, y que atravesó todo el centro de la ciudad. Según el sindicato, el seguimiento durante la segunda jornada fue del “48,4% en la provincia de Zaragoza, y de un 46,1% en todo el territorio aragonés”. Según Ruiz “el hecho de que tantos docentes sacrifiquen parte de su sueldo para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que el discurso de la Consejería de que no hay ningún problema y nos inventamos las cosas es totalmente falso y un insulto a la inteligencia de alumnado, profesorado y familias. Si a esto sumamos que vemos que sí hay dinero para concertar de manera innecesaria el bachillerato, pues el hartazgo es general, esto puede ser la gota que hay colmado el vaso”.

En las dos primeras jornadas, el Departamento de Educación ha cifrado el seguimiento de la huelga el martes en el 14,75% de personal docente y 2,07% de personal no docente y el miércoles en 14,11% de los docentes y el 2,17% del personal no docente.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha reclamado a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, la rescisión de la financiación pública del colegio concertado San Vicente de Paúl, en Zaragoza, después de que se conociera que el centro cedió sus instalaciones para un acto público de la Fundación Francisco Franco. Desde el Departamento de Educación exponen que el concierto educativo atañe “a la educación que se presta en el centro” y “no tiene nada que ver con el uso de sus instalaciones”.

Para STEA, “es inadmisible que un centro sostenido con fondos públicos ataque los valores constitucionales”, y subraya que el caso evidencia “dónde se da realmente el adoctrinamiento a los alumnos”. El sindicato ha solicitado que Inspección Educativa investigue los hechos y, de confirmarse, se rescinda el concierto con la orden propietaria, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

La celebración, denunciada inicialmente por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, tuvo lugar el 29 de noviembre, tras ser cancelada previamente en un hotel debido a su contenido. La Fundación optó por trasladar el acto al colegio y mantener en secreto la ubicación, dando pistas limitadas sobre su localización. La Coordinadora calificó el evento como “absolutamente inadmisible” y exigió la dimisión inmediata de la directora y el equipo directivo del centro, al considerar que la cesión de un espacio educativo para un acto franquista vulnera los valores democráticos y el deber de diligencia exigible a un centro concertado.

El colegio reconoció posteriormente la celebración del acto y la cedió como “un favor personal”, alegando desconocer su contenido, argumento que tanto STEA como la Coordinadora consideran insuficiente. Desde la Fundación Nacional Francisco Franco, el acto se defendió como “privado y respetuoso con el ordenamiento jurídico” y se presentó como un homenaje al dictador.

Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón recordó que “toda ideología debe quedar fuera de las aulas” y subrayó que los conciertos educativos se refieren exclusivamente a la educación que se imparte en el centro, no al uso de sus instalaciones fuera del horario lectivo. La responsabilidad sobre la cesión de espacios, según la Administración, recae únicamente en la titularidad del colegio.

STEA ha insistido en que “la defensa de que la ideología quede fuera de las aulas tiene que demostrarse en actos” y ha reivindicado la educación pública como “la mejor garante de la calidad, la igualdad y los valores de libertad”, frente al impulso de colaboración con centros privados que, según el sindicato, “priorizan intereses ideológicos y económicos”.

En Madrid la escuela concertada le ha ganado a la pública. De los 540.332 alumnos escolarizados en la capital, 215.133 estudian en centros privados subvencionados, mientras que 214.711 acuden a la educación pública cada día. Estas cifras, aunque muy cercanas entre ellas, muestran la tendencia hacia un modelo de educación concertada asentado en el municipio desde que existen datos diferenciados, hace más de dos décadas.

Se trata de una preferencia que se impone en la ciudad desde el año 2002, cuando la suma de la demanda de la educación concertada y privada supera con creces a la de la educación pública. La privada ha experimentado altibajos en sus cifras desde que se tienen registros, aunque, en el último curso académico actualizado (2023-24) ha alcanzado récord de alumnado: el 20,4% del total de estudiantes está matriculado en centros privados sin concierto.

El 39,83% de los alumnos que estudian en el municipio están escolarizados en la educación concertada, un modelo que recibe financiación pública pero que también cobra a los alumnos. En el 100% de estos centros (colegios privados con concierto) se cobra la cuota base a las familias, pese a que la Lomloe prohíbe establecer como obligatorio en Primaria y Secundaria.

No todos los centros cobran lo mismo. Uno de los factores que influyen en la cuantía de las cuotas que pagan las familias es la forma jurídica de los centros concertados. Mientras los que están constituidos como empresas tienen de media cuotas más altas, los que dependen de fundaciones presentan cuotas inferiores. En la cúspide de los pagos más elevados se encuentran los colegios de titularidad mercantil.

El Partido Popular de Madrid ha convertido a la educación concertada en el núcleo central de su política educativa desde hace más de 20 años, cuando obtuvo las competencias de Educación. Esta tendencia se agudizó desde que Esperanza Aguirre ganó las elecciones en el año 2003, y se materializa en cuestiones como la cesión de suelo público a coste muy bajo para que se construyan centros, que antes de nacer ya tienen el concierto asegurado. Esta práctica (conceder el concierto antes de su construcción) era ilegal hasta el año 2013 cuando José Ignacio Wert, exministro del PP, la regularizó en su Lomce para validar el modelo de la Comunidad, y volvió a ser prohibida en la Lomloe, aunque de una manera ambigua, que de facto no ha conseguido detener las cesiones de suelo en la región.

Ese modelo lleva a las familias a la concertada de manera natural. Nuria es madre de dos hijos y vive en Carabanchel. Su hija menor tiene 16 años y estudia en un instituto concertado del distrito: “La mayoría de colegios que tengo alrededor de casa son concertados, y opté por lo fácil, al ser antigua alumna sabía que tenía muchas posibilidades de que mis hijos pudieran entrar”, explica.

Los centros y los distritos

Madrid cuenta con 1.383 centros educativos de Régimen General en los que se encuentran matriculados 540.332 alumnos, repartidos entre los 21 distritos del municipio. La distribución de estudiantes entre los tres modelos existentes —público, concertado y privado— es dispar y no responde, en todos los casos, a los criterios socioeconómicos de los barrios en los que viven.

De los ocho distritos madrileños que tienen más alumnos escolarizados en la educación concertada que en la pública (Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, La Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal), la mitad (Tetuán, La Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal) presenta una renta media bruta anual del hogar por debajo de la media del municipio (64.574 euros).

Nuria explica que su hijo mayor estudió en la concertada en todas las etapas educativas y, ahora, su hija de 16 años sigue escolarizada en el mismo centro: “No creo que la educación concertada sea mejor que la pública”, dice. Aunque ella no es creyente, ha escogido un colegio católico, ya que las otras opciones del barrio no le convencían: “Los públicos que tengo cerca de casa, desde el exterior, veo que tienen menos instalaciones, menos patios e incluso, en los que he ido a votar, he percibido que las clases están menos cuidadas”. 

El reparto de centros

De los 1.383 centros educativos, 536 son públicos, 366 concertados y 481 privados. La educación concertada acapara el 26.5% de la oferta educativa de centros en el municipio y es especialmente llamativa ya que, a pesar de ser el modelo educativo con menor oferta de centros, su demanda es superior a la de la educación pública y la privada. 

Mientras la escuela pública madrileña presenta unos datos de alumnado difíciles de encontrar en otro lugar de España —solo 4 de cada 10 estudiantes estudia en la pública—, la suma de centros privados y concertados acapara más del 60% de la oferta de centros de Educación en Régimen General, y evidencia una tendencia educativa hacia modelos no públicos de enseñanza en el municipio, que desde la Comunidad de Madrid promueven en las diferentes etapas educativas. 

