El bufete Cuatrecasas ha encomendado a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, consejera externa de la firma desde este año, centrarse especialmente en las áreas de Aeroespacial y Defensa, en pleno boom del gasto militar. 

En la web del bufete, esas dos áreas han pasado a figurar como la primera de las “especialidades” de la antaño todopoderosa número dos de Mariano Rajoy. En la página oficial de Cuatrecasas la exvicepresidenta figura encuadrada en el equipo de Aeroespacial y Defensa, de cuya oficina en Barcelona es socio Alejandro Auset, abogado del Estado en excedencia, como Sáenz de Santamaría.

En enero, tras casi seis años como abogada, socia y adjunta a la presidencia de Cuatrecasas, Sáenz de Santamaría asumió una nueva posición como consejera externa de la firma, “dejando el ejercicio activo de la abogacía”, según anunció el despacho en septiembre de 2024.

“Centrará sus esfuerzos en apoyar al equipo de dirección y en representar al Despacho ante instituciones y organizaciones, principalmente en el ámbito internacional”, indicó entonces el bufete. 

“Afronto con ilusión una nueva etapa, centrada más aún en la gestión y en la que apoyaré al Despacho en un momento de grandes desafíos”, señaló Sáenz de Santamaría en un comunicado en el que añadía que “Cuatrecasas está inmersa en el desarrollo de su Plan Estratégico 2024-2026 ─que implica una reestructuración interna global de la prestación del servicio, poniendo al cliente en el centro─ y en la consolidación de su expansión internacional, creando un despacho global de referencia en Iberoamérica. Es en este ángulo en el que se proyectará mi nueva función”.

Fuentes del sector aseguran que Sáenz de Santamaría se mantiene activa en el asesoramiento a empresas de defensa. elDiario.es contactó el pasado lunes con Cuatrecasas sin obtener respuesta. Hasta que dejó de ser socia del bufete, la exvicepresidenta desarrolló la práctica de Corporate Compliance y era responsable de sectores estratégicos y control de inversiones exteriores.

En la web del despacho ha figurado todavía gran parte de este año como socia de Gobierno Corporativo y Compliance, recoge la web archive.org. El bufete explica actualmente en esa web que la exvicepresidenta “es experta en el asesoramiento a compañías en relación con el nuevo régimen de inversiones exteriores en sectores estratégicos, aprobado en marzo del 2020 en España como consecuencia de la crisis de la COVID-19. El régimen incluye infraestructuras y tecnologías críticas, energía y otros sectores de actividad esenciales”.

Cuatrecasas es el segundo despacho de abogados de España por facturación (343,50 millones de euros en 2024). La firma tiene su foco en España, Portugal y América Latina, donde cuenta con presencia en Chile, Colombia, México y Perú. Con más de 1.900 profesionales de 29 nacionalidades, cubre todas las disciplinas del derecho de los negocios y tiene 25 oficinas en 12 países.

Entre las numerosas operaciones corporativas que ha asesorado Sáenz de Santamaría en los últimos años como socia de Cuatrecasas está la compra, en agosto de 2023, de un 9,5% del fabricante vasco de motores para aviación ITP por parte de Indra, empresa cotizada en torno a la cual el Gobierno está intentando conformar un gran grupo nacional de defensa.

Fue en agosto de 2013 cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) volvió a convertirse en primer accionista de Indra, al adquirir las acciones que hasta entonces tenía Bankia, entonces recién rescatada.

Vicepresidenta del Gobierno entre diciembre de 2011 y junio de 2018 y consejera electiva del Consejo de Estado desde 2018, Sáenz de Santamaría es también consejera de Moeve (antigua Cepsa). Desde 2022 preside la Cátedra de Investigación Cuatrecasas – Universidad Carlos III de Derecho Corporativo y del Derecho Financiero, Fiscal y de Arbitraje Internacional. 

Goteo de apariciones

La vallisoletana se retiró de la vida pública tras ser desbancada en julio de 2018 por Pablo Casado en la pugna por la presidencia del PP. Aunque lleva años en un discreto segundo plano, participa periódicamente en distintos foros y eventos.

A principios de octubre acompañó en el Foro La Toja (del que es habitual el expresidente Rajoy) al historiador Michael Ignatieff, con una ponencia inaugural en la que los riesgos geopolíticos que afrontan los Gobiernos y empresas tuvieron un papel preponderante. 

Junto al prestigioso intelectual canadiense, Sáenz de Santamaría se preguntó “cómo debemos pensar los europeos y cómo atacamos y organizamos la industria de la defensa”; en su opinión, si en el proceso de rearme que preconiza la Comisión Europea “cada Estado mira lo que aporta y lo que recibe, las factorías que le van a colocar, y cada uno tratamos de tenerlo todo, fracasaremos”.

Y este proceso “puede dar una transferencia enorme al sector privado y a la industria en general, si lo hacemos bien”. “Si a mí hace unos años me hubieran dicho que tener un mayor presupuesto en Defensa iba a ser algo so nice [”tan agradable“], no lo hubiera creído jamás”, añadió, alternando español e inglés.

Hace unos días, Sáenz de Santamaría impartió en el Foro Fundación Ibercaja en Zaragoza una conferencia en la que el complejo contexto geopolítico actual tuvo, de nuevo, un papel preponderante. En ella abogó por forjar “campeones europeos” del sector de la defensa ante la amenaza rusa. 

Sin leer un papel y sin apenas alusiones a la política nacional, lamentó que “cada vez hay menos alicientes para que la gente con capacidad tenga ganas de participar en política”, una actividad “dura”. “Cuando entras, cuando estás, cuando te vas. Se han roto todos los diques, de la vida pública, de la vida privada… cualquier tipo de respeto”. “La gente con talento huye en su mayor parte”.

Unos días antes, el lobby agrario Sos Rural, crítico con las energías renovables y vinculado a agricultores del Campo de Cartagena, anunció su presencia en un acto en el Hotel Ritz de Madrid junto al expresidente Felipe González, la andaluza Susana Díaz, el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el polémico Manuel Lamela (PP). 

Finalmente, Sáenz de Santamaría se cayó del cartel la víspera del evento y fue sustituida por el exministro del PP Manuel Pimentel. En los días previos hubo “presiones” a varios de los ponentes anunciados para que no acudieran, según aseguró Felipe González durante un debate con Pimentel.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha relevado al director de Régimen Jurídico fichado por su predecesor, Jokin Bildarratz. Según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque no se informó de ello públicamente en el último Consejo de Gobierno, termina por motivos de conciliación familiar su etapa en el Gobierno Eneko Goenaga -a quien se le agradecen los servicios prestados- y asume esas funciones Martín Gartziandia, que fue Síndico (defensor del vecino, un puesto similar al del Ararteko) en Vitoria, así como secretario municipal en una etapa más reciente.

Bildarratz fichó a Goenaga en 2022. Este jurista, sobrino del histórico dirigente del PNV guipuzcoano Joseba Egibar, aunque había estado en la constructora Amenabar, procedía del bufete Cuatrecasas. Allí, de la mano de Gonzalo Susaeta, formó parte del equipo de abogados de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción que se desarrolló en 2018 y que acabó con este exdirigente del PNV alavés encarcelado.

En su etapa en el Gobierno, el momento más polémico llegó con la contratación como asesor jurídico externo precisamente del director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, para resolver la crisis abierta con la contrata de autobuses escolares en el curso 2023/2024. La oposición cuestionó al Gobierno no solamente por la incorporación de Labayen mediante un contrato directo -cuya responsabilidad asumió en primera persona el propio consejero- sino porque Labayen era a la vez asesor de una de las empresas adjudicatarias, Autocares Urpa.

Gartziandia, de su lado, llega como un jurista reconocido en Vitoria en sus diversas funciones, la primera más pública (atendiendo las quejas vecinales y proponiendo medidas) y la segunda más de control de legalidad interna. Colaboró con los dos últimos alcaldes, Gorka Urtaran del PNV y Maider Etxebarria, del PSE-EE. Su despedida municipal en 2024 concitó apoyos plurales y el apunte de que el “rigor” es una de sus señas de identidad.

El Tribunal Constitucional decidió el pasado día 15 aceptar la recusación presentada por la Fiscalía contra el magistrado José María Macías para apartarle del debate sobre la ley de amnistía al haber suscrito dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que formó parte hasta el año pasado, contrarios al perdón de los líderes independentistas.

Pero las dudas de imparcialidad con respecto a este magistrado, que durante casi una década lideró el sector conservador del CGPJ, especialmente en los últimos años de guerra frontal contra el Gobierno de Pedro Sánchez, no se quedan solo en la carpeta de la amnistía: el alto tribunal también ha recibido una petición formal para que analice los vínculos del magistrado con Cuatrecasas, uno de los mayores bufetes privados de España, así como su potencial conflicto de intereses.

La petición, que tiene fecha de registro de entrada del pasado 9 de diciembre, la ha presentado a través de un escrito el abogado José Luis Mazón, que insta a examinar a fondo las posibles causas de incompatibilidad de Macías por haber liderado durante dos décadas el departamento de litigios ante el Tribunal Constitucional de uno de los despachos de referencia del poder económico en España. Mazón lo ha presentado en nombre de Preeminencia del Derecho, entidad que él mismo preside, y solicita al pleno que examine “los vínculos económicos o profesionales” de Macías con Cuatrecasas para asegurar que efectivamente se cumplen los requisitos de independencia que exige la ley.

elDiario.es solicitó tanto a Cuatrecasas como al Tribunal Constitucional (TC) conocer las condiciones concretas de desvinculación del magistrado con el bufete o saber si estas han sido detalladas al alto tribunal, pero no ha obtenido respuesta. Un portavoz del Constitucional confirmó la recepción del escrito de Mazón y se limitó a explicar que “está en fase de estudio”. Este diario también se puso en contacto con el propio Macías, pero tampoco obtuvo respuesta.

Mientras ejerció de vocal en el CGPJ (2015-2024), Macías siguió liderando el departamento de recursos especiales de Cuatrecasas y anunciándose en la web como profesional del bufete. El año pasado, cuando fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, dejó finalmente su puesto en el despacho, del que no solo era jefe del departamento de litigios especiales, sino también equity partner de la firma, una figura equivalente al de accionista en los grandes bufetes. Sin embargo, nunca han trascendido las cláusulas concretas de desvinculación ni tampoco el monto de la indemnización que el despacho le ha pagado a Macías en el momento de incorporarse al Constitucional.

El escrito de Mazón subraya que si no se conocen las condiciones concretas de la desvinculación es imposible evaluar el nivel real de independencia del magistrado, así como el ascendente que el bufete pueda conservar sobre el magistrado. “El pleno debe fiscalizar los extremos concretos de la cesantía en el despacho de abogados Cuatrecasas [puesto que] por el solo hecho de ser dicho macrodespacho el empleador del magistrado ya crea sospechas sobre la subordinación del empleo del Tribunal Constitucional al servicio de los intereses del despacho, con menoscabo de la imparcialidad del propio TC”, sostiene la petición. “¿Se abstendrá [Macías] de todo amparo que sea tramitado por la firma Cuatrecasas?”, se pregunta Mazón, que recuerda que “el exabogado de Cuatrecasas forma parte de la sala que se ocupa de la mitad de los amparos que llegan al TC”.

