El Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado que la negativa del Gobierno de Aragón a entregar los informes sobre la privatización del Bachillerato “es un escándalo”. Así lo ha dicho el portavoz socialista en la Comisión de Educación, Jorge Pastor, quien este miércoles ha criticado el “oscurantismo” del Gobierno de Jorge Azcón sobre este asunto. El PSOE solicitó hace 99 días información para conocer los informes que avalaban la privatización del Bachillerato anunciada por Jorge Azcón estando como presidente en funciones.

“La única respuesta ha sido que la orden está paralizada por medidas cautelares y no se aporta ni más información ni ninguno de los informes solicitados”, ha dicho Pastor. El diputado ha recordado que se pidieron tanto los informes de Intervención y los de Inspección Educativa “que debían justificar las necesidades de privatizar el Bachillerato cuando en Aragón sobraban más de 2.000 plazas de Bachillerato, siendo que además es una etapa no obligatoria”.

Pastor ha denunciado la negativa a facilitar esta información y ha argumentado que “aunque la orden para privatizar el Bachillerato esté paralizada cautelarmente, el expediente administrativo tiene que existir”. Ha comparado esta solicitud con la realizada en el caso de la devolución de las pinturas de Sijena: el PSOE también solicitó información y la respuesta fue “que el proceso estaba judicializado y que, por tanto, fuésemos mejor directamente al departamento y que en el Departamento se nos daría la información que estábamos solicitando”. “¿Por qué en este caso todavía no nos dan estos informes?”, se ha preguntado el parlamentario socialista.

Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón en agosto de 2023. Desde entonces ha terminado una legislatura, ha adelantado las elecciones por primera vez en la historia de Aragón y solo ha conseguido sacar adelante unos presupuestos, los de 2024. En todo este tiempo, la educación ha sido uno de los asuntos que más debate político y social ha generado. El Departamento ha tenido tres consejeras distintas, pero muchas de las decisiones que han marcado estos casi tres años han seguido una misma dirección: la apuesta por la concertación del Bachillerato, la ampliación de la Formación Profesional en centros privados, el cierre de aulas públicas o las críticas de sindicatos y familias por la planificación educativa.

La primera consejera fue Claudia Pérez Forniés. Llegó al cargo con el inicio de la legislatura, pero su etapa quedó marcada por el conflicto de la escuela de Caneto. El Gobierno de PP y Vox defendió desde el principio que el centro funcionaba de forma irregular y trató de cerrarlo, pero la decisión desencadenó una fuerte movilización de las familias y una larga batalla judicial. El TSJA ordenó reabrir cautelarmente el colegio y el conflicto se prolongó durante meses. Incluso un incendio en una de las aulas volvió a situar el caso en el centro del debate. La resolución definitiva no llegó hasta después de la salida de Pérez Forniés del Gobierno: la justicia acabó avalando la postura del Ejecutivo y las clases se trasladaron a unos locales del municipio.

Su relevo llegó en julio de 2024 con Tomasa Hernández. Fue durante su etapa cuando el Gobierno impulsó las medidas que más contestación han generado dentro de la comunidad educativa. Bajo su mandato se anunció la concertación del Bachillerato —la principal batalla educativa de la legislatura—, se dio un impulso a la Formación Profesional concertada con proyectos como Distrito 7 y se autorizó una parte importante de la nueva oferta de grados superiores en centros privados. También comenzaron otros debates, como el de la extensión de las aulas de 0 a 3 años o los cambios en el modelo de escolarización.

Tras las elecciones del pasado febrero, Carmen Susín asumió la Consejería de Educación dentro del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox. Llegó al cargo en mayo con buena parte de esos frentes todavía abiertos: el Bachillerato concertado pendiente de un recurso judicial, las críticas por la planificación de la FP y una escuela pública inmersa en protestas por el cierre de aulas, la reducción de profesorado y el aumento de ratios.

A pesar de los cambios al frente del Departamento, ha habido una figura que se ha mantenido durante toda la legislatura: el secretario general técnico. En su perfil de LinkedIn figura como director general en excedencia de uno de los centros que podían beneficiarse de la concertación del Bachillerato. La oposición ha cuestionado en varias ocasiones su continuidad y ha solicitado la documentación del expediente administrativo con el que se tramitó la medida, una petición que, asegura, todavía no ha obtenido respuesta.

El Bachillerato concertado, el gran símbolo de la legislatura

La propuesta de concertar el Bachillerato ha sido el principal símbolo de la política educativa del Gobierno de Jorge Azcón. El anuncio llegó en septiembre de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Entonces, el presidente defendió que era una medida “muy demandada por las familias” y anunció que entraría en vigor en el curso 2026-2027. Poco después se conoció el coste de la iniciativa: alrededor de siete millones de euros al año para concertar un nivel educativo en el que cada curso quedan libres unas 2.000 plazas en Aragón.

El proyecto quedó en pausa durante el invierno por la convocatoria de elecciones anticipadas del 8 de febrero. Durante ese periodo el Gobierno estaba en funciones, es decir, con sus competencias limitadas. Aun así, el 7 de abril la entonces consejera de Educación, Tomasa Hernández, aprobó la modificación de la orden de conciertos en el BOA, un paso que permitía concertar hasta 65 unidades de Bachillerato en alrededor de una veintena de centros educativos.

La decisión provocó una rápida contestación. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por 17 organizaciones, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Al mismo tiempo, varios expertos en Derecho Administrativo advirtieron de que un Gobierno en funciones no podía aprobar una medida con impacto presupuestario como la concertación del Bachillerato.

Mientras el recurso seguía su curso, la comunidad educativa protagonizó una de las mayores movilizaciones de los últimos años. Durante tres días, una huelga afectó a colegios e institutos de toda la comunidad y culminó con manifestaciones en las tres capitales de provincia y en numerosos municipios aragoneses. La tensión llegó también a las Cortes de Aragón, donde un grupo de representantes de la escuela pública interrumpió el primer pleno de la legislatura lanzando octavillas desde la tribuna de invitados para protestar contra la concertación del Bachillerato, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión.

El 10 de junio, ya con el nuevo Gobierno constituido, el TSJA acordó la suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato porque la orden se había aprobado cuando el Ejecutivo estaba en funciones. La decisión, de carácter provisional, fue recibida con satisfacción por las organizaciones que habían recurrido la medida, que la interpretaron como un respaldo a sus argumentos.

Pese al revés judicial, el Gobierno mantiene intacto su objetivo. Dos semanas después de la decisión del TSJA, Azcón anunció en las Cortes que volvería a impulsar la concertación del Bachillerato para el curso 2027-2028 con el objetivo de dotarla de “seguridad jurídica”. El presidente recordó que la medida figuraba tanto en el programa electoral del Partido Popular como en el acuerdo de gobierno firmado con Vox. “Queríamos cumplir con nuestra palabra. Queríamos ampliar derechos y que esas familias pudiesen tener la ayuda del Gobierno de Aragón”, defendió.

Distrito 7 y la expansión de la FP concertada

La Formación Profesional ha sido el otro gran frente de la política educativa del Gobierno de Azcón. Durante la legislatura, el Departamento ha ampliado la oferta de enseñanzas y una parte importante de los nuevos ciclos autorizados se impartirán en centros privados concertados, una decisión que también ha generado críticas por parte de sindicatos, organizaciones de familias y la oposición.

Uno de los proyectos más representativos ha sido Distrito 7, el centro de Formación Profesional impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la antigua fábrica de Giesa. Tras quedar desierto el concurso para gestionar el edificio, el consistorio adjudicó directamente la concesión al Grupo San Valero durante 30 años. Posteriormente, el Gobierno de Aragón autorizó siete ciclos formativos que comenzarán a impartirse en esas instalaciones. La adjudicación fue cuestionada por la oposición, que criticó tanto el procedimiento como la rapidez con la que se tramitó el expediente. La suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato acordada por el TSJA también obligó a retrasar un año la puesta en marcha del proyecto.

Más allá de Distrito 7, la ampliación de la oferta de Formación Profesional también ha reabierto el debate sobre la planificación educativa. Según la documentación oficial del Departamento de Educación para el curso 2026-2027, siete de los nueve nuevos grados superiores autorizados se impartirán en centros privados concertados. Entre ellos figuran titulaciones vinculadas al ámbito audiovisual, la animación o el marketing. Esa misma documentación recoge también modificaciones de la oferta en centros públicos, con supresiones de ciclos y cambios de turnos en distintos institutos.

