De los cheques del empresario del agua al bolso 'acordeón' de la alcaldesa: el puzle de la compra de votos en Mogán

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, junto a su abogado, Javier Velasco, en el exterior de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. (ALEJANDRO RAMOS)

Cheques bancarios de un empresario con intereses en el negocio del agua en el municipio, una reunión de 50 personas en un hotel situado en el barranco de Balito la víspera de las elecciones, teléfonos prepago, un bolso que se asemejaba a un acordeón para guardar el dinero... Son algunas de las piezas que conforman el puzle de la investigación sobre la presunta compra de votos por parte del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en las elecciones de 2015 y 2019 en Mogán, localidad turística del sur de la isla de Gran Canaria con cerca de 20.000 habitantes censados. Tras los registros practicados el pasado 17 de septiembre en las dependencias del ayuntamiento y en la sede de la formación política y las detenciones de la alcaldesa, Onalia Bueno, aliada de Coalición Canaria (CC) en los últimos comicios, y de los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso, la instrucción ha entrado, nueve meses después, en una nueva fase con el inicio de la ronda de declaraciones de las diez personas que permanecen investigadas en la causa y de 18 testigos. 

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El auto que autorizó y justificó esos registros en busca de nuevas pruebas ya alertaba de la gravedad de los delitos investigados (además del electoral, contra la administración pública -cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos-) y de la existencia de un sólido armazón indiciario en las pesquisas realizadas por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con una descripción que, según palabras del magistrado instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, detalla "pormenores objetivos, accesibles y verificables que sugieren seriamente" la participación en los hechos de la alcaldesa y de dos concejales.

Los testigos interrogados señalan a Onalia Bueno como la lideresa de la organización que, a cambio de un pago en efectivo o de promesas de vivienda o empleo público, logró captar votos a favor de la candidatura de Ciuca. En las declaraciones se dibuja un perfil de la actual alcaldesa como una persona desconfiada y que controlaba hasta el más mínimo detalle. Uno de los testimonios clave en la causa es el de Ramón Trujillo, conocido en el municipio como el Perraya y que ostenta la doble condición de denunciante e investigado, al haberse arrepentido y confesado su participación en el presunto pucherazo en los comicios de 2015. En estas elecciones, Ciuca logró descabalgar del poder al Partido Popular (PP), la formación a la que había pertenecido Bueno hasta 2007, fecha en la que fue expulsada después de que estallara el denominado caso Góndola, un presunto caso de corrupción en el ayuntamiento. El Perraya, que hace unos meses denunció haber recibido una oferta del entorno de la regidora para que se desdijera a cambio de un empleo público y de 3.000 euros, ha descrito a la Guardia Civil el modo de operar de esta presunta trama para la compra de votos. 

El inicio del relato se sitúa en el bar Arguineguín, en la localidad del mismo nombre, un tiempo antes de la celebración de las elecciones de 2015. Según Trujillo, Bueno se había puesto en contacto con él por teléfono y le había citado en este lugar. En la reunión estaban presentes, además, dos personas de la máxima confianza de la alcaldesa: Mencey Navarro, actual concejal de Urbanismo, y Salvador Álvarez, un funcionario municipal que había ejercido como interventor y que durante los mandatos de Ciuca se ha convertido en una figura clave en la corporación local, asumiendo funciones de coordinación de las distintas áreas de gobierno. En una "breve conversación", la regidora le habría pedido al Perraya, que en aquel momento llevaba dos meses en el paro, su colaboración para conseguir votos de "gente pobre y necesitada del pueblo". Tras esos comicios, el ahora denunciante logró un empleo "suscrito" al Ayuntamiento de Mogán, destaca el auto del juez instructor. 

