“La Feria se va a ampliar sí o sí en 2027”. Así de rotundo se expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el previsto ensanche del recinto ferial para ganar más de 220 casetas, un objetivo perseguido desde hace décadas y que el regidor incluyó en su programa electoral. El problema es que todavía no tiene la preceptiva autorización del Gobierno central, que es el dueño de los suelos, paso en teoría indispensable para arrancar un proyecto que tiene la singularidad de que la gestión se hará con una concesión de obras, es decir, lo asumirá una empresa privada.

Esto implica, a su vez, que el Ayuntamiento hispalense le tendrá que pagar un canon durante 28 años con un beneficio para el concesionario que superará el 7%. En total, IVA incluido, el Ayuntamiento pagará durante estas casi tres décadas unos 120 millones de euros por la construcción (unos 30 millones de euros) y el mantenimiento (325.000 euros anuales de partida) de la zona de ampliación, que gestionará directamente una empresa privada. Esto implica que coexistirán dos modelos, ya que el resto del Real seguirá bajo competencia directa municipal, que cobrará a los nuevos titulares las correspondientes tasas para abonar el canon al gestor, 2,9 millones el primer año con un incremento interanual del 2% para pagar el último ejercicio 4,8 millones.

El gobierno local del PP ha decidido ir a una política de hechos consumados, “no vamos a esperar a que nos respondan porque nosotros tenemos nuestra hoja de ruta”, he incluso el regidor no sólo no descarta que la cuestión acabe en los tribunales sino que ha lanzado todo un desafío al Ejecutivo central: “Si se quiere negar a esta ampliación, que lo diga”. No hay que perder de vista que la pugna hay que enmarcarla en un doble contexto electoral, ya que junto a la inminente campaña andaluza (el PP está forzando la máquina convencido de que la situación perjudica al PSOE) hay que tener en cuenta que esta ampliación se concretaría a escasos meses de las elecciones municipales de 2027.

Las dudas jurídicas del proyecto

Así que con este pulso político de fondo, el Ayuntamiento del PP se presenta como rehén de la falta de respuesta del Gobierno del PSOE, con lo que justifica su decisión de tirar por la calle de en medio y seguir para adelante aunque no tenga la titularidad de los suelos. Además, se siente legitimado por el convenio que en su momento se firmó con el Estado para la cesión de los terrenos en los que ahora se levanta la Feria: como se mantiene este uso recreativo, lo que se firmó hace décadas es en teoría aplicable a las nuevas parcelas necesarias.

Pese a esta escenificación, desde el Ejecutivo central se apunta que los técnicos siguen analizando la última documentación remitida por el Consistorio, a la vez que se desliza que si el procedimiento se ha retrasado es porque hubo un error de partida en el planteamiento municipal al solicitar los terrenos para entregárselos a un privado vía concesión de obras. Ahí es donde surgieron las dudas jurídicas, ya que una cosa es una cesión de un bien entre administraciones y otra que sea directamente a un privado que además va a obtener un beneficio económico.

De hecho, desde el equipo de José Luis Sanz se llegó a apuntar a que inicialmente hubo una “buena predisposición” por parte del Gobierno para ceder unos suelos adscritos a Patrimonio del Estado, es decir, al Ministerio de Hacienda. Pero pronto surgieron las fricciones políticas, a las que no fueron ajenas que hasta ahora la titular de esta cartera era María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. Esto llevó al propio alcalde a acusar a la propia Montero y al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, de intentar que la ampliación “no pueda salir bajo ningún concepto”.

Actuar sin preguntar

“No contemplamos que no acceda”, se insiste machaconamente desde el Ayuntamiento, dejando la pelota de la responsabilidad política en el tejado estatal. Y en paralelo, Sanz lanza las consignas de que “la autorización no es preceptiva” y que “no vamos a esperar a que nos respondan” para cubrirse las espaldas en su decisión de seguir adelante sea como sea, y es que para que estas más de 220 casetas sean una realidad para 2027 hay que ponerse manos a la obra nada más terminar la Feria de Abril que ahora se está celebrando.

Los contactos entre las partes han sido hasta ahora meramente técnicos, sin una negociación política previa que allanase el camino. El regidor insiste en que realmente no hace falta, pero que hace unos días se le volvió a mandar una carta a Hacienda por “guardar las formas”, a lo que desde el Gobierno se responde que esta comunicación no es una deferencia sino el camino que corresponde para que dos administraciones formalicen un acuerdo sobre un suelo que –se recuerda– es patrimonio de todos los españoles.

Lo de iniciar un proyecto sin preguntar antes al propietario no es la primera vez que lo hace el alcalde hispalense, que en la campaña de las municipales anunció un Louvre sevillano en la sede principal de la Universidad de Sevilla o el cierre de la Plaza de España para cobrarle la visita a los turistas sin consulta previa alguna. Tanto la Hispalense como el Gobierno central, propietarios de los edificios, se enteraron por la prensa.

Casetas para el 5% de los que esperan una

En cuanto al proyecto en sí, fue registrado de manera conjunta por tres constructoras (Martín Casillas, Carmocón y Esasur) durante la propia celebración de la Feria de 2025, ajustándose como un guante al deseo expresado de ampliar el recinto por el gobierno local, que encomendó a la Gerencia de Urbanismo que analizase la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el pasado mes de febrero, hizo la petición al Gobierno para la cesión “directa y gratuita” de la titularidad de tres parcelas que suman 278.233 metros cuadrados con una calificación urbanística como suelo urbano no consolidado.

El proyecto prevé la creación de tres nuevas calles, dos de las cuales ya tienen nombre avanzado por el propio alcalde: Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla, en sintonía con que los viales de la Feria están bautizados con nombres de toreros. La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10%, se reubicarán 27 casetas y habrá 220 de nuevo cuño, aunque el Ayuntamiento calcula que al final se llegará a las 228. Esto supone un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

Aunque la iniciativa la hayan presentado tres empresas sevillanas, a la hora de la verdad tendrá que salir a concurso público con libre concurrencia, no puede haber una adjudicación directa por parte del gobierno local del PP. Los impulsores defienden que se trata de “un proyecto anhelado por Sevilla”, que el contrato de concesión de obras propuesto es la fórmula “más eficaz y eficiente”, además de una “herramienta de alto interés” para el Consistorio, y que la gestión privada permitirá “repercutir positivamente en la calidad del servicio”. “Mejorará toda la ciudad, con más puestos de trabajo y más turistas”, apostilla.

“Puede haber sobrecostes”

Eso sí, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de las instalaciones, “reservándose las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado”. En cuanto a las ventajas que supone para el gobierno local, “representa una considerable liberación de necesidades adicionales de aportación de medios humanos” y reduce la “estructura administrativa necesaria”, además de una “ventaja adicional”: no se computará la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Eso sí, los proponentes y aspirantes a la adjudicación del contrato se guardan las espaldas en varios frentes, el primero de los cuales es con respecto a los terrenos necesarios, sentido en el que se recuerda que “no hace falta expropiar, pero la Administración es responsable de aportar los suelos”. Asimismo, los precios propuestos –30 millones la ampliación y un punto de partida de 325.000 euros anuales para el mantenimiento– toman como referencia el 1 de enero de 2025 y “puede haber sobrecostes”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anulado la autorización a Mareas Blancas para emitir este jueves el vídeo sobre la sanidad pública en Andalucía, Salud No Responde, en el centro cívico Bellavista. Para ello, esgrime que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla, con fecha 7 de abril de 2026, ya declaró que la proyección del documental “vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Regimen Electoral General”.

Así consta en una resolución de Alcaldía, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, en la que se deja sin efecto la autorización concedida por la Jefatura de Negociado del citado centro cívico, “solicitada por la entidad ciudadana Asociación de Vecinos 'La Unidad', denegando el uso de los espacios, al entender que la actividad vulnera lo previsto en la mencionada ley”.

En este sentido, la Junta Electoral prohibió el martes de la pasada semana proyectar ese documental en una sede municipal de Mairena del Aljarafe tras un recurso presentado por el PP. La JEZ entiende que el contenido supone una crítica a la sanidad, “cuya gestión realiza un adversario político y vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el período electoral”, destaca la resolución del Consistorio hispalense.

“Improcedente”

Para el colectivo de Mareas Blancas, “el papel prohibitivo que desempeña el Ayuntamiento está fuera de lugar por cuanto no es competencia suya establecer las normativas electorales y su aplicación en la campaña electoral”. “De la misma manera, consideramos improcedente que se aplique una normativa de campaña electoral a una asociación de vecinos o a un movimiento social como las Mareas Blancas”, aseveran en un comunicado.

Todo ello respondería a “una maniobra impulsada por el PP”, determinan, ya que se trata de vídeos “que llevan meses exponiéndose y que muestran la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza, cuestión que al parecer molesta al Partido Popular”.

El PP andaluz ha conseguido que se prohíba la proyección del documental Salud no Responde en al menos cinco municipios, según ha denunciado el colectivo Mareas Blancas y confirma Por Andalucía, que ha presentado los respectivos recursos contra esas decisiones. Las prohibiciones de este documental crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz están siendo emitidas por las Juntas Electorales de Zona con el argumento de que la película no puede proyectarse en edificios públicos, y afecta al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería).

Salud no Responde, dirigida por Pablo Coca y en la que participan las Mareas Blancas, se estrenó el 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla y se proyectó desde entonces con normalidad en centros cívicos y salas culturales de municipios de la provincia. El estado del sistema sanitario autonómico es la principal preocupación de los andaluces, según los principales sondeos de opinión. Unas 21.000 personas, según la Policía Nacional (55.000, según los organizadores) salieron a la calle el pasado domingo para protestar por su deterioro en las ocho capitales andaluzas.

En diciembre, cuando la crisis por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama estaba en su apogeo, era el principal problema para el 22,4% de los encuestados, según el barómetro del Centra, el CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia. Otro sondeo del CIS (dependiente del Gobierno) conocido hace apenas diez días concluye que cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente.

Punto casi final, aunque todavía no definitivo, al culebrón del Canal de la Expo 92, en la Cartuja. PP y Vox han sacado adelante (con la oposición de PSOE y Podemos-IU) el último trámite para la recalificación urbanística de este simbólico espacio del que fue recinto de la Exposición Universal. Hasta ahora estaba reservado para actividades productivas, pensando en la ampliación de empresas del parque tecnológico de la Cartuja –ahora Sevilla TechPark–, pero ahora se cambia a uso terciario y se abre así la puerta a que se ubiquen bares, hoteles, supermercados, oficinas y hasta discotecas, como ha denunciado la izquierda.