La escuela pública, entre cierres de aulas y protestas

A lo largo de estos tres cursos, las protestas han llegado a decenas de centros educativos de las tres provincias. El cierre de aulas de Infantil, la supresión de vías, la reducción de profesorado, el aumento de las ratios o el estado de algunas instalaciones han protagonizado buena parte de las movilizaciones de la comunidad educativa.

Uno de los conflictos más repetidos ha sido el de la planificación escolar. Durante estos tres años, el Departamento de Educación ha autorizado el cierre de decenas de aulas de Infantil en colegios públicos, una decisión que ha provocado protestas de familias en distintos municipios. En algunos casos, como el del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva o el Parque Europa de Utebo, las familias llegaron incluso a acudir a los tribunales para intentar frenar el cierre de vías. En las últimas semanas, además, FAPAR ha denunciado que estas decisiones están provocando un aumento de las ratios y dificultando la escolarización del alumnado que se incorpora fuera de plazo.

Las críticas también han llegado desde los sindicatos. En la negociación de los cupos para el próximo curso, CCOO y CGT denunciaron una reducción del profesorado asignado a los centros públicos. Ambas organizaciones sostienen que la disminución de efectivos repercute en los apoyos al alumnado, los desdobles y la atención a la diversidad, además de aumentar la carga de trabajo de los equipos docentes.

La conflictividad no se ha limitado a la planificación. Durante la legislatura también se han sucedido las denuncias por las altas temperaturas en las aulas, el deterioro de algunas infraestructuras —como el pabellón con amianto del CEIP María Moliner— o actuaciones polémicas como la sustitución de la histórica valla que separaba dos colegios públicos de Zaragoza. Este diario ha solicitado al Departamento de Educación una valoración sobre el balance de estas medidas y de las críticas recibidas, pero desde el Departamento han rechazado hacer declaraciones.

La presidenta de FAPAR, Vanesa Jiménez, hace un balance muy crítico de estos tres años. Considera que la sucesión de tres consejeras refleja una falta de estabilidad al frente del Departamento y sostiene que las principales decisiones han ido encaminadas a “reforzar la red concertada”. Entre ellas cita la concertación del Bachillerato, la apertura de nuevas enseñanzas, los cambios en la escolarización, el cierre de aulas y el aumento de las ratios.

La federación también cuestiona el reparto de las subvenciones destinadas a las asociaciones de familias. Denuncia que la ayuda que recibe FAPAR se ha reducido un 20% mientras la destinada a FECAPA, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de la enseñanza concertada, se ha duplicado. Para Jiménez, esta diferencia “refleja una política educativa que, durante estos tres años, ha otorgado un mayor respaldo a la red concertada que a la escuela pública”.

Una mare ha denunciat davant la Policia i la Inspecció d'Educació un presumpte cas d'assetjament escolar continuat contra el seu fill, de nou anys, alumne de tercer de Primària de l'Escolania de Nostra Senyora dels Desemparats de València, després que, segons assegura, el centre haguera ignorat els seus avisos. Així, descriu un entorn d'hostilitat contra el menor des de l'inici del curs escolar, caracteritzat per insults greus i la difusió de vídeos amb connotacions sexuals per part de dos companys del xiquet, davant del qual tant la direcció del centre privat concertat com l'administració educativa haurien mostrat una absoluta passivitat.

La víctima va accedir a la institució el curs passat després de superar les proves musicals pertinents per a formar part del cor. Segons explica la seua mare, professora d'Educació Secundària en un institut de València, el menor va començar a patir de seguida el rebuig i els atacs verbals per part dels dos companys d'aula. Entre les desqualificacions habituals hi havia insults contra la seua família i expressions homòfobes com “el teu pare t'ha deixat per marica”.

Malgrat les reiterades comunicacions de la família, la resposta de la direcció i del tutor va consistir a qualificar els fets de “coses normals” o “coses de xiquets”. En les entrevistes presencials amb el director, Luis Garrido, la mare assegura que aquest va arribar a parlar-li “a crits” i que des del centre es va atribuir la situació a la presumpta falta d'“habilitats socials” de l'alumne, exigint-li proves dels fets.

No obstant això, al maig van aparéixer en els dispositius digitals d'ús obligatori al centre (iPad) arxius de vídeo i d'àudio enviats al menor amb expressions injurioses i d'índole sexual. “El col·legi ha vist els vídeos, però no ha fet res”, afirma la denunciant. Davant la persistència de l'assetjament, que va incloure agressions físiques lleus, com ara el llançament d'objectes durant una cursa solidària, la mare va acudir a una psicòloga externa, que va confirmar el greu dany emocional del menor, a qui va descriure com a “destrossat”.

La solució plantejada pel centre, segons ha explicat l'afectada, va ser convidar-los a abandonar-lo. En recollir les qualificacions finals del seu fill, el tutor li va indicar que, si no hi estaven “a gust”, se n'anaren. En el tràmit de baixa formal, la secretaria del col·legi va atribuir la marxa al fet que l'alumne “no s'havia adaptat”. Finalment, la família ha obtingut plaça en un altre centre escolar per al pròxim curs.

“No s'ha detectat cap cas d'assetjament escolar”

Per la seua banda, el director de l'Escolania de Nostra Senyora dels Desemparats, Luis Garrido, en declaracions a elDiario.es, ha defensat l'actuació del centre i ha assegurat que s'ha seguit rigorosament “el tràmit que ens va assenyalar la Conselleria” des que la mare va comunicar la situació del seu fill. Segons Garrido, el menor “ha tingut una vida normal” al col·legi, al marge dels “xicotets incidents que pot tindre un xiquet”, els quals van ser abordats mitjançant el seguiment del claustre i l'aplicació de les “mesures correctores i sancionadores” previstes. No obstant això, el director ha negat categòricament la gravetat de les acusacions en afirmar que, després d'activar els mecanismes d'observació corresponents, “no s'ha detectat cap cas d'assetjament escolar”.

Així mateix, el responsable de la institució ha confirmat que la Inspecció d'Educació es va posar en contacte amb el centre fa unes setmanes per a instar-lo a obrir formalment el protocol d'assetjament escolar. Garrido ha lamentat la baixa de l'alumne i ha manifestat que li “sap molt greu que haja marxat el xiquet, és una veritable llàstima”, alhora que ha subratllat que des del centre educatiu es va fer “tot el possible perquè no se n'anara del col·legi i perquè es trobara còmode” durant el curs.

Consultada per elDiario.es, la Conselleria d'Educació ha confirmat que va haver-hi una queixa d'una mare i que la inspecció va anar al centre: “S'han seguit tots els protocols i no s'han trobat indicis de cap abús”, corroboren.

Precedents i denúncies d'encobriment

Aquest cas coincideix amb altres reclamacions similars de famílies de l'Escolania, que també van acudir a la Inspecció d'Educació per presumptes vexacions i insults al centre, un patró de conducta que ja va provocar que altres alumnes abandonaren la institució amb anterioritat.

A més, antics docents del centre també van corroborar a elDiario.es la veracitat dels fets denunciats en sostindre que aquesta problemàtica no és nova. Així, expliquen com fa una dècada dos professors van ser acomiadats després de denunciar internament els abusos als quals eren sotmesos els menors per part de la direcció. El Jutjat Social va declarar aquells acomiadaments improcedents. “Això passa des de fa moltíssims anys; fins i tot antics alumnes ja ens comentaven les vexacions que els deien”, assevera una docent que ja no és al centre.

El col·legi de l'Escolania té uns quaranta alumnes que cursen entre tercer de Primària i segon de l'ESO dividits en tres aules unitàries. L'objectiu d'aquest centre concertat és l'escolarització dels xiquets d'entre 8 i 14 anys, que formen part del cor de l'Escolanía que canta a la Verge dels Desemparats a la Basílica de València.

Una madre ha denunciado ante la Policía y la Inspección de Educación un presunto caso de acoso escolar continuado hacia su hijo de nueve años, alumno de tercero de Primaria en la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados de València, después de que, según asegura, hayan ignorado sus avisos en el centro. Así, describe un entorno de hostilidad hacia el menor desde el inicio del curso escolar, caracterizado por insultos de gravedad y la difusión de vídeos con connotaciones sexuales por parte de dos compañeros del niño, ante lo cual tanto la dirección del centro privado-concertado como la administración educativa habrían mostrado una absoluta pasividad.

