La renta media bruta en el barrio de Santa Cruz, en el centro de Sevilla, fue de 106.223 euros en 2024, un 43% más que en 2019, lo que la sitúa entre el 1% más rico de Andalucía y el 3% en España. A escasos kilómetros, el Polígono Sur se queda entre el 1% más pobre con unos 20.000 euros de media. Una fractura que deja ver las costuras de un sistema que ha sido debatido en el pleno municipal en un día removido por el movimiento social. Concentrado a las puertas del Ayuntamiento y gritando en el interior, varios colectivos reclamaron políticas públicas que mitiguen estas diferencia durante el debate en el que se abordó la crisis de vivienda y los altos precios de las viviendas protegidas (VPO), para lo que el alcalde José Luis Sanz admitió que tampoco le gustan.

A las doce del mediodía, los vecinos de Jiménez Becerril exigían en una convocatoria en la plaza de San Francisco este jueves que sus casas se incorporen al parque público municipal. “No están con los ciudadanos, sino con los fondos buitres”, criticó Sandra Cruz, vecina afectada por la compra que hizo un fondo buitre del número 27 de Jiménez Becerril en donde viven 102 familias. “Nos enteramos por terceros en abril que nuestro edificio había sido vendido por la Caixa al fondo Inmocriteria Arrendamiento SLU”, con un precio por inmueble de 40.000 euros. “Pedimos al Ayuntamiento que ejerza su derecho de tanteo y retracto y lo sume a su parque de vivienda público”, añadió.

Sin embargo, PP y Vox tumbaron la moción en julio para proteger las VPO que, a fecha de hoy, ya han sufrido “un aumento del alquiler del 47% y la no renovación de varios contratos, además de que no hay un mantenimiento del bloque”, aseguró desde la plataforma que se concentró en la plaza de San Francisco, que acusaron al alcalde José Luis Sanz y al delegado Juan de la Rosa de “mentir”. Esta reivindicación se produce dos días después de que el Ayuntamiento hispalense anunciara que mantendrá una “vía permanente de comunicación” con la asociación de vecinos para revisar los expedientes de las 102 familias.

Sevilla concentra desde el 1% más rico al 1% más pobre del país

El grupo de afectados, apoyado por CGT, el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Barrios Hartos, fue al Salón Colón a protestar y del que fueron desalojados en una jornada estuvo salpicada por las protestas vecinales. “Si se invierte más que nunca y hay más desigualdad que nunca, ¿qué está fallando? A lo mejor está fallando el modelo, porque no se está corrigiendo la desigualdad en nuestra ciudad. Quiero que investigue qué está fallando: la deuda con nuestros vecinos no se paga con propaganda, sino con voluntad política”, enfatizó Ismael Sánchez, del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, que preguntaba al regidor hispalense por las medidas para combatir estas disparidades.

Los datos difundidos hace tres días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una diferencia abismal entre los barrios sevillanos. Estas cifras detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales y deja a la barriada de El Carmen, El Turruñuelo, Amate, Los Pajaritos, Palmete, Santa Justa, Macarena, al rojo vivo. Así, se distinguen las zonas más empobrecidas de la riqueza que se aglomera en el centro de la capital andaluza.

“Los datos son demoledores y, si se están desarrollando programas sociales, por qué Torreblanca sigue teniendo 11.500 euros de renta media, una de las más bajas del Estado español”, cuestionó frente al récord de turistas que han aterrizado en la ciudad durante este último año en una jornada en la que se ha aprobado de forma unánime una moción en la que se solicita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la financiación necesaria para la ampliación del Aeropuerto de Sevilla.

En respuesta, el alcalde José Luis Sanz admitió que, aún estando “orgullosos del esfuerzo inversor”, todavía “queda mucho por hacer”. En todo caso, subrayó que ha habido 560 millones de euros destinados a política social durante el mandato y que, en los últimos presupuestos municipales, un 21% estuvo dedicada a esta partida. “Rescatamos los servicios sociales del abandono de los socialistas”, adelantando que hay 40 nuevas viviendas transitorias para familias en riesgo inminente o el aumento del presupuesto de los centros de día. “Si mantenemos o incrementamos el nivel de inversión, poco a poco veremos una transformación en los barrios pero no se consigue de un día para otro”, sostuvo.

En cuanto a los elevados precios de las viviendas protegidas (VPO) construidas en Sevilla, respondió al concejal de IU que “a mí tampoco me gustan”. “Si yo hubiera formado parte del Gobierno de coalición, le hubiera pedido ayudas a la compra, a las hipotecas, a la fiscalidad... Esa era la forma de bajar el precio de la vivienda protegida”, recalcó. Un eco de las palabras dirigidas por la portavoz de Jiménez Becerril, que criticó que los precios estén “en 280.000 euros”.

Al respecto, Carmen Fuentes, del grupo socialista, pidió “construir viviendas asequibles” durante la exposición de la moción para apoyar las medidas urgentes del Gobierno central en materia de vivienda y su aplicación en Sevilla, que fue rechazada. “Una VPO cuesta más de 350.000 euros y eso no es una solución para las familias trabajadoras o que un alquiler sea más del 30% no es una solución real”, criticando que han “mirado a otro lado” en la desazón que atraviesan las familias de Jiménez Becerril. “Le pedimos que utilicen sus competencias”, recalcó.

“¡Sueldo digno!”

El pleno, marcado por varias interrupciones de la ciudadanía que vino a protestar ante los concejales, iban siendo desalojados uno a uno después de que se reclamara la vuelta al orden. Entre las reclamaciones, tres vecinas gritaban “¡Flora, pública, abierta y de calidad!”, en referencia a la reapertura de la residencia universitaria en las Tres Mil Viviendas que la Universidad Pablo de Olavide clausuró y del que ha excedido el plazo para su reapertura. Esta manifestación se produce cinco días después de que el estudiantado se manifestara a las puertas del edificio buscando una respuesta de la institución, que ha pospuesto abrir unas 32 viviendas el próximo 1 de diciembre.

Frente al abono de los servicios para el Plan de Navidad a la Policía Local, las trabajadoras en dependencia también exigieron mejoras: “¡Sueldo digno a las auxiliadoras de ayuda a domicilio!”, un colectivo que, aparte de reclamar la municipalización del servicio, llama a mejorar las condiciones retributivas de la plantilla, una lucha en la que llevan varios años y con movilizaciones como la acampada de más de un mes que hicieron ante el Consistorio. Junto a ellas, otro grupo de trabajadores del Ayuntamiento pedían “jubilación anticipada” tras 40 años cotizados.

Vuelven a educación los 3 millones que iban a Emvisesa

Un pleno revuelto en el que, además, se ha dado un paso atrás en la reasignación de 3 millones de euros a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, tras quitárselo a la partida de educación. Un mes después de que se aprobara la modificación presupuestaria, el gobierno de José Luis Sanz (PP) se ha retractado, para lo que el PSOE y Podemos-IU han pedido explicaciones. “El informe de Intervención, de seis páginas, especifica que no se había argumentado lo suficiente para justificar el desvío de crédito”, recalcaba Hornillo, “cuestiona la viabilidad de esta operación”.

Además, el concejal socialista Francisco Páez acusó al PP de “ocultar” a la oposición la carta en la que desde Emvisesa “manifiesta por escrito que ya no se necesitaba la partida para la renovación de infraestructuras”. “Nadie ha visto la carta del señor gerente de Emvisesa”, subrayó, “quitaron el dinero de una partida de colegios para dedicárselo a la rehabilitación de vivienda y ahora vuelven atrás, esto es prueba de los malos gestores que son al frente del Ayuntamiento”. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, desvió el debate hacia el hecho de que hay “2.071 casas” que están en régimen de alquiler y serán rehabilitadas, sin responder a las cuestiones relativas a la marcha atrás de este procedimiento.

El pago de las horas extra de la Policía Local es un problema recurrente para el Ayuntamiento de Sevilla, un fantasma que ha multiplicado sus apariciones –con conflictos incluidos– desde que José Luis Sanz (PP) es alcalde. El último capítulo se vivió hace un año, al negociar un plan de Navidad que costó horrores sacar adelante (el regidor llegó a activar el plan de emergencias), pero ahora ha reaparecido al tener que sacar adelante nada menos que cuatro millones de euros en concepto de horas extra que se hicieron entonces. Al final, aunque sea por los pelos, lo ha conseguido.

El gobierno local del PP ha llegado al pleno de este jueves tentándose la ropa, ya que no las tenía todas consigo, con Podemos-IU y PSOE indignados por las recurrentes modificaciones presupuestarias y con Vox, su socio presupuestario, enfadado por haber concedido licencia a la mezquita del Polígono Sur. Y por el tono de las intervenciones previas parecía que al alcalde se le venía un buen problema encima, pero los discursos han sido más duros que el sentido del voto porque al final sólo se ha opuesto Podemos-IU.

PSOE y Vox, pese a sus muchos reproches, han optado por la abstención, lo que ha permitido al PP salvar los muebles y sacar adelante el punto que le permitirá abonar estos cuatro millones pendientes. De paso, allana el terreno para la negociación que ahora se tiene que abordar de cara al dispositivo de la próxima Navidad con los sindicatos policiales, que mantienen su alerta sobre el exceso de eventos y que no hay agentes suficientes para cubrirlos.

“Norma transgredida”

En realidad, el gobierno municipal lo que ha conseguido en el pleno no es una autorización de crédito en sí, sino “convalidar la omisión de la función interventora” sobre el acuerdo de diciembre de 2025 que sacó adelante los fondos necesarios gracias a la abstención de Vox. ¿Y qué significa esto? Pues que todos los informes oficiales (de la Intervención, de la Secretaría...) eran contrarios a este acuerdo, incidiendo en que se destinan partidas desproporcionadas que ni se consignan en el presupuesto.

De hecho, el punto señala que se toma conocimiento “de los vicios de nulidad” puestos de manifiesto en estos informes jurídicos y continuar con el proceso de pago a los agentes “sin pronunciamiento del órgano consultivo”. De hecho, consciente de que el procedimiento no es el más correcto, el propio gobierno local se compromete a “adoptar medidas de refuerzo de los procedimientos administrativos que promuevan el cumplimiento futuro de la norma transgredida”.

“Los policías no tienen la culpa”

“Es de los expedientes más duros” contra un gobierno municipal, ha resaltado la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, mientras que desde Podemos-IU, su portavoz Ismael Sánchez (IU) ha incidido en que estamos ante una auténtica “vergüenza administrativa, política y de gestión, y lo peor es que sabían que iba a pasar”. “El informe de Intervención ha sido quizás el más demoledor de todo este mandato”, alertando de que carecía de validez, que hay omisiones deliberadas, que no había dinero..., “y aún así tiraron para adelante”.

“Lo advertimos, les pedimos que regularizaran la situación, y no sólo no han corregido los errores sino que lo han hecho incluso peor”, con el resultado de que diez meses después los agentes siguen sin cobrar sus horas extra. “Los policías no tienen la culpa de su irresponsabilidad”, ha repetido Sánchez, de ahí el 'no' de su grupo.

Desde el PSOE, Gaya ha denunciado que el PP ha llegado al pleno “sin los votos garantizados”, sometiendo a la oposición a un “chantaje institucional en toda regla: o bien les salvamos la cara o usan la demagogia de que es nuestra culpa”. “El problema es del gobierno, que gestiona mal y genera incertidumbre”, hasta el punto de que “han adquirido compromisos que no han cumplido” y han empeorado la situación.

“Problema económico no va a haber”

“Todos los años hay Navidad”, han coincidido con ironía Podemos-IU y PSOE, “esto no es un desacuerdo por el número de horas ni una emergencia”, ha apuntado Gaya, que ha recordado el compromiso del PP de cambiar el sistema para evitar estos sofocones año a año. “Y encima traen el expediente por urgencia a la comisión de Hacienda y lo modifican media hora antes, esto es lo que les importa hacer las cosas bien”.

Precisamente, el que no se haya cambiado el sistema y el calendario de la Policía Local ha sido el argumento de Vox para abstenerse, sentido del voto que de todos modos habría sido suficiente para el PP y no le habría hecho falta que el PSOE hiciera lo mismo. “Han perdido una oportunidad para darle la vuelta como un calcetín a la gestión de la Policía Local”, ha lamentado su portavoz, Gonzalo García de Polavieja, a lo que el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores (PP), ha respondido que empieza ya la negociación para el próximo plan de Navidad “y problema económico no va a haber”.

Las tarifas de los taxis en Sevilla contemplan para el año 2027 una subida generalizada del 3,5% y un suplemento de casi cuatro euros para quienes soliciten el servicio desde el estadio de la Cartuja, esto es cuando el recinto albergue eventos de diversa naturaleza, ya sean conciertos o partidos. El pleno municipal abordará la cuestión este jueves, después de que el consejo de gobierno del Instituto del Taxi aprobase la propuesta tarifaria del próximo año en la sesión celebrada el pasado 15 de julio de 2026.

El suplemento de servicios en eventos de Cartuja (3,83 euros), se instaura como novedad sustituyendo la recogida con carrera mínima. “Esto se ha hecho porque hemos observado que el taxi, al llegar con el taxímetro puesto, el luminoso verde iba apagado y los clientes entendían que el vehículo estaba ocupado”. De este modo, para evitar esa “confusión” y “por transparencia” –para que sea siempre la misma cantidad– se ha aprobado un suplemento fijo, tal como explican fuentes del sector a Europa Press.

En este sentido, el servicio del taxi, a partir de 2027, cuando se publiquen las tarifas en el BOE, llegará a la Cartuja para recoger clientes con el luminoso verde encendido y cobrará el suplemento aprobado, “que es de una cuantía inferior a lo que se podía llegar a cobrar en 2026 para las mismas recogidas en la Cartuja”, añaden las mismas fuentes.

Las nuevas tarifas

De este modo, la propuesta que se debate este jueves en la sesión plenaria establece que la carrera mínima con tarifa 1 se sitúa en 4,78 euros (diferencia con 2026 de 0,16 céntimos); con tarifa 2, 5,86 euros (diferencia de 0,20 céntimos) y con tarifa 3, en 7,34 euros (diferencia de 0,25 céntimos). La tarifa del aeropuerto se congela de nuevo, con 26 y 29 euros, según sea tarifa 1 o 2 respectivamente.

La tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7 a 21 horas, contempla una bajada de bandera de 1,76 euros (+0,06 euros) y 1,20 euros por kilómetro recorrido (+0,04).