Y esa, de partida, es la idea del propietario de los suelos, el Gobierno andaluz, que parte de estos terrenos tengan este uso para así atender las necesidades en este sentido que asegura que tiene el parque tecnológico. Lo cierto es que un suelo con un destino muy delimitado y protegido pasa ahora a ser un simple terciario, lo que dispara las opciones de venta del mismo. “Todo un pelotazo urbanístico”, lo han definido PSOE y Podemos-IU.

La operación se empezó a gestar hace casi dos años, pero ha sido ahora cuando se han limado los últimos flecos de un convenio Junta-Ayuntamiento del que sólo queda pendiente la firma para así bendecir definitivamente la recalificación. El gobierno de José Luis Sanz (PP) alega que así se recupera un espacio que lleva tres décadas abandonado y que el cambio de uso cuenta con los parabienes del Círculo de Empresarios del parque tecnológico, mientras que la Junta de Andalucía apunta que su actual calificación urbanística “lo hacía poco atractivo para la inversión”.

Ajustar a la “realidad actual”

Como muestra de ello, alega que las subastas celebradas por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno andaluz para enajenar el Canal de la Expo “quedaron desiertas al no recibir ofertas”. Así que el cambio de uso ahora aprobado lo que hace es “ajustar la calificación urbanística de la parcela a la realidad actual”.

A cambio de allanar el camino para que la Junta pueda vender esta parcela de 40.361 metros cuadrados, uno de los espacios más recordados de la Expo pero que se quedó sin agua poco después, el Consistorio obtiene la propiedad definitiva de los Jardines del Guadalquivir de la Cartuja (con casi 80.000 metros cuadrados), que desde 2011 tiene en cesión temporal de gestión. Además, recibirá 200 plazas en el aparcamiento subterráneo que se construirá y también se queda con dos parcelas (en las calles Doña María Coronel y Simón de Pineda) valoradas en casi 1,2 millones de euros, que aporta la Junta como forma de pago por la “puesta en valor” de los deteriorados Jardines del Guadalquivir.

Y otro detalle adicional: se reconoce y autoriza de forma expresa el uso público para el tránsito por las pasarelas que cruzan el Canal de la Expo, para así garantizar el acceso ciudadano al auditorio Rocío Jurado. Es decir, que el proyecto que levante quien se haga con estos terrenos deberá respetar el derecho de paso, para que no haya sorpresas a posteriori, porque ahora la Junta lo que hará es sacar a subasta el solar sin más, y será el comprador el que se encargue del obligatorio plan especial urbanístico.

“Una necesidad imperiosa”

Eso es precisamente lo que ha reprochado el encargado de dar la réplica por el PSOE, el concejal Fran Páez, para quien el gobierno local del PP le permite a la Junta que le “endose” este trámite a terceros, “se lleva la bolsa de los caudales sin obligación, es un llave en mano”. En cuanto a las modificaciones del convenio aprobadas en el pleno, ha denunciado que han sido obligadas por los propios servicios jurídicos municipales, “está claro que había muchas prisas en dejar cerrado el camino al pelotazo que se le permite al señor Moreno Bonilla”.

El Canal de la Expo, a su juicio, es ejemplo de la “especulación urbanística” que el PP “ha implantado en el Ayuntamiento en contra de los intereses de la ciudad”. Los empresarios, ha recordado, demandan suelo para compañías de alto valor añadido, “pero van a implantar supermercados, bares y discotecas”. 

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), ha incidido en la “transparencia” el proceso y le ha reprochado a las formaciones de izquierda que en realidad lo que les gustaría es que ese espacio “siga abandonado y con matorrales”. Tras incidir en que no se permitirá ningún desarrollo residencial, ha defendido que van “de la mano del Círculo de Empresarios de la Cartuja” y que este proyecto “es una necesidad imperiosa y un desarrollo fundamental para Sevilla”.

Todo ello, en un Sevilla TechPark que acoge a 575 empresas, cuenta con casi 32.000 trabajadores y genera una actividad económica que supera los 5.500 millones de euros anuales. A ello hay que sumar unas instalaciones universitarias que congregan a diario a 10.000 estudiantes.

“Paraíso para especuladores”

No ve precisamente así las cosas la concejal de Podemos, Susana Hornillo, para quien recalificar y abrir así la puerta para que lleguen hoteles, bares y oficinas es “todo lo contrario a lo que tendría que haber sido ese espacio”: apostar por la innovación científica, la investigación y la creación de empleo de calidad. “Resulta realmente preocupante la rapidez con la que este gobierno está recalificando suelo que podía usarse para usos productivos y tecnológicos, convirtiéndolo en suelo para pelotazos urbanísticos”.

“En los últimos años se ha recalificado más de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial, algunos proyectos han sido heredados del gobierno anterior [del PSOE] pero ustedes han metido el acelerador”, le ha reprochado al PP. “Están hurtando el futuro a la ciudad, se han rendido a que sea un decorado para turistas o un paraíso para especuladores”, porque “aquí ni las VPO son de acceso libre, se especula con ellas porque se pueden descalificar a los siete años”.

Quien sí está satisfecho con lo que se va a hacer es Vox, que no sólo ha apoyado con su voto la recalificación, sino que negoció con el PP para afinar el primer convenio que se presentó hace un par de años, “que no nos gustaba”, ha señalado su portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja. Y ha sido gracias a su intervención, asegura, que al final se incluyen “zonas verdes, 200 plazas de aparcamiento, se limita el uso hotelero y se incorpora el uso tecnológico”, un proyecto que contrasta con que la alternativa de la izquierda era “mantener 30 años más baldío el Canal de la Expo”.

El Ayuntamiento de Sevilla es uno de los 104 ayuntamientos que no cumplen con su deber legal de responder a las solicitudes de información pública en plazo y forma, según se desprende del segundo estudio elaborado por la Asociación de Transparencia para la Ciudadanía (ATC), a través de su Observatorio Provincial.

El informe, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, dedica un bloque al modo de actuación del Ayuntamiento de la capital, del que dice que “es una expresión a mayor escala de las dinámicas observadas en el conjunto de los municipios analizados”. Según la información proporcionada por el propio Ayuntamiento al ATC, fueron 129 las solicitudes de acceso a la información en 2024, de las que 84 (65%) fueron finalizadas por silencio administrativo. Además, durante un periodo de aproximadamente tres meses, el servicio funcionó con una única persona efectiva asignada y el Ayuntamiento reconoce expresamente que algunas respuestas fueron extemporáneas.

Las localidades de Albaida del Aljarafe y Lora del Río son las únicas localidades que cumplen con el plazo legal de 30 días para responder y dan una resolución administrativa formal, amparando así al ciudadano. Esta última normativa solo es cumplimentada por nueve ayuntamientos ya que, a los dos citados anteriormente, se les suma Almadén de la Plata, Las Cabezas de San Juan, Camas, Lebrija, El Palmar de Troya, San Juan de Aznalfarache y Santiponce. Pese a que la localidad palmareña no lo cumple, el ATC lo incluye en su informe, ya que se trata “de un caso límite”, según aclara Manuel Barrera, portavoz de la Asociación Transparencia para la Ciudadanía.

Es de recordar el primer informe del Observatorio Provincial de Transparencia de Sevilla, de enero de 2026, en el que hubo una llamada de atención porque el 85,85% de los ayuntamientos (91 entidades) no emitieron respuesta alguna a las solicitudes presentadas, frente al 14,15% (15 consistorios) que sí respondió. 

Este segundo informe, que recoge los datos hasta el mes de febrero (mes inclusive), presenta el seguimiento individualizado de los 106 expedientes de acceso a la información pública iniciados en septiembre de 2025, dirigidos a los 106 ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Mientras el primero documentó el volumen de incumplimiento, el segundo, analiza las causas que lo provocan. 

Problemas conocidos, al igual que las soluciones

En general, en los municipios de Sevilla el modus operandi consiste en un silencio inicial, una activación tras la intervención del Consejo de Transparencia y una respuesta fuera de plazo, que incluye datos cuantitativos relevantes, identifica el órgano emisor y está firmada por un responsable administrativo. Además, hay una ausencia de resolución formal, por lo que no constituye una resolución administrativa en sentido jurídico.

El patrón que se observa no responde a fallos puntuales ni a escasez de recursos, sino a una dejadez en las funciones. El sistema municipal de transparencia en la provincia funciona principalmente bajo presión externa, con la intervención del Consejo de Transparencia, y no de forma autónoma. Esto indica un problema organizativo, no normativo: las funciones de transparencia no están formalmente asignadas, el personal no cuenta con formación específica, los servicios externalizados operan sin supervisión adecuada y no existen mecanismos internos de seguimiento de solicitudes.

Este segundo informe no tiene carácter sancionador ni de denuncia. Su función es producir una evidencia verificable que permita a las instituciones tomar decisiones informadas. “Este segundo informe responde a una pregunta que el primero dejó abierta: no solo cuántos ayuntamientos incumplen, sino por qué ocurre y qué tendría que cambiar. Eso es lo que el Observatorio intenta aportar, evidencia que permita actuar, no solo medir”, aclara Barrera. 

Para ello, propone cuatro medidas concretas: asignación formal de funciones de transparencia en la relación de puestos de trabajo de cada ayuntamiento, formación específica y periódica del personal responsable, con apoyo de la Diputación Provincial, estandarización del registro interno de solicitudes de acceso a la información y el establecimiento de mecanismos de supervisión sobre los servicios externalizados que gestionan portales de transparencia.

Primero se movilizaron los vecinos de Heliópolis, porque el Real Betis empezó antes la modernización del Benito Villamarín, pero ahora le toca el turno a las entidades de Nervión y con el mismo motor: el miedo a una remodelación del Ramón Sánchez Pizjuán que va a permitir que tenga actividad todos los días del año y la pérdida de espacios públicos que conllevará la operación. Desde el Ayuntamiento, el gobierno local del PP argumenta en cambio que se creará una “gran plaza revitalizada”, además de que aumentarán las plazas de aparcamiento y la propia seguridad del barrio.

El paso lo han dado las asociaciones vecinales Gran Plaza, Nervión Este y Ciudad Jardín, a las que se ha sumado la plataforma Barrios Hartos, que han reclamado la “suspensión del plan actual” al Consistorio, que ya ha acordado con el club el estudio de ordenación urbanístico. Curiosamente, la reclamación vecinal se ha conocido el mismo día que el Betis ha iniciado las obras de la primera fase de construcción, después de que en septiembre se aprobase en el pleno municipal (lo apoyaron PP, PSOE y Vox) pese a las dudas expresadas por el propio secretario municipal.

Los pasos son muy similares en uno y otro caso, ya que nacen de un punto en común: un cambio en el PGOU –validado en septiembre de 2024– para multiplicar los usos de las consideradas “instalaciones deportivas singulares” de la ciudad con más de 7.000 espectadores sentados: el Benito Villamarín, el Ramón Sánchez Pizjuán, la Cartuja y el pabellón de San Pablo. Son “proyectos de ciudad” que se convertirán en “iconos urbanos”, alega el gobierno municipal.