La víctima accedió a la institución el pasado curso después de superar las pruebas musicales pertinentes para formar parte del coro. Según explica su madre, profesora de Educación Secundaria en un instituto de València, el menor comenzó a sufrir de inmediato el rechazo y los ataques verbales por parte de los dos compañeros de aula. Entre las descalificaciones habituales se encuentran insultos hacia su familia y expresiones homófobas como “tu padre te ha dejado por maricón”.

A pesar de las reiteradas comunicaciones de la familia, la respuesta de la dirección y del tutor consistió en calificar los hechos como “cosas normales” o “cosas de niños”. En las entrevistas presenciales con el director, Luis Garrido, la madre asegura que este le llegó a hablar “a grito pelado” y que desde el centro se achacó la situación a la presunta falta de “habilidades sociales” del alumno, exigiéndole pruebas de los hechos.

Sin embargo, en el mes de mayo aparecieron en los dispositivos digitales de uso obligatorio en el centro (iPads) archivos de vídeo y audio enviados al menor con expresiones injuriosas y de índole sexual. “El colegio ha visto los vídeos, pero no ha hecho nada”, afirma la denunciante. Ante la persistencia del hostigamiento, que incluyó agresiones físicas menores como el lanzamiento de objetos durante una carrera solidaria, la madre acudió a una psicóloga externa, quien confirmó el severo daño emocional del menor, al que describió como “destrozado”.

La solución planteada por la institución académica, según ha explicado la afectada, fue la invitación a abandonar el centro. Al recoger las calificaciones finales de su hijo, el tutor le indicó que si no estaban “a gusto”, se marcharan. En el trámite de baja formal, la secretaría del colegio atribuyó la salida a que el alumno “no se había adaptado”. Finalmente, la familia ha obtenido plaza en otro centro escolar para el próximo curso.

“No se ha detectado ningún caso de acoso escolar”

Por su parte, el director de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, Luis Garrido, en declaraciones a elDiario.es, ha defendido la actuación del centro y ha asegurado que se ha seguido rigurosamente “el trámite que nos señaló la conselleria” desde que la madre comunicó la situación de su hijo. Según Garrido, el menor “ha tenido una vida normal” en el colegio, al margen de los “pequeños incidentes que puede tener un niño”, los cuales fueron abordados mediante el seguimiento del claustro y la aplicación de las “medidas correctoras y sancionadoras” previstas. No obstante, el director ha negado categóricamente la gravedad de las acusaciones al afirmar que, tras activar los mecanismos de observación correspondientes, “no se ha detectado ningún caso de acoso escolar”.

Asimismo, el responsable de la institución ha confirmado que la Inspección de Educación se puso en contacto con ellos hace unas semanas para instarles a abrir formalmente el protocolo de acoso escolar. Garrido ha lamentado la baja del alumno y ha manifestado que le “sabe muy mal que se haya ido el niño, es una verdadera lástima”, al tiempo que ha subrayado que desde el centro educativo se hizo “todo lo posible para que no se fuera del colegio y para que se encontrara cómodo” durante el curso.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Educación ha confirmado que hubo una queja de una madre y que la inspección fue al centro: “Se han seguido todos los protocolos y no se han encontrado indicios de ningún abuso”, corroboran.

Precedentes y denuncias de encubrimiento

Este caso coincide con otras reclamaciones similares de familias de la Escolanía, que también acudieron a la Inspección de Educación por supuestas vejaciones e insultos en el centro, un patrón de conducta que ya provocó que otros alumnos abandonaran la institución con anterioridad.

Además, antiguos docentes del centro también corroboraron a elDiario.es la veracidad de los hechos denunciados, al sostener que esta problemática no es nueva. Así, explican cómo hace una década dos profesores fueron despedidos tras denunciar de forma interna los abusos a los que eran sometidos los menores por parte de la dirección. El Juzgado de lo Social declaró aquellos despidos como improcedentes. “Esto lleva ocurriendo muchísimos años; incluso antiguos alumnos ya nos comentaban las vejaciones que les decían”, asevera una docente que ya no está en el centro.

El colegio de la Escolanía tiene unos cuarenta alumnos que cursan entre tercero de Primaria y segundo de la ESO divididos en tres aulas unitarias. El objetivo de este centro concertado es la escolarización de los niños, de entre 8 y 14 años, que forman parte del coro de la Escolanía que le canta a la Virgen de los Desamparados en la Basílica de València.

Otra decena de estudiantes ha decidido presentar nuevas demandas ante la Justicia para que, al igual que en el caso de sus compañeros, no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad. Por el momento son cerca de 25 los autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao los que han decidido tomar medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. Se trata de una decisión recurrida por la EHU al considerar que “el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos”.

Aun así, un juez, Emilio Lamo de Espinosa, ha avisado al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano. Por ello, la EHU ha anunciado ampliar provisionalmente las plazas para que ningún alumno salga perjudicado aunque la preinscripción a los grados de la Universidad pública vasca finalizó este martes, 30 de junio.

Tras las denuncias los jóvenes podrán acceder, con la nota de Selectividad sin contar la el examen de euskera, a una plaza en la EHU -u otra universidad pública del país-, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos.

Desde el Consejo de Estudiantes temen que esta situación “sienta un precedente”. “Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Este jueves Euskalgintzaren Kontseilua, organización que reúne las principales entidades sociales a favor del euskara, ha convocado una manifestación en facultades de la EHU de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava “con el objetivo de denunciar la desoficialización del euskara, la ofensiva del poder judicial y el menosprecio sistemático hacia la lengua, superar el sistema de modelos lingüísticos y apostar por un modelo educativo generalizado en euskara que garantice que todo el alumnado, en igualdad, sea competente en esta lengua y avanzar en la normalización y revitalización del euskara en un contexto de emergencia lingüística”.

“Los tribunales han aprovechado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la prueba de acceso a la universidad (PAU) para extender a la educación una ofensiva contra la normalización del euskara que viene de lejos y para profundizar en su desoficialización. Como consecuencia, han premiado y privilegiado la renuncia al euskara. Este hecho evidencia el menosprecio sistemático hacia el euskara por parte del poder judicial, con el objetivo de perpetuar el euskara como una lengua de segunda categoría y subordinada al castellano. A ello se suma que el actual sistema de modelos lingüísticos vigente en la educación de Euskadi deja a miles de estudiantes sin alcanzar un nivel mínimo de euskara”, lamentan los organizadores de la protesta, a la que se han adherido  los sindicatos ELA, LAB y STEILAS, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola, las organizaciones estudiantiles IAS e IKAMA, además del Consejo de Estudiantes y los grupos de euskara de los campus de Leioa, Donostia y Gasteiz de la EHU.

La decisión adoptada por varios juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que obtuvieron bajas calificaciones y han acudido a la Justicia deja ahora tres escenarios posibles para los estudiantes. El asunto ha escalado a debate político con un juez, Emilio Lamo de Espinosa, avisando al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano.

En primer lugar, se encuentran los cerca de 25 estudiantes que acudieron a la Justicia para, según uno de sus abogados representantes, Iñaki Picaza, que la nota de la asignatura en el examen de la Selectividad “no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao les han dado la razón y han decretado, como medidas cautelares, que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados.

Estos jóvenes podrán acceder a una plaza, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos. La EHU ha presentado un recurso.

En segundo lugar se encuentran los alumnos que también han suspendido u obtenido un cero en el examen de euskera de la Selectividad, pero han decidido no acudir a la Justicia. Aunque es cierto que la semana pasada se acometió la revisión de esos exámenes y se determinó que en aproximadamente un 80% de los casos la calificación podía ser algo más alta que cero, pero no los dos puntos que implican que, de oficio, sea necesario un tercer tribunal corrector por observarse una gran diferencia. Sin embargo, estos alumnos se quedarían sin los 'beneficios' de quienes acudieron a la Justicia, es decir, sus bajas notas de euskera contarán en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad.

