No fueron uno, sino dos los contratos menores que el Ayuntamiento de Mogán adjudicó en la primavera de 2024 por un importe total superior a los 17.000 euros al despacho de abogados Montero Aramburu para que uno de sus consejeros, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, elaborara dictámenes jurídicos que pudieran ser utilizados por la defensa de la alcaldesa, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en causas penales en las que figura como investigada. 

Este periódico ya informó recientemente de una adjudicación directa de 8.560 euros (8.000 euros más IGIC) a ese despacho para la emisión de un informe que analizaba -y defendía- la legalidad de los contratos menores sucesivos y encadenados que el gobierno de Bueno adjudicó, tanto de forma directa como a través de una empresa pública (Mogán Sociocultural), a dos productoras emparentadas (Etiazul y 21 Bombillas) entre 2018 y 2020 para la prestación de servicios municipales de prensa, comunicación y publicidad. 

Fernández Valverde, magistrado del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta su jubilación en marzo de 2022, firmó ese dictamen en mayo de 2024. El informe fue aportado por el abogado de Onalia Bueno, del despacho del prestigioso penalista José Antonio Choclán, al Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, donde se sustancia la causa contra la alcaldesa por esas mismas adjudicaciones.

Esas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, que había investigado los contratos tras recibir un escrito de Podemos y que apreció indicios de delito, de un fraccionamiento fraudulento de su objeto para burlar la ley, evitar sacar a concurso esos servicios públicos y beneficiar económicamente a esas dos productoras. 

Fernández Valverde compareció el pasado junio ante la jueza instructora para ratificar su informe, que se centra en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento pero no hace referencia a los concedidos por la empresa municipal Mogán Sociocultural, pese a que, según la Fiscalía, se solaparon en el tiempo y tenían el mismo objeto.  

El dictamen sobre los contratos encadenados a Etiazul y 21 Bombillas no era, sin embargo, el primero que el magistrado emérito firmaba para el Ayuntamiento de Mogán ese año. Dos meses antes, en marzo, el gobierno de Bueno había adjudicado al mismo despacho otro contrato menor por el mismo importe (8.560 euros con IGIC) para el “asesoramiento jurídico especializado en materia de recursos humanos”. Y, en concreto, para “la emisión de un dictamen jurídico para el análisis, estudio y asesoramiento jurídico en materia de función pública, sistemas retributivos, eficacia de acuerdos adoptados sobre modificación de complementos salariales y su vinculación con normativa presupuestaria”. 

Al igual que en el encargo sobre los contratos menores a productoras, en este decreto de adjudicación firmado por la alcaldesa tampoco se hace referencia a las actuaciones municipales concretas que debían ser analizadas por el asesor jurídico externo, por el despacho del magistrado emérito del Supremo, ni tampoco el destino del informe, su finalidad. En ningún momento menciona que versa sobre un asunto judicializado, sobre una de las investigaciones que contra la propia Bueno se instruyen en los juzgados.

Sin embargo, el encabezado de ese dictamen (de una treintena de páginas, igual que el segundo) y la descripción de su objeto no dejan lugar a dudas. Con el título “Informe jurídico sobre los límites y limitaciones de las modificaciones en los complementos salariales del sector público en interés del excelentísimo Ayuntamiento de Mogán”, Fernández Valverde analiza el acuerdo alcanzado por el gobierno de Onalia Bueno a finales de 2015, meses después de acceder al poder, para aumentar las retribuciones de ciertos empleados municipales a través de la modificación de un plus. 

El objeto del informe encargado al magistrado emérito del Supremo coincide, por tanto, con el objeto de otra investigación penal contra la alcaldesa de Mogán, la que se había abierto en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana en 2022 para dirimir si Bueno utilizó esos incrementos retributivos para premiar a funcionarios afines, por vínculos familiares o personales o por haber colaborado en la campaña electoral con su partido. 

En este caso, no consta que el informe elaborado por Fernández Valverde fuera aportado a ese procedimiento judicial. Sin embargo, el propio despacho confirma que ese era su destino cuando, al ser consultado por el encargo, señala que se limitó a ejecutar “las instrucciones del estudio Choclán”. Es decir, que el informe respondía a las necesidades de los abogados que representan a la alcaldesa de Mogán en la causa penal, pese a que quien contrata y paga es la administración pública, el Ayuntamiento. 

La investigación judicial fue archivada de forma provisional con un escueto auto a principios de septiembre del año pasado, pocos meses después de que Fernández Valverde finalizara su dictamen. El magistrado acaba de ratificar ese sobreseimiento provisional al rechazar, en otra resolución de dos folios, el recurso presentado por la acusación popular. 

Desde Montero Aramburu señalan que el despacho cuenta con “destacados expertos” en el ámbito de la administración pública, entre ellos el propio Fernández Valverde, y que esa, y la complejidad de los asuntos a tratar, fueron las razones de esos encargos, que atribuyen al despacho de José Antonio Choclán aunque fuera pagado con fondos públicos. 

Ni el bufete Choclán ni el Ayuntamiento de Mogán han contestado a las preguntas remitidas por correo por este periódico. 

En el decreto de adjudicación, el Ayuntamiento defiende la necesidad de recurrir al asesoramiento externo por la dificultad de la materia y la falta de medios propios en la administración local, pese a que el interventor municipal ya se pronunció sobre esos complementos específicos hace años.

Un contencioso resuelto en 2018 

El informe de Fernández Valverde sobre los complementos específicos se limita a la cuestión administrativa, a analizar el marco jurídico sobre esos pluses y el caso concreto del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Mogán a finales de 2015 para incrementar las retribuciones de ocho empleados públicos. No hace referencia a sus posibles implicaciones penales, esto es, a la posibilidad, apuntada por el equipo de la Guardia Civil que investigó el caso, de que esos sobresueldos sirvieran para premiar la colaboración de determinados trabajadores municipales en la campaña electoral de Ciuca, el partido de Bueno entonces. 

En cualquier caso, lo cierto es que en el ámbito administrativo no hay nada que hacer con respecto a ese acuerdo porque está anulado por resolución judicial firme desde 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ese año la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Las Palmas de Gran Canaria que un año antes, en junio de 2017, había estimado un recurso presentado por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias y, en consecuencia, había tumbado estos incrementos. 

En esa sentencia, el TSJC ponía de manifiesto que el Ayuntamiento de Mogán no contaba con “los elementos de prueba” para justificar la asignación de esos complementos específicos con arreglo a los criterios que marca la ley. Estos pluses sirven para retribuir “la dificultad técnica, la responsabilidad, la peligrosidad o la penosidad” de determinados cargos “en relación con el resto de puestos”. Sin embargo, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, el Ayuntamiento no hizo una valoración íntegra de todos los puestos de trabajo y, por tanto, ni los comparó ni fijó los criterios de ponderación. 

El alto tribunal canario recordó en esa sentencia que el interventor municipal había advertido de que era necesaria una valoración íntegra de todos los puestos y que el incremento de los complementos era “excesivo” en algunos casos. Sin nombrarlo de forma expresa, se refería al de Salvador Álvarez, que se convirtió en coordinador de diferentes áreas del grupo de gobierno tras las elecciones de 2015, en cuya campaña colaboró de forma activa con Ciuca. Sus emolumentos se equipararon al del secretario y el interventor. 

La sentencia del TSJC también llamaba la atención sobre la “anómala e incomprensible” decisión de aplicar esos sobresueldos de manera retroactiva. 

“Cosa juzgada”

En su informe sobre este asunto, Fernández Valverde admite que no puede discrepar de ese pronunciamiento de los juzgados porque “se trata de cosa juzgada”. Sin embargo, sostiene que la “irregularidad” cometida por el Ayuntamiento de Mogán no es invalidante, que debe ser considerada “como un supuesto de anulabilidad” y no como una “nulidad de pleno derecho”. En otras palabras, que era una deficiencia “perfectamente subsanable”. 

“El expediente puede ser considerado incompleto, pero no inexistente. Se llevaron a cabo las actuaciones que se consideraron suficientes para la valoración técnica y objetiva de los puestos de trabajo afectados, aunque no todos, lo cual fue considerado bastante para su anulación jurisdiccional en impugnación de la comunidad autónoma”, señala el exjuez. 

En el informe que dio origen a la causa penal ya archivada, el equipo de la Guardia Civil que actuó como policía judicial remarcaba que el gobierno liderado por Onalia Bueno trató de revestir esos incrementos retributivos de una “apariencia de legalidad” mediante la aprobación del expediente administrativo que concluyó en la aprobación de aquel acuerdo.

En el último archivo, el magistrado Rodrigo Álvarez Riquelme, titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, concluye que los aumentos salariales a ocho trabajadores municipales constituyeron una “irregularidad del ordenamiento jurídico”, sin llegar a “colmar la infracción penal”, pues, a su juicio, no existen indicios para determinar que esas modificaciones retributivas tuvieran por objeto premiar a funcionarios afines.

Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta su jubilación en marzo de 2022, es el autor de un dictamen que ha sido pagado por el Ayuntamiento de Mogán y que ha utilizado en su defensa la alcaldesa de este municipio grancanario, Onalia Bueno (Juntos por Mogán, aliado de Coalición Canaria (CC) en las últimas elecciones), en una causa penal en la que figura como denunciada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El gobierno liderado por Bueno adjudicó en mayo de 2024 un contrato menor de 8.560 euros a Montero Aramburu, el despacho de abogados en el que ejerce el exjuez desde julio de 2022 y del que es consejero, para la elaboración de un informe jurídico.

Fernández Valverde firma como “magistrado emérito” del Supremo un dictamen que defiende la legalidad de los contratos menores de comunicación que el Ayuntamiento adjudicó entre 2018 y 2020 a dos productoras emparentadas, Etiazul y 21 Bombillas, cuyos administradores eran los hermanos Pedro Guerra (fallecido en 2024) y Gregorio Guerra.

El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana investiga desde 2023 esos contratos y los adjudicados por la sociedad municipal Mogán Sociocultural de manera encadenada a las mismas empresas. La causa penal se abrió a instancias de la Fiscalía, que apreció “indicios suficientes de criminalidad” en la actuación de la alcaldesa y de Grimanesa Pérez, presidenta del Consejo de Administración de Mogán Sociocultural. El Ministerio Público había iniciado sus pesquisas tras recibir una denuncia de Podemos.

Durante esos tres años, el Ayuntamiento de Mogán, bien de forma directa o bien a través de la empresa municipal, adjudicó a Etiazul y 21 Bombillas más de una decena de contratos menores por un importe total cercano a los 240.000 euros. La Fiscalía observó una alternancia de adjudicaciones directas a estas productoras, incluso con contrataciones “simultáneas” con el mismo objeto: servicios de comunicación, prensa y publicidad.