Los argumentos no convencieron en Heliópolis y tampoco lo están haciendo en Nervión, donde las entidades vecinales ven el proyecto como “una amenaza directa a la calidad de vida” del barrio, incluyendo la “pérdida irreversible de patrimonio público”. “Colapsa un entorno ya saturado”, a la vez que “impone un modelo de ciudad que prioriza el consumo frente al descanso y la convivencia”. La autorización municipal complementa la función deportiva con galerías comerciales, zonas de restauración y actividades paralelas todos los días del año.

“Colonizado por veladores”

Los vecinos desconfían especialmente de la anunciada “gran plaza pública peatonal y sombreada”, ya que “no existe ninguna garantía real” de que el espacio “no acabe colonizado por veladores”. “No queremos un centro comercial al aire libre, queremos barrio”, esgrimen los portavoces vecinales, que recuerdan que la zona cuenta ya con una oferta “saturada de ocio”.

Esta plaza se levantará sobre un suelo ahora municipal, 10.000 metros cuadrados en principio destinados a Servicios de Interés Público y Social. Esto obliga a una “privatización” del terreno que definen como “alarmante”, una recalificación urbanística que ven como una “burla” porque el Ayuntamiento permite al Sevilla quedarse con este solar a cambio de permutarlo por otra parcela junto a su ciudad deportiva, en la carretera de Utrera ya fuera de la ciudad.

Una “deslocalización de las zonas verdes” que deja a Nervión “desprotegido ante el aumento de las temperaturas y la contaminación”. “De poco le sirve a un abuelo de Eduardo Dato que el aire sea más puro en Montequinto mientras su calle se convierte en una isla de calor”, se critica, ya que esto supone “sepultar la oportunidad de transformar esos 10.000 metros cuadrados en un pulmón real para Sevilla” y en una zona en la que no abundan precisamente los espacios verdes.

“No estamos en contra del Sevilla FC, estamos en contra de un modelo que prioriza los ingresos económicos frente a la salud”, argumentan las organizaciones vecinales, que apuntan a que “muchos socios” sevillistas que viven en la zona se oponen también al proyecto por el impacto que va a tener en su barrio. De ahí su insistencia en la suspensión del plan urbanístico, para desarrollar a cambio “un modelo que integre armónicamente a la entidad con su entorno y que no anteponga la rentabilidad económica a la habitabilidad”.

Los argumentos del Ayuntamiento

¿Y qué es lo que responde a todo esto el Ayuntamiento, que es el que autoriza al club a esta reordenación urbanística para remodelar su estadio? Pues defiende que la creación de “una gran plaza revitalizada” en la fachada que da a la avenida Eduardo Dato. Esta zona, y otras de los alrededores, se beneficiarán asimismo del vuelo de la cubierta y de las pérgolas que se instalarán para generar “amplias zonas de sombra” para ayudar a combatir el efecto de isla de calor en el barrio.

Asimismo, se eliminará el estacionamiento de vehículos en superficie gracias a la construcción de aparcamientos subterráneos, “liberando el espacio para el disfrute de los vecinos”. Un parking, por cierto, en el que el club cederá al Consistorio una de las plantas “para ponerla a disposición de los vecinos”.

Y más que como un problema, el gobierno local cree que los usos comerciales, de ocio y restauración previstos en las fachadas del estadio lo que hará es “dar vida a la zona diariamente”, lo que se traducirá en una “mejora de la seguridad del entorno gracias a una mayor actividad e iluminación”. Eso sí, admite que se pierde la posibilidad de hacer un pulmón verde en el terreno ahora municipal, ya que se cede al Sevilla a cambio de la misma superficie de terreno (10.380 m²) en su ciudad deportiva, “cambiando su calificación de deportivo a zona verde que pasará a ser de titularidad municipal”.

Eso no es ningún consuelo para los vecinos, como tampoco el argumento de que el proyecto no aumenta los metros cuadrados totales de construcción permitidos por el actual PGOU, sino que simplemente “redistribuye el espacio para que el estadio sea más moderno y funcional”. Por eso insisten en instar al Ayuntamiento a que “revise y deje sin efecto el acuerdo por el que pueden desaparecer 10.000 metros cuadrados de zonas verdes” en un barrio que, insisten, no requiere de “más concentración de locales comerciales que van a ocasionar más molestias y ruido a los vecinos”. “Lo que necesitamos son más y mejores espacios de esparcimiento y de convivencia”, apostillan.

El dispositivo especial de Tussam contará con 1,7 millones de plazas por sentido en sus servicios directos a la Feria de Sevilla, en la que trabajarán 1.460 trabajadores durante la semana. Además, la principal novedad de este año es que la línea de Tranvibús TB1, Torreblanca - Sevilla Este - Nervión, prolongará su recorrido hasta la Feria, estableciendo su terminal en la contraportada, el lunes desde las 19.00 horas y el resto de los días desde las 12.00 horas y prestando servicio ininterrumpido. Su oferta será de entre 14 y 16 vehículos con frecuencias de paso de entre 6 y 8 minutos.

Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la Avenida presidente Adolfo Suárez. Además, todas estas líneas, tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido. La mayoría de las líneas radiales también tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido. Por otra parte, se volverá a poner el punto de primera atención en la caseta de la calle Juan Belmonte 103-105. Contará con 135 profesionales sanitarios distribuidos en tres turnos y disponible las 24 horas del día.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado este lunes cifras del dispositivo de seguridad, movilidad, así como de otros aspectos organizativos de la Feria de Abril 2026 que comienza en la noche del próximo lunes 20 de abril. Lo ha hecho en una atención a los medios de comunicación en el nuevo acceso al recinto ferial que conecta la calle Pepe Luis Vázquez con la avenida San Juan Pablo II. Una vía que Sanz ha asegurado que va a “mejorar la accesibilidad y el avituallamiento de carga y descarga”.

También como novedad, el Ayuntamiento, junto a Endesa, ha modernizado toda la instalación eléctrica de la Feria. Asimismo se ha procedido al desmantelamiento de cuatro estructuras metálicas y la línea aérea de alta tensión que cruzaba por la zona de la calle del Infierno. El conjunto de las inversiones asciende a los tres millones de euros, de los que el Consistorio aporta 1,4 millones y 1,8 millones por Endesa, para mejorar la red eléctrica en un recinto que contará con 1.040 casetas.

Más de 3.000 empleados públicos

El alcalde ha cifrado en más de 3.000 los empleados municipales que van a conformar el dispositivo de cara a la feria. De este número, 557 personas son de nueva contratación, 240 de Tussam Y 317 de Lipasam. En cuanto a la seguridad, más de 1.000 policías locales estarán operativos durante la semana. El dispositivo contará este año con la participación del Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local, los llamados “boinas rojas”. Además volverá a incluir a los Agentes Tutores, una unidad específica compuesta por 30 agentes.

Asimismo, se suman tres nuevas cámaras de videovigilancia, llegando hasta los 33 dispositivos que contarán con inteligencia artificial para medir número de personas que transitan por la portada y contraportada, el recinto de la calle del infierno y otras zonas próximas. Todo el parque de bomberos estará disponible. Durante los días previos está realizando labores preventivas, de inspección y de control para minimizar riesgos estructurales y de incendios.

Además, se activa el Grupo de Medios Aéreos de la Delegación de Seguridad Ciudadana con la activación diaria de equipos de drones tanto en el recinto ferial, especialmente en la zona de la calle del infierno, como en el río. En cuanto a Lipasam, 591 trabajadores prestaran servicio junto con 117 vehículos. Este año se volverán a habilitar puntos de contenedores en el entorno del recinto para el depósito de residuos durante todo el día.

Por otra parte, se van a llevar a cabo campañas informativas en todas las casetas del Real, con la entrega de 120.000 bolsas amarillas y de 1.200 papeleras para el depósito de envases ligeros. Las bolsas se repartirán diariamente. También se realizará la recogida diferenciada de envases de vidrio.

El desmontaje del lunes 27

El Ayuntamiento ha destacado que el dispositivo de desmontaje del Real se va a concentrar en la madrugada del lunes 27 de abril para que el sentido del tráfico en todo el entorno de la Feria, Los Remedios, Triana y Tablada, esté restablecido en su sentido original a las 6.30 horas de ese día. Las zonas afectadas por el plan de movilidad comprenden la totalidad del recinto ferial, así como parte del barrio de Los Remedios, Triana, Tablada, y zonas de aproximación al Real de la Feria, y los accesos a la Ciudad desde la ronda de circunvalación SE-30.

El Ayuntamiento ha renovado el asfaltado en Alfredo Kraus y del acceso este al Parque de Los Príncipes ampliando también el ancho del acerado junto a la reordenación de los aparcamientos y parterres y se han reurbanizado y ampliado acerados de Alfonso de Orleans (Calle Costillares en Feria), paso clave entre Tablada y los Remedios. - Ejecución de nuevos pasos peatonales accesibles. También durante los días previos se han realizado las obras de restauración paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez.

Ocupación hotelera del 83%

Los hoteles de Sevilla están, en estos momentos, al 83% de ocupación para toda la Feria de Abril, según se desprende del sondeo realizado por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) entre sus asociados, al que han respondido cerca de 50 establecimientos.

Concretamente, la encuesta contempla las noches que van desde el Lunes de Pescaíto al Sábado de Feria inclusive. Hasta la fecha, la media de las reservas contratadas es del 83%, “cifra igual a la media del año pasado por estas fechas”, informa la entidad en un comunicado. Sin tener datos concretos, los hoteles se muestran “muy satisfechos” con las expectativas que tienen para la Feria de Sevilla, “no sólo por los datos de ocupación, sino también por el precio medio de venta, que la mayoría coincide que es superior al de 2025”.

“Esta coyuntura resulta positiva para el turismo de nuestro destino, que, además, se espera que sea superior una vez concluida la semana, ya que las reservas de última hora aún están por contabilizar”, abundan desde la citada asociación al respecto. En este sentido, la noche de mayor ocupación es la del martes, 21 de abril, con una media del 90%, y la de menor ocupación es la del Lunes de Pescaíto, el día antes, en la que la reserva representa un 75%.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha trasladado este miércoles a los vecinos de Santa María del Robledo su compromiso de no tramitar el estudio de detalle presentado por una promotora privada para la construcción de un edificio de ocho plantas en una parcela de titularidad privada. Los residentes en la zona habían iniciado movilizaciones en protesta por la cercanía entre inmuebles, la pérdida de luz, zonas verdes y aparcamiento en un barrio “ya saturado y sin servicios primarios”.