La tarifa 2, que también estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14 horas hasta las 20 horas, recoge 2,09 euros por bajada de bandera y 1,48 euros por kilómetro recogido. Esta tarifa se aplica de lunes a jueves laborables de medianoche a 7 horas y de 21 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de medianoche a 7 horas y de 21 a 22 horas; los sábados, domingos y festivos de 7 a 22 horas; en Semana Santa, de 7 a 21 horas, y en la Feria de Abril, de 7 a 20 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de medianoche a 22 horas.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 21 a 24 horas; en sábados, domingos y festivos de medianoche a 7 horas y de 21 a 24 horas; en Semana Santa de medianoche a 7 horas y de 21 a 24 horas, mientras que en la Feria de Abril se aplicará al tramo de 20 a 7 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,62 euros (+0,09) y la carrera mínima en 7,34 euros (+0,25 euros).

Servicio al aeropuerto y suplementos

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto tiene un coste de 26 euros en días laborables y de 7 a 21 horas, mientras que la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, se mantiene en los 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos –hasta un máximo de cuatro–, excluido equipaje de mano –cuando no supere los 50x4x20cm–, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,59 euros, dos céntimos más que los se paga en la actualidad.

Desde la estación ferroviaria de Santa Justa y de las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas se pagará un suplemento de 3,83 euros (+0,13) y 2,72 (+0,09), respectivamente, mientras que desde el aeropuerto será de 6,01 euros (+0,20), el mismo que se aplicará por desplazamiento a la cárcel Sevilla I y a la Factoría Heineken.

El Ayuntamiento de Sevilla recortó en un 83% la partida dedicada a la cooperación al desarrollo en el presupuesto de 2026. Hecho por el que el gobierno municipal del PP fue duramente criticado tras haber aceptado las condiciones de Vox para sacar adelante las cuentas. Por vez primera en una década, se rebajaba la cuantía por debajo del millón de euros (en concreto, a 347.405 euros) y las consecuencias ya se notan: ruptura de compromisos e imposibilidad de atender a cientos de personas, así como las dificultades para las labores de sensibilización en ayuda humanitaria. Pero ha sido ahora cuando la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), dirigida por el PP, ha reconocido al consistorio hispalense por su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo.

“¿Qué clase de compromiso con la cooperación es acabar con ella? Hay un sentimiento colectivo de indignación en el sector: las políticas del Ayuntamiento hasta el 2025 han sido continuistas y no ha habido un afán de fortalecerlas o mejorarlas, y en 2026 han supuesto su total desaparición”, responden desde la Asociación Sevilla de ONGD (ASONGD) sobre el reconocimiento entregado desde la FAMP, entidad que preside el alcalde cordobés José María Bellido (PP) al Consistorio hispalense de José Luis Sanz (PP). En un contexto marcado por la confluencia autonómica entre el PP y Vox, el gobierno municipal es una pieza más de las políticas que intenta consolidar la ultraderecha en la comunidad andaluza más allá de su tira y afloja, como apunta la asociación que engloba a 37 entidades locales: “La desaparición de la cooperación en Sevilla coincide con un recorte tremendo en Andalucía”.

El acto de la FAMP se celebró el 23 de septiembre durante una jornada organizada con motivo del Día de las Personas Cooperantes. A la cita acudió José Luis García, concejal de Derechos Sociales, donde destacó en un comunicado posterior que la distinción comprometía a la institución y, de igual manera, mencionó el papel de los gobiernos locales como actores fundamentales de la “cooperación descentralizada”. “La responsabilidad de una institución pública no termina en sus límites territoriales. Vivimos en un mundo profundamente interconectado y, por eso, la solidaridad tampoco puede entender de fronteras”, destacaba. Una vez conocida la entrega de la distinción, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ismael Serrano, calificó como una “auténtica burla” este reconocimiento.

A preguntas de este medio, el Consistorio ha preferido no hacer valoraciones sobre este asunto. No obstante, apuntan a que se está trabajando en el nuevo Plan Director tras caducar el anterior en 2025 y, acerca de la posibilidad de volver a aumentar la partida de cara a 2027, las mismas fuentes comentan que es pronto para saberlo.

“Ya no se pueden seguir pagando nóminas”

El Ayuntamiento de Sevilla dejó en 347.405 euros la partida para cooperación al desarrollo en 2026. El punto más bajo tras diez años de mantenimiento. Retrotrayéndonos en el tiempo, 2016 marcó el inicio de la escalada con un montante de 1 millón de euros; cantidad que creció hasta los 2 millones al año siguiente, continuó entre 2018 y 2019 en los 1,9 millones de euros; y, en el año de la pandemia, bajó a los 1,7 millones a pesar de la alerta sanitaria. Seguidamente, descendió a los 1,6 millones en 2021, y tuvo un leve repunte de 1,7 millones en 2022, cifra similar al año siguiente, 2023, con 1,7 millones. En 2024 alcanzó de nuevo los 1,9 millones de euros y en 2025 llegó a los 2 millones (2.064.584 euros) otra vez. Por lo que el tijeterazo en 2026 fue drástico.

Como explican desde la ASONGD, “esto supone tratar de hacer lo mismo con menos dinero cada vez”. Los recortes les han llevado a “romper compromisos con contrapartes” y “dejar de atender a mucha población beneficiaria”. Además, adelantan que “muchos profesionales van a tener que dejar el sector porque sus ONG ya no pueden seguir pagando sus nóminas”. El tejido se va desmantelando poco a poco y, en suma, lastran el compromiso de la capital: “La imagen de Sevilla como ciudad solidaria y la política pública de cooperación en terceros países la han forjado las ONGD sevillanas durante años, y la experiencia y el saber acumulado por quienes trabajan en este sector con unos sueldos muy por debajo de lo que se pagan en el sector público y privado están en riesgo de perderse irremediablemente”.

El acuerdo entre PP y Vox para aprobar las cuentas de 2026 trajo también recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la propia cooperación en un contexto en el que la ultraderecha tiene entre sus objetivos reducir cualquier gasto dirigido a los sindicatos y a las entidades sociales, como se refleja en la alianza autonómica. En un primer planteamiento, la Memoria del Presupuesto de 2026 reflejaba que la dotación era de 1,48 millones de euros para el programa, destacando que la dotación para el convenio del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) era de 0,2 millones y las transferencias al exterior por otros 0,98 millones.

Sin embargo, las enmiendas al anteproyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla presentadas por Vox recogían los “recortes” tanto en este ámbito como en memoria democrática o en igualdad de género, “que estaban destinados exclusivamente a sufragar actividades de propaganda y promoción”.

Asimismo, añadían en el escrito remitido que conseguían “que se recortaran todas las partidas económicas que estaban destinadas a asociaciones que trabajaban con inmigrantes ilegales, sabiendo que no podemos fomentar bajo ninguna circunstancia y desde ninguna administración cualquier tipo de ayuda o política que pueda suponer un fomento de un fenómeno, el de la inmigración ilegal, que está poniendo actualmente el mayor problema social de nuestro país”.

Vox carga contra la ayuda humanitaria: “Espabilados”

En agosto de este año volvía a encenderse el debate debido a que se suspendió la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional para 2026, una cuestión que la ultraderecha celebraba. “Las ayudas municipales, que emanan de los impuestos de los sevillanos, están para atender las necesidades de los sevillanos, no para los bolsillos de los espabilados”, afirmaba García de Polavieja, portavoz municipal de Vox en las redes sociales, “si algunas ONG van a cerrar por depender de los recursos gubernamentales es que no andamos descaminados cerrando el grifo”.

Pese a lo transmitido por los ultras, el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021 - 2025 recoge una valoración sobre si la sociedad sevillana debe participar en actuaciones de cooperación al desarrollo a través del Ayuntamiento. La encuesta quedaba de esta forma: 41,5% afirmaba que “sí, se debe apoyar”; el 45,3% respondía que “sí, se deben realizar campañas de sensibilización y comunicación”, mientras que el 5,9% opinaba que “en parte, pero no a través de una política específica”, y, finalmente, un 7,3% dijo que “no, hay prioridades en el municipio que requieren más atención”. Es decir, el 86'8% se mostraba a favor de que se llevaran a cabo estas iniciativas.

El Parlamento de Andalucía aprobó por primera vez en 1995 una línea presupuestaria en este ámbito y se apoyó en el movimiento social que el año anterior había pedido la cesión del 0,7% del PIB a favor de las iniciativas sociales, una línea que también sufrió recortes a causa de las baremaciones en 2025 entre las medianas y pequeñas asociaciones. A partir de los 90, la implicación evolucionó en la comunidad con la creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la creación del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, además de programas en la capital hispalense que, en el último periodo, se han alineado con la Agenda 2030 impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ahora, entre las tareas pendientes del Consistorio también queda renovar el Plan Director de Cooperación al Desarrollo para los próximos cuatro años tras caducarse en 2025 el anterior. Entre los puntos recogidos en el antiguo plan, se firmó un Protocolo General de Actuación entre la Delegación de Cooperación al Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el que, ha podido confirmar este medio, no se ha solicitado, todavía, la renovación por parte del Ayuntamiento.

La herramienta acordada con la AECID tenía una vigencia de cuatro años y permitía la formación continua de los funcionarios municipales, también la participación en acciones de sensibilización y visibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en tercer lugar, facilitaba la cooperación técnica para la asistencia en terceros países.

Asimismo, la ASONGD elevó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, con quien se reunió un día antes de que se hiciera entrega del reconocimiento al Ayuntamiento por parte de la FAMP. En el encuentro, el Área de Vulnerabilidad se comprometió a recabar información sobre el contexto en que se habían dado de los recortes, aunque a fecha de hoy todavía no hay resolución.

“No se puede planificar una política pública sin fondos”

Al respecto, desde la ASONGD indican que en las asambleas de julio y septiembre han colaborado “solo lo imprescindible” con “una institución que recorta hasta su desaparición las subvenciones a la cooperación”. Así se lo trasladaron a la empresa consultora encargada de crear el nuevo plan director y a la Delegación de Derechos Sociales. “La necesidad de participar en la elaboración de un plan es mucha, porque nos va mucho en ello, pero estamos en un contexto en el que ni del anterior se ha presentado una evaluación final. Tampoco se puede planificar una política pública sin fondos”, remarcan.

En todo caso, tienden la mano para “sentarse y colaborar” con la Delegación de Derechos Sociales y afirman que se encuentran “en el trance de que haya un cambio y se recupere la buena relación que hemos mantenido con el Ayuntamiento hasta la fecha”, pese a que Vox considerara que este tipo de políticas públicas fueran un “gasto superfluo”. Aun así, tienen la esperanza de “volver a ese compromiso” que el gobierno de José Luis Sanz ha mostrado en años anteriores, “y que dice seguir teniendo allí donde se le pregunta”.

ASONGD recuerda que la cooperación sevillana desarrolla proyectos en 20 países de África, Sudamérica y Asia, relacionados con el acceso al agua, la igualdad de género, la salud comunitaria o la respuesta humanitaria, entre otros ámbitos, beneficiando a más de 134.000 personas. En Sevilla, además, más de 23.000 personas participaron en acciones formativas sobre derechos, democracia y desigualdad global.

Nuevo frenazo a la fosa Monumento, la más grande de Sevilla capital con más de 2.613 represaliados. Casi año y medio después de que las cuatro administraciones firmasen el protocolo que en teoría suponía el arranque del proceso de exhumación, ahora un nuevo enredo burocrático amenaza con retrasar todavía más unos trabajos para el que se llegó a un acuerdo político entre todas las administraciones (dos gobernadas por el PSOE y dos por el PP) nada menos que en marzo de 2024.

Este horizonte es, para algunas de las partes, un nuevo requiebro del Ayuntamiento hispalense (PP) para alargar los plazos y jugar con los tiempos políticos, ya que en mayo de 2027 son las elecciones municipales. El proyecto siempre le ha estorbado a los populares desde que José Luis Sanz es alcalde, entre que considera que no tiene competencias en esta materia y que no le interesa agitar mucho este árbol para salvaguardar sus relaciones presentes y futuras con Vox

La formación de ultraderecha es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio y, aunque ahora la relación esté más tensa por la construcción de la mezquita del Polígono Sur y la inminencia electoral, gracias a este pacto Vox ha colado su ideario político como también está haciendo en el Gobierno andaluz, la otra administración que también va al ralentí en este caso. De todos modos, no ha sido necesaria la presión de los de Abascal para que José Luis Sanz liquidase todo rastro de las políticas municipales de memoria histórica.

La cuestión es que el gobierno local habría esgrimido problemas para la contratación del personal necesario para realizar estas tareas. En una reciente comisión de seguimiento, la solución que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía –también gobernada por el PP– es que se encargue de la exhumación un departamento especializado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), lo que de partida no se ve con malos ojos (algunas de las responsables ya hicieron trabajos previos en esta fosa) pero que abre un horizonte de incertidumbre.

Dudas jurídicas con el modelo

En teoría, y de acuerdo con lo que ya se hizo en la fosa de Pico Reja con éxito, la fórmula elegida es un convenio por el que Gobierno central, Junta y Diputación ceden partidas económicas al Consistorio hispalense, que asume la dirección de los trabajos al ser el propietario del suelo en el cementerio de San Fernando. Las cuatro administraciones se han comprometido a una financiación a partes iguales, aportando cada una el 25% del coste.

Fuentes consultadas por este periódico admiten que la irrupción de un nuevo actor, en este caso la UPO, cambia las reglas del juego, sobre todo porque la intención municipal sería que cada parte le abone directamente los trabajos. Es decir, que el Ayuntamiento rechaza recibir los fondos, hacer los contratos y liderar el proyecto, como sí hizo con Pico Reja en la etapa de Juan Espadas (PSOE) como regidor.

Esto obligará a un nuevo análisis jurídico, ya que hasta ahora lo que estaba autorizado era transferir el dinero a otra administración y no a una universidad, aunque sea pública. Todavía se está en este punto pese a que, cuando en junio de 2025 se firmó el protocolo, se emplazó a una inminente firma del necesario convenio para formalizar el sistema de pago, pero este paso no se ha dado todavía y ahora se plantea que el convenio se firme con la UPO.

“Dinamita” el modelo Pico Reja

A la espera de conocer este documento, que la Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer llegar a las partes cuanto antes, lo que es una evidencia es que esta fórmula supone “dinamitar” el modelo de Pico Reja que tan buenos resultados dio. Ante los continuos retrasos provocados por el Ayuntamiento, que incluso llegó a rechazar fondos estatales, Gobierno y Diputación (gobernados por el PSOE) han llegado a plantear asumir en solitario estos trabajos dados los “reparos ideológicos” del gobierno municipal. Esta opción está ahora en vía muerta.

El nuevo giro de los acontecimientos se habría planteado por la Junta sin diálogo previo, con lo que Gobierno y Diputación se enteraron sobre la marcha en la última comisión de seguimiento, celebrada con varios meses de retraso sobre el calendario previsto. Se entiende que esto obliga a un nuevo estudio de viabilidad jurídica y, con casi toda probabilidad, a firmar un nuevo protocolo general de actuación.

