La alcaldesa de Mogán denuncia otra vez una “conspiración” contra ella y su partido tras el archivo del delito electoral

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca) espera despejar la “nube negra” que dice haberse posado sobre ella desde que llegó a la política. Lo quiere hacer “por el municipio, al que se ha asociado con la corrupción todos estos años” y porque hace unos días la justicia archivó el presunto delito electoral de compra de votos en los comicios de 2015 y 2019 por el que se le investigaba. Para Bueno, detrás de todo subyace una “conspiración” para apartarla a ella como regidora del consistorio sureño. Y ha estado durante aproximadamente media hora exponiendo lo que describe como “un complot” para derrocarla.

“He estado 12 años imputada. Dos detenciones. Tres días en un calabozo. Me han acusado de 20 delitos. (…) El modus operandi que han usado contra mí es de una bajeza indiscutible”, ha dicho Bueno en una rueda de prensa celebrada este viernes. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger Vergas, ha dado carpetazo al presunto delito electoral que investigaba si Bueno, entre otras personas, habría comprado votos para su partido en los comicios locales de 2015 y 2019. La regidora sureña se ha dado un baño de masas y ha recibido el apoyo presencial de Pablo Rodríguez, secretario insular de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria.

La justicia ha archivado el presunto delito electoral de 2015 porque el fraude, de haberse producido, habría prescrito. Preguntada si habría preferido que el juez instructor entrara en el fondo de la cuestión, Bueno ha declarado que “de todos los testigos que pasaron [por sede judicial], ninguno apuntó a la alcaldesa ni al Ayuntamiento” y ha asegurado que “seguramente el juez habría archivado” la causa de haberse investigado de lleno. La alcaldesa de Mogán no ha hecho mención de las continuas amenazas y presiones que ha confesado sufrir uno de los principales denunciantes del presunto pucherazo en Mogán, Ramón Trujillo alias El Perraya.

En cuanto al carpetazo del fraude electoral de 2019, el juez instructor asume la tesis de la Fiscalía y no ve indicios suficientes para formular acusación. Sin embargo, sí ha pedido que se mantengan abiertas las cuatro piezas separadas para investigar a Bueno que abrió en julio del año pasado, que engloban presuntos delitos contra la administración pública (cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos) y por actuaciones posteriores a su llegada al Ayuntamiento encaminadas a beneficiar, según los investigadores, a quienes colaboraron con Ciuca en la campaña electoral.

Ese desglose del procedimiento aún no es firme. Y eso lo ha aprovechado Bueno para asegurar que, a día de hoy, no está imputada por ningún delito. “Esas cuatro piezas no están admitidas a trámite. Están a la espera de ser admitidas. Y de hacerlo, van a tener el mismo desenlace que han tenido estas. Las personas que estamos aquí no estamos imputadas”, ha dicho. Las piezas no han sido tramitadas aún porque uno de los once imputados, el empresario Luis Oller, presunto financiador de la trama de compra de votos, recurrió esa decisión ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Entre los hechos sobre los que el juez pretende indagar se encuentra un presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer a un empresario que habría financiado al partido de forma ilegal, los complementos salariales concedidos de forma arbitraria a un grupo de empleados públicos afines a la formación liderada por Bueno, los contratos públicos acaparados por la empresa familiar del asesor de Urbanismo de la corporación, o la orden de bloquear el acceso del equipo judicial a documentación digital intervenida en un registro.