Cuatrecasas es uno de los despachos de referencia del poder económico en España: en 2023, fue el segundo por facturación –388 millones de euros– y contaba con casi 2.000 trabajadores. De ellos, únicamente en torno a 250 forman parte de la élite jurídica y empresarial de la multinacional en tanto que equity partners, como Macías. El mismo año, el bufete se colocó también en segunda posición en España del directorio Chambers and Partners, la lista de referencia de los mejores despachos en asesoramiento a los grandes patrimonios.

“¿Un caballo de Troya?”

En su escrito, Mazón sostiene que “la colocación de un magistrado abogado de la multinacional de abogados Cuatrecasas crea una sospecha de vínculo umbilical para mejor posicionamiento en el mercado del recurso de amparo” y muestra su preocupación puesto que “un despacho de abogados no puede tener un caballo de Troya infiltrado en el mismo tribunal que debe atender los recursos de amparo de dicha firma”. Y añade: “Un socio de este nivel gana en torno a 500.000 euros o más al año, con lo que hay una aritmética de agujeros negros: ¿Cómo se va a dejar el puesto [de equity partner en Cuatrecasas] para ganar 120.000 euros bajándose el sueldo?”

La plana mayor de Cuatrecasas contribuyó a agrandar el equívoco asistiendo en masa a la toma de posesión de Macías en el Constitucional, el pasado septiembre. Según subrayó la publicación especializada Economist & Jurist le arroparon en el acto el presidente ejecutivo del bufete, Rafael Fontana; el director general, Javier Fontcuberta; el socio responsable de organización, Emilio Martínez; el socio de arbitraje y litigación, Alfonso Iglesia, así como el socio responsable de mediación de la firma, Juan Antonio Ruiz.

Poco después, el bufete anunció que el sustituto de Macías al frente del departamento de litigios especiales –incluido los que se presenten ante el Tribunal Constitucional– iba a ser Juan Antonio Xiol, que fue vicepresidente del Alto Tribunal hasta 2022, lo que, a juicio de Mazón, hace aún más imperativo conocer las cláusulas concretas de desvinculación de Macías con Cuatrecasas, por si existiera la posibilidad de “puerta giratoria” una vez concluido el mandato.

Cuando la Agencia Tributaria pone la lupa sobre las cuentas de una empresa o un particular se fija en todo tipo de detalles. En si es una pantalla para que alguien pague menos impuestos, en si las cuentas que presenta se corresponden con la realidad y, finalmente, si los gastos que alega son algo que se puede deducir para aminorar la factura. Por ejemplo, ropa. Una sentencia reciente de los tribunales catalanes permite que un abogado, que tiene que usar toga en el juzgado, pueda incluir sus trajes y corbatas en la declaración fiscal, pero otros tribunales lo limitan a la ropa necesaria para trabajar en casos como el del presentador Jordi González o el de una 'blogger' especializada en moda y zapatos de tacón.

La sentencia que ha impulsado un debate ya de por sí recurrente fue publicada hace unos días por el portal especializado Economist&Jurist. Un abogado y socio del despacho Cuatrecasas, uno de los bufetes con mayor nivel de facturación del país, empezó a pleitear con Hacienda para combatir una liquidación por su IRPF de 2018 después de que la Agencia Tributaria le reclamara una deuda de más de 9.000 euros. Poca cantidad en relación con los más de 600.000 euros de rendimiento que dejaba su actividad económica pero con un punto de conflicto: si se podía o no deducir los 223,14 euros que había gastado en corbatas y los 1.524,79 euros que le había costado un traje a medida en una sastrería de Barcelona.

Los profesionales de la abogacía, en España y en muchos otros países, tienen un uniforme obligatorio para cuando trabajan en sede judicial: la toga negra que suele llevar el escudo del colegio de abogados al que pertenece y que, en función de si es abierta o cerrada, deja ver mínimamente si el letrado o la letrada llevan debajo una camisa, un vestido, una camiseta, una corbata o cualquier otra prenda de ropa y complemento. Pero el trabajo de la abogacía también se desarrolla en su despacho profesional, en reuniones con clientes y en lugares donde no es necesario llevar la toga.

¿Esto convierte un traje, una corbata o cualquier otro complemento en un gasto deducible? Según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, esto es una posibilidad muy real para abogados y abogadas. Las corbatas son, para estos jueces, “un complemento casi indispensable del formalismo que se le ha reconocido a la actividad profesional” de este abogado. El traje a medida, según los jueces y según Hacienda, también: aportar la factura, en este caso, fue suficiente para que el Tribunal Económico-Administrativo de Catalunya le permitiera deducirse el gasto.

En este caso las autoridades llegaron a una conclusión: las “normas y usos” de la abogacía permiten evidenciar “el destino profesional de la vestimenta” y la “imposibilidad”, añaden, de ponerse ese traje a medida y esas corbatas en la “vida cotidiana”, donde la ropa usada es “menos formal y más cómoda”. Pero este criterio no es unánime y otras sentencias y decisiones de Hacienda son bastante más estrictas: solo desgrava la ropa usada para trabajar, y siempre y cuando la empresa no se haga ya cargo de ese gasto para el trabajador.

La televisión y estar “a la moda”

Otras sentencias de otros tribunales territoriales han dado la razón a la Agencia Tributaria y han dejado claro que los gastos en ropa solo son deducibles si tienen que ver con el trabajo. Es el caso revelado hace unos días por VerTele, con el intento del presentador Jordi González y su empresa de desgravarse el gasto en ropa cuando trabajaba en Telecinco: lo que se ponía para estar delante de la cámara en el plató –que corría por cuenta de Mediaset– era ropa de trabajo. El resto no lo era, por mucho que alegara que necesitaba estar “a la moda” y al día de las “tendencias” para conseguir contratos y tratar con clientes.

El Tribunal Superior de Madrid contestó que, fuera del plató, González “no necesita mantener ninguna imagen puesto que los telespectadores no le ven”, y su contrato especifica que la ropa que necesitaba entonces para trabajar en Telecinco era suministrada y pagada por la cadena. Este es el criterio mayoritario de los tribunales y de Hacienda y contrasta con el caso del abogado barcelonés que sí ha conseguido desgravarse el traje y las corbatas, pero con una diferencia: su trabajo también se desarrolla fuera del juzgado y sin necesidad de llevar la toga todo el día.

Otra sentencia del mismo tribunal desarrolla mucho más estas restricciones. El pasado mes de septiembre, los jueces estudiaron una reclamación de una productora vinculada a programas de Intereconomía que, entre otros aspectos del pleito, buscaba desgravarse gastos en ropa y calzado de la pareja del socio único, una mujer que hasta hace unos años llevó un blog de moda especializado en tacones.

Era ropa “en muchos casos de lujo”, concluyen los jueces, que usaba de forma particular y que también exhibía en un blog, pero que nada tenía que ver con la actividad de la productora. “Es evidente que respondían a necesidades personales del socio y de su cónyuge, imposibles de deducirse como gastos de una sociedad”, dijo esa sentencia. La Dirección General de Tributos, desde hace años, es muy específica sobre qué ropa es deducible: “No se entenderán afectados aquellos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante”.

Hace unos días, una consulta de una abogada a Hacienda ha desembocado en un dictamen que afirman que los “trajes de vestir” no son deducibles, ni para el IRPF ni tampoco para el IVA. “Los trajes objeto de la consulta, como ropa de vestir de uso general, no darán derecho a deducir las cuotas soportadas en su adquisición, en ninguna medida o cuantía, en la medida en que no pueden considerarse afectos, directa y exclusivamente, a la actividad empresarial o profesional”, dice Hacienda. Tampoco de forma parcial, al no ser considerados como una “inversión”.

La sentencia que da la razón al abogado de Cuatrecasas en Barcelona, por tanto, constituye una decisión poco habitual frente al criterio mayoritario de no poder deducirse cualquier compra de ropa no relacionada de manera casi única con el trabajo. Hace dos años, un economista y consultor catalán triunfó en su intento de que el mismo TSJ le permitiera reducir la factura fiscal por el gasto de 470,81 euros en americanas, camisas y corbatas.

En este caso, dijeron los jueces, el consultor “debe asumir los requerimientos de imagen, en cierto punto corporativa, para la prestación de los servicios, entendiendo que forma parte de una imagen de determinada calidad del mismo”. Además, el Código Ético de su cliente obligaba la vestimenta formal “en todas las actividades de la firma y, añadieron los jueces, ”no cabe considerar que pueda vestir de otra forma puesto que la contratación de los servicios implica la asunción de las normas de la firma“.

Casi tres meses después de su formalización y dos meses después de la polémica, el Gobierno vasco ha publicado en su portal de transparencia el contrato de asesoramiento que el Departamento de Educación firmó con el bufete Cuatrecasas para responder a la crisis en el transporte escolar en el inicio del curso 2023/2024. Este 'fichaje' fue objeto de polémica por que el responsable del despacho, al abogado del Estado en excedencia Joanes Labayen, fue elegido directamente por el consejero Jokin Bildarratz conociendo que es próximo al PNV y marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y también miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias de las rutas guipuzcoanas, Autocares URPA. Labayen, que entregó un informe de 21 páginas sin fechas, con errores y con el apartado de conclusiones vacío, cobró 302,50 euros la hora.

Según el expediente, Educación autorizó un gasto máximo de 14.500 euros más IVA, dentro del margen de 15.000 euros que permite la ley para adjudicaciones directas, sin concurso. Se da la circunstancia de que en fechas cercanas Cuatrecasas recibió otra contratación para asesoramiento jurídico en EiTB con un presupuesto de 14.900 euros. El contrato se firmó el 14 de agosto, un lunes en medio de un puente y su duración fue de “cinco semanas”.

El consejero Bildarratz, que fue el que decidió en primera persona fichar a Labayen por su reputación, ya indicó que el coste final se iba a determinar en función de las horas de trabajo. Se liquidó en 5.400 euros más IVA, es decir, en 6.534 euros totales. En concreto, se fijó como cláusula que “como el alcance de la dedicación final se desconoce en el momento de la contratación, se acuerdan unos honorarios por horas de trabajo: 250€ + IVA por las horas de trabajo del socio, y 200 € + IVA, por las horas de trabajo de la asociada senior, que conformaban el equipo”. Labayen percibió 302,50 euros por hora y su colega Nerea Arana 242 euros. El asesoramiento, en función del coste final, no pasó de 27 horas efectivas como máximo.

Estos datos han aparecido horas antes de que el Parlamento Vasco vote este jueves la creación de una comisión de investigación a instancias de PP y Elkarrekin Podemos-IU, que pactaron hacerlo conjuntamente al no tener los escaños suficientes. Se da por hecho que la iniciativa no prosperará porque el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene mayoría absoluta sumados al PNV los votos del PSE-EE, que no ha mostrado públicamente ninguna intención de desmarcarse de su socio en esta materia. En cuanto al resto de los grupos de la oposición, está en el aire la postura de EH Bildu. Ciudadanos y Vox sí han sido más claros en las diferentes intervenciones públicas y han llegado a pedir la dimisión de Bildarratz por este asunto.