En su denuncia, el Ministerio Público sostenía que se había producido un fraccionamiento fraudulento de los contratos para beneficiar a esas dos empresas y sortear la legislación en la materia, que exigía sacar a concurso el servicio por ser una “necesidad estructural”.

Los contratos menores de servicios no pueden superar los 15.000 euros (o los 18.000 antes de la reforma legislativa operada en marzo de 2018) ni el año de duración. La norma impide fraccionar los servicios con el mismo objeto o alterar su contenido para concederlos a dedo y evitar otros procedimientos como el negociado sin publicidad o el concurso público.

El fiscal César Casorrán remarcaba en ese escrito que los importes de esas adjudicaciones se situaban “casualmente” justo por debajo del umbral del límite máximo del contrato menor, lo que, en su opinión, evidenciaba el interés municipal por favorecer a estas productoras.

Durante el interrogatorio al que la sometió el fiscal, la alcaldesa Onalia Bueno alegó que la decisión de recurrir a contratos menores se había adoptado por la falta de personal y el volumen de trabajo en la administración, lo que originaba una “situación de colapso” que “impedía” celebrar un procedimiento abierto de contratación, un concurso público al que pudiera concurrir cualquier empresa interesada en asumir un servicio estructural.

El informe de Fernández Valverde

Para tratar de justificar la legalidad de esos contratos menores, el gobierno de Onalia Bueno recurrió a otro contrato menor. En este caso, de asesoría jurídica. El 24 de mayo de 2024 la alcaldesa firmaba la resolución que autorizaba el gasto de 8.560 euros (8.000 euros más IGIC) a favor del despacho de abogados Montero Aramburu para la emisión de un dictamen que tenía como objeto “el análisis, estudio y asesoramiento jurídico en materia de contratación pública”. La corporación pretendía verificar “la adecuación a derecho de ciertos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Mogán”, sin especificar a cuáles se refería.

“Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar y la inexistencia de medios materiales y personales del Ayuntamiento para la realización de dichos servicios, se considera necesaria la contratación de una empresa para su realización, siendo la actuación que se pretende contratar adecuada al fin perseguida”, recoge esa resolución.

El expediente no precisa que los contratos analizados son los suscritos con Etiazul y 21 Bombillas ni que ese dictamen tuviera como destino último el Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana o que sirviera para la defensa de la alcaldesa en esa causa.

El dictamen firmado por Fernández Valverde está fechado en mayo de 2024, el mismo mes de su adjudicación (la resolución de la alcaldesa es del día 24). Consta de 35 páginas y lleva por título “Informe jurídico sobre la utilización por parte del Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) de contratos menores con medios de comunicación”.

En su primer punto, precisa cuál fue el encargo del gobierno municipal. “Se solicita al despacho la necesidad de emitir un dictamen jurídico que abarque el estudio normativo y jurisprudencial del régimen jurídico de los contratos menores, en el ámbito de la administración local, concretado en los contratos de prestación de servicios suscritos por el Ayuntamiento de Mogán con las entidades 21 Bombillas y Etiazul”.

Una vez concretado “el régimen jurídico aplicable”, el despacho debía determinar “la posibilidad de su utilización en la contratación de los servicios de comunicación del Ayuntamiento” y examinar “la legalidad y adecuación del procedimiento” llevado a cabo.

Tampoco menciona este dictamen en ningún momento que la alcaldesa de Mogán está incursa en una causa penal precisamente por esos contratos o que el encargo esté vinculado con ese procedimiento judicial. El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana citó el pasado 13 de junio a Rafael Fernández Valverde a comparecer en calidad de perito para ratificar un informe en esa causa. Desde Montero Aramburu señalan a este periódico que el encargo de ese informe lo recibieron “del bufete Choclán”, del despacho que defiende a la alcaldesa en ese procedimiento, y no del Ayuntamiento de Mogán.

“El encargo vino determinado por la complejidad administrativa de la regulación de la contratación menor en el ámbito de las administraciones locales, materia en la que el despacho cuenta con destacados expertos. El informe de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia versó exclusivamente sobre la normativa administrativa de la contratación local. El informe fue remitido al bufete Choclán y posteriormente ratificado a requerimiento judicial”, añaden.

Un examen “precipitado”

En síntesis y en oposición a lo mantenido por la Fiscalía, el informe entregado por Fernández Valverde al Ayuntamiento de Mogán defiende la legalidad de los contratos menores que fueron adjudicados de manera continua y encadenada a Etiazul y 21 Bombillas y niega el fraccionamiento fraudulento. “Pudiera deducirse, de un examen precipitado, que en su tramitación y aprobación se podría estar vulnerando el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Sin embargo, “la existencia de sucesivos contratos no supone, en modo alguno, una irregularidad determinante de la nulidad (...) Para ello, resulta preciso acreditar que las prestaciones de los contratos constituyan una unidad y que su fragmentación resulte injustificada”, señala su autor.

A juicio del magistrado emérito del Supremo, no existe esa “unidad operativa funcional” entre los contratos menores. Así trata de explicarlo: “Obvio es que todos ellos tienen una relación con la comunicación municipal, pero sus respectivos, diversos y particulares contenidos ponen de manifiesto la ausencia de una cierta y constante continuidad lineal y permanente y, por ello, excluyen toda idea de fraccionamiento fraudulento”.

Es decir, los contratos no versan sobre los mismos servicios y no son continuados en el tiempo, a juicio de Fernández Valverde. “Los diversos y particulares contenidos” a los que hace alusión en el dictamen son los siguientes: “servicios informativos y cobertura audiovisual”, “gabinete de comunicación de Radio Televisión de Mogán”, “servicios informativos de Radio Televisión de Mogán”, “servicios de apoyo a la realización, producción y supervisión de programas y medios de comunicación”, “servicios de tareas de prensa y cobertura de noticias de Radio Televisión de Mogán”, “publicidad y promoción turística” o “servicio de apoyo al gabinete de comunicación del Ayuntamiento”.

El dictamen solo abarca el examen de los contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Mogán y obvia los firmados por Mogán Sociocultural. Según los datos que recoge la denuncia de la Fiscalía, a través de esta empresa pública, que tiene la encomienda de gestión de la radio y de la televisión municipal, se adjudicaron a ambas productoras seis contratos, cinco de ellos menores, por un importe de 120.000 euros.

De hecho, el escrito del fiscal incide en el solapamiento de los contratos. Mogán Sociocultural adjudicó servicios a las mismas empresas y con el mismo objeto que los concedidos por el Ayuntamiento: “servicio informativo y cobertura audiovisual”, “gabinete de comunicación de Radio Televisión de Mogán”, “servicios informativos”, “servicios de apoyo a la realización, producción y supervisión de programas y medios de comunicación” o “servicios de tareas de prensa y cobertura de noticias”.

Concurso público

Habría que esperar hasta septiembre de 2019 para que el Ayuntamiento de Mogán sacara a concurso el “servicio integral de prensa y medios de comunicación” por un importe de 846.106,3 euros y un periodo de dos años. Un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anuló los pliegos porque la corporación no había acreditado la insuficiencia de medios propios suficientes para poder asumirlo de forma directa.

Un año después, en septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Mogán volvió a sacar a concurso el contrato, por un importe de 1,07 millones de euros, y se lo adjudicó a Etiazul.

El informe de Fernández Valverde defiende la “actuación municipal evolutiva”. Según el magistrado emérito del Supremo, el Ayuntamiento “utiliza primero los contratos menores en el convencimiento de tratarse de una actuación ajustada a ordenamiento jurídico” y su derivación hacia “una contratación ordinaria” (concurso público) pone de manifiesto, en su opinión, que se trató de “una persistente y continuada actuación informativa y promocional, realizada a plena satisfacción, sin sospecha alguna de que la misma no fuera dirigida a la consecución de los intereses municipales”.

El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha solicitado un informe pericial sobre esos contratos a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), un órgano colegiado independiente de la Administración General del Estado responsable de velar “por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades” en la contratación pública.

Queja al interventor municipal

Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias-Bloque Camarista (NC-Bc) en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, ha presentado una queja ante Función Pública contra el interventor municipal al entender que “no está cumpliendo con sus obligaciones legales de control financiero”, en particular con la fiscalización de los contratos menores.

“Hemos comunicado al interventor por escrito los contratos menores que entendíamos que debía revisar, pero a día de hoy no hemos tenido respuesta”, señala el edil, que considera que “el control y la fiscalización de gastos del Ayuntamiento tiene una debilidad estrructural”.

Gabella no entiende que el Ayuntamiento de Mogán recurra a un despacho de abogados externo para que dirima si los contratos menores con Etiazul y 21 Bombillas se ajustan o no a la legalidad, cuando la corporación “tiene una persona que es responsable de eso, que es el interventor”. “La Ley de Haciendas Locales le atribuye esa función”, remarca.

Rafael Fernández Valverde

Rafael Fernández Valverde forma parte del despacho Montero Aramburu desde julio de 2022. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1972, accedió a la carrera judicial en 1976, con Guía (Gran Canaria) como primer destino. Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por la Audiencia Nacional hasta llegar en 2003 a la Sala Tercera del Supremo, donde permaneció hasta su jubilación. En 2013 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. También estuvo en este cargo hasta jubilarse.

La actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria), fue detenida por primera vez en enero de 2007, cuando era concejala del Partido Popular (PP) en este municipio turístico de cerca de 20.000 habitantes del sur de Gran Canaria. Ese arresto se produjo en el marco de la operación Góndola, una presunta trama de irregularidades urbanísticas que quedó en nada 17 años después, sin llegar siquiera a juicio. 

La regidora sureña puso su contador de imputaciones a cero antes, en abril de 2017, con el archivo de la última de las piezas en las que estuvo implicada en ese caso. “Mi expediente ya está limpio. No tengo ninguna imputación y tampoco he sido condenada por nada en estos diez años, pero ha sido un calvario personal y familiar por culpa de unos rivales políticos que buscan hacer daño ante sus reiterados fracasos electorales”, dijo entonces. Tres años y medio después, volvía a ser detenida. Esta vez, septiembre de 2020, en plena pandemia, por una presunta trama de compra de votos en las elecciones locales. 

Hasta la fecha, Bueno y otros miembros de su grupo de gobierno han conseguido salir airosos de todas las investigaciones judiciales a las que han estado sometidos. Y otras, aún en curso, van camino del archivo a tenor de la posición adoptada por la Fiscalía. En varias de ellas, sin que se haya llegado a analizar el fondo de los asuntos, los indicios incriminatorios hallados en las pesquisas de la policía judicial. Los carpetazos judiciales de las causas contra la alcaldesa de Mogán y los suyos en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana incluyen instrucciones eternas, baile de jueces, cambios de criterio de la Fiscalía, prórrogas extemporáneas, imputaciones por error o la prescripción de los hechos. 

