Desde el lunes por la mañana solo hay un tema de conversación. La crisis por la vivienda ha abocado al país a un adelanto electoral, con el presidente Pedro Sánchez entre la espada y la pared y siendo incapaz de responder a una demanda urgente desde las instituciones. Ahora vuelven los mitines de campaña y habrá apenas dos meses de preparación: los aspirantes tendrán que convencer a su electorado y ellos, a su vez, deberán definir cuáles son sus criterios de seducción. La vivienda está en el epicentro y ya no solo según el CIS, que encadena varios barómetros colocándola como la gran preocupación de los españoles. También en la acampada de Sol, que suma unas 2.000 tiendas y se ha convertido en el núcleo más visible de este maletar, parece claro el diagnóstico. Lo difícil es plantearse quién o qué fórmula (no necesariamente electoral) puede acercarles más a arreglarlo.

En la misma mañana en la que la Moncloa anunciaba elecciones el próximo 29 de noviembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid amanecía entre gente expectante frente a su sede, donde se ha instalado el asentamiento. Sánchez ya había avanzado que este fin de semana lo usaría para deliberar un posible adelanto de los comicios, previstos originalmente para la primavera de 2027.

Este periódico ha preguntado entre los acampados de Sol cuáles son a su juicio las medidas más urgentes que deberá adoptar un nuevo gobierno, y qué reclamos principales tienen como electores. Las cuestiones relacionadas con la vivienda, la educación pública o la sanidad han dominado buena parte de las respuestas, especialmente la primera. Medidas como la limitación al número de casas que un solo particular puede poseer, la creación de un portal inmobiliario estatal o el freno a la expansión de fondos y grandes tenedores en ciudades como Madrid han coincidido entre los encuestados, pero también se pidió eliminar las guardias médicas de 24 horas, modificar la Ley de Extranjería, derogar la Ley Mordaza o desatascar los salarios para acercarlos al coste de la vida.

“Es el momento menos malo para la izquierda”, afirmó Iván el lunes a primera hora, después de escuchar en directo el dictamen del presidente. Le parecía que el estallido social tras el voto en contra del PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda, con el PNV sumándose a tumbar también uno de ellos, era el caldo de cultivo idóneo para relanzar al PSOE: “Esta es una convocatoria estratégica”. Horas más tarde, otros acampados en Sol charlaban sobre el adelanto electoral, con una duda en común: la mayoría no sabe a quién votar.

Vivienda: tope de pisos por casero o un portal inmobiliario estatal

“España está tan polarizada que la derecha asume el rechazo a todas medidas sociales, porque no son las 'suyas'. Pero mucha gente está convencida de que les van a expropiar su segunda casa y todos debemos insistir en que ese no es el problema, ni lo que se está reclamando”, expone Alejandro, otro campista en mitad de Sol. Él tiene 27 años, y propone en cambio un sistema en el que un solo propietario, sea empresa o particular, no pueda acumular 10 casas mientras persista el problema de acceso a la vivienda. También limitar a un máximo de dos inmuebleslos que pueda tener un casero al uso.

“Si damos por hecho que esto no son solo ideas de la izquierda y cada vez más gente lo reclama, el equilibro parlamentario sería más sencillo”, añade Bruno, de 22 años. Él pide no olvidar que a veces “una idea de la derecha puede no estar mal para alguien de izquierdas, o al revés”, y por eso aboga por un sistema “más participativo” en el que la ciudadanía “pueda tomar voz ante cuestiones importante, como los decretos [Maricarmen]”, de forma que las dinámicas parlamentarias no influyan en decisiones clave.

Básicamente, propone votar en plebiscitos públicos algunas medidas troncales como las que afectan a la vivienda o la sanidad, sin dar lugar a “estrategias internas” de los partidos que “obstruyan el debate”. De hecho, he ahí para ambos otra de las dificultades a la que se enfrente estos meses un votante de la izquierda, entre los que se incluyen. Con los aliados del gobierno sin líder claro y una “falta de referentes” percibida entre jóvenes, algunas como Irene (22 años) creen que ahora los acampantes “parecen tener claro adónde van”, refiriéndose a una huelga general, pero aún no a quién confiar su voto.