Lo cierto es que se vuelven a dilatar los tiempos y a prorrogar sin fecha una exhumación que se quería tener cerrada en 2029, un cronograma –ya de por sí muy difícil de cumplir– que acaba ahora de saltar por los aires. En este sentido, el protocolo establece hasta cuatro años para acabar los trabajos una vez que se inicien con la previsión de que lo hubiesen hecho en 2025, calculándose una inversión pública total que oscilará entre dos y 2,5 millones de euros.

La famosa cena VIP al pie de la Giralda con motivo de los XX Premios Escaparate no sólo recibió 18.000 euros brutos (IVA incluido) de fondos municipales, sino que también fue el propio gobierno local del PP el que concedió los permisos que hicieron posible la utilización de este enclave privilegiado. Para ello, primero lo declaró “evento de interés público municipal y turístico”, para lo que esgrimió el argumento de que la gala es “uno de los acontecimientos sociales, culturales, de moda y comunicación de mayor prestigio y proyección nacional e internacional celebrados en Sevilla”.

Fue el propio Ayuntamiento hispalense el que se encargó de tramitar este reconocimiento de “evento de interés”, para lo que primero suscribió un acuerdo de colaboración –al que ha tenido acceso este periódico– con el organizador en el que también se comprometía a aportar estos 18.000 euros, la misma cantidad que también puso la Junta de Andalucía. Tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ambos del PP, asistieron como invitados a la cena.

El convenio lo rubricó Contursa, la empresa turística municipal, a partir de lo cual solicitó (y consiguió de la propia Delegación de Turismo y Cultura a la que pertenece) la declaración de “evento de interés”. En paralelo, tramitó y logró el permiso para ocupar la plaza Virgen de los Reyes, en la que –con contadas excepciones– la propia ordenanza prohíbe cualquier tipo de acto. A ello se unió la exención de tasas por ocupación de la vía pública y la autorización de “excepcionalidad acústica temporal”, ya que hasta las 2 de la madrugada se iba a producir más ruido del permitido. En total, el enclave permaneció ocupado durante 32 horas.

“Una actividad institucional”

Fue una empresa municipal (Contursa) la que pidió estas licencias, y lo hizo ante otro organismo del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, que dio su visto bueno clonando los argumentos ya recogidos en el convenio suscrito con Escaparate. De hecho, en el expediente por el que le autoriza la ocupación de la plaza se llega a afirmar que esta entrega de premios tiene como objeto “la difusión y promoción de la excelencia cultural y patrimonial de Sevilla”.

De hecho, define la gala como “una actividad de carácter institucional y excepcional”, por lo que da su visto bueno al entender que puede acogerse a una de las excepciones recogidas en la ordenanza. Esto permitió a Escaparate levantar mesas para 600 invitados en una zona ubicada entre los tres monumentos patrimonio de la humanidad de la ciudad: la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.

En definitiva, que el Ayuntamiento hispalense no sólo actuó como patrocinador, sino que también se encargó de tramitar las autorizaciones y de concedérselas a sí mismo. “Ingeniería administrativa”, lo definió la concejal del grupo Podemos-IU, Susana Hornillo (Podemos), en la última comisión de control al gobierno local, a lo que la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), respondió que no se utilizó “ningún atajo administrativo” y que la inversión municipal estaba más que justificada por el “alcance mediático extraordinario” de un evento que, aseguró, consiguió “324 millones de impactos”.

El alcalde, “sorprendido” por el revuelo

Esto llevó a renglón seguido al portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, a criticar esta versión municipal con una cifra “sin aclarar qué significa ni cómo se ha calculado”, preguntándose de paso si “son personas, visualizaciones, euros o apariciones en medios”. Por ello, considera que todo el caso es una “tomadura de pelo”, ironizando con que el alcalde “paga la cena de Escaparate y ahora pretende que los sevillanos le den las gracias”.

Por cierto, que la única referencia a la gala del regidor, José Luis Sanz, ha sido para expresar su incredulidad ante la que se ha formado con este evento celebrado hace un mes. “Me ha sorprendido mucho el espacio que ha ocupado en los medios de comunicación, ojalá el déficit de infraestructuras que tiene Sevilla ocupara el mismo espacio”, se limitaba a apuntar hace unos días.

Y aunque admite que el uso de la plaza Virgen de los Reyes “no lo contempla la ordenanza” y que “se hizo una excepcionalidad”, no muestra mayor preocupación por la denuncia por malversación y prevaricación que ha admitido un juzgado: “Que investigue el juez lo que tenga que investigar, de momento no ha denunciado nadie”.

“Proyección mediática insuperable”

El convenio entre Contursa y Escaparate también resalta que, en años anteriores, esta entrega de premios “ha puesto en valor los espacios y monumentos más emblemáticos de la urbe”, ya que se ha celebrado en lugares como los Reales Alcázares, la Plaza de España, el Casino de la Exposición, el palacio de San Telmo (el año pasado se celebró enfrente, en los Jardines de Cristina), el Muelle de la Sal o la plaza de San Francisco. La edición de 2026, añade, “en pleno entorno patrimonio mundial de la Unesco, otorgará una proyección mediática insuperable a la marca de la ciudad”.

El documento que allanó el camino para la declaración como “evento de interés” cifraba la asistencia al acto en “600 invitados de alto nivel”, aunque al final fueron menos, lo que supondría “un importante impacto económico en el sector hostelero, comercial y hotelero de Sevilla”. Todo esto se traduciría en la reserva de “un elevado número de plazas en hoteles de alta categoría” durante nada menos que una semana.

El teatro Lope de Vega ha presentado los 23 títulos que completarán su programación entre enero y mayo de 2027, la primera temporada propia tras su reapertura, inaugurada oficialmente el pasado mes de septiembre con la Bienal de Flamenco de Sevilla. Entre los espectáculos previstos habrá obras de teatro, danza, flamenco, zarzuela y música antigua.

El Ayuntamiento de Sevilla resalta que estos espectáculos combinarán a algunas de las grandes figuras de la escena internacional –como el director británico Declan Donnellan– con el homenaje a la memoria de la Generación del 27 y con varias de las voces más hondas del flamenco y la copla sevillanos. Durante la presentación, entre escena y escena, el cantaor Juan Valderrama ha subido al escenario para adelantar, en primera persona, el espíritu de El otro del 27, el montaje que en febrero rendirá homenaje a Rafael de León.

El alcalde, José Luis Sanz, ha afirmado que con esta segunda entrega completarán “mucho más que una temporada, devolvemos a Sevilla un teatro que vuelve a pensarse a sí mismo como el gran escenario de la ciudad, un espacio donde caben, con la misma naturalidad, el tempo de la palabra y el de la música, los grandes nombres de la escena internacional, la memoria de nuestra propia Generación del 27 y el talento que nace en esta tierra”.

Protagonismo de la Generación del 27

Asimismo, el Lope de Vega dedicará a la Generación del 27 “una de las líneas más personales de esta temporada”, con un homenaje que abrirá El otro del 27, de Santiago Sánchez y Víctor Lucas, el 6 y 7 de febrero con una reivindicación teatral y musical de la figura de Rafael de León.

En marzo, el teatro acogerá el estreno absoluto de Pino Montano 27, de Luis Felipe Blasco, que reconstruirá la legendaria velada que los poetas del 27 vivieron en la finca sevillana del torero Ignacio Sánchez Mejías, la noche del homenaje a Góngora organizado por el Ateneo de Sevilla en 1927, del 12 al 14 de marzo.

El recorrido culminará en abril con Yerma, el clásico de Federico García Lorca que Eduardo Vasco dirige para Teatro Español y Amor al Teatro, el 3 y 4 de abril, cerrando un triángulo que une letra, mito fundacional y tragedia en torno a la generación que nació en Sevilla.

Enero arrancará con el estreno de Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, la producción de Producciones Faraute dirigida por Pepa Gamboa y Antonio Álamo, del 8 al 10 de enero. Le seguirá La desconquista, la comedia burlesca y musical con la que Ron Lalá revisita a contrapelo las crónicas del descubrimiento de América, del 16 y 17 de enero, y Esencia, de Ignacio García May, con Juan Echanove y Joaquín Climent como dos viejos amigos atravesados por la espera de un autor que quizá no exista, bajo la dirección de Eduardo Vasco, el 23 y 24 de enero.

Mario Gas, María Galiana y José Sacristán

Ya en febrero, Mario Gas dará vida al texto de Henri Roorda en El pesimismo alegre (mi suicidio), bajo la dirección de Fernando Bernués, el 21 de febrero, y Calle Esperanza, de Marta Torres y Alexander Merelo, con María Galiana al frente del reparto y dirección de Miguel Rellán, que pondrá el foco en el desahucio de las personas mayores, el 27 y 28 de febrero.

Seguidamente, la primavera traerá consigo algunos de los montajes más ambiciosos de la temporada de la mano de Teatro Clásico de Sevilla, que volverá al Lope de Vega con Macbeth, la tragedia de Shakespeare sobre la ambición y el poder, de nuevo bajo la dirección de Alfonso Zurro, del 23 al 25 de abril.

Por su parte, mayo reunirá a dos clásicos del siglo XX: Panorama desde el puente, la tragedia del dramaturgo Arthur Miller, Premio Pulitzer, sobre los celos y la lealtad en una comunidad italoamericana de Brooklyn, en versión de Eduardo Galán, el 1 y 2 de mayo, y Rey Lear, de William Shakespeare, en la versión que el director británico DeclanDonnellan, fundador de la compañía CheekbyJowl y varias veces premiado con el Laurence Olivier Award, firma para Teatro del SohoCaixaBank, el 8 y 9 de mayo.

El mes se completará con André y Dorine, el espectáculo sin palabras y con máscaras de Kulunka Teatro sobre una pareja de ancianos enfrentada al alzhéimer, que ha recorrido más de 30 países en una década, el 16 de mayo, y con El hijo de la cómica, el monólogo autobiográfico en el que José Sacristán evocará, a través de la memoria compartida con Fernando Fernán Gómez, las voces de las mujeres de su propia familia, el 29 y 30 de mayo.

Un paseo por el flamenco

El cante, el baile y la danza recorrerán toda la temporada junto con El Pele, una de las voces más personales y respetadas del cante jondo, que se encontrará con el piano de Diego Amador el 31 de enero.

Igualmente, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza en 2010 y distinguida con el León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia en 2022, presentará Calentamiento, su última creación sobre el cuerpo, el deseo y los comienzos que nunca terminan de empezar, el 20 de febrero.

En marzo, Clara Montes y Juan Valderrama se reencontrarán, tras más de 20 años de trayectorias paralelas, en Memoria del Sur (6 de marzo), y Vicente Soto Sordera y su hija Lela Soto rinden homenaje a la saga flamenca de los Sordera en Herencia, coincidiendo con el centenario del nacimiento del patriarca Manuel Soto Sordera, el 19 de marzo.

Abril sumará dos citas de primer orden: Flamenco Patrimonio, la pieza de danza con la que el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección artística de Patricia Guerrero –Premio Nacional de Danza 2021–, conmemorará el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 8 de abril, y Falete, que recorrerá su universo artístico y rendirá tributo a Bambino y María Jiménez en De Bambino a María, el 10 de abril.

Zarzuela y música antigua

Además, el 15 de mayo, José de la Tomasa, referencia del cante sevillano durante más de cinco décadas y distinguido con el Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, regresará al Lope de Vega para despedirse de los escenarios de su ciudad, acompañado como artista invitada por la cantaora Aurora Vargas.

La Compañía Sevillana de Zarzuela representará los sainetes La boda de Luis Alonso y El baile de Luis Alonso, con dirección musical de Elena Martínez Delgado, el 13 y 14 de febrero.

De la misma manera, el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMAS), dedicará en su 44 edición parte de su programación al bicentenario de la muerte de Beethoven, con la que llevará al Lope de Vega dos de sus conciertos, el 7 y 10 de marzo.

La despedida será en mayo con una gala lírica de zarzuela de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la soprano Leonor Bonilla y dirección de Miquel Ortega, en un programa que recorrerá a Barbieri, Chueca, Vives o Moreno Torroba, el 20 y 21 de mayo.

Antonio Muñoz (La Rinconada, Sevilla, 1959) acaba de ser nombrado candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla por segunda vez. La primera, en 2023, concurrió como alcalde y perdió el cargo. Ahora ha afrontado un proceso de primarias sin oponente –“aunque sinceramente no me hubiera importado”– y prepara una carrera hasta las municipales del próximo 23 de mayo en la que antepondrá su marca personal a la de un partido que, admite, “no está en buen momento”.

Como otros compañeros candidatos a las municipales, ¿usted es de los que quería que se adelantase las elecciones generales para que fuesen antes de las municipales?

Sí, yo quería que fuesen antes, creo que es mejor que cada elección tenga su momento y su debate. Eso va a permitir que, cuando lleguen las municipales, podamos hablar de Sevilla y de los problemas concretos de los sevillanos. Y el alcalde, José Luis Sanz, ya no podrá esconderse más detrás de Pedro Sánchez para evitar dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo realmente en Sevilla.

El alcalde asegura que a usted le alegra el adelanto electoral porque se quita de encima una losa con este Gobierno, ¿tan contento está usted con el adelanto?

Más bien creo que quien no está contento es precisamente el alcalde, porque el adelanto desbarata totalmente su relato recurrente, ya no podrá culpar de todo a Pedro Sánchez para tapar su mala gestión en Sevilla escudándose tras temas nacionales. Ahora ya no podrá hablarme en la campaña de las municipales de Bildu como hizo en 2023. Esa estrategia ya no le va a servir, aunque lo intente, que seguro que seguirá haciéndolo, porque no tiene otros argumentos sólidos para defender su gobierno en Sevilla.

¿Qué le dice a los que creen que es candidato por incomparecencia de rivales, que el propio PSOE le ve como el mal menor?

Pues que no es cierto. Digamos que es una fortaleza que en este momento haya unanimidad, por así decirlo, ¿qué estaríamos diciendo si hubiera habido, como en otras capitales de provincia, dos o tres compañeros que optaran a la Alcaldía? Pues que no hay acuerdo, que hay fisuras, que hay dudas. Bueno, en este caso hagamos la reflexión contraria: si nadie ha querido dar el paso, es que entiendo que despertaré un mínimo de consenso entre la militancia socialista. Me quedo con la foto final de los 11 secretarios y secretarias de la capital apoyando mi candidatura.

Hay una desigualdad extrema en cuanto a calidad de vida y en cuanto a equipamiento, no es que haya barrios de primera y de segunda, es que hay barrios de tercera y de cuarta

¿Tiene la sensación de que va al desolladero? Se da por hecho que el PSOE no tiene opciones de recuperar la Alcaldía de Sevilla y que por esto no ha habido otros candidatos en las primarias.