La operación Góndola 

Cuando Onalia Bueno fue detenida por primera vez, en enero de 2007, era concejala de Presidencia, Vivienda y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Mogán, presidido entonces por su ahora enemigo irreconciliable Francisco González (PP). La denominada operación Góndola (llamada así porque Mogán es conocida como la pequeña Venecia de Canarias) se abrió a raíz de la denuncia presentada por dos exconcejales del PP que habían advertido irregularidades en algunos convenios urbanísticos firmados por el gobierno municipal. 

En esa denuncia inicial no se nombraba a Bueno, que fue incorporada al procedimiento después de la investigación de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y de las intervenciones telefónicas practicadas en el marco de otra causa judicial del PP, el caso Faycán de corrupción en el municipio de Telde. 

Bueno llegó a estar imputada en ocho piezas de una causa que se alargó y se estancó durante años. En un escrito de 2013, la Fiscalía General del Estado achacó la lentitud de la investigación al baile de magistrados que habían instruido la causa, once en ese momento. Todos los procedimientos acabaron siendo archivados. El último en que figuraba la alcaldesa investigaba el presunto amaño de un concurso para la construcción de viviendas públicas en favor de la promotora Grupo Europa a cambio del pago por parte de esta empresa de tres eventos en el municipio: un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005 en Arguineguín y los conciertos de Bebe (en carnavales) y Miguel Ríos (en las fiestas del Carmen, en julio).

La jueza instructora, Luz Calvé, llegó a dictar el auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura del juicio oral, al concluir que había indicios de la comisión de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. En esa resolución, la magistrada sostenía que, pese a que finalmente no llegó a materializarse, ese concurso estaba amañado en favor del Grupo Europa y que el Ayuntamiento había aportado suelo, patrimonio municipal, a la empresa. Y señalaba a Onalia Bueno como la persona que había recibido el pliego de condiciones por parte del administrador de esa mercantil, José Manuel Antón. Este empresario, que se introdujo en la isla con la mediación del entonces diputado del PP Jorge Rodríguez, acabaría siendo condenado por maniobras similares en el municipio de Telde, en el marco de la investigación por el denominado caso Faycán. 

Ese auto fue dictado en mayo de 2015, pero el fiscal de esa causa, Jorge Pobre, nunca llegó a formular escrito de acusación. Lo que sí hizo en 2016 fue pedir que se excluyera de la causa a la asociación que había pedido personarse como acusación popular ante la parálisis en la causa, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, que presidía el recientemente fallecido José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El fiscal sostenía que esa asociación debió haber presentado una querella para poder formar parte del procedimiento y acusar a los investigados. 

Ya sin acción popular, el fiscal pidió el archivo de la causa en marzo de 2017, casi dos años después de la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Decía que los eventos pagados por Grupo Europa eran “actos preparatorios impunes” y que no había quedado probado que esos actos estuvieran vinculados con la adjudicación del concurso finalmente anulado. Ante la falta de acusación, el caso fue sobreseído, lo que llevó a la ya entonces alcaldesa de Mogán (había accedido al poder en 2015 con Ciudadanos por el Cambio-Ciuca) a convocar a la prensa para declararse víctima de una conspiración. 

Compra de votos 

En la operación Góndola también se investigó a Onalia Bueno por delito electoral. El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana había abierto una pieza separada a partir de un informe de la Brigada de Información de la Policía que advertía de una presunta manipulación del padrón y del censo municipal de Mogán y atribuía la responsabilidad a la propia Bueno. En las conversaciones interceptadas se escucha a la actual alcaldesa hablar con una funcionaria sobre “los diversos modos y estrategias para lograr y asegurar el mayor número de votos posibles” en las elecciones, lo que incluía “conseguir el empadronamiento” de personas en el municipio, incluso de inquilinos de los apartamentos que explotaba la empleada pública. “Mejor que vayan a votar por correo”, se escucha en uno de esos audios a Bueno. “Yo te voy a dar un censo, ¿oíste? Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta a toda la gente, ¿vale?”, le dice a su interlocutora en otra llamada. 

En septiembre de 2015, el fiscal José Antonio Blanco pidió el archivo de esa pieza. En su informe, mantenía que de las conversaciones interceptadas pudiera deducirse que “se había utilizado a empresas radicadas en el municipio e incluso a las propias empresas municipales para contratar a vecinos del municipio y así obtener su voto”. Sin embargo, concluía que esos hechos “no habían sido corroborados” con otros indicios como para “destruir el principio de presunción de inocencia”.   

La sombra del pucherazo ha estado presente en Mogán durante las dos últimas décadas. Tres años y medio después de que se confirmara el archivo de la pieza del Grupo Europa en el caso Góndola, Onalia Bueno volvía a ser detenida. En esta ocasión, junto a dos de sus concejales, Mencey Navarro y Tania Alonso, por una presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019 (ya con su nuevo partido, Ciuca) y otros delitos contra la administración. La operación de la Guardia Civil, que incluyó la entrada y registro a las dependencias municipales, se produjo en septiembre de 2020. 

Un lustro antes, en abril de 2015, el anterior alcalde de Mogán, Francisco González (PP), había presentado una denuncia al advertir “maniobras sospechosas” en relación con el incremento de las peticiones de voto por correo en esos comicios. La denuncia fue archivada de inmediato, pero un año después el caso se reabrió como consecuencia de la declaración de un colaborador arrepentido de Onalia Bueno, Ramón Trujillo el Perraya, que detalló cómo captaba para Ciuca el voto de vecinos vulnerables del municipio a cambio de dinero o de promesas de trabajo y vivienda. El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción incorporó varias grabaciones y denuncias. Otro de los colaboradores de Ciuca en esa campaña, José Monzón, apodado Pepe el Japonés, afirmaba en uno de esos audios que había conseguido 383 votos por correo para ese partido ofreciendo dinero y favores a habitantes. 

El primer informe de la Guardia Civil no llegaría hasta marzo de 2019. Después elaboró otros dos. El último, en septiembre de 2020, apenas unos días antes de la detención de Bueno y de los dos concejales y del registro al Ayuntamiento. Esos informes incorporaban testimonios de personas que confirmaban haber votado a Ciuca a cambio de 50 euros o de un trabajo y también grabaciones en las que se explicaba cómo se hacía, siendo el procedimiento del voto por correo uno de los predilectos de esta presunta trama. 

También en esta ocasión el juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, apreció hechos “objetivos, accesibles y verificables” sobre el pucherazo en el relato incorporado en el informe de los investigadores. Sin embargo, en febrero de 2022 el fiscal de esta causa, Jorge López Tineo, pidió su archivo, alineándose así con la defensa de la alcaldesa de Mogán, que había contratado para este menester a un prestigioso despacho de abogados, el que encabeza el penalista José Antonio Choclán, exjuez de la Audiencia Nacional. 

Los indicios de delito electoral que el equipo de la policía judicial recabó durante su investigación nunca fueron juzgados por una cuestión formal. Y es que tanto el abogado de la alcaldesa, como después el fiscal, y posteriormente el juez, concluyeron que los hechos referidos a 2015 habían prescrito. Para ello, establecían como fecha de inicio del cómputo la celebración de las elecciones (24 de mayo de 2015) y como la primera resolución contra Bueno y sus concejales el 12 de septiembre de 2020 (días antes de las detenciones), por lo que entendían que ya habían transcurrido los cinco años de plazo que la ley estipula. Con respecto a las elecciones de 2019 no se encontraron pruebas suficientes de delito. 

También en aquella ocasión Onalia Bueno ofreció una rueda de prensa en la que volvió a decir que todo se limitaba a una “persecución personal” por parte de los concejales de Nueva Canarias (NC) en el municipio. “Seguramente el juez lo habría archivado”, dijo al ser preguntada sobre el fondo del asunto. Nunca se sabrá porque, debido a esa cuestión formal, no hubo opción de que se dirimiera si los indicios que encontró la Guardia Civil en esa investigación eran suficientes para llevar a juicio a la regidora. En el sumario figuraban varias grabaciones, entre ellas una en que la alcaldesa de Mogán explica a un colaborador cómo maniobrar con el voto por correo. “Lo importante es que cuando el sobre llegue a la casa te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo”, se le oía decir. 

Piezas separadas 

La causa original del delito electoral se cerró en marzo de 2022, pero siguió adelante la tramitación de las cuatro piezas separadas que se habían abierto a partir de la documentación intervenida en el registro practicado en septiembre de 2020. Tres de ellas continúan en fase de instrucción. Son las que investigan el presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer con dinero público a un empresario que había financiado la campaña de Ciuca; los sobresueldos concedidos a empleados públicos vinculados con la alcaldesa o su partido, y los contratos menores adjudicados a dos asesores. 

La cuarta fue archivada en septiembre del año pasado. Se trata de una pieza en la que estaban imputados Onalia Bueno y Mencey Navarro por ordenar a una funcionaria deshabilitar el acceso remoto que había dado a la Guardia Civil tras aquel registro para que pudiera acceder a la documentación intervenida. El juez Rodrigo Álvarez sobreseyó el caso al entender que la conducta no era reprochable porque los políticos “no tenían conocimiento de que se había instalado un acceso remoto”, pese a que había quedado constancia de esa acción en un acta firmada por sus abogados. El juez también asumió la tesis de la defensa de que esa desconexión “apenas duró entre quince y veinte minutos” y que la alcaldesa y su número dos ordenaron restituirla tras consultarlo con sus abogados y después de que la funcionaria les informara de que se lo había comunicado al sargento de la Guardia Civil y que este le había advertido de que podían incurrir en un delito de obstrucción a la justicia. 

El mismo día en que firmaba el auto de archivo, el magistrado admitía a trámite el recurso presentado por Isabel Santiago, exconcejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, contra la imposición de una fianza de 5.000 euros para ejercer la acusación popular.

De las causas aún en instrucción, una de las piezas investiga el acuerdo que alcanzaron, a través de un proceso de mediación intrajudicial, el gobierno de Mogán y Luis Oller, administrador de la constructora Cornisa del Suroeste y de Aguas de Arguineguín, para poner fin a varios conflictos que mantenían por el cobro de facturas. Un pacto que se cerró con un saldo favorable para el empresario, a quien la Guardia Civil sitúa como financiador de la campaña electoral del partido de Onalia Bueno en 2015. Los investigadores sostienen que esa mediación se simuló con el objetivo de devolverle los favores en aquellos comicios. 

El fiscal Erik Quintana ya ha pedido el archivo sin haber tenido la posibilidad de escuchar durante la fase de instrucción a la testigo principal de la policía judicial, Patricia H., jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en aquella época. Esta empleada pública figura desde el inicio de este procedimiento por error con la condición de investigada y como tal se ha negado a declarar. Y es que fue ella quien denunció las presuntas irregularidades y presiones para favorecer al empresario en aquel proceso, del que terminó siendo apartada. 

