Una testigo del presunto pucherazo en Mogán cambia su versión pero el juez saca a relucir sus contradicciones

Los abogados de los investigados, de izquierda a derecha: Javier Velasco Almendral, Agustín Guillermo Santana Santana, María Rosa Díaz-Bertrana Marrero, Pino López Acosta y Juan Mencey Navarro Romero, quien también es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán y uno de los imputados por la trama de compra de votos.

Era de esperar y se esperan más: hay tanto que contar sobre el presunto pucherazo en Mogán que la primera tarde de declaraciones de testigos ante el juez instructor deparó este miércoles el primer cambio de versión por parte de una declarante que le había contado con pelos y señales a la Guardia Civil cómo la alcaldesa, Onalia Bueno, y su partido, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) le compraron el voto en 2019 por 50 euros.

Mogán, otra vez bajo lupa judicial por la compra barata de votos y grandes pelotazos urbanísticos

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Se trata de Beatriz P.G., testigo con antecedentes penales, a la que le ha cundido la propuesta de cambiarse de bando. Y todo con el objetivo de que contara ante el juez el guión que ha marcado la defensa de la alcaldesa de Mogán, del despacho del reputado José Antonio Choclán: que la trama de compra de votos y financiación de su partido es una conspiración y una invención de su rival política, la única concejal de Nueva Canarias, Isabel Santiago.

En una declaración poco creíble, y en la que el propio juez hizo incurrir a la testigo en una serie de contradicciones que desacreditan su testimonio, la declarante aseguró que fue Isabel Santiago quien le dio “en el patio de su casa” 150 euros para decir a la Guardia Civil “y a La Sexta” que enviados de Ciuca le habían comprado su voto. No solo se enfrenta a un presunto delito de falso testimonio si los hechos documentados por la investigación dejan en evidencia sus acusaciones, sino a una querella de la concejal.

La testigo dijo que había votado por correo en la oficina de Arguineguín, una falsedad destacada por el juez, porque la investigación de la Guardia Civil ubica su voto en El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria. “¿En El Corte Inglés? Pero si yo no tengo ni dinero p’al Salcai (antigua guagua interurbana del sur de Gran Canaria), ni coche, si yo vivo debajo de un puente…” vino a decir la declarante, que además aseguró sentirse acosada por uno de los denunciantes y al autoinculparse, también investigado, el excolaborador arrepentido de Ciuca Ramón Trujillo El Perraya

Otra contradicción flagrante: “¿Se siente acosada por Ramón Trujillo? ¿Dice que siente miedo? ¿Y entonces por qué fue usted esta mañana a su casa?”. Todo apunta a que intentó grabar esta misma mañana de miércoles al denunciante/investigado preguntándole qué tenía que declarar y así desacreditar al Perraya, justo horas antes de las citas judiciales de la tarde. “¿Qué qué tienes que declarar? Pues la verdad”, le respondió.

Nueve meses después de las detenciones de la alcaldesa y sus concejales Mencey Navarro y Tania Alonso ha pasado tiempo suficiente para que los investigados hayan desplegado sus mejores convicciones para que se produzcan virajes y testigos se desdigan de lo declarado en sede policial. Denuncias por presiones para que eso sea efectivo ha habido ya varias, y según cuentan en Mogán, más contradicciones y más acusaciones contra la concejal Isabel Santiago se producirán los próximos días por parte de otros testigos dispuestos a contar todo lo contrario de lo dicho hasta ahora.

La primera de las testigos que están citadas a declarar entre este miércoles y el 12 de julio fue la única que evacuó ante el juez Ramírez de Verger. Y eso a pesar de que tras su declaración debían pasar por la sala de vistas número 15 del Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria otros tres testigos. No fue posible porque cayó la noche ante la extensa declaración de otro de los denunciantes, el exalcalde Paco González (PP).

Paco González se extendió con detalle sobre el modus operandi que él tiene detectado y la implicación directa de uno de los presuntos empresarios de cabecera de Ciuca, Luis Oller, propietario de la mercantil Aguas de Arguineguín, cuyos intereses se hubiesen visto afectados de no ganar Ciuca las elecciones y repetir el PP en el gobierno municipal. En concreto, por las intenciones del propio exalcalde y de su grupo político de municipalizar todo el agua de abasto de Mogán, una medida que presuntamente perjudicaría a la empresa de Luis Oller. Ese proyecto de municipalización y unificación del ciclo del agua ha sido descartado por el partido gobernante de la alcaldesa.

El exalcalde también indicó contar con una serie de grabaciones que implicarían a más conejales de Ciuca en la presunta compra de votos. El juez le ha dado cinco días de plazo para que aporte esas grabaciones, así como más detalles de empresarios que estarían implicados en la trama, como de otros dispuestos a declarar que han recibido presiones para apoyar a la alcaldesa investigada. Su declaración, salpicada de lagunas de memoria, se fundamentó sobre todo con la documental aportada por la Guardia Civil sobre los hechos concretos que relataba el exalcalde.

Este viernes deben continuar los testimonios en horario de tarde, con los tres testigos que no lo pudieron hacer este miércoles, aparte de otros cuatro más llamados por el juez a declarar. Durante la sesión de esta tarde, resultó llamativa la presencia de uno de los investigados, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, dentro de la sala de vistas, mientras el denunciante y la único testigo que pude declarar evacuaban ante el juez y el fiscal. Navarro es abogado y este miércoles entraba en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria junto al resto de letrados de los investigados, pero no representa a nadie, ya que su abogada es María del Pino López Acosta. 

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