El tercer escenario puede tratarse del más complicado y, como califican desde el Consejo de Estudiantes de la EHU, “injusto”. Se trata de aquellos alumnos a los que, habiendo aprobado el examen de Euskera y Literatura II, esta nota les ha bajado la media. “Tenemos a alumnos con un 8 de media que han sacado un 6 en euskera. Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Con el objetivo de que los estudiantes de ese tercer escenario no se vean perjudicados y pierdan sus “merecidas” plazas, la Universidad vasca ofertará más plazas para que entren los que recurrieron el examen de euskera y nadie quede fuera. La decisión se ha adoptado tras una reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes entre el rector y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. “Como resultado del encuentro, ambas instituciones han acordado ampliar cautelar y provisionalmente las plazas de excepción cuya reserva imponen los autos judiciales en aquellas titulaciones en las que resulte necesario. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, que la ejecución de estas resoluciones perjudique al resto del estudiantado ya admitido y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a los autos judiciales que prevén la reserva de plazas”, informan desde la universidad.

A raíz de esta situación desde la EHU consideran que la aplicación de los autos judiciales la sitúan en un conflicto con el Real Decreto 534/2024, norma estatal que regula la prueba de acceso a la universidad. “El citado Real Decreto establece expresamente que la materia de Euskara y Literatura II debe formar parte de la calificación de la fase de acceso. Sin embargo, los autos judiciales ordenan recalcular las calificaciones prescindiendo de dicha materia, lo que, a juicio de la universidad, obliga a dejar de aplicar una previsión expresa de una norma estatal vigente. Euskal Herriko Unibertsitatea considera que esta situación plantea un dilema jurídico inédito. La ejecución de los autos, en los términos en que han sido dictados, obliga a la universidad a modificar las calificaciones de acceso y a reservar plazas, dejando de aplicar una previsión expresa del Real Decreto 534/2024”, destacan desde la universidad.

“La universidad considera, además, que esta situación altera las condiciones de un proceso de admisión ya iniciado, obvia las reglas generales del sistema de acceso para un grupo concreto de personas, quiebra el principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la universidad, resulta contraria a los derechos del resto del estudiantado, compromete la seguridad jurídica y genera un precedente de enorme gravedad para el sistema universitario”, señala la EHU, que aclara que “acatará y aplicará las medidas cautelares en los términos establecidos por los autos judiciales, por ser de obligado cumplimiento”, pero “al mismo tiempo, defenderá por todas las vías legales a su alcance la plena aplicación del Real Decreto 534/2024 y las garantías del sistema de acceso a la universidad”.

Por ello, como han anunciado este lunes, la universidad recurrirá la decisión judicial. “La universidad está estudiando cuantas acciones judiciales considere necesarias para salvaguardar la seguridad jurídica de la institución y garantizar el respeto al marco normativo vigente que regula el acceso a la universidad. La EHU mantiene los recursos ya presentados contra los autos y continuará defendiendo la aplicación del marco legal vigente y las garantías del sistema de acceso a la universidad”, concluyen.

El Tribunal de Justicia de Navarra (TSJN) obliga al Departamento de Educación del Gobierno foral a aplicar en los centros privados que reciben concierto educativo las mismas reducciones de ratios que las tienen los centros de la red pública. La sentencia estima así un recurso presentado por las patronales de la educación concertada el pasado mes de septiembre.

El consejero Carlos Gimeno, que ha anunciado que el Gobierno navarro recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, ha lamentado el fallo que da la razón a la patronal de la red concertada. “¿Un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas?”, ha planteado. “Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública”, ha añadido.

En ese sentido, Gimeno ha afirmado que “la situación de las dos redes no es idéntica”. “Respeto el fallo del TSJN, pero consideramos que no partimos de una base igualitaria. No compartimos, pero sí respetamos, que no aplicamos el principio de igualdad. Nosotros creemos que siempre se puede aplicar la desigualdad si hay una justificación objetiva y absolutamente razonable. No lo digo yo, lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional y es lo que establece el principio de equidad educativa. Por lo tanto, no entendemos que no se analice o no se contemple el índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que hay en cada centro”, ha señalado.

La sentencia resuelve que la reducción de ratios debe aplicarse desde el próximo curso 2026/2027 (la legislación preveía su aplicación para el curso 2027/2028). “Aplicar el fallo de esta sentencia hoy obviamente reduciría las vacantes en los centros concertados. Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión, porque habría que reducir la ratio de 25 en Infantil a 23, la ratio de 25 en primero de Primaria a 23, y la ratio de 30 en primero de la ESO a 28”, ha explicado. Carlos Gimeno ha asegurado que “en tres años habría centros que tienen cinco o seis unidades donde 10 o 12 alumnos deberían salir”.

El consejero ha asegurado que aplicar esta sentencia generaría un “caos organizativo en el sistema educativo navarro absolutamente ostensible”. “Aplicar la sentencia precisamente perjudicaría a las familias, a los centros y al alumnado de los centros concertados”, ha lamentado.

El consejero de Educación, además, ha recordado que en Euskadi también existen diferentes ratios entre la red pública y la red concertada por norma. “Y luego hay una cuestión que queremos también aclarar con respecto al fallo y es que en esta comunidad han existido ratios diferentes entre la red pública y la red concertada desde el 2007 hasta el 2018. Es una cuestión que ya se ha producido en esta comunidad con otros Gobiernos”, ha apostillado.

Decenas de alumnos, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional, o en el modelo B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, han denunciado una “oleada de suspensos y ceros” en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad. En una concentración celebrada este lunes ante la Escuela de Ingeniería de Bilbao, han exigido “soluciones” y han asegurado que confían en que se trate de “un error del corrector”, porque de no ser así han lamentado que se están “jugando su futuro”. El asunto ha motivado una reunión “de urgencia”, este martes, con el rector, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y Educación, Begoña Pedrosa.

Según alumnos y profesores de colegios como el Ayalde-Munabe de Leioa, el Colegio Vizcaya de Zamudio o en Bilbao los centros El Carmen, María Inmaculada y Nuestra Señora de la Merced, los resultados que han obtenido sus alumnos y en concreto los que se han examinado en una de las salas de la Facultad de Economía y Empresa Sarriko y cuentan con apellidos a partir de la letra I, no coinciden con las notas que han ido obteniendo a lo largo del curso. Aunque reconocen que la media de euskera en la PAU de sus alumnos no suele ser especialmente alta, coinciden en que jamás ha habido un “número tan grande de ceros”.

Por ello, se han unido para exigir una corrección extraordinaria del examen de euskera. Sin embargo, desde la EHU han destacado que “la corrección de las pruebas se realiza bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad”. “Las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia, precisamente para garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones”, han detallado.

El examen de Lengua Vasca y Literatura de este año, al igual que en años anteriores consta de una parte de escritura y otra de lectura, con preguntas para evaluar la comprensión de texto, gramática, adjetivos y la opción de escoger entre escribir un correo electrónico o un comentario de texto, por un lado y por el otro, ligar en un texto un anuncio publicitario o un bertso con un texto que aportan al alumno. Es, no obstante, la primera vez que esas preguntas para evaluar la comprensión del texto que se aporta no se pueden responder tipo test.

La EHU ha criticado que “resulta incomprensible la solicitud de una mayor transparencia en los términos planteados mientras el procedimiento permanece abierto”. “La transparencia debe ser compatible con el respeto a la confidencialidad y a las garantías jurídicas que protegen los derechos de todas las personas afectadas. La obligación de preservar la reserva de determinadas actuaciones durante la tramitación del procedimiento responde precisamente a la necesidad de asegurar que este concluya con todas las garantías, con pleno respeto a los principios de objetividad, igualdad de trato y seguridad jurídica”, ha apuntado la Universidad pública vasca, que según ha publicado en un comunicado, “reitera su compromiso con el rigor, la imparcialidad y la calidad del sistema de acceso a la universidad, así como con la defensa de un procedimiento que ofrezca las máximas garantías para todo el alumnado”.

A pesar de ello, la Universidad ha recordado que “el procedimiento de segunda corrección continúa desarrollándose con normalidad y conforme a los plazos legalmente establecidos, y que las calificaciones resultantes de este proceso se publicarán el próximo lunes”, 22 de junio.

Tras la polémica, este martes por la tarde se han reunido de urgencia los consejeros de Universidades y Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Begoña Pedrosa, con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea. Lo han hecho después de que la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, María Ubarretxena haya señalado que comprende la preocupación de las familias, pero que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU. “Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde”, ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación “para atacar al euskera”.