La defensa de Bueno solicitó en marzo el sobreseimiento de la causa que versa sobre el nombramiento y aumento del complemento específico de ocho empleados públicos a los que la Guardia Civil relaciona con la alcaldesa o su partido. Esos sobresueldos fueron otorgados a finales de 2015, a los pocos meses de que Ciuca accediera al poder, y con carácter retroactivo, una decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló y calificó de “anómala e incomprensible”. Entre sus beneficiarios, además en dos ocasiones (se le volvió a modificar en 2019), figura un primo de Bueno. También el coordinador general del Ayuntamiento, Salvador Álvarez, mano derecha de la alcaldesa. La defensa sostiene que los hechos están prescritos. Esas subidas salariales fueron aprobadas a pesar de las advertencias de la Dirección General de Función Pública. A pesar de ello, el Ayuntamiento siguió pagando esos incrementos salariales en los años sucesivos. 

Otra de las piezas investiga los sucesivos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Mogán a dos asesores. Entre 2015 y 2020 el gobierno liderado por Bueno convirtió a Rayco Guerra y a su empresa familiar, Arpiplan, en contratista único en servicios veterinarios y de salud pública. En este periodo se les concedió más de 275.000 euros. En octubre de 2019, Guerra fue nombrado asesor de la corporación. Entre otras, en materia de urbanismo. La Guardia Civil destacaba en su informe que Guerra no tiene ningún tipo de formación en este ámbito y que sólo dispone de un título de Educación General Básica. Dos días antes de su designación, el Ayuntamiento había contratado como asesor de urbanismo y política territorial a Jesús Romera Espeja, que había ocupado puestos de responsabilidad durante los gobiernos de CC. Los investigadores sostenían que se habían fraccionado esos contratos menores, una práctica que no está permitida en la administración pública. 

Otro defecto de forma puede terminar anulando las diligencias practicadas en esta pieza. Y es que la fiscal Mercedes del Castillo se ha adherido a un escrito de la defensa que considera que los plazos de instrucción están vencidos. El juez dictó el auto de prórroga en enero de 2024, ocho meses después de que lo solicitara la acusación popular (la exconcejala de NC Isabel Santiago) y la propia representante del Ministerio Público. 

Lo mismo ocurrió en las diligencias abiertas contra el primer teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro, por los contratos menores que adjudicó de forma encadenada a su socio del despacho de abogados para la defensa del Ayuntamiento. El pasado 13 de mayo la Audiencia de Las Palmas archivó de forma provisional esas diligencias porque el juez instructor había dictado fuera de plazo la prórroga a la instrucción. En esta ocasión, ya se había dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral. Con el añadido en este procedimiento del cambio de criterio del fiscal, Jorge López Tineo. En 2021, había presentado un escrito en el que defendía que, aunque la prórroga hubiera sido extemporánea, él la había pedido en tiempo y forma y que, en cualquier caso, ese defecto formal no disminuye las posibilidades de defensa del investigado. Tres años después, opina lo contrario y, por tanto, evita el juicio al número dos de Onalia Bueno.

Aparte de estos procedimientos, Onalia Bueno también ostenta la condición de investigada en otra causa que investiga los contratos menores adjudicados a dedo a dos productoras emparentadas, Etiqueta Azul y 21 Bombillas.

La instrucción de la causa en la que se investiga a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (aliada a Coalición Canaria), por un presunto amaño en un proceso de mediación con un empresario, se ha vuelto a prorrogar hasta el próximo 4 de abril. Este jueves 1 de febrero está llamada a declarar una de las testigos clave: una de las abogadas que fue apartada por la dirigente política (Ana J.). También están citados Francisco González Jaraba, redactor del Plan General de Ordenación de Mogán y tres técnicos municipales. 

La jueza acordó el pasado mes de junio mantener como imputada en esta causa a la alcaldesa y a su número dos en el Ayuntamiento, Mencey Navarro, rechazando así el archivo que habían solicitado las defensas. En la resolución judicial se recordaba que aún quedan diligencias que practicar para tratar de dilucidar esta causa. 

Los hechos que se tratan de esclarecer se remontan a los años 2015 y 2019, cuando Bueno estuvo investigada por una supuesta compra de votos. El juez concluyó en 2022 que los hechos que hacían referencia a los comicios de 2015 están prescritos y los de 2019 no tienen suficiente valor probatorio para formular acusación. No obstante, sí que pedía continuar con las piezas separadas.

El juez recordaba entonces que en julio de 2021 se abrieron cuatro piezas separadas para investigar, de manera independiente y autónoma, otros hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. Una de estas causas es precisamente la que investiga si la alcaldesa favoreció con dinero público al empresario Luis Oller (presidente de Aguas de Arguineguín y dueño de Cornisa del Suroeste, también imputado en la causa) a la hora de resolver viejos litigios que el empresario mantenía con el Ayuntamiento y si lo hizo como contraprestación al apoyo económico que este dio a Ciuca en la campaña electoral de 2015.

El informe de la Guardia Civil que dio origen a esta pieza separada destaca que el gobierno municipal apartó a dos abogadas que pusieron objeciones al acuerdo por el que el empresario se acabó embolsando cerca de 900.000 euros. La primera en ser apartada fue A.J a quien el Ayuntamiento había encomendado en 2014 el pleito judicial abierto a raíz de una demanda presentada por el presunto financiador de Ciuca, que reclamaba el pago de facturas por un valor superior a los 850.000 euros.

Como ya había explicado este periódico, fue el funcionario y coordinador general de cuatro áreas del municipio, Salvador Álvarez, quien comunicó a la abogada su despido en una reunión. Así lo declaró ante la Guardia Civil la responsable de la Asesoría Jurídica municipal, que también estaba presente y dijo que se produjo una acalorada discusión porque el coordinador pidió a Ana J. que no contestara a la demanda. “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa (del Suroeste, la empresa de Oller)”, respondió la asesora, que antes de ser despedida presentó en plazo la contestación y advirtió de duplicidades y de la improcedencia de algunas facturas reclamadas.

La otra abogada apartada, Patricia H., acudió como responsable de los servicios jurídicos municipales a las cuatro primeras reuniones de la mediación, en las que manifestó sus discrepancias. En su declaración ante la policía judicial, Patricia H. mencionó alguno de los episodios que vivió durante esa etapa para demostrar que la postura de Álvarez era “coincidente” con la de Oller.

Onalia Bueno ya declaró sobre esta causa en junio de 2022 y negó el amaño. Entonces, dijo que su actuación en ese procedimiento se limitó a plantear la mediación y a acudir a las primeras sesiones y que, posteriormente, dejó todo en manos de técnicos. 

Por su parte, Luis Oller, a quien la Guardia Civil identifica como financiador ilegal de Ciuca y a quien se le pagó cerca de 900.000 euros para resolver conflictos judiciales antiguos, negó también en 2022 haber resultado beneficiado de ese acuerdo y aseguró que, de haber continuado con el procedimiento en la vía contencioso-administrativa, habría cobrado antes y más.

Los resultados de las elecciones municipales del domingo han demostrado que la corrupción no pasa la misma factura a unos partidos que a otros. Alcaldes o candidatos de partidos de derecha imputados por corrupción o bajo sospecha han tenido el respaldo masivo de los ciudadanos. La misma situación, en cambio, ha acabado con las aspiraciones de alcaldes o representantes del PSOE.

Hablamos con Néstor Cenizo sobre el caso de la alcaldesa de Marbella, cuya familia está imputada por un grave caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. Lucas Marco nos cuenta el caso de Orihuela, en Alicante, donde todos sus alcaldes, del PP, han sido procesados por corrupción. Iván Suárez nos recuerda el caso de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), que llegó a estar detenida por un caso de compra de votos, y con Aitor Riveiro tratamos de encontrar una explicación a este respaldo de los votantes conservadores a candidatos bajo sospecha de corrupción.  

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 60 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Si cambia su versión sobre cómo la alcaldesa de Mogán cometió el presunto delito electoral por el que se le investiga, tendrá un puesto de trabajo y 3.000 euros en el bolsillo. Esa sería la oferta que desde el entorno de la investigada por presunta compra de votos, Onalia Bueno (Ciuca), le han traslado concejales y colaboradores del partido político Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) a un testigo clave del presunto pucherazo.

Así lo ha hecho constar ante la Guardia Civil uno de los denunciantes del caso que ha convulsionado de nuevo el municipio del sur de Gran Canaria, tras la detención el 17 de septiembre de la alcaldesa, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, ambos del partido aliado de Coalición Canaria, Ciuca, y de la concejala de Asuntos Sociales, Tania Alonso (CC). Los tres fueron detenidos por un delito electoral y otro contra la administración pública, para poder registrar las oficinas municipales.

Los detenidos quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición del juez instructor, y el testigo denuncia que a la tarde siguiente, sobre las 17:00 horas, fue abordado por un concejal del grupo de gobierno. Lo hizo en un vehículo blanco con rótulos del Ayuntamiento de Mogán y el concejal le pidió que se subiera al coche, que tenía que hablar con él. El político, según la denuncia a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, le dijo que había hablado con la alcaldesa y el primer teniente de alcalde “para que retirase o cambiase la versión de su testimonio”, ya que estaba citado para comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana el pasado 24 de septiembre.

La declaración en sede judicial todavía no se ha producido a fecha de hoy, debido a varios aplazamientos, pero ese 18 de septiembre el denunciante recibió la primera de las ofertas: “El concejal le dijo que darían un trabajo por su retirada o cambio de versión”, aseguró a la Guardia Civil. El testigo le respondió que hablaría primero con su abogado. Al finalizar la conversación, el concejal dejó al denunciante en el mismo lugar donde lo recogió, en un banco cercano ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez.

Ese mismo día, la alcaldesa había convocado una rueda de prensa en el muelle donde se alojan los migrantes africanos, para denunciar que su detención respondía a que ella ha alzado la voz contra el Estado por la falta de respuesta a la llegada de personas del continente vecino en pateras y cayucos. Trasladó a la opinión pública ser víctima de una cacería política y que prácticamente la Guardia Civil había orquestado la detención el mismo día en que iba a visitar con la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor (PP) las carpas instaladas en el muelle, cuando el operativo se hizo por una comitiva judicial, en presencia del secretario del juzgado instructor.

Siempre según la versión del denunciante, el concejal de Ciuca volvió a acercarse en un vehículo municipal el sábado 19 de septiembre, en el mismo lugar que el día anterior, delante de una conocida tienda de calzados. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el edil de Ciuca sin bajarse del coche y continuando su marcha en el vehículo. El denunciante le envió un mensaje por whatsapp al teléfono del concejal, que nunca respondió.