La bola de nieve en torno a la gestión del servicio de transporte escolar en los colegios públicos vascos sigue creciendo. Aunque el servicio se retomó con normalidad en todo el territorio en la segunda semana del curso, los ecos de la fuerte tensión que se produjo en los días previos a la 'vuelta al cole' siguen siendo evidentes, como también la polémica en torno a Joanes Labayen. El socio-director del bufete de Cuatrecasas en Euskadi fue contratado como asesor del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y acompañó al Gobierno en agosto a una reunión con el sector al tiempo que es miembro del consejo de administración de Autocares URPA, una de las empresas que realiza rutas escolares en Gipuzkoa y que estuvo en ese encuentro a su hermano como uno de sus dos representantes.

En el Parlamento Vasco, el letrado Guillermo Saiz, de otro gran despacho como es Garrigues, ha afirmado que Labayen secundó el amago del Gobierno de denunciar a las empresas de Bizkaia y de Álava que se negaban a prestar el servicio sin mejoras económicas ante la Fiscalía por indicios de que habían conformado un cártel para presionar a la Administración y maximizar sus beneficios, exactamente lo que ocurrió en Gipuzkoa hace un lustro. Es más, Saiz, que representa al grueso de compañías vizcaínas y alavesas a través de varias asociaciones profesionales como Anetra, AATC, Asintra, ANITCV y AUNDI, ha mostrado su inquietud por el hecho de que miembro de una empresa se alinease con el Ejecutivo para proponer un proceso penal que podía acabar con la prohibición de contratar para buena parte de su competencia.

“Las asociaciones a las que yo represento desconocían ese dato en la reunión [la vinculación de Labayen con URPA]. La sorpresa ha sido con la publicación de la noticia. De entrada, lo valoramos con cierta preocupación. Si no se hubieran adoptado salvaguardas... La idea con la que nos quedamos es que a ese asesor se le había contratado para preparar la denuncia a la Fiscalía. Si eso lo realiza alguien que es administrador en una compañía competencia del resto del sector y una consecuencia jurídica que pueda llevar aparejada es la prohibición de contratar, evidentemente eso genera preocupación. Confiamos en la integridad de ese asesor y en que el Gobierno vasco haya hecho esa contratación con garantías”, ha explicado Saiz en la Cámara en respuesta a una pregunta de Carmelo Barrio, portavoz del PP. El abogado ha comparecido invitado por la oposición (EH Bildu), que también prepara incluso una comisión de investigación sobre la materia (Elkarrekin Podemos-IU y PP).

Según fuentes presentes en la reunión, la intención de acudir a la Fiscalía la expuso el viceconsejero de Bildarratz, Xabier Aizpurua. Entonces, la parte del Gobierno cedió la palabra a Labayen, quien corroboró la existencia de base legal para dar ese paso, sin más detalles. Esta parte no consta en el acta de la sesión, aunque sí la presencia de Labayen y de su hermano como parte de la representación de URPA. La cita, en todo caso, se grabó también en vídeo.

Nueva reunión el lunes

El consejero Bildarratz, antes de que trascendiera el papel de Labayen, se había felicitado por haber calmado las aguas con las empresas de Bizkaia y de Álava y de haber acabado con el plante que dejó sin autobús a unos 7.400 estudiantes durante siete jornadas lectivas, lo que ha obligado a activar ayudas compensatorias extraordinarias. De hecho, llegó a admitir implícitamente que este nuevo “clima” les hacía replantearse el ir a la Fiscalía a pesar de que, días atrás, habían sido claros en que tenían “indicios” de graves irregularidades, no muy diferentes a las ya constatadas en Gipuzkoa en el pasado y que precisamente salpicaban, entre otras, a Autocares URPA. De hecho, el propio Labayen demandó al Gobierno vasco para intentar frenar la sanción que recibió su compañía de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Saiz, en la Cámara, ha sido contundente en que sus empresas representadas no son ni “cartelistas” ni “delincuentes”, sino pequeñas organizaciones con estrecheces económicas. Aunque la Fiscalía no tiene ninguna denuncia, sí ha abierto un expediente Competencia. Constan como investigadas medio centenar de empresas, la mayoría vizcaínas y alavesas. El letrado de Garrigues sostiene que se incoó ese procedimiento sin base legal alguna y ha pedido su archivo. Además, ha revelado que el próximo lunes habrá una nueva reunión con Educación. Aunque el conflicto está en pausa, el servicio se presta con contratos transitorios y toca definir un marco estable ya de cara al curso 2024/2025.

“Hemos procedido de manera legal. No hay ninguna tacha”, ha insistido Bildarratz este miércoles en Radio Popular. Sobre Labayen, Educación recalca que “el abogado del bufete contratado no es propietario, ni gestor, ni administrador y ni tiene acciones en la empresa de transportes que supuestamente habría salido beneficiada en la adjudicación”. Ha prometido dar próximamente en el Parlamento todas las explicaciones “con luz y taquígrafos”.

El socio-director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, informó directamente al responsable de Educación, Jokin Bildarratz, de que tenía interés y participación en la empresa de autobuses Autocares URPA cuando el consejero, en primera persona, le llamó para contratarle como asesor jurídico externo para resolver el conflicto entre la Administración y las compañías adjudicatarias de las rutas de transporte escolar de la red pública. URPA es precisamente una de las mercantiles que ofrece el servicio, en concreto 15 rutas en Gipuzkoa. Labayen, de estar a un lado de la mesa, saltó al otro en cuestión de semanas y, además, en un momento particularmente complejo.

En una entrevista en Radio Euskadi, Bildarratz ha revelado que procedió a la contratación directa y personal de Labayen, que además es marido de la presidenta del Parlamento Vasco, su compañera en el PNV Bakartxo Tejeria, y excolega de bufete de su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, porque, acto seguido, él mismo le dijo que esa circunstancia mercantil no le suponía ningún conflicto de intereses. “Me lo transmite el propio responsable cuando yo me pongo en contacto. 'Que sepa, consejero, que estoy aquí [en URPA], pero que no tengo ninguna incompatibilidad'. Y nosotros no vemos ningún tipo de incompatibilidad”. No ha mencionado que se hiciera ningún otro contraste interno previo.

¿Cuál es la secuencia de hechos? Euskadi saca a licitación -para resolver en agosto- las 467 rutas de la escuela pública, que aglutina al 50% de los estudiantes. Muchas de ellas quedan desiertas y la Administración ofrece a las adjudicatarias del año anterior una prórroga “en las mismas condiciones”. Finalmente, ante los huecos aún existentes, explora una orden ejecutiva para contratarlas a la fuerza pagando el coste real más un plus del 6% en concepto de “beneficio industrial” previsto en la legislación. Es en este proceso donde entra Cuatrecasas. En medio, el curso arranca con un plante de siete días de las prestatarias de las rutas alavesas y vizcaínas, lo que obligará a costear ahora unas compensaciones por desplazamientos en coche, en transporte público o caminando. En Gipuzkoa, aparentemente, todo transcurrió con normalidad.

Ha dicho Bildarratz de Cuatrecasas que es “una empresa referente” en el país y que, en todo caso, se llegó a ella después de que URPA recibiera las rutas que le correspondían. “Y que me digan en qué se ha visto beneficiada esta empresa. [Tiene] El 3,2% de las rutas. Concursó a 30 y se llevó 15 [...]. Además, de las 15 [que ejecutará] en 12 es la única que se ha presentado. Toda esta situación me está sorprendiendo un poco”, ha indicado el titular de Educación, que ya ha solicitado comparecer en el Parlamento Vasco para detallar todos estos puntos que, para la oposición, son un “escándalo”.

Los colegios públicos de Álava y de Bizkaia estuvieron los siete primeros días lectivos sin autobuses y ha habido que articular unas ayudas extraordinarias para compensar los viajes en coche, en transporte público o caminando. El conflicto entre el Departamento de Educación y las empresas privadas que gestionan las rutas se venía larvando desde julio pero estalló en puertas del arranque del curso cuando el consejero, Jokin Bildarratz, amagó con denunciar ante la Fiscalía que las contratistas habían conformado un cártel para manipular las adjudicaciones como antes había pasado con el servicio de catering de los comedores escolares. Sin embargo, aquella querella nunca se formalizó y la pelota ha vuelto ahora al tejado del Gobierno.

Educación ha contratado a un bufete externo para asesorarse en este contencioso con las empresas de autobuses. La licitación no aparece en el perfil del contratante. Se trata del bufete Cuatrecasas, el despacho del que procede el director de los servicios jurídicos del Departamento, que es un alto cargo, Eneko Goenaga. Técnicamente, este letrado pasó dos años en una tercera compañía (Amenabar) antes de dar el salto a la Administración, lo que evitaría un conflicto de intereses a la luz del régimen de incompatibilidades, pero la Comisión de Ética ya apercibió a otro alto cargo, el socialista Iván Pedreira, por no haber informado de su pasado en una empresa contratada por su Departamento incluso pasado ese tiempo.

'El Correo' ha publicado, además, que el letrado aportado por Cuatrecasas es Joanes Labayen. Abogado del Estado de gran prestigio, es el socio-director del bufete en Euskadi. Pero, además, es consejero en decenas de empresas. Una de ellas es Autobuses URPA, una de las adjudicatarias del servicio de transporte escolar. En concreto, se llevó 15 de las 65 rutas de Gipuzkoa, valoradas en unos 4 millones de euros. Gipuzkoa era el territorio donde la crisis parecía menos enconada. En algunos de los lotes se presentó contra Autobuses Aldalur, con quien mantiene algunos lazos societarios. Es algo que sucedía en el cártel de comedores, donde 'competían' entre sí varias marcas del mismo grupo empresarial o relacionadas. Fuentes de Educación recalcan que no hay causa-efecto e indican que Labayen fue contratado como asesor externo después de que se cerrara el concurso y destierran de plano la imagen de que un asesor haya podido teledirigir contratos a su empresa.

Labayen es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Y Goenaga, su excompañero, es sobrino del portavoz del PNV en la Cámara y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar. Cuatrecasas, con Goenaga en el equipo, fue el bufete que defendió hasta fechas muy recientes a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a doce años de cárcel por corrupción y que ya cumple la pena en Zaballa desde julio.

La oposición ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco para denunciar el “escándalo”. “Se tachó a las empresas por conformar un cártel. Esto es un escándalo mayúsculo. Cuando se privatizan los servicios que cubren derechos, los derechos no están garantizados. Lo único que queda garantizado es el sistema de redes clientelares”, ha señalado Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU. “Tremendo escándalo. Compromiso con la transparencia 'a posteriori'. Cuando se les pilla, como siempre”, ha añadido Carlos Iturgaiz del PP. Y es que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado precisamente a ello, a la “transparencia”. “Que se aclare con la máxima celeridad”, ha apuntado igualmente. Igualmente, EH Bildu ha considerado “muy grave” lo ocurrido si se confirman todos los extremos y ha recordado que los problemas también se han dado en otros ámbitos como los comedores, en palabras de Ikoitz Arrese.

