El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), considera que su acuerdo presupuestario con Vox (para las cuentas de 2025 y 2026) ha funcionado “razonablemente bien”, y no sólo eso, sino que “a Sevilla le ha ido bien” con esta alianza. Por eso ha agradecido la “colaboración” de la formación de ultraderecha, porque con ambos de la mano “la ciudad ha ido a mejor” básicamente porque así “se rompió la parálisis que pretendía el PSOE”.

Éste es uno de los análisis que ha dejado el regidor este lunes, cuando ha hecho balance de sus tres años como regidor, que tuvieron su punto de partida el 17 de junio de 2023. El desatasco presupuestario gracias a Vox y a una cuestión de confianza en 2024 (que perdió, pero le posibilitó aprobar las cuentas) le ha permitido, según sus cuentas, cumplir ya con el 80% de su programa electoral a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

Y si no ha podido hacer más, asegura, ha sido básicamente por los socialistas. “Han faltado muchas cosas por hacer”, ha admitido, lo que no habría ocurrido “si no hubiéramos perdido el primer año por la irresponsabilidad de la oposición”, un bloque en el que la mayor culpa se la atribuye al PSOE pero en el que también están Podemos-IU y Vox durante los primeros meses de mandato. Nada nuevo bajo el sol: ya en el balance de su primer año el alcalde dijo que había podido hacer más por culpa de la “oposición irresponsable”.

Aparcado cobrar en la Plaza de España

Así que sí, Sanz está orgulloso de su alianza con Vox, que atribuye a que los de Santiago Abascal “pusieron los intereses de la ciudad por delante” de prioridades personales y políticas. Pese a ello, todavía hay cuestiones atascadas porque no cuenta con “mayoría suficiente”, sentido en el que se ha referido por ejemplo a cobrar la entrada a los turistas por visitar la Plaza de España, confirmando que su idea sigue siendo la misma pero que este año tampoco se abordará.

Lo mismo ocurre también con la nueva tasa de basura, que en principio se incluyó en el plan de ajuste que había que acometer por gastar más de lo que se ingresa, aunque hace pocos días se aprobó un real decreto que podría eximir al Ayuntamiento hispalense de tener que apretarse el cinturón. En este caso, Vox dijo 'no' en el pleno a este plan, a sabiendas además de que el PP no iba a aprobarle su moción sobre la implantación de su ansiada prioridad nacional en Sevilla.

Y de cara a 2027, año electoral, sabe que tiene complicado que Vox le vuelva a sacar las castañas del fuego con el presupuesto, a no ser que le dé lo más grande. Como la ley no permite volver a jugar la carta de la cuestión de confianza el último año de mandato, en el PP ya van haciéndose el cuerpo a que tendrán que prorrogar las cuentas de 2026.

Una Sevilla en “estado de dejadez”

Por lo que respecta al balance en sí de estos tres años, ha sido triunfal y sin mayor atisbo de autocrítica que ese “ha faltado mucho por hacer” o que la limpieza en las calles “todavía no ha alcanzado el nivel de perfección que me gustaría”. Eso sí, ha garantizado que en este 2026 “se va a notar un cambio muy sustancial”, con más presupuesto, maquinaria y personal, aunque de lo que más orgulloso está es de haber convertido a Sevilla en “capital de la vivienda protegida”, con 6.134 activados de los que 2.200 los impulsa el propio Ayuntamiento a través de Emvisesa.

“Unos hablaban mucho de viviendas y ponían pocos ladrillos”, ha asegurado con el PSOE de nuevo en el punto de mira, subrayando que su política en esta cuestión no sólo resuelve el problema a muchas familias, sino que también permite salir de la anterior “parálisis urbanística” y ha reactivado un “motor económico” como es la construcción. Con estos mimbres, su percepción de este trienio es “optimista”, básicamente porque asegura que recibió una ciudad en “estado de dejadez” y que, pese al “bloqueo de la oposición”, la capital “está en marcha y ha cogido velocidad de crucero”.

Eso contrasta con la Sevilla del PSOE, “permanentemente bloqueada y atascada”, una época en la que asegura que “se vendía mucho humo”. El PP, por su parte, asegura que ha adoptado el lema de “dicho y hecho”, gracias a que en tres años se ha manejado un presupuesto por encima de los 3.500 millones de euros que, según Sanz, convierten a su equipo en el gobierno municipal democrático que más ha invertido.

Cascada de números

En la avalancha de cifras que ha ofrecido, se incluye que se ha superado otra vez la barrera de los 700.000 habitantes, que se han creado o estabilizado 3.300 puestos de trabajo y que se han disparado los presupuestos de Lipasam y Tussam para reflotar la limpieza y la movilidad. A ello ha sumado 18 kilómetros más de carril bici, más de 15.000 árboles plantados, la recuperación de edificios históricos abandonados o el freno a la proliferación de pisos turísticos, que no es mayor porque defiende que la norma autonómica no permite ir más allá.

También se ha mostrado orgulloso de que el 21% del presupuesto municipal se destina a políticas sociales, que marcha viento en popa el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie o que Sevilla “ha dejado de ser una capital cultural secundaria”. Todo un contraste con una ciudad que “no funcionaba” y que, ha reiterado, ahora lo hace porque “vinimos a romper inercias”.

La llegada del calor a las aulas andaluzas este final de curso ha reactivado las protestas de la comunidad educativa en ciudades como Sevilla, donde las altas temperaturas se sufren más allá de la temporada estival. En algunos centros, el problema ya no es solo la falta de recursos económicos, sino los obstáculos administrativos y las limitaciones técnicas que encuentran a la hora de acometer mejoras de confort térmico en unos edificios cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento.

El CEIP Carmen Benítez, en el distrito Nervión de Sevilla, es uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que siguen encontrando algunos centros para combatir el calor en las aulas. Aunque la Junta de Andalucía le ha transferido fondos para la compra de equipos de climatización –dentro de la partida destinada al confort térmico de los centros educativos–, la instalación de sistemas fijos de aire acondicionado continúa sin materializarse. El edificio cuenta con limitaciones derivadas de su protección patrimonial y, según la dirección del centro, la instalación eléctrica actual tampoco reúne las condiciones necesarias para soportar la potencia que requerirían estos equipos.

Además, la normativa que regula estas ayudas limita el tipo de actuaciones que pueden ejecutarse con cargo a esos fondos, prohibiendo aquellas que requieran obras o modifiquen la estructura del edificio, y condicionando estas intervenciones a contar con el consenso y la autorización de la administración local como titular del inmueble. Entre las actuaciones contempladas, figuran la adquisición de equipos portátiles de climatización, la instalación de pérgolas, toldos o marquesinas, así como plantación de arbolado.

Las familias sostienen que la dirección lleva meses intentando desbloquear una solución que permita aprovechar estos recursos para resolver de forma definitiva un problema que afecta desde hace años a alumnado y profesorado. Temen que los retrasos acumulados acaben posponiendo la actuación durante otro curso más, ya que el curso termina el 22 de junio y los centros públicos tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para ejecutar las partidas transferidas por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado mes de noviembre.

Rechazo a los “parches provisionales”

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que ya han realizado las actuaciones necesarias para adaptar las instalaciones eléctricas y facilitar una futura climatización del centro. No obstante, señalan que, al tratarse de un edificio histórico protegido, no pueden autorizar la colocación de equipos en la fachada, una competencia que corresponde a la Comisión Provincial de Patrimonio. El Consistorio afirma además haber trasladado al centro distintas alternativas de climatización compatibles con las limitaciones patrimoniales.

No obstante, desde el centro explican que la actuación realizada por el Ayuntamiento fue “mínima” y se limitó a incorporar determinados elementos de protección eléctrica, sin acometer una adecuación integral de la instalación ni ejecutar el cableado necesario para soportar equipos de aire acondicionado. Asimismo, señalan que las alternativas planteadas pasan por sistemas de enfriamiento adiabático o climatizadores evaporativos a partir de hielo, una opción que tampoco convence a buena parte de las familias.

