La apuesta educativa en Zaragoza capital: 90 aulas cerradas en colegios públicos en tres años frente a ninguna en concertados

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (FAPAR), como integrante de la comisión de Garantías de escolarización de la ciudad de Zaragoza, ha criticado este lunes el elevado número de aulas en la escuela pública cerradas por el Gobierno de Aragón en los últimos años en la capital aragonesa, frente a la situación vivida en los centros escolares concertados.

En concreto, la organización ha cifrado en 131 las clases suprimidas en el caso de la escuela pública en los últimos cinco cursos, frente a apenas cuatro en la privada concertada. La situación es aún más grave al poner el foco en los tres cursos más recientes, cuando no ha habido ni un solo cierre en la concertada por 90 en la pública.

En el actual curso, FAPAR ha tenido conocimiento de las vías de 3 años que el Departamento de Educación ha cerrado en los centros públicos en este mes de septiembre (23), que unidas a las que se cerraron antes de iniciarse el proceso de escolarización en el mes de abril (16) suponen la pérdida de 39 aulas en centros públicos. “O incluso más, al tener aulas congeladas que no se reconocen como cerradas”, apunta en un comunicado Miguel Ángel Sanz, presidente de FAPAR.

“Somos conscientes del contexto de bajada demográfica en el que vivimos, pero este no justifica el número de cierres que se están produciendo y mucho menos que estos se ejecuten exclusivamente en la escuela pública”, añade Sanz.

FAPAR sostiene que, a tenor de los datos, la implantación de la zona única en el curso pasado y los nuevos criterios de escolarización del actual Gobierno (en el curso 23-24) evidencian “una pérdida exclusiva de vías en centros públicos, que por una parte se ha visto incrementada, sin duda fruto de la desplanificación que supone una zona única de escolarización”. Cierres que –sostienen las asociaciones de padres y madres de alumnos en su comunicado– se ciñen exclusivamente a centros públicos “y no porque no haya aulas vacías en septiembre en centros concertados (el curso 23-24, al menos cuatro; el curso 24-25, al menos una; el curso 25-26, al menos tres), sino porque el Departamento ha decidido que sea la escuela pública la damnificada”. Y destacan a su vez que “no solo no se cierran conciertos, sino que se incrementan”, con el ejemplo del ciclo de Infantil en el centro San Miguel de Casetas.

La organización suma a “este ataque frontal a la escuela pública” los problemas en la escolarización fuera de plazo derivados de la normativa de zona única, que no permite el cambio si la distancia entre ambos centros no supera los 4 kilómetros. Esto, indica FAPAR, “aboca a familias a gastos inasumibles en transporte, a absentismo escolar, a problemas de conciliación, a dificultades de escolarización en el paso a secundaria y a desapego del entorno familiar”. Se trata además de algo que afecta especialmente a alumnado vulnerable, que es el que presenta mayor movilidad de domicilio, y que se escolariza en mayor medida en los centros públicos.

“La educación es un derecho fundamental que las administraciones deben garantizar a todo el alumnado y el proceso de escolarización no puede ser para unos un derecho de libertad de elección de centro y para otros un mero hecho administrativo en el que garantizar una plaza escolar”, concluye el presidente de FAPAR.

Críticas de CGT y de IU

La semana pasada, CGT Enseñanza, a través de su representante sindical José Luis Ruiz, ya denunció el cierre de “otras 25 aulas en centros educativos públicos de Zaragoza” –23 en aulas 3 años y 2 de Primaria–. “Se trata del enésimo ataque a la enseñanza pública de esta Consejería de Educación del PP, obsesionada por el reducir el gasto a costa de dotar a los centros públicos de la inversión que necesitan para mejorar la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad”, apuntó Ruiz.

El representante sindical denunció que la Dirección General de Política Educativa “incumple su propio acuerdo de ratios autonómico, que fija en 22 el alumnado por aula en Educación Infantil”. Y puso como ejemplo que en el CEIP Torre Ramona del Barrio de Las Fuentes se ha cerrado una de las dos aulas de 3 años a pesar de tener 24 chicos y chicas matriculadas y de haber impedido a una familia matricular al que haría el número 25, a pesar de tener un hermano mayor ya en el centro“.

En la misma línea, Izquierda Unida denunció el cierre de 45 aulas en centros educativos públicos de Aragón en 2025 como consecuencia de la “ausencia de planificación ante el descenso demográfico y su imposición de la zona única de escolarización para apoyar a la escuela concertada que ha llevado a cabo el Gobierno de Jorge Azcón”.

Su coordinador y portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado preguntas parlamentarias dirigidas a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, en las que reclama información detallada sobre los criterios que se han tenido en cuenta para el cierre de las aulas y si se tratan de cierres definitivos como los que llevaron a cabo en abril de 2025. También ha preguntado sobre el refuerzo de la atención a la diversidad en los centros de una sola vía y en como se garantiza dicha atención en los centros concertados ya que muchos de ellos no disponen de recursos para ello.