El regidor, asimismo, ha reafirmado su intención de “impedir” la edificación del proyecto previamente “autorizado por el anterior gobierno socialista”, que contemplaba un inmueble de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados construidos. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha indicado por su parte que la situación actual “no responde a un problema generado durante los anteriores gobiernos socialistas, sino a decisiones adoptadas en el actual mandato”.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, Sanz ha trasladado además que el Consistorio “está trabajando” para adquirir estos terrenos, con el objetivo de “destinarlos a espacio libre y aparcamiento para los vecinos”. De este modo, “se garantizará que en el futuro esta parcela quede definitivamente protegida frente a cualquier intento de desarrollo urbanístico privado”.

“Bomba urbanística”

“Con esta actuación, se desactiva otra bomba urbanística derivada de la gestión anterior, que durante ocho años el PSOE no fue capaz de dar respuesta a este problema”, ha señalado. Sanz ha defendido el diálogo con los vecinos y la negociación con el promotor privado para evitar la construcción de este “mamotreto”.

El Ayuntamiento ha indicado que esta parcela tiene su origen en un acuerdo urbanístico alcanzado en 2003 entre el por entonces gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y el propietario del suelo, posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, que permite la construcción de hasta 6.000 metros cuadrados en un edificio de cinco plantas.

El alcalde ha remarcado que, “gracias a la gestión actual, pasará finalmente a manos del Ayuntamiento tras más de 30 años, para ponerse al servicio de los vecinos y responder al uso público que siempre debió tener”.

Decisión del gobierno del PP

Antonio Muñoz ha puntualizado en cambio que “durante los gobiernos socialistas no existía ninguna amenaza real de construcción sobre esta parcela ni ningún proyecto en tramitación. Es ahora cuando se reactiva esta posibilidad, y lo hace como consecuencia de decisiones del actual gobierno”, ha afirmado.

En este sentido, Muñoz ha explicado que la aplicación del decreto andaluz 1/2025 “ha permitido abrir la puerta” a la conversión de suelos dotacionales en residenciales, “facilitando desarrollos urbanísticos que antes no estaban sobre la mesa”. Asimismo, ha recordado que “fue el propio gobierno de Sanz el que aprobó el cambio de uso de este suelo a residencial mediante un acuerdo de pleno en julio de 2025, y que posteriormente la junta de gobierno, en febrero de este año, dio un paso más permitiendo subir de cinco a ocho plantas”.

“Por tanto, no estamos ante un problema heredado, sino ante una situación que se activa y se agrava con decisiones concretas del actual gobierno municipal”, ha insistido. Muñoz ha subrayado además que ha sido la movilización vecinal “la que ha situado este asunto en el centro del debate público y ha obligado al Gobierno municipal a rectificar”.

Fruto de la presión vecinal

“Cuando el PP habla de 'bombas urbanísticas', lo que debería explicar es por qué es ahora, bajo su mandato, cuando aparece este proyecto y se genera la preocupación en el barrio”, ha añadido.

El portavoz socialista ha mostrado la disposición del PSOE a respaldar “cualquier solución que garantice el uso público de estos suelos, siempre que se concrete con transparencia, garantías jurídicas y plazos definidos”.

“El PSOE siempre estará del lado de los vecinos y vecinas. Y en este caso, una vez más, se demuestra que el PP en Sevilla sólo acierta cuando rectifica”. “Celebramos que, por fin, el alcalde escuche a los vecinos y actúe en consecuencia, aunque haya tenido que ser tras la presión de los vecinos y las vecinas, que siempre han contado con el apoyo del PSOE. Ésta es exactamente la medida que veníamos reclamando desde el primer momento: que no se tramitara el Estudio de detalle y que se paralizara el proyecto”, ha concluido Muñoz.

El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado este miércoles la licitación del contrato de limpieza de colegios tras el aval del Tribunal de Recursos Contractuales. Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el Consistorio ha recibido la resolución de este órgano, que “avala los aspectos fundamentales de los pliegos”.

En este sentido, el tribunal ha rechazado las principales alegaciones presentadas por las asociaciones del sector, “confirmando que los criterios de solvencia, las exigencias de personal y los criterios de adjudicación cumplen la legalidad y son proporcionales a la dimensión del contrato”.

El gobierno municipal ha destacado que esta resolución “confirma el rigor técnico y jurídico con el que se ha trabajado desde el inicio, frente a las críticas que solo han generado incertidumbre en un servicio esencial”. Asimismo, ha subrayado que la suspensión del procedimiento “ha sido una medida cautelar habitual, ya superada”, por lo que el proceso continúa ahora “con todas las garantías para asegurar un servicio de limpieza de calidad en los centros educativos públicos”.

“Dentro de la normalidad”

La decisión llega tras las críticas de los partidos de la oposición y la petición de explicaciones por parte de los sindicatos, con los que el Ayuntamiento cerró un acuerdo el pasado 27 de marzo para continuar la externalización del servicio “garantizando los puestos de trabajo ocupados actualmente en la limpieza en los colegios”.

El gobierno municipal ha subrayado “su compromiso con una gestión eficaz, transparente y centrada en mejorar los servicios públicos, frente a quienes intentan poner en duda el trabajo técnico sin fundamento”.

Tras conocerse la paralización de la licitación este lunes, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, aseguraba en un comunicado que el plan Colegios Limpios “seguía adelante con todas las garantías”. Bueno indicaba que la paralización “entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura” y defendía que “lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia”.

Dos entidades de la patronal presentaron sendos recursos que “afectaban a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas”. De esta manera, denunciaban que el precio de la licitación es insuficiente para atender los costes de la actividad.

3,6 trabajadores por colegio

El plan Colegios Limpios, aprobado por el gobierno municipal en marzo, contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato. En total, los tres lotes suman 1.087.232 horas anuales mínimas de prestación del servicio, con refuerzo específico en periodos no lectivos.

Con el nuevo plan, el Consistorio ha asegurado que pasaran los colegios a tener un mínimo de 3,6 trabajadores de limpieza por colegio de media y 2,8 en el resto de edificios municipales.

El ámbito temporal del contrato se divide en dos grandes periodos. El primero comprende el periodo lectivo, del 1 de septiembre al 30 de junio, con un total de 201 días de prestación. El servicio continuará también en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad.

El Ayuntamiento ha afirmado que la limpieza ordinaria se realizará todos los días lectivos en turnos de mañana y tarde, preferentemente en horario diurno, e incluirá tareas con frecuencias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, adaptándose a imprevistos o cambios en el uso de los espacios.

Características del servicio

Asimismo, se llevarán a cabo limpiezas generales en profundidad al inicio, mitad y final del curso, coincidiendo con los periodos no lectivos. En verano, el servicio contará con al menos tres cuadrillas móviles –una por lote– durante 38 días hábiles, que atenderán tanto centros con actividad como trabajos complejos de abrillantado, encerado, limpieza de cristales exteriores, cubiertas, rejas y pistas deportivas.

El contrato también contempla limpiezas especiales de carácter extraordinario ante emergencias como obras menores, incendios, vandalismo o fenómenos meteorológicos, garantizando una actuación en un plazo máximo de tres horas desde el aviso en caso de urgencia.

El Ayuntamiento ha indicado que cada lote contará con un director y tres encargados encargados de velar por la correcta ejecución del servicio. Asimismo, se implantará un sistema de valoración y control de calidad que permitirá disponer de información constante para mejorar de forma continua la prestación.

Como novedad, la empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática de gestión accesible desde smartphone, en la que se registrarán diariamente los servicios realizados, los centros atendidos, empleados y horarios, así como el control semanal de herramientas y productos disponibles.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance este lunes de la Semana Santa de la ciudad destacando la “buena planificación” del dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento y que ha concluido “sin incidencias reseñables”.

En una entrevista radiofónica en Canal Sur Radio, ha destacado las “cifras récord” de viajeros de Tussam y ha subrayado la “gran afluencia de público y turistas”. En este sentido, ha puesto en valor los datos ofrecidos por los sensores que median la cantidad de público en tiempo de real en varias vías del centro.

Según estos datos, los días que más afluencia de público se registró, gracias a los sensores, fueron, por este orden: Madrugada, Jueves Santo, Miércoles Santo y Domingo de Resurrección. A las 3:00 de la madrugada del Viernes Santo se registró el récord de público contabilizado con los sensores.

Durante el dispositivo, el Consistorio ha intervenido 300 'sillitas'. Preguntado por ello en una entrevista este lunes en la Cadena Ser, Sanz ha asegurado que “gracias al trabajo de retirar y la tarea pedagógica, se ha ido a mejor”. “Creo que efectivamente las sillitas suponen un auténtico peligro en algunos cruces concretos del casco histórico de la ciudad”, ha afirmado.

Una “discrepancia sin importancia”

Preguntado por el incidente entre la Policía Local y la cofradía del Santo Entierro, el alcalde, que formaba parte del cortejo de la hermandad como otros representantes civiles, ha calificado el asunto como “una discrepancia sin más importancia”.

La Policía denunció a un responsable de la hermandad del Santo Entierro durante el transcurso de la procesión el pasado Sábado Santo por “desobedecer las órdenes de los agentes”. La corporación ha calificado la actitud policial como “desproporcionada”.

Por su parte, Sanz ha defendido la actuación de la Policía Local ante la importante afluencia de público en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Alemanes, que se “agravó por el retraso en la jornada”. “Con buen criterio creo, decide desalojar, darle un poquito de salida a esa acumulación que se estaba produciendo en ese punto concreto”, ha afirmado en Canal Sur Radio.

Por otro lado, Sanz también se ha pronunciado sobre la botellona registrada en el barrio del Heliópolis al paso de la hermandad de La Misión durante el Viernes de Dolores. Preguntado por ello en la Cadena Ser, el alcalde ha indicado que se está investigando “si hubo una quedada en redes” y ha señalado que fue “un fallo de previsión”. “El año que viene le garantizo que la hermandad no tendrá ningún problema a su paso por ese mismo punto”, ha destacado.

Los vecinos del Casco Antiguo de Sevilla han recibido un nuevo revés en su camino por convertir el solar de la calle Arrayán en el epicentro de su reivindicado pulmón verde para el barrio. El distrito ha advertido al colectivo vecinal que “no se autoriza la entrada de menores al recinto” sin supervisión de un AMPA, según consta en el correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico. A la notificación, remitida el pasado 25 de marzo, le ha seguido la retirada del cartel que hasta el pasado viernes invitaba a los niños del barrio a jugar durante los días en que el espacio permanece abierto para las tejedoras.