Avelino tiene dos hijos que estudian en un colegio concertado en el distrito de Hortaleza: “Llevamos a nuestros hijos aquí porque mi mujer y yo estudiamos en el mismo centro”. Aunque considera que el profesorado de la concertada no es mejor que el de la pública, explica que el ambiente es “más familiar”, un aspecto que las familias valoran, asegura, a la hora de escoger colegio para sus hijos.

La flexibilidad horaria es otro de los factores que influyen en la elección de centro: “Es una ventaja que podamos recogerlos a las cuatro de la tarde”, explica Avelino, que, además, pone en valor la calidad humana del colegio: “A lo mejor no está dotado con la mejor tecnología, pero personal no falta”, añade.

Los distritos

El 75% de los distritos cuenta con más centros públicos que concertados. Sin embargo, esta cifra no se traduce en la matriculación de los alumnos, ya que en más del 70% de los distritos la suma de centros concertados y privados es mayor que la de los públicos en su conjunto, que no siempre cuentan con las plazas necesarias para asumir la demanda de alumnado. Mientras en Chamartín ni el 20% de los alumnos estudian en un centro público, en Villaverde más del 60% sí lo hacen, según se puede ver en el siguiente gráfico.

La educación para adultos, la única excepción

Esta radiografía de la educación madrileña de enseñanzas de Régimen General se complementa con los centros educativos de Régimen Especial, donde estudia el alumnado que requieren apoyos especializados y medidas específicas por sus necesidades educativas. En el municipio, casi la mitad de los centros que prestan este servicio, 42 de 90, son privados, una oferta que dificulta el acceso a una plaza pública y agudiza aún más la tendencia hacia modelos de educación de pago.

En contraposición, la Educación para adultos constituye la excepción del municipio y choca frontalmente con la tendencia educativa que impera en el resto de modelos. Hasta 28 de los 32 centros de Educación para adultos son públicos. En el 90% de los centros que prestan este servicio sus alumnos reciben educación de forma completamente gratuita.

El sindicato ELA ha decidido presentar una demanda ante los tribunales para exigir que se aplique la reducción de la hora lectiva recogida en el acuerdo de fin de huelga consensuado en los centros concertados de Euskadi. Además, ha anunciado su intención de continuar con las movilizaciones. Según ha explicado en un comunicado, el intento de conciliación previo se produjo a finales de septiembre, pero “la negativa de las patronales a reducir esa hora y su finalización sin consenso” ha llevado a ELA a “no tener más remedio que acudir a la vía judicial”.

El sindicato ha denunciado que “la mayoría de los centros concertados no han reducido la hora lectiva pactada en el acuerdo de fin de huelga para el curso 2025-2026”, si bien “alrededor del 10% de los centros de iniciativa social [como denominan a colegios privados en este sindicato] sí han decidido omitir las directrices de las patronales y cumplir con lo acordado”, según recoge Europa Press. Por ello, “como si hay voluntad se puede aplicar”, ELA ha pedido a las direcciones de los centros de iniciativa social que reduzcan esa hora lectiva “de forma inmediata”. Mientras tanto, ha anunciado seguirá “trabajando también en la vía de las movilizaciones”.

Ya ha tenido lugar la segunda mesa por el pacto anti segregación escolar que promueve el departamento de educación del Gobierno Vasco, y por segunda vez, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de madres, patronales de la educación privada y un sinfín de asociaciones relacionadas con la discapacidad y la infancia hemos sido citados en uno de los centros públicos más nuevos, más modernos, más elegantes, más blancos, más limpios y, estoy seguro, más grandes, de nuestra red de centros públicos, y con todos los medios de comunicación convocados para atender a las consiguientes declaraciones de la consejera.

CCOO Irakaskuntza —lo hemos expresado en la propia mesa— cada vez se encuentra más incómoda y más utilizada en una mesa con la que no comparte planteamientos, no comparte metodología, no comparte objetivos, no comparte diagnóstico y no comparte ni las medidas ya implementadas para combatir el mayor problema que tiene nuestro sistema educativo, ni la valoración simplista y autocomplaciente que se hace del resultado de las mimas.

No compartimos el planteamiento de la mesa por muchos motivos. La elección no casual de los escenarios en los que se llevan a cabo las reuniones, pretenden dar una imagen de escuela pública vasca moderna, bien dotada y nueva en equipamientos, una imagen que se aleja de la verdadera realidad de la gran mayoría de los centros. La composición de la propia mesa es muy significativa. Cuenta con un abanico extensísimo y variado de participantes, muchos de los cuales no tienen más que una relación tangencial con el foco del tema que nos ocupa, lo que, claramente debilita el debate, como bien han demostrado los incómodos silencios en el momento de las intervenciones en esta la última reunión, y la notoriedad de que los participantes con más argumentario hemos sido sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y madres, y patdronales, con un silencio denso del resto.

Tampoco compartimos la metodología. Tras un par de sesiones para dar “la oportunidad” de matizar un diagnóstico sobre la segregación escolar en Euskadi que no compartimos ni los sindicatos, ni los partidos políticos ni las asociaciones de padres y madres que hoy hemos tomado la palabra, se pasará, sin más acuerdos al respecto, a un texto base para el acuerdo, que será elaborado de la misma forma, por el departamento de forma unilateral, y al que los participantes tendremos la oportunidad de aportar sólo matices. Unos matices que, al igual que ha ocurrido con el diagnóstico, no podremos conocer quienes los aportan, ni cuales de ellos son rechazados ni por qué.

Mucho menos compartimos los objetivos. La consejera Pedrosa, no ceja en su empeño, y repite una y otra vez que esta mesa cuenta con un único objetivo: combatir la segregación escolar. El despliegue, el escenario, la composición de la mesa, los invitados estelares y la difusa y guiada metodología de trabajo demuestran, sin embargo, que esta puesta en escena habla a las claras de los múltiples y propagandísticos objetivos que el departamento y el Gobierno Vasco quieren ver satisfechos con el desarrollo de este pacto, que, vista su composición, previsiblemente cuenta ya con una importante cantidad de firmas aseguradas, independientemente de su resultado.

Las personas de CCOO Irakaskuntza no compartimos el diagnóstico de partida que realiza el Departamento de Educación. No ponemos en duda la fiabilidad de los datos del ingente trabajo presentado por el ISEI-IVEI allá por el año 2023 y respecto al cual se ha hecho una actualización para esta mesa, y que establece el denominado “índice de disimilitud educativa” que pone en números un problema que es de las personas, y cuyas cifras son susceptibles de ser interpretadas de la forma en que interese. Por eso sí ponemos en duda y desconfiamos claramente del enfoque autocomplaciente que se le ha dado al “Resumen cualitativo” que, para abreviar, se ha presentado en esta segunda reunión de la mesa sobre dicho estudio del ISEI-IVEI. El informe, incluye un apartado llamado “Avances Logrados” (se entiende que de 2023 hasta el día de hoy, a resultas del pacto educativo, la nueva ley educativa vasca, el decreto de admisión y el de conciertos), apartado que afirma cosas como las siguientes: “en los últimos cursos se han producido avances relevantes que marcan un cambio de rumbo en la política educativa vasca frente a la segregación escolar”, “las evaluaciones internacionales muestran una disminución significativa de la segregación por origen migrante”, “se rompe la tendencia de estancamiento observada en la década anterior”, o “las medidas adoptadas (…) están teniendo un efecto real en la composición social de los centros”. Para CCOO Irakaskutnza estas afirmaciones se comentan solas, porque cualquiera que se dé un simple paseo por las calles de y barrios de Gasteiz y una vuelta en coche por el municipio de Loiu o por Artxanda llegará a las mismas conclusiones que nosotros.

Y por último, no compartimos las “medidas”, lo que la consejera Pedrosa denomina “un conjunto articulado de instrumentos de planificación, admisión, respuesta educativa y apoyo educativo y gobernanza.