Fin de las guardias médicas de 24 horas y más participación social

“Mucha gente ha desconectado de sus representantes y, aunque a nosotros en la calle nos toque defender un discurso más exigente es normal que un gobierno no pueda cumplirlo todo. Pero el sostén no puede estar en partidos como el PNV o Junts, sino en otras formaciones progresistas que remen a favor”, considera después de días en la acampada. La caída de los dos decretos urgentes de vivienda auspiciados por el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años cuyo caso ha detonado una crisis institucional; o la convocatoria de una gran marcha en 54 ciudades el sábado abrieron un breve lapso de incertidumbre que ha terminado en un adelanto electoral.

El lunes el presidente anunció comicios para el 29N y, un día más tarde, el Consejo de Ministros terminó aprobando dos nuevos decretos similares a los que cayeron el viernes, con medidas más restrictivas para los fondos buitre. Por ejemplo, ahora se les prohíbe comprar vivienda hasta 2030, dos años más que en la norma tumbada el viernes. Este miércoles las medidas fueron publicadas en el BOE, el boletín oficial del Estado, y el jueves entran en vigor.

“Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, zanjaba el presidente, trazando las primeras líneas del que será su gran reclamo de campaña: solo desde el Gobierno pueden responder a las demandas de la calle.

Más participación ciudadana en las decisiones clave

En pleno pulso ciudadano y sindical para blindar desahucios o regular los precios del alquiler, otras propuestas o áreas de debate han comenzado a abrirse dentro y fuera de Sol. Desde el sábado 26 de septiembre, cuando una gran manifestación por Maricarmen culminó en las primeras tiendas sobre la plaza –que fueron cientas en apenas 24 horas y, luego, más de mil–, una acampada como la que solo se vio durante el 15M abrió paso a debates y asambleas en la que se discutían fallos estructurales del sistema, y algunas vías para atajarlos.

Los aspirantes a obtener o revalidar su escaño en la Cámara Baja mueven ficha a contrarreloj, primero para buscar un líder del espacio que antes ocupaba Sumar y ahora pasa a llamarse el Frente Amplio (se habló de la ministra Mónica García, pero finalmente Más Madrid propondrá a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau) como en la creación de un relato desde el que ganar la confianza ciudadana. Sin ser una muestra representativa ni absoluta de la población española, la acampada en la Puerta del Sol lleva días organizando debates y charlas a pie de calle sobre la vivienda, el rentismo o el impacto de los fondos en el mercado; pero también acerca de la sanidad, las escuelas infantiles, migraciones, precariedad laboral o formas mejores de participación social.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de esta generación de cristal”, revela Ignacio, que tiene 45 años pero se ha unido a la acampada en esta plaza del centro, que acogió otra gran movilización social en 2011. Para mostrar su apoyo a la protesta Ignacio ha utilizado adrede uno de los términos que más pesan sobre sus artífices, jóvenes en buena medida: la generación de cristal, que se presupone frágil e incompatible con la frustración.

Remontar el informe PISA y cambiar el diálogo sobre la migración

“Creo que aquí hay gente que, como muchos, aún no sabe lo que quiere en estas próximas elecciones, ni si son buenas o no para la huelga. Pero se están moviendo cosas, ponen ideas sólidas sobre la mesa y todos los días hay debates abiertos al público, en los que se discute cómo intervenir en la situación del país”, remarca su acompañante, otro hombre de mediana edad que prefiere no aparecer.

Cerca de la salida, tres amigas de entre 21 y 25 años dibujan sobre cartones, apoyados sobre sus piernas entre el runrún de Puerta del Sol. Cuando se les pregunta por este mismo debate, el de qué medidas ven imprescindibles o cuáles son los problemas por los que decidieron acampar, sale una risa espontánea. “Llevamos hablando de lo mismo toda la mañana”, explica Ariadna, la mayor de todas y en el ecuador de la veintena. Se confiesan preocupadas por los resultados del último informe PISA, que puso el acento en las dificultades de comprensión lectora entre el alumnado español, o por la forma en la que “se habla de la inmigración en el debate político”.

Pero, sobre todo, les preocupa la vivienda y la desafección social que “ahora parece romperse” en Sol, y atribuyen a unos partidos políticos que “han dejado huérfanos de representación” a quienes tratan de ver “más allá de una consigna”. “Ya sabes: Yolanda Díaz hizo mucho ruido y pocas nueces”.

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, encapçalarà la candidatura dels socialistes de les Balears al Congrés dels Diputats en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La també presidenta de la cambra baixa ha estat ratificada per unanimitat com a candidata durant el Consell Polític del partit, celebrat aquest dissabte a Palma, on ha rebut una llarga ovació. A més, ha animat les forces d'esquerra de les Illes a concórrer unides al Senat per obtenir “els millors resultats” per a les Balears.