“No necesitamos parches provisionales”, sostienen desde la asociación de familias (AFA) del Carmen Benítez, que reclama la instalación de splits como opción más eficaz para combatir el calor en las aulas. La comunidad educativa insiste en que hay aulas que llegan a superar los 30 grados durante los episodios de temperaturas altas y exige aprovechar los fondos disponibles este curso para climatizar el centro con actuaciones que garanticen unas condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo asegura que gracias a su plan específico de confort térmico se han instalado 19.491 nuevos elementos de climatización en centros educativos andaluces, de los cuales 13.236 corresponden a sistemas de ventilación y aire acondicionado. Respecto a los plazos, fuentes del citado departamento consultadas por este periódico niegan que exista un riesgo inmediato de pérdida de los fondos y señala que las cantidades transferidas pueden ejecutarse hasta finales de septiembre y que, en circunstancias excepcionales, podría estudiarse una ampliación.

Pese a ello, la comunidad educativa del Carmen Benítez teme que la combinación de trámites administrativos, condicionantes patrimoniales y los tiempos propios de la gestión escolar vuelva a retrasar una solución definitiva para un problema que se repite cada año con la llegada del calor.

Nuevas movilizaciones contra el calor en las aulas

El caso del Carmen Benítez ejemplifica una situación que denuncian distintas asociaciones de familias en Sevilla. Según la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA) en la capital hispalense, el principal obstáculo ya no radica únicamente en la financiación, sino también en el “deterioro” de las infraestructuras escolares y en las dificultades técnicas para ejecutar las inversiones destinadas a mejorar el confort térmico de las aulas.

La federación sostiene que numerosos colegios públicos cuentan con instalaciones eléctricas “obsoletas” y “deficientes”, incapaces de soportar nuevos sistemas de climatización. Asimismo, denuncia que, ante esta situación, algunos equipos directivos estén recibiendo por parte de la administración local la recomendación de destinar los fondos concedidos a la compra de aparatos portátiles o climatizadores evaporativos sin salida exterior. A juicio de FAMPA Sevilla, “estos pingüinos portátiles resultan inútiles para rebajar las temperaturas en aulas a más de 30 grados con más de 25 alumnos y alumnas”, según critican en un comunicado.

La situación es especialmente compleja en centros históricos o protegidos patrimonialmente, como el propio Carmen Benítez, el CEIP Altos Colegios o el CEIP José María del Campo. Según FAMPA Sevilla, la ausencia de proyectos específicos para adaptar estos edificios a las nuevas exigencias climáticas está dejando a parte del alumnado sin soluciones estructurales frente a las olas de calor.

Tanto FAMPA Sevilla como el movimiento Escuelas de Calor vinculan estos problemas a la falta de desarrollo de la Ley andaluza de Bioclimatización, aprobada en 2020 y todavía pendiente de desarrollo reglamentario. Las organizaciones consideran que las ayudas y planes impulsados por la Junta no sustituyen la aplicación efectiva de una norma concebida para garantizar “una climatización estructural” en todos los centros educativos públicos. Por ello, anuncian nuevas movilizaciones coincidiendo con el final de curso y la llegada de las primeras olas de calor.

La prioridad nacional de Vox no se va a aplicar en el Ayuntamiento de Sevilla, al menos de manera formal y conforme a la propuesta punto por punto que ha llevado al pleno municipal. La formación de ultraderecha se ha quedado sola al no recibir el apoyo del PP, hacia quien en realidad iba dirigida la medida en el marco del preámbulo de los contactos que ambas formaciones van a mantener para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz.

Los populares han intentado enmendar la moción para suavizarla, aunque Vox no ha aceptado ninguna al entender que suponía poco menos que una enmienda a la totalidad. Pese a ello, la sangre no ha llegado ni mucho menos al río, lo que se ha traducido en que no se han atacado entre sí y ambas formaciones han acabado cargando contra los partidos de izquierda.

Sevilla ha sido la primera de las capitales andaluzas en las que ha aterrizado el que se ha convertido en principal caballo de batalla de los de Santiago Abascal, que ha pedido a sus grupos que presenten propuestas en este sentido en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El morbo añadido es que coincide en los tiempos con la negociación por la Junta de Andalucía, después de que se haya aceptado en Extremadura y Aragón para que el PP gobierne en estos territorios.

Mientras esto se debatía en el salón de plenos, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, le recordaba a Moreno que “o pacta o acuerda con Vox o con la izquierda”, y que sus compañeros del PP están aprobando en otras comunidades autónomas medidas de “puro sentido común” que tienen como mascarón de proa esta prioridad nacional. La medida, con una fuerte carga xenófoba y que incumple leyes fundamentales, aboga por discriminar a los extranjeros en el acceso a cualquier tipo de servicio o ayuda público para anteponer el criterio de la nacionalidad española.

El PP dice 'no' sin hacer sangre

La decisión del PP municipal, obviamente, no es un paso en solitario que dé el alcalde, José Luis Sanz (PP), sino que había sido debatida en el marco andaluz del partido ante las consecuencias que pueda tener. Aunque el 'no' de los populares en la capital de Andalucía le enseña un camino a Moreno (que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan), en principio no parece que esto vaya a provocar terremoto alguno en el ámbito autonómico, aunque sí ha habido un seísmo en el plano local: el gobierno municipal se ha visto forzado horas antes a retirar su plan de ajuste económico –obligatorio al gastar más de lo que ingresa– al saber que Vox no se lo iba a respaldar precisamente tras fracasar la negociación para darle viabilidad a la prioridad nacional.

La moción ha concitado así el rechazo de Podemos-IU, PSOE y PP, en una votación en la que en ese momento –el voto no era por concejal, sino por grupo– no estaba presente el alcalde, que a renglón seguido ha vuelto a entrar en el salón plenario. El portavoz popular, Juan Bueno, no ha hecho sangre de la cuestión en su turno (al fin y al cabo Vox es su aliado presupuestario y no le interesa tensar la relación), limitándose a señalar que algunas de las cuestiones incluidas en la moción “también nos preocupan, pero nuestro enfoque es diferente al de ustedes”.

“Tenemos prioridad nacional, no somos sospechosos de no defender a la nación española, pero nuestra prioridad nacional es la Constitución”, dando a entender aunque sin verbalizarlo que la propuesta de Vox es ilegal. Una Constitución que, “no como otros grupos de izquierda, vamos a seguir defendiendo porque nos representa a todos los españoles”.

Tras esta escueta primera intervención, en la segunda sí se ha prodigado más pero para responder a la concejal socialista que ha intervenido, Encarnación Aguilar, que ha defendido que su partido tiene “una estrategia” ante la falta de algo parecido en el PP. Bueno se ha limitado a preguntarse de forma retórica si la estrategia socialista es la de Rodríguez Zapatero y sus hijas, la de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la de José Luis Ábalos, la de Cerdán, la de Gaspar Zarrías o la del fiscal general del Estado”. “Y no se pongan nerviosos, que no soy de la UCO”, ha rematado un turno en el que no ha hecho mención alguna a Vox y su moción.

Vox, más contra la izquierda

A la sensación de que cada uno ha llegado con los papeles muy repartidos, y sin ánimos de romper la buena sintonía actual PP-Vox, ha ayudado también que en su réplica la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez, ha pasado de puntillas sobre el 'no' de los populares para concentrar sus ataques en PSOE y Podemos-IU. Peláez, por cierto, ha logrado asiento en el próximo Parlamento andaluz al ir como número 2 por Sevilla.

La moción exigía esta prioridad nacional poniendo a los migrantes como epicentro de todos los problemas de la sociedad española, ya que la “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Adobado de bulos y datos carentes de fuentes, llega a afirmar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”: busca “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”.

El texto responsabiliza a los nacidos fuera de España del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda e incluso de que haya pensiones bajas. Y llega a solicitar que se inste a la Junta a impedir que los inmigrantes ilegales “puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

“Ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”

Peláez, consciente de que muchas de las propuestas incluidas en la moción escapan a las competencias municipales, sí ha defendido que dos pueden articularse desde el gobierno local: “implantar” la prioridad nacional en el acceso a “todas” las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda de la administración local y “compartir” información del padrón con la Subdelegación del Gobierno para expulsar a todo el que esté en situación irregular. El PP ya le concedió en enero la satisfacción de un mayor control del proceso de empadronamiento, que defendió con el eufemismo de que se hacía para evitar que los migrantes sean estafados. 