Sobre esta cuestión y a modo de respuesta a Ubarretxena, la Universidad ha querido aclarar que la organización de la PAU no es responsabilidad exclusiva de la EHU. La comisión organizadora está integrada por cinco representantes del Gobierno vasco y cinco de la EHU, y los tribunales evaluadores cuentan con profesorado universitario y de Educación Secundaria. “La Universidad considera importante recordar que la confianza de la ciudadanía en este proceso exige reconocer la responsabilidad compartida de las instituciones que participan en él. Presentar la organización de la PAU como una responsabilidad exclusiva de la EHU no se corresponde con la realidad de un modelo de gobernanza y gestión compartido entre el Gobierno vasco y la Universidad”, han criticado desde la EHU.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha admitido este jueves que resulta “muy difícil” que el Bachillerato concertado pueda implantarse el próximo mes de septiembre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendiera la orden de concertación aprobada por el Ejecutivo autonómico. El fallo judicial da la razón a los colectivos de la escuela pública al considerar que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones pero Azcón lo ha justificado precisamente “para que pudiera implementarse en septiembre”.

Aunque ha insistido en que será el Departamento de Educación quien estudie las posibles alternativas junto a los representantes de la enseñanza concertada, el presidente aragonés ha reconocido las dificultades para que la medida llegue a tiempo para el inicio del próximo curso.

La consejera de Educación mantiene de hecho este viernes una reunión con representantes de la educación concertada para analizar los distintos escenarios abiertos tras la resolución judicial.

Pese al revés sufrido en los tribunales, Azcón ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha explicado que la decisión de aprobar la orden cuando el Gobierno estaba en funciones respondió exclusivamente a una cuestión de plazos.

“Si no hubiera sido en funciones, hubiera sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento”, ha afirmado. Según ha explicado, el objetivo era que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse de la concertación del Bachillerato a partir del curso 2026-2027.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de Aragón respetará la decisión de la Justicia, aunque ha reiterado su compromiso con la ampliación de la oferta educativa concertada. “Lo importante es que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de seguir ampliando derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada”, ha afirmado.

Azcón ha recordado además que la concertación del Bachillerato formaba parte de los compromisos adquiridos por el Partido Popular tanto durante la campaña electoral como en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá trabajando en esa dirección. “No renunciamos a esa apuesta por la educación pública, pero también por la educación concertada”, ha concluido.

“Quien debería dimitir es Azcón”

Mientras, en las Cortes de Aragón, la consejera de Educación ha adoptado la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque. En una respuesta al diputado socialista Jorge Pastor, y pese la contundente sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha indicado al PSOE que “en pocos meses tendrán que explicar por qué 55.000 familias no van a tener el derecho a elegir en qué colegio quieren terminar sus hijos sus estudios”.

Pastor ha preguntado a la consejera si va a dimitir y ha recordado que “han hecho una bandera tan grande de la privatización del Bachillerato y los conciertos que quien debería dimitir es Azcón”. Le ha pedido que “desistan” de concertar el Bachillerato porque “no se necesitan más plazas y en el futuro se van a necesitar menos”.

El diputado socialista también ha cuestionado por qué el Gobierno de Azcón no concertó el Bachillerato antes de entrar en funciones y si Vox presionó al PP, y le ha solicitado que explique qué va a hacer con el Colegio Catalina de Aragón, que cierra dos aulas, el Gil Tarín, el Hermanos Marx, y ha mostrado su preocupación por los centros rurales agrupados. “Detrás de cada cierre hay un niño, una familia, unos profesores, un municipio que quieren una explicación”, ha zanjado.

“No tienen ni idea de quién va a un colegio concertado”, ha acusado por su parte la consejera Susiín, que ha apuntado que muchas familias de la concertada votan a los socialistas. La titular de Educación también ha hablado sobre el proceso de escolarización, que finalizó el 29 de mayo, y en el que el 97,46% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en su primera opción, lo que “acredita” el éxito del espacio único de escolarización. Solo se han cerrado siete vías, por 23 en el último año de gobierno del PSOE, ha añadido.

En un moment en què l'educació pública valenciana alça la veu contra el Consell i reclama més recursos per a cobrir deficiències que ja són pràcticament estructurals, Compromís ha denunciat davant el Tribunal de Comptes el finançament amb 72,6 milions d'euros de diners públics de set centres educatius de l'Opus Dei que, segons assegura la formació valencianista, “segreguen il·legalment per sexe”.

El periodista Moisés Pérez analitzava en el seu llibre El negoci de les aules el model dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana. En aquesta obra, el redactor d'El Temps explica que el mapa de l'ensenyament concertat a l'autonomia compta amb un sòlid i lucratiu bastió gestionat per mercantils i fundacions vinculades espiritualment a l'Opus Dei.

Així, relata com, a través de la firma Fomento de Centros de Enseñanza SA —nascuda el 1963 sota el paraigua de l'ala tecnòcrata de la dictadura— i d'altres fundacions de caràcter “obra corporativa”, l'organització ultracatòlica ha rebut injeccions milionàries de la Generalitat Valenciana. Això ha permés consolidar un model que històricament ha destacat pel seu elitisme i per la defensa de l'educació segregada, tal com denuncia Compromís.

La investigació de Pérez també al·ludeix al col·legi Altozano, situat a la capital alacantina i tradicionalment segregat per sexes, que va rebre un total de 34,6 milions d'euros en el mateix període. Per la seua part, el col·legi Aitana (Torrellano, Elx), centre de referència al sud del territori valencià i concertat des del curs 1998-1999, va sumar 26,3 milions d'euros fins al 2020.

A la ciutat de València es troba el col·legi Vilavella, incorporat a la xarxa concertada a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat, que va rebre subvencions per valor de 23,1 milions d'euros entre 1999 i 2020. Així mateix, a Betxí s'ubiquen els centres Torrenova i Miralvent, que representen el desembarcament del grup a la província de Castelló. Tots dos es van incorporar al règim de concert el 2008 sota el mandat de l'aleshores conseller Alejandro Font de Mora: Torrenova va rebre 11,9 milions d'euros, mentre que Miralvent, el centre masculí del grup, va obtenir 8,2 milions d'euros.

Centres en etapes educatives no obligatòries

Un cas a banda és el col·legi Guadalaviar, a València, que respon al model d'“obra corporativa”. A diferència dels anteriors, no pertany al grup Foment, sinó que està gestionat per una societat anònima d'accionariat dispers vinculada a famílies de l'alta burgesia local. La Generalitat va finançar progressivament les seues etapes de Primària, Secundària, Infantil, Batxillerat i Educació Especial, fins a sumar una aportació total de 39,8 milions d'euros, segons detalla Pérez.

Finalment, els vincles financers de l'organització s'estenen també als centres de capacitació tècnica. La xarxa compta amb tres Escoles Familiars Agràries (EFA): Torrealdua i Malvesia, a Llombai, i El Campico, a Jacarilla, la concertació conjunta de les quals va suposar quasi dos milions d'euros anuals durant la dècada passada. A aquestes se sumen els centres de Formació Professional Altaviana, especialitzat en hoteleria i gestionat per l'Associació Portomar —amb més de 800.000 euros anuals—, i Xabec, gestionat per la Fundació Eifor. Aquest últim, a més de la subvenció derivada del concert educatiu, ha captat 738.255 euros de Labora i 120.311 euros de fons europeus, compaginant els diners públics amb donacions privades de la banca i d'interproveïdors de grans cadenes de supermercats.

En un momento en el que la educación pública valenciana alza la voz contra el Consell y reclama más recursos para cubrir deficiencias que ya son prácticamente estructurales, Compromís ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la financiación con 72,6 millones de euros de dinero público de siete centros educativos del Opus Dei que, según asegura la formación valencianista, “segregan ilegalmente por sexo”.

El periodista Moisés Pérez analizaba en su libro 'El negoci de les aules' el modelo de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana. En esta obra, el redactor de El Temps explica que el mapa de la enseñanza concertada en la autonomía cuenta con un sólido y lucrativo bastión gestionado por mercantiles y fundaciones vinculadas espiritualmente al Opus Dei. Así, relata cómo, a través de la firma Fomento de Centros de Enseñanza S.A. (nacida en 1963 bajo el paraguas del ala tecnócrata de la dictadura) y de otras fundaciones de carácter “obra corporativa”, la organización ultracatólica ha recibido inyecciones millonarias de la Generalitat Valenciana. Esto ha permitido consolidar un modelo que históricamente ha destacado por su elitismo y la defensa de la educación segregada, tal y como denuncia Compromís.