Desde la asociación Pulmón Verde interpretan este movimiento como un intento de “ir recortando” el uso que los vecinos vienen haciendo de este espacio, mientras su futuro continúa en el aire desde que el Ayuntamiento lo sacara a la venta en diciembre de 2024. En ese contexto, la decisión ha reavivado el malestar de un barrio que lleva años reclamando la creación de una zona verde en el corazón de la ciudad. “Se empeñan en limitar el uso que podemos hacer de él”, denuncia Sandra Camps, presidenta del colectivo Pulmón Verde.

A ojos de los residentes, la negativa contraviene el compromiso adoptado por todos los grupos políticos en junio de 2022, cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad iniciar el trámite para modificar la calificación del solar en el PGOU a uso dotacional, con el objetivo de destinarlo a parque o área de esparcimiento público. Aquel acuerdo incluía además “su puesta en uso y disfrute por las vecinas y los vecinos del barrio” mientras se tramitaba el cambio urbanístico.

Desde entonces, el colectivo vecinal continuó dando pasos hacia su objetivo, promoviendo acciones y actividades en la parcela. tejiendo cada jueves por el barrio y solicitando reuniones con los dirigentes políticos. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para recabar su versión, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Otra propuesta rechazada

La restricción al acceso de menores no es el único punto de fricción reciente. Días antes de retirar el cartel, el distrito rechazó la propuesta vecinal para organizar en el solar el denominado 'II Encuentro de Primavera', una iniciativa dirigida a niños y adolescentes del barrio con actividades lúdicas y educativas. En su respuesta, la administración alegó que dicho solar “no es un espacio para organizar encuentros de ninguna índole” y que su uso está destinado principalmente a centros educativos que lo soliciten.

La propuesta vecinal contemplaba realizar juegos populares, talleres de manualidades y un taller de ecología urbana impartido por el profesor universitario Jesús Castillo, en aras de “fomentar la convivencia, la responsabilidad, la creatividad y el juego”, así como “fortalecer los lazos entre los distintos colegios, institutos y familias de la zona”, según exponía la solicitud remitida al distrito el pasado 10 de marzo.

Seis días después, la coordinadora de actividades del distrito Casco Antiguo comunicó su rechazo. “El uso de dicho solar está destinado a los colegios que lo soliciten, principalmente aquellos que tienen falta de espacio en su centro escolar para esparcimiento y actividades deportivas de los niños a excepción de las tejedoras que lo solicitan, como su nombre indica, para tejer al aire libre y no para ningún otro fin”, señalaba la respuesta municipal. El correo municipal terminaba apuntando que “los colegios tienen sus propias fiestas para celebrar los eventos que crean oportunos”.

Para los vecinos, el rechazo de esta actividad refuerza la sensación de que el Gobierno de José Luis Sanz está limitando progresivamente cualquier uso comunitario del solar. Cuando la Guerencia de Urbanismo aprobó incluir la parcela del conocido como pulmón verde en el último plan de enajenaciones del suelo municipal, el alcalde insistió en que la parcela “se venderá condicionada a lo que quieran los vecinos hacer en ese espacio”. Sin embargo, Sandra Camps recuerda que lleva dos años insistiendo en reunirse con el regidor y no ha recibido respuestas.

Se reactiva la lucha en el Pulmón Verde

El intercambio de correos con el distrito ha intensificado el malestar en el barrio. Especialmente el último, donde la administración advierte de que el cartel que anunciaba juegos infantiles “no debería estar según las normas de uso” y recuerda que los jueves están reservados exclusivamente a la actividad de tejer, por lo que “no se puede realizar ninguna otra actividad distinta a la autorizada”.

Esa comunicación ha activado el descontento de un barrio que lleva más de cinco años esperando un parque. Pese a este nuevo revés, el colectivo vecinal asegura que van a seguir luchando hasta que el casco antiguo de Sevilla consiga su “merecido y prometido pulmón verde”. Para ello, anuncian a elDiario.es que van a emprender una nueva campaña de movilizaciones a la vuelta de Semana Santa bajo el lema: “El pulmón verde no se vende”.

“Fue la primera vez que no tuvieron que recoger cáscaras de gambas en los palcos”. La frase es de Horacio Hermoso Serra, hijo homónimo del último alcalde republicano de Sevilla, recordando una anécdota muy simbólica ocurrida el 10 de abril de 1936, el viernes de aquella Semana Santa del Frente Popular: el regidor regateó el sabotaje de las familias bien de la capital y puso en el lugar más privilegiado para ver cofradías a los niños del hospicio. Fue el último gesto de uno días intensos cuya celebración salvó a contrarreloj y que, dicen, tuvo un peso determinante para su fusilamiento por los franquistas el 29 de septiembre de aquel mismo año.

Aquella Semana Santa estuvo a un tris de no celebrarse porque las formaciones de derechas y las élites de la ciudad maniobraron para abortarla, para así transmitir que nada bueno salía de un Gobierno de la República en manos de unas izquierdas que habían recuperado el poder en las elecciones de febrero de 1936, a diez días de la Cuaresma. El éxito de la fiesta tuvo dos responsables muy directos, el regidor, Horacio Hermoso (al que se retrata en el documental Horacio, el último alcalde), y el gobernador civil, Ricardo Corro Moncho, con un tercer personaje en escena con un papel mucho más ambiguo, el cardenal Eustaquio Ilundain.

Pero volvamos a lo de las gambas, ¿cómo acabaron los niños con menos recursos de Sevilla en el sitio más noble para ver el paso de las hermandades? Pues porque iban a estar casi vacíos por el boicot de los más pudientes, que no renovaron sus abonos para así poner su granito de arena en el boicot: así no se recaudaban unos fondos imprescindibles para costear la salida de las cofradías, por lo que no serían pocas las que arrojarían la toalla y se quedarían en sus templos.

“Una carga simbólica clara”

La cuestión de los dineros se solventó por otras vías y salieron todas menos una, Santa Cruz, que no lo hizo por motivos políticos, para no normalizar a un Gobierno laico. Pero la imagen que se iba a transmitir a toda España no era la mejor para la ciudad, con un corazón de la carrera oficial (por donde desfilan todas las hermandades) con un aspecto arrasado. Así que al regidor se le ocurrió que ocuparan esas sillas los también conocidos como niños del Asilo, todo un bofetón en la cara de los más pudientes.

Recuperando de nuevo lo de las gambas, la frase se la dijo el hijo de Horacio Hermoso al periodista y escritor Antonio Fuentes, que en La huella borrada (Plaza&Janés) novela el corto pero intenso periodo de este alcalde y su fulminante final. “La idea tenía una carga simbólica clara: que los lugares privilegiados que habían dejado vacíos las élites los ocuparan los menos favorecidos”, pero la cosa salió regular porque como todo se hizo a la carrera –la celebración de la Semana Santa no se confirmó hasta el Viernes de Dolores– los palcos no se completaron hasta el propio Viernes Santo y, encima, una buena tromba de agua liquidó la jornada.

Los cielos se abrieron a eso de las cuatro de la tarde. “Los granizos tenían el tamaño que ustedes quieran”, señalaba el cronista del periódico El Liberal, que era bastante gráfico: “¡Se acabó la Semana Santa! ¡Qué modo de llover! ¡Qué ruina! Hoy, que era el día para salvarse tanto pobre como vive de estas fiestas”. “¡Los pobres niños del Asilo, que presencian el desfile en la Plaza de la República, se han mojado! Buscaron refugio dentro del Ayuntamiento”, donde el propio alcalde les invitaría a merendar torrijas.

El 'pecado' de ser masón

Horacio Hermoso tomó posesión el 27 de febrero y, a sus 35 años, ha sido uno de los regidores más jóvenes de la historia de Sevilla. Perteneciente a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, la de la capital fue la única alcaldía que gobernó esta formación en la provincia. De Hermoso se resalta su talante moderado y dialogante, poco amigo de extremismos, “entre él y un comunista había galaxias de diferencia”, explica Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.

Pequeño comerciante bien relacionado que regentaba un negocio de perfumería, vivía en el barrio obrero de El Tiro de Línea, de reciente construcción para una Exposición Iberoamericana de 1929 que había dejado exhaustas las arcas municipales. Nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1900, pronto su familia se viene a la capital andaluza. Junto a su pulso por celebrar la Semana Santa, para la Sevilla de después del golpe de Estado arrastra otro pecado quizás todavía más grave: su pertenencia a la masonería, “ser masón era lo peor para la extrema derecha”, apostilla Álvarez Rey.

El propio catedrático se adentra también en el episodio del Viernes Santo, que explica como una respuesta ante el “deplorable efecto que provocaría la ausencia de público en tan emblemático lugar” al no sacar las familias adineradas sus palcos: costaban unas 250 pesetas, que venían a ser un sueldo medio de varios meses. “Hermoso respondió al desafío invitando a los niños del Hospicio y de las escuelas municipales a las tribunas”, otro golpe de efecto tras haber desatascado la celebración en sí de la Semana Santa.

Críticas del PCE por hacer “figurar” a los niños

La incertidumbre llegó de la mano de los silleros responsables de vender los asientos de la carrera oficial, que desistieron de encargarse de esta tarea (por la que se llevaban un porcentaje, el resto era para las hermandades) ante el riesgo de que luego no saliera ninguna cofradía y sabedores ya de que la oligarquía local no estaba por la labor. Todo se arregló in extremis el Viernes de Dolores, y gracias a que pusieron dinero Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Civil y hasta el por entonces ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, el sevillano Manuel Blasco Garzón, que se vino a la capital a ver a su hermandad del Silencio.

“Los niños del hospicio aparecen como los destinatarios de un gesto político y social con el que el Ayuntamiento quiso llenar los palcos vacíos del boicot y, a la vez, dar visibilidad a los más humildes, aunque en la práctica la lluvia arruinó el gesto”, relata Antonio Fuentes. El gesto le valió a Hermoso la crítica incluso desde su izquierda, ya que las actas capitulares recogen que en el pleno municipal el Partido Comunista “criticó que se había hecho figurar a los niños”. El alcalde lo negó y defendió que precisamente se quiso darles “el lugar más preferente de la carrera y no estuvieron de comparsa”.

Antes de poner de nuevo rumbo a Madrid, el propio ministro Blasco Garzón hace unas declaraciones ese mismo Viernes Santo (que recoge El Liberal) en las que se felicita por el éxito de la Semana Santa, fruto de “una estrecha colaboración entre las autoridades y el pueblo sevillano”, pero que “no ha contado con la asistencia fervorosa de ciertas clases privilegiadas”. Las mismas, critica, que “alardean en no pocas ocasiones de una devoción religiosa, acendrada y firme”, un suceso que tilda de “lamentable” pero que no ha podido con la celebración gracias a un pueblo que ha sabido responder “en la dramática hora presente”.

