En la España del 2000 que miraba al siglo XXI y al nuevo milenio con ansias de modernidad, la que estaba a meses de abandonar la peseta para entrar en el euro y cambiaba sus viejas matrículas provinciales por un sistema europeo, ETA tiñó de sangre un verano del que ahora se cumplen 25 años. “Todos somos objetivo de ETA”, resumió el entonces portavoz del PNV y años después lehendakari, Iñigo Urkullu. La 'campaña' se adelantó a mayo con el asesinato de un periodista, José Luis López de Lacalle, cayeron los concejales vascos del PP José María Pedrosa y Manuel Indiano, pero también cargos de este partido en Andalucía o Catalunya y el socialista Juan María Jáuregui, murieron agentes de la Guardia Civil y militares o la fiscal Carmen Tagle. Y los terroristas atentaron contra el empresario Joxemari Korta, cercano al nacionalismo vasco. La lista no es exhaustiva y hubo también supervivientes, como el exconsejero socialista José Ramón Recalde, al que tirotearon en la calle.

Ese verano de 2000 tuvo un contexto porque aquel año fue el de la reactivación de la violencia tras el fiasco de la tregua de Lizarra. En septiembre de 1998, las fuerzas nacionalistas y el entorno de ETA suscribieron el pacto de Lizarra, que vino acompañado de un alto el fuego. José María Aznar, líder del PP, estaba en La Moncloa. De aquellos años es su apuesta por dialogar con el “movimiento vasco de liberación”, como llamó a la organización armada, y centenares de acercamientos de presos. En 1999, PNV y EA, en minoría en Euskadi tras las elecciones en las que Juan José Ibarretxe sucedió a José Antonio Ardanza, suscribieron un acuerdo de colaboración parlamentaria con Euskal Herritarrok o EH, la reformulación de la época de la antigua HB.

La tregua se rompió en enero de 2000. ETA asesinó en Madrid a un militar de alta graduación del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco. En febrero, en definición del historiador Antonio Rivera, la banda cometió un “magnicidio” ya que asesinó al exvicelehendakari y dirigente socialista Fernando Buesa, así como a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. Aquel doble crimen conmocionó a la sociedad y causó una honda división en Vitoria en particular, con críticas al acercamiento del PNV a la izquierda abertzale.

De cara a la campaña de verano y con las fuerzas de seguridad también muy activas con operaciones y detenciones, ETA diseñó una amenaza integral en todos sus frentes y en muchos territorios, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra desde luego pero también Madrid, Catalunya, Aragón o Andalucía. A Korta, por ejemplo, lo mataron el 8 de agosto, apenas unos días después del asesinato de Jáuregui el 29 de julio. Y mientras Zumaia lloraba y se movilizaba por el empresario y miembro de la patronal Adegi, las noticias relataban ya el atentado contra el militar Francisco Casanova en Berriozar, del 9 de agosto. “Todos somos víctimas. Debemos estar con los que sufren. Hoy, con los empresarios; ayer, con los políticos socialistas, y en otro momento, con los periodistas”, contaba otro alto cargo vasco, José Luis Bilbao, diputado general de Bizkaia durante varias legislaturas. El periodista Pedro Gorospe, presente en Zumaia, explicaba cómo un vehículo sin matrículas pasaba por las calles un inhibidor de frecuencias para evitar allí mismo, en un homenaje, otra masacre.

Y, después del verano, llegó el otoño. Y ETA siguió. Cometió otro “magnicidio”, el del exministro Ernest Lluch. También mató a magistrados, funcionarios de Prisiones y más policías. A finales de año, el PSOE, desde la oposición, firmó con el PP de Aznar el pacto antiterrorista, la base de la reforma de la Ley de Partidos que adelantó las ilegalizaciones de sucesivas marcas de la izquierda abertzale, EH, HZ, AuB, ANV, D3M o EHAK, entre otras.

“Fue un año terrible”, explica al otro lado del teléfono Maixabel Lasa, viuda de Jáuregui y años después directora de Víctimas del Gobierno vasco tanto con Ibarretxe como con Patxi López. “Un solo asesinato ya es terrible. Veintitantos imagínate. Muchísimas familias destrozadas”, señala. “Fue terrible”, repite sin cesar Lasa. “Nos habíamos hecho la ilusión con la tregua. Hubo un año, 1999, sin ningún atentado. Para mí, como para mucha gente, llegaba tarde aquel alto el fuego, pero había ciertas esperanzas. Fue un chorro de agua fría [la ruptura de la tregua a comienzos del año]. Conocía a muchos de ellos. A José Luis [López de Lacalle] desde siempre. También a Recalde. Y a Lluch, que venía mucho a San Sebastián. A Korta también le conocía. A los pocos días [del asesinato de su marido] estuve en la concentración de Zumaia. Y luego en la de Indiano. Fue todo tan seguido... Terrible”, relata.

Su esposo, que fue gobernador civil de Gipuzkoa y uno de los que colaboró en las investigaciones contra el terrorismo de los GAL y las torturas en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, vivía en Chile por estar amenazado. Pero “cada tres meses aproximadamente” regresaba a Legorreta “para estar con la familia y amigos”. Fue asesinado en la cercana Tolosa después de haber celebrado las bodas de plata de su matrimonio. “Cuando vino de la Audiencia Nacional, contento y feliz por colaborar con el tema de Lasa y Zabala, me vino y me dijo: 'Maixabel, no sé quién me va a matar, si ETA o el coronel [Enrique Rodríguez] Galindo [jefe de la Guardia Civil en Intxaurrondo]'. Estaba muy preocupado por la situación”, explica.

“Lógicamente, fue un momento muy duro, muy complicado y tremendo. Una vorágine de crueldad, crimen, terrorismo”, abunda Carmelo Barrio, secretario general del PP vasco entonces y ahora diputado en el Congreso después de una larga trayectoria como parlamentario autonómico. Barrio cita a los ediles vascos Pedrosa (asesinado en junio) e Indiano (a finales de agosto) pero también a los “compañeros” Jose María Martín Carpena (julio, Málaga) o José Luis Ruiz (septiembre, Barcelona).

“Nos avisaban. Llegabas al pueblo y veías a tu compañero tirado en el suelo. A Jesús Mari. A Indiano. También vi a Buesa y a Díez Elorza. Vivía cerca y pude asistir. Tremendo”, añade. Califica de “amenaza permanente” lo que vivía el PP en aquellos años y la dificultad para “gestionar” que alguien sustituyera a un asesinado. En 1997 ETA había matado a José Luis Caso, edil en Errenteria, y luego en 1998 lo hizo con quien le relevó, Manuel Zamarreño. Para Barrio, sin embargo, 2000 también fue el año de la “respuesta serena” de la sociedad y del “inicio del declive de ETA”. Quedaban, eso sí, otros 35 crímenes mortales entre 2001 y el cese definitivo de la actividad armada de octubre de 2011.

"Lógicamente, fue un momento muy duro, muy complicado y tremendo. Una vorágine de crueldad, crimen, terrorismo"

Carmelo Barrio — PP

Para Rafaela Romero, diputada del PSE-EE, aquel verano “fue la culminación de lo que venía haciendo el entorno de ETA de deshumanización del adversario”. “Nos convertían en enemigos para justificar la violencia. Y aquel verano dieron un paso más, aunque no hay que olvidar que en la década de 1980 moría una persona cada 72 horas. Parece que como eran guardiaciviles a nadie le importaba”, explica.

“ETA, en aquel momento, mataba a tu vecino, Froilán [Elespe], al juez que te cruzabas en la compra, al que leías en el periódico, José Luis. Era terror y control. Ésa era la estrategia. Hablamos de un exterminio político de los no nacionalistas. Lograron amedrentar a una sociedad que empezaba a despertar”, continúa. Y pide un reconocimiento expreso a heridos y víctimas de “violencia de persecución”. “No perdieron la vida pero perdieron la razón a base de estar apartados, rechazados, de ser extirpados de su pueblo. Se les miraba de lado por si pegaban algo. Esa gente tiene heridas por dentro que no han sido resarcidas. Tienen que dejar de ser un número. Que se reconozca ese daño. ¿Por qué se nos hizo ese daño? ¿Cómo ha afectado a nuestras familias? Soy muy crítica con las instituciones. Esa historia está por escribir en Euskadi y en España”, protesta.

Preguntada por el pacto antiterrorista de finales de 2000, Romero asegura que el entonces líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero, luego sucesor de Aznar en la presidencia en 2004, “hizo lo que tenía que hacer”. “Podríamos habernos enrocado, pero no. Determinadas medidas fueron fundamentales para que la paz y la convivencia llegaran”, señala aplaudiendo expresamente la Ley de Partidos. “No fue una operación de Estado para negar ideologías. Quien exterminaba ideologías era ETA. La política no se podía hacer con las manos en el gatillo”, manifiesta.

"Era terror y control. Ésa era la estrategia. Hablamos de un exterminio político de los no nacionalistas. Lograron amedrentar a una sociedad que empezaba a despertar"

Rafaela Romero — PSE-EE

Lasa, de su lado, se felicita de que el terrorismo sea cosa del pasado. “Vivimos en una situación totalmente distinta”, describe. Ella misma, después del asesinato de su marido, tuvo que llevar escolta por ser alto cargo. “Descubrieron unos papeles y parece ser que estaba mi nombre. Aquello fue muy duro para mí. Sabía en que consistía, por Juan Mari, pero en primera persona es totalmente distinto”, recuerda.

Con los años, tanto desde una posición institucional como a título individual, Lasa ha sido una de las víctimas más dedicadas a buscar puentes de convivencia. Participó con dos de los tres condenados por el atentado contra Jauregi en encuentros restaurativos. Se sentó con Luis Carrasco e Iban Etxezarreta, que se desmarcaron el terrorismo como parte de la denominada 'vía Nanclares'. Han participado en homenajes a la víctima de manera discreta. El vigesimoquinto aniversario también va a ser un acto íntimo, sin medios de comunicación, explica. Otros cargos de la actual EH Bildu también han solido participar en él. Esta historia real se convirtió en película en 2021. Se titula 'Maixabel' y Blanca Portillo fue la que se caracterizó como ella. Cuando se proyectó en la cárcel de Pamplona, los presos afines a la ortodoxia de ETA la plantaron.

La agenda del lunes en Vitoria ha estado copada este 3 de marzo por las ofrendas florales que diversos partidos y representantes políticos y sindicales han hecho ante el monolito que recuerda a las víctimas de la masacre en la que la actuación de la Policía franquista se cobró la vida de cinco trabajadores que estaban reunidos en una asamblea y dejó decenas de heridos. Se cumplían este lunes 49 años. El goteo de ofrendas ha empezado a las 8:30 horas y ha seguido durante toda la mañana.

Óscar Fernández, de Equo Berdeak, se ha acercado con sus flores al monolito del barrio de Zaramaga. Era la primera convocatoria de la mañana. “Hoy es un día para el recuerdo para todas aquellas víctimas, tanto las mortales como las heridas, de aquel trágico suceso ocurrido hace 49 años en Zaramaga”, ha dicho. Ha pedido, asimismo, “justicia” y que se depuren las responsabilidades políticas de lo sucedido. Las inmediaciones del monolito han amanecido con una pintada que exigía “justicia”. “Hoy Zaramaga ha amanecido con la reivindicación de 'justicia' en las baldosas que fueron testigo de la masacre. Ha sido borrada del suelo, pero nunca desaparecerá de nuestra memoria”, ha señalado en redes sociales la asociación Martxoak 3, que lucha por preservar la memoria de las víctimas.

Media hora después del portavoz de Equo Berdeak, ha hecho su ofrenda Podemos Euskadi a través de David Rodríguez, portavoz en las Juntas Generales, y Garbiñe Ruiz, que lo es en el Ayuntamiento de Vitoria. “Lamentamos profundamente que, a un año del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo, no se estén dando aún los pasos necesarios para que la iglesia de San Francisco de Asís sea el memorial que debe ser, el memorial que quieren todos los vitorianos y vitorianas”, se ha quejado Ruiz. En torno a esa hora, se ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día, que incluye como novedad el inicio de la tramitación de la declaración del templo como “lugar de memoria”.

A las 10:00, ha sido el turno de dos integrantes del Gobierno vasco de Imanol Pradales: Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, del PNV, y María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, del PSE-EE. “El día de hoy nos recueda lo que costó alcanzar la democracia y el Estado de derecho que hoy disfrutamos”, ha dicho San José después de depositar las flores. “El compromiso con la memoria es fundamental. Por ello, estamos avanzando en la creación de la Fundación Centro Memorial 3 de Marzo, un paso crucial para garantizar la preservación de la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, un símbolo de nuestra historia reciente”, ha añadido en redes sociales.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha estado acompañado de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y de la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. “El 3 de marzo es un día inolvidable para las capas trabajadoras de Vitoria, de Euskadi y de toda España”, ha dicho ante los medios de comunicación después de la ofrenda floral. Se ha congratulado también por la incoación del expediente aparecida en el BOE del día. “Hoy hemos rendido homenaje a quienes lucharon por los derechos laborales y la democracia. El 3 de marzo de 1976 marcó un antes y un después en la lucha por las libertades y la dignidad de la clase trabajadora. En un contexto de represión, la iglesia de San Francisco de Asís se convirtió en un símbolo de resistencia y un refugio para quienes alzaban la voz por sus derechos”, ha señalado la alcaldesa.

Sumar ha recalcado que fue “un crimen de estado que sigue impune” y ha exigido “verdad, memoria y reparación”. Se han acercado a Zabalgana Lander Martínez, diputado en el Congreso por Bizkaia; Alba García, secretaria general de Sumar en Euskadi; Edurne García, secretaria de Organización, y Azahara Botella, secretaria de Feminismos. “Lo que queremos es recordar todos los días a estas personas y recordarlas en todas las luchas que se dan. La lucha de los trabajadores y trabajadoras sigue viva”, ha abundado Martínez. El PP, por su parte, ha hecho la ofrenda por manos de Iñaki García Calvo, concejal y portavoz en el Consistorio vitoriano. Ha estado acompañado por Carmelo Barrio, diputado en el Congreso, y Ainhoa Domaica, parlamentaria por Álava. “Han pasado 49 años, pero este día sigue grabado en la memoria de nuestra ciudad”, ha señalado el partido en un mensaje difundido en redes sociales.

Loli García ha encabezado, pasadas las 11:00 horas, una delegación de CCOO de Euskadi que ha honrado a los cinco trabajadores asesinados en 1976. IU y el PCE también han homenajeado a las víctimas en un día que ha de ser, han dicho, “de actualidad” para pelear por derechos que nadie “va a regalar”. “El 3 de marzo nos enseña que fue precisamente la clase trabajadora la que con sus luchas puso en un brete al régimen franquista. Fue la que peleó durante muchos años por las libertades y los derechos de la clase trabajadora. Fue gracias a la clase trabajadora que hoy contamos con determinadas libertades y determinados derechos”, ha defendido Jon Hernández, parlamentario. José Damián García, procurador en elas Juntas Generales, ha recordado a aquellos que “defendieron unas condiciones de trabajo dignas” y “lo pagaron con su vida”.

Cristina González, arropada por la alcaldesa, Maider Etxebarria, y Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, ha portado las flores del PSE-EE. “Seguiremos manteniendo viva su memoria con la defensa de los derechos laborales, la libertad y la justicia social por la que lucharon”, ha subrayado el partido en la red social X. “Trabajamos desde la política para fortalecer las condiciones laborales y garantizar más derechos para toda la ciudadanía, sin dar pasos atrás”, ha dicho González, presidenta del PSE-EE, ante los micrófonos de los medios de comunicación. La ofrenda floral del PNV la ha depositado Jone Berriozabal, presidenta del Araba Buru Batrazar. La acompañaban Ramiro González, diputado general, y Beatriz Artolazabal. “49 años después, seguimos reclamando justicia, y verdad y reparación para todas las víctimas de esta cruel masacre”, ha escrito el partido en redes sociales.