Esa comunicación sin respuesta ha quedado registrada en el teléfono del testigo que ha denunciado presiones desde el partido político Ciuca ante la Guardia Civil, y los investigadores han incorporado la misma a la denuncia. En esa audio, el denunciante le pregunta al concejal “para saber cuándo hablaban”. 

No ha sido ese concejal el único que ha presionado al testigo, según su denuncia. Al cabo de unos días, un estrecho colaborador de Ciuca se acercó al denunciante cuando este estaba en las inmediaciones del Club El Cangrejo, en el mismo pueblo pesquero de Arguineguín. Este vecino dijo al testigo que se había reunido en una heladería con la alcaldesa y el concejal que le había abordado “para tratar su tema”. El colaborador de Ciuca le dijo que le ofrecían “un trabajo y 3.000 euros por retirar o cambiar la versión” en la causa abierta por presunto fraude electoral, tanto en 2015 como en 2019.

También durante esos días posteriores el testigo y este colaborador del partido local almorzaron en casa del primero y este grabó varios audios de la conversación. En esa charla el colaborador de la alcaldesa de Mogán aclaró que la reunión se produjo en una heladería de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. En esa reunión acordaron que la dádiva por cambiar su versión de los hechos ante el juez cuando se produzca su comparecencia serían 3.000 euros y un puesto de trabajo. El dinero y el trabajo se lo darían después de que cumpliera lo acordado.

El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este jueves un pleno en el que ha aprobado una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros pese a las advertencias tanto del interventor municipal como de la oposición, formada por Nueva Canarias y el Partido Popular.

Dicha modificación presupuestaria supone colocar al Consistorio al borde de la disolución, pues compromete más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y se verá ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.

Tanto NC como el PP en Mogán han anunciado, tras la aprobación, que estudian llevar la gestión económica de la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca) ante el Tribunal de Cuentas y crear además una mesa de trabajo conjunta para analizar todas las acciones a emprender en defensa del municipio.

Según denuncian, en el pleno de este jueves reiteraron a la alcaldesa su petición de que “dejase ambos expedientes sobre la mesa” y los volviera a someter a consideración del pleno tras la “subsanación de importantes deficiencias”, petición que fue desoída.

Los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) registraron un escrito un día antes (este miércoles) en el que ponían en conocimiento de los representantes políticos del gobierno de Mogán y de los técnicos municipales que el expediente de reconocimiento de créditos, instruido para pagar facturas fuera de contrato, “incumplía radicalmente con el contenido de los informes, consultas e instrucciones dictadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias y por el Tribunal de Cuentas”.

Según NC y PP, el equipo de gobierno y los técnicos municipales han ignorado las advertencias hechas por el portavoz del PP, Maicol Santana, quien insistió en que, tal y como determinan la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el procedimiento para pagar facturas sobre las que no existe contrato (que implica que sean nulas de pleno derecho) es el de la declaración de nulidad y la consecuente indemnización a los proveedores municipales.

Pese a ello, se procedió a aprobar el expediente, lo que ha sido calificado por la oposición como un hecho “muy grave”, ya que el gobierno de Onalia Bueno ha dado luz verde al pago de dichas facturas “a pesar de conocer la ilegalidad y las responsabilidades penales y contables que se derivan de dicha aprobación”.

NC y PP se han mostrado “igualmente sorprendidos” por “la despreocupación” con la que actúan la alcaldesa y su concejal de hacienda, Ernesto Hernández, por no retirar el expediente por el que se ha modificado el presupuesto en más de 7 millones de euros “para financiar, entre otras cuestiones, las propuestas electorales de Onalia Bueno”.

Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) han expresado en una nota de prensa previa al pleno que esperaban que la alcaldesa suspendiera la tramitación de un expediente que reduce los fondos líquidos del Ayuntamiento de 31 a 8 millones de euros y que, según expresó el interventor en un informe, unido al incumplimiento de la regla del gasto, “podría suponer la disolución de la Corporación de Mogán”.

Ambas formaciones han planteado que el expediente se revise y se supriman los gastos que no son fundamentales para el normal desarrollo de los servicios públicos, y que, de este modo, “se aleje del horizonte la sombra de la intervención del Ayuntamiento por parte del Gobierno de España, y la posible disolución de la Corporación”.

En opinión de la oposición, estos datos confirman que “Onalia Bueno no es una buena gestora y que desde que llegó a la alcaldía solo piensa en defender sus intereses y los de sus familiares, como acreditan la actividad empresarial que ha venido compatibilizando desde el 2015”.

NC y el PP afirman que no van a tolerar este tipo de “agravios que dañan la imagen de Mogán”. Por ello, han adelantado que van a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar que Ciuca siga “paralizando y parasitando las instituciones públicas de Mogán”.

Por ello, ambas formaciones políticas han decidido construir una mesa de trabajo para “valorar y preparar las líneas de trabajo que van a emprender para la defensa de Mogán”. Entre las opciones que barajan está la de acudir al Tribunal de Cuentas para que tome cartas en el asunto y evite “el descalabro económico” del segundo municipio turístico de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Mogán ha ignorado un dictamen del Consejo Consultivo para evitar que se pronuncie sobre las presuntas irregularidades en las obras del aparcamiento de Arguineguín. En una junta de gobierno extraordinaria y urgente celebrada el 27 de septiembre, el Consistorio acordó hacer caso omiso a un dictamen del órgano sobre la propuesta de resolución del contrato del edificio de aparcamientos en Arguineguín, para adjudicar a la empresa Proyecon Galicia S.A. las obras después de que la contratista original, Oproler, entrara en quiebra.

En el documento, se insta al Consistorio a retrotraer el procedimiento por incurrir en un “vicio de nulidad” al no haber dado traslado a Oproler los informes que denegaban la opción de la cesión, por la que abogaba la entidad, y optara por un procedimiento de “resolución”, provocándole “indefensión real y efectiva”.

El Ayuntamiento de Mogán justificó esta decisión porque el informe no es vinculante y le llevaría unos dos meses cumplir con las recomendaciones del Consejo Consultivo, lo que retrasaría aún más la tramitación del expediente de la obra. Fue el propio Consistorio quien se vio obligado a elevar la consulta al órgano para que dirimiera ante la disparidad surgida entre la administración pública y la empresa.

En una Junta de gobierno celebrada el 2 de julio, Mogán acordó dar inicio a la resolución del contrato de ejecución a la empresa Proyecon Galicia S.A. Sin embargo, la entidad adjudicataria original se opuso a dicho acuerdo el 10 de julio, pero su petición fue desestimada, efectuándose la adjudicación el 30 de septiembre.

El Consejo Consultivo no entró a valorar “el fondo de la cuestión planteada” porque “los informes del técnico municipal sobre el procedimiento y la legislación aplicable para la cesión del contrato”, además de los documentos que contestaban a las alegaciones de Oproler, “no han sido trasladados a la empresa adjudicataria” original.

Por ello, sostiene que “tal omisión produce indefensión, cuya consecuencia es irremediablemente la nulidad de lo actuado” y, por ende, reclama que se vuelva a redactar una “nueva propuesta de resolución” para emitir el dictamen correspondiente.

En este sentido, Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), en la oposición del Ayuntamiento de Mogán, han presentado un escrito pidiendo al Consistorio que desestime la licitación de la obra por “infringir de manera grosera” la Ley de Contratos del Sector Público, añadiendo que interpondrán “acciones legales para la protección del municipio”.

Ambos partidos estiman que la administración ha incurrido en “tres infracciones no subsanables del ordenamiento jurídico”: “No se ha notificado al anterior contratista la liquidación de las obras”; “ha licitado un expediente de contratación de unas obras sin acreditar la disponibilidad de los terrenos, lo que obliga a efectuar el replanteo del proyecto” y “no se ha cumplido con el trámite previo y preceptivo de la emisión del dictamen que debe emitir el Consejo Consultivo”.

Es decir, considera que realmente el órgano no ha emitido su dictamen sobre la resolución del contrato “porque ha detectado un vicio de nulidad en el expediente”, tras lo cual “sí podrá entrar en el fondo del asunto”. Por lo tanto, PP y NC estiman que el Ayuntamiento de Mogán, al “incumplir de forma consciente y deliberada un paso previo e ineludible que fija la ley, está incurriendo en un posible delito de prevaricación, perjudicando el derecho de terceros y poniendo en serio riesgo el interés general por el que debe velar cualquier gobierno municipal”.

Las obras del aparcamiento de Arguineguín, iniciadas en agosto de 2018, han estado envueltas en la polémica prácticamente desde la colocación de la primera piedra, a la que acudió el entonces presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (Coalición Canaria) para acompañar a la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca). Desde el inicio, la oposición dudó de la viabilidad del proyecto por la zona elegida, advirtiendo que podría afectar a los usuarios del centro de Salud, del IES de Arguineguín y de las viviendas aledañas.

De hecho, con las obras iniciadas, los vecinos se quejaron de los problemas de accesibilidad al Centro de Salud o de dificultades para salir de su propia vivienda e incluso pidieron la paralización del proyecto. La alcaldesa se limitó a enviar una carta asegurando que el aparcamiento “mejorará la vida social”. La propia empresa encargada de llevar a cabo las obras, reconoció que habían errores que hacían dudar de la viabilidad económica del aparcamiento.

Poco tiempo después, Bueno incrementó el presupuesto de la obra hasta los 10 millones de euros pero, medio año después, Oproler anunció que presentaría un concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas, lo que provocó la paralización del proyecto y que una de las subcontratas alertara de que esta situación podía provocar incluso riesgos para los edificios del entorno.

La oposición en el Ayuntamiento de Mogán ha denunciado que durante la mañana de este martes se ha celebrado un pleno extraordinario con el fin de que Ciuca, el partido de la alcaldesa Onalia Bueno, pudiera aprobar, en solitario, una nueva modificación del Reglamento Orgánico Municipal que supone un “recorte derechos políticos sin precedentes”, según ha expresado Nueva Canarias.

El Partido Popular ha criticado estas modificaciones, que incluyen la reducción de los tiempos de intervención de los portavoces en los plenos, 5 a 4 minutos en la primera intervención, y de 3 a 2 minutos en el segundo turno.

El recorte, según ha indicado el PP en una nota de prensa, también afecta a los debates de las urgencias, que se limitarán a 1 minuto. Igualmente se limitan los tiempos de intervención por alusiones y los que afectan a los debates de las mociones. Nueva Canarias ha explicado que, además, prohibe la cesión de tiempos entre los portavoces de los distintos grupos políticos e incluso entre los del grupo mixto; limita a dos las peticiones de comparecencias que pueden ser solicitadas al año, estableciendo un límite temporal que no incluyen las leyes de rango superior; equipara los derechos de los cargos de confianza con los de los concejales en lo que al acceso a la información se refiere; endurece los criterios para la presentación y defensa de las propuestas de la oposición ante el pleno y, “lo que es más grave, vulnera preceptos de reales decretos suprimiendo la presentación de preguntas orales ante el pleno”.