La portavoz ultra ha esgrimido que su propuesta no es “ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”, sino acabar con algo “injusto” como que “una familia sevillana tenga que competir en igualdad de condiciones con personas que ni siquiera tienen residencia legal en España”. Ha insistido también en que es una iniciativa “legítima”, que “desde el punto de vista jurídico no supone exclusión” e incluso ha esgrimido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a implantar estas medidas.

Ha llegado a asegurar que, en la actualidad, “primero están los que acaban de llegar, los que le han dado una patada a la frontera”, criticando un “buenismo ideológico” que “favorece la ilegalidad”. De esto último ha culpado a los partidos de izquierda, contra los que ha lanzado diatribas más gruesas que contra el PP pese a que esta formación era la que tenía la llave para que prosperase su propuesta.

“Al final tragaréis en Andalucía”

Desde el PSOE, la concejal Encarnación Aguilar ha cargado contra las “barbaridades” y el “discurso xenófobo” que se recogen en el texto de Vox. “Han venido a traer discordia y persecución, a las mujeres primero y ahora van a por los migrantes”, un “odio al diferente” incluido en una moción que a su juicio no debería haberse aceptado para su debate en el pleno.

Además de recordar que, según la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP), varias de las propuestas son directamente un delito, ha lamentado que lo que se busca es “enfrentar a pobres contra pobres”. Eso sí, ha dado por hecho que en el ámbito autonómico los populares “están condenados” porque están “en manos de la extrema derecha” para gobernar en la Junta, “al final tragaréis en Andalucía porque no tenéis otra opción”.

Por Podemos-IU ha intervenido Susana Hornillo (Podemos), a la que el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ha llamado al orden por repetir que la propuesta de Vox es xenófoba, lo que ha llevado a la concejal a reprocharle que con su actitud “está defendiendo una moción racista y xenófoba que no debería haber sido aceptada por anticonstitucional y porque va en contra de los derechos humanos”. Una propuesta que se resume en que “las personas migrantes tienen la culpa de todo”, hasta de los problemas de vivienda (“y no los fondos buitre”) o del colapso del sistema sanitario (“y no los recortes y la privatización”).

“Sacarlos de la esclavitud”

Una vez conocido el 'no' del PP, se ha alegrado de que “este gobierno haya tenido esta reacción sensata”, porque lo contrario sería “blanquear” el discurso de Vox y que del Ayuntamiento “salgan discursos xenófobos y presentados con datos falsos”. Después de recordar que hasta la Conferencia Episcopal ha asegurado que la regularización extraordinaria ahora en marcha es una medida “ética y social”, ha incidido en que hablamos de personas que ya viven aquí, “es sacarlos de la esclavitud y el abuso en el que están”.

“Ustedes los necesitan pero quieren que sean invisibles, poder aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”, ha apostillado. Y en este sentido, ha recordado que el 72% de los trabajadores del sector servicios son extranjeros, con lo que con propuestas de este calibre “se cargan el modelo productivo de Sevilla entera”.

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.

El proyecto de ordenanza reguladora del uso del recinto monumental de la Plaza de España fija un período máximo de ocupación demanial para un mismo evento de 45 días naturales al año, en lo que a acontecimientos culturales, festivales, conciertos y espectáculos relacionados con la música y artes escénicas se refiere. En este sentido, se computa dentro de este plazo los días necesarios para el montaje, desarrollo y desmontaje de todas las instalaciones.

Así consta en la normativa elaborada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) del Ayuntamiento de Sevilla, avanzada por ABC y consultada por Europa Press. El documento contempla que en los supuestos en los que se sucedan cronológicamente, sin solución de continuidad, dos o más eventos distintos en el mismo espacio aprovechando las mismas estructuras e instalaciones, el periodo máximo acumulado de ocupación conjunta no excederá de 60 días naturales.

El texto establece que, excepcionalmente, en los eventos puntuales de alta intensidad y de carácter plurianual –ambos, con una duración total igual o superior a 21 días– y en los de carácter singular, “que por su excepcional relevancia aportan una especial proyección nacional e internacional al recinto monumental y a la ciudad”, cuando revistan “una especial complejidad técnica o logística avalada por los informes técnicos”, se podrá autorizar un período máximo de 45 días naturales para el desarrollo de la actividad, “disponiendo de un plazo adicional máximo de 15 días para montaje y desmontaje”.

Asimismo, tras la completa finalización y desmontaje de una ocupación, el espacio público afectado deberá permanecer libre de todo evento y abierto al uso común general durante al menos un mes natural. En este sentido, se exceptúan de esta limitación temporal los actos de estricto carácter institucional o aquellos declarados de urgencia e interés público por el Ayuntamiento.

Uso temporal y con interés justificado

El citado proyecto señala que los usos en el recinto monumental sólo se admitirán cuando su carácter sea temporal y respondan a fines de interés cultural, recreativo, turístico y/o social “de acreditada relevancia en condiciones compatibles con la protección del Bien de Interés Cultural (BIC) y su entorno, y con la seguridad ciudadana y accesibilidad”.

Al respecto, la ocupación requerirá una autorización demanial y, en su caso, una licencia para la realización de espectáculo de carácter ocasional (licencia de actividad), “sin perjuicio de los informes sectoriales exigibles conforme a la normativa aplicable”. El espacio al que se refiere la citada ordenanza comprende el área al aire libre de la Plaza de España –incluyendo la zona denominada Gran peatón, los cuatro puentes, la ría y el espacio central–, así como las vías colindantes de acceso: avenidas Isabel La Católica y Rodríguez de Casso.

De esta normativa se consideran actividades excluidas, entre otras, la publicidad exterior y venta ambulante, regulada por una ordenanza específica; las fiestas tradicionales como Semana Santa y Feria; actos electorales, y rodajes y producciones audiovisuales, que se regirán por su propia normativa, así como aquellas actividades “de escasa entidad que, por no necesitar instalaciones o por su mínima ocupación y duración, no constituyan uso común especial ni privativo”.

En todo caso, la competencia para otorgar, modificar, suspender y extinguir autorizaciones demaniales y las licencias de actividad ocasional corresponde a la GUMA, conforme a su estatuto y a lo dispuesto en esta ordenanza, y en la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades.

Mesa directiva de la coordinación del recinto

Para articular una gobernanza “verdaderamente transversal y eficaz” que “supere la tradicional dispersión administrativa”, la presente norma introduce como elemento innovador la Mesa Directiva de Coordinación del Recinto. Este nuevo órgano colegiado, integrado por los directores generales de las áreas estratégicas de Urbanismo, Cultura, Patrimonio y Turismo, asumirá de forma conjunta “la planificación de la programación anual, la valoración del interés público de las solicitudes y la resolución de posibles situaciones de concurrencia, garantizando una visión global y coordinada que proteja la excelencia del espacio”.

De este modo, corresponde a este nuevo órgano proponer y valorar la programación anual de eventos, velando por la sostenibilidad del recinto; informar, cuando proceda, los supuestos de concurrencia de solicitudes; proponer directrices técnicas y ajustes de carácter técnico en el marco de la ordenanza y fomentar la coordinación con servicios municipales y, en su caso, con otras administraciones.

En cuanto a su funcionamiento, se reunirá ordinariamente con periodicidad semestral y extraordinariamente cuando lo requiera la tramitación. Sus informes tendrán carácter técnico y no vinculante, salvo previsión expresa.

Por otro lado, los ingresos municipales derivados de la ocupación se aplicarán conforme a las reglas presupuestarias y de destino legalmente previstas. El Ayuntamiento podrá establecer instrumentos de planificación presupuestaria para priorizar actuaciones de conservación y mantenimiento del recinto monumental, según consta en este proyecto de ordenanza.

Régimen sancionador

Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de cuantía entre 60 y 3.005 euros; las graves contemplan multa de cuantía entre 3.006 y 15.025 euros, y las muy graves estarán tipificadas con importes entre 15.026 y 30.050 euros y/o con la extinción o revocación de la autorización demanial y en su caso de la licencia actividad ocasional, o ambas medidas, cuando la gravedad del daño patrimonial o del riesgo para la seguridad así lo justifique.

