La Guardia Civil destapa un amaño en Mogán para beneficiar al presunto financiador de la trama de compra de votos

Un reciente informe de la Guardia Civil sostiene que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, otros gestores de su partido, Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), y empleados del ayuntamiento amañaron, “con conocimiento de su injusticia y desprecio a la legalidad”, una mediación judicial para beneficiar con fondos públicos a un empresario como contraprestación por haber participado en la financiación de ese partido en la campaña de las elecciones de 2015 y en la presunta trama de compra de votos en esta localidad turística de cerca de 20.000 habitantes ubicada en el sur de la isla de Gran Canaria. 

Las últimas pesquisas del equipo de la policía judicial se centran en las operaciones ejecutadas por el gobierno local a partir de junio de 2015, fecha en la que Bueno asumió el bastón de mando municipal, en relación con un empresario con intereses económicos y urbanísticos en Mogán, el también investigado Luis Oller. Es el presidente de Aguas de Arguineguín, explotadora del servicio de abastecimiento de agua en determinadas zonas del municipio, y también administra Cornisa del Suroeste, una promotora de urbanizaciones que arrastraba varios litigios judiciales con el Ayuntamiento de mandatos anteriores. 

El informe descubre “evidencias físicas y testificales” de la participación de Oller en la financiación ilegal de Ciuca y explica las maniobras de la alcaldesa, del primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y del coordinador general, Salvador Álvarez, para presuntamente devolver al empresario, con cargo a las arcas públicas, los favores por su colaboración en la campaña electoral de Ciuca. Los investigadores aprecian indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias en la actuación de estos tres investigados, que también están imputados por el delito electoral, por el pucherazo en los comicios municipales celebrados en los meses de mayo de 2015 y 2019. 

En el registro practicado el pasado 17 de septiembre en las oficinas municipales, la Guardia Civil intervino documentación sobre uno de los expedientes bajo sospecha, el que concluyó con un acuerdo de mediación con la promotora Cornisa del Suroeste, administrada por Luis Oller, para la resolución de sus conflictos judiciales con la administración local.  

Ese proceso de mediación intrajudicial se inició por orden de Onalia Bueno en julio de 2015, apenas un mes después de acceder a la Alcaldia. El objetivo era llegar a un acuerdo con la empresa de Oller, que un año antes había reclamado en los tribunales al Ayuntamiento facturas por valor de 853.415,27 euros en concepto de trabajos de jardinería y limpieza viaria. Además, la regidora resolvió el contrato de la abogada externa que llevaba el caso y puso al frente de las negociaciones como representante de la administración a su mano derecha, el funcionario Salvador Álvarez, a quien había nombrado coordinador general de cuatro áreas del gobierno municipal, entre ellas la de Urbanismo. 

La figura de Álvarez es clave en el esquema dibujado por los investigadores para explicar el amaño, ya que es el nexo de unión entre Luis Oller y la alcaldesa. El funcionario apoyó activamente a Ciuca en las elecciones de 2015. Incluso dejó rastro de ese respaldo en las redes sociales. Y es la persona que, a través de sus hermanas y de su exmujer, cobró cheques por un total de 14.845 euros de cuentas vinculadas al empresario en los meses previos a los comicios. La mayoría de ellos, en plena campaña. Esos fondos habrían servido, a juicio de los investigadores, para financiar la compra de votos a vecinos con necesidades económicas.  Las cantidades de los cheques emitidos nunca superaban los 3.000 euros, el máximo para evitar, en aquella época, una investigación por blanqueo de capitales. 

Los investigadores atisban en la conducta de Álvarez como representante del Ayuntamiento en las reuniones del proceso de mediación con Cornisa del Suroeste una “obstinación en beneficiar” a Luis Oller “en todos los ámbitos municipales”. Por ello, en el paquete se incluyó, además de la reclamación de facturas, otros litigios, “cualquier problema que tuviera el empresario” con la administración, aunque fuera de otra de sus sociedades, Aguas de Arguineguín, sin relación alguna con el conflicto objeto de la mediación. Entre ellos, un pleito que ya contaba con sentencia judicial firme y que obligaba a la promotora a pagar 1,35 millones de euros al Ayuntamiento para que este se hiciese cargo, de forma subsidiaria, de las obras de una urbanización de Cornisa del Suroeste que presentaba deficiencias. 