Pasado el mediodía, Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha hablado en el marco de un acto político convocado por la coalición abertzale. “Hace 49 años, se nos quiso decir que los límites de la reforma eran infranqueables, que era mejor la derrota, la asunción de la derrota, no soñar, no tener esperanza, seguir pensando que las cosas siempre serían así. Hoy, 49 años después, 50 años después, estamos aquí para decirles que seguimos el ejemplo de los trabajdores de Gasteiz el 3 de marzo. Que seguimos en pie, que seguimos siendo la esperanza, y que la esperanza de este país pasa por un estatus de libertad nacional y por políticas sociales, socialistas y progresistas”, ha señalado Otegi.

El PP ha dado el pistoletazo de salida a su campaña electoral en Euskadi con una primera visita de Alberto Núñez Feijóo, que se ha equivocado y ha pedido votar a su partido “en febrero” y no en abril, probablemente por la reciente campaña en Galicia. En Bilbao, el candidato, Javier de Andrés, ha rescatado como idea-fuerza de su argumentario las viejas críticas del PP al modelo vasco de ayudas sociales hasta el punto de llamar “paguita” por dos veces a la renta de garantías de ingresos (RGI), que es un derecho para quienes no tienen recursos o perciben nóminas o pensiones bajas.

“[La RGI] es absolutamente desastrosa. Nosotros queríamos que fuera para la inserción laboral. Pero lo que ha ocurrido es que está llevando a la gente a la marginalidad, a que no quiera entrar o integrarse en el mercado laboral. Os voy a dar una cifra. Se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar. Si tú pagas a una familia 1.924 euros sin trabajar, porque va a ser muy difícil que cobren eso en el mercado laboral o haya una oferta de trabajo de esas características, lo que estás haciendo es sacarla del mercado laboral y meterla en el gueto de los subsidios. Lo que hay que hacer con la gente es integrarla. En euskera llamamos 'lagun' al amigo y la etimología que se le supone a 'lagun' es que procede de 'lan egin', que significa 'trabajar juntos'. 'Lagun' es el compañero de trabajo. Es la forma de integrar a la gente. Lo que queremos son amigos, gente que trabaje con nosotros. No dando paguitas, subsidios y dando este tipo de trato”, ha señalado textualmente De Andrés. Núñez Feijóo, después, ha avalado este planteamiento aunque no suene “políticamente correcto” porque el pueblo vasco “ha currado” mucho en el pasado y porque el PP es una formación “sin complejos”.

En el pasado, el PP ya vinculó el fraude en las ayudas sociales con los migrantes, singularmente con los magrebíes. Fue Javier Maroto, siendo alcalde de Vitoria, el abanderado de estos mensajes. Generó una polarización en Vitoria y ganó las elecciones de 2015 pero todas las demás formaciones se unieron para impedirle gobernar. Aquella campaña incluyó una recogida de firmas para endurecer las prestaciones. Maroto volvió a presentarse a unas generales, en 2019, pero se quedó sin escaño. Desde entonces dejó la ciudad.

De Andrés también ha cuestionado las exigencias de euskera en Osakidetza y ha criticado que puntúe más en una oposición médica la lengua vasca que “tres másteres”. Ha lamentado, asimismo, que Euskadi haya caído al puesto 14 de las 17 comunidades autónomas en Educación. El candidato ha explicado, finalmente, que Euskadi ha perdido un músculo del 20% en su economía desde que existe el régimen autonómico y lo ha achacado a un modelo “clientelar” nacionalista al que el PSE-EE se ha sumado.

Núñez Feijóo, de su lado, ha repetido en al menos tres ocasiones que el PSOE y el PSE-EE están “a punto de desaparecer”. Ha puesto como ejemplo de ello que en Galicia apenas obtuvo nueve escaños. El PP sacó cuatro en Euskadi en las autonómicas de 2020, ha terminado la legislatura con cinco y ahora internamente se maneja la cifra de siete como un escenario favorable. También se ha equivocado al afirmar que, en coche, quedan muy lejos las comunidades gobernadas por los socialistas, ya que ha citado “Asturias y Castilla-La Mancha” y ha olvidado Navarra.

“Con De Andrés vamos a por todas”, ha clamado Núñez Feijóo, que ve en él una “tercera vía” en la pugna entre PNV y EH Bildu y un remedio contra la “decadencia” vasca. Ha señalado que cuando era presidente gallego miraba Osakidetza como envidia y que ahora no es un referente. Cree que la campaña se les quedará corta y que se les hará larga a las otras formaciones. Ha recordado que el cabeza de cartel del PP vasco tiene experiencia en ganar elecciones, por sus tres triunfos en Álava en las forales de 2007, 2011 y 2015, aunque solamente gobernó en una ocasión. Ha invitado a los 130.000 que le votaron en las generales se sumen ahora porque, en la última cita autonómica, la coalición PP+CS se quedó en 60.000, como él ha recordado.

Aunque ha hecho constantes alusiones implícitas a la investigación de corrupción llamada 'caso Koldo' u 'operación Delorme', que tiene algunas derivadas vascas, no ha sido hasta el final de su intervención cuando se ha centrado en el tema. Ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que “salga del búnker” y “no tape más” un caso que salpica, a su juicio, al propio jefe del Ejecutivo, “a seis ministros, a la presidenta del Congreso y a dos secretarios de Organización” del PSOE. “Tratan de tapar una trama absolutamente desbocada”, ha apostillado. De Andrés también ha tocado el tema pero para criticar al PNV por haber apoyado en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy por “ética” contra la corrupción y ahora seguir de socio de Sánchez.

El acto del PP ha tenido lugar en el palacio Euskalduna de Bilbao. A él han acudido varios centenares de cargos y simpatizantes de la formación, al igual que dirigentes de Génova como Elías Bendodo. Han tomado la palabra también la presidenta de Bizkaia, Raquel González, y la secretaria general vasca, Esther Martínez. De Andrés usará en campaña un lema bilingüe que aboga por una Euskadi “abierta” y se hace acompañar su nombre de una ikurriña. En su discurso, De Andrés ha leído también un fragmento en euskera.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará este sábado hasta Bilbao para la presentación de Javier de Andrés como candidato a las autonómicas vascas del 21 de abril. Los 'populares' llegan a esta fecha, a siete semanas de las urnas, sin haber presentado las candidaturas, el equipo que rodeará a De Andrés. En las últimas jornadas, en todo caso, se están sucediendo los movimientos internos a varias bandas y las fuentes consultadas apuntan a que “todo indica” que Carmelo Barrio, parlamentario desde 1990 y portavoz del grupo en la última legislatura, no irá en las listas y que se forzará a que renuncie toda la lista de las pasadas elecciones generales para que, como suplente, puede asumir el escaño de De Andrés en el Congreso. A la par, también “todo indica” que De Andrés incorporará a la que fuera candidata en Vitoria en 2023, Ainhoa Domaica, lo que dejaría expedito el camino para que Iñaki García Calvo sea el nuevo referente en la capital y consolide un liderazgo debilitado tras el final de la etapa de Javier Maroto.

Con la salida de Barrio (Vitoria, 1960), ya apuntada por 'El Mundo', el PP se suma a la renovación de los mayores de 60 años de cara las elecciones vascas. En el PNV, junto al adiós de Iñigo Urkullu se han sucedido los de toda una generación de consejeros y parlamentarios con la única excepción de Irune Zuluaga, que sí irá en las listas por Bizkaia. Entre los que salen están el otro parlamentario que quedaba de la misma época en que llegó Barrio, Joseba Egibar, también portavoz de su grupo. En su caso, seguirá como presidente del PNV guipuzcoano. Y, en el PSE-EE, han caído el consejero Iñaki Arriola y los veteranos parlamentarios José Antonio Pastor y Txarli Prieto.

El PP logró seis escaños en coalición con Ciudadanos en 2020. Fueron cuatro y dos, pero Luis Gordillo saltó a las filas 'populares' mediada la legislatura y ha terminado con cinco y uno. Fue uno de los detonantes de la ruptura de la coalición PP+CS. El candidato fue Carlos Iturgaiz, que llegó de manera abrupta tras la salida de Alfonso Alonso y sin que la presidenta interina, Amaya Fernández, participara en la campaña.

Ahora busca mejorar su posición relativa al menos hasta los siete escaños y a convertirse en cuarta fuerza parlamentaria en Euskadi, ya que fue relegado a la quinta posición por las coaliciones de Podemos tanto en 2016 como en 2020. Eso podría darles acceso a la Mesa después de dos legislaturas.

De Andrés buscará al menos cuatro escaños por Álava, dos por Bizkaia y uno por Gipuzkoa. En este territorio se da por hecho que la candidata será la presidenta local, Muriel Larrea, según avanzó 'El Diario Vasco'. También se cuenta con la continuidad de Laura Garrido, secretaria general con Iturgaiz, vascoparlante y que pasaría a ser la más veterana del grupo en el Parlamento Vasco. En Bizkaia está por ver si la secretaria general, Esther Martínez, será la cabeza de lista. Sería perfectamente compatible con su posición como portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado este jueves las tres últimas leyes de la legislatura vasca, cuyo final es inminente, aunque el lehendakari guardará unos días más la disolución del Parlamento. “Se nota ambiente electoral, señor lehendakari”, ha bromeado Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, mientras en los pasillos Urkullu ponía cara de póker ante la gran pregunta en el aire. Del pleno han salido tres normas de calado social para regular los derechos en la infancia y la adolescencia, para mejorar las políticas de cooperación y para reforzar los derechos de las personas trans. Dejan en casi 60 el contador total de la tercera y última legislatura de Urkullu.

A pesar de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE y en pleno clima preelectoral, el Ejecutivo ha sumado a las dos principales fuerzas de la oposición en las tres leyes (EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU) e incluso ha cerrado un pacto con las izquierdas y el PP en el caso de la de Cooperación. El lehendakari ha llegado a la Cámara visiblemente sonriente, hasta el punto de compartir confidencias y fotografías con muchos de los 200 invitados que han acudido al pleno, todo un récord de asistencia desde el 'plan Ibarretxe'.

Más derechos para los menores

La primera en ser promulgada ha sido la normativa para mejorar los derechos de los menores. Ha tenido el 'sí' de PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de PP y Ciudadanos -que no ha explicado sus argumentos- y el único 'no' de Vox. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha llegado a decir en la tribuna que era uno de los días “más felices” de su andadura política. “Y no sólo en el Gobierno”, ha enfatizado. Ha destacado el “amplio consenso” obtenido para dar un “paso decisivo” en el impulso de los derechos de la infancia y de la adolescencia. “La norma parte de la filosofía de que la mejor forma de garantizar la protección a la infancia y la adolescencia es promover su autonomía como sujetos”, ha señalado. El socio de Gobierno, el PSE-EE, ha destacado también que el articulado se sitúa “a la vanguardia nacional e internacional”.

Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, ha explicado que una de las claves del consenso es el clima de sintonía logrado antes en la ponencia sobre las agresiones sexuales en la infancia, también en el marco de la Iglesia católica. Asimismo, ha querido arrancar su discurso pidiendo “perdón” por haber aprobado una norma para menores con “todo el corazón” pero sin haber organizado ningún foro de participación con ellos. “Tendríamos que hacer las cosas de otra manera”, ha reseñado.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González ha defendido como mejoras las enmiendas introducidas en el texto final. Ha subrayado la disposición para impulsar que los menores víctimas de delitos como las agresiones sexuales solamente declaren una vez (la denominada “prueba preconstituida”), el impulso al deporte femenino desde edades tempranas y medidas para controlar la publicidad de alimentos o bebidas no saludables. “Estamos contentas”, ha resumido en euskera González. Expresamente ha incluido a IU en sus agradecimientos a pesar de la ruptura de cara a las elecciones entre su partido, Podemos, y las otras formaciones aglutinadas en torno a Sumar.

El PP no se ha opuesto a la ley. Se ha quedado en la abstención y Laura Garrido ha admitido que 20 enmiendas planteadas por los 'populares' se han incorporado. “Eso no quita para decir que es un texto demasiado enunciativa y declarativo. No voy a decir que hemos perdido una oportunidad pero se ha perdido la oportunidad para haber hecho un texto mejor”, ha manifestado. También ha alertado que “se ha retirado” una mención a las Fuerzas de Seguridad del Estado y ha reprochado a EH Bildu que no se acuerde de los niños huérfanos por el terrorismo de ETA.

Más garantías para el 0,7% a Cooperación

La segunda ley aprobada ha sido la de Cooperación y Solidaridad. Tras los acuerdos con EH Bildu, con Elkarrekin Podemos-IU y PP, el texto original ha incluido una garantía real para la promesa ya realizada en la norma anterior, la de 2007, para destinar el 0,7% del presupuesto a esta materia, lo que implicaría duplicar la inversión actual, de unos 50 millones. Hay también una disposición para “no colaborar” con empresas armamentísticas o de tecnología de guerra y una referencia en la exposición de motivos a la solidaridad con la causa saharaui.

Ha tomado nuevamente la palabra Melgosa. “Honor y satisfacción”, ha dicho en su segundo discurso de la sesión. “Es un hecho muy significativo: la solidaridad nos une”, ha expresado. La han apoyado PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP y Ciudadanos. La consejera ha destacado también el trabajo compartido con entidades sociales, oenegés y otras organizaciones. Sobre su punto más relevante, ha indicado que “la ley consolida el compromiso solidario con la provisión de fondos suficientes para el desarrollo de la política”. Hasta la fecha, apenas el Ayuntamiento de Vitoria había cumplido regularmente con el 0,7% y con alcaldes de PNV, PSE-EE o PP.

Iñigo Martínez Zatón, de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos-IU ha iniciado su intervención citando a Ignacio Ellacuría y a Karl Marx y ha enumerado el trabajo del “ecosistema” vasco de cooperación. Se ha felicitado de que el trámite de enmiendas ha permitido eliminar puntos “críticos” del texto inicial del Gobierno de Urkullu. Igualmente, ha alertado de que toca pasar del papel a medidas efectivas de “transformación” para cambiar el mundo. “Si todo el planeta tuviera el nivel de consumo de Euskadi, necesitaríamos 2,6 planetas [...]. De la desgracia de una mayoría surge la felicidad de una minoría”, ha clamado. En la tribuna ha estado acompañado de un pañuelo palestino y ha denunciado un “genocidio en curso” perpetrado por Israel y que CAF continúa constuyendo un “tranvía del apartheid” en territorios ocupados. Ha terminado la intervención despidiéndose ya que no participará en las listas de Sumar, IU y Equo en las elecciones próximas. Se centrará en dirigir el partido.

Por parte de EH Bildu, Diana Urrea ha mencionado igualmente el “genocidio televisado”. También ha exhibido una pequeña bandera palestina. Ha exhibido también la “preocupación” de que entren “agentes con ánimo de lucro” a la cooperación internacional en contraposición con el “orgullo” que supone el trabajo de entidades como el Aita Mari, el barco que rescata migrantes en alta mar. Pero ha destacado que en un contexto internacional de auge de la extrema derecha y recortes sociales se ha trabado un acuerdo de ámbito vasco.

Por parte del PP, Carmelo Barrio ha destacado el “espíritu constructivo” que ha presidido el acuerdo para la tramitación de la ley y ha querido poner en valor igualmente la labor “ejemplar” de las entidades sociales vascas. Para Barrio es especialmente relevante la inclusión de la mención al Sáhara por los importantes “lazos” existentes con Euskadi. “Esa referencia es más que simbólico. Es ejemplarizador”, ha señalado. Ha mencionado también que la normativa estatal salió adelante en 2023 en las Cortes Generales con un amplio consenso, también con el voto 'popular'.

Autodeterminación y despatologización: claves de la ley trans

La nueva normativa para ampliar los derechos de las personas en situación de transexualidad había partido no del Gobierno sino de un acuerdo previo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU alcanzado ya hace dos años. Modifica un marco anterior de 2012, aunque ya fue retocado en 2019. A él se han sumado EH Bildu y Ciudadanos, que también han votado a favor de la reforma. El PP ha votado no y Vox ni siquiera ha estado presente. El colectivo Naizen, de apoyo a las familias con menores trans y presente en el Parlamento, ha destacado que la ley ha llegado en el aniversario de la muerte del joven Ekai, de 17 años, que se suicidó en 2018 “a la espera de un tratamiento hormonal”. Naizen ha encajado la nueva normativa como “un paso más” hacia garantizar la atención sanitaria “cercana” y “alejada de la psiquiatrización” o mejorar la formación del profesorado.