Ganaré y seré el próximo alcalde. Ahora bien, es verdad que en el actual contexto de polarización y crispación política la marca del PSOE no está en buen momento. Pero el adelanto de las generales hace que en las municipales Sanz no va a poder esconderse detrás de la problemática de Cataluña o de Ceuta, tendrá que hablar de Sevilla. Y hay otro hecho diferencial con respecto a 2023: ya no es el alcalde de Tomares que viene con una etiqueta de supuesta buena gestión, porque su gestión en Sevilla es de desencanto total y de abandono de los barrios.

Como candidato socialista, ¿no choca que admita que el PSOE no está bien?

Lo que digo es algo bastante evidente: hay momentos en los que las marcas políticas tienen más fuerza y otros en las que atraviesan situaciones más complejas.

Entonces, ¿va a anteponer su marca personal a la del partido porque ahora mismo le quita más que le da?

Es evidente que el PSOE atraviesa un momento difícil, pero unas elecciones municipales también tienen mucho que ver con la ciudad, con el candidato y con el proyecto que se ofrece. Yo tengo que recuperar el buen recuerdo que la gente me dice tener de los 18 meses que estuve de alcalde, cuando se vio que era posible gestionar la ciudad de otra manera. Eso me lleva en automático a hacer una campaña más personal que partidista.

¿Y cuáles van a ser las claves de ese proyecto?

Resumo el programa electoral en tres palabras: barrios, barrios y barrios. Porque parto del convencimiento de la desigualdad tan extrema en cuanto a calidad de vida y en cuanto a equipamiento que existe, no es que haya barrios de primera y de segunda, es que hay barrios de tercera y de cuarta. Hay una sensación de dejadez en cuanto a los servicios que presta el Ayuntamiento que es tremendamente preocupante porque eso provoca el desencanto en la política, que la gente deje de creer en la democracia y que se agarre a fórmulas extremas, como está ocurriendo con la extrema derecha. Si soy alcalde, que lo voy a ser, daré un giro de 180 grados a la hora de las inversiones para mejorar la calidad de vida de esos barrios. Basta de poner el foco y la prioridad presupuestaria sólo en la ciudad del escaparate, en la ciudad turística, en la ciudad patrimonial, que indudablemente requiere de cuidado y mimo, pero más allá de un kilómetro a la redonda de Plaza Nueva viven muchísimos sevillanos, la mayoría, y están dejados de la mano de Dios por el Ayuntamiento.

Ya que menciona a la ultraderecha, ¿en su campaña va a agitar el miedo a Vox?

Bueno, digamos que no es el miedo a Vox, que ya tiene un recorrido indudable porque en el Ayuntamiento de Sevilla hay una clara influencia de las políticas de extrema derecha. Y eso es así porque Sanz ha elegido como compañera de baile en estos años a la extrema derecha, con unas prioridades que se han traducido en servicios o programas que distan bastante de ser la prioridad de la ciudad. Nos hemos encontrado con un partido que su prioridad nacional, en el caso de Sevilla, son dos chiringuitos, la oficina antiaborto y la oficina antidesahucios. Y después hay otro elemento fundamental que se puede observar en el ambiente de crispación del pleno municipal con el binomio Sanz-extrema derecha, un ambiente desconocido hasta ahora. Eso es por Sanz, que tiene una actitud soberbia, prepotente, de poco diálogo y de entrega a las tesis de Vox.

¿Votar al PP va a ser también votar a Vox?

Sí, porque difícilmente se va a poder alcanzar una mayoría absoluta por parte de ninguna fuerza política. Y digamos que el escenario político se ha reducido bastante desde el momento que ha desaparecido un partido de centro como era Ciudadanos. La mayoría de ese voto de centro lo recogió Sanz en 2023, pero es un electorado desencantado porque eligió como compañero político a la extrema derecha. Estoy seguro de que ahora me van a votar a mí porque en este momento represento una opción que ocupa más la centralidad política que este PP tan a la derecha con Vox.

Hay que pedirle disculpas en nombre del PSOE a muchos barrios de Sevilla donde no cumplimos las expectativas, pero a continuación me toca reconstruir esa confianza

En 2023 llegó a afirmar que muchos votantes que habían votado a Moreno en las autonómicas le iban a apoyar a usted, pero después la cosa salió regular…

Sí, efectivamente no ocurrió porque hubo un trasvase automático de votos de Ciudadanos al PP. No tengo datos estadísticos, pero sí tengo el termómetro de la calle y de muchos votantes que me dicen que confiaron en el PP y ahora ven que es un desastre de gestión y que se ha entregado a las tesis de la extrema derecha, hay desencanto en una ciudad que va marcha atrás. Estoy seguro de que voy a recuperar buena parte de ese electorado que en su momento votó a Ciudadanos.

El PP ha ganado todas las últimas elecciones celebradas, ¿Sevilla ha dado un giro conservador?

Los datos de las últimas elecciones muestran que la marca PSOE no está en un buen momento, decir lo contrario sería ponernos una venda en los ojos, pero las circunstancias no son las mismas: indudablemente Moreno Bonilla no está tan fuerte en Andalucía y Sanz ya no es el alcalde modelo que viene de Tomares después de hacer una gestión impecable. Sanz está demostrando de manera inequívoca que no tiene un modelo, no sabe qué hacer con Sevilla. Y desde luego se equivoca con su obsesión con tanta obra, porque transformar una ciudad no es tenerla patas arriba como la tiene en este momento, es un error que estoy seguro de que le va a pasar factura.

Al margen de eso, ¿sus opciones para ser alcalde dependen mucho de lo que ocurra a su izquierda?

Indudablemente. Yo espero que la izquierda del PSOE aprenda de lo que ocurrió en 2023, cuando hubo 13.000 votos de una fuerza política [Adelante Andalucía] que fueron sencillamente a la papelera. Si la izquierda del PSOE hubiera mantenido los cuatro concejales que tenía antes de las elecciones, seguramente en este momento yo sería el alcalde. Por eso, con el respeto más absoluto, a las fuerzas de izquierda les pido un poquito de reflexión y que aprendan del pasado más inmediato. Si en 2023 las ofertas programáticas eran muy semejantes, ¿por qué confundir al electorado, por qué dividirlo para provocar que haya votos que vayan a la papelera? Evitemos esa situación.

¿El PSOE ha desilusionado a sus votantes y uno de sus retos ahora es recuperar esa ilusión?

Es verdad que hay que mirar hacia adentro y ver que en 2023 no fuimos capaces de cumplir las expectativas que esperaban de nosotros muchos ciudadanos en muchos barrios. Hay múltiples causas, así que he dedicado buena parte de estos años de oposición a reconstruir la confianza en el PSOE en esos barrios en los que nos votaban mayoritariamente y donde la abstención ha ido creciendo. Hay gente que votaba PSOE y que ha ido dándonos la espalda, y seguramente con razón. Por eso lo primero que tenemos que hacer, y yo lo hago cada vez que me encuentro con vecinos en un barrio y me ponen encima de la mesa una demanda vecinal que no fuimos capaces de cumplir, es pedir disculpas. Hay que pedirle disculpas en nombre del PSOE a muchos barrios de Sevilla donde no cumplimos las expectativas, pero a continuación me toca reconstruir esa confianza.

¿Hay algo que personalmente se achaque usted, falló en algo que ayudó a esta cadena de múltiples causas a las que apunta?

Claro que sí, yo no soy un político perfecto, dentro de esas múltiples causas yo también tengo que asignarme una parte de culpa de no haber llegado, de no haber conectado con el electorado, de no haber cubierto algunas de las demandas de esos vecinos y vecinas de barrios periféricos que llevaban tiempo esperando. Pero también tengo que decir en mi descargo que estuve sólo 18 meses de alcalde, y que fue una etapa muy productiva para Sevilla.

¿Habrá muchos cambios en la lista electoral con la que se presente? ¿Pretende hacer un fichaje estrella para ello?

Si concurrimos a las elecciones del año que viene con el mismo programa y con la misma lista, pues seguramente obtendremos el mismo resultado y eso es insuficiente para recuperar la Alcaldía. La lista no va a tener ningún fichaje estrella, una expresión que no me gusta. Pero indudablemente tiene que tener nuevas caras, nuevas incorporaciones de militantes del PSOE, porque le puedo asegurar que en las 11 agrupaciones hay gente que supone savia nueva, que tiene ganas y que puede oxigenar la lista. No estamos ahora en esa fase, sino en plasmar en el programa electoral la oferta del PSOE porque no quiero ser como Sanz, el alcalde sólo de unos barrios: yo quiero ser alcalde de todos los barrios y eso conlleva reformular el programa electoral del PSOE, priorizando las inversiones en los barrios, y para eso indudablemente se necesita renovar parte del equipo.

Ni una licencia de piso turístico más y recuperemos esas licencias, porque piso que se dedica al turismo, piso que no se dedica a que viva una familia o un joven sevillano

Habla de los barrios, pero si nos atenemos al minuto de juego y resultado de la actualidad, las grandes preocupaciones son vivienda y turismo, en las que se critica su gestión.

No son ciertas ninguna de las dos cosas. Los promotores inmobiliarios, por ejemplo, saben perfectamente que desde que se desbloquea una situación de un suelo para poder construir vivienda hasta que se entrega una llave pueden pasar cinco o siete años. Por tanto, el 92% de las llaves de vivienda que está entregando Sanz provienen de proyectos desbloqueados durante los cuatro años anteriores, y esos son datos que se pueden demostrar. Esa es la falta de gallardía, de elegancia política de Sanz para llamar a las cosas por su nombre. ¿Y cuántas llaves se van a poder entregar en el próximo mandato fruto de proyectos que haya iniciado él? Le puedo asegurar que bastante pocas. En campaña habrá que hablar también de las VPO a 350.000 euros y de las dificultades de los jóvenes y de muchas familias para pagar una vivienda y no poder ejercer el derecho de vivir en su barrio. En cuanto al tema turístico, reconozco que me tocó una etapa para protagonizar un crecimiento turístico en Sevilla.

Y un crecimiento también de los pisos turísticos...

Es verdad que ese fenómeno nos pilló a todos con el pie cambiado, no solamente a Sevilla, hubo un crecimiento exponencial. Yo en este momento lo que digo es que ni una licencia de piso turístico más y recuperemos esas licencias, porque piso que se dedica al turismo, piso que no se dedica a que viva una familia o un joven sevillano. Sanz ha intentado limitar los pisos turísticos en el centro y eso ha provocado que se desplacen a los barrios más periféricos. Ya tenemos pisos turísticos incluso en Los Pajaritos, y el Polígono de San Pablo está lleno. Eso hay que atajarlo y hay que ser valientes, porque es un auténtico cáncer para las ciudades.

La sensación es que el turismo se está yendo de las manos, ¿los sevillanos están perdiendo Sevilla?

Pues en buena parte sí. E igual que en un momento determinado hubo que pisar el acelerador para provocar un crecimiento turístico, desde el momento que el turismo empieza a provocar molestias al ciudadano de a pie se puede convertir en un problema. Sevilla ahora mismo tiene un número de turistas aceptable y considerable, esto no es una carrera de atletismo donde todos los años hay que batir el récord. Y si seguimos con la obsesión, como tiene el señor Sanz, de más turistas, corremos el riesgo de ponernos a los sevillanos en contra y que aparezca la turismofobia, que ya empieza a haber algunos conatos en algunos barrios de Sevilla.

Maricarmen encendió la mecha de una desazón social que llevaba tiempo cociéndose en un país atravesado por la crisis habitacional. Pérdida de poder adquisitivo, alquileres cada vez más altos, desahucios, precios de compra desorbitados, emancipación juvenil tardía, gentrificación y ausencia de vida de barrio frente a las cifras récord de la industria del turismo o de las inversiones inmobiliarias. La ola expansiva de la lucha de la vecina madrileña frente a un fondo buitre llegó a Sevilla y, bajo las Setas, acampan decenas de personas desde hace más de diez días como signo de resistencia. Desde el Sindicato de Inquilinas, aseguran que, más allá de la huelga o del resultado electoral, la acción no parará hasta que la vivienda sea efectivamente un derecho y no una inversión.

Frente a las escaleras del monumento estaba José María Ruiz, Tomín, vecino de 88 años. Estaba solo en mitad de la multitud, llevaba pegada una pegatina por la vivienda en su camisa, y contemplaba a los que se plantaron este jueves para pedir un cambio en el rumbo de las políticas de vivienda en el acto homenaje a Maricarmen tras su fallecimiento. “Yo no tengo problemas de vivienda, pero los pueden tener mis hijos, bisnietos, mis vecinos, y habrá que darle una salida a esta situación”, dice en solidaridad con quienes viven en sus carnes la especulación. “La vivienda lo es todo en la vida: para comer, arreglarte, para darle cobijo a tus hijos, da seguridad, es todo, y tienen que solucionarlo”, para lo que pide “un pacto de Estado”, porque “esto no lo soluciona un partido solo”.

Animado, entre el griterío de las proclamas y la lectura del manifiesto, se mostraba orgulloso de la articulación social, de la energía que se desprende en las calles: “La respuesta de la ciudadanía es extraordinaria”, mientras señalaba como los principales causantes de esta debacle al “sistema capitalista y los gobiernos que no han sido capaz de regular un mercado tan salvaje”. Porque Maricarmen es solo la punta del iceberg, como recuerda el sevillano, cuando hay voces de esta crisis que han quedado silenciados o invisibilizados: “Hay miles de Maricarmen y de familias, de ahora y de antes, que llevan tiempo así. Maricarmen fue una gran luchadora y nos ha dejado el camino abierto”.

“Queremos cambiar leyes a nivel andaluz”

“Sevilla, en el contexto actual de huelga y movilizaciones, tiene que jugar un papel muy importante como quinta ciudad de España en tamaño”, reflexiona Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas en la provincia. “Los tiempos de la política son peculiares y hay momentos excepcionales, de movilización y de concienciación masiva, en el que, de repente, pasa todo”, envites para los que hay que estar preparados y hacer un trabajo previo de hormiguita, ya que la constitución del sindicato, allá en 2018, se viene fraguando en la capital hispalense desde hace año y medio. “Si el sindicato no hubiera tenido capacidad, Maricarmen hubiera sido desalojada y nadie se hubiera enterado”, sentencia.

La muerte de la vecina madrileña de 87 años impactó de lleno en las movilizaciones y en el marco político a nivel nacional y regional en un momento en el que la caída de los dos decretos de vivienda presentados a causa de la presión social indignada por su desahucio, la convocatoria de elecciones y el camino hacia la huelga general revuelven el debate y sacan a relucir el malestar de la población. “Nos ha llegado esta bomba que ha sacado muchas cosas latentes o explícitas de la sociedad”, apunta Díaz, que cuestiona la regulación autonómica y local en materia de vivienda. “Más allá de la huelga, el mundo va a seguir de una manera u otra, por lo que nuestro planteamiento es hacer campaña para cambiar determinadas leyes a nivel andaluz”, que tiene las competencias transferidas en vivienda.