Esa era la foto cuando arrancó la negociación en verano de 2015. La empresa reclamaba algo más de 850.000 euros y debía 1,35 millones. La estampa final dibuja el mejor de los escenarios para el presunto financiador de la trama de compra de votos. En julio de 2020, cinco años después de la apertura del proceso, el pleno municipal aprobó una modificación presupuestaria para pagar 891.055,26 euros a Cornisa del Suroeste. Entre medias, se desarrollaron acontecimientos que llevan a los investigadores a la conclusión de que fue una mediación “pactada y ficticia” para tratar de dar apariencia de legalidad a actuaciones que perjudicaban los intereses generales del municipio y beneficiaban a un particular. 

En total se celebraron diez reuniones entre representantes del Ayuntamiento de Mogán y de Cornisa del Suroeste para abordar la reclamación de cantidades. El mediador fue propuesto por la empresa y solo acudió a la última cita, a la de la firma, cuando debió estar presente en todas y cada una de las reuniones como mediador. A las primeras cuatro asistió la responsable de la Asesoría Jurídica de la corporación, que manifestó discrepancias con la promotora tanto sobre la fecha para iniciar el cómputo de las facturas que reclamaba como sobre los servicios que debía asumir la administración. 

Con respecto al primer debate, la promotora proponía 2008, fecha en la que consideraba que la corporación había recepcionado la urbanización (trámite indispensable que acredita la finalización de las obras conforme al proyecto aprobado) “por silencio administrativo”. Además, defendía que los servicios municipales debían asumir a partir de ese momento no solo la limpieza viaria (obligatorio), sino también los gastos por el mantenimiento de la jardinería con suministro de agua de riego (no obligatorio). La abogada del Ayuntamiento sostenía, en cambio, que las facturas debían empezar a contar desde junio de 2010, que es la fecha de recepción que figuraba en una sentencia judicial, y que había que revisar qué conceptos debían estar incluidos y cuáles no en esos pagos y evitar duplicidades. 

Un acuerdo sin peros

El rumbo de la mediación viró a partir de la quinta reunión, después de que el Ayuntamiento sustituyera a la responsable de la Asesoría Jurídica por otro funcionario, el secretario municipal David Chao, también investigado. El acuerdo quedó perfilado y se fue puliendo en las sucesivas reuniones. El inicio del cómputo de las facturas quedó fijado en agosto de 2009, entre la propuesta de la administración y la de la empresa. La corrección y los conceptos de los pagos a realizar no fueron cuestionados. De hecho, el secretario expuso en un informe que los servicios de jardinería con suministro de agua de riego tienen un carácter municipal y básico, afirmación que, según la Guardia Civil, es incierta.

El pacto definitivo se firmó el 29 de noviembre de 2018. El Consistorio se comprometía a pagar 745.822,47 euros, cerca del 90% de lo que reclamaba Cornisa del Suroeste en un principio. Pero, además, reducía la deuda fijada en la sentencia judicial por las obras inconclusas de la urbanización de Arguineguín, que ascendía a 1.359.644,69 euros, a 270.730,20 euros, tras un cruce de informes entre los técnicos municipales y el arquitecto de la empresa. En definitiva, el acuerdo de mediación rubricado entre las partes se resolvió con un saldo de 475.092,27 euros a favor de Cornisa del Suroeste. 

Los investigadores inciden en que el Ayuntamiento de Mogán accedió a firmar ese acuerdo sin un informe de estudio y depuración de facturas realizado por técnicos municipales, sin revisarlas, a pesar de que a lo largo del procedimiento existieron discrepancias, además de por las fechas, por los conceptos y de que la primera abogada llegó a detectar duplicidades e improcedencias de gastos de alquiler por un total de 45.479,18 euros. El equipo de la policía judicial recalca que la administración aceptó sufragar costes por servicios que no le correspondía asumir y, además, adoptó decisiones que contravenían una resolución judicial firme para zanjar definitivamente el litigio. “La mediación está para acercar posturas y resolver disputas, no puede ser un instrumento para no acatar una sentencia judicial firme”, expone la Guardia Civil en el último informe que obra en la causa. 