La imposición de sanciones será compatible con la adopción de medidas de restablecimiento del dominio público y de la legalidad (retirada, desinstalación, limpieza y restitución, clausura, precinto), con la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización de los daños y perjuicios causados.

La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.

La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.

Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.

El inmigrante como epicentro de todos los males

El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.

La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.

El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”

La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.

Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.

Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.

Discriminación de los españoles

Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.

La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.

Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria del cheque bebé con una dotación de 1,7 millones de euros, una medida que podrán solicitar, en esta primera edición, las familias con niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026. Esta medida fue una de las exigencias de Vox al PP para firmar su primer pacto, para aprobar el presupuesto de 2025, al que siguió otro similar para validar las cuentas del presente ejercicio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la ayuda económica será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total. Las ayudas se tramitarán en la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista que gestiona directamente Vox y que es el mayor logro que le ha arrancado al alcalde, José Luis Sanz (PP), junto a la Oficina Antidesahucios.

Por lo que respecta a las ayudas en sí, el solicitante (que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes) deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Deberá ser, además, español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Para solicitarlas habrá un plazo de 30 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En febrero del año pasado, los autobuses de Tussam comenzaron a limitar sus recorridos por el Polígono Sur tras varios apedreamientos a vehículos de la empresa municipal de transportes. Más de un año después, los vecinos denuncian que aquellas modificaciones “temporales” han derivado en recortes que afectan diariamente a las líneas 30, 31, 32 y A5, como señalan desde Nosotros también somos Sevilla.

“Los desvíos, cancelaciones de paradas e incidencias son constantes”, aseguran desde la plataforma vecinal que representa a los barrios con menor renta media anual por habitante de toda España. Una situación que perjudica especialmente a las personas mayores y con problemas de movilidad, pero también al alumnado que depende del transporte público para acudir a clase.

Precisamente en este último colectivo ha puesto ahora el foco la Coordinadora de Educación del Polígono Sur, que este miércoles ha registrado en el Distrito Sur 345 firmas de profesorado y alumnado mayor de edad de los centros afectados: IES Polígono Sur, IES Romero Murube, IES Antonio Domínguez Ortiz y el Centro de Educación de Adultos (Ceper) Polígono Sur. “Cercenar este servicio es cercenar la acción educativa porque supone añadir una dificultad más a la compleja labor de construir comunidad en nuestro barrio”, sostiene la plataforma.

En una zona marcada por la vulnerabilidad social y las elevadas tasas de absentismo escolar, la falta de una red de transporte estable y regular está desincentivando la asistencia a clase. “Muchos ciclos formativos se imparten en horario de tarde y el alumnado sale ya de noche: al no tener autobuses cerca, muchas chicas han dejado de asistir porque no se sienten seguras”, explica Pepa Borrego, miembro de la Coordinadora de Educación del Polígono Sur, minutos antes de entregar las firmas recogidas.

La voz de un barrio que denuncia abandono

Con esta acción, la Coordinadora de Educación del Polígono Sur quiere ser “la voz” de los estudiantes afectados por los recortes. “Como educadores, somos conscientes de la importancia de la educación para hacer barrio y esto es inviable sin servicios básicos fundamentales como las redes de transporte”, defienden desde la organización vecinal.

La plataforma denuncia además que la reducción del servicio está agravando la desconexión del barrio con el resto de Sevilla. “Cuando el Ayuntamiento priva al Polígono Sur de un servicio básico como el transporte público, está discriminando gravemente a sus vecinos y dejando claro que, para el gobierno municipal, hay barrios de primera y barrios de segunda”, lamentan.

Asimismo, los recortes en los itinerarios de las líneas de Tussam han acrecentado “la sensación de abandono” que atraviesa a estos barrios, los más pobres de España, “provocando además un aumento de la inseguridad que sufren los vecinos y vecinas de Polígono Sur”, en palabras de los representantes vecinales. “No podemos seguir callados sin alzar la voz ante la injusticia continuada a la que se está sometiendo al Polígono Sur: si continúan estos recortes, estamos segregando y discriminando un barrio”, clama la plataforma que integra al tejido asociativo de este distrito.

De medida excepcional a problema permanente

Los cambios en las líneas 30, 31 y 32 se implementaron en febrero de 2025 como una medida excepcional ante los actos vandálicos sufridos por los autobuses de Tussam. Como medida de seguridad para los conductores, el Gobierno local planteó recorridos alternativos y paradas provisionales que evitaban determinadas zonas del distrito.

Los vecinos empezaron a movilizarse cuando aquel dispositivo temporal se consolidó con el paso de los meses. “Lo que comenzó como un cambio esporádico se ha convertido en un cambio de recorrido permanente de estas líneas, dejando a unas 5.000 familias de los barrios de Murillo, Martínez Montañés, Letanías y Antonio Machado sin servicio de transportes urbano de forma indefinida”, apuntan desde Nosotros también somos Sevilla.

Hace ahora un año, el Ayuntamiento hispalense anunció el restablecimiento del recorrido habitual de las líneas de Tussam por el Polígono Sur, horas antes de que la plataforma vecinal celebrara una nueva protesta después de tres meses sin servicio. Sin embargo, lejos de solucionarse el problema, los residentes denuncian que continúan conviviendo con constantes desviaciones y cancelaciones de paradas.

Este periódico ha consultado al Gobierno municipal sobre el estado actual de las líneas afectadas, los desvíos que siguen vigentes, los motivos por los que determinadas zonas del distrito siguen sin servicio y la fecha prevista para recuperar por completo los recorridos habituales de Tussam en el Polígono Sur. Hasta el momento, no ha obtenido respuesta.

Los vecinos, por su parte, explican que el problema ya no se limita a la supresión de determinadas paradas, sino que “cada vez con más frecuencia, de manera aleatoria y sin aviso previo”, los autobuses ya no acceden al Polígono Sur y finalizan su recorrido en Ronda de la Oliva, en el entorno del parque Celestino Mutis o en la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco. “Durante las tardes y durante los fines de semana los desvíos y cancelaciones, de los que no se informa a vecinos y vecinas, son una constante”, aseguran.

Esta situación obliga a numerosas familias a caminar entre 20 y 30 minutos para llegar a sus casas, “con especial impacto en personas mayores, menores y vecinos con movilidad reducida”. La plataforma vecinal prepara ahora una nueva campaña de recogida de firmas dirigida al conjunto del vecindario, con el objetivo de seguir exigiendo al Ayuntamiento “la restitución inmediata de todos los servicios de transporte público recortados en el barrio”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que presentará un nuevo plan de ajuste económico-financiero, al que está obligado por ley, al incumplir la regla estatal de gasto y de sostenibilidad presupuestaria. Una de las causas principales es que, al no aprobarse, no se está cobrando la obligatoria nueva tasa de basura que llega vía Europa para garantizar el tratamiento y reciclado de los restos, lo que ha provocado un agujero en el presupuesto municipal.

“Tenemos un desajuste, que implica la necesidad de ese plan, pero la salud financiera del Consistorio es buena”, ha defendido el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno (PP). Existe “músculo financiero” y , si se ha llegado a esta situación es por la no aprobación de la tasa de basura, “un importe que tenemos que abonar sí o sí” y que por tercera vez se va a intentar aprobar, y la de telefonía, “que tampoco se está cobrando porque está recurrida”.

“Hemos sobrepasado la regla de gasto en 95 millones y la de estabilidad, en 25,1 millones de euros”. Ello se debe también, ha añadido el concejal, al hecho de incrementar “de manera notable” el nivel de ejecución de las inversiones, “como ningún gobierno local ha hecho antes”. En este sentido, es un coste que el equipo de gobierno está “dispuesto a asumir”. En 2022, ha abundado al respecto, el Ayuntamiento se gastó 806 millones, y el pasado año, 989 millones.

No se reduce el gasto público

El obligatorio plan de ajuste ya ha sido presentado a los grupos de la oposición, antes de que sea llevado a la Junta de Gobierno Local este viernes. No obstante, Bueno ha remarcado que el plan no contempla “ni reducción del gasto público ni subida de impuestos; es más, se allana el camino para sucesivas bajadas”.