Acerca de la regulación autonómica y local, el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Sevilla reclama: “Necesitamos un parque de vivienda pública permanente y con precios asequibles, de alquiler y para quien la necesite, en vez utilizar los recursos públicos para dinamizar el mercado inmobiliario con dinero que irá a parar a los bolsillos de constructores y promotores”. En este caso, se refiere a la aprobación de elevar los límites del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), provocando que una unidad familiar con 46.200 euros puede acceder a una VPO y, en el caso de las viviendas con precios limitados, la renta puede llegar a ser de 58.800 euros. “¿Qué tipos de vivienda se están construyendo, cuando hay promociones de 250.000 o 300.000 euros?”, cuestiona.

La Junta de Andalucía recurrió en junio al Tribunal Constitucional el Plan estatal 2026-2030 planteado por el Gobierno central que blindaba las viviendas de protección oficial (VPO) y daba 1.200 millones de euros a la comunidad por invasión de competencias, pese a que había contado en un primer momento con su aval. A ello, habría que sumar que el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) aprobó por la vía de urgencia el anteproyecto de la ley autonómica de vivienda, que entró en vigor en enero de este año, en el que se simplificaban los trámites admistrativos para facilitar la puesta en marcha de los planes. Además, deja en manos de los ayuntamientos la edificación de VPO en espacios públicos sin necesidad de recalificarlos o elimina la obligación de depositar la fianza de un inquilino ante la Administración.

“La expulsión del centro histórico sigue funcionando”

Al respecto, Díaz comenta que “hay riesgos”, ya que, expone, “se corre el riesgo de utilizar la emergencia habitacional para cambiar los usos, cuando en un barrio son necesarios hospitales, comercios y demás, y deja sin solucionar el problema: la dinámica de expulsión del centro histórico sigue funcionando”. Con más de 640.000 pisos vacíos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía afronta un reto mayúsculo, y Sevilla también.

Las competencias para regular a los pisos turísticos (denominados formalmente como viviendas de uso turístico, VUT) son de ámbito local, mientras que la Junta es quien establece la norma sobre los apartamentos turísticos (AT). En este sentido, el Ayuntamiento, en manos del PP con el apoyo de Vox, aprobó en octubre de 2024 limitar la tramitación de nuevas licencias y establecieron un tope del 10% para frenar la presión inmobiliaria.

En el centro, ya están saturados los barrios de Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana, por lo que la oferta ha disminuído pero se desplaza hacia la periferia en un momento en el que hay alrededor de 6.000 pisos en activo de los 9.650 disponibles en Sevilla, aunque queda margen para llegar a los 22.750 unidades, como estableció la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro). “El Ayuntamiento retrasó todo lo que pudo esta regularización”, critica el portavoz sindical, “se han perdido unos 5.000 habitantes en el centro y han sacado un plan para repoblarlo de manera oportunista y sin explicar los detalles”, en referencia al Plan Sevilla Centro Vivo, que fue presentado por el gobierno municipal en junio.

“No pueden ignorarnos”

María José y Raquel tienen 23 años, son estudiantes universitarias y, desde el primer día, están en la acampada de Sevilla. ¿Por qué decidieron quedarse? “Queremos mantener nuestra relevancia política y estando en las Setas es imposible de ignorar un problema que es evidente, ¡sale en las fotos de todos los guiris! Tanto la Junta de Andalucía como nuestra ciudad tienen que reconocer lo que está pasando”, afirmó una de las manifestantes este jueves durante la concentración en memoria de Maricarmen. “La incapacidad de la juventud de conseguir tanto alquileres que no sean abusivos como una vivienda el día de mañana están ahí”, subrayaron.

María José vive con sus padres y todavía no se ha podido independizar porque, por una parte, no puede contar con el apoyo económico de sus progenitores, y, por otra, es incapaz de asumir los precios de la vivienda, tanto en Sevilla como por fuera. Motivo por el que tuvo que quedarse en vez de estudiar en otra provincia.

En una situación similar está Raquel, que pudo emigrar desde Málaga a Sevilla a estudiar el doble grado de Ciencias Políticas y Sociología. Todo gracias a que su abuela pudo hospedarla, y con quien paga ahora un alquiler de 850 euros al mes. “Mi hermana se ha tenido que quedar en Málaga, porque no hay opciones, y yo ahora, que quiero estudiar un máster, tendré que quedarme forzosamente en Sevilla aunque hubiera preferido irme fuera”, señala. Una pérdida de oportunidades, a nivel académico y de futuro laboral, que la ha llevado a asentarse en la plaza de la Encarnación.

En el camino hacia la huelga general y con el propósito firme de cambiar el paradigma más allá de los resultados electorales, Iban Díaz destaca que el sindicato no es partidista y se centrarán en los cambios legislativos en materia de vivienda. “El oportunismo político del Gobierno [central de Pedro Sánchez], que no ha hecho nada o muy poco y equivocado en gran medida, no altera para nada nuestra hoja de ruta: gobierne quien gobierne seguiremos movilizándonos”. Así, se centrarán en articular la respuesta para el 11 de noviembre a través de la constitución de comités de huelga por barrios para que “se pare la producción, haya un impacto social y se cambien las cosas”.

La cena VIP celebrada en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, al pie mismo de la Giralda, se autorizó en un enclave rodeado de monumentos patrimonio de la humanidad por el “alcance mediático extraordinario” que iba a tener el evento, lo que le allanó el camino para recibir permisos especiales y fondos públicos. La gala, con motivo de la concesión de los XX Premios Escaparate –que entrega la revista del mismo nombre–, generó 324 millones de impactos, equivalentes a una campaña publicitaria de gran coste.

Éste ha sido el argumento principal esgrimido por el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, que considera que esta cifra de 324 millones de impactos “justifica bastante bien el retorno” de la ayuda municipal de 18.000 euros (IVA incluido). Así lo ha esgrimido la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), que ha defendido además que no se ha utilizado “ningún atajo administrativo” para autorizar el uso de un espacio tan emblemático y especialmente protegido por las ordenanzas.

La famosa cena ha vuelto a escena en la comisión de control del Consistorio hispalense, en la que el grupo de Podemos-IU ha planteado una pregunta basada en la “muchísima indignación” que generó en la ciudadanía, que hasta se movilizó con una sentada para denunciar la “privatización” de este enclave. La concejal Susana Hornillo (Podemos) ha recordado además que un juzgado investiga el evento, al que asistieron el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), y el alcalde, José Luis Sanz (PP), y al que ambas administraciones aportaron 36.000 euros brutos de dinero público.

“Ingeniería administrativa”

Hornillo ha lamentado que el gobierno municipal “tiene dos caras, una para los barrios y otra para la gente VIP”, y si en los primeros faltan inversiones los segundos “tienen carta blanca, lo que haga falta y si hay que saltar una ordenanza, se hace”. Y ha llegado a definir como “ingeniería administrativa” la concesión del permiso a la gala, haciendo una excepción a la ordenanza que prohíbe expresamente –con excepciones– actos en esta plaza.

La delegada de Turismo, por su parte, ha argumentado que se siguieron los cauces administrativos normales para grandes eventos, para lo que fue una empresa municipal (Contursa) la que tramitó los permisos. De paso, ha recordado que la revista Escaparate lleva 20 años concediendo estos premios en espacios singulares de la ciudad, y que ha obtenido para ello las correspondientes autorizaciones de ayuntamientos “gobernados por el PSOE, el PP e IU”, en alusión a la coalición de gobierno PSOE-IU en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como regidor.

“La gente conoce Sevilla por la revista Escaparate” y no tanto por su patrimonio, ha ironizado Hornillo, que de manera retórica ha preguntado en qué se van a beneficiar los sevillanos de los 324 millones de impactos que se usan ahora como argumento. Si es una cuestión de imagen para la ciudad, ha subrayado, la que va a quedar es la de “una investigación por malversación” y la de “un Ayuntamiento que usa los espacios públicos como un cortijo privado”.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente celebrado este martes, ha aprobado el proyecto de Ordenanza reguladora para el uso de la Plaza de España, que entre otras medias, ha establecido como regla general un máximo de 45 días naturales por evento y año, incluyendo montaje y desmontaje, ampliable a 60 días si se encadenan eventos con las mismas estructuras, o a 45 días más 15 de montaje en casos de especial complejidad. Tras cada ocupación, el espacio deberá permanecer libre al menos un mes.

Este texto ha sido aprobado con el único voto a favor del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox y Podemos e Izquierda Unida. Todo ello, tras haber sido sometido a una consulta pública previa y cuenta con informes jurídico, de Intervención y de impacto económico, continuará ahora su tramitación en la Junta de Gobierno Local, entrará en vigor 15 días después de su publicación en el BOP, una vez sea aprobada definitivamente, y pretende que el uso del espacio sea compatible con la conservación de este Bien de Interés Cultural, a la vez que quedan fuera de la regulación la Semana Santa, la Feria de Abril, los actos electorales y los rodajes, que tienen su propia regulación.

Sobre esta nueva ordenanza, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que la Plaza de España “nació para acoger grandes eventos, pero es también un BIC que tenemos la obligación de cuidar y proteger. Esta normativa hace compatibles las dos cosas”. “Quien quiera celebrar un evento en la plaza sabrá desde el principio qué puede hacer, durante cuánto tiempo y con qué condiciones, y el Ayuntamiento tendrá las herramientas necesarias para ello”, ha añadido.

Categorías

De esta manera, el texto ha partido de la consideración de la Plaza de España como espacio concebido históricamente para grandes actos y espectáculos, a la vez que ha establecido como principio rector la preservación del BIC, sus elementos arquitectónicos, pavimentos, cerámica, jardines y arbolado, por lo que se ha establecido la exigencia de un Plan de Conservación Preventiva para proteger el recinto durante el montaje, la celebración y el desmontaje del evento y por tanto, aplicable a todas las fases del evento.

Para ello, los eventos se clasificará por categorías, según su intensidad por los días de ocupación y su frecuencia, priorizando en la planificación del calendario los eventos plurianuales y singulares de manera que aquellos que se establezcan menos de siete días serán considerados eventos puntuales de baja intensidad; entre siete y menos de 21, serán de media intensidad; alta intensidad aquellos que ocupen la plaza 21 días o más.

Igualmente, serán considerados plurianuales aquellos como ciclos o festivales periódicos; eventos singulares, aquellos que por su especial relevancia y proyección nacional o internacional, los que serán prioritarios en la planificación del calendario.

Creación de una mesa directiva de coordinación

El texto de la Ordenanza introduce, como elemento innovador, la creación de un órgano consultivo y colegiado, denominado Mesa Directiva de Coordinación, que estará integrado por responsables de Urbanismo, Cultura, Patrimonio y Turismo, cuya función será la de coordinar y planificar la programación anual, valorar el interés de las solicitudes para resolver posibles situaciones de concurrencia y, facilitar la conexión entre servicios municipales y otras administraciones.

En esta línea, se fijarán las condiciones para proteger el espacio, que han dictado que las instalaciones no podrán ocupar más del 50% del espacio libre ni superar el 50% de la altura media de las fachadas, y deberán guardar una separación mínima con los edificios, además de que se prohíben los anclajes al suelo, los tendidos sobre arbolado y mobiliario, la publicidad no vinculada al evento y la maquinaria pesada en zonas peatonales, salvo autorización motivada.

Todos los promotores deberán presentar un plan de conservación preventiva, y los eventos se clasificarán por aforo -hasta 300, de 301 a 1.000 y más de 1.000 personas-. A medida que aumenta éste, lo harán también las exigencias en materia de seguridad, movilidad, conservación patrimonial y protección del pavimento y elementos frágiles, ante lo que los titulares deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil, podrán tener que constituir una garantía y presentarán un informe de cierre en el plazo de un mes.

Todo esto se acompañará con la fijación de plazos de solicitud para los promotores en función de la duración del evento, estableciéndose entre 45 días naturales de antelación para los de menos de una semana, hasta los nueve meses para los de carácter plurianual o singular.

La solicitud deberá incorporar, entre otros una memoria del evento, el proyecto de instalaciones y montajes, planos, cronograma, un plan de conservación preventiva, acreditación de solvencia técnica y financiera, medios humanos y materiales, Información sobre experiencia previa, así como planes de seguridad, movilidad, evacuación, residuos y accesibilidad cuando proceda y a aquellos eventos “complejos o singulares”, se exigirá además una figura de coordinación técnica.

Resolución de conflictos y sanciones

Cuando haya solicitudes incompatibles, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, intentará en primer lugar buscar fechas alternativas. Si no es posible, se priorizará por aspectos como el interés público municipal e interés cultural, la calidad artística, la trayectoria del promotor, la experiencia en espacios patrimoniales y/o BIC, la sostenibilidad, el impacto económico y número de visitantes y, la solvencia técnica y económica.

Igualmente, la nueva ordenanza instituye un nuevo régimen disciplinario y sancionador específico, que clasificará las infracciones en leves, graves y muy graves. En las primeras, las multas se fijan entre los 60 y los 3.005 euros; las faltas graves se multan con cantidades que oscilan entre los 3.005,01 y los 15.025 euros. Finalmente, las infracciones muy graves (como daños importantes o irreversibles al patrimonio) conllevarán multas que van desde los 15.025,01 a los 30.050 euros, a las que se podrá añadir la extinción o revocación de la autorización.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado abrir diligencias previas para investigar la polémica cena de gala que se celebró el pasado 17 de septiembre a los pies de la Giralda, contando con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre los 400 invitados.

En un auto firmado el 29 de septiembre, la jueza ordena “oficiar a la policía a fin de que proceda a la investigación de los hechos”, según trasladan a elDiario.es fuentes judiciales.

La investigación sobre el evento privado, que obligó a cerrar al público la emblemática plaza Virgen de los Reyes, se inicia a raíz de la denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa, que apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación por la organización de un acto que fue financiado con 36.058 euros por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

Instituciones señaladas en la denuncia

El evento correspondía a la celebración de la XX edición de los Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre, y que ha generado una ola de críticas ciudadanas por el uso de un espacio público y emblemático para una celebración privada.

Iustitia Europa dirige su denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla, Contursa —la empresa municipal de gestión turística— y la Consejería de Turismo, a las que atribuye la concesión de permisos administrativos y la aportación de fondos públicos.

La denuncia señalaba también a la Diputación de Sevilla, basándose en informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La acusación de Iustitia Europa se formuló “contra quienes resulten responsables”, solicitando así que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”.