Todo ello, critica NC, “con la colaboración y cooperación del secretario de la Corporación imputado tras una denuncia de la Fiscalía”.

Durante el transcurso del debate celebrado este martes, el portavoz de los populares, Maicol Santana, rechazó con rotundidad esta modificación al entenderla como un desprecio continuo a la oposición, a la que se trata de “asfixiar y amordazar en su labor de fiscalización”.

Para NC, este tipo de actuaciones, “propias de formaciones de ultraderecha”, no hacen sino confirmar que “la democracia y Onalia Bueno son incompatibles, y que cada decisión que toma Ciuca desde la alcaldía va encaminada a construir un municipio totalitario bajo el mando de su alcaldesa”.

Para los populares de Mogán, las prioridades de la alcaldesa en este inicio de mandato han sido muy claras, ya que en el primer pleno se decidió mantener en el máximo permitido los sueldos del grupo de gobierno mientras se recortaron las percepciones de la oposición.

Ahora, denuncia el PP, Onalia Bueno “vuelve a aplicar el rodillo, esta vez con la limitación de tiempo de las intervenciones de los concejales”.

Santana lamentó que el reglamento orgánico municipal, lejos de emplearse como mecanismo facilitador del trabajo de los diferentes órganos de gobierno y garante de los derechos y deberes de los concejales, se esté utilizando “como instrumento de obstaculización y restricción de los principios democráticos que han de regir la administración”.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, (Ciudadanos para el Cambio – Ciuca) ha comenzado su segundo mandato expulsando a la concejala de la oposición Isabel Santiago, de Nueva Canarias (NC), porque protestó que en el pleno extraordinario celebrado este viernes se pretendiera incluir tres asuntos de urgencia, algo que no estaba previsto en el decreto de convocatoria de la sesión.

En el orden del día se celebraron cuestiones de “simple trámite”, según Isabel Santiago, quien recordó cómo, cuando se acercaba el final del último punto de la sesión plenaria, el secretario municipal, “que actuaba como si fuera un concejal más”, según NC, dijo que había tres asuntos de urgencia a tramitar.

Fue entonces cuando tomó la palabra para criticar que esta actuación contraviene el reglamento, puesto que en los plenos extraordinarios no caben los asuntos de urgencia si no están reflejados en la convocatoria. Sin embargo, Onalia Bueno, lejos de aclarar el asunto, llamó al orden a la concejala de NC y acabó expulsándola.

“Yo solo estaba pidiendo y exigiendo mis derechos”, explica Isabel Santiago. Al ver que la concejala de NC no se iba, Onalia Bueno pidió a los policías locales que intervinieran para expulsarla del salón de plenos.

Además, durante la sesión plenaria, y siempre según la versión de la concejala de NC, Bueno afirmó que aplicaría en esta legislatura el “reglamento a rajatabla” y, amparándose en esta premisa, recortó los tiempos de intervención de la oposición, que en el anterior mandato eran de 8 minutos, y esta vez es de tres.

También ha disminuido la asignación económica a los concejales de Partido Popular (PP), PSOE y NC: de los 200 euros por pertenecer a un grupo, pasa a 100 euros; de 120 euros por ser concejal, a 30 euros; de 75 euros por asistir a pleno a 40 euros y de 65 euros por las comisiones informativas, a 30 euros. “No quiere tener oposición”, ha concluido Isabel Santiago.

“No quiere tener oposición”, ha concluido Isabel Santiago, quien ni siquiera pudo hacer una pequeña intervención durante la toma de posesión de su cargo, ya que Bueno le echó en cara que no acudiera a la investidura el pasado sábado, pues la concejala de NC decidió ausentarse para mostrar su rechazo al presunto pucherazo en el proceso electoral.

También ha remarcado que Onalia Bueno “utiliza el reglamento como le conviene”. Así, recordó que en el Ayuntamiento de Mogán también se aprobó que los plenos se celebren mensualmente, mientras que “la ley dice que la periodicidad en la que deben celebrarse las sesiones con 17 concejales es cada dos meses” y “ni siquiera estaba presente el interventor municipal para explicar este punto”.

Nueva Canarias (NC) asegura que los cinco sindicatos presentes en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Mogán -Comisiones Obreras (CCOO), UGT, C-Sif, SEPCA y el sindicato de policías y bomberos- rechazaron “los incrementos de los complementos específicos propuestos por el Gobierno de Ciuca-Psoe,” en el presupuesto “por entenderlos arbitrarios”, ya que carecían de “la justificación adecuada”.

Para NC “no es extraña esta decisión de la alcaldesa Onalia Bueno, ya que todo responde a una decisión electoralista más, dada la cercanía de las próximas elecciones locales de mayo”.

Tras realizar un breve repaso por los complementos específicos incluidos en el presupuesto general para el 2019, la portavoz de NC, Isabel Santiago, en el municipio grancanario observa “unos incrementos carentes de justificación, que apuntan a repetir decisiones que ya tumbaron los tribunales, así como una clara desigualdad entre trabajadores de una misma categoría profesional”.

“Resulta temerario y un poco esperpéntico que tanto el concejal de Hacienda, el  socialista Artemi Artiles, como el concejal de recursos humanos, Mencey Navarro (Ciuca), sean capaces de defender ante los sindicatos unos incrementos salariales que, en su día, ya fueron tumbados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En la sentencia se concluía que, para introducir estas variaciones en el complemento específico, primero era necesario valorar todos los puestos de empleo a través de la previa redacción de la relación de puestos de trabajo, para fijar cuales tienen un complemento específico concreto. Esto no se ha hecho”, ha relatado Isabel Santiago en una nota de prensa.

NC considera que esta decisión es “arbitraria, discriminatoria” y no cuenta con la negociación previa, algo que “incumple con lo establecido por el interventor municipal en su informe del 18 de diciembre de 2015, en el que deja claro que el Ayuntamiento de Mogán debe aprobar la relación de puestos de trabajo para realizar una valoración íntegra de cada uno, de forma que toda variación del complemento específico pueda determinarse en la modificación del contenido respecto al que tuviera definido en dicho documento”.

Isabel Santiago defiende que la intención de la alcaldesa Onalia Bueno incumple con el artículo 22.1 de la Ley de Presupuestos Generales para 2018, actualmente prorrogados, según el cual:“[…]las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior[…]”.

Ante esta situación, Isabel Santiago ha anunciado que solicitará una reunión a los sindicatos municipales para conocer de primera mano su postura y formarse una opinión completa sobre este asunto de cara al pleno para la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2019, “que llevan tres meses de retraso en su aprobación”“.

“La arbitrariedad y el trato discriminatorio han marcado toda la política de personal del Gobierno de Onalia Bueno (Ciuca) y Pino González (Psoe), que se inició con despidos, siguió con traslados, y terminó con la estampida de funcionarios de carrera hacia otras administraciones”, concluye Isabel Santiago.

El Ayuntamiento de Mogán tendrá cuatro concejales menos en las elecciones municipales de mayo de 2019 al no alcanzar la barrera de los 20.001 residentes, que permite contar con 21 ediles, según la escala recogida en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y todo se debe a la fuerte caída de los residentes extranjeros en uno de las principales zonas turísticas de Canarias.

En los comicios de 2015, el número de extranjeros empadronados en el municipio grancanario ascendía a 10.769 personas de un total de 23.491 residentes, es decir, el 45,8%; cuatro años después suponen el 33,8% de los habitantes registrados en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2018, es decir, 6.645 foráneos empadronados de un total de 19.657 de ciudadanos. 

Así, el Ayuntamiento de Mogán tendrá 17 concejales porque le faltan 344 habitantes para contar con 21 como hasta ahora. El departamento de Estadística del Consistorio presidido por Onalia Bueno (Ciuca) asegura que muchos extranjeros empadronados en el municipio en un primer momento no confirman su residencia años después. 

“Si han transcurrido más de dos años, a los extranjeros empadronados se les envía una carta desde el Ayuntamiento para que confirmen su residencia”, explican desde el Consistorio. El problema radica en que “la mayoría de los extranjeros no tienen mucha información, solicitan su empadronamiento, pero no confirman que quieren seguir residiendo. Muchos ni siquiera reciben la carta porque ya no viven en Mogán”, añaden las fuentes oficiales consultadas.

Los registros del INE muestran que, comparando los datos a 1 de enero de 2014 con los de 2018, el descenso del número de extranjeros empadronados en Canarias ha sido generalizado. En la provincia de Las Palmas residen en la actualidad 8.434 extranjeros menos que hace cuatro años; en Santa Cruz de Tenerife la caída es inferior, de 1.487 ciudadanos foráneos menos.  

Sin embargo, en ningún otro municipio turístico canario el descenso es tan pronunciado como en Mogán. En el vecino de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), donde habitan en la actualidad un total de 53.377 ciudadanos, el número de residentes extranjeros ha bajado en 1.458 personas, hasta los 14.711 extranjeros empadronados. En Arona (Tenerife), donde la población foránea registrada en el INE (29.560) es mayor que la totalidad de gente empadronada en Mogán (19.657), la caída no supera las 3.000 personas.  

Más de mil noruegos menos que en 2014

La procedencia de la mayor parte de los extranjeros empadronados en Mogán a 1 de enero de 2018 es europea (4.535 en total), principalmente de los países integrantes de la Unión, aunque también una parte destacada procede de la no comunitaria (1.307), sobre todo de Noruega, que representa la mayor comunidad foránea en el municipio grancanario.

Con datos del Instituto Canario de Estadística a 1 de enero de 2017, pues en el INE no se especifican ciudadanos de esa nacionalidad un año después, se observa que el registro de residentes noruegos en Mogán ha descendido en 1.372 personas partiendo de los datos de 2014 (de 2.714 a 1.342). Es decir, que uno de cada cuatro extranjeros dado de baja en el padrón a 1 de enero de 2017 respecto a 2014 es noruego, una nacionalidad con fuertes vínculos con Mogán por sus históricos proyectos turísticos.

Los ciudadanos nacidos en Reino Unido suman 669 habitantes en el municipio grancanario, mientras que en 2014 ascendían a 1.512. Otra de las nacionalidades que más ha bajado ha sido la alemana, pues hace cuatro años estaban empadronados 1.508 teutones y, en la actualidad, el INE registra a 581 germanos.

 Esto supone 927 alemanes menos empadronados en Mogán en 2018 respecto a 2014. Así, en la base de datos del INE ciudadanos procedentes de Marruecos (669) o Italia (603) superan en número a los germanos. Al contrario, aumenta el número de personas procedentes de China o Cuba, cuyo registro se incrementa en 37 y 30 residentes, respectivamente.