“Yo mismo elegí a Cuatrecasas”

Por otro lado, el consejero Bildarratz -también en el Parlamento y de nuevo a preguntas de la oposición- ha admitido que fue una decisión personal la de fichar por su “prestigio” a Cuatrecasas. “Yo mismo solicito a Cuatrecasas un contraste jurídico. Su participación no tiene nada que ver ni con la licitación ni a URPA ni al resto de empresas”, ha señalado en la Cámara. Nada ha dicho sobre la relación de su jefe de los servicios jurídicos con esa empresa pero sí ha insistido en que esa contratación fue ya posterior a la adjudicación de las líneas. Y ha mostrado como dato de que no recibió URPA ningún trato de favor que de 15 rutas en 12 era la única oferta posible para prestar el servicio. “No hay la más mínima relación entre la adjudicación de rutas y la contratación posterior de un bufete de abogados”. Bildarratz, en todo caso, tendrá que volver al Parlamento, a la comisión de Educación, a ofrecer más explicaciones.

El museo de arte sacro de Bilbao, sito en un antiguo convento dominico, ha acogido este jueves el simbólico pistoletazo de salida de la exposición Shame ('vergüenza', en castellano) con retratos de víctimas de abusos sexuales en la infancia, evento del que es colaborador elDiario.es/Euskadi. Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, ha solemnizado que al menos esa pequeña demarcación de la Iglesia católica apoya “sin duda” a los denunciantes de casos en ámbitos eclesiásticos y les ha animado a dar el paso si aún no lo han hecho. En el marco de la exposición, cuyas fotografías también son visibles en las estaciones del metro de Moyúa e Indautxu, se espera un pronunciamiento más solemne de perdón por parte del obispo, Joseba Segura, según las fuentes consultadas.

López ha realizado públicamente ante un auditorio compuesto por damnificados, familiares, autoridades y representantes sociales, esa “invitación” a que posibles nuevas víctimas denuncien. “Queremos escucharles y, en lo posible, ayudarles”, ha manifestado. Ha agregado que los actuales gestores eclesiásticos no están “eximidos de responsabilidad”, que el “problema” ha estado muy “extendido” y que en Bizkaia se forma a quienes tienen contacto con menores en entornos de ocio o educativos para prevenir episodios de pederastia. “Reparación” y “no repetición” son dos principios básicos para gestionar esta materia, ha insistido. La diócesis tiene una comisión para recabar denuncias y también prevé realizar encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, similares a los que se realizaron con presos de ETA y familiares de asesinados.

La exposición está promovida en España por la asociación Infancia Robada, capitaneada por los padres de Juan Cuatrecasas, víctima de abusos en el colegio masculino del Opus Dei de Leioa, Gaztelueta. En su caso, no hallaron esa voluntad de “reparación” que ahora predica la Iglesia vizcaína. Más bien al contrario, aquel centro y el Opus Dei protegieron al abusador hasta el punto de atacar a la víctima o pagarle parte de la defensa en el proceso penal. Cuatrecasas, ahora ya mayor de edad, es uno de los retratos en blanco y negro que se exhiben en la muestra. Todos ellos son obra del italiano Simone Padovani. El mecenas suizo Guido Fluri y el Consejo de Europa han logrado una colección de cien víctimas de todo el continente y las fotografías viajarán a otras ciudades para dar a conocer las cien historias detrás de cada una de ellas.

El titular del Ararteko, Manuel Lezertua, ha pronunciado también un discurso en la inauguración. La de “víctima” no es una “categoría” como si se tratase de una “enfermedad crónica”, ha opinado. Los datos de esta institución muestran que el caso de Gaztelueta es una excepción: apenas el 5% de las denuncias concluyen en una condena penal. Aquí, aunque el Tribunal Supremo rebajó al mínimo la condena efectiva, a dos años, hubo una doble resolución final que confirmó que lo que decía el joven era cierto. Eukene Arana, exparlamentaria vasca que participó en la pasada legislatura una ponencia sobre abusos que ahora se ha retomado en la Cámara, ha asegurado que “las consecuencias de los abusos sexuales no sólo afectan a los menores y a sus familiares, sino también afectan e interpelan a la sociedad en su conjunto”. “Oponerse a estos comportamientos y desvelar a quienes de cualquier modo toleran, disculpan o protegen a los responsables es nuestro deber como ciudadanos”, ha aseverado Iñaki Viar, uno de los profesionales que atendió a Cuatrecasas en plano de la salud mental.

Hablan las víctimas: “Bastante hice con sobrevivir”

Cuatrecasas no ha tomado la palabra, aunque ha seguido el acto sentado entre el público. Sí han hablado otras víctimas. “Soy Leonor, agredida en 1972 por el capellán del grupo sanatorial Santa Marina de Bilbao, donde ingresé enferma de tuberculosis con ocho años. Su nombre era padre Martín. Me hirieron y animo a todas aquellos a que alcen la voz. Aunque soy consciente de lo duro que puede ser iniciar este camino de denuncia, es el único para que no nos derroten. Esto que hoy aquí nos congrega es el ejemplo y por lacerante que a muchos y muchas nos resulte, con estas figuras y un confesionario en la entrada asaltando nuestra mirada, llamo a la Iglesia que nos ofrece este espacio, a la Iglesia aquí presente, a la que se indigna y deplora hechos tan lamentables, para que nos apoye de un modo contundente y clame junto a nosotras”, ha clamado Leonor G. Paqué en una alocución muy aplaudida.

“Soy Pepe Godoy y sufrí abuso sexual de los ocho a los once años. Mi agresor era un entrenador de fútbol. Todos le querían. Era un monstruo, era mi monstruo, pero todos le querían. Lo pude contar 36 años después, con 44 años. Dos años después, con 46, lo denuncié ante la Policía y también públicamente. El año en que empezaron los abusos fue como un hachazo en mi vida. Hasta entonces era un niño valiente y feliz. Empecé a tener miedos. Empecé a tener terrores nocturnos. Empecé a tener manías. Una situación que no me dejaba vivir, que me angustiaba, que me ahogaba. No podía hablar de ello y también abusó de mis hermanos, entonces la carga se hacía cada día más pesada porque me sentía culpable y cómplice. Me sentía responsable de los actos del pederasta. Con los años y la terapia entendí que bastante hice con sobrevivir”, ha contado este hombre, cuya imagen es la primera nada más entrar a la sala de la exposición.

El interventor, un jefe de servicio y la responsable del área jurídico-administrativa y de fiscalización del Ayuntamiento de Barakaldo, tres altos funcionarios llamados Isidro Barturen, Aitor Gorostiza y Saioa Ortuzar, han emitido en los últimos meses tres informes solicitando la suspensión de otras tantas contrataciones con bufetes de abogados externos al haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación seguido por el equipo de la alcaldesa Amaia del Campo, del PNV. Los despachos son Iparbilbao Abogados (Roca Junyent), Cuatrecasas y ACIES Abogados y las facturas alcanzan los 115.648 euros en total. La Alcaldía, por el contrario, recalca que todo es “absolutamente legal” y que opera con la “máxima transparencia”.

El nexo común en los tres casos, según los informes internos a los que ha tenido acceso este periódico, es que el Ayuntamiento contrata de manera recurrente a estos bufetes de modo directo, sin hacer un concurso. Como legalmente no es posible hacerlo así en servicios de más de 15.000 euros, fracciona en varias partes los pagos de un mismo servicio, indican estos documentos. No es la primera vez que la Intervención alerta de estas anomalías, ya que hasta octubre constaban hasta diez informes de reparo en el caso de los contratos o con ACIES o a título individual con Roberto Barrondo Lacarra. De hecho, los propios informes conocidos ahora remarcan que han sido “numerosas” las advertencias previas y se lamenta que el Gobierno local no haya “atendido” el “criterio” de los organismos de control interno hasta la fecha. La conclusión que se extrae es “el hecho evidente de que la contratación de servicios jurídicos de representación y defensa en juicio por parte del Ayuntamiento se ha llevado a cabo incurriendo repetidamente en vicio de nulidad de pleno derecho”. Se rechaza, de hecho, que este tipo de servicios queden excluidos de la normativa ordinaria de contratación como plantean algunas interpretaciones de la normativa europea.

El primer informe, de noviembre de 2021, hace referencia a la contratación de ACIES Abogados (nueve adjudicaciones directas) y a Barrondo Lacarra (cuatro más). En total, hay pagos por valor de 44.500,06 euros con minutas que van desde los 121 euros hasta los 9.771,96. Explican los técnicos que la relación con este bufete es “reiterada” desde “finales de 2018”. Hay una “completa inadecuación” de la forma del contrato menor o directo, ya que llega tras un “evidente fraccionamiento del objeto de un único contrato”. Ponen como ejemplo que se les paga cada vez que un mismo caso pasa de una instancia a otra cuando está claro que es un mismo expediente “único e indistinguible”. Se da la circunstancia de que uno de los fundadores de ACIES abogados y máximo responsable hasta su reciente jubilación fue Iñaki Goikoetxeta, que fue miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV hasta 2016 y también patrono de la fundación vinculada al partido, la Sabino Arana.

Iparbilbao Abogados (Roca Junyent) ha facturado 44.528 euros a través de los letrados Félix Mercado y Javier Cortázar, según otro informe de reparo también de noviembre de 2021. En este caso es contratista habitual “desde finales de 2019” y también se incurre en “fraccionamiento” hasta el punto de que ha acumulado “ocho contratos menores en un plazo de poco más de año y medio”. La Intervención considera “relevante y significativo” que la hubiera una contratación el 18 de junio de 2021 cuando los servicios pagados son “casi siete meses anteriores”.

Finalmente, el último informe de reparo recae sobre las relaciones de Barakaldo con Cuatrecasas, una de las firmas más conocidas y que en Euskadi tiene cercanía con el PNV. Por ejemplo, este bufete ha liderado la defensa de Alfredo de Miguel, exdirigente del partido en Álava condenado ya por corrupción en primera instancia y pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. La cuantía facturada con esta compañía es de 26.620 euros y el informe advierte de que algunas facturas se justifican no en documentación sino en “conversaciones”. Se detalla también la celeridad para cerrar los pagos en fin de año en un proceso en el que “no consta la tramitación de expediente alguno con carácter previo” o “informe favorable” sobre la “adecuación” del servicio. Los funcionarios dan a entender que Cuatrecasas cobró por la vía de los hechos, esto es, autoadjudicándose el trabajo y luego pasando los honorarios para cobrarlos. Así, “el Ayuntamiento acaba pagando por uno servicios acerca de los que en ningún caso se acredita que hubieran de ser encomendados externamente”.

Solamente se menciona en el caso de Cuatrecasas, pero la Intervención deja claro que las empresas beneficiarias de estos contratos son corresponsables de la situación. “El contratista que consiente una irregular actuación administrativa, prestando por su parte unos servicios sin la necesaria cobertura jurídica y sin oposición alguna, se constituye en copartícipe del vicio de nulidad de que el contrato pueda adolecer”, se puede leer. Y se añade: “Resulta difícil presumir que el tercer emisor de la factura, un despacho de abogados de reconocido prestigio, desconociera la [...] tramitación llevada a cabo”.