El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, criticó que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

El partido denunciante subrayó además que la propia delegada municipal de Turismo reconoció públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

En cuanto a la Diputación, su inclusión en la denuncia se basa en informaciones relativas a la Casa de la Provincia, situada en la vecina plaza del Triunfo. El promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirmó que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente no llegó a aceptar. La institución provincial sostiene que dicho espacio fue solicitado por la organización, sin especificar el tipo de evento, como ocurre con otras peticiones que recibe de asociaciones e instituciones. Según la institución provincial, se solicitó la cesión de una sala para utilizarla como vestuario de los artistas y de un aseo.

Por el momento, la jueza de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha encargado a la Policía que investigue los hechos para elaborar un atestado que permita esclarecer las circunstancias del evento y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

La línea 1 de Bus de Tránsito Rápido (BTR) de Sevilla, más conocida como el tranvibús, contectará desde este lunes Torreblanca, Sevilla Este y el centro de Sevilla al llegar a la Plaza del Duque, culminando la última ampliación de la primera línea del tranvibús desde Santa Justa. Esta modificación provocará cambios en las líneas de Tussam y en las paradas, algo que preocupa a gran parte de los ciudadanos de la capital hispalense y de los visitantes.

La infraestructura estará conformada por un corredor de 12,4 kilómetros y reducirá el tiempo de trayecto entre Sevilla Este y el Duque de 55 a 33 minutos, con una oferta de 41.000 plazas diarias. Además, contará con 16 vehículos articulados totalmente eléctricos y cero emisiones que prometen una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta.

Esta nueva fase cuenta con nueve nuevas paradas distribuidas en puntos como José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque. Ello, en suma con el itinerario que hasta ahora recorría el tranvibús, pasando por Santa Justa, Kansas City I y II, San Pablo, Los Arcos, Montes Sierra, Santa Clara, Las Góndolas, Cercanías - Palacio de Congresos, Fibes, Avenida de las Ciencias I y II y la Avenida de la Aeronáutica.

No obstante, su implementación precisará la reorganización de las líneas de autobús que operaban en el centro, así como la reubicación de algunas paradas y control en accesos.

Líneas en Ponce de León y Campana

El cambio más significativo estará en la Línea 27. El recorrido de la misma desde Sevilla Este hasta Nervión no cambiará, mantendrá las mismas paradas hasta Luis Montoto, en concreto hasta la parada de Marqués de Nervión.

Así, a partir de este punto, la línea cambiará su recorrido habitual. Si antes discurría a través de seis paradas por Amador de los Ríos a Recaredo, ahora pasará a tener tres: Luis de Morales, San Bernardo y Prado de San Sebastián, con el objetivo de ser un “servicio exprés” entre Sevilla Este y el Prado, donde establecerá su nueva terminal.

Por tanto, desaparecerán las paradas de Luis Montoto (Kansas City), Luis Montoto (Cefiro), Luis Montoto (San Benito), Amador de Los Ríos (Puerta Carmona), Amador de Los Ríos (Júpiter) y Recaredo (Puerta Osario).

Es decir, el recorrido al centro discurrirá por Avenida La Aeronáutica (Flora Tristán), Avenida Aeronáutica (Edificio Helios), Avenida Las Ciencias (Edificio Las Camelias), Avenida Las Ciencias (Edificio Albéniz), Avenida Las Ciencias (Edif. Entreflores), Avenida Las Ciencias (Doctor Madrazo), Avenida Las Ciencias (Osaka).

Luego, seguirá por Alcalde Luis Uruñuela (Palacio de Congresos), Alcalde Luis Uruñuela (Jardines Edén), Alcalde Luis Uruñuela (Residencia Al Alba), Alcalde Luis Uruñuela (Las Góndolas), Montes Sierra (SE-30), Montes Sierra (Santa Clara de Cuba), Montes Sierra (Rafael Beca Mateos), Montes Sierra (Tesalónica), Avenida de Andalucía (Los Arcos), Luis Montoto (Marqués de Nervión), Luis de Morales, San Bernardo y el Prado de San Sebastián.

Por su lado, tal y como ha argumentado el Gobierno local, la TB1 “asumirá” el recorrido de Amador de los Ríos que con anterioridad realizaba esta línea mediante su reubicación en la plataforma reservada de José Laguillo y su posterior llegada a Puerta del Osario.

Las Líneas 10,12,24 y 32 mantendrán su terminal en la Plaza Ponce de León, sin variación. Además, podrán transbordar con la TB1 en la parada que contará en dicha Plaza.

Los usuarios de las Líneas 11,15,16 y 20 cambiarán su terminal a Puerta Osario, donde podrán hacer un transbordo obligatorio con el tranvibús para llegar a zonas de intrammuros.

La Línea 13, que conecta Pino Montano con la Plaza del Duque, trasladará su terminal a la Plaza de la Campana. También sufrirá un cambio la Línea 14, que conecta el Polígono Norte con la Plaza del Duque y a partir de ahora tendrá su nueva cabecera en la Alameda de Hércules.

De esta forma, los usuarios que tomen la línea 14 tendrán que enlazar con la número 13 en la Alameda de Hércules hasta llegar al Duque o Ponce de Léon, si bien aquellos que permanezcan en Puerta Osario podrán utilizar el propio tranvibús para llegar hasta estos puntos.

Finalmente, se ampliará desde el lunes el recorrido de la línea CJ1 de Tussam, que conecta el intercambiador de San Bernardo con el barrio de Isla Natura, en Palmas Altas, de manera que ganará dos nuevas paradas en el barrio, en concreto en la calle Santorini y tres en la calle Barbados.

De esta manera, la línea CJ1, que tiene su cabecera en San Bernardo, mantendrá sus habituales paradas en el Prado de San Sebastián (avenida del Cid), paseo Las Delicias, avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) e Isla Natura en Palmas Altas.

Control en el acceso al Duque

Tras esta ampliación, entrará en vigor la prohibición de entrada de vehículos privados al centro a través de Puerta Osario, un control que se realizará mediante lectores de matrículas y que abarcará el trazado segregado del BTR y sus vías adyacentes, por lo que el resto de accesos al centro se mantendrá con su configuración actual.

No obstante, los residentes y titulares de plazas de garaje tienen garantizado el acceso y la circulación directa hacia sus viviendas y estacionamientos privados en todas las calles del trazado y sus vías adyacentes.

Los vehículos vinculados a empresas situadas en el área dispondrán de registro previo personalizado para ajustar sus entradas. Además, aquellos que efectúen sus operaciones de carga y descarga de forma habitual dentro de los horarios regulados no necesitarán un trámite previo.

Por otro lado, se facilitará el acceso de hasta 4 vehículos por unidad familiar para los centros escolares de la zona, si bien serán los tutores los que deberán gestionar las matrículas a través de la web municipal.

Asimismo, los aparcamientos públicos seguirán disponibles mediante un registro con cámara del aparcamiento, las motocicletas, ciclomotores y bicicletas disfrutarán de una circulación libre y las Personas de Movilidad Reducida (PMR) tendrán acceso garantizado mediante un registro de la tarjeta PMR.

Para las gestiones de urgencia no planificadas se habilitará un margen de 72 horas posteriores al acceso, en aras de presentar la justificación correspondiente y validar la entrada.

Sevilla ha celebrado este viernes la XXXVIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, que ha batido su récord de participación con 26.000 corredores. Los 25.000 dorsales inicialmente disponibles se agotaron 20 días antes de la cita, lo que llevó a la organización a ampliar el cupo en 1.000 plazas adicionales, que se vendieron en menos de 24 horas.

Este éxito se suma a la consolidación de otras dos grandes citas del calendario deportivo sevillano: el Maratón de Sevilla, que alcanza los 20.000 participantes y prácticamente ha duplicado su cifra en los últimos tres años, y la Media Maratón, que ha pasado de 10.500 corredores en 2022 a los 20.000 actuales. En conjunto, las tres pruebas reúnen a más de 66.000 participantes.

La carrera ha dado comienzo a las 22.00 horas desde el Paseo de las Delicias pasando luego por la Glorieta de Marineros, La Rábida, Palos de la Frontera, avenida de El Cid, Plaza Juan de Austria, avenida de Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Resolana, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Torneo, Arjona, Paseo de Cristóbal Colón y, de nuevo, Paseo de las Delicias y Glorieta de Marineros, con la meta situada en el propio Paseo de las Delicias.

Los primeros clasificados han alcanzado la línea de meta alrededor de las 22.30 horas, mientras que la prueba ha concluido en torno a las 23.30 horas.

Los ganadores de la prueba

En la categoría de handbike masculina, el ganador ha sido Javier Reja, mientras que en la categoría femenina se ha impuesto Susana Marín. En silla de ruedas, la clasificación ha estado encabezada por Joaquín García, seguido de Manuel Afonso y José Vicente Aguilar.

En la categoría absoluta masculina, el primer puesto ha sido para Ángel Martín, Pedro Garrido, segundo, y Carlos González, tercero. En la absoluta femenina, la victoria ha sido para Laia González, seguida de Carmen Gutiérrez, segunda, y Alejandra Flores, tercera.

La celebración de la prueba ha contado con la colaboración de alrededor de 300 voluntarios. Entre las novedades de esta edición ha destacado la participación, por primera vez, de la Asociación Down Sevilla, que ha movilizado a medio centenar de voluntarios, entre personas con síndrome de Down y familiares. Su labor se ha desarrollado tanto en la recogida de dorsales como en el punto de avituallamiento instalado en la calle Muñoz León.

Asimismo, el Banco de Alimentos ha estado presente durante toda la semana previa en la Feria del Corredor, donde habilitó un espacio para la recogida de donaciones de leche.

Hay acciones que implican traspasar una línea roja, una frontera invisible que es como la última gota que llena el vaso de la paciencia. Por su impacto, eso ha ocurrido con el desahucio de Maricarmen en Madrid para ponerle el foco al desgarro de la vivienda en España, y salvando las muchas distancias es lo que –a escala local– se ha vivido en Sevilla para resucitar el debate sobre el uso (y el abuso) del espacio público. El detonante ha sido la famosa cena de gala celebrada a los pies de la Giralda, en la que concurren varias polémicas y que muchas voces han puesto como el símbolo más extremo, “el colmo” del rumbo de una ciudad a la que están obligando a normalizar la ocupación por lo privado de sus calles y plazas.

La imagen de un reservado exclusivo en un espacio público y privilegiado en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ha reavivado el malestar vecinal que se lleva cociendo desde hace años, en un contexto social muy tensionado por la presión de las viviendas turísticas y la invasión de veladores. Un evento VIP para el que el Ayuntamiento cedió –en contra de su propia ordenanza– un enclave tan privilegiado como la plaza Virgen de los Reyes y al que asistieron como invitados el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz, máximos representantes de dos administraciones gobernadas por el PP que pusieron 36.000 euros brutos (IVA incluido) para financiar los XX Premios Escaparate.

La respuesta ciudadana, al margen de la indignación, ha sido una sentada en la misma plaza en protesta contra la “privatización” de la ciudad y con el objetivo de “recuperar” este enclave. Como telón de fondo, la impotencia ante la evidencia de que el espacio público se ha convertido en un recurso para eventos, negocios y actividades privadas, lo que lleva a preguntarse qué está pasando y qué puede hacerse para ponerle freno.

Todo esto es fruto de la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común

Amparo Graciani — Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte

La primera en dar la voz de alarma en redes sociales sobre lo que venía fue Amparo Graciani, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte. Y aunque lamenta que en relación con el patrimonio ha habido “ejemplos muy flagrantes que no han llegado a explotar”, como Icónica en la Plaza de España o Naturaleza Encendida en el Alcázar, cree que en este caso se ha dado un cóctel que puede marcar “un antes y un después”: malestar ciudadano previo por anuncios como los veladores en la Plaza Nueva, época preelectoral, el simbolismo del enclave, dinero público, un evento elitista…

“La gente está muy cansada”

Y todo, fruto de “la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común”. “Ha faltado sensibilidad”, resume, “han pensado que les valía con un papelito para dar permiso y no se han dado ni cuenta de lo que han hecho”. Y para más inri, a los pocos días el Ayuntamiento acogía un acto sobre turismo de lujo en el que se ponía sobre la mesa que por qué no cerrar la Torre del Oro si un señor quiere cenar allí. “Todo esto demuestra poca inteligencia, no es ya sólo el dinero público, sino la falta de respeto al ciudadano. Y la gente está muy cansada”, advierte.

“Una utilización abusiva de lo que es el patrimonio identitario” define por su parte lo ocurrido Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos, organización asociada a la Unesco y que le asesora en cuestiones de patrimonio. Es además el símbolo de que Sevilla se está convirtiendo en una “ciudad para el monocultivo turístico, una ciudad escaparate y nunca mejor dicho, una ciudad en la que todo se puede alquilar, todo se puede vender, incluso los elementos más simbólicos, más representativos, el corazón de la ciudad”.

“Nunca se habían atrevido a tanto”

La imagen que se ha ofrecido ha sido “muy triste”. La plaza Virgen de los Reyes es objeto de una “dinámica privatizadora” en Semana Santa con sillas y vallas, “pero ya convertirlo en un restaurante es una vuelta de tuerca insoportable”, una imagen que refuerza la idea de que “en Sevilla todo es posible pagando”. Aunque sea apropiándose de un paisaje público que “no es un espacio de nadie, sino que es fundamentalmente de la gente de la ciudad que ya lo compartimos habitualmente, con mucha generosidad, con una gran cantidad de turistas, con una cantidad de usos ligados al turismo”.

La ordenanza que regula la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico, de 2008, recoge en su artículo 11 que “queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, aunque incluye el matiz de que se admiten actos que por su ”corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad“ no ocupen el espacio demasiado tiempo. En este supuesto podría encajar la cena de Escaparate, una gala que para la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), se ajustó a un procedimiento legal y de hecho partió del propio Ayuntamiento la petición para utilizar la plaza. Vox también ha tratado de quitar importancia a que tres de sus cargos estuvieran en el evento.

"Han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más 'sagrado' de la ciudad, hay que poner pie en pared

Javier Escalera — Catedrático de Antropología de la UPO

Pero no le quita trascendencia a lo ocurrido Javier Escalera, catedrático de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide, para quien lo ocurrido al pie de la Giralda es “un paso más en una trayectoria que se inició hace tiempo, no sólo con este gobierno municipal: la puesta a disposición de la ciudad y su patrimonio a los intereses privados y particulares”. Eso sí, en este caso considera que “se han traspasado todos los límites de la prudencia” derivando en un caso “extremo” porque se ha celebrado “en el lugar más simbólico de la ciudad”.