Nueva Canarias (NC) ha criticado la subida de las tasas del servicio de recogida de basura aprobada por el Gobierno del Ayuntamiento de Mogán (Ciuca y PSOE) en un pleno porque considera que incrementa la presión fiscal para los vecinos y los empresarios del municipio grancanario.

La formación nacionalista argumenta que en el expediente que se debatió había 48 alegaciones “de diferentes entidades empresariales, como la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), la asociación de empresarios de Playa de Mogán, así como empresarios de Puerto Rico” además de la oposición (formada por NC y Partido Popular). Todos ellos se manifestaron en contra de una subida que consideran “desaforada”, por alcanzar en algunos casos un incremento “del 300%”.

La portavoz de NC, Isabel Santiago, ha afirmado que este aumento supondrá “un lastre al desarrollo económico de Mogán” porque “debilitará el crecimiento del empleo y restará competitividad al municipio”. Así, recuerda que a la presión fiscal fijada por Hacienda en Mogán (en unos 1.400 euros, superando en 229 euros la media del Archipiélago) se añade “este tasazo”, lo que va a suponer que “una vivienda de 90 metros cuadrados tenga que pagar un 37% más, y que una de 91m2 vea incrementada la tasa en un 81%, pasando de los 60 a los 108 euros”.

Pero esto no afectará solo a las familias, también se extiende a negocios como supermercados, cafeterías o pubs, “experimentando incrementos del 238% en algunos casos”. A juicio de Isabel Santiago, la decisión del Gobierno del Consistorio parte de “la necesidad de financiar un contrato millonario que introduce un nuevo modelo, que supone encarecer el servicio en un 80%, pasando de los 17 a los casi 51 millones de euros”.

Para NC este proyecto “esta sobredimensionado y supone que las familias y los empresarios de Mogán tengan que pagar dos veces: una vía tasas y otra vía déficit municipal”. Por ello, considera que solo va “a producir pérdida de competitividad del municipio y un claro incremento de los niveles de desempleo”.

El Grupo Municipal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Mogán denunció hoy la intransigencia del equipo de gobierno moganero que, en un pleno extraordinario celebrado este miércoles, desestimó las alegaciones presentadas por los empresarios de Playa de Mogán contra una modificación presupuestaria que supone el recorte de 368.000 euros en obras de saneamiento y alcantarillado.

Entre las alegaciones de la patronal moganera se incluía la ampliación de la Depuradora de Mogán, una obra que permitiría triplicar su capacidad y atender las necesidades de la nueva planta hotelera del municipio. Los empresarios estiman que los recortes también comprometen las mejoras en la red de saneamiento y en las tuberías que canalizan el agua entre la estación de bombeo y la propia depuradora y la que conecta con el emisario. Hay que recordar que la rotura de este último provocó el cierre de la playa.

Para NC en Mogán, que apoya las demandas de los empresarios y empresarias de la playa moganera, la mejora de la red de alcantarillado de la zona litoral es crucial para evitar los malos olores que provoca la depuradora. Además, acometer estos trabajos posibilitaría la concesión de nuevas licencias que mejoren la oferta hotelera de esta zona turística, y desbloquear la situación de parálisis que la propia Onalia Bueno denunció públicamente a la que se ve sometida por la colmatación en la que se encuentra la depuradora de Playa de Mogán.

En este sentido, Nueva Canarias solicitó a la alcaldesa que destinase los recursos del Fdcan a financiar la ampliación de la depuradora de Playa de Mogán y que pusiera en marcha un plan municipal para la renovación del saneamiento municipal, para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad. Sin embargo, tales medidas fueron rechazadas por el equipo de gobierno de Ciuca-Psoe en Mogán.

Uso y abuso de la urgencia

Lo acontecido este miércoles no es anecdótico, asegura NC. La formación nacionalista denuncia el abuso de la vía de urgencia en la convocatoria de plenos del municipio sureño. En el último mes, aseguran, se han convocado un total de cinco plenos, tres de ellos extraordinarios y urgentes, un hecho que, para Nueva Canarias, pone de manifiesto las prisas del grupo de gobierno para sacar adelante sus proyectos. La portavoz moganera de NC, Isabel Santiago, asegura que la convocatoria reiterada de plenos urgentes y extraordinarios no se justifica y que esta estrategia “dificulta el estudio de los asuntos municipales por parte de la oposición” y, por lo tanto, la tarea de fiscalización de la oposición.

Para NC esta situación, es fruto del caos y de “la desorganización interna que reina en el Ayuntamiento de Mogán”, y ponen como ejemplo el expediente de la escuela infantil de Arguineguín. La construcción de este centro educativo estaba prevista para noviembre de 2017 pero se ha tenido que volver a iniciar el proceso de licitación con un sobrecoste que triplica el presupuesto inicial. “Ciuca y Psoe han tenido cuatro años para trabajar y parece que es ahora, cuando el mandato llega a su fin, el momento en el que quieren sacar adelante todos sus proyectos a prisa y corriendo”, dijo la edil nacionalista.

Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán ha denunciado este martes que tanto la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, como los concejales Luis Miguel Becerra, Mencey Navarro y José Manuel Martín, cobrarán “cuantías por encima del límite legal fijado por el Estado”.

Como explica la formación nacionalista, esto se debe a que este martes se ha sometido a consideración plenaria por la vía de urgencia la adaptación de los sueldos al Real Decreto 1039/2017, de 15 de Diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal al 1 de enero de 2017.

Según este Real Decreto, el padrón municipal de Mogán se sitúa en 19.783 habitantes, 1.266 menos que en el 2016, y 3.708 menos que en el año 2014. Esta disminución de población tiene una incidencia directa en la fijación de las retribuciones de los cargos públicos, introducida por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que en el caso de Mogán supone que el salario máximo a percibir por la alcaldesa y sus concejales no supere los 51.770,08 euros.

Así,  la portavoz nacionalista, Isabel Santiago, explica que la alcaldesa, Onalia Bueno, y sus concejales tendrán que adaptar a la baja sus nóminas, fijadas en el pleno del 26 de junio de 2015 en 55.550 euros para la alcaldesa y en 41.662,5 euros para los concejales con dedicación parcial (un 75% el sueldo de la alcaldesa).

La aprobación oficial de los datos del padrón de habitantes publicadas en el BOE del 29 de diciembre de 2017, supone que tanto la alcaldesa de Mogán como sus concejales han estado cobrando, según Nueva Canarias, “ilegalmente” unas retribuciones salariales que no le corresponden al número real de habitantes del municipio.

Los nacionalistas barajan dos cuantías indebidamente cobradas por la primera edil de Mogán y sus concejales, según se aplique desde la convalidación de los datos a fecha 1 de enero de 2017 o desde la declaración de oficialidad en diciembre de ese mismo año.

En el primero de los casos, según el partido de la oposición, Onalia Bueno habría cobrado indebidamente 5.669,91 euros y sus tres concejales 1.856,25 euros. En el segundo caso serían unos 2.000 euros y 608,75 euros, respectivamente. 

Para Nueva Canarias “es vergonzoso no ya que el acuerdo adoptado en el pleno en el día de hoy no se incluyesen las cuantías a devolver por parte de la alcaldesa y sus concejales, sino que para evitar una pérdida de poder adquisitivo de los concejales Mencey Navarro, Luis Miguel Becerra y José Manuel Martín, se incremente la dedicación parcial del 75 al 80%”.

“En los tiempos que corren, es de miserables que los concejales afectados por la modificación del padrón de habitantes sean los que voten una propuesta que les beneficia directamente”, denuncia Santiago.

El pasado día 12 de julio de 2018 el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó la cuarta y última sentencia por la que ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por uno de los cuatro policías locales después de que el Ayuntamiento de Mogán les suspendiera de empleo y sueldo durante seis meses.

El juez estima “la falta de justificación o motivación de la medida” del Ayuntamiento de Mogán, “en idénticos términos a los ya examinados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de los de esta Ciudad”.

En un comunicado, Nueva Canarias (NC) celebra “esta cuarta resolución judicial” y exige a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y al concejal de Recursos Humanos y Policía, Mencey Navarro, una disculpa pública por el daño causado a los agentes y a sus familias.

La portavoz de NC en el consistorio grancanario, Isabel Santiago, considera que “la sentencia confirma que la alcaldesa y el concejal de Policía Mencey Navarro han actuado como siempre, sin justificar las decisiones que adoptan en materia de personal”.

Además, Santiago ha querido recordar que tanto Bueno como Navarro evitaron comparecer ante el pleno reclamado por la oposición para explicar “las verdaderas razones de la apertura de este expediente y la suspensión de empleo y sueldo, que afecta a un delegado sindical y a otros tres agentes, y que aclarase si el concejal de Policía había participado activamente en la redacción y preparación de los expedientes sancionadores”.

NC cree que “estas cuestiones quedaron sin respuesta porque la portavoz del PSOE y primera Teniente de alcalde Pino González salvó a sus compañeros de Gobierno de comparecer y dar explicaciones, aludiendo a la ley de transparencia”.

Nuevo revés para el Ayuntamiento de Mogán en los tribunales después de que el pasado 22 de mayo rechazara el recurso interpuesto por el grupo de gobierno ante la resolución que les obligaba a dotar de uniformes que les debe del año 2014 y 2016 a la Policía Local del municipio.

El Consistorio había optado por recurrir la sentencia por entender que la interpretación realizada por el juzgado de lo Contencioso era “lesiva para el interés general” y también perjudicaba “al interés público” porque tenía el error de “identificar lo básico con lo necesario, lo que obligaría al Ayuntamiento a hacer grandes desembolsos en material que no es necesario”.

Según la sentencia, el concejal del área, Mencey Navarro, defendió que los policías presentaron escrito de renuncia a la ropa que se recoge en el vestuario básico con el fin de que estos fondos se puedan destinar en el presupuesto a la compra de otro material necesario para la prestación del servicio.

Sin embargo, tal como recuerda Nueva Canarias, partido que ha hecho pública la sentencia, el pasado mes de febrero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 tumbaba las intenciones de Navarro de proponer a los trabajadores que renunciaran a la dotación total del uniforme de 2017.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende que “la partida de uniformes tiene que estar en los presupuestos municipales”, echando por tierra el planteamiento del concejal de Recursos Humanos, al añadir que no es “admisible prácticas en las que se presupueste una cosa, indumentarias, y se destine a otra, medios técnicos, de forma habitual”. Además, concluye que “es necesario que en los presupuestos municipales se detallen los medios necesarios para tener una policía local adecuadamente uniformada”.

Así mismo, en la sentencia se rechaza de plano que sea el Ayuntamiento de Mogán quien determine unilateralmente qué prendas básicas son necesarias entregar a la Policía.