Bueno también ha remarcado la idea de que existe un remanente de tesorería de 62,3 millones de euros y que la deuda viva se sitúa en el 9,3%, “cuando se permite llegar al 70 y Barcelona, por ejemplo, está en el 40”. A esto ha añadido que el periodo medio de pago a proveedores está fijado en 27,3 días, “muy por debajo del límite que permite la ley”.

Los sindicatos y un grupo de policías locales piden la readmisión “urgente” del jefe del Centro de Control de la Policía Local de Sevilla, encargado de la atención del 092 y de las redes sociales del cuerpo bajo el usuario Emergencias Sevilla. Las organizaciones tuvieron conocimiento del cese el viernes pasado después de que el Ayuntamiento hispalense responsabilizara al mando policial, A. B., de que no hubiera efectivos para atender el turno nocturno de un fin de semana. A pesar de lo esgrimido, CSIF y Sppm señalan que los trabajadores tenían una baja médica y, a causa de la infrafinanciación del servicio, no había operadores para atender las llamadas de las noches del 11 y 12 de abril.

El Ayuntamiento reitera a esta cabecera que “no se trata de un cese” ni tampoco de una degradación en el rango del profesional, ya que sigue cosntando como subinspector. Sin embargo, Luis Val, presidente de Sppme, discute que, aunque no lo quieran denominar como “cese”, ejerce las funciones desde el año 2023. “Tenía atribuciones temporales como jefe del Centro de Control, como muchas otros nombramientos caducados que hay en el cuerpo y para los que no se ha tomado ninguna medida”, critica. En todo caso, relaciona esta destitución con “una pugna” entre la administración y el cargo, quien “ha aportado sus conocimientos técnicos” en este periodo. Es más, el afectado acudió en marzo de este año al congreso internacional Local Security, en Barcelona como responsable del centro y recogió en nombre de la corporación local el premio USECIM por las buenas prácticas en seguridad pública.

Programas en proceso de implantación

“Cuando de un día para otro, sin explicación ni motivo, te dicen que te tienes que desplazar: es un cese”, determina Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, ya que el agente volverá a su puesto en el Distrito de Bellavista, donde tenía destinada su plaza. Entre las atribuciones del subinspector, la organización destaca que estaba dirigiendo la implantación de un nuevo programa de gestión en la Sala de Transmisiones y, también, la integración del servicio de emergencias 112 en el sistema informático, un proyecto que lideraba personalmente.

Al respecto, Raposo considera que la decisión se tomó “sin tomar ninguna consideración”, ya que el subinspector era el cargo “habilitado”, por lo que se pregunta cuáles serán las medidas que aplique la administración para garantizar ahora su correcto funcionamiento. “El concejal de Seguridad, Ignacio Flores, lleva tres años siendo un incompetente”, zanja. “No hay suficientes policías en el Centro de Control y las carencias se estaban supliendo con servicios extraordinarios”, detalla, “ahora bien, como no hay dinero, no hay efectivos y, si hay una o dos bajas, ya no hay personal para cubrir los puestos”. Entre los hechos y la decisión del Ayuntamiento ha pasado más de un mes, una cuestión que el sindicato atribuye a que se acusó al cargo cesado de facilitar una huelga encubierta: “Lo han responsabilizado”.

A raíz de lo sucedido, el representante de Sppme exige que, de la misma forma que se ha justificado el cese porque es una atribución temporal caducada, se debería aplicar en otros miembros de la corporación que están en las mismas circunstancias, “que se haga con todo el mundo”.

Para Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, la cosa tiene que ser algo parecido a lo de Pedro Sánchez, cuando soltó aquello de que “no dormiría tranquilo por las noches” con ministros de Podemos y pocos meses después tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente. Ahora, Moreno alerta de que hasta se podrían bloquear las oposiciones si quedase en manos de Vox, que no desea en absoluto verse abocado a un pacto que en última instancia no descarta porque, insiste, eso lo decidirán los andaluces el 17M.

Pero la realidad es que ya se vio en este trance y lo asumió gustoso en 2019: fue el primer dirigente en España en aliarse con la ultraderecha para así llegar a San Telmo. Pero como ha llovido mucho desde entonces, en estos últimos años es el Ayuntamiento de Sevilla el que se ha convertido en el auténtico laboratorio para ensayar cómo sería la convivencia entre ambas formaciones llegado el caso.

La cuestión tiene sus matices, empezando porque Vox puede bloquear el nombramiento de Moreno y eso no es posible con un alcalde, en este caso José Luis Sanz (PP), porque en un consistorio gobierna el aspirante que recibe más votos en el pleno de investidura por mucho que no tenga mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal además aprendieron de su experiencia de 2019 –no dejan de denunciar que fueron engañados por el PP andaluz– y ahora tienen entre ceja y ceja entrar en los gobiernos, como ya han conseguido en Extremadura, Aragón y acabará pasando en Castilla y León.

Y así precisamente empezaron las cosas para Sanz, con un Vox enfurruñado porque no le hizo hueco con mando en plaza, lo que le llevó a augurar que estábamos ante un “gobierno inestable”. Aquello fue en junio de 2023 y dicho y hecho, porque durante casi año y medio la formación de ultraderecha votó en contra de todo lo que llevó el PP al pleno, dándose la pintoresca circunstancia de que la izquierda (PSOE y, en menor medida, Podemos e IU) le fue sacando las castañas del fuego a los populares.

Del amago de pacto a la cuestión de confianza

La cosa llegó a tal punto que el alcalde renunció incluso a presentar el presupuesto, hasta que en mayo de 2024 se precipitaron los acontecimientos. Primero hubo un amago de pacto para meter a Vox en el gobierno local que el propio Moreno abortó en el último minuto, y a renglón seguido el regidor pareció descubrir el as que le guarda la Ley de Régimen Electoral General (Loreg): una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

Como era imposible que izquierda y ultraderecha se pusieran de acuerdo para presentarle una moción de censura, Sanz perdió el trance pero ganó un presupuesto, y a la vuelta del verano se encontró a Vox más suave que un guante cuando precisamente en el ámbito nacional las cosas estaban especialmente tensas con el PP. Una vez desarmada la opción de bloquear el presupuesto, que era la mayor herramienta de presión que tenían, de repente los de Abascal se pusieron a aprobarle propuestas a los populares, empezando por la limitación de pisos turísticos.

Aquella amistad acabó en noviazgo en enero de 2025, cuando rubricaron su nueva etapa de entendimiento con un pacto –bendecido por el propio Juan Manuel Moreno– para aprobar el presupuesto, lo que incluía meter de lleno por primera vez las políticas de la extrema derecha en el Ayuntamiento hispalense. Y eso que Sanz decía que no quería abrir debates ideológicos... Eso sí, cada uno en su casa, porque Vox se quedó en la oposición y ahí sigue, aunque aprobando casi todo lo que haya que aprobar e incluso defendiendo al gobierno local, al que a veces en la práctica parece pertenecer.

Igualdad, inmigración, oficina antiaborto...

¿Y en qué se ha traducido esta alianza presupuestaria, que se renovó para las cuentas de 2026? Pues en que el PP le ha comprado medidas que no son económicamente muy costosas, pero que suponen victorias para Vox porque ha logrado introducir algunas de sus obsesiones programáticas. Ya lo avanzó su portavoz, Cristina Peláez, en aquel pleno de investidura en 2023: “erradicar las políticas de izquierda”, combatir “la falsa memoria histórica que desentierra muertos por unos votos”, acabar con la “propaganda de género”, liquidar el “fanatismo climático” y una lucha decidida “en defensa de la vida”.

Todo esto se ha traducido en recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad y auténtico superhéroe de la extrema derecha local) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal. Pero las dos grandes joyas de la corona, que gestionan directamente responsables puestos por Vox, son la Oficina Antidesahucios y, sobre todo, la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es el mayor orgullo de los de Santiago Abascal.

En la reedición del pacto presupuestario para 2026, han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja. Pero la medida estrella, en sintonía con lo que ocurre en el ámbito nacional, está en la inmigración, en este caso en un mayor control del padrón, que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados.