Por eso, ve positivo el revuelo social que se ha formado, porque “uno de los grandes problemas de Sevilla es que al personal parece que le resbala todo”. Pero esta vez “ha sido el colmo, nunca se habían atrevido a tanto”, porque “han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más sagrado de la ciudad”. En este sentido, considera que hay que “poner pie en pared” ante este rumbo.

“Obsesionados con la promoción turística”

Jaime Jover, geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), se adentra en la variable política para apuntar que “es la enésima prueba de que el Ayuntamiento de Sevilla no gestiona pensando en los residentes, sino que está obsesionado con la promoción turística de la ciudad, con atraer a más y más visitantes, como si no existiera un problema de saturación turística”. Y a eso hay que añadirle que, desde un punto de vista técnico-urbanístico, “estamos hablando de una ilegalidad: la ordenanza del propio Ayuntamiento prohíbe este tipo de eventos en la plaza Virgen de los Reyes, donde se realizó esta cena exclusiva”.

Es decir, que “el Ayuntamiento crea la norma pero no se la aplica”. Por ello, apunta a que “si hubiera alguna asociación o partido con ganas de batallar, llevaría este asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. O si la propia Fiscalía quisiera hacer su trabajo bien, entiendo que podría abrir diligencias de oficio”. De momento, el evento de la revista Escaparate ha acabado en el juzgado de guardia, donde ha presentado una denuncia el partido Iustitia Europa.

“Es ilegal según la normativa municipal precisamente por su simbolismo, porque se entiende que es un espacio libre especialmente sensible” como otros del casco antiguo, apostilla. Esta misma consideración se plasma en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que a su juicio “tiene sentido si pensamos que, al ser espacios patrimoniales, satisfacen una necesidad pública de índole cultural, en el entorno de monumentos clave de la ciudad, y por eso el Ayuntamiento se dota de un proceso específico para autorizar eventos en estos lugares”. Es el caso de esta plaza, que es el “epicentro de los bienes Patrimonio Mundial de la Unesco que tiene Sevilla”: Catedral, Alcázar y Archivo de Indias“.

“Tendencia de privatización” al alza

Y a propósito del PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto, urbanista y padre de este plan de ordenación que se aprobó en 2006, considera que –en teoría y ante un caso de estas características– él “no debería opinar más allá de lo que dice la ordenanza municipal, pero lo cierto es que esto no está bien, ha sido privatizar un espacio público de una manera nada razonable y más para un evento de esta naturaleza”. “Ha sido lamentable, más que excesivo”, apostilla, y lo enmarca en “una tendencia cada vez mayor de privatización del espacio público”.

Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa, el riesgo es que la excepción se convierta en norma. Esto es un timo y una estafa a los ciudadanos

Manuel Ángel González Fustegueras — Urbanista y arquitecto

Con la famosa cena de gala, la ordenanza admite excepciones que en este caso poco menos que se han retorcido para ajustarlas a lo que interesaba puntualmente, “un timo y una estafa a los ciudadanos” que representa el riesgo añadido de que “esa excepción se convierta en norma”. “Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa”.

Víctor Fernández Salinas tercia para coincidir en que “se trata del espacio más complejo desde el punto de vista patrimonial, es el sancta sanctorum del patrimonio sevillano”. Así que “no es un espacio cualquiera”, y precisamente por eso “el espacio público que está entre ellos tiene que participar de ese carácter especial, hay que tener mucho cuidado cuando se mercantilizan los elementos identitarios más importantes de una ciudad”.

“A más no se puede ir ya”

Jaime Jover retoma el hilo para recordar que “Sevilla siempre ha tenido una oferta turística centrada sobre todo en el entorno de Santa Cruz, pero ahora es una ciudad turistificada y ya no sólo Santa Cruz, sino en casi todo su centro histórico”. Es decir, que hablamos “precisamente de los barrios que concentran una mayor identidad urbana” y que ahora están orientados al visitante, “se ve hasta en el idioma que utilizan, ¿quién hace un brunch en esta ciudad?”.

“Podríamos contar con los dedos de una mano las pescaderías que quedan en el centro histórico; para las ferreterías quizás nos harían falta dos, pero dudo que haya más de una decena”. Evidencias, en definitiva, que son “indicadores” claros de que “cada vez viven menos personas en el centro porque las viviendas que ocupaban hoy son hoteles o pisos turísticos”.

Javier Escalera añade por su parte que “lo de los veladores por todos lados es escandaloso, ahora van a estar hasta en la Plaza Nueva, y luego está lo que se quiere hacer en la Plaza de España”, donde el alcalde insiste en su idea de vallarla para cobrarle a los turistas. “¿Qué será lo siguiente, una terraza en la Giralda?”, se pregunta, y es que “lo de la cena no es ni casual ni excepcional, forma parte de una manera de entender la ciudad como negocio y producto al mejor postor” que se traduce en “una utilización absolutamente sin control de lo común”. “Se le está quitando espacio al ciudadano en beneficio de los intereses particulares, hay una gran insensibilidad política a nivel colectivo”, lo que ha llevado a cruzar una línea “que hasta los turistas que pasaran por allí el día de la gala verían cateto”.

El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor, al final las propias instituciones terminan banalizando los elementos más identitarios

Víctor Fernández Salinas — Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos

“¿Qué necesidad hay de que haya veladores en la Plaza Nueva, en qué beneficia eso a Sevilla?”, cuestiona Manuel Ángel González Fustegueras, al tiempo que pone el acento en que “la hostelería ocupa toda la ciudad”. “El espacio público es lo más democrático que existe”, de ahí que considere “muy grave” su privatización porque es “subvertir” su fin. Y el caso de esta gala lo considera especialmente “raro” porque no sólo se le ha permitido, sino que también se le ha pagado con dinero público: “Es como si a un bar le pagamos por poner veladores, a más no se puede ir ya”.

“Una forma frívola de usar los recursos de la ciudad”

Víctor Fernández Salinas subraya que el acto al pie de la Giralda es “muy grave” y se enmarca dentro del “modelo de desarrollo de nuestra ciudad”, que despoja a los barrios de sus habitantes y que tiene que ver con la expansión de los veladores por todos lados, incluso en enclaves donde no había como en la Plaza Nueva. “Es peligrosísimo, es una forma frívola de usar los recursos más importantes de la ciudad porque desde las instituciones públicas, que deberían ser ejemplares, se nos demuestra a la población que eso no es nuestro”.

“El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor”, continúa. Al final, las propias administraciones “terminan banalizando los elementos más identitarios”, de ahí que entienda perfectamente el revuelo social que se ha formado, “por lo simbólico, por lo que trasciende y por lo que atenta contra los elementos identitarios más importantes de Sevilla”. “Es la sobreexplotación y el abuso del patrimonio”, remacha.

Cumplir las ordenanzas ya existentes

Jaime Jover apunta a otro símbolo, la Plaza de España, un enclave patrimonial que durante un par de meses en verano cierra varias de sus zonas “para el lucro de una empresa privada, no tiene ningún sentido”. Esto lo enmarca en poco menos que una tradición, y es que “no es algo nuevo que el Ayuntamiento no proteja los espacios públicos de la ciudad”, y aquí asoma el recuerdo de 1992, cuando el Cabildo de la Catedral “privatizó el patio de los Naranjos, que había sido siempre un espacio público, y nadie dijo nada”. “En cualquier otro lugar con unas instituciones decentes que defendieran el interés general no se habría permitido o, como mínimo, ya se habría revertido”.

El actual modelo de ciudad es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia

Jaime Jover — Geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)

“Sevilla es cada vez más insoportable para vivir en ella, es un proceso triste y muy denunciable”, insiste Víctor Fernández Salinas, que lamenta el modelo de ciudad que se está imponiendo, “si a las plazas más importantes se las trata así, al resto se le puede hacer cualquier cosa”. “Diría más bien –añade Jaime Jover– que el modelo es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia”.

“El alcalde llegó al poder hace más de tres años diciendo que contendría los pisos turísticos y no ha hecho absolutamente nada”, continúa, y resalta que “ahora dice que va a hacer un plan para repoblar el centro y, por lo que se ha publicado en prensa, es solamente humo”. Ante ello, explica que más que nuevas ordenanzas que regulen estas situaciones, lo que hay que hacer es cumplir con las que ya existen.

¿Y qué futuro aguarda a las ciudades que siguen esta tendencia? “Los urbanistas no hacemos milagros”, apunta Manuel Ángel González Fustegueras, porque en última instancia “el urbanismo depende de un ayuntamiento, de su pleno, de los partidos políticos…”. Eso sí, postula que “el ciudadano es el protagonista de la ciudad”, y que tiene en sus manos la herramienta más poderosa para cambiar las cosas: su voto.

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha informado de que la línea 3 Sur del Metro de Sevilla irá soterrada por Bellavista y Bermejales, tras ser el proyecto sometido a información pública y atender a las 66 alegaciones recibidas por parte de asociaciones de vecinos y del propio Ayuntamiento de Sevilla.

“Creemos que hemos llegado a una solución de consenso. Los vecinos no querían que el proyecto se adentrase en la zona de Bermejales y afectase al bulevar de la avenida de Europa, por lo que se ha propuesto una solución más tangencial”, ha indicado el responsable en una convocatoria a medios en la que ha presentado el proyecto definitivo del tramo Sur de la línea 3 de Metro junto al alcalde, José Luis Sanz.

De esta forma, se ha optado por una solución soterrada que entrará por la Avenida del Reino Unido, continuará por la Avenida de Polonia y finalmente alcanzará la Avenida de Irlanda. “Todo esto soterrado, para a continuación emerger y cruzar la SE-30 en viaducto”. Estas modificaciones llevadas a cabo en la zona de los Bermejales han sido planteadas “atendiendo a las reclamaciones y alegaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de los vecinos”.

Bellavista

Por su parte, en Bellavista se ha mantenido el trazado “prácticamente igual” que el inicial, si bien irá de igual forma soterrado, en lugar de a través de la superficie del terreno.

En contexto, diversas plataformas vecinales de los referidos barrios afectados pedían que este tramo estuviese soterrado, ante la “precaución y malestar” que generaba sobre los vecinos la opción de ejecutar el trazado en superficie por la Avenida de Bellavista, entre la glorieta de Presos de los Merinales y el Hospital de Valme, al defender que el soterramiento es “la única alternativa compatible con una ciudad cohesionada, segura y funcional”.

Alertaban entonces de los efectos que tendría un metro en superficie en la movilidad y el tráfico del barrio, pues la implantación de un metro en superficie, según los implicados, podría haber reducido plazas de aparcamiento o carriles, “generando problemas de circulación, congestión y aumento de emisiones contaminantes” en una vía que sirve de acceso a Dos Hermanas y a desarrollos urbanísticos proyectados.

Los turistas se acercaban a los grupos, grababan, preguntaban qué ocurría, mientras los vecinos se sentaban, paseaban y hablaban, de pie, separados o en un círculo en el que se compartían aperitivos, se jugaba a las cartas o hasta traían los juguetes para entretener a los más pequeños. La plaza Virgen de los Reyes fue una estampa viva, colectiva, completamente opuesta a la protagonizada hace una semana cuando se cerró el entorno de la Giralda a causa de la celebración de un evento privado. Esta tarde, los ciudadanos de a pie reivindicaron el espacio público y, entre palmas y lecturas improvisadas, María Isabel Rodríguez lo dice alto: “La calle es de todos y de todas, tenemos derecho a transitar por ella libremente y a sentarnos de manera pacífica”.

La vecina se suma a la organización espontánea que se hizo a través de las redes sociales en respuesta a la gala privada con motivo del aniversario de la revista Escaparate, que levantó ampollas en la opinión pública por el cierre de la plaza del Triunfo y la Virgen de los Reyes en contra de lo estipulado por la ordenanza municipal. Un encuentro al que acudió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, desde cuyas instituciones públicas organizaron y promocionaron el espectáculo con 36.000 euros públicos.

Ante la indignación popular, los vecinos llamaron a reunirse, a celebrar la vida un momento, a las siete de la tarde, antes de que la excepción se convierta en norma: “Apenas quedan vecinos y vecinas en las grandes ciudades, los pisos son para empresas tipo Airbnb, alquileres desorbitados, para la especulación, y nos tenemos que ir a la periferia o a los pueblos dormitorios, como es nuestro caso, y esto es imposible”. Frente a ella y sus dos acompañantes están Carmen y sus hermanas, de 9, 10 y 6 años, que están entretenidas encima de una alfombra, aprendiendo con el ejemplo a ser parte activa de las protestas.

“Estoy indignado”

Poco a poco, aumentan las silla de playa y no hay apenas significación política ni banderas en un acto que no responde a ningún partido ni organización social. Tampoco hay presencia policial, menos tras la polémica que arrastró a la concejalía de Turismo y Cultura a dar explicaciones sobre el contrato menor por casi 15.000 euros más IVA que se concedió a la empresa 'Sevilla por la gracia de dios, S.L.', al que luego se sumaría unos 18.000 euros por parte de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta, que ahora dirige Vox en el Gobierno andaluz, con el fin de que se celebraran la XX edición de los premios. Es decir, un montante que supuso el 20% de los 150.000 euros que finalmente costó la gala, según el promotor y director de la revista Mario Niebla.

Bernardo Santos saca la botella de vino y monta una pequeña mesa junto a sus amigos, que dejan queso y algunos picos. “Estoy indignado”, comparte claramente, tanto a título propio como en representación de la Asociación de vecinos de La Revuelta, del Pumarejo, “ha sido una desfachatez, casi que reírse en nuestra cara, porque además de ocupar el espacio público, estos señores han ocupado el imaginario colectivo haciendo creer que las plazas son de un sector elitista de la ciudad”. Con su camisa vistosa y las bermudas, recuerda que el verano acabó hace apenas unos días y, retoma, “es una vergüenza que se cierre esta plaza para una empresa privada con dinero público”.

Una opinión que no comparte el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, que en unas declaraciones recogidas por El Correo, mantuvo en la Comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que con la aportación desde el su área quería pensar que habían “pagado a los trabajadores de la cena”, defendiendo que se trataba de una publicación que “vende Sevilla” y que la petición de patrocinio “se había hecho en años anteriores”, cuando la consejería que ahora ostenta la dirigía el PP en solitario de Juanma Moreno.

“Por Maricarmen”

Preguntándole a Santos por la organización de esta protesta ciudadana, sonríe abiertamente y añade: “No hay que pedir permiso para merendar en la plaza de nuestra ciudad”. Al igual que tampoco lo hace Cati, que se sienta con su libro, que era el menos que pesaba de su biblioteca, ríe. Esta mañana le llegó la convocatoria por whatsapp y no se lo pensó dos veces, a sus 78 años está aquí, sola, pero rodeada de gente comprometida con la causa. “Mi marido está muy mayor, tiene 88 años, pero siempre ha sido el más guerrero”, asiente, y, lejos de amilanarse, señala “los abusos de PP y Vox, concretamente”: “Celebraron una fiesta privada para la gente de bien de Sevilla”.