El texto, que parte de la autodeterminación de la identidad sexual o de género, tiene apartados concretos “contra la transfobia” y en favor de la “visibilización” de este colectivo, en particular en las situaciones más vulnerables. La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha defendido que esta norma llega después de la estatal impulsada por Podemos desde el Gobierno de España. Ha mencionado que 227 se han podido acoger a ella y ver reflejada oficialmente su identidad real.

El nuevo articulado permite blindar por ley “todas las medidas necesarias” para que en los servicios públicas estas personas sean atendidas “de acuerdo con su identidad sexual o de género”. En Euskadi ya existía -y así se menciona en la ley- que será válida también una suerte de DNI provisional en tanto no se complete la documentación oficial, que depende de la Administración estatal. Los menores serán “escuchados” en la toma de decisión durante sus procesos. Se menciona igualmente que, en Osakidetza, se abordará el asunto desde un prisma “despatologizador” y que las personas trans tendrán plenos derechos de acceso a técnicas de reproducción asistida. El texto tiene un apartado separado también para personas intersexuales. Se recalca, por ejemplo, la prohibición de la “mutilación” y de la “modificación” de sus genitales.

El PNV ha tenido en Iñigo Iturrate su portavoz. “Tenemos una buena ley. Recoge cuestiones relevantes como el derecho a recibir una atención integral en lo sanitario, educativo o laboral y nombra por primera vez a las personas interesexuales. Suma derechos”, ha enfatizado citando como ejemplo concreto el servicio de atención primaria que se establecerá en cada territorio. Ha completado su alocución con un mensaje de autocrítica interna por el trato que su propio partido dio a este colectivo en el pasado. El PSE-EE ha indicado que siempre trabajará “contra la regresión de derechos”. “Hoy damos un paso más”, se ha felicitado Gloria Sánchez.

Ikoitz Arrese, de EH Bildu, ha asegurado que es un día “triste” por el recuerdo del aniversario de la muerte de Ekai pero “feliz” por la aprobación de un nuevo catálogo de derechos. También ha citado a Estíbaliz Urresola, directora de la premiada película '20.000 especies de abejas', y ha hablado -en la parte castellana de su intervención- de los derechos de “todos, todas y todes”. Un ujier ha custodiado decenas de globos de colores que se han usado después de la votación para celebrar la nueva ley, también muy aplaudida.

Eduardo tiene 62 años y trabajó como tornero durante 40 en los talleres de Feve, después integrada en Renfe. La mayoría de esos años trabajó, sin saberlo, en contacto con amianto. En 2021 le diagnosticaron un cáncer de pulmón por el que tuvo que ser intervenido. “Me quitaron medio pulmón. Tuve suerte”, dice. Otros compañeros, recuerda, han fallecido antes de saber que la sustancia maldita estaba tras la causa de su enfermedad. En 2022, unos meses después de someterse a la intervención quirúrgica se le concedió la incapacidad permanente total. No hubo dudas entonces de que la suya era una “enfermedad profesional” por haber estado durante años con esta sustancia altamente dañina. Esa batalla la ganó. Ahora Eduardo ha emprendido otra, la de exigir en el juzgado que se le reconozca los daños que le ha causado una empresa que “no hizo nada para proteger a sus trabajadores” de la sustancia mortal“, asegura. Este jueves se ha celebrado el Juzgado de lo Social Nº 9 de Bilbao el juicio en el que Eduardo demanda 317.547,57 euros a Renfe Fabricación y Mantenimiento en concepto de daños y perjuicios. Asviamie, Asociación vasca de víctimas del amianto, se ha concentrado ante los juzgados para pedir justicia para Eduardo y para muchos otros trabajadores que, después de enfermar en el trabajo por causa del amianto, se ven sometidos a un ”vía crucis judicial“ para conseguir que la empresa les compense económicamente.

“El reconocimiento de la enfermedad profesional no es nada más que el primer paso. Es muy duro que después de tantos años que llevamos con el tema del amianto tengamos que ir reclamando caso por caso a la justicia para el enfermo o para los familiares cuando el trabajador ya ha fallecido”, dice Patxi Cortázar, responsable de Asviamie, que recuerda que se hace ir a los tribunales caso por caso, e incluso en los que hay hasta 200 demandas ya ganadas como es el ejemplo de los trabajadores afectados de los antiguos astilleros Euskalduna.

“Hay unos pasos que no los puedes eludir y el primero para reclamar es que se reconozca una enfermedad profesional derivada del amianto. Y eso ya no es siempre fácil”, señala Begoña Vila, también portavoz de la asociación. Las empresas suelen alegar otras posibles causas de la enfermedad y tienes que presentar testigos que corroboren que el trabajador afectado tuvo contacto con dicha sustancia. “Hay personas que se les detecta la enfermedad ya con muchos años y muchos de sus compañeros ya están fallecidos. A parte de la enfermedad que les afecta física y psicológicamente, se tienen que poner a hacer una investigación para ver si tienes compañeros que puedan testificar en el juicio”, indica.

“Hay que tener en cuenta que el daño que te haya hecho el amianto se puede hacer visible hasta 25 años después”, recuerda Eduardo tras salir del juicio, esperanzado en ganarlo y que se le compense económicamente, pese a que el perito que ha llevado la empresa “trataba de demostrar que el cáncer puede ser por otras causas como por el tabaco. Pues mira, yo no he fumado nunca”.

Eduardo desarrolló su trabajo como tornero en la empresa Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), más tarde Renfe Operadora, entre 1981 y diciembre de 2021, momento en el que enfermó. Concretamente trabajaba en el taller de fabricación y mantenimiento de las unidades de vía estrecha de la zona norte en Balmaseda. Le descubrieron un “nódulo en un pulmón en un reconocimiento de la empresa recuerda, ”pero tuve que ir yo por mi cuenta a la mutua y a que me vieran en el hospital porque no me daban solución“. Tras operarse con éxito en el hospital de Cruces, en febrero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó una resolución concediéndole una Incapacidad Permanente Total, derivada de enfermedad profesional. Ese mismo mes y año Osalan incluyó a Eduardo en el ”fichero de trabajadores posiblemente expuestos al amianto“ de Euskadi ”como consecuencia de las tareas realizadas en taller de material remolcado en el Taller de Balmaseda, siendo trabajador de Feve-Renfe“.

En su caso no había duda. Los puestos de trabajo ocupados por Eduardo en la empresa, implicaron el contacto con fibras de amianto. Otra cosa es que esa misma certeza le valga ahora la indemnización. Su trabajo consistía en el torneado de ruedas, mecanizado de discos de freno, discos de embrague. “Aunque era polivalente, todos hacíamos al final de todo”, recuerda. “Los ferodos de freno y embragues tenían amianto en su composición. La manipulación de dichos elementos, implicaba liberar fibras cancerígenas al espacio de trabajo de Eduardo. Otros trabajadores se dedicaban a cortar, lijar las pastillas de freno y embragues, utilizando aire a presión para la limpieza del puesto de trabajo, incluidas, las zapatas de freno y embragues, provocando una importante dispersión de las fibras cancerígenas, que serían inhaladas por Eduardo y el resto de los trabajadores o personas presentes”, señalan desde la asociación como el argumento que han llevado ante el juez. El amianto era también utilizado para recubrir los tubos de escape de las maquinas, de forma qué, para realizar trabajos de reparación, retiraban el revestimiento de amianto, colocando posteriormente, material nuevo. “Operación qué, por el grado de degradación del amianto, implicaba nueva dispersión de fibras cancerígenas al ambiente de trabajo”. Eduardo también se dedicó a “sustituir las calderas de vapor de las maquinas, en cuyo aislamiento, también se utilizaba el amianto. Todas las operaciones realizadas con el amianto eran manuales, utilizando martillo y cincel para su retirada”.

La defensa del trabajador argumenta que todo este trabajo en el que se expuso al amianto “se produjo sin que la empresa adoptara las medidas de seguridad que la ley exigía, por lo que el trabajador permaneció expuesto al amianto de forma incontrolada, que conllevo contraer la grave enfermedad pulmonar”. Por esa razón, reclama en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 317.547,57 euros.

Hace unos meses la Justicia reconoció la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de Feve en Santander. En esa ocasión, la Delegación Norte de la compañía comunicó que “por parte de talleres, en cuanto se detecta o se sospecha de la existencia de amianto en alguna pieza, se notifica a Recursos Humanos y prevención de riesgos; a la vez se contrata el servicio a una empresa especializada para proceder con el desamiantado”. “Renfe no realiza actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. No obstante lo anterior, y debido a la antigüedad de algunos de los vehículos ferroviarios, se pueden producir hallazgos ocasionales de piezas con material de amianto”, aseguraron.

“Es una vergüenza que se haga a los trabajadores pasar por este infierno de tener que demostrar una y otra vez que este sustancia es la causante de su enfermedad”, dicen desde la asociación de víctimas. “Igual que es vergonzoso que el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto carezca de contenido y siga sin materializarse. Ha caído en saco roto”, dice Patxi Cortázar.

El Parlamento Vasco pide que regular el fondo de compensación a la “mayor brevedad”

Precisamente el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una proposición no de ley en la que se insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que “a la mayor brevedad posible” apruebe, conforme a lo establecido en la Ley 21/2022 de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, el reglamento que lo desarrolle, y que establezca las correspondientes indemnizaciones “en coherencia con los propios términos de la ley”.

El PP ha llevado a la Cámara vasca una proposición no de ley con la que proponía reclamar al Gobierno de España que apruebe el reglamento que desarrolle la Ley 21/2022 de la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Con el apoyo de todos los grupos excepto del parlamentario de CS, el Parlamento Vasco ha aprobado finalmente un texto firmado por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. En él, el Parlamento Vasco valora “muy positivamente” el trabajo realizado durante las tres últimas legislaturas para “impulsar de manera unánime, en varias ocasiones, la creación a nivel estatal de un fondo de compensación para las víctimas del amianto”. Además, se felicita por la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, “fruto de la proposición de ley ante las Cortes Generales que esta Cámara ha remitido en más de una ocasión”.

Por ello, insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que “a la mayor brevedad posible”, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, “apruebe, conforme a lo establecido en la misma, el reglamento que lo desarrolle, y que establezca las correspondientes indemnizaciones en coherencia con los propios términos de la ley”, informa Europa Press.

En el debate, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha lamentado que más de un año después de la aprobación de la citada ley, “sigue sin cumplirse” y ha recordado que este fondo ya existe en otros países como Francia. Tras destacar la “indignación, protesta y preocupación” de las asociaciones de víctimas del amianto, ha criticado que ante el “incumplimiento” del Gobierno central, “no hay de momento explicaciones” por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha lamentado que no se han dado “pasos adelante” y ha recordado que la disposición adicional de la citada ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, regula que el reglamento deberá dictarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la propia ley en el Boletín Oficial del Estado, “es decir, debería haberse aprobado ya en enero de este año”.

“Habiendo transcurrido varios meses --sí que es verdad, meses complicados para la esfera política e institucional, también en el Estado español-- el retraso en la aprobación del reglamento es evidente”, ha señalado antes de subrayar que el texto aprobado recoge las reivindicaciones de las asociaciones, ya que “las víctimas lo están esperando, lo necesitan y son muchísimos años de lucha con el objetivo de intentar reparar el dolor y el daño causado por el uso durante años del amianto”.

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha recordado que el Parlamento Vasco lleva trece años trabajando sobre el fondo de compensación para las víctimas del amianto y aunque hace un año, tras superar el último trámite en el Senado, dieron por finalizado este asunto, “desgraciadamente no ha sido así”. “Tenemos una ley que podría estar ayudando y acompañando a muchas víctimas del amianto, pero que a día de hoy está congelada, paralizada”, ha criticado.

Blanco ha insistido en que “es de justicia, compensar de una vez a las víctimas” y “por tanto, el Real Decreto debe publicarse lo antes posible”. Además, ha reclamado que se “respete el espíritu” de la ley y ha denunciado que el borrador presentado por el Gobierno “es ofensivo y menospreciaba a las víctimas”. “Tiene que ser un decreto que compense y proteja a las víctimas, tal y como se indica en la ley, y la mayor brevedad posible, porque el amianto sigue matando”, ha advertido.

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha acusado al PP de “romper la unidad” que tuvo esta iniciativa en el Parlamento Vasco al presentar su iniciativa “en solitario, sin hablar con ningún otro grupo”, y ha explicado que por ello, han presentado una enmienda a la totalidad conjunta “para seguir poniendo en el centro el valor de ese acuerdo”. Sánchez ha recordado que en marzo de 2023 se trabajó en el reglamento antes de las elecciones generales celebradas en julio, “completándose el trámite de audiencia previa, pero no se pudo finalizar al entrar el gobierno en funciones”. “Esas han sido las causas del retraso, pero mi grupo parlamentario está de acuerdo que sería conveniente contar con el reglamento, a la mayor brevedad posible, y para ello es deseable que contemos con un nuevo gobierno progresista a nivel estatal cuanto antes”, ha defendido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha reconocido que el desarrollo reglamentario necesario para que ese fondo sea una realidad “para que la ley sea efectiva, no se ha hecho y no sólo está tardando demasiado, sino que está incumpliendo la propia ley que determina que en tres meses debía estar ese reglamento”. Además, ha explicado que varias asociaciones y sindicatos están denunciando que “se pretende descafeinar el fondo en cuanto a cuantías y otras cuestiones”.

Tras recordar que en estos momentos que se está conformando el Gobierno de España, ha afirmado que los diputados de los grupos que han firmado el texto aprobado --PNV, EH Bildu, PSE y Podemos-IU-- “son absolutamente necesarios para que se conforme ese gobierno”. “Yo creo que es la presión que debemos utilizar para que el Ministerio haga esto a la mayor brevedad y en los términos que están reclamando las asociaciones y los sindicatos”, ha insistido. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, y el parlamentario de CS Jose Manuel Gil, no han participado en el debate.

Indemnizaciones insuficientes

Tras la votación, el portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi, Jon García, ha comparecido ante los medios de comunicación para criticar que el Gobierno ha elaborado un proyecto de reglamento desarrollado por el Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones que “contradice el espíritu de la ley” y otorga unas indemnizaciones “muy inferiores a las de otros colectivos en similares circunstancias”. Además, ha explicado que el texto propuesto por el Ministerio “no respeta el objetivo de amparar a todas las víctimas, discriminando a los familiares de los fallecidos en los pasados años”. “Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto instamos al gobierno en funciones a que rectifique, respete el espíritu del consenso parlamentario unánime logrado para la aprobación de la ley y apruebe el reglamento que la desarrolla”, ha reclamado.

García ha recordado que esta es la cuarta vez en la que el Parlamento Vasco se ha pronunciado a favor de que se ponga en marcha el fondo de compensación. “No podemos seguir así. Tienen que tomar nota desde el gobierno. No pedimos otra cosa más que cumplir la ley”, ha insistido.

El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos realiza del orden de “doce colectas diarias” entre sus puntos fijos y las unidades móviles para sostener las reservas de sangre del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). En 2022, el número total de donaciones fue de 83.271, un dato muy similar al de años anteriores. En cuanto a las donaciones por aféresis (separación de componentes), fueron 8.096 y sí se están mejorando los registros previos a la COVID-19. Gracias a todo ello, en los hospitales públicos se beneficiaron 21.945 pacientes y, sumados los de clínicas privadas, se alcanzó una cifra no inferior a 25.000. Como prioridad sanitaria se ha fijado buscar más reservas de plasma.

Estos datos oficiales han sido facilitados al Parlamento Vasco por parte de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ha ofrecido una respuesta a una solicitud de información del parlamentario del grupo del PP (ahora ya sin Ciudadanos) Carmelo Barrio, que quería conocer la evolución de las donaciones de sangre en Euskadi. En líneas generales, Salud ve “diferencias poco significativas” en la afluencia a los centros de donación en el período entre 2019 y 2022 y sitúa las variaciones por el calendario, en función de cómo coincidan los festivos o las vacaciones. Sí se ha detectado un salto a mejor en las donaciones por aféresis.

