Un fuerte y un palacio, dos hitos del terror franquista y del GAL en Pamplona y Donostia para allanar la Ley de Memoria

Imagen aérea del fuerte de San Cristóbal, en Pamplona.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado salvar la ley de Memoria Democrática que será aprobada en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados merced a un acuerdo alcanzado este martes con EH Bildu, cuyo apoyo a la norma se suma a los ya alcanzados entre los partidos del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, y socios de la investidura como PNV, PDeCAT o Más País. A cambio de los votos favorables de los diputados de EH Bildu, el Gobierno aceptará una serie de enmiendas de la coalición abertzale y se compromete, “en el plazo máximo de un año”, a adecuar el fuerte franquista de San Cristóbal, situado en Pamplona, en un “espacio de memoria” y la cesión del palacio de La Cumbre al Ayuntamiento de Donostia.

El Estado desclasifica y cede a Navarra los expedientes penitenciarios de una de las principales cárceles del franquismo

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Se trata de dos hitos del terror franquista y del GAL en Navarra y en Gipuzkoa. El primero fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 700 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha. El segundo fue adquirido por el régimen en 1944 para completar sus lujosas residencias para las estancias estivales en Donostia y, ya en democracia, quedó abandonado y en 1983 fue utilizado por el GAL 'verde' de la Guardia Civil para secuestrar y torturar a Joxean Lasa y Joxi Zabala, luego asesinados.

El Fuerte de San Cristóbal está situado a las afueras de Pamplona, excavado en la cima del monte Ezkaba. Se comenzó a construir en 1878 como un complejo militar para defender la capital de Navarra, pero tardaron tanto en acabarlo que cuando por fin lo hicieron, en 1919, la irrupción de la aviación de guerra dejó este tipo de infraestructuras obsoletas. Con el golpe militar de 1936, los sublevados lo utilizaron como prisión, donde presos políticos llegados de toda España sufrieron condiciones inhumanas. Proyectado para unas 350 personas, llegó a albergar hasta 2.500.

El 22 mayo de 1938 dos presos comunistas, Leopoldo Picó Pérez y Baltasar Rabanillo Rodríguez, hartos de ver a sus compañeros morir por las torturas, la tuberculosis, la malnutrición, el hacinamiento y demás penurias, planearon y dirigieron un motín que tuvo como resultado la liberación de un tercio del penal. Al caer la tarde tomaron las armas, redujeron a la guardia, salieron de la cárcel y se lanzaron monte abajo. Su destino era Urepel, justo al otro lado de la frontera, en Francia, donde esperaban reencontrarse con la democracia que habían defendido en España.

De los 795 presos que lograron escapar, tan solo tres fueron capaces de recorrer los 53 kilómetros que les separaban de la muga francesa, ruta hoy convertida en la GR–225, en homenaje a la fecha de la gran huida. El resto de los fugados se quedó por el camino, 206 fueron ejecutados en la propia ladera del monte y otros muchos fueron devueltos al penal.

Los números de la cárcel recuerdan a los episodios más negros de la historia de Europa: hasta 7.000 presos republicanos sufrieron la dureza de sus condiciones y más de 2.000 fallecieron ejecutados o a consecuencia de las condiciones infrahumanas en las que vivían. Fueron tantas las víctimas que los doce cementerios de los pueblos que conformaban la Cendea de Ansoáin, antiguo municipio conformado por los diez pueblos que hoy forman Berrioplano, Berriozar y Ansoáin se quedaron sin espacio para sus propios vecinos fallecidos. Por eso habilitaron un lugar cercano conocido como cementerio de las botellas, porque alguno de los encargados de enterrarlos colocaba entre las piernas de los cadáveres una botella con sus datos personales para que pudieran ser identificados en un futuro. Pese a que el Gobierno de Navarra ya ha podido exhumar e identificar a más de un centenar de los presos que murieron en el penal, más de 150 continúan en paradero desconocido.

La noticia de que será convertido en “lugar de memoria” ha sido celebrada por las asociaciones memorialistas de la comunidad foral que durante años llevan trabajando para que la historia no caiga en el olvido. Es el caso de la Asociación 'Txinparta', cuyo presidente, Koldo Pla, lamenta que en la actualidad tan solo se puede visitar el fuerte, que depende del Ministerio de Defensa, los primeros viernes de cada mes a excepción de julio y agosto, meses en los que permanece cerrado. Desde esta asociación esperan que con este acuerdo, el complejo se abra al público con visitas guiadas que permitan conocer las penurias que sufrieron miles de presos republicanos.

Franco, Carmen Polo, Juan Carlos I y los GAL: la historia de La Cumbre

La restitución del Palacio de la Cumbre de Donostia ha sido incluida como enmienda por parte de EH Bildu –y también de ERC– por su “significación histórica”. Construido hacia 1862, es una finca de entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados, en función de la fuente. En 1944, fue adquirido por el Estado, en concreto por Exteriores. El dictador tenía predilección por Donostia y fue una más de sus instalaciones estivales. En el archivo de la Kutxateka constan imágenes de recepciones allí de Carmen Polo, esposa del jefe del Estado, o de Luis Carrero Blanco, su delfín. Con el cambio de régimen, el espacio quedó en desuso. En 1981, la hemeroteca recoge que se produjo una estancia del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, y de su entonces esposa, Sofía. El espacio tuvo que ser amueblado de urgencia al encontrarse vacío. Trajeron el material del palacio de Miramar y Juan Carlos I dijo estar viendo “visiones” ya que él estuvo formándose tres décadas antes en aquel lugar y estaba rodeado de los mismos muebles que cuando era un niño, según recogió 'El Diario Vasco'.

En 1983, el palacio fue traspasado de Exteriores a Interior. Pocos meses después, se produjeron los hechos más graves que se han registrado en la finca. Agentes de la Guardia Civil que conformaban el denominado GAL 'verde' secuestraron a los supuestos miembros de ETA Joxean Lasa y Joxi Zabala y los ocultaron en el sótano del palacio. Según 'El País', una guarnición de entre 16 y 18 agentes perfectamente coordinados con los mandos de Intxaurrondo se encargaba de las vigilancias y de los interrogatorios bajo tortura. Lasa y Zabala, después, fueron trasladados a Alicante, donde fueron enterrados en cal viva. En 1985 aparecieron los restos y en 1995 fueron identificados. Después del episodio de Lasa y Zabala, gobernadores civiles de Gipuzkoa –precisamente socialistas– utilizaron La Cumbre como residencia. En la actualidad, sus usos por parte del Estado son muy limitados, según antiguos cargos de la Delegación del Gobierno.

Fuentes del Ayuntamiento donostiarra, gobernado por el PNV, han asegurado a Europa Press que desconocían la negociación con EH Bildu, aunque las enmiendas de la coalición con esta petición son públicas desde hace meses (página 39). “Esperamos que esta cesión sea una buena noticia para Donostia siempre y cuando podamos disponer del palacio para su utilidad pública de disfrute de la ciudadanía”, han expresado estas fuentes, que confían en que la reversión “no suponga cargas gravosas para la ciudad” ya que es un espacio con un elevado nivel de protección arquitectónica. Se da la circunstancia de que es al menos el tercer espacio que el Estado va a ceder a la ciudad desde que gobierna Pedro Sánchez. Se acordó el traslado de los cuarteles militares de Loiola, que pasarán a ser zona urbanizable, y también cuando se termine de construir por parte del Ministerio del Interior la nueva cárcel de Zubieta el antiguo penal de Martutene –temporalmente en manos del Gobierno vasco– será también devuelto al municipio.

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