Según recoge la obra, los datos parlamentarios oficiales de la Conselleria de Educación (período 1999-2020) detallan el reparto del dinero público entre los principales colegios de la organización en las tres provincias, que ascendió a cerca de 193 millones de euros. Entre los referentes de Fomento de Centros de Enseñanza destaca el colegio El Vedat (Torrent), ubicado en una zona residencial exclusiva y de tradición estrictamente masculina. Entre 1999 y 2020 acumuló 46,4 millones de euros de las arcas públicas en una progresión constante: recibió 8,6 millones en el tramo 1999-2005; 16,2 millones entre 2006-2012; y consiguió la cifra más alta, con 21,5 millones, entre 2013-2020.

La investigación de Pérez también alude al colegio Altozano, situado en la capital alicantina y tradicionalmente segregador, que recibió una inyección total de 34,6 millones de euros en el mismo período. Por su parte, el colegio Aitana (Torrellano, Elche), centro de referencia en el sur del territorio valenciano y concertado desde el curso 1998-1999, sumó 26,3 millones de euros hasta 2020.

En la ciudad de València se encuentra el colegio Vilavella, incorporado a la red concertada a principios de los década de los ochenta del pasado siglo, cuyas subvenciones alcanzaron los 23,1 millones de euros entre 1999 y 2020. Asimismo, en Betxí se ubican los centros Torrenova y Miralvent, que representan el desembarco del grupo en la provincia de Castellón. Ambos accedieron al concierto en 2008 bajo el mandato del entonces conseller, Alejandro Font de Mora: Torrenova recibió 11,9 millones de euros, mientras que las aulas masculinas de Miralvent obtuvieron 8,2 millones.

Centros en etapas educativas no obligatorias

Mención aparte merece el colegio Guadalaviar, en València, que responde al modelo de “obra corporativa”. A diferencia de los anteriores, no pertenece al grupo Fomento, sino que está gestionado por una Sociedad Anónima de accionariado disperso ligada a familias de la alta burguesía local. La Generalitat financió progresivamente sus etapas de Primaria, Secundaria, Infantil, Bachillerato y Educación Especial, sumando una aportación total de 39,8 millones de euros, según detalla Pérez.

Finalmente, los vínculos financieros de la organización se extienden a centros de capacitación técnica. La red cuenta con tres Escuelas Familiares Agrarias (EFA): Torrealdua y Malvesía (Llombai) y El Campico (Jacarilla), cuya concertación conjunta supuso casi dos millones de euros anuales durante la pasada década. A ellos se suman los centros de Formación Profesional Altaviana, especializado en hostelería y gestionado por la Asociación Portomar (con más de 800.000 euros anuales), y Xabec, gestionado por la Fundación Eifor. Este último, además de la subvención por concierto, ha captado 738.255 euros del servicio autonómico de empleo (Labora) y 120.311 euros de fondos europeos, compaginando el dinero público con donaciones privadas de la banca e interproveedores de grandes cadenas de supermercados.

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

Medio centenar de representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE) se han concentrado este jueves en la plaza de Zocodover, en Toledo, bajo el lema 'Mismo trabajo, mismas condiciones“, para reclamar igualdad laboral para los profesionales de la enseñanza concertada.

El sindicato denuncia que el actual proyecto de ley que prepara el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación que dirige la toledana Milagros Tolón, “vuelve a excluir” a la enseñanza concertada de la reducción de carga lectiva prevista para la enseñanza pública y sostiene que se mantiene “una situación de desigualdad injustificable entre trabajadores que prestan el mismo servicio público educativo”.

Así lo ha explicado Jaime Romero, secretario autonómico de FSIE en la comunidad autónoma en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado mes de abril el anteproyecto de ley para reducir tanto ratios como horas lectivas. “Creemos que tenemos que estar incluidos porque se afectaría a la calidad educativa de los centros porque la reducción de la carga lectiva a 23 horas en Educación Primaria y a 18 horas en Educación Secundaria no se hace extensiva a la concertada”.

Por otro lado, detalla, “pedimos una financiación justa para la educación concertada. Es algo que revierte también en el PAS, el personal de administración y servicios, en las condiciones en las que están trabajando”.

En Castilla-La Mancha unas 5.000 personas trabajan en los colegios concertados, en los que están matriculados unos 50.000 alumnos y alumnas.

La concentración de Toledo forma parte de la campaña nacional de movilizaciones impulsada por FSIE “en defensa de la dignidad profesional, la igualdad y la calidad” y apremia porque, según explica el sindicato, la previsión inicial es que la ley entre en vigor en el próximo curso escolar.

Jaime Romero explica que el sindicato ha mantenido conversaciones con la Consejería de Educación en la comunidad. “Hay buena sintonía. Nos han dicho que esperemos a ver lo que ocurre a nivel nacional, pero tenemos las puertas abiertas y estamos negociando con ellos”.

Mientras, las movilizaciones seguirán en el ámbito nacional durante todos los viernes del mes de junio.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado la estrategia de la Consejería de Educación para favorecer el avance de la enseñanza privada en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a través del aumento de unidades concertadas mientras desatiende la red pública, que sufre falta de inversión, sobrecarga de tareas insostenible para el profesorado y graves fallos de infraestructuras de los centros.

Según ha afirmado el sindicato en un comunicado, “Educación está dando pasos en esta dirección mediante la autorización de nuevas enseñanzas en centros privados que, a corto plazo, pretenden ser financiadas con fondos públicos, como es el caso de un centro de la comarca del Besaya que tiene intenciones de ampliar etapas para acceder al concierto a pesar de tener una matrícula insuficiente según los criterios de la propia administración”.

Tras acceder a los datos de escolarización de este centro, gestionado por una fundación que hasta ahora solo impartía infantil y primaria, el sindicato ha comprobado que cuenta con 41 alumnos y alumnas en 3 unidades de infantil y 113 en 6 de primaria. “Unas cifras insuficientes para justificar el mantenimiento de un concierto educativo según los criterios de planificación de la Consejería, por lo que es incomprensible abrir la puerta a nuevas unidades cuando no existe una necesidad real de escolarización que la escuela pública no pueda absorber”, ha subrayado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria.

Esta decisión afecta, en consecuencia, a la planificación de los institutos públicos de la zona, especialmente al IES Besaya, “que ve amenazada la continuidad de alguno de sus 15 grupos de ESO”, así como el Ría San Martín de Suances y La Marina de Santa Cruz de Bezana, lo que se traducirá “en una pérdida de puestos de trabajo en la red pública”, ha afirmado Sánchez, quien ha apuntado que “incluso en las comunicaciones de la dirección a las familias hemos comprobado que el objetivo de autorizar la ESO es el futuro pago por parte de la administración”.

Se trata de un ejemplo que, para Sánchez, pone de manifiesto la hoja de ruta diseñada por Educación, autorizando la enseñanza para después buscar el dinero público para sostenerla y, mientras tanto, “el consejero Silva demuestra cuáles son sus prioridades reales, dejando morir proyectos públicos estratégicos, como el Instituto de Energías Renovables de Viérnoles”.

En este escenario, la Federación de Enseñanza ha reafirmado su compromiso con un modelo educativo donde la red pública sea el eje vertebrador, se ha opuesto a la financiación de la privada a costa de las carencias en la pública y ha rechazado la expansión de la concertada, especialmente en FP y ESO, como sustituta de la oferta pública.

Además, el sindicato ha recordado que “existen ejemplos de cómo revertir conciertos educativos salvaguardando los puestos de trabajo del personal de los actuales centros concertados y garantizando una atención completamente pública” y ha instado a la Consejería a “velar por el bienestar de sus docentes y la inversión en sus propios centros en lugar de facilitar el camino a futuros conciertos innecesarios”.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

Los sindicatos educativos en Huesca confían en que la movilización contra los conciertos educativos sirva al Gobierno de Aragón para “replantear” su postura. Han hecho un balance “muy positivo” de la movilización de este miércoles tras dos días de huelga y concentraciones. La huelga educativa ha estado convocada por los seis sindicatos con representación en la educación pública aragonesa —CSIF, CGT, CCOO, STEA-i, UGT y ANPE—, y todos ellos han coincidido en señalar su “satisfacción” por la respuesta obtenida.