Como guinda, la prohibición del burka en espacios municipales exigida por Vox, pese a que el gobierno local admite que a día de hoy no puede aplicar legalmente esta medida. Y luego, sin necesidad de firmarlo con la ultraderecha, el PP le ha dado satisfacciones como la liquidación de todo lo relacionado con memoria histórica, hasta el punto de renunciar a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

Más logros municipales que autonómicos

En definitiva, que Vox ha logrado filtrar toda su retórica y buena parte de su agenda en la gestión política de la capital de Andalucía, y eso que no ha llegado a entrar en el gobierno. El PP, por su parte, minimiza el impacto, se limita a decir que no hay recortes en cuestiones como igualdad o le vale con correr un telón de ambigüedad: la oficina antiaborto lo que impulsa es la maternidad, y nadie puede estar en contra de ayudar sobre todo a madres con pocos recursos. Sanz lo dejó claro al aprobar el presupuesto de 2025: “Aquí no veo ningún partido de ultraderecha”.

En la práctica, Vox ha conseguido así más que en el ámbito andaluz pese al acuerdo que rubricó con el PP en 2019, en el que introdujo buena parte de su palabrería (inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”...) pese a que la comunidad autónoma no tiene competencias. En la negociación posterior para el primer presupuesto de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz, ese mismo año, sí logró su ansiado teléfono de “violencia intrafamiliar”, que sigue activo pero con magros resultados: el 66% de las llamadas se atienden en realidad desde otros servicios de asistencia gratuita del Gobierno andaluz.

Moreno insiste en su mensaje de la “mayoría de estabilidad”, que todo lo demás “es un lío”, pero no cierra la puerta a pactar con Vox si las cuentas no le salen. El peaje a pagar será mucho más alto que en 2019, porque Vox quiere sillones y se empezarían a aplicar políticas que arañarían el perfil moderado que con tanto esmero ha construido el presidente andaluz. Eso sí, de la foto de aquel primer pacto con Vox, con cuatro protagonistas, el único superviviente político es él...

La Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD) ha denunciado que los presupuestos municipales del Ayuntamiento hispalense en 2026 recortan la cooperación al desarrollo un 83,17%, al pasar de más de dos millones de euros en 2025 a apenas 43.000 euros. “Todo ello mientras el presupuesto municipal global crece hasta los 1.096 millones”, señala la entidad en un comunicado difundido por esta red que agrupa a organizaciones de Sevilla y provincia comprometidas con la cooperación internacional y la acción humanitaria.

El recorte se enmarca en la alianza consolidada entre PP y Vox para sacar adelante las cuentas de 2026, la misma fórmula utilizada por el Gobierno de Sanz para aprobar el presupuesto de 2025. Las enmiendas planteadas por la formación de ultraderecha y aceptadas por el PP se tradujeron en nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la cooperación al desarrollo. Fuentes municipales consultadas por este periódico confirman que la reducción presupuestaria en materia de cooperación ronda el 83 %.

En este contexto, ASONGD defiende que “proteger a quienes enfrentan mayores dificultades es una responsabilidad innegociable de las instituciones democráticas y no debe subordinarse a la aritmética de los pactos de gobierno”. La organización recuerda además que el caso de Sevilla “no es aislado”: “En Extremadura y Aragón, los acuerdos entre PP y Vox han aplicado medidas prácticamente idénticas”. También allí, las coordinadoras de ONGD han denunciado que los derechos humanos se conviertan “en herramienta de presión política”.

Desde ASONGD explican que, durante los últimos meses, la organización ha mantenido “una actitud constructiva y abierta al entendimiento con el gobierno municipal de José Luis Sanz” (PP) con el objetivo de buscar una solución al “drástico recorte aprobado en los presupuestos de 2026”. Ante la falta de una “respuesta efectiva” por parte del Ayuntamiento, las ONG para el desarrollo sevillanas han iniciado una campaña de denuncia pública para informar a la ciudadanía “de lo que está en juego”.

¿Qué está en juego?

ASONGD recuerda que la cooperación sevillana desarrolla proyectos en 20 países de África, Sudamérica y Asia, relacionados con el acceso al agua, la igualdad de género, la salud comunitaria o la respuesta humanitaria, entre otros ámbitos, beneficiando a más de 134.000 personas. En Sevilla, además, más de 23.000 personas participaron en acciones formativas sobre derechos, democracia y desigualdad global.

“Este recorte paraliza ese trabajo y aboca a las ONGD a despidos y congelación de contrataciones”, advierten desde la red de organizaciones para el desarrollo. “Con este recorte, Sevilla abandona a las grandes ciudades españolas comprometidas con la solidaridad internacional y rompe una tradición que había caracterizado a todos sus gobiernos municipales anteriores, de distinto signo político”, añaden desde ASONGD.

Asimismo, la coordinadora sevillana denuncia que “la decisión se ha adoptado al margen del Consejo de Cooperación al Desarrollo —instrumento democrático creado para garantizar la participación de la sociedad civil— sin ofrecer explicación pública alguna”.

Por todo ello, las entidades de cooperación al desarrollo instan al Ayuntamiento hispalense “a rectificar y a comprometerse con una dotación presupuestaria digna”. ASONGD asegura mantenerse abierta al diálogo y a la colaboración institucional para construir “una senda de recuperación presupuestaria que devuelva a Sevilla el papel que le corresponde”. En todo caso, advierten de que “para dialogar hace falta voluntad política real” y avisan: “Ante la apuesta por la confrontación y el recorte, encontrarán por nuestra parte movilización y denuncia”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este viernes la propuesta de Honores y Distinciones de la Ciudad de Sevilla 2026, entre los que se encuentran como Hijos Predilectos el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo o el torero Morante de la Puebla, además de otros destacados en las Medallas de la Ciudad como la Inmobiliaria del Sur (Insur), la Papelería Ferrer o el fundador de Scalpers, Borja Vázquez.

Según ha detallado Sanz en declaraciones a medios en la Casa Consistorial, la propuesta se llevará al pleno del próximo 14 de mayo, si bien el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, tendrá lugar el 30 de mayo a las 11:30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Fibes).

Así, el primer edil ha destacado a Gordillo como “el pintor contemporáneo más importante de España en este momento”, mientras que ha subrayado que Morante es “una de las grandes figuras del toreo contemporáneo” y un hombre “imprescindible hoy en día en la Tauromaquia”.

Medallas de la Ciudad por categorías

Asimismo, serán destacadas otras personalidades, entidades o establecimientos, como la Casa Palacios o el Bar Blanco Cerrillo entre los Espacios Emblemáticos de la Memoria de Sevilla, la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostos, en la categoría de Contribución a la Ciencia y Salud o el jinete olímpico sevillano Luis Astolfi, en el apartado de Méritos Deportivos. Cabe mencionar que este año no serán reconocidos Hijos Adoptivos en la ciudad.

De esta forma y por modalidades, en la categoría de Trayectoria Profesional serán distinguidos el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Alfonso Carmona, dado que “ha dedicado toda una vida a la salud infantil y a impulsar la excelencia médica”; y la directora de BBVA España, Cristina de Parias, así como María del Rocío y Carmen Padilla, del Bar El Tremendo, por sus “más de sesenta años” detrás de la barra de esta “institución en la hostelería sevillana”.

En la modalidad de Impulso Económico y Empresarial han sido distinguidos la Inmobiliaria Del Sur (Insur) por su “contribución al crecimiento económico de la ciudad”; el presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera Vallejo, por su liderazgo “ejemplar, basado en el emprendimiento basado en el mundo de los seguros desde hace más de cuarenta años”; Agro Sevilla, una “empresa sevillana que lleva el nombre de Sevilla por todos los rincones del mundo”, y la empresaria Rocío Medina, del Grupo Medina, calificada por el alcalde como una “empresaria ejemplar” en el sector de la “agricultura moderna, sostenible” y “ejemplo de talento femenino”.

En cuestión de Labor Emprendedora y Talento Sevillano han sido distinguidos el empresario sevillano y fundador de la conocida marca 'Scalpers', Borja Vázquez; la Escuela Técnica Superior de Ingeniería por el equipo Andalucía Racing Team (ARUS), “ejemplo de talento, innovación y de la formación de los jóvenes sevillanos que se forman en esa magnígica Escuela”, y la compañía aeroespacial de Sevilla 'Alter Technology', por “su participación en el último proyecto que ha visitado la Luna, a la vanguardia de la aeronáutica aeroespacial en nuestro país y en Europa”.