El ministro pide sanciones

Y lanza una andanada: ha sabido que en los días previos a Semana Santa, “cuando existían dificultades de carácter económico en orden a la salida de las cofradías”, se cruzaron telegramas “de gentes que se dicen responsables y conservadoras, celebrando esas dificultades y aconsejando que no se viniera a Sevilla”. Por ello, iba a proponer al gobernador civil que tomase cartas en el asunto “aplicando sanciones económicas que han de traducirse en contribución al gasto que las cofradías han representado”.

De paso, se felicitaba por los que iban a ser inquilinos de los asientos más lujosos de la carrera oficial. “Esta tarde presenciarán las cofradías con mi modesto auxilio económico, con el del Ayuntamiento y de la Diputación, con el generoso desprendimiento del señor Corro, los niños asilados en los establecimientos benéficos desde un lugar preferente”. Igual que otros años había pagado su palco, en esta ocasión lo hacía para disfrute de “los desheredados de la fortuna, entre quienes pueden estar, porque ese es el milagro y el designio de las democracias, los hombres del mañana”.

El propio gobernador civil, Ricardo Corro, carga asimismo contra lo ocurrido también desde las páginas de El Liberal, el único periódico progresista en el panorama mediático de Sevilla pero que no es hasta ese mismo 1936 que empieza a presentarse como Diario republicano de informaciones. Las fiestas habían salido a pedir de boca, se congratulaba, y todo ello pese al “sector social que con una incomprensión lamentable y una censurable actitud contra los intereses de Sevilla ha intentado sabotear las fiestas de Semana Santa”.

De Queipo de Llano al cardenal Ilundain

¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues no dio tiempo a mucho más porque tres meses después se producía el golpe de Estado, y lo más reseñable hasta entonces es que visitó la Feria de Abril (y se bailaron sardanas en su honor) el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, invitado por el presidente interino de la República, el sevillano Diego Martínez Barrio, en un intento de restablecer puentes. El 18 de julio, Horacio Hermoso fue detenido por un militar que resultó herido en las primeras refriegas en la capital y que el propio alcalde pidió a los ordenanzas municipales que introdujeran en el Ayuntamiento para atenderlo.

“A mi padre lo asesinó la inquina de la Iglesia”, declararía en 2022 en una entrevista a El Salto el hijo del regidor, que falleció justo un mes después de la exhumación de los restos mortales de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena. “Mi padre llenó los palcos con niños huérfanos, cuando el Arzobispado no quería que salieran las procesiones. Ellos conocían perfectamente lo que se avecinaba”, afirmó, denunciando que la Iglesia “sólo quería crispar el ambiente político y mi padre no le dio ese gusto a la derecha sevillana” reventando el boicot cofrade.

“Acudan al cardenal”

“El cardenal Ilundain no quería celebrar la Semana Santa”, apostilla Antonio Fuentes, que detalla la operación que se puso en marcha para intentar salvar la vida del ya detenido Horacio Hermoso. El cónsul belga, que tenía una buena relación con la familia, era a su vez amigo del cónsul italiano, que fue su puerta de entrada para acceder al todopoderoso Gonzalo Queipo de Llano, jefe de los golpistas en Andalucía.

“Me he interesado por el hombre del que me hablan y no tengo nada que ver con su situación. Está vivo, me aseguran, pero la vida del alcalde depende del Palacio Arzobispal. Acudan al cardenal”, fue la respuesta de Queipo. A partir de ahí, todas las gestiones fueron infructuosas y se cumplieron dos meses de su arresto “sin saber muy bien qué hacer con él”. Finalmente, fue fusilado el 29 de septiembre de 1936 junto a Antonio Estrada, asesinado en venganza porque su hermano –un concejal socialista– logró escapar de los golpistas. El gobernador civil, Ricardo Corro (que llegó a ser alcalde de Granada), corrió la misma suerte pocas semanas después.

Una ambulancia ha atravesado la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque. El suceso de ha producido en torno a las 21:00 horas de la jornada del Domingo de Ramos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del incidente y la Policía Nacional, que ha asegurado que este se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial, en plena procesión.

Las imágenes del paso de la ambulancia, interrumpido por la presencia del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la calzada, han suscitado revuelo en las redes sociales. Desde el grupo municipal socialista, el concejal en el Ayuntamiento hispalense Juan Carlos Cabrera lo ha calificado de “fallo grave de primero de coordinación”.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

Puede decirse que la Semana Santa de hace 90 años, la de 1936 con el Frente Popular en el Gobierno, fue un éxito inesperado. Casi todos los elementos confluyeron para que las cosas salieran mal pero al final no hubo problemas, lo que –pese a los intentos de boicot de la derecha– fue todo un aldabonazo para la izquierda al demostrar que bajo su mando podían celebrarse estos días con normalidad. Todo ello tras una Cuaresma con templos blindados e imágenes ocultas por el temor todavía muy presente de la ola anticlerical de 1931 simbolizada en la quema de conventos, lo que puso en riesgo una Semana Santa que se organizó a contrarreloj ya que la celebración no se confirmó hasta el mismísimo Viernes de Dolores.

El contexto político es que la derecha, tras dos años largos en el Ejecutivo de la II República, queda en shock con la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, a diez días del inicio de la Cuaresma y mes y medio del Domingo de Ramos. La “cuestión religiosa” había estado muy presente en la campaña, y en Sevilla la publicidad electoral hasta hacía referencia al recuerdo de los dos años en los que no hubo procesiones, así que el mundo de las cofradías (con no pocos hermanos mayores de noble abolengo o militantes en formaciones conservadoras) se queda temblando y a verlas venir.

“Se reproduce el mismo mecanismo de 1932: el intento de boicot de las derechas a la izquierda que han recuperado el poder”, y la mejor ocasión está a la vuelta de la esquina, con la Semana Santa, señala Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Entre el talante conservador de muchas hermandades y las presiones que recibieron, en 1932 sólo se atrevió a salir la hermandad de la Estrella y en 1933 no hubo cofradías, problemas que desaparecieron de golpe al llegar la derecha al Gobierno: en 1934 ya procesionaron las más populares y en 1935 se lanzaron todas a la calle.

Ocultación de imágenes por “seguridad”

Lo que es innegable es que hay miedo en el mundillo de las hermandades, “para ellas la vuelta de la izquierda genera un ambiente político enrarecido muy a la contra del establishment cofradiero”, apunta Juan Pedro Recio, autor de Las cofradías de Sevilla en la II República (Abec Editores). “Desde el principio las cofradías adoptan medidas de seguridad bastante extremas”, que tienen su máxima expresión en la ocultación de imágenes simbolizada en la Macarena escondida, rotando por más de un lugar y siendo trasladada en un tosco cajón de madera. “Sólo las devuelven a los templos para los cultos, las vuelven a esconder, las sacan para Semana Santa y de nuevo a ocultarse”, una medida salvó más de una talla de la quema de iglesias que sí se produjo el 18 de julio.

“La ocultación de tallas obedece a que los hermanos mayores, de derechas todos, sabían que iba a haber una sublevación contra la República y prevenían la respuesta iconoclasta”, tercia por su parte el periodista y escritor Antonio Fuentes, autor de La huella borrada (Plaza&Janés), una novela que ahora se va a reeditar y que recrea los vaivenes que sufrió Horacio Hermoso, el último alcalde republicano de Sevilla. Uno de los personajes de esa trama es el entonces cardenal hispalense, Eustaquio Ilundain, que no es de la rama más dura de la Iglesia pero “no quiere celebrar la Semana Santa de 1936”.

¿Y por qué? “Porque desde la mentalidad católica se habla de persecución por la República cuando por ejemplo se deja de dar religión y se quita el crucifijo de las aulas”, responde Leandro Álvarez, que rememora el argumento contra el laicismo que esgrimió el hermano mayor de San Bernardo para no echar la cofradía a la calle en 1932: “¿Cómo voy yo a sacar tranquilo a la calle un Cristo que se lo quitan a mi niño de las escuelas? ¿Quién me garantiza que me lo acatan en la calle, aunque en la escuela no?”.

Altares vacíos e iglesias custodiadas

Como durante el primer bienio de Gobierno de izquierdas, hay un runrún en las hermandades en el que se entrecruzan los argumentos de la falta de seguridad con los de no dar normalidad con las procesiones a “una legislación anticatólica y laica”. Estas ideas son azuzadas por los partidos de derechas, las familias de postín y casi el grueso de la prensa sevillana, prácticamente conservadora en bloque y que roza lo ultra con un diario, La Unión, que no deja de lanzar soflamas.

Con este ambiente, Juan Pedro Recio explica que la Cuaresma transcurre con “muchos altares vacíos e iglesias custodiadas” e incluso fortificadas, con sacos de arena tras las puertas, el blindaje de las mismas y hasta sistemas que puedan repeler líquidos inflamables lanzados desde la calle. “Ahora es cuando varias parroquias contratan por primera vez líneas telefónicas, por si tienen que dar la voz de alarma”, y se toman novedosas medidas de seguridad: la Amargura protege su camarín con una persiana metálica, la Macarena diseña (aunque no lo construye) un elevador que llevaría la imagen a un búnker subterráneo, San Lorenzo instala puertas acorazadas... “y en San Martín hasta hubo hermanos en las azoteas de guardia con fusiles”.

Así las cosas, el gobernador civil (Ricardo Corro) y el alcalde (Horacio Hermoso) garantizan la seguridad a las hermandades si procesionan en Semana Santa, y así todas van aprobando en cabildo sus salidas. La única que no lo hará es Santa Cruz, que alega motivos políticos, como señala Antonio Fuentes, algo que –según las actas de la propia corporación– reivindicará luego con orgullo, como dejó constancia por escrito en una nota al cabildo en que se acordó no salir: reprocha que las demás cofradías “no tuvieron la energía suficiente para mostrar su entereza de hacer pública su protesta más firme”.

El problema de las sillas

Así que garantizada la seguridad (“hubo escolta de guardias de asalto, guardias civiles y cabos del Ejército”, indica Juan Pedro Recio) y superados los reparos políticos por todas menos por una, queda una cuestión por resolver, y es la económica. “Entonces había hermandades que se quedaban sin salir por falta de dinero, la Quinta Angustia por ejemplo sacó ese año 57 nazarenos, había más gente contratada que hermanos”, y es que entonces había que pagar entre otros a los costaleros y al cuerpo de acólitos.

Desde 1934, ya con la derecha en el poder, las cofradías habían dado por buena la fórmula que les ofreció el ayuntamiento de izquierdas para compensar la prohibición de dar subvenciones directas: quedarse con la recaudación de la instalación de las sillas y palcos de la carrera oficial, el trayecto por el que procesionan todas. Esto se hace a través de intermediarios, los silleros, que resulta que no concurren a las subastas de adjudicación ante el temor de que, si las cosas al final se complican, no les salgan las cuentas.