La planificación nos deja joyas como la creación y reciente concertación de NClick, un centro ultracatólico, con uniforme obligatorio, y claramente elitista, y cuya primera piedra fue puesta por el último alcalde del PNV, en el distrito centro de la capital gasteiztarra, distrito con una exageradísima sobreoferta de plazas privadas concertadas, tan goloso para los centros privados que en él se acaba de establecer el primer proyecto educativo auténticamente privado de Araba, ultracatólico también, que, a vista de la normativa, habrá que ver si no termina solicitando y consiguiendo la concertación de sus aulas.

Respecto a la admisión, observamos que las medidas de “equidad” implantadas en el decreto, han acarreado indeseadas, aunque previsibles, consecuencias; como la clara y pública rebelión de las ikastolas privadas ante las limitaciones en la matriculación, cuyas consecuencias, si es que las ha habido, desconocemos; o como la manifiesta política de ahogamiento de los centros concertados pequeños de barrio, de congregaciones de monjas en su mayoría, muchos en situación crítica y algunos en proceso de cierre. Aunque, en este sentido, lo que más preocupa a CCOO Irakaskuntza es la deriva forzosa e indeseada de familias que desean matricular a sus hijos e hijas en la escuela pública vasca y que son adjudicados a plazas “de equidad educativa” en centros privados, que, además no los desean, y que los rechazan con prácticas torticeras, y en algunos casos, traumáticas para el alumno o alumna en cuestión.

Y respecto a la respuesta y apoyo educativo y gobernanza, las medidas que el departamento propone y, en algunos casos, establece de forma más o menos obligatoria (BIZIKASI, PRL, BAT, Eraldatzen, IPI, HEDATZE, AUSPOA, INDARTUZ, y otros muchos programas de atención a la diversidad educativa), sabemos que en opinión de muchos centros la dotación estructural y coyuntural siempre es juzgada como deficitaria, que exigen del personal una implicación y participación creciente, y la asunción continua, especialmente en el caso de las tutoras y tutores, de nuevas responsabilidades que agravan su carga de trabajo. Carga de trabajo de un personal docente, que se encuentra, además, en un marco permanente de conflictividad laboral. En el caso de la educación pública son recientes 9 jornadas de huelga, que han reivindicado más recursos para la educación pública y una desburocratización radical. Y en educación privada concertada, con más de 14 jornadas de huelga precisamente contra la excesiva carga de trabajo, y donde las cosas no están precisamente mejor, pues desde febrero de 2024 las patronales Kristau Eskola y AiCE insisten en el incumpliendo de un acuerdo de fin de huelga que ellos mismos firmaron y el Departamento de Educación mira para otro lado.

En CCOO Irakaskuntza creemos firmemente que, en esencia, es la dualidad de redes que caracteriza a nuestro sistema educativo, que reparte a todo el alumnado a partes iguales entre la escuela pública y la escuela privada, la causa principal y no atendida de la segregación escolar, centrada en un colectivo concreto que no es otro que la población de origen inmigrante extracomunitaria, y que concentra en una sola las tres dimensiones en la que se manifiesta la segregación escolar en nuestro sistema educativo: los motivos socioeconómicos, las necesidades educativas especiales y el propio origen migrante. Creemos igual de firmemente que sólo una apuesta clara y decidida por una escuela pública vasca fuerte, bien dotada y que garantice una escolaridad universal es, no sólo el único camino posible para atacar de raíz el problema de la segregación escolar, sino que es también el único para garantizar una buena calidad educativa y la pervivencia y la transmisión de la lengua y la cultura vasca. La mera coexistencia de las dos redes educativas en un escenario de paridad, sostiene y garantiza una diferencia de disponibilidad de recursos que impide la lucha contra la segregación, que está en la base de la propia existencia de los centros privados sostenidos con fondos públicos que compiten entre sí en la disputa del, para ellos, el mejor alumnado.

La escuela pública es, con sus dificultades intrínsecas, la única escuela que posibilita a todo el alumnado compensar su desigualdad de origen. La escuela privada, concertada o no, es la que selecciona de origen al alumnado a quien ofrecerá esa posibilidad.

La recolecta de firmas al final de la mesa del pacto anti segregación escolar terminará dando carta de legitimidad a las medidas que el departamento de educación ya tiene pensadas para reducir el índice de disimilitud; no hay duda. Pero en CCOO Irakaskuntza lo vemos claro: una cosa es hacer, y otra muy diferente es hacer que se hace.

El Pacto contra la Segregación Escolar en Catalunya ha permitido reducir en un 25% las diferencias de alumnado vulnerable existentes entre centros educativos, pero aún queda camino por recorrer. Un estudio de la Fundación Jaume Bofill señala que un 31% de los colegios concertados todavía matriculan a menos niños y niñas de este perfil social de lo que tocaría, y el 21% son directamente “elitistas”, puesto que no tienen prácticamente ningún alumno con necesidades educativas específicas. 

El informe, L'escola concertada avui. Propostes per revisar els concerts educatius en clau d'equitat, celebra que hoy la concertada en Catalunya escolariza al 16% del alumnado migrante cuando hace una década era el 6%. Pero al mismo tiempo señala que todavía hay cientos de escuelas concertadas que no cumplen con unos mínimos de escolarización de alumnado vulnerable, a pesar de que reciben financiación pública específica para ello por cada una de estas matriculaciones. 

De hecho, la Fundació Bofill destaca que el 34% del presupuesto de conciertos educativos de la Generalitat de Catalunya se destina actualmente a centros privados concertados que perpetúan la segregación. El sistema educativo “no puede permitirse” –señala el informe– dedicar 402 millones de euros públicos a colegios que segregan. “Es un agravio para las escuelas públicas y concertadas más comprometidas con la escolarización de alumnado vulnerable”, añade el documento. 

El informe, elaborado por la experta en segregación escolar de la Fundación Jaume Bofill María Segurola, apunta a que el 69% de la escuela concertada “ya es corresponsable” de evitar la segregación, pero el 31% del sector todavía segrega. A pesar del incremento del alumnado en situación de pobreza en la concertada, el estudio avisa de que el desquilibrio socioeconómico sigue siendo un “reto” a resolver: en los cursos de I3 e I4 los centros públicos escolarizan a un 39% de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y los centros concertados, un 23%, cuando la media es del 33%. 

Además, mientras que en cada aula debería haber unos cuatro estudiantes vulnerables, la media en la concertada considerada elitista es de uno o ninguno, por debajo del mínimo de dos que marca la normativa. Estas últimas son en total 105 escuelas, ubicadas sobre todo en barrios acomodados de algunas de las principales ciudades catalanas, y que traen además a escolares de familias de clase alta de otras zonas. El 54% de ellas tienen, según el informe, otros centros con mayor diversidad social a tan sólo 15 minutos andando. El 8% son centros aislados a los que hay que llegar en coche, por lo que Bofill propone que se conviertan en privados y no perciban fondos públicos. El documento también remarca que los centros más elitistas dejan vacantes al 60% de las plazas reservadas para alumnos vulnerables.

Aparte de estos centros considerados elitistas, el informe remarca que también existen otros centros con capacidad de mejora. Se trata de 49 concertados –un 10% del total– que tienen “cierta diversidad social” pero presentan todavía “desequilibrios importantes”.

De cara a la próxima renovación de los conciertos, la Fundació Bofill pide condicionarla a la escolarización de alumnos vulnerables del entorno. También reclama que el incumplimiento conlleve la retirada de los conciertos. La entidad lamenta que actualmente los acuerdos de conciertos “no son suficientemente explícitos ni exigentes” y considera “imprescindible” revisar cómo se ajustan a la normativa actual y establecer acuerdos “más concretos, exigentes y vinculados”.