Por el Fomento del Arte, la Cultura y el Patrimonio serán destacados la galertista Juana de Aizpuru, una “figura decisiva que convirtió Sevilla en la capital de vanguardia de la industria artística”; a título póstumo el humorista Pepe Da Rosa, por “trasladar el humor sevillano y andaluz a toda España”; la bailaora Pepa Montes y el guitarrista Ricardo Miño, dos “embajadores del alma del flamenco sevillano en los escenarios de todo el mundo”, y el arquitecto y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfonso Jiménez Martín, por llevar “toda una vida dedicada a conservar y engrandecer el Patrimono Histórico” de la ciudad hispalense.

En referencia al Fomento de las Tradiciones de Sevilla se nombrará Medalla de la Ciudad a la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol y a la Asociación Cultural Cabalgata Su Eminencia. Por la Labor Social, serán reconocidos la Hermandad del Inmaculado Corazón de María-Torreblanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Club Deportivo Padre Pío por “llevar el deporte base a todos los rincones de la ciudad, a todos los barrios” y el Hogar Nazaret, que “desde hace décadas desarrolla una labor silenciosa acogiendo y atendiendo a niños en situación de vulnerabilidad”, según Sanz.

Algunos Espacios Emblemáticos de la Memoria de Sevilla diferenciados serán la Casa Palacios, el Bar Blanco Cerrillo, localizado en la Calle José de Velilla; la Papelería Ferrer, un “negocio histórico de la Calle Sierpes”, o El Cronómetro. Por su contribución a la Ciencia y la Salud se nombrará a la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostos y la jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, Margarita Cabanás.

Por último, en la categoría de Labor Comunicativa serán distinguidos el periodista y director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, “22 años al frente del ABC de Sevilla” o el también periodista Carlos Colón, por relatar “a diario la ciudad, como nadie lo hace”. En la modalidad Méritos Deportivos serán nombrados el jinete olímpico sevillano Luis Astolfi y el Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que “ha hecho historia, por primera vez un equipo sevillano está en la primera división del Balonmano nacional”.

La premiere mundial de la segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel', titulado 'Berlín y la dama del armiño', que se celebra este viernes y sábado en Sevilla, acogerá diversos eventos destacados organizados por Netflix. Entre ellos, el concierto de Rosalía junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este sábado, una actuación que obligará a establecer cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad.

En concreto, en la calle Laraña, el tráfico rodado quedará totalmente cortado desde las 05:00 horas de este viernes hasta las 07:00 horas de este sábado, en el tramo comprendido hasta la calle Imagen. A pesar de esta restricción, el itinerario peatonal permanecerá abierto con normalidad durante todo el periodo, según ha informado el Ayuntamiento.

Por su parte, la calle Campana estará cerrada al tráfico entre las 16:00 horas de este viernes y la medianoche de este sábado. Durante ese intervalo se permitirá de forma excepcional el acceso de autobuses y taxis hasta la calle Laraña, mientras que el tránsito peatonal no sufrirá alteraciones.

Asimismo, se ha establecido una reserva de espacio en las calles Laraña y Campana entre las 15:00 horas de este viernes y las 02:00 horas de este sábado, destinada a las necesidades logísticas del evento.

Cortes en torno al puente de San Telmo

En la calle Betis, las afecciones se extenderán del sábado al domingo, con un corte total del tráfico rodado desde las 16:00 horas de este viernes hasta las 08:00 horas de este sábado. El desvío obligatorio se realizará por la calle Troya. Además, se restringirá parcialmente el acceso peatonal en el lado izquierdo de la vía, el más próximo al río.

El puente de San Telmo también se verá afectado entre este viernes hasta el domingo. En concreto, se cortará el acerado peatonal situado junto al restaurante Río Grande desde la medianoche de este viernes hasta las 07:00 de este domingo. Para garantizar la movilidad, se habilitará un carril peatonal provisional en la calzada, en el lado del Círculo de Labradores, lo que supondrá la reducción de un carril de salida en dirección a Los Remedios. El tráfico rodado permanecerá abierto, aunque condicionado por esta modificación.

Finalmente, la zona de Marqués de Contadero permanecerá cerrada durante toda la jornada del 8 de mayo debido a la realización de pruebas técnicas, así como ensayos de sonido e iluminación relacionados con el evento.

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla le dedique una calle de la ciudad a la periodista Lucrecia Hevia Bertrand, fundadora y directora de elDiario.es Andalucía. La iniciativa se ha puesto en marcha justo el día que se han cumplido diez meses de su fallecimiento.

La APS traslada esta solicitud al gobierno local que preside José Luis Sanz para que acoja la propuesta “en gratitud a la generosa contribución y legado con el que Lucrecia Hevia ha impulsado, y en su recuerdo todavía impulsa, el progreso de Sevilla y Andalucía”, señala la asociación en un comunicado.

La firma para apoyar la iniciativa se puede realizar a través de este enlace. En el texto que acompaña la solicitud, se recuerda que Lucrecia Hevia “era periodista y buena persona”. Fundó y dirigió elDiario.es Andalucía, edición regional de elDiario.es, durante 12 años, hasta que murió de cáncer, con 49 años, el 7 de julio de 2025.

“Carácter alegre y conciliador”

“Trabajadora incansable y madre de dos hijas, esta madrileña, de origen asturiano, de principios tan firmes como carácter alegre y conciliador, eligió Sevilla para vivir y para poner en marcha, con su patrimonio, su entrega y su talento, un periódico innovador y comprometido”. Su objetivo, apunta la petición, era que recogiese las necesidades, iniciativas y también los puntos de vista de trabajadores, empresarios, activistas, creadores, personas vulnerables, “en definitiva, de la ciudadanía en su conjunto”, sobre los asuntos políticos, económicos, sociales, sanitarios, educativos, ecológicos y culturales de las ocho provincias andaluzas.

“Gracias a Lucrecia Hevia, Andalucía y Sevilla, ciudad y provincia para las que, en 2023, creó la edición local SevillaelDiario.es, han contado y cuentan con un periódico de probada solvencia e inquebrantables compromisos democráticos y feministas”. Su trabajo le fue reconocido en vida con galardones como el Premio Luchadoras de UGT-A (2022), el Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla (2023), el Premio Andalucía de Periodismo de la Junta de Andalucía (2016) y el Premio Plaza de España de la Delegación del Gobierno en Andalucía (2024).

Un periódico al servicio de la ciudadanía

Su objetivo fue “crear un periódico al servicio de los más de ocho millones de andaluzas y andaluces”, lo que llevó a cabo en 2013 desafiando la crisis económica y la de la propia industria de la comunicación que imperaban en 2013. Su impulso hizo que también cristalizara en 2023, en el décimo aniversario de elDiario.es Andalucía, a funar los Premios Gente de 10 de Andalucía.

Con la petición que impulsa la APS, se solicita al Ayuntamiento hispalense que una calle de la ciudad lleve su nombre no sólo como muestra de gratitud a su “generosa contribución y legado”, sino también como reconocimiento de que su labor impulsó “la mejora de la vida” de la gente. “Y que lo haga, también, para que el recuerdo de su nombre, en el callejero, sirva de faro e inspire a seguir su ejemplo”.

La recogida de firmas está abierta a todo el que desee apoyar la iniciativa, por lo que desde la APS se invita a compartir esta petición. Para que la firma tenga validez, deberá ser confirmada clicando en un enlace en la dirección de email facilitada durante el proceso de firma.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha admitido la denuncia presentada por el PSOE contra la retirada de carteles electorales de su formación en Sevilla capital, en el marco de la campaña electoral de los comicios andaluces del próximo 17 de mayo.

Así lo ha confirmado este lunes el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, a preguntas de los periodistas, en una atención a medios junto al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

El PSOE denunció este pasado domingo la retirada por parte del Ayuntamiento de Sevilla de carteles electorales del partido en diferentes zonas de la ciudad, algo que desde las filas socialistas tacharon de “muy grave y antidemocrático”.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz (PP), se señaló que se había retirado cartelería de “todos” los partidos en diferentes zonas de la ciudad después de que la inspección de Alumbrado Público hubiera detectado banderolas que “ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos, suponiendo un riesgo para los viandantes”.