A esto hay que unir el último recurso al que se agarraron lo que tan finamente se conoce como las fuerzas vivas de la ciudad, que fue no sacar sus asientos en los palcos, los asientos más caros y que más rentan a los silleros y, en consecuencia, a las propias hermandades. La lógica es sencilla: si no hay dinero tampoco habrá cofradías porque no tendrán recursos para salir, con lo que al final se materializará el boicot que se había buscado por otras vías.

Acuerdo 'in extremis'

Todo esto acaba con los propios hermanos mayores, angustiados con los gastos que ya habían hecho, pidiéndole al gobernador civil un último intento a la desesperada para desatascar el problema, lo que se consigue en una reunión el Viernes de Dolores en la que los silleros aceptan ponerse manos a la obra. El dinero que falta porque la élite local no saca sus palcos “lo ponen de su bolsillo el Gobierno Civil, la Diputación y el Ayuntamiento”, algo por lo que Antonio Fuentes resalta que los comunistas pedirán cuentas en el pleno municipal.

El gobernador, Ricardo Corro, es obligado a salir a saludar al balcón para recoger los aplausos del gentío que esperaba ante la sede del Gobierno Civil para saber si habría o no Semana Santa. El alcalde, Horacio Hermoso, hace al día siguiente un breve discurso de alcance nacional en Unión Radio confirmando la celebración y animando a toda España a visitar la ciudad, “acudid a la invitación que os hace Sevilla”. Medio año después, ambos son fusilados por los golpistas, recuerda Leandro Álvarez Rey.

“La celebración de la Semana Santa fue un triunfo para la izquierda, porque se intentaba hacer ver que las hermandades sólo podían salir con un Gobierno de derechas”, apostilla, además en un contexto muy complicado porque las autoridades estuvieron por entonces volcadas en las inundaciones del Guadalquivir que sólo en Triana dejaron a 10.000 personas sin hogar y con lo puesto. “Los primeros interesados en que todo saliera bien fueron las propias autoridades republicanas”, añade Juan Pedro Recio, ya que así transmitían un mensaje de normalidad y se garantizaban unos ingresos económicos importantes para la ciudad.

Una Semana Santa sin incidentes

Todas las partes coinciden en que fue una Semana Santa sin incidentes, más allá de la lluvia que dejó a alguna que otra cofradía en su templo y de que, nada más bajarse el telón de esos días, muchas imágenes volvieron a sus escondites. Se puso así colofón a un periodo que, lamenta Antonio Fuentes, se ha estudiado poco en profundidad porque “ha sido mucho más cómodo quedarse en la versión de los buenos y los malos, los cuatro tópicos manidos sobre la II República, que investigar qué fue lo que pasó y por qué razones”.

“Es muy importante que se acaben los bulos y que se investigue con rigor y seriedad”, remacha y corresponde a los historiadores “poner luz” y comprobar que “no hubo violencia contra los religiosos en esos meses”. Aquí pone el ejemplo de un sacerdote del que se aseguraba que fue asesinado pero el propio El Correo de Andalucía, por entonces el periódico de la Iglesia, confirmaba que el fallecimiento fue por causas naturales. Tampoco, asegura, hubo en esas fechas “ni quemas descontroladas de iglesias o tallas religiosas”. Y si las cosas no fueron así en ese momento, “que lo demuestren”.

La plantilla municipal de limpieza de colegios en Sevilla ha puesto fin a semanas de conflicto con el Ayuntamiento tras ratificar en asamblea el acuerdo alcanzado con el Gobierno local de José Luis Sanz. El pacto, que se firmará este Viernes de Dolores, llega después de un pulso marcado por protestas, encierros y movilizaciones contra lo que los trabajadores denunciaban como un proceso de privatización del servicio.

El conflicto se originó a finales de enero, cuando el alcalde anunció la externalización de parte de la limpieza en los colegios públicos. Los sindicatos criticaron que optara por esta vía para paliar el déficit de efectivos en los puestos de limpiadores, en lugar de reforzar la plantilla municipal cubriendo las vacantes existentes. La medida puso a los trabajadores en pie de guerra, que iniciaron una escalada de presión en la calle y en los actos públicos del alcalde hasta provocar la ruptura del diálogo entre ambas partes.

Tras alcanzar el punto crítico del conflicto con la aprobación del pliego de condiciones para el contrato del servicio, las negociaciones se reanudaron en busca de una salida al conflicto. Semanas después, ambas partes han alcanzado una salida pactada que, según apuntan, introduce garantías para el empleo público y la estabilidad del servicio.

Entre los puntos clave del acuerdo destacan el mantenimiento de los puestos fijos y temporales, la continuidad de los 481 peones actualmente en plantilla, y la incorporación de nuevas plazas en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027. Además, se contempla la reubicación del personal con conservación de sus condiciones retributivas, así como un marco para reforzar el servicio municipal.

La asamblea de trabajadores, que ha respaldado el acuerdo, también ha evidenciado las diferencias sindicales durante el conflicto. La mayoría de organizaciones ha defendido una estrategia combinada de movilización y negociación, mientras que el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) se desmarcó en la fase final del proceso, lo que ha sido objeto de críticas por parte del resto de representantes.

Los sindicatos han subrayado que la ratificación del acuerdo supone no solo el inicio de “una etapa de mayor estabilidad”, sino también un respaldo a la línea de trabajo mantenida durante el conflicto. Con el acuerdo, la plantilla cierra un episodio de alta tensión con el Ayuntamiento y abre ahora una fase centrada en vigilar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado para esta semana Santa un plan estratégico que convierte al casco histórico en un laboratorio de seguridad inteligente, marcando un antes y un después en la gestión de las grandes aglomeraciones. La gran novedad de este año es la implementación de un sistema de Inteligencia Artificial basado en 40 sensores estratégicos que, de forma anónima, rastrearán las señales de telefonía móvil para calcular con precisión matemática la densidad de personas por metro cuadrado. Este “cerebro digital” permitirá al CECOP anticiparse a los riesgos de colapso en puntos críticos como la Cuesta del Rosario o la Alfalfa, enviando alertas automáticas para aforar calles o cerrar accesos antes de que la bulla se convierta en un peligro real.

Esta vigilancia silenciosa se complementa con una medida acústica pionera: una red de megafonía de emergencia controlada desde el centro de control municipal para dar instrucciones directas en caso de incidentes o cambios por lluvia. Sin embargo, la verdadera revolución llega al bolsillo del ciudadano. El Ayuntamiento ha actualizado la aplicación Sevilla —disponible para móviles y tabletas— incorporando funcionalidades críticas para la movilidad.

Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, la aplicación digital permitirá seguir minuto a minuto la posición de las cofradías mediante GPS, indicando la ubicación exacta de la Cruz de Guía y de cada paso. La herramienta más destacada será el semáforo de densidad, que volcará los datos de los 40 sensores para que los cofrades eviten zonas saturadas en tiempo real. Además, la aplicación centraliza la información sobre el tráfico, la ocupación de aparcamientos y el acceso directo a servicios de Tussam, Lipasam y el dispositivo sanitario, incluyendo incluso el acceso a la exposición digital Fotógrafos de la Semana Santa.

Movilidad total y refuerzos 24 horas

En el plano de la movilidad, el Ayuntamiento saca toda su artillería para blindar el centro al tráfico privado. Tussam ha diseñado refuerzos masivos en todas las líneas radiales con frecuencias de entre cinco y ocho minutos. El servicio de autobuses no descansará durante la Madrugá y mantendrá operativos los servicios especiales las 24 horas en las jornadas clave del Jueves y Viernes Santo. Además, Metro de Sevilla también ha confirmado horarios ininterrumpidos y refuerzos en la capacidad de los trenes para absorber el flujo de visitantes que llegan desde el Aljarafe y Dos Hermanas.

Limpiar una ciudad que recibe a cientos de miles de visitantes diarios requiere una logística casi militar a cargo de los cerca de 1.500 operarios de Lipasam. La estrategia consiste en un seguimiento inmediato de los cortejos: equipos de limpieza actuarán justo detrás de los últimos tramos de las cofradías para recoger residuos de forma instantánea. Especial atención recibirá el pavimento con la denominada “operación cera”, empleando productos biodegradables y agua a alta presión para evitar que la cera se adhiera al asfalto, reduciendo el riesgo de resbalones para motos y bicicletas.

Drones y seguridad aérea

La seguridad en superficie se verá reforzada por una visión cenital constante gracias al uso de unidades de drones de la Policía Local. Estos dispositivos sobrevolarán las plazas y cruces más concurridos para ofrecer al CECOP una perspectiva real de las corrientes de público, permitiendo una coordinación total con las patrullas de a pie. Este despliegue aéreo se suma a un control riguroso sobre la venta ambulante ilegal y al cumplimiento estricto de los horarios de carga y descarga.

En definitiva, Sevilla encara su semana grande con una infraestructura técnica que busca proteger la esencia de la fiesta mediante la precisión de la tecnología, asegurando que el 2026 sea recordado por ser la Semana Santa más segura y conectada de la historia.

El barrio de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena de Sevilla, ha amanecido este miércoles con pintadas en rechazo al nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local, más conocido como GAR. “Mejor gorrillas que boinas rojas”, “Más vecinos solidarios y menos policías” o “Mejor gorrillas que racistas” son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos emplazamientos, entre los que también se encuentran algunos pasos de cebra.

Así lo ha manifestado el sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que ha asegurado que, a su juicio, el acto no se corresponde con una exaltación de la “libertad de expresión”, sino con un “blanqueamiento de la delincuencia”. “Todo esto ocurre en un barrio en el que el déficit de policías es brutal y la dejadez institucional es evidente”, han asegurado.

Entre las vías afectadas se encuentran la calle León XIII, Granate y Diamante, entre otras, todas ellas en el referido barrio. No obstante, tal y como ha podido conocer esta agencia, en la mediodía de la presente jornada se están llevando a cabo labores de limpieza por parte del servicio municipal.

36 agentes

Las pintadas suceden en el marco de una jornada marcada por la convocatoria de una manifestación por parte de la asociación vecinal 'SOS Barrio El Cerezo de Sevilla', con salida en la avenida Sánchez Pizjuán y término en el Parlamento andaluz. En un comunicado a través de las redes sociales, han trasladado que es una marcha “pacífica, reivindicativa, constructiva, respetuosa y buscando soluciones”. Por ello, han añadido que “no hay cabida al rédito partidista, ni para los grupos violentos extremistas”, sino que se trata de un movimiento vecinal de afectados “por la inseguridad, la insalubridad y la dejadez institucional de un barrio obrero”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Ayuntamiento presentaba este nuevo grupo antidisturbios, un conjunto “de élite” que cuenta con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. Así, nace con el objetivo de llevar a cabo un servicio “versátil y especializado” y responder a una “demanda histórica”, así como “servicios especializados”, para lo que contarán con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos.