En cifras, los donantes totales fueron 82.871 en 2019, 81.519 en 2020 -el año del parón por el confinamiento, aunque esto era una actividad esencial-, 84.411 en 2021 y 83.271 en 2022. Los datos del último ejercicio completo por territorios se desglosan en 38.846 en Bizkaia, 27.532 en Gipuzkoa y 16.893 en Álava. En cuanto a la aféresis, en 2019 fueron 6.569, en 2020 6.933, en 2021 8.313 y en 2022 8.096. El pasado año se hicieron 3.017 en Álava -a pesar de su menor población-, 2.678 en Bizkaia y 2.401 en Gipuzkoa, según la estadística oficial.

Remarca Sagardui que, fruto de todo ello, “en los hospitales de Osakidetza han sido transfundidos 21.495 pacientes”. Con los estimados en la red privada, “en ningún caso el número total sería inferior a los 25.000”. “También hay que contabilizar a los miles de pacientes que han recibido tratamiento farmacológico con medicamentos derivados del plasma procedente de las donaciones de nuestra comunidad: albúmina, inmunoglobulinas, factores antihemofílicos y alfa 1-antitrispina”, abunda la titular de Salud.

En cuanto a posibles intercambios con otros territorios, en 2022 se enviaron seis unidades de concentrado de plaquetas y otras seis de plasma fresco congelado a Osasunbidea, el Servicio Navarro de Salud. Los responsables del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos recordaron al inicio de agosto en la Cadena Ser que al igual que personas de fuera de Euskadi tiene derecho a recibir reservas del banco de sangre es posible que donen si tienen un estancia temporal aquí. Igualmente, los vascos pueden donar sangre en sus destinos vacacionales. Recalcaron que es importante mantener el ritmo de entradas durante el verano, ya que es material que caduca y siempre puede ser necesario.

“Las necesidades se mantienen estables en 400 donantes/día como media y para los días laborables que no comprendan períodos vacacionales”, explica Sagardui. Puede donar sangre cualquier persona sana entre 18 y 65 años que pese más de 50 kilos. Los varones pueden donar cuatro veces al año y tres las mujeres, indica Osakidetza. Los puntos de recogida están actualizados en este enlace.

Vox ha fracasado este jueves en el Parlamento Vasco en su intento de que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, participe en la inauguración de la salida del Tour de Francia de 2023, que tendrá lugar en Euskadi, así como en que la Guardia Civil colabore en el dispositivo de seguridad. PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU ni siquiera han participado en el debate -como es usual con otras iniciativas de la ultraderecha- y solamente PP+CS se ha adherido a la propuesta aunque ha considerado que era poco “acertada” ya que “el rey puede venir a esta tierra cuando lo considere oportuno”. “Vamos a ver, estamos en España”, le ha recordado el 'popular' Carmelo Barrio a la única representante de Vox en la Cámara autonómica y promotora de este debate, Amaia Martínez Grisaleña.

“Lo que pedimos es que la Guardia Civil participe activamente en el buen discurrir de la próxima edición del Tour y que Su Majestad, el rey Felipe VI, sea invitado institucionalmente a estar en Bilbao el próximo día 1 de julio”, ha sintetizado Martínez Grisaleña, que considera que el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere aprovechar este evento deportivo internacional para presentarse “como el presidente de la república independiente vasca” y para arrinconar la “simbología nacional” española. “Llevamos varias décadas dejando que todo el espacio político e institucional sea monopolizado en esta parte de España por el nacionalismo. Ha habido a lo largo de estas cuatro décadas una dejación de las funciones por parte de los poderes del Estado en el País Vasco. Se ha cedido a todas sus pretensiones para arrinconar, marginar e invisibilizar la presencia y la simbología de España en el País Vasco. Y ello ha sido una de las principales causas de la permanencia continuada del nacionalismo en el poder”, ha afirmado también la portavoz de Vox, quien ha empleado en varios momentos el término “Euskadi” para referirse a la comunidad autónoma y quien ha dicho que la Vuelta a España también es recibida en “olor a multitudes” cuando pasa por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Desde la bancada de PP+CS, Carmelo Barrio ha lamentado que se haya presentado una iniciativa de este tipo sabiendo que iba a ser rechazada por una amplísima mayoría e iba a mostrar una imagen de derrota de la monarquía. “Consideramos que es un error de cálculo o de procedimiento”, ha señalado Barrio recordando que el jefe del Estado tiene capacidad para acudir 'motu proprio' a cualquier gran evento en España. El resto de partidos han mantenido su “cordón sanitario” y han optado por no participar en debates con Vox.

Y ello ha motivado una airada respuesta de Martínez Grisaleña: “Podemos comprobar que, además, tras las elecciones del pasado día 28 el panorama parlamentario no ha cambiado lo más mínimo: los cuatro del 'apartheid', los cuatro del cordón continúan, a través de su silencio, practicando el odio y la violencia política. Odio que, además, tiene su continuidad en las calles de nuestros pueblos y ciudades a través de actos violentos hacia los representantes políticos de la formación a la que yo represento”. Vox también opta por no intervenir en decenas de ocasiones en plenos y comisiones del Parlamento Vasco aunque insista en denunciar su “apartheid”.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de la Actividad Física y del Deporte, que actualiza la norma vigente desde 1998 y establece que la Unión de Federaciones Deportivas dará a cada federación “el apoyo y la cobertura necesaria para que estas puedan promover e impulsar la participación de las selecciones vascas en competiciones estatales e internacionales, incluidas las oficiales”. El grueso del dictamen ha contado con el apoyo de PNV, PSE-EE y EH Bildu pero con el voto en contra de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox.

En el pleno, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha destacado que este texto legal, que actualiza la norma vigente desde 1998, “fijará un nuevo régimen jurídico y creará un marco legal para que la actividad física y el deporte vasco puedan adquirir un protagonismo mayor en la sociedad” vasca, informa Europa Press.

En este sentido, ha destacado que el proyecto de ley planea una serie de propósitos “de especial relevancia” como la promoción de la actividad física y el deporte, el objetivo de alcanzar un deporte más inclusivo, la incorporación de modelos de buena gobernanza, la erradicación de las desigualdades, el fomento de la actividad física y el deporte en edad escolar y el fomento del deporte femenino.

También prevé la obligación de órganos paritarios en las organizaciones deportivas, la clarificación del rol de las administraciones públicas en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo y en la tarea de crear hábitos saludables de vida, y el “redimensionamiento y racionalización” de las estructuras del deporte federado.

La ley, pactada en su tramitación con EH Bildu, impulsa el papel de las administraciones públicas en la promoción de la práctica deportiva o el deporte escolar en el tramo 0-6 años, no cubierto por la norma anterior. Además, contempla extender al mayor número de municipios posible uso de la tarjeta única deportiva --Kirol Txartela Mugiment-- para facilitar la práctica del deporte en cualquier punto del territorio.

Este texto también establece que la Unión de Federaciones Deportivas Vascas dará a cada federación “el apoyo y la cobertura necesaria para que estas puedan promover e impulsar la participación de las selecciones vascas en competiciones estatales e internacionales, incluidas las oficiales”. Asimismo, en el texto se indica que la ley “será de aplicación en todo el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco”, y que “teniendo en cuenta las relaciones deportivas, sociales y culturales existentes, los poderes públicos y las entidades deportivas de la comunidad autónoma del País Vasco podrán colaborar con los poderes públicos y las entidades deportivas de Navarra e Iparralde para el desarrollo de actividades físicas y deportivas reguladas en esta ley”.

En el debate, la parlamentaria del PNV Rakel Molina, ha agradecido el trabajo compartido con EH Bildu y ha lamentado la oposición de Elkarrekin Podemos-IU y de PP,+Cs cuando “la mayor parte de sus enmiendas han sido incorporadas” al texto. Además, ha destacado que en su articulado, la ley recoge el impulso a la oficialidad de las selecciones vascas y su participación en las competiciones internacionales. “Lograremos una sociedad donde el ejercicio físico y el deporte tengan mayor protagonismo y redunde en una ciudadanía más saludable”, ha defendido. La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha explicado que durante la tramitación de la ley, la “obsesión” de su partido ha sido “colocar la actividad física y el deporte en el centro, en la agenda política. El parlamentario de PSE-EE Alberto Alonso ha destacado que esta es una ley ”ambiciosa“ que se marca, entre otros, los objetivos de alcanzar un deporte ”más inclusivo, erradicar las desigualdades, fomentar la actividad física y del deporte en edad escolar, así como del deporte femenino u obligar a la existencia de órganos paritarios en las organizaciones deportivas“.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha anunciado el voto en contra del proyecto de ley subrayando sus diferencias con la organización interna de las federaciones deportivas, ya que es “uno de los principales cambios” de esta ley. Aunque ha dicho compartir la necesidad de abordar la reforma del sistema federativo, cree que no se debe hacer “de cualquier manera”. Y el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha defendido que su grupo ha hecho “un esfuerzo político importante” presentando 58 enmiendas, 32 de ellas aceptadas y transadas, pero ha subrayado entre las enmiendas no aceptadas se encuentran algunas importantes para su voto definitivo a la ley. “Se eligió el modelo de EH Bildu por parte de la mayoría parlamentaria en la confección definitiva de esta ley y nosotros no compartimos ese modelo”, ha señalado.

El presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, ha escrito una carta al lehendakari, Iñigo Urkullu, en su calidad de representante de las regiones del denominado arco atlántico. Varias de ellas, en concreto Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria, hicieron visible esta semana a través de sus presidentes su queja por los retrasos de Francia en la conexión ferroviaria de alta velocidad por este corredor y anunciaron que actuarán como “lobby” para no perder influencia frente al corredor mediterráneo. La misiva, de una cara y en francés, es previa a la cumbre pero ha llegado después de su celebración. Macron, cuya Administración ha decidido posponer más allá de 2040 los avances en las líneas férreas desde Burdeos hasta la frontera de Irún/Hendaya, se limita a mostrar cortésmente a Urkullu que “toma nota” de las peticiones, pero no adquiere compromisos concretos.

Ha sido el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, el que ha informado de la llegada de la carta en Euskadi Irratia y, minutos más tarde, en el Parlamento Vasco, fuentes de la Presidencia han confirmado la noticia. Macron escribe que “está encima de la mesa” avanzar hacia la interconexión aunque sin tomar “ningún compromiso concreto”, según entiende el Ejecutivo de Urkullu. No obstante, Francia -que hace gala de ser un Estado centralista- prioriza las relaciones bilaterales con España más allá de la cortesía con otros ámbitos institucionales.

En la Cámara, a preguntas de la oposición sobre la cumbre de presidentes autonómicos que organizó Urkullu con Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, de PP, PSOE y PRC, el lehendakari del PNV ha informado de que ha comunicado también por carta a Macron e incluso al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, las reflexiones compartidas de las regiones atlánticas y sus reivindicaciones. Urkullu es un dirigente que mantiene viva la tradición epistolar y suele emplear este cauce de comunicación en sus relaciones con otros mandatarios.

“Tengan por seguro que, en calidad de ser presidente de la Comisión del Arco Atlántico como también de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, antes de la cumbre hispanofrancesa que se celebró en Barcelona me dirigí por carta al presidente Pedro Sánchez y también al presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, como lo he vuelto a hacer esta misma semana a ambos. Lo he vuelto a hacer”, ha recalcado Urkullu en la sesión de control al Gobierno de la Cámara, donde ha sido interpelado por esta cuestión tanto por PP+Cs como por parte de Elkarrekin Podemos-IU.

Y ha adelantado que Euskadi continuará en la pelea para buscar compromisos concretos para la conexión ferroviaria, aunque tampoco la red interior de alta velocidad está ni mucho menos cerca de ser una realidad. “El lunes próximo tendremos una reunión de la eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra y también abordaremos estas cuestiones. Puedo asegurar que el presidente de Nueva Aquitania, presidente de turno de la eurorregión, es una persona absolutamente comprometida con estos objetivos que he venido a mencionar y absolutamente comprometida en demanda también del apoyo que desde Euskadi podamos ofrecer ante las instituciones europeas”, ha afirmado cuestionado por posibles apoyos internos en la propia Francia para evitar que la línea Burdeos-Dax-Hendaya quede en un cajón.

“Seguiremos defendiendo nuestros intereses en Europa, porque, sencillamente, creemos en el proyecto europeo. Y sabemos que ésta es la vía para garantizar el bienestar presente y futuro de nuestras sociedades. Nuestra defensa del eje atlántico se asienta en el compromiso institucional, pero debe ser una apuesta colectiva que integre el impulso y la participación del conjunto de actores socioeconómicos de nuestras respectivas comunidades”, ha abundado Urkullu apelando de nuevo a que empresas, colectivos o agentes sociales se sumen a las labores de 'lobby' como ha ocurrido en el caso mediterráneo.

Desde la oposición, PP+Cs ha interpretado que “quien mejor puede influir en el señor Macron es el Gobierno de España, el señor Sánchez”. Y ha pedido al PNV que haga uso de su influencia en el Ejecutivo central para explorar esa posibilidad. “Creo que esa baza hay que jugarla. Y usted la puede jugar”, le ha dicho a Urkullu Carmelo Barrio. En la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Íñigo Martínez-Zatón ha recordado que “más allá de velocidades” el problema de la conexión es una diferencia entre el denominado ancho ibérico y el ancho internacional y ha puesto en cuarentena que se defienda también la interconexión en el corredor del hidrógeno “porque hay evidencia científica de que todavía no está muy claro hacia dónde va a ir esa tecnología”.

AVS Next es una empresa del sector aeroespacial que ha participado en la misión de la NASA a Marte. La Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas emplea un túnel de viento. Y Basquevolt es el gran proyecto vasco para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Los tres están instalados en el edificio E9 del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, más conocido como el Marie Curie. Nada tendrían de particular en un polígono vivo y con vis expansiva si no fuera por el hecho de que han conseguido dar vida, tras casi una década abandonado, al viejo pabellón del sueño roto de la Fórmula 1 vasca, Épsilon-Euskadi, que no solamente no corrió ni una sola carrera en esa categoría sino que se tragó del orden de 50 millones de euros públicos. Y no sólo eso: el Gobierno vasco sostiene en un informe enviado al Parlamento que ya no está perdiendo dinero con el mantenimiento de esa gran nave.

Según los datos facilitados a la Cámara a instancias del parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, de quien depende la sociedad pública que gestiona el parque, los tres inquilinos pagan entre 7 y 10 euros el metro cuadrado y han abonado ya 236.491 (sin IVA) en concepto de arrendamiento. AVS llegó en octubre de 2021, Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas en noviembre de ese año y Basquevolt en diciembre de 2022. Miñano “repercute” a las compañías 49.940,28 euros (sin IVA) por “gastos comunes” mientras que destina 36.004,92 euros (sin IVA) en “mantenimiento”, esto es, en climatización, protección antiincendios, seguridad o jardinería.

La joya de la corona del pabellón siempre fue el túnel del viento. Allí entrenaba Alberto Contador cuando era favorito para ganar las mejores carreras ciclistas o se presentó un nuevo balón para la Primera División de fútbol. Ahora vuelve a tener uso, aunque admite Tapia que se han destinado 695.999,97 euros (sin IVA) en “trabajos de puesta en marcha” realizados entre febrero y noviembre del pasado año. Se explica que el contrato de 2021 con la Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas “requería de los trabajos de acondicionamiento de la instalación”. Además, Miñano ha tenido que desembolsar 31.271 y 187.805,07 en otras inversiones en el Marie Curie antes de pasar a ser rentable por vez primera en 2023.

El proyecto Épsilon-Euskadi estaba capitaneado por el catalán Joan Villadelprat, exjefe de mecánicos de Ferrari. Era parte de un tridente impulsado políticamente por el PNV que incluía también un posible circuito de carreras en Araka en sustitución del actual cuartel del Ejército y un vehículo eléctrico llamado a revolucionar mundial y llamado Hiriko. Arakamendi nunca pasó de pegatina promocional e Hiriko, con muchas conexiones en cuanto a personal y flujos de dinero con Épsilon-Euskadi, naufragó también a pesar del apoyo público y ahora busca renacer con otro nombre en Navarra.