Como colofón a los dos días de huelga, “una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Huesca en defensa de la escuela pública y en contra de la concertación del Bachillerato”, ha indicado la representante de ANPE, Teresa Hernández. Ha continuado: “El balance ha sido muy positivo, porque el seguimiento ha superado el cincuenta por ciento en estos dos días, estamos viendo que la comunidad educativa nos apoya y que se defiende la escuela pública”.

Desde CGT, Sergio Martínez, uno de los representantes sindicales que este miércoles conversó en Huesca con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido que dada la respuesta a esta medida, el Gobierno de Aragón la replantee. “Él comentó que esta es una medida que llevaban en su programa electoral y que van a continuar y creo que usan palabras muy grandilocuentes y decir que es un acto de democracia seguir con el concierto no es la realidad y estamos viendo una realidad que es muy diferentes a la que el señor Azcón ve y es que un motón de familias y docentes creemos que el dinero público debe ir a la escuela pública”. Ha dicho que “espero que den una vuelta con la respuesta que está habiendo y lo replanteen y que por lo menos haya un diálogo”, ha expresado Martínez.

También tuvo la oportunidad de dialogar con Azcón, Rubén Ferrer, de CSIF, quien ha asegurado que “no ha servido de mucho”, indicando que “él se ha enrocado en que es lo que ha votado la ciudadanía y que iba en el programa electoral y le hemos dicho que ha empezado a cumplir medidas por algo que no es necesario” y “hay que dejar claro que tenemos carencias y en cambio dan dinero a otros centros”.

Asimismo, la representante de UGT, Carolina Gállego, se ha mostrado muestra “muy satisfecha” con la movilización lograda. “Hemos tenido una acogida estupenda y lo vemos en la respuesta a estas movilizaciones”. Por su parte, de CCOO Ana Paris, ha trasladado y agradecido todo el apoyo recibido, al igual que ha hecho Alberto Pavón, de STEA.

Semana de movilizaciones

La semana ha estado marcada por las protestas educativas en toda la comunidad autónoma. El lunes, cuatro centros educativos del entorno de Vía Hispanidad en Zaragoza dieron el pistoletazo de salida con una marcha y el posterior encierro en el CEIP Hispanidad, donde durmieron varias familias y realizaron pancartas para la manifestación del miércoles.

El martes por la mañana multitud de docentes se congregaron a las puertas del Departamento de Educación de Zaragoza, donde leyeron un manifiesto y entregaron en torno a un centenar de escritos elaborados por claustros y consejos escolares en los que se exponian las problemáticas concretas que hay en cada centro. Una de las mayores reivindicaciones de estos días, además de la protesta contra el plan de concertación del Bachillerato, es la exigencia de más medios y más personal para poder atender correctamente a los alumnos, en especial a los que tienen necesidades especiales: “La inclusión sin inversión es abandono”, referían algunas docentes presentes en la concentración.

El plato fuerte llegó el miércoles, en Huesca Azcón se encontró con centenares de manifestantes que le pitaron y abuchearon por sus políticas educativas. En Zaragoza, por la mañana tuvo lugar una primera marcha estudiantil por la mañana en Zaragoza y la gran manifestación a las 18:30. En ella, miles de personas recorrieron el centro de la capital aragonesa. La marea verde inundó durante más de dos horas el centro de la ciudad, hasta abarrotar la Plaza del Pilar, donde se leyó un manifiesto y se congregaron los manifestantes para exigir “dinero público para la pública”. Como respuesta, el Gobierno de Aragón continúa sosteniendo su plan para concertar el Bachillerato, a pesar de que esta medida permanece recurrida por CSIF y otras organizaciones, que ayer mismo reconocían que “ahora solo puede pararlo la Justicia”.

Las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel se han teñido este miércoles de verde. Una marea de docentes y familias han llenado el centro de las ciudades aragonesas contra los conciertos educativos promovidos por el Gobierno de Jorge Azcón. En Zaragoza, la marcha ha concluido en una Plaza del Pilar abarrotada que ha pedido bajo el sol la supresión de los conciertos educativos en Bachillerato y “que se escuche a la gente”.

Sandra es doncente en un centro público del Actur y reclama “más inversión a lo público” porque “lo que se ve en el aula día a día son situaciones muy complicadas, amplias ratios y una atención a la diversidad que hacemos como podemos, con nuestro coste personal y nuestro tiempo”.

En la misma línea se manifiesta Elisa, compañera del mismo centro, que critica la falta de recursos que, cuando no se está día a día en el aula, no se vive: “Nos enfrentamos a situaciones diarias que no podemos abarcar, se necesitan muchos más recursos, mucho más personal, tenemos una carga muy grande a nivel de papeleo y el trabajo del día a día con los alumnos se ve perjudicado por la falta de recursos, tienes que sacar tiempo de donde no hay”.

Laura, profesora de un colegio público de Zaragoza, considera que el dinero destinado a la concertación “debería invertirse en reforzar la escuela pública”. “Trabajo cada día en un aula y las carencias de recursos, tanto materiales como personales, son enormes. Faltan apoyos, faltan profesionales y seguimos teniendo muchos centros con problemas de climatización o patios poco adecuados para los alumnos”, lamenta.

La manifestación ha partido de la Glorieta Sasera y ha ido creciendo a medida que avanzaba por el centro de Zaragoza, sumando columnas de docentes, estudiantes y familias en distintos puntos del recorrido, especialmente en el paseo de la Independencia. A diferencia de otras movilizaciones, la marcha ha transcurrido de forma bastante silenciosa durante buena parte del recorrido, aunque la imagen de la calle Alfonso completamente abarrotada de principio a fin reflejaba la dimensión de la protesta. Mientras la cabecera ya entraba en la plaza del Pilar, todavía seguían llegando manifestantes desde Independencia. Ya en la plaza, llena bajo el sol del mediodía, sí han estallado las proclamas y los cánticos contra la política educativa del Gobierno aragonés, con gritos de “es Azcón el que no bote”, “educación pública” o “abajo la concertada”.

La protesta ha concluido en la Plaza del Pilar con la lectura de un manifiesto a cargo de Francisco Fraguas y Aitana Muñoz, que han defendido que “defender la Escuela Pública es defender el futuro de Aragón” y han reivindicado que la educación pública “no pertenece a ningún gobierno”, sino que “garantiza derechos, igualdad de oportunidades y cohesiona el territorio”.

Durante la lectura, la comunidad educativa ha acusado al Ejecutivo autonómico de “seguir avanzando en la privatización de etapas educativas” mientras, aseguran, faltan recursos en los centros públicos. “Nos dijeron que no había presupuesto para reducir ratios, contratar más orientadores o climatizar centros, pero sí aparecen millones de euros cuando se trata de financiar centros privados”, recoge el texto leído este mediodía ante miles de personas en Zaragoza.

Marcha estudiantil y seguimiento de la huelga

En cuanto al seguimiento de la huelga, fuentes sindicales han comunicado que “según los datos facilitados por los propios centros, alrededor del 55% del profesorado ha secundado la huelga para exigir que los más de 20 millones de euros que Azcón quiere despilfarrar en seguir privatizando la enseñanza aragonesa, se destinen a solucionar problemas que la escuela pública tiene por su infradotación económica, el seguimiento ha sido de un 55% en la provincia de Zaragoza, de un 59% en la de Huesca y de un 45% aproximadamente en la de Teruel”.

Ayer, el seguimiento según los sindicatos convocantes, que posteriormente confirmó el Departamento de Educación, fue de en torno a un 40%, con más peso en Infantil y Primaria que en Secundaria. Este miércoles, el Ejecutivo ha trasladado que el 25,96% del personal docente ha hecho huelga y el 12,52% del personal no docente. Por provincias, Huesca vuelve a ser en la que más docentes secundan la huelga, un 29,54%, seguida de Zaragoza con un 25,05% y de Teruel con un 24,79%. En cuanto al personal no docente: en Zaragoza ha secundado la huelga el 17,42%, el Huesca el 15,48% y en Teruel el 14,75%.

Desde la organizaciones sindicales han insistido en que “ante la perdida de alumnado de los centros concertado, el Gobierno de Aragón ha decidido que su política educativa se destine a salvar el negocio de estas empresas, no hay que olvidar que el 70% de las familias aragonesas eligen la escuela pública, porque es la opción de mayor calidad y en la que cabe todo el alumnado, y no podemos permitir que se destine dinero público para que los centros privados puedan seguir con su negocio a pesar de su perdida de alumnado”.