Segurola también recuerda que los alumnos vulnerables deben tener la escolarización gratuita, también en la concertada, y que no les hagan pagar precios excesivos por actividades extracurriculares.

La Fundación Bofill insiste en que “el exceso” de plazas en la oferta concertada genera segregación escolar porque “mantiene abierta una oferta sobredimensionada en el sector del concierto”, lo que defienden “condiciona la elección”. Alerta de que “la red pública pierde peso en el conjunto del sistema” en “un contexto de descenso demográfico en el que la corresponsabilidad debería ser compartida”, remarcan.

L’educació a Espanya és obligatòria i gratuïta en les etapes de Primària i Secundària. No obstant això, el 83% dels centres concertats espanyols –que ofereixen ensenyament en aquestes etapes i que estan subvencionats– cobren quotes a les famílies, segons es desprén del X Estudi de quotes i preus de col·legis concertats, elaborat per l’associació de col·legis privats Cicae amb dades de més de 300 centres de les huit comunitats que més escola concertada tenen. Aquests pagaments són obligatoris i van en contra de la llei,

En el cas de la Comunitat Valenciana, sobre una mostra de vint-i-nou col·legis concertats analitzats, en el 56% dels casos el pagament mensual és obligatori i en el 44% restant és voluntari. El no abonament d’aquestes quotes no implica, en cap cas, l’exclusió de l’alumne, com sí que passa en el 29% dels més de cent centres estudiats a la Comunitat de Madrid.

Les dades dels col·legis valencians també contrasten amb el cas de Catalunya, amb una mostra de 71 col·legis, en què en el 96% l’abonament és obligatori i en l’1%, l’impagament implica una expulsió de l’alumne; o Euskadi, amb el 90% dels 20 centres amb quota obligatòria, i en un 5% no pagar suposa l’expulsió de l’estudiant.

La Comunitat Valenciana és, darrere de Catalunya, l’autonomia on hi ha centres concertats amb quotes més altes; concretament, 450 euros al mes. La quota mitjana se situa en 81 euros i la més baixa en deu euros al mes. El pagament més alt en un col·legi concertat –sempre entre els centres analitzats per l’estudi– se situa a Catalunya amb 1.100 euros mensuals.

L’evolució de la quota escolar a la Comunitat Valenciana dels últims quatre anys presenta una tendència general ascendent amb un repunt puntual seguit d’una correcció. La quota es va incrementar progressivament de 73,60 euros el curs 2022-2023 a 82,90 euros el 2023-2024, i va arribar a un màxim de 109,20 euros el 2024-2025. La quota més elevada és la del col·legi Gençana, que ascendeix a 450 euros al mes, i inclou el menjador i el material escolar.

El 63% dels col·legis de la Comunitat Valenciana analitzats no expliquen la voluntarietat del pagament a les famílies en la visita al centre. En aquest sentit, la transparència figura com un aspecte a millorar en l’informe, ja que el 31% dels col·legis no lliuren els fulls de preus. Quant a la tipologia dels centres, el 58,62% són gestionats per entitats sense ànim de lucre mentre que la resta ho són per entitats mercantils.

Els centres concertats inclosos en l’estudi

Dels centres valencians analitzats, cobren quota base obligatòria, a més de Gençana, CEU Jesús María (141 euros), Sagrado Corazón Hermanos Maristas (131 euros), Aire Libre (124 euros), Xúquer Centre Educatiu (70 euros), Marni (67 euros), Oratorio Festivo (50 euros), Médico Pedro Herrero (50 euros), Sagrada Familia Valencia (35 euros), Abad Sola (28 euros), Nuestra Señora de los Dolores (20 euros), La Purísima y San Francisco (20 euros), Marqués de Dos Aguas (10 euros), Santa Teresa-Vistahermosa (10 euros) i Sant Roc (10 euros).

Mentre que els col·legis sense quota base són Nazaret, Paidos, Lope de Vega, Academia Luis Vives, Oleza, Sant Antoni, La Presentación, Liceo Benicàssim, Mariano Serra, La Fontaine, Cervantes, Larrodé i Abecé.

La educación en España es obligatoria y gratuita en las etapas de Primaria y Secundaria. Sin embargo, el 83% de los centros concertados españoles -que ofrecen enseñanza en esas etapas y que están subvencionados- cobra cuotas a las familias,según se desprende del X Estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la asociación de colegios privados Cicae con datos de más de 300 centros de las ocho comunidades que más escuela concertada tiene. Estos pagos son obligatorios y van contra la ley,

En el caso de la Comunitat Valenciana, sobre una muestra de veintinueve colegios concertados analizados, en el 56% de los casos el pago mensual es obligatorio y en el 44% restante es voluntario. El no abono de estas cuotas no implica, en ningún caso, la exclusión del alumno, como sí sucede en el 29% de los más de cien centros estudiados en la Comunidad de Madrid.

Los datos de los colegios valencianos también contrastan con el caso de Catalunya, con una muestra de 71 colegios, donde en el 96% el abono es obligatorio y en el 1%, el impago implica una expulsión del alumno; o Euskadi, con el 90% de los 20 centros con cuota obligatoria, y en un 5% no pagar supone la expulsión del estudiante.

La Comunitat Valenciana es, tras Catalunya, la autonomía donde hay centros concertados con cuotas más altas; concretamente, 450 euros al mes. La cuota media se sitúa en 81 euros y la más baja en diez euros al mes. El pago más alto en un colegio concertado -siempre entre los centros analizados por el estudio- se sitúa en Catalunya con 1.100 euros mensuales.

La evolución de la cuota escolar en la Comunitat Valenciana de los últimos cuatro años presenta una tendencia general ascendente con un repunte puntual seguido de una corrección. La cuota se incrementó progresivamente de 73,60 euros en el curso 2022-2023 a 82,90 euros en 2023-2024, alcanzando un máximo de 109,20 euros en 2024-2025. La cuota más elevada es la del colegio Gençana, que asciende a 450 euros al mes, e incluye el comedor y el material escolar.

El 63% de los colegios de la Comunitat Valenciana analizados no explica la voluntariedad del pago a las familias en la visita al centro. En este sentido, la transparencia figura como un aspecto a mejorar en el informe, ya que el 31% de los colegios no entrega las hojas de precios. En cuanto a la tipología de los centros, el 58,62% están gestionados por entidades sin ánimo de lucro mientras que el resto lo está por entidades mercantiles.

Los centros concertados incluidos en el estudio

De los centros valencianos analizados, cobran cuota base obligatoria, además de Gençana, CEU Jesús María (141 euros), Sagrado Corazón Hermanos Maristas (131 euros), Aire Libre (124 euros), Xúquer Centre Educatiu (70 euros), Marni (67 euros), Oratorio Festivo (50 euros), Médico Pedro Herrero (50 euros), Sagrada Familia Valencia (35 euros), Abad Sola (28 euros), Nuestra Señora de los Dolores (20 euros), La Purísima y San Francisco (20 euros), Marqués de Dos Aguas (10 euros), Santa Teresa-Vistahermosa (10 euros) y Sant Roc (10 euros).

Mientras que los colegios sin cuota base son Nazaret, Paidos, Lope de Vega, Academia Luis Vives, Oleza, Sant Antoni, La Presentación, Liceo Benicàssim, Mariano Serra, La Fontaine, Cervantes, Larrodé y Abecé.

En un fin de semana, en plena operación retorno de las vacaciones de agosto, los representantes sindicales de la educación concertada en Asturias -OTECAS, USO y FSIE- tienen que lograr contactar con el mayor número posible de docentes para llevar el lunes, a las 14 horas, una respuesta al Gobierno asturiano sobre la última oferta que les acaban de poner sobre la mesa.