24 horas para explicar los motivos

Este lunes, el también candidato número dos del PSOE al Parlamento por la provincia de Sevilla ha apuntado que “ha sido admitida la denuncia” que su partido presentó al respecto ante la Junta Electoral de Zona, desde donde “dan un plazo al Ayuntamiento de Sevilla de 24 horas para contestar”, según ha avanzado Recio.

De esta manera, desde el Consistorio tendrán que dar a la Junta Electoral “los motivos” por los que han retirado las banderolas, según ha abundado el 'número dos' de la candidatura socialista por Sevilla.

Por su parte, Antonio Muñoz ha indicado que a él no le “consta que se hayan retirado banderolas del Partido Popular” en Sevilla, y “tanto en redes” sociales “como en imágenes de las televisiones” lo que ha visto es la “retirada” de estos carteles de “partidos de izquierda, y del PSOE concretamente”, ha remachado el exalcalde de la ciudad.

Tras los fuegos artificiales que la pasada medianoche pusieron punto y final a la Feria de Abril 2026, este 'lunes de resaca' ha tocado hacer balance de lo acontecido pero con la mirada puesta ya en la edición de 2027, que se avecina como la más grande de la historia con motivo de la ampliación del recinto ferial. La “Feria de los récords” de 2026 para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, deja una impronta muy positiva ya que han acudido cerca de dos millones y medio de asistentes y ha tenido un impacto económico de mil millones de euros. 

Para el próximo año, el alcalde ha descartado para el año que viene la ampliación definitiva de la Feria, con las 220 nuevas casetas, aludiendo que “es imposible” ya que no se sabe todavía si las obras de ampliación serán compatibles con las del montaje de la Feria 2027, apuntando que “en 2028 estaría culminada” esa ampliación.

La ampliación será presentada a la oposición con detalle porque entiende Sanz que “es un proyecto de todos los sevillanos, un proyecto de ciudad, en el que tienen que participar y conocer profundamente el resto de la oposición”. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de intervención y, tras recibir el visto bueno, será sometido a la licitación del mismo y, tras su adjudicación, darán comienzo las obras. 

Atracciones precintadas

La instalación de cámaras con inteligencia artificial ha permitido saber por primera vez cuántos asistentes han pasado por el Real durante la semana de farolillos, siendo de 2.414.625 personas, además de saber que las calles más transitadas que, por orden, han sido Pepe Hillo, Bombita, Joselito el Gallo y Pepe Luis Vázquez. Por otro lado, el día de más afluencia de público ha sido el miércoles, más concretamente a las 19:00. También fue el día con más carruajes circulando, con un total de 927.

En cuanto a los servicios públicos, TUSSAM ha transportado a 1.314.517 viajeros, mientras que LIPASSAM ha recogido 1.585.920 kilos de residuos. La Policía Local ha atendido 2.125 incidencias, un 12% menos que el año pasado, entre ellas destacan 21 detenciones y dos pruebas de drogas positivas, además de la intervención de 459 botellas alcohólicas, 614 refrescos y dos bombonas de óxido nitroso, conocido popularmente como el gas de la risa. Por otra parte, se han precintado dos atracciones por motivos de seguridad. 

Un balance opuesto

Desde el principal partido de la oposición se ha criticado duramente el modelo de Feria de Abril, que tachan de “desequilibrado” y donde en palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, “el domingo pasa a ser un día residual”. Por ello, Muñoz aboga por una vuelta al modelo de sábado a sábado, “que permita repartir mejor el público y garantizar servicios desde el inicio, incluida la preferia, que hoy se desarrolla sin planificación suficiente”.

Por otro lado, el portavoz socialista ha lamentado el funcionamiento del transporte público desde el comienzo de la Feria y al que ha destacado como “el principal punto débil de esta edición”. Además, ha señalado que “cuando falla la movilidad, se generan desigualdades: hay sevillanos que pueden llegar y otros que no”, donde la zona norte de la ciudad se ha visto perjudicada por la falta de efectivos. La falta de limpieza y seguridad, principalmente en la calle del Infierno, son otras de las asignaturas pendientes para el gobierno local, según Muñoz.

La Policía Local ha detenido en la madrugada del pasado sábado a un hombre por una supuesta agresión sexual en el Real de la Feria de Sevilla, en cuyo acto de detención resultaron heridos cuatro agentes del cuerpo municipal.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un balance sobre la última jornada de la Feria, el altercado ha tenido lugar en torno a las 3.40 horas en la calle Gitanillo de Triana del recinto ferial. Sobre los hechos no se conocen más detalles y se mantiene la investigación abierta por parte de los cuerpos policiales.

Al margen de este arresto se ha producido otro arresto por atentado a agentes de la autoridad. El incidente ocurrió en torno a las 7.50 horas de la mañana, cuando un conductor irrumpió con su vehículo en la calzada, generando un grave riesgo para su integridad y la seguridad del tráfico y al ser requerido por los agentes, reaccionó de forma violenta. Al margen se ha producido una detención más por robo y otras cinco por infracciones de tráfico.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha señalado que todas las casetas municipales cumplieron con el horario establecido. No obstante, se formularon denuncias por incumplimiento en dos casetas, se procedió al desalojo de otras tres y se intervino también en una atracción situada en la Calle del Infierno.

La terminal de la línea de Tranvibús TB1 llegará desde este lunes desde Nervión, donde actualmente finaliza el trayecto, hasta el Prado de San Sebastián, una medida derivada de los “excelentes datos de viajeros” que han usado el referido servicio durante la Feria de Abril.

Según el Consistorio, esta medida tiene como objetivo optimizar la conectividad del distrito Sevilla Este-Torreblanca-Alcosa con los principales nodos intermodales de la ciudad del Prado de San Sebastián antes de que concluyan las obras de la fase 2 de ampliación del BTR y su llegada definitiva a la Plaza del Duque, prevista para finales de septiembre.

Así, el nuevo servicio ampliado funcionará de lunes a domingo en horario habitual de la red, esto es de 6 a 23.30 horas. En las horas de máxima demanda, la línea contará con 12 vehículos articulados, lo que, según el Ayuntamiento, permitirá una frecuencia de paso de siete minutos.

Asimismo, estarán disponibles 36 expediciones por sentido cada día laborable, lo que se traduce en una capacidad total de 28.000 plazas diarias. Cabe destacar que la flota destinada a la TB1 es 100% eléctrica, lo que elimina las emisiones contaminantes en un corredor de alta densidad de tráfico y reduce la contaminación acústica.

Esta ampliación de la terminal desde Nervión al Prado de San Sebastián constituye la fase previa a la culminación de la fase 2, prevista a finales de septiembre. En esa fecha, la línea TB1 completará su recorrido desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque.

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha propuesto este viernes que las 220 nuevas casetas proyectadas en el recinto ferial sean “íntegramente públicas y de gestión directa municipal”, en aras de “democratizar” la Feria de Abril.

En una nota de prensa, el grupo ha enmarcado que de las 1.057 casetas actuales sólo 17 tienen carácter público, algo que han tildado de “elitista”. “Con voluntad política, la Feria puede pasar de ser el cortijo del 2% a tener espacio para todos”, ha asegurado Hornillo.

Asimismo, ha criticado el modelo de concesión defendido por el Ayuntamiento y ha asegurado que se pretende “imponer mediante la cesión de espacio durante 28 años”. Según Podemos, “hipotecar” el presupuesto municipal con un canon que “superará los 120 millones de euros para garantizar un beneficio empresarial del 7%” es, a juicio de la formación, una “transferencia obscena de dinero público a manos privadas”.

“Apostar por la gestión pública”

En este sentido, han apostado por eliminar los intermediarios y apostar por la gestión pública para “ahorrar costes y garantizar servicios de calidad”.

La Feria de Abril contará con 220 nuevas casetas (aunque el Ayuntamiento confía en que al final sean hasta 228) en un área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, en la zona en la que se ubica actualmente la calle del Infierno, que será retranqueada. El acceso a las nuevas casetas se decidirá por estricto orden de antigüedad en las listas de espera que gestionan la delegación de Fiestas Mayores.

La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10% y se reubicarán 27 casetas. Las hasta 228 de nuevo cuño que pueden surgir suponen un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.