Los documentos, eso sí, admiten que por normativa europea las contrataciones específicas de abogados

Este tipo de informes son conocidos como “reparos suspensivos” y paralizan temporalmente los pagos. Sin embargo, políticamente pueden ser levantados y autorizadas las facturas. Ha ocurrido de manera reiterada en Hondarribia (Gipuzkoa) con decenas de avisos de este tipo a las contrataciones a las empresas del grupo Montai, propiedad de un cargo del PNV, Aitor Elorza. En Barakaldo, cuarta localidad vasca en población, con el visto bueno del pleno municipal ya se autorizó el pago de 35.715,40 euros a ACIES Abogados después del pasado verano. Y, en Navidad, PNV y PSE-EE también dieron luz verde a una operación urbanística vinculada a la antigua Altos Hornos a pesar de las dudas de la Intervención.

“Absolutamente legal”, dice la Alcaldía

Desde la Alcaldía, se explica que “los contratos menores son perfectamente legales y reconocidos por la ley de contratos del Estado”. Fuentes municipales ponen como ejemplo que el ministro de Unidas Podemos Alberto Garzón adjudicó un informe “a través de un contrato menor de 12.000 euros a un bufete de abogados que podía haber realizado la unidad de abogados con la que cuenta su Ministerio”. “El ministro puede permitirse este tipo de contrataciones, porque son legales. Si lo hace todo un Ministerio del Estado que cuenta con una unidad completa de abogados y juristas podrá entenderse que esa práctica es absolutamente legal y ajustada a procedimiento también en los ayuntamientos. Un Ayuntamiento con el tamaño como el de Barakaldo y con dos personas dedicadas a esos menesteres necesita el apoyo de gabinetes externos no sólo por la complejidad y especialización de algunos casos sino por volumen de trabajo”, explican desde Barakaldo. Y añaden: “Cuando llega un nuevo caso suelen aportar veinte días para presentar recurso o respuesta, por lo que un contrato mayor (con un concurso público abierto) no sería posible. Por eso en estos casos el personal técnico de las diferentes áreas municipales opta por los contratos menores”.

Por otro lado, indican que “no ha habido ninguna factura que haya quedado sin abono, porque todas cuentan con el aval técnico de las áreas correspondientes y, lo que es más importante, por el secretario municipal responsable del cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento”. “Los reparos van acompañados de un informe del personal técnico de las diferentes áreas que resuelve las discrepancias. En definitiva los expedientes para contratar y pagar abogados no los hacen los políticos, sino los técnicos competentes”, sostienen las fuentes consultadas. Desde el Ayuntamiento se especifica que “se está actuando con la máxima transparencia”. Desde que el PNV accedió en 2015 a la Alcaldía “se da cuenta en pleno de todos los informes de reparo y se informa a la oposición de los contratos de los que soliciten aclaración”.

El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia) y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenaba por abusos sexuales a uno de sus estudiantes cuando cursaba los primeros cursos de Secundaria. Esta decisión cierra la puerta a la intención de la defensa, ejercida durante años por el letrado Eduardo Ruiz de Erenchun –ahora al cargo de la defensa del diputado de UPN Sergio Sayas y antes del asesino de Nagore Laffage– y más recientemente por otro abogado, de elevar este caso hasta Europa, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, convierte ya en definitiva la resolución judicial que hacía constar como hechos probados e incontrovertibles unos abusos negados por activa y por pasiva, lo que permitirá a su familia reclamar una indemnización por daños y perjuicios al colegio.

Fue en 2012 cuando se conoció por vez primera una parte de la situación que sufrió en Gaztelueta el estudiante Juan Cuatrecasas. Los abusos se produjeron cuando tenía entre 11 y 13 años. Tras unos primeros intentos fallidos, cuando cumplió la mayoría de edad reactivó la investigación penal contra su antiguo preceptor y, en 2018, se celebró un juicio en la Audiencia Provincial de Bizkaia en el que se probó no solamente que existió una práctica continuada de abusos sexuales sino también que el pederasta propició un clima para que el joven fuera víctima de 'bullying' por parte de sus compañeros. Ese tribunal condenó a once años de cárcel al docente.

Con todo, el colegio Gaztelueta organizó una rueda de prensa en sus instalaciones en la que se situó por encima de la Justicia, defendió la honorabilidad del imputado y atacó a la víctima y a su familia. Llegó a hacer una visita guiada por los lugares en que se produjeron los abusos para, supuestamente, probar que era imposible que allí ocurriera algo semejante. Este centro, vinculado al Opus Dei, es uno de los pocos en Euskadi que segregan por sexos, pese a lo cual siempre ha estado concertado por el Gobierno vasco y siempre ha recibido financiación pública. Además, este periódico publicó que el colegio costeó parte de la defensa del acusado, particularmente una serie de actas notariales firmadas por exalumnos del centro para poner en valor lo buen docente que era Martínez Sanz. Gaztelueta llegó a querellarse contra elDiario.es/Euskadi por esta información, aunque la Audiencia Provincial de Álava no solamente no vio ninguna base en estas actuaciones sino que puso en valor el papel de los medios de comunicación en la denuncia de este tipo de casos. La institución también creó una página web para ofrecer una versión edulcorada del proceso judicial.

La defensa de Martínez Sanz interpuso un recurso y, en 2020, el Tribunal Supremo rebajó la condena sustancialmente hasta los dos años de cárcel, que es justamente el período que permite la suspensión del ingreso efectivo en prisión si no se tienen antecedentes. El alto tribunal dio por probados los hechos pero consideró que no había pruebas suficientes de los episodios más graves de agresión sexual, frente al criterio de todos los especialistas que atendieron durante años a la víctima. Jugó en contra de Cuatrecasas que no contara desde un inicio todo lo que vivió, si bien los especialistas consideraron natural que se fuera abriendo conforme pasaba el tiempo –destacaron que ello no restaba ni un ápice de coherencia a sus denuncias– y que a un preadolescente le costara verbalizar determinadas prácticas sexuales. El propio joven, que ahora tiene 26 años, contó su vivencia en una entrevista.

Sin conformarse con la rebaja, la defensa del numerario del Opus Dei anunció que seguiría peleando en los tribunales. Sin embargo, según explican fuentes judiciales, el Constitucional ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo, que implica analizar no ya el contenido sino si en el proceso ha habido alguna vulneración de derechos. Esto implica que tampoco podrá elevar el conocido como 'caso Gaztelueta' a Estrasburgo, ya que es preciso que antes se haya agotado la vía judicial interna. Ahora, la familia puede iniciar ya la vía para la reclamación por vía civil de una indemnización económica por daños y perjuicios contra el colegio Gaztelueta. “En un Estado de Derecho cualquier delito que genere unos daños se tiene que reparar económicamente. Pero por muchísimo dinero que nos den no cambiará que a mi hijo le han robado la infancia y la adolescencia”, explica Juan Cuatrecasas padre, que a raíz de este caso constituyó la Asociación Infancia Robada para ayudar a otras víctimas.

En todo caso, la familia demanda también una petición expresa de perdón por parte del colegio y del Opus Dei, que en su momento simuló una investigación en la que no extrajo conclusiones y tras las que pidió que se repusiera el “buen nombre” del abusador. “Ya es hora de que lo que repongan sea todo lo que han dicho de mi hijo y no al profesor. Nos hemos visto sometidos a un acoso y derribo. Insultar a una víctima de pederastia, para mí, es un delito. No me voy a ir de este mundo hasta que reconozcan lo que le pasó a mi hijo. Hablan mucho de pecados y no hay más pecado mortal que tratar así a un niño. Gracias a Dios, en Bizkaia y en el País Vasco ya no les cree nadie”, abunda.

Se felicita también de que su caso haya finalizado con una condena, algo que no muchos consiguen cuando de abusos en el seno de la Iglesia o de instituciones religiosas se trata. Se alegra de que pueda ser un ejemplo para víctimas aún silentes. “Save the Children lo calificó como un antes y un después en el tratamiento de los delitos de pederastia”, afirma para destacar que “sin la ayuda de los medios de comunicación”, en España “se seguiría como hace 20 ó 30 años”. “Se acabó la broma”, afirma sobre la oleada de denuncias que están aflorando y sobre las investigaciones que se van a poner en marcha. En el caso vasco, según datos de la Fiscalía, son cuatro las causas de abusos a menores bajo investigación en este momento.

Después de Messi, el apellido que más se ha repetido en las conversaciones de café de la abogacía de Barcelona tras las vacaciones ha sido el de Cuatrecasas. El bufete, tótem jurídico y representante del poder en la sombra de la ciudad, ha sido un actor secundario pero destacado en el culebrón futbolístico del verano por su asesoramiento al astro argentino.

Cuatrecasas ha quedado señalado ante la opinión pública por el propio F.C. Barcelona, que decidió prescindir de sus servicios como respuesta a que desde otra área del mismo despacho se asesoró a Messi para dejar el club. El momento cumbre fue el ya famoso burofax que el 10 y sus abogados remitieron al club anunciando su marcha.

¿Traspasó el despacho la línea del conflicto de intereses en el caso Messi? Como suele ocurrir en cuestiones de derecho, hay opiniones para defender una cosa y la contraria. Así se desprende al menos de las fuentes jurídicas consultadas por este diario, que piden mantenerse en el anonimato. Cuatrecasas ha declinado ofrecer su versión de la polémica.

Desde otro gran despacho de la capital catalana se recuerda que las áreas en las que Cuatrecasas asesoraba al Barça y a Messi eran distintas. El club contrató al bufete en 2015 para sus asuntos fiscales y corporativos, no para los contratos con los jugadores, mientras que en el caso de Messi –y otros futbolistas– el asesoramiento de Cuatrecasas se limitó a cuestiones de su contrato con el Barça.

Además, el Barça sabía que abogados de Cuatrecasas estaban asesorando a Messi, lo que para estas fuentes supone evitar el conflicto de intereses. En suma, a su juicio se cumplió el sistema de “murallas chinas” que tienen los grandes despachos para evitar este tipo de conflictos con su enorme cartera de clientes: equipos de profesionales dentro del bufete que no se comunican, ni se intercambian información ni tratan el asunto en reuniones para preservar los intereses de ambos clientes.

Pero otras fuentes son más críticas. “Aunque Cuatrecasas no asesorara al Barça sobre los contratos de los jugadores, promover la salida del principal activo del club iba a tener un impacto a nivel de entidad que se tenía que prever”, remarca un togado consultado. “Sí, existe un código deontológico, pero al final el listón ético se lo pone cada uno a sí mismo a diario. Yo hubiera dicho a Messi que se buscara a otro abogado”, apostilla otro letrado.