Villadelprat, que definió Épsilon Euskadi como un “proyecto nacional vasco”, se instaló en Vitoria tras pasar por Gipuzkoa y organizar también una carrera urbana en Bilbao. Pero el proyecto, con un 90% de financiación pública, entró en crisis. Tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. ¿Qué ocurrió? Que Miñano se convirtió en avalista. Por ello, cuando quebró la escudería, Miñano tuvo que poner 16,4 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. En 2020 se estimaba que había que devolver 900.000 euros de principal más los intereses. En 2014, el primer año, eran de 400.000 euros. Entonces se dijo que se habían “renegociado” y bajaron 100.000 euros al año.

Entretanto, a la dirección del parque le resultaba imposible colocar una nave de 13.700 metros cuadrados útiles. Todavía hacia 2015 se insistía en la idea de volver a llamar a la puerta de escuderías de Fórmula 1, aunque la tecnología había quedado ya completamente obsoleta para la alta competición. En concreto, informes oficiales indicaban que se había sondeado al estadounidense Gene Haas y al serbio Zoran Stefanovic. En 2020, cuando se organizó una visita, todo seguía congelado en el tiempo tal y como lo dejó casi diez años antes el personal de Épsilon-Euskadi. Desde entonces, se ha intentado rentabilizar el lugar al menos con rodajes de anuncios y películas en un espacio que mantiene un cierto aire futurista. Sólo desde 2021 el Marie Curie ha vuelto a tener actividad.

El PNV ha presentado ahora a Alfredo de Miguel, condenado a doce años de cárcel por liderar una trama de corrupción política, como “víctima” de la “tardanza” de la Justicia en resolver una investigación que colea aún y cuyo inicio data de diciembre de 2009. La palabra ha sido formulada este martes en el Parlamento Vasco. En la Cámara se ha celebrado una tensa sesión en comisión motivada por el hecho de que el ex 'número dos' del PNV de Álava sigue en su puesto en la Administración autonómica como “coordinador” de la entidad de pesca Itsas Garapen Elkartea después de varios ascensos de categoría y subidas de sueldo en estos años, como ha venido publicando este periódico y ha confirmado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, de quien depende la sociedad pública Hazi a la que está adscrito el expolítico. La reflexión la ha hecho Mikel Arruabarrena, portavoz del partido en esa comisión, quien ha considerado que los “principales damnificados” por la gran duración de este sumario son los “enjuiciados” y ha defendido, a continuación, la “transparencia” de Euskadi contra la corrupción.

Se da la circunstancia de que son precisamente las “dilaciones indebidas” en el proceso las que han hecho que las condenas de cárcel sean menores y no las que corresponderían por la gravedad de los hechos confirmados. Además. el proceso ha durado tanto porque ni De Miguel ni otros de los que ahora entrarán en prisión han querido colaborar con la Justicia. De hecho, un grupo de imputados encabezados por el también 'jeltzale' Josu Arruti ya confesó y devolvió el dinero en 2018 y acabaron con su travesía en las diferentes instancias judiciales. Para ellos la sentencia ya es firme desde hace un lustro y De Miguel tuvo la misma oferta de la Fiscalía para lograr una salida pactada y favorable.

Desde la oposición, EH Bildu ha remarcado también que el PNV nunca ha puesto en valor a la denunciante del 'caso De Miguel', la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, quien acudió a la Fiscalía después de que De Miguel le pidiera una comisión de 100.000 euros por la intermediación en la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. Más bien al contrario, ella ha denunciado en estos años haber recibido la recomendación de no presentarse a concursos. También se le comunicó una inspección fiscal tres días antes de que le tocara ratificar su denuncia en el juicio, celebrado en 2018. Igualmente, ha referido que ha necesitado tratamiento por la ansiedad que ha padecido.

En su respuesta, la consejera Tapia ha respondido textualmente: “Va a ser duro lo que voy a decir. Usted habla de que una persona particular denuncia la extorsión. Y que es muy valiente. Bueno, quizás otras personas también tendrían que haber sido valientes y haber denunciado otro tipo de extorsiones en este país”. Hace unas semanas, en un debate en las Juntas Generales de Álava, el PNV también afeó su cobertura a ETA a la izquierda abertzale. Sin embargo, fue De Miguel el que simuló una falsa amenaza terrorista para justificar los movimientos opacos de dinero, entre ellos una operación con 60 billetes de 500 euros en la calle.

Al PP, Tapia también le ha pedido que se ahorre lecciones de cómo gestionar casos de corrupción, lo que ha motivado un gran enfado de su portavoz, Carmelo Barrio. La presidenta de la comisión, Alaitz Zabala, también del PNV, ha cortado a los portavoces de Elkarrekin Podemos-IU y Vox cuando han querido enumerar otros casos o posibles irregularidades. Ha pedido que se ciñan al tema del orden del día. También ha mostrado su enfado ante las quejas de la oposición por la demora de dos meses desde que se conociera la posición real de De Miguel en Hazi y en Itsas Garapen Elkartea hasta que ha tenido lugar el debate.

En ese período, además, se conoció la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de enero que ratifica en buena medida el pronunciamiento inicial en primera instancia de la Audiencia de Álava. En el debate, se ha manejado el argumento de que han pasado 53 días desde que la sentencia es firme y no se ha ejecutado. Lo ha usado la oposición para echar en cara al Ejecutivo que no haya despedido ya a De Miguel y también la consejera para criticar la tardanza de la notificación del fallo. Se ha orillado que uno de los condenados, el exedil del PNV en Leioa y administrador de la empresa pantalla para el cobro de comisiones Errexal, Iñaki San Juan, formuló un “incidente de aclaración” que paralizó la firmeza. Esa aclaración de la sentencia ha llegado solamente hace unos días, el pasado jueves, no hace dos meses. Permitirá a San Juan con toda probabilidad eludir la entrada efectiva en prisión porque ninguno de sus delitos supera los dos años de pena pero abre ya la puerta a la ejecución del resto de penas, aunque ello exige aún formalismos procesales en la Audiencia Provincial. Hasta el momento, tampoco la huelga de secretarios judiciales ha afectado en nada.

El caso de Koldo Goitia

El Gobierno ha recalcado ante la Cámara que, en cuanto reciba la notificación, despedirá a De Miguel de Hazi. También, por cierto, a Koldo Ochandiano, otro exdirigente del PNV de Álava que había vuelto a la misma plaza de contable que tenía en Miñano cuando se cometieron las irregularidades. Se hará con “premura”, ha garantizado Tapia. Además, ha indicado que Hazi ha dado la “orden” a De Miguel para que les informe en cuanto él también reciba la notificación oficial. La oposición ha ironizado que no se puede pretender que actúe ahora con diligencia y honestidad alguien condenado por graves delitos.

De Miguel fue detenido por este caso en 2010, precisamente en marzo. Tenía de su etapa anterior dos excedencias en sendas sociedades públicas. Una era Sprilur, también dependiente del área que ahora dirige Tapia, y la otra en IKT. La de Sprilur la liquidó y se llevó una indemnización de 22.000 euros. Eligió IKT, donde tenía un salario de unos 27.000 euros reducido un 12,5% por motivos familiares. Y en 2012 IKT se fusionó con otras dos entidades para convertirse en la fundación Hazi. Desde entonces De Miguel ha escalado de una categoría laboral C a una categoría A, la máxima. Cobra 30.000 euros más, unos 57.000 euros. Su sueldo no ha parado de subir, ni siquiera después de que se conociera su condena en primera instancia en diciembre de 2019.

Tapia ha indicado que ese salario y esa categoría son “temporales”. Ha indicado que Koldo Goitia dejó Hazi para ser alcalde de Lekeitio (también por el PNV) y que hubo un concurso para ocupar su plaza. Lo ganó De Miguel, informático de profesión pero que ahora se ha especializado en la pesca. Ello le ha permitido saltar dos categorías a la suya y tener pluses salariales de relevancia. Su salario bruto en 14 pagas supera los 4.000 euros mensuales. Entre sus funciones, se le asignó la “secretaría técnica” del GALP o grupo de acción local pesquera de Bizkaia y Gipuzkoa, una entidad llamada Itsas Garapen Elkartea. Este periódico documentó que era referido como “gerente” de ese grupo y que, como tal, había dado entrevistas, realizado viajes oficiales y participado en foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hasta recogió dos premios en nombre de iniciativas vascas innovadoras del mundo de la pesca.

Según la consejera, la palabra “gerente” es una mala traducción de “manager” y ha indicado en el Parlamento que la denominación correcta de sus funciones es la de “gestor” o, a lo sumo, “coordinador”. Además, ha recalcado que no ha representado ni a Euskadi ni al Gobierno vasco, sino exclusivamente a Itsas Garapen Elkartea, donde participan también las cofradías vizcaínas y guipuzcoanas, por ejemplo. Además, ha insistido en que todas sus funciones son en realidad las de Goitia, que ahora dejará la alcaldía de Lekeitio y regresará a Hazi con más responsabilidades y salario que los que tenía cuando la abandonó. Son muchos los excargos del PNV en Hazi, incluido Iñaki Gerenabarrena, el presidente del partido en Álava cuando operaban De Miguel, Ochandiano y el tercer dirigente condenado, Aitor Tellería. Es más, Tapia ha revelado que De Miguel intentó consolidar su ascenso y que presentó un recurso interno para ello. Se le denegó. Por las fechas que ha dado, aquel asunto se resolvió apenas unos días antes de que arrancara el juicio por corrupción.

Como publicó este periódico en 2019, tras la primera sentencia, el convenio de Hazi prevé un despido para personas condenadas a más de seis años de prisión por delitos económicos, entre ellos la malversación. No se alude a que la condena tenga que ser “firme”, como sí ocurre en otros convenios. Sin embargo, el Ejecutivo siempre ha interpretado que tocaba preservar los “derechos” de De Miguel a una “doble instancia”, esto es, a presentar un recurso ante el Supremo. La consejera Tapia ha leído pasajes de informes internos que apuntan en esa dirección. Es por ello por lo que tampoco desde enero se ha despojado al expolítico condenado de sus responsabilidades, porque se espera a una notificación oficial de firmeza.

Lealtad del PSE-EE

Para la oposición, es una forma de proceder inadecuada. Según Josu Estarrona, de EH Bildu, el Gobierno y el PNV han decidido “preservar por encima de todo, incluso por encima de la propia imagen de la institución, los derechos de esta persona”. Y ha lamentado “medias verdades” como cuando Tapia “dio a entender” en enero, tras conocerse el fallo del Supremo, que De Miguel había sido enviado a casa a teletrabajar. Ha enfatizado que ya lo hacía desde meses antes. La consejera ha puntualizado que ahora es una situación permanente y no en función de los días y ha rechazado que teletrabajar implique no hacer nada o estar de “hamaiketako” en casa. Estarrona también ha recordado una comparecencia de Hazi en 2020 en el Parlamento. En ella no se dio el salario real que entonces tenía quien todos conocen como Txitxo.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha planteado que, en estos años, “por lo menos la suspensión de sueldo” sí cabía si no era posible un despido. Carmelo Barrio, de PP+Cs, ha descrito estos años en Hazi con el título de una película, “Uno de los nuestros”. El PSE-EE, en cambio, ha ejercido de socio leal del PNV en las instituciones. Su portavoz este martes, Gloria Sánchez, ha usado la palabra “positivo” asociada a la gestión de Tapia sobre el papel de De Miguel en Hazi en al menos media docena de ocasiones. Hablando en primera persona, ha añadido igualmente: “No podemos actuar por lo que dicen los medios de comunicación”.

La mayoría de los contagios de viruela del mono en Euskadi corresponden a hombres de entre 30 y 50 años y la principal vía de transmisión de la enfermedad es el contacto estrecho, según un informe enviado al Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en el que responde a la solicitud de información realizada por el parlamentario del PP+Cs, Carmelo Barrio, acerca de la incidencia de la enfermedad. El escrito, con datos hasta el 9 de septiembre, refleja que el retraso en el diagnóstico y la dificultad para el estudio de los contactos estrechos, sigue siendo un impedimento para el control del brote. “Mientras el brote continúe activo, existe la posibilidad de que la transmisión del virus se propague a otros grupos de población. Las agencias internacionales llaman especialmente la atención sobre aquellos grupos de población vulnerables a padecer formas más severas de la infección como la población infantil, embarazadas o personas inmunocomprometidas, lo cual puede conducir a un cambio en el patrón de gravedad”, alerta la consejera en el escrito.

No obstante, Sagardui asegura que “el impacto en la población general” por la enfermedad “en estos momentos es bajo” e informa de que “hasta el momento los casos detectados en territorios no endémicos relacionados con este brote son leves, con una proporción baja de ingresos hospitalarios”. Según informa, cualquier persona puede contagiarse de la enfermedad “si mantiene contacto físico estrecho con las lesiones de piel y mucosas o con fluidos corporales de una persona infectada”. Por ello, recomienda la adopción de “medidas preventivas” que incluyen el aislamiento, el cumplimiento de medidas básicas de higiene y evitar el contacto físico y las relaciones sexuales con personas que presenten síntomas de la enfermedad. La consejera también hace hincapié en evitar el contacto directo con “objetos que pudieran estar contaminados por fluidos de la persona enferma”.

En el caso de Euskadi, la consejera informa de que la evolución de la enfermedad, al igual que en el resto del país “es incierta y dependerá de que las recomendaciones lleguen a la población en riesgo de manera efectiva y de la disponibilidad de la vacuna que, en estos momentos, es limitada”. El documento termina destacando el trabajo realizado tanto por el Departamento de Salud como por el resto de instituciones públicas a la hora de informar de la enfermedad y tratar de evitar su propagación.

Hasta el 15 de septiembre, última fecha en la que el Departamento de Salud ha actualizado los datos, se han registrado 228 casos de viruela del mono en Euskadi, la mayor parte con síntomas “leves”. 59 de los casos han sido detectados en Bizkaia, 48 en Gipuzkoa y 21 en Álava. La mayoría de los afectados, un total de 221, son hombres, frente a siete mujeres. Osakidetza continúa con la vacunación siguiendo los criterios recogidos en las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública. Hasta la fecha, se han vacunado 486 personas. Para llevar a cabo la vacunación, se continúa realizando “una captación activa de la población elegible”, de modo que desde los servicios de salud se está contactando con aquellas personas que cumplen los criterios recogidos en las recomendaciones de vacunación elaboradas por la ponencia de vacunas y aprobadas por la Comisión de Salud Pública.

En el día en que se han cumplido 500 años desde que se completara la primera vuelta al mundo, el capitán que finalizó la circunnavegación con bandera de la Corona de Castilla, Juan Sebastián Elcano, ha recibido un doble homenaje. El jefe del Estado, con uniforme militar, ha presidido a bordo del buque-escuela que lleva el nombre del marino la parada militar naval en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, que fue la localidad en la que arribó la reducida tripulación tres años después de su partida. Ha sido una convocatoria con presencia también de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Y, en Getaria, localidad natal de Elcano, 200 vecinos han representado el desembarco -una tradición que cumple cien años también- con una representación institucional encabezada por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Pese a la distancia, en ambos puntos el mar estaba en calma y el cielo despejado y se ha coincidido en que la hazaña es equivalente a la llegada de Estados Unidos a la luna en el siglo XX.

Por la mañana, Felipe VI ha embarcado en el Elcano, se han disparado 21 cañonazos de honor y se ha interpretado el himno de España. Este barco ha estado acompañado por una réplica de la nao Victoria -aunque hay documentos que aseguran que se llamaba en verdad Vitoria, como la ciudad-, por doce naves militares y cuatro aviones que han despegado desde uno de los barcos, el Juan Carlos I, el mayor buque de guerra español. Se ha hecho un homenaje a los “caídos” o fallecidos durante la expedición. Los actos conmemorativos -que han incluido también la acuñación de una nueva moneda de 2 euros ya en circulación o incluso que La Vuelta ciclista haya partido este martes de Sanlúcar de Barrameda- se completarán el 8 de septiembre cuando la réplica de la Victoria llegue a Sevilla remontando el Guadalquivir, como ocurrió en 1522.