El detonante técnico, según denuncian más de 50 entidades sociales de Sevilla y reflejan los presupuestos de 2025, ha sido el recorte de plazas en los albergues municipales. Esta decisión ha provocado un aumento crítico de personas pernoctando en las aceras de El Cerezo y Doctor Fedriani. Para muchos vecinos, la acción ciudadana es la única salida ante lo que consideran un vacío de poder.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de la adhesión del Teatro de la Maestranza “al compás” de la XXIV Bienal de Flamenco, con una programación, conformada por propuestas de “gran formato”, que combina cante, toque y baile en dos estrenos y “una serie de noches irrepetibles”, comenzando por la puesta de largo del nuevo espectáculo de Sara Baras, que regresa 14 años después para presentar Infinita.

Se trata de un estreno creado exclusivamente para esta cita, que marcará, además, la inauguración de esta edición y el inicio de la temporada escénica de la ciudad. Junto a esta esperada creación, el teatro acogerá también el estreno del nuevo espectáculo de Israel Galván, así como una serie de actuaciones enmarcadas bajo el concepto de noches únicas: “piezas concebidas como acontecimientos exclusivos, con encuentros singulares entre artistas, espacios y repertorios que nacen con vocación de excepcionalidad y para suceder una sola vez”, señala el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que “la presencia del Teatro de la Maestranza en la Bienal reafirma el papel de Sevilla como capital indiscutible de lo jondo a nivel internacional, con una programación que combina excelencia artística, grandes formatos y propuestas únicas pensadas para emocionar al público”.

“Gran escaparate mundial del flamenco”

Al respecto, Moreno ha subrayado que “hablamos de un escenario de primer nivel que acoge estrenos absolutos y encuentros irrepetibles entre artistas, consolidando a la Bienal como el gran escaparate mundial del flamenco”. Asimismo, la edil ha señalado que desde el Ayuntamiento se sigue apostando por “una cultura diversa, accesible y de máxima calidad, que conecta la tradición con la creación contemporánea y que sitúa a nuestros artistas en el centro”.

Por su parte, para el director de la Bienal, Luis Ybarra, “el Maestranza es un coliseo de la cultura en la ciudad, y el flamenco, a través de la Bienal, ha tomado por costumbre llenarlo durante el mes de septiembre cada dos años; de esta forma, la cultura jonda se muestra ante cerca de 20.000 personas”.

“Celebraremos lo gitano con Marina Heredia, José Mercé y el espectáculo A canela y clavo. Nos abrazaremos a lo clásico con el maestro Cañizares junto a la ROSS [la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla] y nos deleitaremos ante lo nuevo de Israel Galván, Farruquito y Manuel Liñán, quien ha creado un espectáculo para mostrar sus credenciales en Sevilla”, ha añadido Ybarra.

Triple cita de 'Infinita'

El regreso de Sara Baras a la Bienal abrirá la programación en el Teatro de la Maestranza con una triple cita. Infinita, que podrá verse los días 11, 12 y 13 de septiembre, se asienta sobre la identidad, la herencia y la fuerza simbólica de Andalucía. “El espectáculo propone un viaje escénico a través de ocho miradas femeninas que encarnan el latido flamenco de las ocho provincias andaluzas”. “Una creación que, según la artista, nace de una tierra que nos da y nos enseña, de un palpitar que no se detiene”.

También estrenará espectáculo en la Bienal y sobre las tablas del Teatro de la Maestranza el bailaor Israel Galván. El 26 de septiembre mostrará al público sevillano y visitante su Bolero de blanco y negro, en el que rendirá homenaje a Maurice Ravel interpretando Boleros y otras piezas, además de boleros de los cantantes Ramón Calabuch Batista (Moncho) y Juan José Amador Amador, dos referentes de este género musical.

Como apunta el propio Galván, “vamos a quitarle al bolero el color, la pastelería, el merengue, los candelabros. Vamos a dejarlo en un cuarto austero haciendo que susurre al oído suavemente y, al mismo tiempo, que continúe una maquinaria rítmica que no para nunca”.

Espectáculos de grandes figuras

La programación de la Bienal en este espacio se completa con un variado rosario de noches únicas que tendrán como protagonistas a grandes figuras del arte flamenco. El toque de Juan Manuel Cañizares, reconocido en 2023 con el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, abrirá el 19 de septiembre las noches únicas en el Maestranza con Cañizares Sinfónico, un recital de gran formato en el que el guitarrista y compositor estará acompañado por la ROSS e interpretará dos de sus obras más significativas para guitarra y orquesta: el Concierto Al-Andalus, a la memoria de Paco de Lucía; y el Concierto Mediterráneo, dedicado a Joaquín Rodrigo.

La noche siguiente, el 20 de septiembre, el cantaor jerezano José Mercé presentará Toquen a rebato, haciendo alusión al título de una seguirilla del cantaor jerezano Juanito Mojama (Aunque toquen a rebato); expresión que indica dar una señal de alarma urgente, tradicionalmente mediante campanas.

El 22 de septiembre será el turno del bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán, que, en su reencuentro con el público sevillano, presentará Bailaor@, un recital de baile con varios artistas invitados en el que el artista celebra quién es.

La profunda huella dejada por la comunidad gitana en el flamenco llegará al Teatro de la Maestranza en forma de homenaje la noche del 24 de septiembre. Los cantaores Esperanza Fernández, Duquende y José Valencia, y los bailaores Pepe Torres y Nazaret Reyes pondrán en escena A canela y clavo, un espectáculo dirigido por Pedro María Peña que celebra un encuentro con las raíces del flamenco que, lejos de quedarse anclado en la nostalgia, se proyecta hacia el presente y el futuro transformando el legado en algo vivo y renovado.

Farruquito, Marina Heredia y Carmen Linares

Por su parte, el bailaor Farruquito presentará el 28 de septiembre Serás Farruquito, espectáculo basado en la producción cinematográfica del mismo título. En esta propuesta escénica, Juan Manuel Montoya repasa su vida y su carrera, estrechamente vinculada a su familia, una de las dinastías señeras del flamenco, encabezada por su abuelo Farruco, uno de los grandes innovadores del baile, hasta llegar a su hijo, la joven promesa Juan El Moreno.

Para inaugurar octubre, en la noche del día 1, Marina Heredia también se hará acompañar de la ROSS en ¡En libertad! El camino de los gitanos. Coincidiendo con la celebración del sexto centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica, la cantaora granadina, habitual en grandes escenarios de la música y en festivales de prestigio nacionales e internacionales, ha creado una obra en consonancia con esta fecha tan significativa.

El Teatro de la Maestranza será también escenario de la clausura de la Bienal la noche del 3 de octubre. Carmen Linares festejará el 30 aniversario de la publicación de su disco Antología de la mujer en el cante con el espectáculo Perlas a Millares, en el que se acompañará de otras grandes voces de lo jondo como Marina Heredia y María Terremoto, y el baile de Rafaela Carrasco.

Podemos Sevilla volverá a sortear este año las sillas que le corresponden en el palco municipal de la carrera oficial durante la Semana Santa, con el objetivo de visibilizar la necesidad de “democratizar” el acceso a uno de los espacios “más emblemáticos” de esta celebración.

En un comunicado, la portavoz de la formación y concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha anunciado la iniciativa, que permitirá a cualquier persona de la ciudad optar a disfrutar de este espacio reservado habitualmente a autoridades y abonados.

“Todos deberíamos poder disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. Por eso, desde Podemos Sevilla queremos que sean los vecinos y vecinas quienes ocupen los tres asientos que el Ayuntamiento nos adjudica por nuestra representación institucional”, ha señalado Hornillo.

Al respecto, el sorteo se realizará este viernes, 27 de marzo, a las 10 horas a través de la red social Instagram. Para participar será necesario ser residente en Sevilla, seguir la cuenta de Podemos Sevilla, comentar la publicación del sorteo y compartirla en stories con la etiqueta '#PalcoDemocrático'.

Fiesta popular con “lógicas excluyentes”

La formación morada remarca que el acceso a la carrera oficial está restringido a personas abonadas a sillas o palcos, cuyos precios pueden superar los 1.000 euros en zonas como la Plaza de San Francisco (que es donde se ubica el palco municipal), mientras que las opciones más económicas rondan los 90 euros por asiento para toda la semana. No obstante, los abonados tienen derecho a renovarlo, lo que provoca que muchas personas no puedan acceder a estos asientos.

“Estamos hablando de una fiesta popular, pero con espacios clave que siguen funcionando bajo lógicas excluyentes. Queremos mantener abierto ese debate y hacerlo desde un gesto concreto que ponga el foco en esta realidad”, han explicado desde este partido.

Sevilla ha superado en 2025 los 700.324 habitantes, según la última cifra provisional de datos ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, se sitúa como el mejor dato de poblacional desde el año 2012, y supone un crecimiento en casi 15.000 personas frente a las 686.741 que constaban de forma oficial en 2024.

Pese a ser una estimación provisional, la cifra definitiva podrá ser superior a este número, todo ello tras el periodo de presentación de alegaciones por parte del Ayuntamiento para revisar la misma en caso de que hubiese más habitantes, pero “nunca inferior”.

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en atención a medios tras la inauguración de la exposición Obras maestras sevillanas, de la Colección del Centro Velázquez. Así, ha asegurado que en el año 2014 la ciudad “bajó de los 700.000 habitantes”, el “peor año” de la serie histórica desde 1991.

El Consistorio ha asegurado que esta cifra supone “superar la barrera de los 700.000 habitantes 12 años después”, al tiempo que ha apostillado que estos datos “aún pueden crecer”. La última vez que se cruzó esa barrera fue en 2013, con 700.169, registrándose desde entonces una tendencia a la baja que tuvo su peor año en 2022 (681.998 personas), lo que en 2025 le llevó a que Zaragoza le arrebatase el puesto como la cuarta capital española más poblada.

Al superar esta marca, la ciudad podría aumentar los ingresos por impuestos y recibir más aportaciones estatales, algo que ha puesto en valor Sanz durante la comparecencia, al reconocer los beneficios de un posible incremento en la financiación gracias a este dato. Asimismo, aumentaría el número de concejales que se sienta en el pleno municipa, que pasarían de 31 a 33, lo que a su vez tendrá su impacto en las elecciones municipales del año que viene.

El regidor ha culpado de esta situación a la “parálisis urbanística” en los últimos años, que “ha propiciado que muchos sevillanos tuviesen que buscar otros municipios en el área metropolitana para poder acceder una vivienda”. Así, ha puesto en valor la política en materia de vivienda llevada a cabo desde su llegada a la Alcadía en 2023 y que, a su juicio, habría logrado que la ciudad supere la esperada barrera.