“El conflicto de intereses es clarísimo”, resuelve Narciso Martínez Morán, profesor de deontología profesional en el máster de la abogacía de la UNED. Este experto rechaza que el asesoramiento en áreas distintas evite el conflicto de intereses. “Sin entrar en el fondo de la polémica sobre el contrato, no se pueden independizar los temas fiscales y contractuales: el despacho ha asesorado a un futbolista del Barcelona que está actuando contra el Barcelona”, argumenta.

Martínez Morán recuerda además los artículos del código deontológico de la abogacía española y europea aplicables al caso. El primero indica que en los casos de ejercicio colectivo o colaboración entre abogados los profesionales tienen la obligación de rechazar “cualquier intervención que pueda resultar contraria a los principios de confianza e integridad o que pueda implicar conflicto de intereses con otros clientes del despacho, cualquiera que sea el que los atienda”.

El código europeo establece que el abogado no deberá asesorar ni representar a dos o más clientes “si existe un riesgo significativo de conflicto de intereses, de violación de secreto profesional o en caso de que su independencia pueda ser menoscabada”, un último extremo que este académico también cree que se da en la actuación de Cuatrecasas en el caso Messi.

Precisamente la prueba del algodón, para algunas fuentes, sería que el Barça interpusiera una queja ante el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del despacho, algo que desde el club no se ha realizado ni se prevé. Al no haberse formulado queja alguna ante la comisión de deontología, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha rechazado valorar el caso a preguntas de elDiario.es.

Según los principios rectores de la deontología profesional del ICAB, ciudadanos o abogados pueden interponer una queja a través de “distintos canales” y el propio colegio puede hacerlo de oficio, algo que no ha sucedido en este caso. Varios letrados consultados coinciden en que la envergadura, el poder y la influencia de Cuatrecasas dificultan que desde dentro del propio gremio se cuestionen oficialmente sus prácticas.

Con todo, la relevancia mundial del caso Messi ha supuesto una mala publicidad para el despacho, que también había ocupado titulares en los últimos años por el caso de fraude fiscal de su jefe y por fichar a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, incorporación con la que la firma buscó un revulsivo a la caída de su facturación.

En el caso Messi, el bufete no ha logrado que el jugador cumpliera su deseo de marcharse del Barça, y a la postre el club ha prescindido de sus servicios, lastrando su facturación. La estrategia legal del burofax, de hecho, fue replicada y criticada públicamente por el Barça, aunque desde los sectores críticos con la directiva de Josep Maria Bartomeu se interpreta la decisión del club de prescindir del bufete como una forma de desviar el foco de las críticas de Messi al presidente por supuestamente incumplir su promesa de dejarle irse gratis del club. A la discrepancia del club azulgrana con Cuatrecasas se le sumó la Liga. Pero otra vez aquí se mezclan futbol, leyes y negocios. Porque nadie quería perder a Messi. Javier Tebas tampoco.

Cuatrecasas, el bufete que en marzo pasado anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, ha logrado una nueva victoria para otro de los clientes a los que asesora en las denuncias de inversores internacionales contra España por los recortes a las energías renovables al amparo de la Carta de la Energía.

Tal y como avanzó Global Arbitrarion Review, el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que concentra buena parte de los procedimientos contra España, ha reconocido a la sicav maltesa OperaFund y la firma suiza Schwab Holdings AG el derecho a cobrar una indemnización de 30 millones de euros por esos recortes a las energías renovables.

Ambas firmas reclamaban una indemnización de 42,8 millones y presentaron su denuncia en 2015, dos años después de la reforma eléctrica de José Manuel Soria. El laudo del Ciadi se dictó el 6 de septiembre con el voto discrepante de uno de los tres árbitros, el francés Philippe Sands, nombrado por España. Es el tercer caso que gana Cuatrecasas desde que anunció el fichaje de Santamaría como socia del área de mercantil para liderar la práctica de Corporate Compliance.

El bufete, que en agosto pasado se apuntó otra victoria con el caso fallado por el Ciadi a favor de la firma InfraRed, es la firma española que más denuncias contra España ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos. Con este caso, España ya acumula once condenas por un importe que suma más de 800 millones. España ha recibido unas 40 demandas en total y la cuantía reclamada pendiente de resolverse ronda los 8.000 millones.

Se trata de los laudos de SolEs Badajoz (41 millones de indemnización); Nextera (290 millones); Antin (101 millones); Masdar (64,5 millones); Eiser (128 millones); Novenergia (53,3 millones); 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones); Demeter y Cube (33 millones), el penúltimo, en agosto, el de Infrared Environment Infrastructure, que reclamaba 92 millones aunque no se conoce la cuantía reconocido y este último, por 30 millones. Entre todos, las condenas conocidas suman unos 832 millones, tal y como apunta Cinco Días.

Hasta ahora, España ha logrado diferir el pago de esas compensaciones y en el caso de los litigios planteados por inversores europeos, tiene de su lado a la Comisión Europea. Bruselas cuestiona los arbitrajes fallados al amparo de tratados bilaterales de inversión como la Carta de la Energía cuando quienes denuncian son inversores de la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el denominado caso Achmea, que en marzo del año pasado confirmó que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son incompatibles con las normas comunitarias.

El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas. Se trata de decisiones que no fueron responsabilidad directa de Santamaría, si bien la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada de dar cada miércoles el visto bueno a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta aterrizó en Cuatrecasas cuando no habían pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades. Su desembarco llegó en momento en el que el bufete no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Cuatrecasas, el bufete que el pasado lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se acaba de apuntar una victoria tras lograr el martes que uno de sus clientes, la estadounidense NextEra Energy, obtuviera un resultado favorable a sus intereses en la denuncia que interpuso en 2014 contra el Reino de España por los recortes a las energías renovables que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tal y como avanza Cinco Días, NextEra, que estaba asesorada en este procedimiento por Cuatrecasas y por la firma londinense Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ha ganado el que puede ser el mayor arbitraje por las renovables fallado hasta ahora contra España en la catarata de pleitos (unos 40) a los que se enfrenta por este asunto.

La empresa, que presentó su denuncia ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que concentra buena parte de esos procedimientos, a través de dos filiales radicadas en Holanda, reclamaba una indemnización de 291 millones de euros por los daños provocados por el recorte a la rentabilidad de dos plantas termosolares en Extremadura con 49,9 megavatios (MW) de potencia.

El laudo del Ciadi se dictó el martes, según consta en la web del organismo, y la compañía ha explicado al regulador bursátil estadounidense, la SEC, que la decisión concluye que sus filiales “tienen derecho a ser resarcidas por los daños sufridos basándose en los costes capitalizados de las plantas a 30 de junio de 2016, sobre la base del coste promedio ponderado del capital” de las instalaciones “más una prima de 200 puntos, que Nextera estima actualmente que representan 291 millones de euros (329 millones de dólares), más intereses”.

NextEra añade que el laudo “confirma los argumentos principales” que expusieron sus asesores legales sobre la responsabilidad de España al “no haber cumplido” con sus obligaciones “de brindar un trato justo y equitativo” a los inversores en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994, suscrito por el Estado español.

Siete derrotas

Con este, son ya siete los laudos que España ha perdido por el recorte a las renovables. Si se confirman las cifras avanzadas por NextEra, las indemnizaciones a abonar rondarían los 800 millones, aunque España confía en que Bruselas declare nulos todos los arbitrajes planteados por empresas radicadas en territorio europeo, como sería el caso de NextEra, que planteó sus denuncias a través de dos filiales en Holanda.

Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos, planteados siempre por inversores extranjeros y vinculados a los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables, con José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante el Ciadi, junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI: el de NextEra y los de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy e InfraRed. Cuatrecasas es segunda en ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy (diez casos).

El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas.

Se trata de decisiones que no fueron responsabilidad directa de Santamaría, si bien la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como “el consejillo”, encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta ha aterrizado en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades. Su desembarco llega en un momento en el que el bufete no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, el cuerpo de altos funcionarios que defiende a España en los pleitos por las renovables, que en el momento de alcanzarse ese acuerdo tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, “sin perjuicio de su dependencia” del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Cuatrecasas, la firma que este lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se ha beneficiado en los últimos años de varias decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy entre las que destacan los contratos que ha obtenido a raíz de los pleitos de inversores extranjeros contra España por los recortes del PP a las energías renovables y su papel en la creación y puesta en marcha del denominado banco malo (la Sareb).

Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado hasta ahora captar en la catarata de denuncias de inversores extranjeros que en los últimos años han denunciado a España por los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables para reclamar indemnizaciones millonarias. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante organismos de arbitraje como el CIADI (Banco Mundial), junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada en arbitraje CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI, como asesor legal de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy, InfraRed y NextEra. Cuatrecasas es la segunda de ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy, con diez casos. 

El bufete catalán, que se limita a señalar que sus clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).

Ese encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada inconstitucional.

Tras la creación del Banco Malo en noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo, junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Se desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían recogidos en la partida de “servicios exteriores” de las cuentas anuales de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014.

Una vez en funcionamiento el banco malo, Cuatrecasas fue también asesor de diversos inversores institucionales como Cerberus, Bank of America Merrill Lynch o Canyon Capital Finance, que compraron activos a la entidad como carteras de préstamos, hoteles, viviendas u oficinas en diferentes operaciones.

Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta 35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades locales y Comunidades Autónomas en “la mayor operación de financiación de la historia de España”, tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica de un euro. 

Al mando del “consejillo”

La creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como “el consejillo”, encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades.

“Tiene que ganarse la vida, pero quizás es pronto para incorporarse”, dice un antiguo compañero suyo en el cuerpo de abogados del Estado, que considera “raro” que Santamaría ni siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil) “es el más neutro”.

Su desembarco en la firma llega en un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que entonces tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, “sin perjuicio de su dependencia” del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad.

En 2017 el bufete Cuatrecasas cumplía cien años con un acto de celebración en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. En un mundo donde las relaciones son parte esencial de los negocios, entre los invitados del centenario estaba el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá. El ministro solo tuvo loas para una organización compuesta por 1.000 abogados en una plantilla de más de 1.580 personas y presencia en 12 países, que cerró el año de su centenario con una facturación de 247 millones de euros.

Catalá clausuró el acto parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, quien dijo “ninguna organización es mejor que los hombres que la integran”. El ministro hacía un ejercicio de amnesia o de blanqueo al olvidar que el presidente de honor de la firma y perteneciente a la familia fundadora, Emili Cuatrecasas, había sido condenado en 2015 a dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por ocho delitos fiscales tras conseguir un pacto de conformidad con la Fiscalía.

El impacto reputacional sobre la firma fue demoledor, aunque Emili Cuatrecasas había cedido la presidencia del bufete al consejero delegado, Rafael Fontana, en el verano de 2014. La realidad es que la facturación del bufete se despeñó en 23 millones en 2017, respecto al año anterior, en un bufete donde la hora de asesoramiento se llega a facturar por más de 600 euros. La necesidad de un revulsivo para incrementar los ingresos es una realidad donde entra en juego el fichaje de Soraya Sáez de Santamaría como nueva socia del área mercantil y responsable del departamento de cumplimiento normativo corporativo y gestión de riesgos.