Por la tarde, una recreación de una carabela portuguesa que participó en la llegada a Brasil ha servido al pueblo de Getaria para recrear, como cada cuatro años, el desembarco de Elcano en Sanlúcar de Barrameda. El barco llevaba pabellón de la Corona de Castilla, mientras que en Cádiz han imperado las banderas rojigualdas. Un grupo de actores locales ha arribado al puerto con ropa semirrota, largas barbas y pelos desaliñados, simulando el duro final de la singladura. Como novedad, este año la tripulación estaba compuesta por 21 personas y no por 18, ya que además de los 18 marineros al servicio de Castilla -aunque muchos eran extranjeros en el equipo al mando de Elcano- llegaron tres esclavos moluqueños. Por vez primera también, una mujer ha participado en la recreación haciendo precisamente uno de los nuevos papeles.

En el muelle, escuchando las salvas de honor, esperaban Urkullu, con makila de mando, tres consejeros de su equipo, Arantxa Tapia, Javier Hurtado y Bingen Zupiria, que lucían medallones, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, la jefa de la oposición, Maddalen Iriarte, de EH Bildu, y otros cargos como el portavoz del PP, Carmelo Barrio, o el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. El alcalde local, Haritz Alberdi, también de EH Bildu, no ha podido ocultar la emoción por lo histórico del momento. Tras el desembarco, los tripulantes han completado una ruta por Getaria, abarrotada de gente, hasta la iglesia. Lo han hecho descalzos, a paso lento en señal de agotamiento y portando sus utensilios rudimentarios de navegación. Se ha celebrado una ceremonia religiosa en la que se han interpretado canciones corales. En los actos promovidos desde Euskadi se ha empleado la grafía “Elkano” para referirse al marinero que completó la primera vuelta al mundo. La comunidad autónoma, además, ha decretado que este 6 de septiembre de 2022 sea festivo.

Getaria y Sanlúcar de Barrameda, con motivo de esta efeméride, han quedado unidas también con una ruta turística que atraviesa cuatro comunidades autónomas, Euskadi, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. El producto, bautizado con el nombre de Magallanes y del propio Elcano, fue presentado en la última edición de Fitur, en Madrid. “Marinos procedentes de todos los puntos de España, también de Europa, deciden emprender, unidos, la ruta más incierta y complicada. Fue un proyecto español, que se consiguió gracias a la unión. Ahora también unidos podemos salir más fuertes de este mar de dificultades del que ya vemos poco a poco la recuperación”, solemnizó en la presentación el consejero vasco, Javier Hurtado, del ala socialista del Ejecutivo de coalición con el PNV.

El portavoz del PP+Cs en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, ha acusado al Gobierno de Urkullu de hacer “seguidismo” de Pedro Sánchez con el Plan de Contingencia Energético y ha reclamado realizar “un debate completo y serio” en el que se “escuchen” las medidas que planteen los grupos políticos y también las organizaciones empresariales y los sectores afectados.

En declaraciones a Europa Press, el parlamentario popular se ha pronunciado de este modo tras la presentación este pasado viernes del borrador del Plan de Contingencia Energética de Euskadi por parte de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia. Barrio ha subrayado que, ante “las incertidumbres que plantea el otoño” en materia energética y económica, tanto el Gobierno central como el vasco “se tendrían que tomar estas cuestiones bastante más en serio de lo que se lo toman”.

De este modo, ha censurado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya diseñado “un plan de agosto, a todo correr, sin discutir con la oposición” con medidas de ahorro energético y haya convertido este asunto en “una cuestión de gobierno o de partido”, en vez de “una cuestión de Estado”. Según ha indicado, las medidas planteadas por el Gobierno central son “insuficientes” y debería “apoyarse en las comunidades autónomas y en el principal partido de la oposición”.

En esta línea, ha lamentado que el PNV “hace seguidismo constante de las políticas de Sánchez” y también es “responsable” de ellas y ha incidido en que Euskadi no es “una isla energética”, sino que “le afectan las medidas de Sánchez que el PNV apoya al 100%”.

A su entender, “como el PNV es socio estratégico” del presidente del Gobierno, “lo que tendría que ser es capaz de influir en que todas medidas no fueran tan coyunturales y tan insuficientes y que fuera un acuerdo de Estado”.

En todo caso, ha advertido de que el Plan de Contingencia vasco “no tiene que servir como de complemento a las políticas de Sánchez” y ha exigido que el Gobierno “lo tiene que explicar en el Parlamento vasco”. Según ha subrayado, pese a estar en el mes de agosto, el Ejecutivo “tiene perfecta capacidad para pedir la comparecencia” en la Cámara si hay “una cuestión importante”.

“Y el Plan de Contingencia Energética es lo suficientemente importante”, ha insistido el parlamentario, que ha considerado que este documento “puede y debe” recoger más medidas que las incluidas en el borrador presentado por la consejera Tapia.

Para ello, ha defendido que el Gobierno Vasco “lo primero que tendría que hacer es escuchar a todos los grupos” en el Parlamento y, además, ser “permeable a las medidas que hagan los grupos parlamentarios, las organizaciones empresariales, los sectores energéticos o estratégicos puedan plantear”.

De este modo, ha reivindicado la necesidad de hacer “un debate completo y serio, empezando por la comparecencia de la consejera en el Parlamento Vasco”.

Por lo que respecta a su partido, ha reiterado la apuesta por las medidas que ya presentó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta materia, aunque, según ha lamentado, les han “dado la espalda Sánchez y el PNV, que ahora presenta, haciendo seguidismo, sus propuestas con un cierto grado de planteamiento voluntarista”.

“Mucho más potente habría sido que el PNV hubiera influido en apoyar ese plan de estado, esa estrategia de estado en relación con la energía”, ha reiterado.

Dos años después de las elecciones autonómicas, PP+Cs ha hecho balance de la primera mitad de la legislatura vasca y de los retos pendientes para la segunda. El portavoz del grupo conjunto en el Parlamento Vasco, el 'popular' Carmelo Barrio, ha afirmado que la salud de la coalición es “muy buena” y que “desde luego la previsión es que este grupo siga funcionando hasta el final de la legislatura”. Esta formación es la quinta fuerza en Euskadi con seis escaños, cinco azules y uno naranja.

Barrio, que ha ofrecido una rueda de prensa en la Cámara, ha señalado que las relación entre socios “forman parte del balance” y que “aunque ha habido algunos cambios” -en referencia a que uno de los dos electos por Ciudadanos, Luis Gordillo, saltó al PP- estas circunstancias “no han debilitado la actividad del grupo parlamentario”. Según la parte 'popular', hay “unidad de actuación” y “un programa político compartido”. “Estamos en una clave de funcionamiento de colaboración intensa”, ha enfatizado Barrio, que ha optado por no pronunciarse por una hipotética reedición que nadie tiene ya en mente ante el declive general del partido de Inés Arrimadas.

Desde la parte de Ciudadanos, en respuesta a preguntas de este periódico, coinciden en el diagnóstico pero con matices. “La salud de la coalición es buena, aunque desgraciadamente es peor que cuando comenzamos. Ciudadanos sigue colaborando lealmente en ella porque somos un partido leal y fiable como socio, y porque anteponemos los intereses del constitucionalismo a los nuestros propios. Estamos funcionando profesionalmente y, aunque no haya afectado al trabajo cotidiano en plenos y comisiones, no es fácil tener que convivir en el día a día con un tránsfuga. Es una pena porque en sitios como Euskadi o Navarra seguimos creyendo que los constitucionalistas somos más fuertes unidos. La debilidad de los constitucionalistas y nuestros problemas internos sólo favorecen a un nacionalismo que no para de crecer en Euskadi”, entiende desde el entorno del parlamentario José Manuel Gil.

En clave menos interna, PP+Cs ha realizado un análisis muy crítico de la situación en Euskadi. Ha mencionado fuerte discrepancias con la gestión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu en Educación, en Sanidad, en política económica (fiscalidad y fondos europeos) y ha expresado su temor por la reactivación de la búsqueda de un “nuevo estatus”. Según Barrio, hay una “presión constante” de EH Bildu al PNV que ha llevado a diseñar una reforma educativa que orilla el castellano y a los centros concertados religiosos. PP+Cs entiende que Urkullu juega con dos barajas, con una “mayoría técnica” para la gobernabilidad del día a día con el PSE-EE y con otra de corte “nacionalista” de la mano de la izquierda abertzale.

Y ha insistido Barrio en que “el nuevo estatus no es algo que preocupa a la sociedad”. Primero porque “hay un Estatuto vivo y que sigue uniendo” a los vascos entre sí y a los vascos con el resto de España y, segundo, porque “lo que sí preocupa [a la ciudadanía] es la economía, llegar a fin de mes, la Educación o que se refuerce la atención primaria”. PP+Cs, asimismo, entiende que “el descrédito del Gobierno de Pedro Sánchez salpica también al PNV como copartícipe de esas políticas”. Barrio, además, ha reclamado al propio Parlamento Vasco que retome los trabajos de reforma de su reglamento, que acumulan años de retraso.

En la fachada de la Casa Consistorial de Ermua, bajo las banderas de Bizkaia, España, Euskadi y Europa, han colgado en los últimos días dos grandes fotografías en blanco y negro de los vecinos asesinados por ETA. Son Sotero Mazo, taxista de origen extremeño, y Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de origen gallego. En medio de ambos retratos, un pebetero pretende simbolizar que la memoria sigue prendida ahora que se cumple un cuarto de siglo del secuestro y posterior asesinato del edil. No sin controversias políticas en una Euskadi que lleva diez años largos sin la amenaza terrorista, este domingo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, entre otras autoridades, presiden el acto principal de los muchos que se han organizado en estos días de julio en la propia Ermua y en otros puntos de Euskadi y España.

Uno de los participantes será el entonces alcalde, el socialista Carlos Totorika (Ermua, 1956). Ahora ya jubilado tras 27 años en el cargo y una fallida candidatura a diputado general de Bizkaia en 2015, recibe a elDiario.es/Euskadi en la propia localidad vizcaína, en la que le saludan todos quienes se cruzan con él. Sin excepciones. La conversación se retrasa por los innumerables compromisos de Totorika con los medios de comunicación por este aniversario, aunque luego no tiene inconveniente en alargarla. En ese rato -cuenta- ha dejado de atender a siete periodistas. Quien fuera cara del conocido como espíritu de Ermua, las movilizaciones que sacaron a la calle a seis millones de personas en toda España en las 48 horas que transcurrieron entre el secuestro de Blanco y la aparición de su cuerpo con dos disparos de bala en la cabeza, asegura que aquellas jornadas de julio de 1997 fueron los momentos más “dramáticos” y “angustiosos” de su vida. Fue él quien se asomó al balcón del Ayuntamiento y, en unos años sin casi teléfonos móviles o Internet, dio en primera persona la mala nueva a quienes, en la calle, pedían a ETA con las manos pintadas de blanco que liberase al político del PP.

-Aquella gente parecía un volcán. Era terrible ver las caras desde allí arriba. Eran caras de rabia y de horror.

-Usted dijo que había sido “asesinado”, pero aún seguía con un hilo de vida. Moriría unas horas después.

-En la tele que teníamos allí vimos que a Miguel Ángel le habían pegado dos tiros en la cabeza. Sabía que en aquel momento estaba clínicamente vivo, sí. Pero también sé lo que hace un balazo. Y eran dos. Y, además, la bala ni siquiera había salido del cerebro. Creía que lo habían asesinado. No quería ni poner paños calientes ni crear esperanzas, porque yo no las tenía. Creía que ETA había cumplido su amenaza.

En efecto, un comando de ETA secuestró al concejal de Ermua el 10 de julio de 1997, apenas nueve días después de que la Guardia Civil localizase el lugar donde la organización había tenido secuestrado durante más de 500 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Fue una operación policial que desarticuló toda una “ingeniería” para retener a Ortega Lara en una nave industrial de Arrasate-Mondragón. El objetivo manifiesto era presionar al Gobierno de José María Aznar en busca del acercamiento de los presos. Un dirigente navarro de Herri Batasuna (HB, las siglas empleadas entonces por la izquierda abertzale), Floren Aoiz, declaró que como tras cualquier “borrachera” -en referencia al éxito policial antiterrorista- llegaría la “resaca”. Y la respuesta llegó en forma de secuestro de un concejal veinteañero que no llevaba escolta. A la operación le acompañó un ultimátum de 48 horas al Ejecutivo del PP para que cambiara su política penitenciaria. De lo contrario, ejecutaría al rehén.

En 1997, el alcalde de Ermua tenía un teléfono portátil “que pesaba cinco kilos” en el coche. Hace memoria. “Cuando estaba a punto de inaugurarse el polideportivo municipal, se cayó. Hablamos con la empresa contratista y, bueno, nos dijo que hasta que no hubiera sentencia judicial no se podrían determinar responsabilidades. Nos podía retrasar la apertura diez años y yo inicié una marcha a Madrid caminando para reclamar. Tenía intención de llegar en quince o veinte días a razón de unos 30 ó 35 kilómetros diarios. Esa jornada habíamos pasado Ermua, Eibar, Elgeta, Kanpazar, Arrasate-Mondragón, Aretxabaleta y estábamos empezando ya a ir hacia Vitoria. Y a las cinco o seis de la tarde me llamó gente de la Policía municipal diciéndome que había muchos agentes en el pueblo preguntando por Miguel Ángel, que algo raro estaba pasando. Un ratito más tarde me llamó el delegado del Gobierno [Enrique Villar, ya fallecido] para darme la noticia”, cuenta el alcalde sobre el uso que le dio a aquel móvil gigante.

A Luis Eguíluz (Bilbao, 1961) el PP le pidió por última vez ser candidato 'paracaidista' en Ermua de cara a las elecciones municipales de 1995, donde ya había sido concejal en años anteriores. “Tenía mi trabajo, iba en las listas a las Juntas Generales de Bizkaia [el Parlamento foral] y me pareció demasiado. Pero acabé aceptando. Por primera vez llevaba en la lista a gente de Ermua y yo iba a poner en marcha el grupo antes de dejarlo. A los pocos meses, en efecto, Ana Crespo se quedó de portavoz y Miguel Ángel de 'número dos'. Era de quienes más contacto tenía con él en el partido”, cuenta Eguíluz, que recuerda que la primera fotografía tras confirmarse que el secuestrado era Blanco era una de ambos repartiendo propaganda en la campaña electoral de 1995. “Al principio -añade- el partido no sabía si habían secuestrado a uno o a varios. Es algo que no se comenta pero fue así. Un amigo de la Universidad me llegó a llamar al creer que 'el concejal de Ermua del PP' podía ser yo”. Eguíluz, ya más alejado del PP, ha renunciado a un viaje familiar al Reino Unido de sus amores para participar en el actos de homenaje a quien fuera su colega.

Quedará para la historia la imagen del padre de Blanco, Miguel también de nombre, siendo avisado de la noticia por los camarógrafos que hacían guardia delante de la casa familiar. No sabía nada hasta entonces. Allí le esperaban Eguíluz, al que el partido envió de vuelta a Ermua ante semejante panorama, dos ertzainas -“chico y chica”, según recuerda- y los entonces presidente y secretario general del PP vasco, Carlos Iturgaiz y Carmelo Barrio, ambos aún en política y con responsabilidades similares. “Me llamó Carlos. Yo venía de Pamplona, de San Fermín, y me recogió en Vitoria. Estábamos con la madre, Consuelo [Garrido], cuando llegó Miguel. Vio a la prensa. Fue un momento absolutamente dramático. Era dolor extremo. Lo peor que se puede vivir. Miguel y Consuelo estaban rotos y sin saber muy bien lo que estaba pasando. Marimar [hermana de la víctima y ahora miembro del PP] empezó a volver desde Escocia”, cuenta Barrio. Padre y madre fallecieron durante el confinamiento de 2020.

“Los Blanco Garrido eran como muchas familias. Gran parte de la ciudadanía se dio cuenta de que el asesinado o secuestrado podía ser cualquiera”, explica Eguíluz. Eran naturales de Galicia. “Teníamos un municipio con unas 5.000 personas de origen vasco. Luego en las décadas de 1960 y 1970 la población subió hasta casi 20.000. Vino una cantidad importante de gente de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, ... Vinieron de todos los sitios de España. Había una pluralidad sociológica. Teníamos que fomentar el orgullo de tener un origen y no tener que esconderlo. Al contrario. Uno puede ser perfectamente vasco y tener orígenes gallegos o andaluces y querer a su madre, aunque se apellide Rodríguez. Eso creo que debió ser perfectamente natural”, explica Totorika sobre la forma en que Euskadi se expandió y se industrializó. Hoy es el día en que en Ermua siguen abiertos locales de gallegos, andaluces, castellanoleoneses, castellanomanchegos y extremeños, aunque este último centro regional se alquila “muy económico” a quien quiera darle continuidad. “Son personas de orígenes distintos luchando en un espacio común”, apostilla Totorika, que cree que ETA, por el contrario, presentó aquella realidad como de “opresión”: “Ellos eran héroes y nosotros antivascos”.