Es el plazo que les ha concedido la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, y con el que han salido de la reunión mantenida este viernes para tratar de llegar a un acuerdo que permita desconvocar las movilizaciones previstas a las puertas del inicio del curso. Actualmente, la huelga indefinida sigue en pie.

La decepción sindical

Los sindicatos convocaron manifestaciones, concentraciones y una huelga para exigir unas condiciones laborales similares a los docentes de la educación pública. Dieron un margen de confianza a Eva Ledo, ante su reciente incorporación al cargo tras la dimisión de su antecesora, Lydia Espina. Y esta mañana se reunieron con ella para entablar una negociación y tratar de acercar posturas.

Al término de la reunión, las reacciones de las dos partes fueron bien diferentes: los representantes sindicales salieron “decepcionados”, mientras que desde el Principado se destacaba el voto favorable que había logrado por parte de las dos patronales de la enseñanza concertada a su última propuesta para mejorar la calidad educativa de esta red.

Dos patronales apoyan a Educación

Eva Ledo encabezaba la cuarta reunión de la mesa de negociación en la que se alcanzó el apoyo previo de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Gestión y Escuelas Católicas.

“Supone un avance y adelanta que es posible alcanzar ese acuerdo”, ha señalado la consejera.

El Gobierno regional sostiene que la propuesta definitiva que han presentado esta mañana a los representantes sindicales prioriza la calidad educativa del alumnado y atiende también reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales del profesorado.

La propuesta definitiva del Principado

El Principado propone un incremento de la ratio de profesorado por unidad a toda la etapa de Infantil, lo que a su juicio contribuiría a mantener el empleo en la red, a mejorar la dotación de plantillas, aumentaría la calidad del sistema y la atención del alumnado.

La reducción de la carga burocrática es otro de los puntos a los que el Principado se muestra favorable y que se llevaría a cabo mediante la digitalización del denominado Documento de Organización de Centro (DOC), que es el compendio de información que los colegios de la red concertada deben remitir a la Consejería de Educación y que contiene toda su planificación.

Los salarios

En el apartado salarial, el Ejecutivo regional plantea incrementar el complemento autonómico que percibe el profesorado, con un aumento de 80 euros en dos años: 50 euros en 2026 y 30 euros más en 2027.

En la atención a la diversidad, la Consejería de Educación se compromete a elaborar un estudio para establecer una dotación básica de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados.

Las habilitaciones

También se agilizaría el sistema de habilitaciones del profesorado de esta red educativa, que requiere de una acreditación para poder impartir cualquier materia.

El Principado ha trasladado a las organizaciones sindicales que tienen de plazo hasta el lunes, a las 14:00 horas, para pronunciarse por correo electrónico si respaldan la firma de un acuerdo. El tiempo ha empezado ya a correr.

Extremadura es la segunda comunidad autónoma que menos porcentaje de su gasto público en educación dedica a la enseñanza concertada, con un 7,9%, muy lejos del 23,5% que representa el País Vasco, en el extremo opuesto, y cuatro puntos por debajo de la media nacional.

La financiación de la enseñanza concertada representa casi el 12% del gasto público en educación y en la última década el crecimiento ha sido de casi 1.800 millones de euros.

Según el informe 'Sistema estatal de indicadores de la Educación 2025' publicado este lunes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el gasto público en educación en 2022 fue de 63.491 millones de euros y de ellos, 7.495 millones se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada. Este dato representa un 11,8% del gasto público en educación y un 13,3% del gasto de las Administraciones educativas.

Prácticamente la totalidad del importe destinado a conciertos y subvenciones corresponde a gasto efectuado por las comunidades autónomas, representando solo un 0,3 % el del Ministerio de Educación.

El País Vasco destinó el 23,5 % del total de su gasto educativo a la enseñanza concertada, mientras que en Madrid supuso el 18,8 % y en Navarra, el 17,6 %. Las comunidades que menos porcentaje destinó en 2022 a la educación concertada fueron Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, con el 8%, 7,9% y 7,8%, respectivamente.

El informe muestra que el gasto de las administraciones educativas a la concertada ha pasado de 5.705,8 millones de euros en 2012 a 7.495,2 millones de euros en el 2022, incrementándose en 1.789,4 millones de euros.

Las comunidades autónomas aumentaron su gasto en 1.784 millones de euros y el Ministerio de Educación en 5 millones y el informe añade que entre 2012 y 2013 “se produjo una disminución del gasto en conciertos iniciándose en 2014 un repunte con tendencia creciente que aún continúa en 2022”.

Primaria y Secundaria, el mayor gasto en conciertos

La mayor proporción de gasto en conciertos corresponde a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, con el 33,5 % y el 32 % respectivamente. Les siguen la Educación Infantil con el 16,5 %, la Formación Profesional con un 8 % y la Educación Especial, con el 5,2 % del total.

Los últimos datos reflejan que en el curso 2022-2023, el 19 % de los centros docentes de Enseñanzas no universitarias son concertados, el 67 % son públicos y el 13,5 % restante son centros privados que no tienen concertada ninguna de las enseñanzas.

¿Cuánto gastan las familias?

En 2023 el gasto de los hogares en educación, tanto no universitaria como universitaria, se situó en 10.045 millones de euros, lo que representa el 0,67 % del PIB, según los datos del gasto en consumo final de los hogares por finalidad que proporciona la Contabilidad Nacional, actualizados por el INE.

El gasto de las familias aumentó el 2,6 % en 2023 con respecto a 2022 aunque ha disminuido en 371 millones desde 2013, cuando se situó en 10.416 millones de euros.

Gasto en educación del 4,5 % del PIB

En 2023, el gasto público destinado a educación representó el 4,53 % del PIB, el 74 % se invirtió en Educación no universitaria, un 18,8% en Educación Universitaria, un 2,2 % en Formación Profesional acreditable y un 5 % en becas y ayudas.

El gasto público total en España destinado a educación fue de 67.938 millones de euros, un aumento del 7% en relación con 2022.

Alrededor de 1.500 personas han participado este jueves en una manifestación en Oviedo con motivo de la huelga convocada por los sindicatos de la enseñanza concertada Otecas, Feuso y FSIE, para exigir mejoras salariales y laborales ante lo que consideran una situación “insostenible” por la “discriminación” que sufren.

La movilización ha tenido lugar apenas dos horas después de que un grupo de docentes fueran desalojados de la tribuna de invitados de la Junta General y al día siguiente de que una decena de sus representantes sindicales se encadenaran ante la sede de la presidencia del Principado para exigir al Ejecutivo que se siente a negociar con ellos como ha hecho con los sindicatos de la educación pública, que el pasado lunes firmaron un preacuerdo para poner fin a su huelga.

Los representantes de Feuso Asturias, Otecas y FSIE, que representan al 80 por ciento de los trabajadores del sector, se han concentrado en la Plaza de España, ante la sede de la Consejería de Educación, y se han dirigido posteriormente a la sede de Presidencia.

En declaraciones a los medios de comunicación, los portavoces de las organizaciones sindicales han coincidido en dar un “voto de confianza” a la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, a la han pedido que les convoque para iniciar una negociación.

El seguimiento de la huelga esta jornada ha superado el 90 por ciento, según ha indicado el secretario general de Otecas, José Manuel Cueto, quien ha reiterado la determinación de los docentes a continuar con las movilizaciones hasta que sean recibidos por el Gobierno del Principado, debido a la situación “insostenible” de la educación concertada, que adolece de recursos “insuficientes” y está “infravalorada”, ha denunciado.

También ha indicado que nadie de la Consejería ha contactado con los docentes de la educación concertada, los cuales han exhibido un buen número de pancartas para “dejar bien claro” a Barbón que la financiación de la enseñanza concertada está “regulada por ley, y le corresponde al Principado”.