Pese a su salida abrupta, Cuatrecasas ha continuado como presidente de honor del despacho de abogados, tejiendo relaciones, gestionando una fortuna de 430 millones de euros a través de su sociedad patrimonial Emesa y haciendo supuestos servicios al Estado. El mismo año del centenario, el abogado junto a otros tres empresarios catalanes (Joaquim Coello, Juanjo López Burniol y Marian Puig) fletaba un avión privado en Barcelona para tratar de convencer al lehendakari, Íñigo Urkullu, para que presionara a Carles Puigdemont de que abandonase la deriva independentista.

De poco sirvió una renovación de la imagen que el bufete llevó a cabo en 2017 con el cambio del logotipo y la eliminación de los nombres Gonçalves, Pereira de la marca, fruto de la integración con el despacho portugués Gonçalves Pereira, Castelo Branco, con quien se fusionó en 2003. La absorción del bufete sevillano Olivencia en 2006 no supuso un cambio en la marca pero sí más cercanía al Partido Popular una vez que Macarena Olivencia, hija del fundador y esposa del dirigente popular Javier Arenas, se convirtió en consejera de la firma.

La pérdida de facturación del bufete en 2017 no le ha impedido mantener el segundo puesto en la clasificación de despachos de abogados en España, pese a que los 247 millones de ingresos suponen retrotaerse a 2015, año de la condena de Emili Cuatrecasas, cuando el bufete superó los 250 millones de facturación.

Ese año, último del que se conocen resultados, sus abogados de mercantil fueron los que más ingresos le aportaron a la firma: un 37,9% de la facturación, mientras que el área de financiero y tributario representa un 31% de los ingresos y el departamento de litigación y arbitraje supera el 22% de la facturación.

Bien relacionados en el mundo empresarial, en el año del centenario han trabajado como abogados en la salida a bolsa de Unicaja Banco, en la adquisición del 50% de las acciones de MIT Farma por Faes Farma y en la venta de las filiales mexicanas y españolas del negocio de brandies y vinos Domecq a Bodega Las Copas. En 2016 fue la firma que asesoró a Caixabank en la OPA sobre BPI, en la operación de venta de TeliaSonera en Yoigo o como abogados del Grupo Seat Volkswagen Audi en el escándalo del fraude de las emisiones, entre otras.

La condena de Emili Cuatrecasas no ha sido el único escándalo que envuelto a la firma de abogados. En marzo de 2018, el exsocio del bufete Julián García Rubí admitió ante el juez que lleva el caso Lezo que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le pidió a su cuñada Pilar Cavero, socia de honor de Cuatrecasas, que redactara un informe negativo sobre la adquisición de Inassa por el Canal de Isabel II para utilizarlo en su pugna contra Alberto Ruiz Gallardón por el poder del PP en Madrid.

Juan Cuatrecasas, padre del joven que sufrió abusos sexuales durante dos cursos por parte de un profesor en el colegio Gaztelueta del Opus Dei (en Leioa, Bizkaia), va como número dos en la lista al Congreso de los Diputados por la comunidad de La Rioja. María Marrodán, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, encabeza la plancha.

El pasado mes de novembre, la Audiencia provincial de Bizkaia condenaba al profesor del colegio masculino Gaztelueta de Leioa y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz a 11 años de cárcel por un delito “continuado” de abusos sexuales a un antiguo alumno cuando éste cursaba los dos primeros cursos de la ESO. La sentencia prevé también una “prohibición de acercarse” a la víctima durante 15 años. Ese alumno es el hijo de Juan Cuatrecasas.

Fue el 30 de diciembre de 2012 cuando Juan Cuatrecasas y su mujer contaron públicamente por primera vez la historia de su hijo: que había padecido graves abusos sexuales y que el responsable erasu profesor o tutor. Han tenido que pasar casi seis años para que esa familia recibiera con “satisfacción” -“que no es lo mismo que alegría”- la sentencia judicial.

Su activismo contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia le ha llevado a crear la asociación Infancia Robada, la primera dedicada a las víctimas de la pederastia en la Iglesia de España. Esta organización denuncia el desamparo de las víctimas y la impunidad de la iglesia.

Además, reclama que los delitos de abuso sexual de menores no prescriban. El pasado mes de febrero, Cuatrecasas junto a Miguel Angel Hurtado, víctima y activista por los derechos de la infancia, presentaron en la puerta del Congreso de los Diputados las 525.000 firmas que Hurtado ha conseguido en su petición en change.org para la no prescripción de los delitos de abuso sexual a menores.

El colegio masculino del Opus Dei Gaztelueta, emplazado en una colina de Leioa con vistas al mar, se ha situado este jueves en otra atalaya, esta vez por encima de la Justicia y del Estado de Derecho, al manifestar en una rueda de prensa celebrada en el propio centro educativo que el profesor José María Martínez Sanz, condenado a 11 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Bizkaia por haber abusado sexualmente de manera continuada de un antiguo alumno de entonces 12 y 13 años, es “inocente”. Según el presidente del consejo de administración que gestiona el colegio, Juan Anguisola, y el director, Imanol Goyarrola, “no existe ninguna prueba” más allá de la palabra del denunciante, cuyas supuestas inexactitudes e incoherencias han criticado duramente hasta el punto de sugerir abiertamente que todo es un montaje.

“Por si no ha quedado lo suficientemente claro, yo sigo creyendo en la inocencia del profesor”, ha recalcado un Goyarrola visiblemente enojado al término de una larga comparecencia que se ha completado con una visita al despacho del colegio en el cual, según los hechos probados por la Justicia, Martínez Sanz llevaba con una frecuencia de hasta dos veces por semana a la víctima y en la que se produjeron desde caricias y tocamientos hasta episodios más graves. El director, que se ha mostrado nervioso ante algunas preguntas de los medios de comunicación derivadas de la firmeza de sus aseveraciones y lo sorprendente de la escenificación, ha destacado que muchas de las afirmaciones del joven eran mentira porque “medio centenar” de compañeros y profesores de Gaztelueta así lo han atestiguado. De manera sorpresiva, algunos de ellos se han colado entre los periodistas y han intervenido en la rueda de prensa para dejar claro que allí no pasó nada.

“¿El joven [nunca la víctima en el discurso perfectamente planificado de Gaztelueta] dice la verdad y medio centenar miente? ¿Alguien se ha planteado que si todos dicen lo mismo es porque es verdad?”, se ha preguntado Goyarrola en voz alta. El matiz es que, como recoge la sentencia, se detectó en todos ellos un discurso homogéneo en los términos y conceptos empleados, lo que prueba la mano del colegio para que coordinasen versiones. Es más, el director se ha visto obligado a confirmar la información publicada por este periódico y ha admitido que el centro escolar redactó por escrito muchos de esos testimonios para que luego los firmaran ante notario los testigos y el abogado del condenado, Eduardo Ruiz de Erenchun, pudiese aportarlos como prueba en el procedimiento penal. ¿Y quién pagó el notario? “Lo pago el colegio”, ha asumido Goyarrola, que ha querido remarcar que todos lo hicieron “libremente” y no ha podido precisar si alguno de ellos se negó a suscribir las actas de manifestaciones. En el juicio, solamente un excompañero de la víctima rompió esa omertá y declaró que era público y notorio en el centro que el docente sacaba a su despacho al joven con más frecuencia que al resto y que ello, además, motivó burlas y comentarios. Ese acoso escolar paralelo, probado por la inspección de Educación y por la Fiscalía de Menores, también es “supuesto”, según Gaztelueta.

“El joven no estaba descontento en Gaztelueta”, ha sentenciado el director. Ha añadido también a modo de “anécdota” que la víctima llamó entre lágrimas a antiguos compañeros cuando su familia optó por trasladarle de colegio. No ha sido el único recado a sus padres, ya que les ha acusado de someter a su hijo al foco mediático por haber denunciado el caso en los medios de comunicación. El tribunal, en cambio, interpretó que el paso de contar la historia en la prensa motivó precisamente que se activaran resortes que el colegio antes ni se había planteado.

Gaztelueta, que formalmente “acata” las resoluciones judiciales y condena el abuso sexual a menores, ha criticado duramente al tribunal que enjuició el caso en octubre por no haberse acercado al colegio a ver sus instalaciones y por manipular la declaración de Goyarrola y otros testigos a la hora de redactar la sentencia. Además, ha querido reducir la sentencia a dos versiones contrapuestas cuando, como recoge la extensa resolución de 70 páginas, la versión de la víctima es coherente con lo que ha venido contando desde un inicio y viene avalada por todos los profesionales que le han tratado. Sólo los expertos pagados por la defensa sostienen la hipótesis del relato fabulado o el falso recuerdo y además ha pesado que Martínez Sanz se negara a contestar a cualquier pregunta tanto de la Fiscalía como de la abogada de la familia, Leticia de la Hoz.

Goyarrola, que ha mandado un mensaje de apoyo al condenado y a su familia por el “sufrimiento” que están padeciendo pero que desde que se conoció la sentencia no ha contactado con la víctima y sus padres, ha planteado incluso que él mismo podría haber sido denunciado falsamente, ya que fue el tutor del joven antes que el condenado y tuvo un trato directo con él. Sin embargo, entrando al terreno de las hipótesis, no ha sabido explicar ante los medios por qué si todo ha sido un montaje para desacreditar al colegio y al Opus Dei las acusaciones no fueron contra él, con más rango y galones que el profesor condenado.

El colofón a la comparecencia ha sido una visita al lugar donde se produjeron los abusos. Se trata de un despacho del edificio viejo del centro y que era empleado habitualmente por Martínez Sanz aunque, según el colegio, era un lugar “transitado” por albergar el botiquín o los balones de gimnasia, conveniente visibles hoy en el lugar. Goyarrola, rodeado de camarógrafos y fotógrafos, ha leído en ese lugar cómo la víctima denunció que se le encerraba y se bajaban las persianas, mostrando que lo que hay en la ventana son cortinas. La sentencia, en todo caso, ya aclaró que era un elemento menor qué era lo que se empleaba para oscurecer el lugar, más teniendo en cuenta que el estrés postraumático del menor, que se ha intentado suicidar en varias ocasiones, puede conllevar imprecisiones en asuntos de importancia muy pequeña.

La sala, asimismo, no está tal cual estaba hace una década. Ahora tiene un ventanuco de cristal en la puerta inexistente antaño y que impedía ver desde el exterior lo que ocurría en el interior. Durante la visita, se ha tratado precisamente de escenificar que era un lugar muy transitado, “como la Gran Vía de Bilbao”. Así las cosas, hoy en Gaztelueta todas las puertas de las aulas estaban abiertas durante las clases y numerosos niños y jóvenes salían libremente de ellas en medio de las sesiones. Uno de ellos, de cortísima edad, dejaba el aula a mediodía para ir al cumpleaños de su abuelo. Igualmente, un tutor estaba preceptuando en el despacho de autos con la puerta y ventana abiertas justo antes de la llegada de los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de ese trasiego, nunca nadie observó a Martínez Sanz con la víctima ni le interrumpió en el despacho mientras se desarrollaban las tutorías.