El coche amarillo que nunca llegó a conducir

Miguel Ángel, según el exalcalde, “era un vecino de Ermua que se animó a participar en política, cosa que era complicada para los constitucionalistas, es decir, para los que éramos del PSOE o del PP”. “Tenía la ilusión de mejorar su pueblo sin experiencia institucional previa y estaba comenzando su andadura. Era muy joven [29 años recién cumplidos]”, abunda Totorika. Eguíluz añade que le acababan de hacer fijo en su empleo y que se había comprado su primer coche propio, “un Renault Megane amarillo que nunca llegó a ver”. Tenía pareja y era músico.

Cuando se propagó la noticia, en Ermua se empezaron a organizar protestas, vigilias y movilizaciones. “Eran una herramienta muy importante para superar el miedo. La lógica del terrorismo era precisamente meter miedo y paralizar e imponer un proyecto político. Yo creía que, para superar ese miedo, manifestarnos de forma masiva, exigiendo el respeto a los derechos humanos, era muy importante. Y articular eso requería un esfuerzo por la unidad y por la pluralidad. Esas movilizaciones masivas tuvieron un impacto muy positivo en la lucha contra ETA”, explica Totorika.

Las movilizaciones no se limitaron a Ermua. Saltaron a Eibar. Y a Vitoria. Y a Bilbao. Y a Donostia. Y a Pamplona. Y a Madrid y a Barcelona. Y a decenas de lugares. A Totorika le llegaron telegramas a montones de muchas ciudades de España, así como dibujos de niños y epístolas de adultos. Miles de personas se pintaron las manos de blanco como símbolo de paz. En algunos casos, el movimiento tornó en sonoras protestas contra las sedes de HB y, en algunos otros, también en ataques a estos locales. Al de Ermua le llegaron a prender fuego. Quien cogió el extintor para sofocar las llamas -y los ánimos- fue el propio Totorika. “Me salió totalmente natural. Tenía muy claro que, si de mí dependía, quería un municipio donde la violencia no surgiera ab-so-lu-ta-men-te en ningún sitio. Así no se puede construir la pluralidad y la convivencia. Esta semana, en Radio Euskadi, el lehendakari entonces, José Antonio Ardanza (PNV), ha explicado cómo salió aconsejado por su director de comunicación, Bingen Zupiria (hoy portavoz del Gobierno vasco) y se subió a un banco de piedra que hay delante del palacio de Ajuria Enea para calmar los ánimos. En la plaza del Castillo de Pamplona, el presidente navarro Miguel Sanz (UPN) tuvo que hacer lo propio tras unas horas de enorme confrontación en plenos Sanfermines, que fueron parcialmente suspendidos.

La actual secretaria general del PP vasco, Laura Garrido (Vitoria, 1970), era compañera de Blanco en Nuevas Generaciones y tuvo que leer el manifiesto en euskera en la gran concentración que se celebró en Vitoria, en la plaza de la Virgen Blanca. “Estaba todo lleno, como en el día de Celedón”, cuenta desde su despacho en el Parlamento Vasco comparando aquellos días con el 4 de agosto, el día de arranque de las fiestas de la capital vasca. Garrido organizó también autobuses para ir a Bilbao a otra movilización y hasta protestas en la calle de la Cuchillería, punto habitual de concentración de locales y seguidores de la izquierda abertzale en aquel momento. Su recuerdo más vívido, en cambio, es la “expresión gélida, impasible al dolor o a la compasión” durante el juicio a los autores del crimen.

Patxi Zabaleta, de HB: “Intenté salvar la vida a Miguel Ángel Blanco”

Con mayor presión que nunca, en HB también hubo movimientos. Jon Cano López era el edil abertzale en Ermua cuando se produjo el secuestro. Planteó en un escrito la liberación de Blanco. Para Totorika, aquello fue insuficiente. “En realidad decía lo mismo que ETA, que le liberaran y que acercaran a los presos. Decía lo mismo pero cambiando el orden de los factores. No había nada sobre lo injustificable que es atacar a otros seres humanos para conseguir objetivos políticos”, señala el alcalde. El histórico dirigente de HB Patxi Zabaleta (Leitza, 1947) sí fue más lejos. Compañero de Aoiz en Navarra, asegura que ni entonces ni ahora considera “afortunadas” sus reflexiones tras la liberación de Ortega Lara. “La cuestión de fondo era la primacía en la defensa de los derechos humanos como base de cualquier ideología”, afirma.

Él también publicó una declaración pidiendo la liberación de Blanco. “El hecho concreto del secuestro, y luego el asesinato, impactó muy profundamente en la sociedad. A mí también. Fue uno de los hechos más injustificables de ETA. Yo siempre he estado en la izquierda abertzale y siempre he defendido los métodos exclusivamente políticos”, afirma al otro lado del teléfono en una interrupción de su agenda en el día grande de San Fermín. “Saqué una nota dirigida a la organización ETA pidiendo que respetase la vida de Miguel Ángel Blanco. Guardo pena de que no hubiera tenido más éxito por falta de apoyo de otros miembros de HB. Nadie me ayudó. Tampoco de otras fuerzas políticas, ¿eh? Llegué a utilizar argumentos casi de la guerra. Intenté dar un paso adelante para que una de las violencias presentes dejase de existir. Intenté salvar la vida a Miguel Ángel Blanco”, explica. Zabaleta, en todo caso, plantea que el Estado también podía haber hecho más porque entiende que “revisar el estatus de los encarcelados” era una medida con respaldo “mayoritario” en la sociedad vasca. El lehendakari Ardanza lanzó esta semana una pregunta al aire: “Me gustaría saber si el hijo secuestrado hubiese sido de [Jaime] Mayor Oreja [ministro del Interior y dirigente del PP vasco] o de Aznar. ¿Qué es lo que habría ocurrido?”.

Un mes después de los hechos, Zabaleta pronunció una conferencia en Ermua “defendiendo” todo lo que hizo. En 1998, Zabaleta se desmarcó igualmente del asesinato del edil de UPN en Pamplona Tomás Caballero. En 1999, la corriente interna que él abanderaba dentro de HB, llamada Aralar, empezó a distanciarse hasta que acabó convirtiéndose en un partido separado y pacifista. En Navarra, llegó a formar parte de coaliciones con el PNV o con EA (Nafarroa Bai). En 2012, Aralar se integró en lo que entonces era Bildu para crear Amaiur, que luego se renombró como EH Bildu. Parte de los cargos electos, encabezados por Aintzane Ezenarro, criticaron este regreso a los acuerdos con Sortu precisamente por cuestiones éticas. El partido, con Rebeka Ubera como última responsable, se disolvió y sus miembros, como el diputado Jon Iñarritu, son ahora independientes en EH Bildu. Ezenarro, en cambio, es la directora del Instituto de la Memoria (Gogora) del Gobierno de Iñigo Urkullu. “HB era el vivero de ETA”, afirma Totorika con contundencia. “ETA no hubiese tenido la fuerza que tuvo si no llega a tener detrás a su brazo político, que era HB”, coincide Ardanza. “No teníamos relación de ningún tipo”, zanja Barrio.

En las exposiciones que ocupan varias plantas del Izarra Center de Ermua, un rascacielos inaugurado en 2012 y que pretender ser icono de modernidad en esta localidad lindante con Eibar y con Gipuzkoa, se puede leer un informe de balística de la Policía Nacional que explica cómo el arma disparada en este caso había sido ya utilizada en el intento de asesinato del funcionario de la cárcel de Martutene Juan José Baeza. Otro informe, en este caso de la Ertzaintza, muestra cómo decenas de particulares, desde cabinas, llamaron al 088 -el 112 no existía entonces como número de emergencias- para dar pistas. Se recibieron comunicaciones desde Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, Madrid, Cantabria, Cáceres, Sevilla, Valencia, Galicia, Alicante, Huesca, Barcelona, Ávila, Zaragoza, Granada, León, Baleares, Málaga, Tenerife, Castellón, La Rioja, Cádiz, Toledo, Segovia, Córdoba, Jaén, Murcia, Albacete, Asturias, Cuenca y Valladolid. Testigos apuntaron muy dispares localizaciones como posibles lugares en que estaba la víctima, la mayoría pistas falsas.

El cuerpo abandonado después de haber sido tiroteado apareció en Lasarte-Oria. Lo mismo que al Ayuntamiento de Ermua, la noticia llegó también a casa de los Blanco Garrido. Para entonces, Marimar ya había regresado a España. “Estábamos allí cuando apareció el cuerpo tiroteado. Los ertzainas, chico y chica, se llevaron a los padres a San Sebastián, a lo que entonces eran Nuestra Señora de Aránzazu y ahora es el complejo hospitalario Donostia. Yo fui detrás. Mi Golf GTI batió ese día el récord de velocidad, las cosas como son”, rememora Eguíluz. “ETA había cumplido su amenaza y ya”, repite Totorika. “Lo diseñaron así. Brutalidad y venganza. Acudieron a la escenificación de la mayor brutalidad posibles con unos días de tortura a cámara lenta”, resume Barrio. El funeral estuvo presidido por el entonces príncipe heredero y actual jefe del Estado, Felipe VI. “A la izquierda iba yo y a la derecha Aznar. No reaccionaban después de aquello”, relata Ardanza.

De la sintonía entre PSOE y PP a las tensiones

El asesinato de Blanco no fue el final de ETA, ni mucho menos, aunque sí punto de inflexión. “El primer clavo de su ataúd, diría yo”, sostiene Eguíluz. La última víctima, Jean-Serge Nérin, agente de la Policía Nacional de Francia, fue asesinado en marzo de 2010, trece años después. La organización anunció en octubre de 2011 el cese del terrorismo, aunque no desaparecería totalmente hasta 2018. Pero los entrevistados coinciden en que fue un “punto de inflexión”. Los amenazados, por ejemplo, empezaron a llevar escolta. “Cuando me la pusieron, descansé. Me encontraba mejor, aunque mi entorno de amistades dijera que era una puñeta. Tenían razón, ¿eh? Tu vida personal se limitaba muchísimo. Pero quienes nos enfrentábamos abiertamente a ETA... Vivo en el campo y las vueltas a casa de noche o las salidas por la mañana eran preocupantes”, explica Totorika, que lamenta que tardarán muchos meses en proporcionarle guardaespaldas tras los hechos de julio de 1997. En el PP, con el asesinato en 1995 de Gregorio Ordóñez, candidato en Donostia y parlamentario, algunos cargos sí que empezaron a disponer de protección. Pero no los ediles. “La mayoría de nosotros no teníamos”, confirma Eguíluz, que luego fue en 2015 candidato a alcalde de Bilbao antes de alejarse de la línea actual del partido.

Políticamente, ¿qué cambios acarreó lo sucedido? En Ermua, el PP pasó de 1.839 votos en 1995 a 1.907 en 1999. En 2000, Aznar logró mayoría absoluta y, en Euskadi, el PP se aupó a segunda fuerza en 2001 con Mayor Oreja como candidato a lehendakari y tocó techo con 19 escaños. “¿Bajar en afiliados por miedo? Al contrario. La sociedad reaccionó con adhesión y militancia. '¿De qué partido era Miguel Ángel Blanco? ¿Del Partido Popular? ¡Pues yo quiero ser del Partido Popular!'. Lejos de haber bajas, fue un empoderamiento de muchas personas en la valentía, en el esfuerzo y en la solidaridad. Este crimen, como antes el de Gregorio, hicieron que mucha gente diera el paso”, asegura Barrio. “Dos años después entré como cargo público. Éramos jóvenes y teníamos muy claro que no nos podíamos amedrentar. Teníamos ganas de plantar cara al terrorismo”, explica Garrido. Ello le obligó a ser escoltada, sí. ¿En qué se tradujo? No poder “exponerse” con sus sobrinos o no ir el domingo a comer con sus padres cuando avisaban de que había un comando en Vitoria buscando una víctima. “Mi entorno, la verdad, nunca me ha puesto ningún problema”, se felicita, en todo caso.

Pero esa tendencia ha cambiado de raíz. En 2019, en Ermua, 712 vecinos introdujeron la papeleta azul en la urna. Ahora solamente hay un concejal allí, aunque es más común que no haya ninguno en el grueso de los municipios pequeños. En la Cámara vasca, el PP tiene cinco representantes y después de haber sumado uno que dio el salto desde Ciudadanos después de las elecciones. “Sir Winston Churchill ganó la II Guerra Mundial... pero perdió las siguientes elecciones democráticas”, ironiza Eguíluz. Y añade: “Está claro que la sociedad vasca nos amortizó. O igual también el mensaje no ha sido el adecuado y no se ha acertado”. En el 'caso Gürtel' , el mayor de corrupción en el PP, un informe mostró que una de las cuentas abiertas en 1998 para captar donativos para gastos de seguridad había sido desviada para otros fines.

Los que siguieron a 1997 fueron también años de entendimiento entre los socialistas y los 'populares' vascos. “Más de un amigo y compañero socialista me decía '¿Pero cómo os arregláis con el PP tan bien?'. En fin, nos apoyábamos en ellos y ellos en nosotros para poder superar el miedo y para trabajar en el día a día en muchos pueblos. Se nos hizo natural esa deseable pluralidad y unidad en la lucha contra ETA”, entiende Totorika. Hubo coaliciones en Basauri o Portugalete y, con la candidatura de Mayor Oreja, parecía cantado que el socialismo de Nicolás Redondo Terreros estaba dispuesto a apoyarlo para desalojar al PNV. Finalmente, un equipo encabezado por hasta cuatro compañeros de Blanco en Nuevas Generaciones, Antonio Basagoiti, Iñaki Oyarzábal, Arantza Quiroga y Borja Sémper, aupó a Patxi López a Ajuria Enea en 2009. La hermana de la víctima fue elegida como presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco en aquellos años.

Ardanza opina que esa sintonía devino en frentismo. “Se quería meter en el mismo saco de ETA al PNV y todo sentimiento nacionalista. A mí esas cosas me dolieron mucho. Fue un aprovechamiento político contra el nacionalismo en general”, ha manifestado Ardanza en Radio Euskadi. Iñaki Anasagasti (Cumaná, Venezuela, 1947) era el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y fue uno de los artífices del pacto de 1996 que hizo presidente a Aznar. Para él, aquellos días trajeron un “cambio de tono” del Gobierno del PP hacia el nacionalismo vasco, una “ofensiva” para hacer ver “que todo el nacionalismo estaba en el mismo barco”.

Ahora, en el aniversario, PP y PSOE han llegado enfrentados. Los primeros acusan a los socialistas de haber querido vetar a Marimar Blanco en el acto de Estado de este domingo, presidido por el rey, Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. El alcalde de Ermua y organizador, el socialista Txitxo Abascal ha dicho que todo ha sido un “malentendido”. También critican en el PP los acuerdos de los socialistas con EH Bildu, la coalición que ahora integra a la marca de la izquierda abertzale, Sortu. “Creo que la lógica de derrotar a ETA se basó en la unidad y en el respeto a la pluralidad que componíamos los partidos de diferentes colores”, afirma Totorika preguntado por ello. Y abunda: “Hay semillas de odio que pueden acabar de nuevo en violencia y que de vez en cuando surgen. Pero, siendo esto cierto, tengo la maravillosa conciencia de que a ETA la hemos derrotado, de que ya no necesitamos escoltas y de que ese discurso justificatorio de la violencia de Herri Batasuna ya no se está dando así en este momento. No hemos hecho todo el recorrido, ni mucho menos, pero hemos avanzado mucho”. El polideportivo que este domingo acogerá el gran acto de homenaje, el mismo que se rehízo tras el accidente de 1997 que iba a llevar al alcalde de Ermua a pie hasta Madrid, se llamara ahora “Miguel Ángel Blanco”.