En su declaración ante la Guardia Civil, Trujillo, apoderado de Ciuca en las elecciones de 2015, admitió que pudo reunir a unos 70 electores en situación de precariedad para que dieran su voto a esta formación, ofreciéndoles 50 euros a cambio, y reveló la mecánica de ejecución de compra. Uno de los principales focos de la investigación es el voto por correo, que aumentó de manera exponencial en Mogán tanto en los comicios de 2015 (558 votos por esta vía frente a los 191 de 2011) como en los registrados cuatro años después (1.494).

El Perraya contó que era el encargado de acompañar a los electores a la sede del partido y que, para poder desplazarse por el municipio y ejercer la labor que le habían encomendado, Bueno le compró una moto. Apunta a Salvador Álvarez como la persona que le dio en metálico 2.500 euros para adquirirla. Trujillo relata en sus comparecencias dos fases para la obtención de votos por correo. En la primera, los electores eran conducidos al local de Ciuca, ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez de Arguineguín, y esperaban a que les cumplimentaran la solicitud para posteriormente llevar los papeles a la oficina de Correos o entregaban el DNI para que lo fotocopiaran y volvían esa misma jornada o al día siguiente para cumplir el mismo trámite. El denunciante sostiene que eran Bueno, otros dos investigados -Salvador Álvarez y Tania Alonso- y una cuarta persona quienes se encargaban de rellenar "a mano" la documentación necesaria para que los vecinos pudieran acudir a Correos a solicitar las papeletas. En algunos casos, y ante el temor de que "los captase otro partido político", el colaborador también los acompañaba a la oficina. 

En la segunda fase, los electores recibían los sobres con las papeletas de las formaciones concurrentes en sus domicilios y tenían que desplazarse de nuevo a la sede de Ciuca a entregarlos. "Era una condición inexcusable que el sobre no se abriese, si se abría no se recibiría la cantidad de dinero pactado", reza el auto del juez instructor aludiendo a las manifestaciones vertidas por Trujillo. Era en el local del partido donde las personas captadas recibían, presuntamente, el dinero prometido de manos de la actual alcaldesa o de Salvador Álvarez. Según El Perraya, Bueno guardaba en un bolso "que parecía un acordeón" billetes de 20 y de 50 euros. "Nunca llevaba de 100".

El colaborador arrepentido confesó haber entregado 50 euros a algunos de los electores, aunque no era la dinámica habitual, ya que la presunta lideresa de la organización "no confiaba" en él y temía que pudiera quedarse con el dinero. Sin embargo, algunos vecinos "no querían recibirlo directamente de Onalia", por lo que en esos casos la actual regidora acababa cediendo y entregándoselo a Trujillo, no sin antes oponer "resistencia". Según El Perraya, Bueno tenía "una lista manuscrita" con la identidad de todos ellos y sus teléfonos. Cuando entregaban el sobre y se les pagaba, "los tachaba de la lista" y escribía al lado "OK". Posteriormente, "introducían la candidatura de Ciuca en los sobres, rellenaban los formularios amarillos de correos y cuando juntaban un montón los llevaban a oficinas de correos", siempre fuera del municipio, destacan los investigadores, que disponen de documentación que acredita que Mencey Navarro recibió sobres cerrados de votantes tanto en las elecciones municipales de 2015 como en las de 2019. 

Las manifestaciones vertidas por Trujillo encajan con las de otros testigos. Uno de ellos declaró que tres personas lo abordaron cuando estaba en las inmediaciones de la sede de Ciuca, le ofrecieron 50 euros y le garantizaron un trabajo si Onalia Bueno resultaba elegida alcaldesa. Otra manifestó que la regidora le preguntó a quién votaría en las elecciones y que cuando le confirmó que apoyaría a Ciuca, le respondió: "En pie está la vivienda y el trabajo". Durante las comparecencias ante la policía judicial también se ha hablado de ofertas de ampliación de jornada laboral o de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial. Para asegurarse el voto de algunos vecinos, un colaborador de la presunta trama se encargaba, incluso, de acompañarlos a comisaría a renovar la documentación, asumiendo los costes de la tramitación la propia Bueno, según otro relato recabado en instrucción.