El acuerdo fue sometido a la fiscalización del interventor municipal, Gonzalo Martínez, quien en un escrito datado en mayo de 2019 advirtió de que el expediente no aclaraba ni si se había realizado un trabajo de depuración de facturas a efectos de comprobar posibles duplicidades, errores aritméticos o diferencias, uno de los objetivos de la mediación, ni que los servicios facturados fueran “estrictamente los idóneos o necesarios”, ni que los precios se correspondieran a los de mercado, ni los motivos de la minoración de la deuda de la empresa de 1,36 millones de euros a poco más de 200.000 euros. A pesar de estas observaciones, dictó un informe favorable, lo que para el equipo de la policía judicial representa una conducta dolosa por parte de esta funcionario y contraria a los intereses generales, por lo que también aprecia en su actuación, al igual que en la del secretario David Chao, indicios de los delitos de prevaricación en concurso con el de malversación. 

La Junta de Gobierno municipal aprobó definitivamente la propuesta el 8 de mayo de 2019, en plena campaña electoral y por la vía de urgencia. Sin embargo, no sería hasta catorce meses después, cuando el concejal de Hacienda, Juan Hernández, llevó a pleno la modificación presupuestaria que estipulaba el pago a Cornisa del Suroeste no de los 475.092,27 euros en los que se había resuelto el acuerdo de mediación, sino de 891.055,26 euros. Y es que a la cifra pactada se le añadían 145.232,79 euros por intereses (de demora) y costas y un “exceso no justificado” que ascendía a 270.730,2 euros, exactamente el importe que debía pagarle Cornisa del Suroeste al Ayuntamiento por las obras no realizadas. 

El negocio del agua

La otra actuación, o más bien omisión, de la que se habría beneficiado el empresario Luis Oller tras la llegada al poder de Ciuca tiene que ver con el negocio del agua. Medio año antes de las elecciones de 2015 y con el Partido Popular (PP) gobernando en Mogán, el pleno municipal aprobó por unanimidad la apertura, por la vía de urgencia, del expediente para que la corporación asumiera la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua, que prestaban distintos operadores privados por zonas. Esta decisión conllevaba, por tanto, la pérdida de la explotación para Aguas de Arguineguín, de la que es presidente Oller. 

Desde entonces, destacan los investigadores, Onalia Bueno ha incumplido el acuerdo plenario al no proceder al inicio de la municipalización, “máxime cuando hay vecinos que pagan más que otros según en lugar donde residan”. De hecho, en una entrevista concedida a Canarias 7 en noviembre de 2016, la alcaldesa dijo que el agua era “una prioridad” del gobierno, pero que la gestión directa del servicio “no tocaba todavía”. En verano del año pasado, la Junta de Gobierno abrió un nuevo expediente para elaborar un convenio con Aguas de Arguineguín y fijó un canon de depuración, lo que, a juicio de la policía judicial, “refuerza aún más la pretensión de Bueno de mantener” el negocio de esta empresa. 

La continuidad del servicio de abastecimiento del agua ya había sido apuntada por uno de los denunciantes, Francisco González, exalcalde de Mogán con el PP, como la razón que explicaba el interés de Oller en financiar a Ciuca y desalojar a su partido del poder. En una conversación que obra en la causa, uno de los colaboradores de Ciuca en las elecciones de 2015, José Monzón, apodado Pepe el japonés, también confiesa a González los motivos de la aportación del empresario. “Ese dio más de 40 millones (de pesetas), ese. Por eso ahora le dio el agua de Arguineguín”, se le escucha decir en la grabación. 

La Guardia Civil recuerda en su último informe que expedir cheques al portador a un particular para sufragar gastos de campaña, como sostiene que hizo el dueño de Aguas de Arguineguín con Salvador Álvarez, mano derecha de la actual alcaldesa, “es ilegal, máxime cuando el donante tiene una relación contractual con el Ayuntamiento de Mogán por la prestación de servicios”.  La policía judicial cree que el empresario pudo incurrir en los delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que deberá declarar en sede judicial el próximo mes de octubre, tras los nuevos aplazamientos de principios de julio, en calidad de investigado.