¿Qué es la gente de bien? ¿Qué es la élite? ¿Cómo ha impactado esta imagen entre la ciudadanía sevillana, que recorrió las redes como la pólvora? ¿Qué mecanismo alteró para que, en vez de observar sin inmutarse, se reactivaran? Cati, que vive por la zona del parque de María Luisa, siente la Giralda como parte de su historia, tanto como Pepe y Araceli, que viven en un entorno que, desde hace algún tiempo, también pierde los tintes de barrio: la Alfalfa.

“Son unos impresentables”, manifiestan, “y hemos llegado a las siete y nos iremos cuando la gente se vaya”, porque aún queda en la retina la foto de “los señoritos andaluces” que llenaron con mesas estos metros. En sus palabras, también están presentes los desahucios. Unos desahucios que movilizaron ayer a todo el país tras el desalojo de Maricarmen, la pensionista madrileña de 87 años que, tras toda una vida, tuvo que abandonar su piso después de que un fondo buitre comprara la propiedad y se negara a negociar con ella ningún tipo de acuerdo, pese a que le habían subido el alquiler de un año a otro en un más de 200%.

Su nombre está presente entre Irene y Cristina. Las letras violetas de su cartel reivindican su memoria. “Teníamos claro que íbamos a venir, pero con lo que le ha sucedido a Maricarmen, nos decidimos”, comentan, conmovidas por los sucesos de la pasada noche. Enarboladas con sus abanicos, pipas y botellas de agua, sostienen que “nos ha dolido mucho que un espacio público sobre el cual hay una ordenanza municipal que se utilice para eventos y sí haya habido un dinero público para esto”.

Sevillanas de adopción, viven en la periferia y ven cómo “la ciudad se está deteriorando muchísimo”, como ocurre en La Macarena, de donde son vecinas. “El deterioro, la suciedad, la falta de recursos, clama al cielo. En muy poco tiempo se ha visto el deterioro rápido... ¡Que se hubiesen ido a La Barzola a celebrar la gala!”. Hoy permanecerán hasta que los ánimos aguanten, disfrutando de una tarde otoñal con sabor estival, admirándose con el esplendor de la Giralda, disfrutando, como hicieron los invitados de la gala, pero esta vez de forma abierta y en comunión con los vecinos.

La polémica cena de gala que, el jueves 17, se celebró en plena calle en Sevilla y obligó a cerrar la plaza Virgen de los Reyes (a los mismos pies de la Giralda) no sólo sigue dando que hablar desde el punto de vista político, sino que ya ha acabado ante el juez. El encargado de dar este paso ha sido el partido Iustitia Europa, que ha presentado una denuncia en un juzgado de Sevilla en el que apunta a delitos de prevaricación administrativa y malversación por un acto que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense financiaron con 36.000 euros y al que acudieron el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz.

El evento celebraba los XX Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre y que ha generado una ola de críticas ciudadanas. Iustitia Europea denuncia al Consistorio y a Contursa (la empresa municipal de gestión turística) y a la Consejería de Turismo por dar los permisos administrativos y aportar dinero público, además de incluir también a la Diputación de Sevilla. En este último caso, lo hace en base a informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La denuncia se formula “contra quienes resulten responsables”, por lo que solicita que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”. El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

Fondos de Junta y Ayuntamiento

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha criticado que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

Este partido subraya que la propia delegada municipal de Turismo ha reconocido públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

Respecto de la Diputación, la denuncia se hace en base a informaciones sobre la utilización de la Casa de la Provincia (en la vecina Plaza del Triunfo), en las que el promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirma que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente él no aceptó. En este sentido, la Diputación explica que este espacio fue solicitado por la organización –sin señalar el tipo de evento del que se trataba– como muchas otras peticiones que recibe de todo tipo de asociaciones e instituciones, instándose a la cesión de una sala como vestuario para artistas y de un aseo.

Petición “expresamente denegada”

Al tratarse de una casa palacio, como respuesta se establecieron condiciones de uso “especialmente rigurosas”, apunta la institución: tanto la sala polivalente como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento. La Casa de la Provincia dispone de vigilancia las 24 horas, por lo que se subraya que no era necesario “realizar contrataciones adicionales ni abonar horas extraordinarias de personal de seguridad”.

La Diputación, por cierto, recuerda que el mismo promotor solicitó el año pasado el uso de la iglesia de San Luis de los Franceses (que gestiona la institución provincial) para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento, petición que fue “expresamente denegada” al conocerse el contenido y características de la actividad propuesta. En todo caso, se insiste en que no ha habido “ni cesión, ni patrocinio, ni colaboración, ni acuerdo” para el uso de la Casa de la Provincia, que no se firmó ningún documento, que la Corporación provincial no figura en ninguna lista de patrocinadores y que no hubo representación institucional.

Por lo que respecta a la denuncia presentada ante el juez, Iustitia Europa solicita la incoación de diligencias previas para esclarecer los hechos, identificar a las personas que intervinieron en las decisiones denunciadas y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse. La formación ha pedido además que se le notifique el auto de incoación para formalizar su personación como acusación popular y ejercer las acciones que correspondan.

A la tercera ha ido la vencida: el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado todos los permisos para cerrar el expediente que permitirá levantar un nuevo barrio de 700 viviendas en la zona norte de la ciudad, pegado al cementerio de San Fernando. De hecho, tan cerca del mismo que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha expresado hasta en dos ocasiones dudas con respecto al proyecto, que el gobierno local del PP ha solventado con una documentación con la que finalmente ha logrado convencer a las autoridades sanitarias de que los hornos crematorios del camposanto no tendrán un impacto negativo en la salud de los futuros residentes.

Los dos informes desfavorables previos se apuntaba que los análisis aportados por la promotora no recogían ciertos contaminantes asociados a la cremación, como dioxinas y furanos. Estas lagunas hacían que “no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición” a estos tóxicos, dudas que Sanidad sí considera ahora que han quedado despejadas.

La promoción en concreto ocupa los suelos de lo que en su día fue la fábrica de Cross San Jerónimo, a caballo entre el polígono industrial de este barrio y Pino Montano, a tiro de piedra del asentamiento chabolista de El Vacie. Ahora, una vez obtenidas todas las bendiciones administrativas, la propuesta se remitirá a la Consejería de Vivienda para que apruebe una operación urbanística que obligará a un cambio del PGOU, para recalificar como urbanizables unos terrenos que ahora tienen la consideración de industriales.

La VPO, a precio casi de vivienda libre

El paso previo ha sido su enésima votación en el pleno municipal, imprescindible para su remisión al Gobierno andaluz. La propuesta salió adelante con el respaldo de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU votaron en contra expresando no sólo dudas ambientales, sino también cargando contra la decisión de reducir a 280, un 60% menos, las VPO de la promoción, que en principio iba a ser íntegramente de pisos protegidos en alquiler.

Para justificar que de repente más de 400 viviendas hayan pasado a ser de renta libre, se esgrimió en el informe de turno que la nueva propuesta “aumenta la ratio de dotaciones de espacios libres y reduce la edificabilidad total”, de 720 a 686 unidades que incluyen las referidas 280 VPO. “Un nuevo pelotazo urbanístico” y “una barbaridad”, apuntó en el pleno la concejal Susana Hornillo (Podemos).

La cosa no ha quedado ahí, ya que el propio expediente urbanístico justifica este volantazo con el argumento de que en la actualidad el encarecimiento del precio medio por metro cuadrado de la VPO hace que las tarifas de los pisos libres se muevan en horquillas que “se enmarcan en el rango de los precios actuales para vivienda protegida”. La venta de estos hogares a precio de mercado, además, son los que permiten afrontar las cargas del correspondiente desarrollo urbanístico.

“Evita la negativa segregación”

De hecho, se llega a apuntar que al proyecto le interesa este cambio radical, ya que “posibilitar la vivienda libre en el ámbito no menoscaba en absoluto la capacidad de acceso a una vivienda, sino que más bien la facilita dadas las menores exigencias para el acceso a una vivienda libre que protegida”. Incluso se ensalza que “la incorporación de vivienda libre a la modificación evita la negativa segregación que puede producir una alta concentración de vivienda protegida”, con la idea de que “son las soluciones mixtas las que resultan más favorables para la convivencia”.

Pero al margen del brusco giro que se le ha dado a este proyecto de urbanización, la madre del cordero ha estado en si la cercanía de los hornos crematorios implica un riesgo para los que serán nuevos vecinos. En la propuesta de los promotores, se recoge que algunas de las viviendas estarán a sólo 120 metros de estas instalaciones.

El gobierno local subraya que, más que poner reparos, las autoridades sanitarias lo que han hecho es reclamar “aclaraciones” y más documentación. Tras informes desfavorables sobre el impacto en la salud que se emitieron en enero y septiembre de 2025, finalmente en enero de 2026 se daba el visto bueno.

La ampliación de los crematorios

“Se valoran positivamente el conjunto de medidas de protección y corrección propuestas”, señala el documento, que considera que las acciones propuestas “garantizarán una adecuada integración ambiental de la actuación”. Así se validó con la publicación en julio en el BOJA de la declaración ambiental estratégica, lo que ha dado pie a su aprobación en el pleno municipal antes de que la Consejería de Vivienda culmine el proceso.

Esto no ha convencido a la oposición de izquierdas, especialmente a Podemos-IU, que por medio de Susana Hornillo denunciaba en el último pleno que el informe aportado por la promotora “no habla de la futura reforma de los crematorios”, que se ampliarán y aumentarán así la emisión de contaminantes. En última instancia, la concejal admitía que no se fía de una autoridad autonómica que ha autorizado nuevos vertidos mineros al Guadalquivir que llevarán al río “85.500 millones de litros de aguas contaminantes”.

El proyecto original para dar uso a una parcela de 101.000 metros cuadrados que llevaba 20 años sin uso fue anunciado por el entonces alcalde socialista, Juan Espadas, en septiembre de 2021, aunque no recibió el visto bueno en sesión plenaria hasta marzo de 2023. Nada más aterrizar el PP, con José Luis Sanz como regidor, negoció con los propietarios del suelo (constituidos en una junta de compensación) una reforma radical de la propuesta que se anunció en diciembre de 2024 como un desbloqueo de la iniciativa.

Se cuenta con fundamento que un notable empresario de la restauración se vio un día con fray Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla. Con su propuesta debidamente encarpetada propuso al prelado el uso del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, antaño de la mezquita aljama, como lugar de eventos comestibles, espirituosos y celebraciones ilustres, con un amplio dossier de ejemplos que involucraban al mismísimo Vaticano.

Fray Carlos, franciscano que era, escuchó con gran atención e incluso interés en razón a los benéficos resultados que podría repercutir en su archidiócesis. Cuando terminó la reunión, fray Carlos dijo: “Perfecto, me ha convencido, es una idea brillante y ahora, ¿quién de los dos se lo cuenta a Antonio Burgos?”, y fuéronse.

Antonio Burgos era una especie de canciller de las purezas sevillanas. De origen izquierdista se había convertido en guardián de las esencias hispalenses; sus fetuas desde su almimbar o púlpito periodístico eran temibles, calcinaban a los pecadores. Pero ya no está. 

A falta de vigilante de la carcundia sevillana, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz es su gracia, no tuvo empaño en organizar un evento privado a la sombra de la Giralda y, por cierto, del Palacio Arzobispal. Para los forasteros conviene recordar que tanto la torre alminar de la antes mezquita mayor y la Catedral de Santa María de la Sede son Patrimonio de la Humanidad. Dicen los epígonos del regidor que para dar una buena imagen de Sevilla, la comilona se pobló con lo más granado de la nobleza venida a menos y la nueva nobleza emergente y del papel cuché aun con lamparones de papelones de pescao frito. Desde luego que entre lo más sevillano de esa nueva clase destacaban las americanas cortitas con el culito respingón y canillas al aire, que decía mi amigo Antonio, de Ricco Sardelli.

Este es el modelo de ciudad que han querido sus últimos gobernantes, pero es legítimo pensar en otra ciudad, en una alcaldesa o alcalde laico, de todos, respetuosa con lo que significa Sevilla

La Sevilla impresa apenas ha rechistado, y eso que entre los presentes había una nutrida presencia de aquellos que clamaron dolidos contra lo inapropiado de construir la torre Pelli, el edificio más alto de Andalucía, por rivalizar con la Giralda, a más de dos kilómetros y medio del ágape de postín. Igual decir de los ineficaces imitadores de Antonio Burgos, ingrávidos ellos. Para ser justos, la más honesta y sensata oposición ha sido protagonizada por un antiguo director del dicho columnero Burgos que ha sido señalado por ello y ferozmente desacreditado con argumentos de culpa dinástica propios de tiempos preconstitucionales o de Núñez Feijóo hasta que gane.

Es la privatización de amiguetes del espacio público, la venta vergonzosa de una ciudad que es de todos incluso contra las ordenanzas municipales, gracias a un alcalde pedestre. El espectáculo desde los bares aledaños que exhibían su reglamentario y ahora humillante “Prohibido sacar vasos a la calle” era apocalíptico. Los sevillanos y nuestros pacíficos visitantes no daban crédito: paso restringido, la ciudad secuestrada, la carcundia vendida, los pilares de la ortodoxia publicada sucumbidos sin pudor a merced de los dobles apellidos y los títulos nobiliarios sostenidos por subvenciones de la PAC, la clemencia judicial, o por el auxilio del Estado de los que se creen aún clase media.

Testigos presenciales silentes están escandalizados no solo por el sarao ilegal de estos okupas de la cosa pública sino por su falta de decoro en una ciudad que fue capital del Imperio, anafes, fregaderos, cántaras de aceite, traperío y otros enseres propios de un vivac rupestre a los pies del patrimonio de la Humanidad.

Se puede soñar, este es el modelo de ciudad que han querido sus últimos gobernantes, pero es legítimo pensar en otra ciudad, en una alcaldesa o alcalde laico, de todos, respetuosa con lo que significa Sevilla, “donde las almas torpes —según Chaves Nogales— cayeron en el panderetismo” y no una catetada sucesiva de dirigentes que no se merecen ni saben vestir el honor que les corresponde. Habrá que insistir, como resaltó Chaves Nogales en su libro dedicado a su ciudad: “Cuanto no se ha reflexionado en un año, se siente como tragedia en una hora. El destino bárbaro surge avasallador y nuestra alma se llena de una amargura imponderable”.

Quizá la primera tarea de esa nueva alcaldesa o alcalde debiera ser declarar a Sevilla ciudad abierta, y así pedir clemencia a los bárbaros.