El secretario general de Feuso, Gonzalo Menéndez Pelayo, ha mostrado su confianza en que la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, nombrada ayer para sustituir a Lydia Espina, les convoque, una vez que asuma el cargo, a una reunión para iniciar las negociaciones, ya que de no ser así han anunciado que volverán a manifestarse el próximo jueves.

Su homólogo de FSIE Asturias, José López Sela, ha conminado a Adrián Barbón a que “rectifique” las palabras que ha dicho ayer, ya que “o no se ha enterado” que a los profesores de la enseñanza concertada les “paga el Principado”, en cuyo caso “tiene que dimitir por incompetente”, o “ha mentido a los docentes, padres y alumnos”.

Los sindicatos de la educación concertada llevan semanas denunciando la “discriminación” que dicen sufrir, con problemas como precariedad laboral, sobrecarga de trabajo no reconocida, discriminación salarial respecto al profesorado de la enseñanza pública, jubilaciones parciales, falta de apoyo en la atención a la diversidad o la congelación del complemento autonómico.

En esta línea, los manifestantes han reivindicado mejoras salariales para que la enseñanza concertada asturiana “no siga siendo la peor pagada” de España, y han advertido de que, tras el acuerdo alcanzado por la Administración del Principado y la educación pública, se ha incrementado la diferencia que penaliza a los profesores de la concertada, que remontan al año 2005 la última subida de sueldo.

También han reclamado al presidente del Principado, Adrián Barbón, que atienda las necesidades de la enseñanza concertada como ha hecho con la pública, según han señalado en referencia al pacto alcanzado el pasado viernes con los sindicatos de esta rama de la educación, que recoge un incremento anual de la inversión de 45 millones de euros cuando esté totalmente desplegado en 2028.

Cientos de educadoras de 0 a 3 años se han concentrado este miércoles frente a la Consejería de Educación en Oviedo para exigir al Principado que se siente a negociar las condiciones de integración de las escuelas municipales en la red autonómica de las escuelas infantiles. Hoy, miércoles, celebran su primera jornada de huelga.

Los manifestantes han coreado consignas como “Barbon, escucha, el 0 a 3 en lucha”, “0 a 3 educativo es” o “Educamos, no guardamos” y han exhibido pancartas en las que se podían leer lemas como “Educadoras en lucha” o “Lo pedimos todos porque no tenemos nada”.

Un panorama de incertidumbre

La responsable de Escuelas Infantiles de CSIF, Laura González, ha denunciado la “total incertidumbre” con la que afrontan las educadoras el proceso de integración, que comienza a partir del próximo mes de septiembre.

Según ha lamentado, aún no tienen “ningún dato” sobre las circunstancias laborales bajo las que van a trabajar, ya que no se han negociado los convenios colectivos que van a amparar su actividad, ni tampoco se ha impulsado un decreto de funcionamiento, entre otras cuestiones.

Piden “un paso adelante”

La delegada de UGT Laura Pérez ha reclamado a la Administración “un paso adelante” para que se siente con los sindicatos para abordar “un calendario de negociación serio y unas propuestas claras”.

Según ha afirmado, aún no hay ninguna propuesta de reunión más allá de “un pequeño contacto” el pasado domingo, en el que la documentación que aportó el Principado es solo un “acta” de las dos reuniones mantenidas anteriormente y en la que no hubo “propuestas serias ni nada en firme”.

“Llegaremos hasta donde haga falta”

La representante de las trabajadoras de CCOO, Tania Alonso, ha afirmado que llegaran “hasta donde haga falta” y que van a conseguir que el Principado se siente a negociar con los sindicatos y formen una mesa de trabajo, al tiempo que ha denunciado que en las escuelas pertenecientes a Consejería se han impuesto unos servicios mínimo “abusivos” del 50 por ciento.

Se trata de la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos en las escuelas infantiles del Principado, que denuncian que el Ejecutivo autonómico está incumpliendo los plazos de la ley para la creación de la red pública, puesto que aún no ha negociado las disposiciones adicionales incluidas en la misma para determinar las condiciones laborales de la integración.

Empleos “en el aire”

Entre otras cuestiones, los sindicatos denuncian que existen alrededor de 200 educadoras infantiles cuyos puestos de trabajo “están en el aire” ya que no han sido estabilizadas por sus respectivos Ayuntamientos.

Asimismo reclaman una “dignificación” de su profesión en la línea de que se reconozca el carácter educativo de la misma, ya que no son personal docente ante la ley pero, según señalan, sí que prestan un servicio educativo.

Los próximos 19 y 20 de junio los sindicatos han convocado otras dos jornadas de huelga, que se repetirá también el día 4 de septiembre si el Principado no atiende a sus demandas.

Protestas de la educación concertada

Por otra parte, una decena de sindicalistas de la educación concertada asturiana se ha encadenado este miércoles ante la sede de la presidencia del Principado para exigir al Ejecutivo autonómico que se siente a negociar las mejoras laborales y salariales que demandan como ha hecho con los sindicatos de la educación pública, que el pasado lunes firmaron un preacuerdo para poner fin a su huelga.

Los representantes de los sindicatos FEUSO Asturias, Otecas y FSIE han explicado en declaraciones a los medios que la acción es un “acto simbólico” previo a la huelga y concentración que mañana van a realizar en la Plaza de España de Oviedo y han adelantado que si no les recibe nadie van a acampar toda la noche frente a sede del Ejecutivo autonómico.

Denuncian discriminación

Todos ellos han denunciado la “discriminación” que llevan sufriendo “desde hace décadas”, con problemas como precariedad laboral, sobrecarga de trabajo no reconocida, discriminación salarial respecto al profesorado de la enseñanza pública, jubilaciones parciales, falta de apoyo en la atención a la diversidad o la congelación del complemento autonómico.

“Si hay dinero para la enseñanza pública tiene que haber para la educación concertada, Barbón es el presidente de todos los asturianos”, han denunciado en referencia al pacto alcanzado el pasado viernes con los sindicatos, cuyo despliegue completo a lo largo de los próximos tres cursos supondrá un impacto económico de 45 millones de euros.

El conflicto de los docentes asturianos con el Gobierno de Asturias ha explotado en la educación pública, la concertada y las escuelas de 0 a 3 años. La unión sindical y el hartazgo del profesorado han sido el detonante de la huelga general indefinida convocada, en unidad de acción, por los cinco sindicatos de Enseñanza -ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF- en los colegios e institutos públicos. Esta mañana, la situación se ha complicado aún más con la dimisión en bloque de 70 directores y directoras de centros, en algunos casos como equipos directivos unipersonales y en otros el equipo completo.

Una decisión que no es precipitada, sino que había sido ya previamente meditada cuando más de un centenar de directores y directoras de Asturias anunciaron en una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón su intención de dimitir si no se desbloqueaban las negociaciones.

Tras la ruptura, escenificada ayer por los sindicatos, tras más de cinco horas de reuniones, la amenaza se ha consumado con las primeras dimisiones.

Barbón: “Los directores y directoras tienen todo mi respeto”

El presidente asturiano, que este viernes se encuentra en Barcelona participando en la Conferencia de Presidentes, ha aludido en una comparecencia pública al conflicto en la enseñanza y ha asegurado que es muy respetuoso con las movilizaciones y, en este contexto, ha expresado: “los directores y directoras de los centros tienen todo mi respeto”.

Asimismo, ha enumerando las mejoras que desde el Ejecutivo regional se ha ofertado a los representantes sindicales dentro de su interés por llegar a acuerdos y desbloquear el conflicto y ha confiado en que “pronto podamos tener buenas noticias”.

Las advertencias al presidente Barbón

En esta carta, que fue suscrita por más de 130 directores y directoras, los firmantes exponían las complicadas condiciones en las que trabajaban diariamente, con aulas masificadas, compañeros y compañeras agotadas, “mendigando apoyos” para poder atender “como se merecen” al alumnado y sin una respuesta satisfactoria de la Consejería de Educación.