El Parlamento Vasco ha vivido este jueves un agrio enfrentamiento entre EH Bildu y Vox, dos formaciones que formalmente mantienen un veto la una a la otra. La izquierda abertzale había promovido una iniciativa para analizar el auge de la ultraderecha y el “neofascismo” en Europa y otros continentes y, de hecho, ha logrado que la Cámara apruebe un texto conjunto de PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y la propia EH Bildu en esa línea y que ve como “amenaza” el avance de “populistas”, totalitarios e “imperialistas”. Y ello ha motivado una furibunda intervención de la única representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, que ha iniciado su intervención llamando “proetarras” a EH Bildu, ha seguido calificando de comunistas promotores de la violencia a Podemos e IU y ha acabado considerando “tibios” con el terrorismo de ETA al PNV, a cuyo presidente, Andoni Ortuzar, ha tildado de “macho alfa”. “Tienen miedo. Vox pronto gobernará España como ya lo hace en Castilla y León. Cuando [Santiago] Abascal gobierne España la ilegalización de [EH] Bildu estará en nuestra agenda política. La esperanza la pintan verde Vox”, ha avisado al término de su intervención, todo un altavoz para sus mensajes.

El debate ha servido para que el director general de EH Bildu, Gari Mujika, exsecretario de la Alcaldía en Donostia en la etapa 2011-2015, se haya estrenado en la tribuna tras trece meses como parlamentario. Hasta ahora, solamente constaba en su historial una pregunta sobre la reunión que celebraron Iñigo Urkullu y María Chivite en Pamplona el 10 de diciembre de 2021, día de inundaciones. Mujika ha mencionado a Marine Le Pen, recientemente segunda en las presidenciales de Francia, a Matteo Salvini, líder de la Lega Nord, en su origen independentistas padanos, y a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y ha aludido a un “permanente horizonte de incertidumbre”. Ha añadido que los medios de comunicación “convierten noticias basadas en mentiras” en debates en la agenda pública, un caldo de cultivo que alimenta el odio.

Martínez Grisaleña ha sido invitada a tomar la palabra acto seguido pero, tras bajar a la tribuna, ha tenido que regresar a su escaño porque se había equivocado de discurso. Recogidos los papeles correctos, ha procedido a leer lo que traía preparado punto por punto, sin margen para la improvisación. “Proetarra” ha sido casi de saque su primera palabra tras los saludos. ¿Sin su guion no habría recordado este calificativo? Considera Vox que “EH Bildu tiene la indecencia de hablar de peligro” cuando “nutrió” de asesinos a ETA y hace política tras haber cambiado un nombre de “tres letras”, por ETA, por otro de cinco, en referencia a Bildu, una denominación que no se usa desde hace una década, cuando la marca pasó a ser Amaiur y luego ya EH Bildu. El de la izquierda abertzale -entiende Vox- es “el único fascismo” actualmente. “Todas contra una. Son ustedes muy feministas”, ha ironizado en una segunda intervención en la que, esta vez sí, ha optado por no leer y que ha remachado pidiendo que Pablo Iglesias e Irene Montero abran su casa para acoger a “menas”.

La Cámara ha aprobado sobre la ultraderecha una resolución de cuatro puntos pactada por EH Bildu con los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y por Elkarrekin Podemos-IU, que se ha mostrado muy satisfecha por el consenso. Vox los ha descalificado como “los del cordón”. Se refería al acuerdo para reducir los tiempos de intervención y capaz de presentar iniciativas aplicada al grupo mixto al inicio de la legislatura y que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. También es corriente que estos partidos ni siquiera entren a debatir propuestas de la ultraderecha, con la excepción del PSE-EE en algunos puntos. PP+Cs sí mantienen relaciones normalizadas con Vox y, este jueves, Carmelo Barrio también ha visto incoherente que quienes no condenaron a ETA -ha mencionado asesinatos de parlamentarios expresamente- propongan rechazar el odio, la violencia y que la política sea un espacio de “respeto a los derechos humanos”. “Bla, bla, bla”, le ha dicho Barrio a Mujika, que entiende que los extremos se “engordan” y que a EH Bildu le beneficia políticamente “confrontar” con Vox.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi ha pedido no tomarse en broma a partidos como Vox, a los que considera herederos ideológicos del franquismo. Ha puesto como ejemplo que no condenen el bombardeo de nazis y fascistas a Gernika, cuyo octogésimo quinto aniversario se ha conmemorado en fechas recientes. El socialista Txarli Prieto ha enumerado una larga lista de declaraciones de cargos de Vox en España como “la Guerra Civil la provocó el PSOE” y ha mostrado su preocupación por que hayan entrado en el Gobierno de Castilla y León merced a un acuerdo posibilitado por el PP. Ha apelado a “proteger” las políticas “progresistas”. “La era Feijóo”, entienden los socialistas, supondrá más coaliciones con Vox, también en Andalucía. “Por ello, para frenar a la extrema derecha no es necesario sólo cerrar al paso a Vox” sino también al PP, ha añadido Prieto. “Yo no quería este debate”, ha confesado el portavoz del PNV, Joseba Egibar, que incluso había pedido renunciar a sus turnos de palabra. Egibar ha dicho que trasladó sus razones a EH Bildu y las ha repetido en la tribuna: “Yo no quiero traer el marco de debate político de España a este debate”. Según Egibar, esta iniciativa ha dado a Vox “oportunidad para subrayar sus temas” en la Cámara.

En el Parlamento Vasco, el PSE-EE se ha quedado solo. La Cámara ha rechazado este miércoles, con el voto en contra del PSE-EE y la abstención de Vox, el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la propuesta del Reino de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara, y ha instado a España a “apoyar y facilitar activamente”, en la ONU, la Unión Europea y en el resto de organizaciones internacionales, una solución política “conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU”. Un grupo de saharauis ha celebrado el resultado del debate desde el propio hemiciclo.

El pleno de la Cámara vasca ha debatido de forma conjunta y por el procedimiento de urgencia sendas proposiciones no de ley presentadas por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, por un lado, y por PP+Cs, por otro. Tenían en común el apoyo de Sánchez a Marruecos sobre la autonomía del Sáhara en la carta enviada por el presidente al rey el pasado 14 de marzo. El texto de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU ha sido aprobado con el apoyo de PP+Cs y la abstención de Vox, y ha tenido el único voto en contra de los socialistas, informa Europa Press.

La resolución aprobada declara que el Estado español tiene una “responsabilidad directa” en el conflicto político del Sáhara Occidental, por lo que insta al Gobierno a “apoyar y facilitar activamente”, en la ONU, la UE y en el resto de organizaciones internacionales, una solución política “conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU”. En este sentido, insta a los gobiernos e instituciones a apoyar los esfuerzos del enviado personal para el Sáhara, Staffan de Mistura, destinados a reanudar el proceso político de negociación entre las partes del conflicto.

El Parlamento Vasco declara que “resulta imprescindible una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”, y apela a la responsabilidad de todas las partes para la búsqueda de una solución “con un enfoque multilateral y constructivo que respete un principio básico como es el derecho de la libre autodeterminación del pueblo saharaui”. Por último, la Cámara vasca reconoce la República Árabe Saharaui Democrática (RADS) e insta al Gobierno español a reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RADS). Asimismo, señala que “una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región”.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha expresado su rechazo al “cambio en la posición del Gobierno central sobre el Sáhara” y considera que la propuesta de Marruecos “no es el camino” porque “ni el Gobierno español ni el marroquí deben decidir sobre el futuro del pueblo saharaui”, ya que “son ellos quienes deben decidir libremente sobre su pueblo y sobre su futuro”. En este sentido, ha citado las resoluciones de la ONU que abogan por “una solución que prevea la libre determinación del Sáhara Occidental, no la autonomía que Marruecos quiere colar al pueblo saharaui”, y ha defendido que “la vía debe ser un proceso negociador basado en la libre elección del pueblo saharaui”, por lo que ha reclamado que se reanude el proceso político de negociación entre las partes.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha criticado también el “cambio radical y unilateral” y cree que “ha habido falta de información, oscurantismo y falta de transparencia”. “¿Por qué ha cambiado de manera unilateral la posición respecto al Sáhara alineándose con Marruecos?; ¿a cambio de qué?; ¿qué es tan importante para traicionar la confianza del pueblo saharaui?”, se ha preguntado. En este sentido, ha acusado a los socialistas de “abandonar un consenso social, un consenso político mayoritario como pocos, que pasa por el apoyo a las resoluciones de ONU para una solución justa, duradera y democrática basada en la libre determinación del Sáhara Occidental” porque cree que con su posición apuestan “sin ambages por el plan de marroquí del 2007 y supone alinearse plenamente con las aspiraciones de Marruecos de considerar como propio el territorio del Sáhara Occidental”.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha criticado que el presidente Sánchez, “de espaldas a su propio Gobierno y al Congreso, decidió de forma totalmente unilateral cambiar una posición histórica del Estado español al considerar la propuesta marroquí” y ha insistido en que esa posición es “única y exclusivamente del presidente del Gobierno y del PSOE”. Además, ha afirmado que supone “un giro de 180 grados, una irresponsabilidad y una violación del derecho internacional”. “Manifestamos nuestro apoyo incondicional a la causa del pueblo saharaui y al Frente Polisario en su lucha de liberación nacional convencidos de que la estabilidad en el norte de África no puede realizarse burlando la legalidad internacional, eliminando a un pueblo que lucha de forma valiente, desde hace demasiadas décadas, por su liberación”, ha señalado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha afirmado que “ni jurídica, ni política, ni diplomáticamente es comprensible la iniciativa unilateral del presidente Sánchez en relación con la aceptación de la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental”, y cree que la carta a Marruecos “anuncia una posición personal que nunca puede ser considerada como una posición del Reino de España, ni del Gobierno de España”. Barrio ha defendido que “España tiene una deuda pendiente con el Sáhara Occidental” y ha señalado que “el apoyo de Sánchez a Marruecos se sustenta en una premisa falsa de que Marruecos ostenta la soberanía de la excolonia”.

El parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto ha señalado que el origen de este debate es la carta enviada por Sánchez al rey de Marruecos “proponiendo una nueva relación entre ambos países, tratando de superar problemas del pasado reciente y también del presente” y ha rechazado la “exageración” de algunos partidos al denunciar que la misiva supone “un revés jurídico al derecho internacional”, una crítica “con un objetivo de desgaste”, ya que ha defendido que utiliza términos similares a los usados por la ONU desde 2007. “Yo me preguntaría a quién quieren hacer oposición: al presidente del Gobierno o a la ONU”, ha ironizado.

Prieto ha indicado que “hoy, la resolución que tiene más valor institucional y político para los socialistas, es la de 1991 sobre la organización de un referéndum de libre determinación”, pero ha destacado que “es evidente que el conflicto está bloqueado”, motivo por el que los socialistas apuestan por “el reconocimiento, la escucha y el encuentro” porque “en los conflictos con el maximalismo y el inmovilismo no hay soluciones”. Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha criticado la forma de actuar de Sánchez “en secreto y por la puerta de atrás, sorpresivamente y sin contar con nadie”, y ha denunciado la “irresponsable e interesada concesión” del Sáhara a Marruecos.

Tras el debate, el delegado del Frente Polisario en Euskadi, Limam Mohamed Ali, ha comparecido ante los medios y ha agradecido al Parlamento Vasco su “reacción contra el cambio radical” en la postura del Gobierno español, mostrando su “disconformidad con el volantazo de Pedro Sánchez” a quien ha pedido que reconsidere su postura y vuelva a la “sensatez”. Asimismo, cree que en el debate, el PSE-EE ha recurrido a “malabarismos semánticos y a juegos que distan mucho de la realidad” para defender la postura del Ejecutivo central.

En la sesión de control al Gobierno que ha celebrado este viernes el Parlamento Vasco, la oposición se ha preocupado por cómo será recordado el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando abandone Ajuria Enea. El parlamentario de PP+Cs José Manuel Gil ha ironizado que pesará sobre él una ley de educación diseñada por el partido que quiere echarle, EH Bildu, y que castiga a los niños que hablan en castellano en los colegios. Desde la bancada de EH Bildu, por el contrario, Jasone Agirre ha planteado que Urkullu quiso que la selección de España jugase en San Mamés -Eurocopa que se suspendió por la pandemia- para poder ir al palco a escuchar, puesto en pie, el himno nacional. Con socarronería, Urkullu ha bromeado que él como mucho puede pasar a la enciclopedia como exfutbolista del Larramendi, un equipo juvenil. En todo caso, preguntado por la oficialidad de las selecciones deportivas vascas, ha expresado que toca respetar que algunos organismos internacionales no las permitan pero ha prometido apoyo “técnico, jurídico y político”, apoyo “total”.

Urkullu, que ha destacado que lleva años defendiendo que Euskadi tenga equipos propios diferenciados de los españoles, ha tenido que hacer equilibrio dialéctico ya que gobierna en coalición con el PSE-EE. Ha expresado que es un objetivo compartido del Ejecutivo la promoción internacional de la marca “Euskadi-Basque Country” y ha asegurado que hay trabajado avanzado más allá del fútbol, como en soka-tira o en halterofilia. También ha mencionado otras disciplinas como natación, automovilismo, tenis de mesa o squash o el programa Basque Team para becar a deportistas individuales.

EH Bildu, por el contrario, se ha centrado en criticar que el lehendakari no haya actuado contra el 'no' de FIFA y UEFA y Agirre ha recordado al primer presidente vasco, de su mismo apellido, que entre sus iniciativas en el exilio impulsó partidos deportivos para dar a conocer una tierra entonces conocida como Euzkadi, con zeta. “España no quiere que tengamos selección”, ha afirmado la representante independentista, que ha puesto los ejemplos de “Escocia y Gales”, aunque en el Reino Unido las naciones constituyentes no tienen selecciones en todas las disciplinas, aunque sí en fútbol y rugby. Según la coalición abertzale, un partido de fútbol de una selección vale más que “cien discursos de un lehendakari”, incluso si son de José Antonio Aguirre, ha puntualizado.

La sesión de control al Gobierno de la Cámara ha traído para Urkullu preguntas muy variadas. EH Bildu también ha denunciado la falta de medidas concretas para afrontar la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. Tener “esperanza” no es “esperar”, le ha espetado Maddalen Iriarte al lehendakari sobre sus anuncios y previsiones. “Seguimos analizando nuevas medidas económicas y sociales”, ha respondido sin ofrecer más detalles un Urkullu que se ha limitado a enumerar los planes ya conocidos, 150 millones para eficiencia energética, 10 millones en créditos a empresas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia y las inversiones por valor de 528 millones. Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, ha enfatizado que el Ejecutivo autonómico tampoco está haciendo todo lo posible por sectores estratégicos como la ganadería o el transporte.

PP+Cs vive este viernes una jornada singular. La parte del PP -salvo Carmelo Barrio- está en Sevilla por el congreso que coronará a Alberto Núñez Feijoó. Por ello, no ha habido 'cara a cara' entre Carlos Iturgaiz y Urkullu. Así, ha sido el representante de Ciudadanos, Gil, el que ha interpelado al lehendakari. Y ha preguntado por el reciente acuerdo educativo entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU del que se han quedado fuera. Entre sus quejas, entiende que ataca a la concertada, que en Euskadi absorbe al 50% del alumnado. “Le aseguro que los colegios concertados han acogido este pacto como una oportunidad y no como una amenaza. La concertada no está amenazada. Se le garantiza un nivel de financiación para los próximos doce años”, ha replicado Urkullu, cambiando el paso discursivo de un pacto que se había promocionado como clave para reforzar el papel de la enseñanza pública. Barrio, por su parte, ha emplazado a Urkullu a que medie con Pedro Sánchez para rectificar su apoyo a Marruecos en la cuestión del Sáhara. Ha apelado a los lazos históricos del pueblo vasco con el saharui y ha asegurado que nadie puede conceder autonomía a un territorio cuya soberanía no le pertenece. Vox, finalmente, ha querido hablar de la pandemia y de la supuesta autocomplacencia del Gobierno de Urkullu en su balance de dos años, extremo que ha negado Urkullu.