Alrededor de siete mil personas se han manifestado esta mañana por el centro de Zaragoza en la manifestación convocada por el movimiento estudiantil y que el profesorado en huelga ha secundado masivamente para exigir al Gobierno de Aragón que no concierte el bachillerato, y que destine más recuros a la escuela pública.

La huelga comenzó ayer, cuando centenares de personas se congregaron frente al Departamento de Educación de Zaragoza, donde entregaron en torno a un centenar de escritos redactados por los claustros y los consejos escolares de diferentes centros de la provincia. En ellos, los docentes señalan los problemas concretos que tiene cada centro, ya que las personas movilizadas consideran que solucionar esto es “prioritario” a concertar el Bachillerato, una etapa educativa no obligatoria.

El Departamento de Educación ha respondido a los manifestantes, que esta misma mañana han pitado al presidente Azcón en Huesca para mostrarle su malestar por la situación educativa. La Consejería “mantiene abiertos de forma permanente canales de diálogo con toda la comunidad educativa. Estas vías han permitido adoptar medidas relevantes para la mejora del sistema y seguirán siendo el marco adecuado para abordar cualquier propuesta o discrepancia desde la responsabilidad y el rigor”, aseguran.

Según el Ejectutivo, no existe “ningún proceso de recorte ni de desmantelamiento de la educación pública en Aragón. Muy al contrario, el actual Gobierno autonómico está realizando el mayor esfuerzo inversor de la historia en educación no universitaria, con más de 1.300 millones de euros de presupuesto, de los cuales el 84% se destina a la red pública” y defienden su plan de concertación del Bachillerato: “Se trata de una cuestión de justicia, equidad, igualdad de oportunidades y libertad de elección, porque únicamente cuando no hay barreras económicas hay auténtica igualdad y, por tanto, libertad”.

Niegan que se trate de una privatización del sistema ni de una “merma de recursos para la red pública, ni una segregación de alumnado. La concertación de esta etapa va a permitir que los alumnos que han elegido un centro concertado puedan concluir su trayectoria en su mismo colegio hasta los 18 años sin que el factor económico sea un obstáculo, por lo que protege a las familias con menos recursos de esa red”. Concluyen asegurando que ambos modelos —la pública y la concertada— son “totalmente complementarios e imprescindibles desde hace cuatro décadas, que han enriquecido el sistema educativo y que garantizan la libre elección de centro”.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

La publicación de las vacantes para el próximo curso escolar en Sabiñánigo (Huesca) ha acabado convirtiéndose en un nuevo frente político y educativo para el Gobierno de Aragón PP-Vox. La decisión de reducir de tres a dos vías de 1º de ESO en el IES San Alberto Magno, uno de los dos institutos públicos de la localidad, ha provocado una oleada de críticas de profesorado, sindicatos y partidos de la oposición, que ven detrás de esta maniobra una estrategia de debilitamiento progresivo de la educación pública en beneficio de la concertada.

El conflicto estalló cuando el profesorado del centro hizo público un duro comunicado en el que expresaba su “sorpresa e indignación” por la supresión “injustificada” de una vía educativa “en mitad del proceso de admisión”. Según denuncian, el instituto había ofertado inicialmente 30 plazas ordinarias y cuatro para alumnado ACNEAE (con necesidades específicas de apoyo educativo), y había recibido 33 solicitudes. Sin embargo, finalmente solo se adjudicaron siete plazas tras desaparecer una de las vías previstas.

“Sin comunicación oficial al centro ni a las familias se ha suprimido una vía”, denuncian los docentes, que consideran que la medida deja fuera a 26 familias de Sabiñánigo y del Valle de Tena que habían elegido este instituto para escolarizar a sus hijos e hijas.

La polémica no llega en un momento cualquiera. Hace apenas un año, el Gobierno aragonés autorizó el concierto educativo para 1º y 2º de ESO en el colegio Santa Ana, un movimiento muy criticado por la comunidad educativa y por buena parte de la oposición parlamentaria. Ahora, con la reducción de una vía en el San Alberto Magno, el equilibrio de plazas en la localidad vuelve a alterarse.

Desde el centro no ocultan su preocupación por el impacto que esta decisión puede tener en el futuro del instituto público. El comunicado insiste en que la medida “viene precedida” precisamente por la concertación de plazas en Santa Ana y reclama “transparencia” en el proceso de escolarización.

El Departamento de Educación niega, sin embargo, que se haya cerrado ninguna unidad. La versión oficial sostiene que la publicación inicial de tres grupos fue “un error” del Servicio Provincial de Educación de Huesca y que la planificación real siempre contempló únicamente dos vías para el San Alberto Magno, las mismas que para el IES Biello Aragón.

La explicación no ha convencido a la comunidad educativa. La sensación de improvisación y falta de transparencia se ha instalado entre familias y docentes, especialmente porque la rectificación se produjo cuando el proceso de admisión ya estaba en marcha.

Educación argumenta además que “hay plazas suficientes” en los centros públicos de la zona y que muchas de las solicitudes presentadas al San Alberto Magno proceden de alumnado cuyo centro adscrito corresponde a otros institutos. En concreto, señala que parte del alumnado del Valle de Tena debería cursar sus estudios en la sección de Biescas o en el IES Biello Aragón.

La consejería insiste en que “la libertad de elección” no obliga a la administración a garantizar plaza en un centro distinto al adscrito, siempre que exista una alternativa pública disponible. Pero precisamente ahí se encuentra uno de los principales reproches de las familias y del profesorado: consideran que el Ejecutivo autonómico utiliza criterios burocráticos para limitar de facto la capacidad real de elegir enseñanza pública.

El malestar ha crecido aún más con el conflicto del transporte escolar. El profesorado del IES San Alberto Magno denunció también que la Comarca Alto Gállego había comunicado la supresión del servicio de transporte para alumnado transportado matriculado en el instituto, lo que obligaría a muchos estudiantes a cambiar de centro si querían seguir contando con este servicio.

La vicepresidenta comarcal, Nuria Pargada, ha tratado de rebajar la tensión asegurando que la Comarca no decide sobre la escolarización y que únicamente gestiona administrativamente las rutas de autobús que le comunican los institutos. Aun así, la sensación entre las familias afectadas es que las decisiones administrativas acaban condicionando directamente el acceso a la educación pública.

El Departamento de Educación asegura que mantendrá el transporte gratuito para el alumnado ya matriculado en el San Alberto Magno hasta finalizar sus estudios, aunque no para nuevas incorporaciones. Una medida que, lejos de apagar el incendio, ha sido interpretada como una confirmación de que el Gobierno pretende redirigir progresivamente al alumnado hacia otros centros.

La polémica ha llegado ya a las Cortes de Aragón. Chunta Aragonesista ha registrado varias preguntas parlamentarias para exigir explicaciones a la nueva consejera de Educación sobre cuándo y por qué se decidió reducir la oferta pública del instituto. La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Isabel Lasobras, quiere saber “qué criterios pedagógicos, demográficos y de planificación educativa” justifican la supresión de una vía pública mientras se mantienen o amplían plazas concertadas en la localidad.

La diputada y secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, resume el trasfondo político del conflicto con una frase que se repite cada vez más en el debate educativo aragonés: “La educación pública pierde una vía, que es lo que parece que pretende el Gobierno PP-Vox”.

Villagrasa recuerda que durante años Sabiñánigo había mantenido cinco vías públicas de ESO repartidas entre ambos institutos. La apertura de una línea concertada en Santa Ana elevó temporalmente el número total a seis, pero la eliminación ahora de una vía en el San Alberto Magno devuelve la cifra a cinco, con una diferencia sustancial: una de ellas pertenece ya a la enseñanza concertada.

También los sindicatos han cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico. CGT Enseñanza Huesca denuncia que la decisión responde directamente al “trasvase de alumnado hacia el colegio concertado Santa Ana”, una concertación que considera “totalmente innecesaria” en una localidad donde, aseguran, nunca ha faltado oferta pública.

Para el sindicato, el caso de Sabiñánigo representa una tendencia más amplia en Aragón: “Mientras se continúa financiando con dinero público a la enseñanza concertada, la escuela pública sufre recortes de unidades, pérdida de profesorado y eliminación de servicios esenciales como el transporte escolar”. La organización vincula además este conflicto con la huelga convocada los días 19 y 20 de mayo en defensa de la escuela pública aragonesa.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.