Los equipos directivos se quejaban también de la falta de personal especializado, como los recursos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Auxiliares Educativos, Orientadores/as y Personal de Servicios a la Comunidad, que, según exponían, “está dejando a mucho alumnado sin la atención que necesitan”, y lamentaban que “lo peor es que ya ni siquiera se promete”.

Las contestaciones que recibían a sus reivindicaciones lejos de animarles, les desmotivaba aún más con frases del tipo “no hay dinero” o “ya tenéis lo que os corresponde”, como recogía Eldiario.es Asturias en la edición del pasado miércoles.

El bloqueo de las negociaciones

Estas advertencias sobre una posible dimisión en bloque se han formalizado y, según ha confirmado Jorge Caro, portavoz del sindicato de enseñanza CSIF, a última hora de la mañana el número de equipos directivos unipersonales o completos ascendía ya a 70.

La mayoría de los directores y directoras que han dimitido ejercen en educación primaria y basan su renuncia a continuar en el cargo en el bloqueo de las negociaciones y en la falta de expectativas de que el conflicto se vaya a resolver a corto plazo.

Radicalización del conflicto

Los sindicatos de enseñanza anunciaron la radicalización del conflicto, tras la ruptura de negociaciones con el Principado, que se escenificó ayer por la noche, tras más de cinco horas de reunión con los consejeros Gimena Llamedo y Guillermo Peláez, interlocutores del Gobierno asturiano tras la dimisión de la hasta ahora consejera de Educación, Lydia Espina.

Adrián Barbón nombró de forma transitoria para cubrir la vacante que ha dejado Lydia Espina a la actual consejera de Cultura y Política Llingüística, Vanessa Gutiérrez.

Un nombramiento transitorio

Su nombramiento es provisional, a la que espera de que se designe a un/a nuevo/a titular de esta cartera que se ha justificado, desde el Ejecutivo regional, “exclusivamente” por razones administrativas, de forma que será “temporal y no afecta al desarrollo de las negociaciones con los sindicatos educativos, que continuarán lideradas por la vicepresidenta del Principado y el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos”.

Por su parte, el presidente de ANPE, sindicato mayoritario en el sector de Enseñanza, Gumersindo Rodríguez, ha asegurado que con estas dimisiones se encuentran ante un problema “de primer orden, porque supone la parálisis del sistema educativo”, ya que los directores de colegios públicos se ocupan de multitud de cuestiones imprescindibles para el funcionamiento de estos centros.

Negociaciones rotas

La tercera reunión de los sindicatos con el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, terminó ayer sin acuerdo después de que los sindicatos dieran por rotas las negociaciones por la negativa del Gobierno autonómico a mejorar su primera propuesta salarial, que contempla una subida de 105 euros mensuales para todos los docentes y de 170 para aquellos con menos de seis años de servicio.

Según los sindicatos, la oferta de la administración asturiana está “muy lejos” de lograr la equiparación salarial con la media de las comunidades autónomas, al contrario de lo que interpreta el Principado, que defendió ayer tras la reunión que la propuesta del Ejecutivo asturiano ya equipara a los docentes a “la media” española y, en algunos casos, los sitúa “por encima de la misma” e incluso “liderando las retribuciones del país en algunos tramos”.

Concentraciones y manifestaciones

Entre tanto, continúan las movilizaciones. Los sindicatos han convocado una concentración para el próximo domingo, día 8, a las 12 del mediodía, en la Plaza de España de Oviedo, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación, y han anunciado que, a partir del lunes, día 9, se va a producir una “radicalización de las movilizaciones” ante el “bloqueo” en las negociaciones para la subida salarial que demanda el profesorado.

La unión que se está constatando en los cinco sindicatos de Enseñanza también se está trasladando al profesorado que está demostrando su fuerza con la asistencia masiva a las concentraciones y manifestaciones convocadas. Ayer, jueves, más de 2.000 docentes se manifestaron por las calles de Oviedo y desde las organizaciones sindicales confían en que las próximas movilizaciones seguirán siendo multitudinarias.

La respuesta del presidente Barbón

Por otro lado, el presidente Adrián Barbón no ha eludido la polémica de las dimisiones de los 70 directores y directoras que han comenzado hoy y que, si no hay un cambio de rumbo, podrían ampliarse con más bajas de equipos directivos en las próximas horas.

Durante su comparecencia en Barcelona, ha dicho que su discurso no va a cambiar: “No voy a radicalizar mi discurso contra nadie. Soy muy respetuoso con las movilizaciones y los directores y directoras tienen todo mi respeto”.

Pacto de mejora por la educación pública

Ha recordado que desde el Ejecutivo regional han ofertado a los docentes un pacto de mejora por la educación pública con 300 especialistas más, disminución de la ratio a 23 alumnos en el año 2027, cambio de modelo de asignación de especialistas de orientación, los alumnos de necesidades especiales computarán por dos, desdoble de FP y la creación del departamento de economía.

También ha asegurado que se le ha trasladado el compromiso de reducir la burocracia en las escuelas al mínimo posible, así como para favorecer a los directores unipersonales y el refuerzo de personal administrativo.

El incremento salarial

“En el ámbito de la demanda salarial -ha añadido- como Gobierno tenemos que tener una visión de conjunto y planteamos reflexionar sobre el pacto de evaluación docente. El incremento del salario se puede mejorar con la idea de llegar a la media nacional. Eso es un incremento al mes de 105 euros para los que tienen menos de seis años y para los demás un incremento de 170 euros al mes. Siempre que podamos encajarlo dentro de nuestro estado de bienestar asturiano, que no es solo la educación”.

“Máximo respeto y espero que pronto podamos tener buenas noticias”, ha asegurado el presidente.

Más de 2.000 docentes han vuelto a salir a las calles del centro de Oviedo para forzar al Gobierno de Asturias a desbloquear el conflicto que ha llevado a los cinco sindicatos del sector de Enseñanza, ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF, en unidad de acción, a declarar una huelga indefinida en los centros de educación pública.

Unos paros, que se desarrollan de lunes a jueves y que van acompañados de concentraciones y manifestaciones y a los que, en las últimas horas, se han sumado sus compañeros y compañeras de la educación concertada.

Los manifestantes, que califican de “éxito total” la convocatoria por seguir siendo secundada de forma masiva tanto en las aulas como en las protestas ante la sede de la Consejería de Cultura y en cuantas acciones programan, han iniciado su recorrido en la Plaza de España y han llegado hasta la sede del parlamento regional.

Nueva jornada de huelga

La protesta se celebró este mediodía, apenas unas horas antes de que el Ejecutivo asturiano y los sindicatos volvieran a retomar las negociaciones para tratar de poner fin a la huelga. La reunión de la mesa de negociación ha comenzado a las 17.30 de esta tarde.

La huelga, que comenzó el pasado 27 de mayo, se desarrolla en bloques de cuatro días, de lunes a jueves, de forma que se escenificó inicialmente los días 27, 28, 29 y 30 de mayo y ha continuado esta primera semana de junio. Las movilizaciones están previstas este mes para los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19, según ha confirmado a elDiario.es Asturias el portavoz de CSIF, Jorge Caro.

Los manifestantes se han concentrado en la Plaza de España de la capital asturiana, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación, y se han dirigido hacia la Junta General del Principado con bocinas, silbatos, tambores e incluso cencerros y gaitas, portando carteles y pancartas y gritando consignas en defensa de la educación pública

Asimismo, los profesores de la educación concertada se suman este jueves a las protestas de la educación publica con acciones en los colegios y una concentración en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

Los representantes sindicales de OTECAS, USO y FSIE comienza sus movilizaciones para exigir mejoras, tanto en el aspecto material como salarial.