Goyarrola ha asegurado que se ha utilizado este caso para atacar al colegio, a la educación diferenciada, al Opus Dei y a la Iglesia. Actualmente, un millar de niños estudian allí. Sólo en Infantil aceptan a mujeres, ya que en Primaria y Secundaria es un centro exclusivamente masculino. Existe una versión femenina para ellas.

Como se conoció esta semana, la entrada en prisión del reo se ha pospuesto hasta que se resuelva el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por sus abogados. El colegio espera que el asunto se resuelva en el plazo de un año. Entretanto, la familia de la víctima se siente insultada por la actuación del centro y se reserva la posibilidad de tomar medidas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha fijado para el próximo miércoles, 28 de noviembre, la vista para determinar si el profesor de Gaztelueta y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz, que ha sido condenado ya a 11 años de cárcel por abusos sexuales continuados a un antiguo alumno de ese colegio masculino de Leioa, ingresa en prisión de manera inmediata, como demanda la familia de la víctima. “No nos alegramos de que nadie entre en prisión pero el cumplimiento del Estado de Derecho con una condena de 11 años no exige menos”, valoran desde el entorno del denunciante, ahora ya mayor de edad y que propició al cumplir los 18 años este proceso judicial que ha puesto fin a una pesadilla que se ha alargado casi una década.

La abogada de la familia, Leticia de la Hoz, argumenta jurídicamente que “por la gravedad de la condena” no cabe otra opción que la ejecución inmediata de la pena. Subsidiariamente, además, alude a un posible “riesgo de fuga” de España, siquiera mínimo, ya que el docente estuvo un año destinado en Australia y mantiene contactos allí.

Por el contrario, ni la contundente sentencia ha modificado el comportamiento de Martínez Sanz, quien tras conocer el fallo reiteró en su inocencia y adelantó que recurrirá “mientras pueda”. Su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, se opondrá a las exigencias de la letrada de la familia de la víctima, Leticia de la Hoz, y planteará posponer toda decisión sobre la entrada en prisión hasta la resolución del Tribunal Supremo. De la Hoz, sin embargo, recuerda que “la casación del Supremo puede durar años” y generaría “alarma social” tener este expediente en 'stand by' todo ese tiempo. Además, para una sentencia de este alcance el máximo legal en prisión preventiva es de cinco años y medio y no hay riesgo de que se vulneren los derechos del reo porque en ese plazo seguro que llega la sentencia firme, defiende.

Lo que es un incógnita es la posición de la Fiscalía ante la petición de ingreso en prisión, ya que en el juicio reclamó inicialmente 3 años de cárcel pero luego planteó una alternativa de 20 meses (que no implica la entrada en prisión por ser menos de 2 años) al no ver probados los tocamientos más graves. Si se opone a la petición de la familia, quedaría abierta la puerta a que el ministerio fiscal acuda también al Supremo para modificar los 11 años de cárcel.

El 30 de diciembre de 2012, unos padres angustiados y apocados contaron públicamente por vez primera la historia de su hijo, entonces adolescente, que había padecido graves abusos sexuales y que el responsable era su profesor o tutor. Aquella situación, además, generó la burla de sus compañeros y graves episodios de acoso escolar y 'ciberbullying'. Los hechos se produjeron cuando el joven cursaba el primer ciclo de Secundaria en un colegio masculino del Opus Dei en Leioa (Bizkaia), que mantiene un concierto con la Administración. Gaztelueta es el más antiguo de las escuelas vinculadas a esta prelatura en España. Ahora, a punto de cumplirse seis años de aquella entrevista, esa familia recibe con “satisfacción” -“que no es lo mismo que alegría”- una sentencia judicial que, por vez primera, certifica que el pequeño, ahora mayor de edad, no mentía. Su preceptor, José María Martínez Sanz, numerario y familiar de una alta autoridad del Estado, ha sido condenado a 11 años de prisión por la Audiencia Provincial de Bizkaia a pesar de que en el juicio, celebrado en octubre, incluso lloró porque se sentía perseguido e injustamente señalado.

El tribunal tiene muy claro que la versión del chico es creíble. La sentencia de los magistrados Alfonso González-Guija, Juan Manuel Iruretagoyena y Jesús Agustín Pueyo, fechada a 13 de noviembre pero conocida este jueves, desgrana a lo largo de 70 páginas que no hay “ningún motivo” para dudar de una denuncia que, tras varios intentos fallidos, interpuso la propia víctima como último cartucho al poco de cumplir la mayoría de edad y antes de su décimo noveno cumpleaños, cuando habrían prescrito los delitos. Destaca también que sólo se ha perseguido justicia, nunca “venganza”.

Destaca que todos los profesionales que le han tratado corroboran que su relato es sólido y sin fisuras, al margen de pequeños detalles confusos fruto del estrés postraumático y de su corta edad, madurez e inexperiencia sexual en el momento de los hechos. Es más, recuerda el tribunal que sólo los peritos contratados por la defensa sostiene la teoría del relato inventado o falso recuerdo y les afea que plantearan esa hipótesis únicamente desde la “teoría” y no basándose en hechos reales, cuando ese tipo de comportamientos son tremendamente excepcionales.

“Aislamiento”

Se dan como “hechos probados” que Martínez Sanz sacaba a la víctima para sesiones de tutoría individuales con más frecuencia que al resto de alumnos y que esas preceptuaciones se hacían en un despacho de Gaztelueta que, en aquellas horas, ofrecía “clandestinidad”. También se ha constatado que el maestro se prevalió de su “autoridad” e “influencia” para ir ganando confianza y satisfacer su ánimo libidinoso.

Los abusos comenzaron con preguntas sobre la vida sexual del estudiante -en aquella época tenía entre 11 y 13 años- y siguieron con un primer contacto físico cuando el maestro lo sentó en sus rodillas con la excusa de mostrarle unas notas en la pantalla del ordenador. Según los jueces, no era precisamente un móvil el elemento duro que notó el chico, como arguyó el abogado del acusado, Eduardo Ruiz de Erenchun, en su alegato final de conclusiones. Y vinieron más tocamientos, así como “indicaciones” para llevara a cabo en su presencia prácticas sexuales explícitas.

La reiteración de esas tutorías -hasta dos veces a la semana con una duración de incluso 50 minutos- generó que muchos de sus compañeros se burlaran de él, aunque el tribunal no ve “acreditado” que el acusado incitara estos comportamientos directamente o que los conociera. Ya en su momento la Fiscalía de Menores condenó a varios alumnos de Gaztelueta por estos hechos, que siguieron una vez que la víctima dejó el centro para el segundo ciclo de Secundaria. Precisamente este 'bullying' motivó una primera crisis del joven, que vio que su pesadilla continuaba aun alejado del colegio de Leioa, y que empezara a verbalizar los hechos ocurridos en los dos cursos anteriores.

Para los magistrados, hay que tener en cuenta la “gravedad” de los hechos pero también su “pluralidad y variedad” y que, además, fuesen cometidos por alguien “dedicado a la docencia” y encargado de tutorizar a menores. No es menos relevante, añaden, las “indudables repercusiones” que estos hechos han tenido en la vida de la víctima y de su familia, que se han traducido en intentos de suicidio, tratamientos médicos que todavía prosiguen e incluso un cambio de residencia de Euskadi a La Rioja. “Aislamiento” es la palabra que se emplea en el fallo para describir estos años en la vida del exalumno de Gaztelueta.

En este sentido, la condena de 11 años va mucho más allá de la pena solicitada por la Fiscalía, que pidió 3 en primera instancia y luego planteó una “alternativa” de 20 meses al término del juicio porque no creyó que los hechos más graves descritos por la víctima, verbalizados con el paso del tiempo y no en sus primeras declaraciones, estuviesen lo suficientemente acreditados. La abogada de la familia, Leticia de la Hoz, pedía una condena de 14 años (10 de cumplimiento efectivo) aunque ella y sus clientes están satisfechos con el resultado. El fallo lleva aparejada igualmente una orden de alejamiento de 15 años.

“Empezar a vivir”

“Estamos satisfechos. Son muchos años dando la cara. A veces el ser muy tenaz y estar ahí da sus resultados. Espero que esto suponga una herramienta para que mi hijo pueda empezar a vivir”, valora Juan Cuatrecasas, padre del denunciante y portavoz habitual de la familia en estos años. Desea igualmente “que todos los que se han dedicado a difamar y mentir rectifiquen”. “La sentencia es lo suficientemente contundente para que esas personas rectifican”, apostilla.

El tono del colegio Gaztelueta, en cambio, es muy diferente. El centro, en su comunicado oficial, obvia a la familia y a la víctima y muestra su sorpresa por la condena porque “varias instancias habían desestimado las acusaciones”. En realidad, ese relato esgrimido por la defensa era inveraz, puesto que éste ha sido el primer juicio celebrado al respecto, como queda patente en la sentencia:

- La Fiscalía de Menores que analizó (y probó) el acoso escolar no era competente para enjuiciar a un adulto.

- La causa abierta en 2013 por el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, tras las primeras noticias en prensa y que quedó archivada después no constituyó 'cosa juzgada' en ningún momento.

- Y la investigación de la Iglesia, que tampoco vio los abusos, no es homologable en un Estado de Derecho a los tribunales. Es más, la sentencia deja claro que la declaración de la víctima ante el instructor eclesiástico tiene muy poco valor: “Imaginamos el grado refractación que estas concretas personas pudieron provocarle”. El instructor de aquella causa, Silverio Nieto, es ahora miembro de la oficina creada por el Vaticano para aclarar los abusos en la Iglesia católica.

En general, la resolución judicial es muy crítica con el colegio. Censura, por ejemplo, la investigación interna realizada luego de que los padres, en 2011, se dirigieran al centro a pedir explicaciones. Afea, además, que los testigos de la defensa, antiguos profesores y alumnos, hayan seguido un discurso común: “Los testimonios de las personas vinculadas al centro escolar no nos han convencido porque han expresado un discurso tan homogéneo, tan simétrico y tan uniforme que induce a pensar en una estudiada estrategia defensiva”. En el juicio salió a la luz que el colegio había redactado (y pagado) unos escritos que rechazaban de plano que se produjeran abusos, unas actas notariales que empleó la defensa de Martínez Sanz para probar su inocencia.

El abogado Ruiz de Erenchun sostuvo también que la madre indujo a su hijo al relato y que el padre fue quien le mostró fotografías eróticas desde su 'blog' de cine. La sentencia no sólo lo rechaza sino que destaca el papel de ambos progenitores para sacar a la luz los hechos y ayudar a su hijo. “La conducta de los padres no puede ser calificada de otro modo que normal, la que seguiría cualquiera”, se puede leer en el documento judicial. Es más, muestran su comprensión a que en 2012 tuvieran que recurrir a la prensa para impulsar la investigación dada la cerrazón de Gaztelueta. Era “dar salida a un sentimiento de indignación”.

La familia espera que su caso ayude a otras personas en su misma situación. “Hemos estado en contacto con otras víctimas y lo que sí espero es que, a partir de ahora, todos los que pasan por estos trances puedan denunciar”. Con todo, la batalla judicial no se ha acabado: el condenado recurrirá “mientras pueda”.