Los investigadores han constatado, a partir de las manifestaciones de varios testigos, la existencia de al menos dos reuniones, una en la víspera de los comicios de 2015 y otra en la misma jornada electoral. La primera se habría celebrado en un hotel ubicado en el barranco de Balito y a ella habrían acudido unas 50 personas, entre ellas Onalia Bueno, Mencey Navarro, Tania Alonso o Juan Carlos Ortega, policía local en el municipio y actual concejal de Ciuca. Una de las personas que ejerció como interventora en esos comicios contó que la principal investigada le había prometido una vivienda de protección oficial y que en ese encuentro se les dio instrucciones para el desarrollo de la jornada electoral y la presunta compra de voluntades a través de la segunda de las modalidades: el voto directo. 

El 24 de mayo, día de los comicios, tuvo lugar otra reunión en el local de Ciuca, a la que habrían ido las personas que se encargarían de "llevar y traer" a los votantes a las mesas electorales. A los participantes en este encuentro se les obligó "a dejar sus teléfonos personales en la entrada del local" y a apagarlos. Según el testimonio del Perraya, la actual alcaldesa facilitó a los captadores teléfonos prepago y les advirtió de que "la Guardia Civil estaba investigando" (ya en los comicios de 2011 había habido rumores de compra de votos en el municipio) y que, por ello, podían tener pinchados sus móviles particulares. 

Cheques por importe de cerca de 15.000 euros

La otra pata de la investigación de la Guardia Civil se centra en la financiación, en conocer quién aportó a Ciuca los fondos para poder ejecutar el presunto pucherazo en las elecciones municipales de 2015 y de 2019. Y ahí aparece el nombre de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las empresas de abastecimiento de aguas que operan en el municipio. Es, además, propietario de la vivienda donde residía otro de los investigados, Mencey Navarro, según el actual primer teniente de alcalde de Mogán reconoció en 2016.

Varios son los indicios que apuntan a este empresario. Uno de los testigos de la causa, D.A., entregó a la policía judicial la fotocopia de un cheque bancario por valor de 2.000 euros fechado el 22 de mayo de 2015. Es decir, dos días antes de las elecciones. Como intermediario aparece Salvador Álvarez, la persona que acudió a su domicilio para entregarle el cheque del empresario Luis Oller después de pedirle esa misma cantidad en metálico aduciendo que la necesitaba "urgentemente para las elecciones". El testigo le prestó los 2.000 euros y se quedó en depósito el cheque para asegurarse que el dinero le sería devuelto. Siempre según su relato, Álvarez le sugirió justificar esos pagos con "facturas de la carpintería" de su padre por la construcción de muebles "que nunca construyeron". D.A. ratificó esta versión en su declaración ante el juez del pasado viernes.

A partir de ese documento, los investigadores ampliaron el estudio de las cuentas bancarias vinculadas al presidente de Aguas de Arguineguín y descubrieron al menos otros cuatro cheques sin justificar librados por el empresario. Como cobradoras aparecen tres hermanas y la exmujer de Salvador Álvarez. El importe total asciende a 14.485 euros. A estos indicios se le suman las declaraciones de otro testigo, J.A.R., trabajador municipal, y una grabación en la que un apoderado de Ciuca, José Monzón, alias El Japonés, señalaba a Oller como una de las personas que aportaron dinero a la campaña electoral del partido. "Ese dio más de cuarenta millones (de pesetas). Por eso esta ahora le dio el agua", decía en ese audio. 

Francisco González, antecesor de Bueno en la Alcaldía y excompañero de la actual regidora en las filas del PP, apuntó en una de sus declaraciones los intereses de este empresario para colaborar con Ciuca: en aquellos momentos se estaba tramitando la municipalización del servicio de aguas en el municipio sureño, una medida que podía ocasionar "un perjuicio económico" a su empresa, que se podía quedar sin su parte del negocio.

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