Más de siete horas de reunión

La nueva protesta de los docentes se produce después de que la reunión que ayer mantuvieron durante siete horas la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, con los sindicatos finalizara con un acercamiento en varios puntos, pero sin acuerdo.

Ambas partes se han reunido, a partir de las 17:30 horas, para tratar de cerrar un acuerdo que permita poner fin a la huelga indefinida que los sindicatos mantienen de forma unitaria desde el pasado lunes en todas las etapas de la educación pública no universitaria.

“Estamos abiertos a negociar”

En declaraciones a los medios antes del comienzo de la marcha, los portavoces de ANPE, CCOO, UGT, CSIF y Suatea han insistido en que están abiertos a negociar pero que, a pesar de los “avances importantes” producidos durante la reunión de ayer, la propuesta del Principado sigue siendo “insuficiente”.

Si bien han indicado que el aspecto salarial no es el único en el que esperan que la administración mejore su oferta, los representantes sindicales han manifestado que también es un aspecto importante y han revindicado la homologación a la media de los salarios docentes en España, algo que no se cumple “ni de lejos” con la oferta puesta ayer encima de la mesa.

Los recelos sindicales a las propuestas

Peláez y Llamedo aseguraron, tras la reunión de ayer, que terminó a las 23:00 horas sin acuerdo, que su propuesta situaría a los docentes asturianos “por encima de la media de las comunidades autónomas” en cuanto a salario, algo que los representantes de los sindicatos han puesto en duda o han negado categóricamente.

Los portavoces de las organizaciones sindicales han afirmado que la propuesta de contratación de personal tampoco cumple con las necesidades de la educación pública y que es necesario para rebajar las ratios, garantizar la inclusión y ayudar a reducir la burocracia.

Otros “escollos”

Asimismo, han explicado que otros “escollos” que quedan por salvar en la negociación son algunas propuestas vinculadas con educación secundaria y Formación Profesional, que “la administración no asume”.

Si bien han asumido que la parte sindical también deberá “ceder” en algunas de sus demandas, han asegurado que la propuesta del Principado sigue estando muy alejada de su propuesta de máximos y que el Ejecutivo asturiano debe acercar más sus posturas con las suyas para que haya un acuerdo.

Las medidas

Algunos de los avances logrados ayer se produjeron en materia de contratación de nuevo personal, especialmente en atención a la diversidad con la oferta de incorporar 300 profesionales de pedagogía terapéutica y atención al lenguaje, así como 30 nuevos auxiliares educadores durante los próximos tres cursos, y otros 30 administrativos para descargar a los centros de tareas burocráticas.

El Principado también ha puesto encima de la mesa un incremento de las aulas de inmersión lingüística, la mejora de las ratios de alumnado por aula, la definición del modelo de reducción horaria para mayores de 55 años (en febrero de 2026 con la inclusión de la partida presupuestaria para 2027) o el planteamiento de la creación de la especialidad docente de llingua asturiana y gallego-asturiano.

Las desavenencias en materia salarial

Frente a estos puntos de encuentro, los sindicatos han rechazo “rotundamente” la propuesta de mejora salarial trasladada desde el Principado, consistente en una subida general para toda la plantilla de 105 euros en el complemento específico y 65 euros adicionales en un complemento transitorio para quienes tienen una antigüedad inferior a seis años.

Tampoco ha habido acuerdo o queda pendiente de negociar medidas como la creación del Departamento de Economía, o la dotación de un apoyo como dotación mínima en infantil para todos los centros y de un tutor especializado en cada unidad de infantil y primaria.

Huelga de estudiantes

Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes mantiene la huelga estudiantil convocada en solidaridad con los docentes asturianos, que están “siendo un ejemplo de lucha” y que “no están dispuestos a tolerar más recortes, más precariedad y más desprecio institucional”.

En un comunicado, la organización ha animado a los estudiantes a continuar secundando los paros, que concluirán una vez que el profesorado asturiano desconvoque su huelga general respaldada de forma unitaria por todos los sindicatos.

“La unidad entre estudiantes y profesorado es clave para lograr nuestras reivindicaciones”, ha asegurado el Sindicato de Estudiantes, que ha apuntado que “ha caído” la consejera de Educación, Lydia Espina, “pero el conflicto no ha terminado”, porque se necesitan “soluciones y recursos” para la enseñanza pública.

Ha explicado que el Gobierno asturiano ha intentado “minimizar las demandas y engañar a la opinión pública con medidas superficiales e insuficientes, y después de más de una semana de huelga sigue dando la espalda a las reivindicaciones y al clamor popular que existe”.

El sindicato estudiantil ha insistido en que solo con una “movilización masiva y sostenida” se lograrán “conquistar unas mejores condiciones para la educación pública”.

El seguimiento de la huelga

Por otra parte, la Consejería de Educación ha cifrado el seguimiento de la cuarta jornada de huelga indefinida en la enseñanza no universitaria convocada de forma unitaria por los sindicatos en un 21,2 por ciento en todos los cuerpos docentes y en un 37,4 por ciento en el caso de Infantil y Primaria.

Según los datos de la consejería, que calcula los porcentajes sobre el total de la plantilla, excluido todo el personal con incapacidad temporal, permisos y otras ausencias justificadas, hoy han hecho huelga 2.343 trabajadores, de los que 1.756 pertenecen a Infantil y Primaria.

En el resto de etapas -secundaria, formación profesional, escuelas de idiomas y de artes- el seguimiento es, según Educación, del 9,3 por ciento, con 587 docentes que secundan la tercera jornada de huelga.

Abandono de los encierros

Los diez representantes de los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF y Suatea que el martes se encerraron en la Consejería de Hacienda para exigir una negociación real que de respuesta a las demandas de los docentes han levantado hoy su protesta.

Los encierros que se llevaron en algunos institutos también se han levantado, según fuentes sindicales, que ha señalado que eso no implica que no vayan a producirse más acciones de presión y protesta.

Nuevas medidas de presión

De hecho, los directores de centros de Secundaria se están planteando sumarse a la carta suscrita ayer por los directores de 136 colegios de toda Asturias en la que advertían de que dimitirán en bloque si no se tienen en cuenta las reivindicaciones del profesorado.

En función de cómo se vaya desarrollando la negociación entre los cinco sindicatos docentes y la administración autonómica se irán planteando más medidas de presión, según las mismas fuentes.

El apoyo de las AMPAS

Además, Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de 144 colegios públicos del Principado suscribieron ayer, miércoles, un manifiesto dirigido a la Consejería de Educación en apoyo a la huelga docente y en defensa de “una educación pública de calidad para todos”.

En el comunicado, los firmantes expresan su preocupación por la situación en la que se encuentran los claustros de los colegios de Asturias, que están viendo cómo la Consejería de Educación “recorta sus derechos y amplía sus responsabilidades, sepultándolos bajo cientos de trámites burocráticos”.

Profesorado de apoyo y ratios

También denuncian que la consejería sigue “sin dotar a los centros de todo el personal necesario” para poder contar con “profesorado de apoyo, ratios que permitan la correcta atención de toda la diversidad de realidades y un profesorado valorado económica y laboralmente”, tal y como, según han defendido, “merecen su dedicación y esfuerzo docente y personal”.

Han reclamado comedores “durante todo el periodo escolar, con comida de calidad” y una implicación pública de la administración para gestionar actividades de conciliación como el servicio de madrugadores, recogida tardía y ludoteca, que en la actualidad dirigen las Ampas.

“Los equipos docentes de nuestros colegios aportan calidad y calidez en la enseñanza de nuestros hijos e hijas, y si le recortan derechos al profesorado también se los recortan a nuestra infancia”, han denunciado.