La resolución judicial concluye indicando al Ayuntamiento que si considera que el acuerdo es antieconómico y contrario al principio de eficiencia tendría que haberlo declarado como lesivo, cosa que no ha hecho.

Así mismo, determina que no puede quedar al arbitrio del gobierno decidir qué prendas son las que se van a otorgar a los policías como uniforme, pues están tasadas en el acuerdo, en concreto cinco polos, cuatro pantalones, tres pares de calcetines, dos pares de zapatos, dos gorras, un chaleco reflectaste, un par de hombreras y dos pares de insignias, cada tres años un anorak y según necesidades el cinto y defensa.

Para la concejal de Nueva Canarias, Isabel Santiago, este nuevo varapalo judicial “confirma que el concejal de Policía y de Recursos Humanos lleva tres años incumpliendo el acuerdo laboral con la Policía Local, así como que se confirma que debe aparecer en el presupuesto las cuantías exactas para hacer frente a los compromisos adquiridos entre la policía y el gobierno de Mogán”.

Santiago espera que el grupo de gobierno dé cumplimiento “de una vez por todas” a las reivindicaciones de los representantes de la sección sindical de UGT del cuerpo, que son los mismo que reivindicaron la destitución del actual jefe de la Policía Local de Mogán.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha vuelto a sacar del garaje el coche oficial, al que había renunciado en junio de 2015 nada más hacerse con el mando del Ayuntamiento grancanario. La iniciativa tomada hace más de tres años y medio estaba dentro de las medidas de ahorro tomada por el grupo de gobierno de Ciuca, que sostenía que entre dejar de usar el Mercedes Benz y suprimir los cargos de confianza iba a ahorrar 173.000 euros.

Según explica Nueva Canarias, formación en la oposición, el coche oficial ha sido “recuperado como taxi del gobierno en determinadas ocasiones, y para la realización de otras funciones que la primera edil encargase”.

“Lejos de quedar arrimado y en desuso, la formación nacionalista ha sido informada por vecinos de la zona de Arguineguín que dicho vehículo llevaba, al menos, dos días estacionado en la calle de La Lajilla. Este hecho confirma. por un lado, que el coche está siendo utilizado por el gobierno de Ciuca-PSOE y que no está estacionado en las instalaciones municipales, ya sea en Puerto Rico, o en los aparcamiento de la Policía Local en Arguineguín y, por otro, que el ahorro de recursos no se ha destinado a los programas sociales que anunció la alcaldesa a bombo y platillo, como la recuperación de Mogán Educa”.

El partido nacionalista culpa a Bueno de ser quien permita que el vehículo se esté usando, además de que no está siendo estacionado en dependencias municipales, como debía, lo que puede provocar que los vecinos piensen “que se le pudiese estar dando un uso cuasi privado a un coche municipal”.

Así mismo, la portavoz del partido, Isabel Santiago, ha advertido que las medidas de ahorro de la alcaldesa de Mogán “son pura fachada, pues si bien es cierto que no ha contratado cargos de confianza, también lo es que le ha subido el sueldo a los funcionarios simpatizantes de Ciuca, tal y como Onalia Bueno llegó a reconocer en el salón de plenos”.

Dos juezas han paralizado de forma cautelar la suspensión de seis meses de empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento de Mogán a dos policías locales expedientados por no haber ejecutado supuestamente una orden de precinto de un restaurante en la localidad de Puerto Rico. Las titulares de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 2 y 6 de la capital grancanaria han estimado los recursos de dos de los cuatro agentes sancionados por este motivo y han adoptado como medida cautelar “provisionalísima” la suspensión de la resolución decretada por la corporación local.

El abogado de ambos policías locales, Raúl Santana, solicitó esta medida con arreglo al artículo 135 de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, relativo a cuestiones de agilización procesal. El mencionado artículo estipula que el tribunal podrá suspender una resolución sin oír a la parte contraria (“inaudita parte”), en este caso el Ayuntamiento de Mogán, cuando los afectados aleguen circunstancias de especial urgencia.

Las juezas defienden en los autos (ambos fechados el 12 de marzo) que concurren estas circunstancias, puesto que, de mantenerse la suspensión hasta que la justicia ordinaria se pronuncie, se podría ocasionar “graves perjuicios” a los demandantes en caso de que finalmente les dieran la razón.

En uno de los autos, la magistrada cita a un representante de la corporación local y al policía demandante a comparecer el próximo jueves a las 10.00 horas en el juzgado para prestar declaración. El segundo da un plazo de tres días al Ayuntamiento para que presente las alegaciones y se pronuncie sobre el levantamiento o mantenimiento de esa suspensión. Las resoluciones judiciales no paralizan los expedientes disciplinarios abiertos a los agentes, que también se encuentran judicializados. Cabe recordar que la sanción de empleo y sueldo decretada contra los policías es una medida cautelar de la corporación local mientras se tramita ese expediente.

El abogado de estos dos agentes ha relatado a Canarias Ahora que los hechos se produjeron en un restaurante de Puerto Rico a las 20.00 horas del pasado 2 de febrero. Según su versión, los cuatro policías locales que participaron en esta intervención comunicaron al propietario del restaurante la obligación de cerrar el local por orden del Ayuntamiento, a lo que se negó alegando que le causaría un grave perjuicio de imagen, ya que el restaurante se encontraba en ese momento repleto de comensales.

Los agentes redactaron entonces una denuncia contra el dueño por desobediencia a la autoridad pública, con base en la Ley de Seguridad Ciudadana. Posteriormente la presentaron en el Ayuntamiento con el objetivo de que fuera elevada al Cuerpo Nacional de Policía o a un juzgado de guardia. De momento no tienen constancia de que el gobierno municipal haya tramitado esta denuncia.

Raúl Santana sostiene además que la sanción de seis meses de empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento no tiene cobertura legal, puesto que a los policías locales no se les aplica el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, que sí contempla esa medida para las faltas graves, sino lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2010 del Cuerpo Nacional de Policía, que fija para estos supuestos tres meses de suspensión de empleo y sueldo.

Pleno en el Ayuntamiento de Mogán

Para Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), formaciones en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, estas decisiones judiciales representan “la más potente justificación para seguir adelante con la convocatoria de una sesión plenaria” para que la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca); el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Mencey Navarro, y el jefe de la Policía Local, Tomás Hernández, den explicaciones sobre la decisión de suspender de empleo y sueldo a los agentes. El Ayuntamiento ha evitado la comparecencia de este último en el pleno aludiendo a un informe del secretario municipal que concluye que “no es un órgano directivo, sino un simple funcionario”.

NC y el PP solicitan a los portavoces de Ciuca y del PSOE, los partidos que sustentan el gobierno local, que rectifiquen y accedan a la celebración de ese pleno a tenor de las últimas resoluciones judiciales.

Para ambas formaciones, estos dos últimos autos suponen “un nuevo varapalo a la política de personal que desarrolla el bipartito de Mogán, que acumula más de quince sentencias desfavorables anulando traslados de funcionarios, subidas de categoría profesional, incrementos de complementos específicos y la asignación de productividades a trabajadores municipales”.

Mogán y derrota judicial son palabras que durante este mandato están yendo de la mano. El Ayuntamiento que dirige Onalia Bueno ha vuelto a acudir a los juzgados por dos denuncias referidas a traslados forzosos de funcionarios y la Justicia les ha dado la razón a los demandantes.

Según dos sentencias, dictadas por los titulares de los juzgados número tres y seis de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, se han declarado nulos el traslado del arquitecto funcionario del Ayuntamiento Manuel Bueno y de la auxiliar administrativo Josefa González, hermana del anterior alcalde del municipio, Francisco González.

Estos dos funcionarios presentaron sendos recursos ante la disconformidad por el traslado de departamento al que se vieron sometidos. En el caso de Bueno, el conflicto se inició por su traslado a la Unidad Administrativa de Urbanismo y el Consistorio alegó que este fue “con base en las potestades autoorganizativas y discrecionales que ostenta en la materia” y que la adscripción era “provisional” y que es “conforme a derecho y está motivada, al incluir la petición realizada por el Técnico responsable del área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad del Ayuntamiento”. Sin embargo, para la Justicia “la simple alusión a la titularidad de la potestad de autoorganización, como motivación del acto, no expresa sino un inaceptable voluntarismo subjetivo, sin aporte alguno de racionalización objetiva, lo que es impropio de un Estado de derecho, en el que está constitucionalmente vedada la arbitrariedad”.

Mientras, el caso de González, funcionaria municipal con el cargo de Auxiliar Administrativo, el conflicto se originó después de que fuera trasladada a realizar funciones sus funciones en las dependencias de la Policía Local en la Unidad Administrativa, finalizando su adscripción en el Departamento de Fomento de ese Ayuntamiento, que en el juicio defendió que se trataba de “optimizar los recursos humanos” pero no indicaba los motivos porque lo que la funcionaria era “la única auxiliar administrativo funcionaria que podía se trasladada a dicho puesto”. Estos razonamientos, defendidos por el abogado Daniel Reyes, también consejero en el Cabildo de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria, no fueron estimados por la jueza Sagrario Tovar.

Para el partido de la oposición Nueva Canarias estas sentencias, suponen un nuevo varapalo para la gestión de Onalia Bueno en materia de recursos humanos y ponen de manifiesto que las decisiones tomadas en relación a la política de traslados del personal “son arbitrarias y subjetivas, motivando bajas y la petición masiva de comisiones de servicios de los funcionarios locales a otras administraciones públicas”.

La portavoz del partido nacionalista, Isabel Santiago, entiende que con estos fallos judiciales se confirma lo expresado por el exconcejal de Ciuca y ahora edil no adscrito, Domingo González, quien apuntó que en el Ayuntamiento “se actuaba con venganza contra los que no son de la misma cuerda política”, en clara alusión a los traslados del personal y a algunos despidos. También Santiago recordó un comunicado del sindicato Cesif que señalaba que los traslados “parecían obedecer más a una persecución política que a una reorganización efectiva de la administración local”.

Así mismo, Santiago recordó que en mayo de este año ya presentó un escrito dirigido a la alcaldesa y al concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, en el que les exigía que revisaran y revocaran todos los traslados de personal efectuados hasta el día de la fecha que carezcan de la justificación oportuna y restituyan a todos los trabajadores afectados en la plenitud de sus derechos, escrito que no ha sido aún respondido.

Por tanto, la formación nacionalista entiende que estas resoluciones judiciales “confirman que los más de 70 traslados del personal fueron arbitrarios, pues todos ellos carecen de la justificación a la que alude la jueza”. Isabel Santiago concluye solicitándole al PSOE, socios de Ciuca en el pacto, que “no apoyen esta política de personal y exijan una rectificación inmediata a Onalia Bueno y a su concejal de Recursos Humanos”.