Armengol ha convertit la seva intervenció en una crida a mobilitzar l'electorat progressista, amb l'habitatge com un dels principals eixos de la campanya. La dirigent socialista ha defensat que Pedro Sánchez tornarà a guanyar les eleccions i ha presentat el president del Govern espanyol com “la llum i el far de tot el progressisme a escala europea”.

La líder del PSIB ha emmarcat els comicis en un context de retrocés dels drets i de qüestionament dels principis democràtics, tant en l'àmbit internacional com a Espanya. En aquest escenari, ha reivindicat el socialisme com “l'esperança” per defensar els drets socials i les polítiques públiques davant els plantejaments de la dreta i la ultradreta.

Armengol ha advertit que la campanya estarà marcada pels intents de desacreditar el Govern espanyol i ha acusat el PP de no haver acceptat els resultats de les eleccions generals del juliol de 2023. En relació amb els dubtes expressats pel PP i Vox sobre la seguretat del vot per correu, ha qualificat de “vergonyós” que es posi en qüestió un procediment electoral que, segons ha defensat, totes dues formacions saben que no es pot manipular tal com suggereixen els seus discursos.

“Segons el que passi el 29 de novembre, començaran amb el seu discurs que no ha estat vàlid, que no és un president legítim. Perquè sap, com jo i com vosaltres, que el pròxim president tornarà a ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, ha afirmat.

La secretària general del PSIB ha demanat als socialistes que afrontin la campanya amb més capacitat de feina, empatia i propostes, i ha insistit que cal disputar-la al carrer, “amb propostes, amb ganes, amb il·lusió i amb força”.

L'habitatge, eix de la campanya

Armengol ha celebrat la convocatòria electoral després que les formacions de dreta tombassin, segons la seva interpretació, les solucions plantejades per afrontar la crisi de l'habitatge. La dirigent socialista ha defensat que les eleccions han de servir perquè la ciutadania decideixi la composició d'un Congrés capaç d'aprovar mesures en aquesta matèria.

“Convocar unes eleccions perquè la gent parli i voti una majoria al Congrés que pugui donar solucions a l'habitatge”, ha assenyalat en referència a la decisió del president del Govern espanyol. Segons el seu parer, només una majoria d'esquerres pot impulsar aquestes polítiques.

La dirigent socialista ha vinculat aquesta reivindicació amb la situació d'emergència residencial i amb l'impacte que ha tingut el cas de Maricarmen, que ha contribuït a revifar el debat sobre les dificultats per accedir a un habitatge. Armengol ha contraposat les mesures impulsades pels governs socialistes a l'actuació del PP a les Balears, al qual acusa de frenar les polítiques públiques en aquest àmbit.

En el seu balanç, ha recordat iniciatives desenvolupades durant els anteriors governs progressistes de les Illes, com la construcció d'habitatge protegit, la cessió de solars municipals, les mesures de tanteig i retracte i les actuacions sobre els grans tenidors. També ha reivindicat l'adquisició de 89 habitatges de Metrovacesa per destinar-los al lloguer social.

“Nosaltres vàrem batallar per trobar solars; vàrem fer la primera llei d'habitatge, vàrem posar en marxa els habitatges de protecció oficial, vàrem impulsar que els ajuntaments cedissin solars”, ha enumerat. Armengol ha retret a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que hagi desmantellat part d'aquestes polítiques: “Arriba Prohens i s'ho carrega tot. Aquesta és la realitat, han aturat la maquinària en tots els sentits”.

La secretària general del PSIB també ha acusat l'Executiu autonòmic de boicotejar l'aplicació de la llei estatal d'habitatge i d'impedir la limitació dels preus del lloguer. Segons ha afirmat, durant els tres anys de govern de Prohens els lloguers s'han encarit un 67%.

Una campanya que s'allargarà fins al maig de 2027

Armengol ha presentat les eleccions generals com el primer tram d'una campanya política que, segons ha dit, s'allargarà fins a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del 23 de maig de 2027. La dirigent ha expressat la seva confiança que els socialistes puguin recuperar el poder a les institucions de les Balears.

“Anem a una campanya electoral que té una primera parada en les eleccions generals i una segona parada fonamental en les eleccions municipals, insulars i autonòmiques, que també guanyarem”, ha assegurat.

La líder socialista ha defensat que els resultats del novembre serviran d'impuls als candidats del partit en els comicis autonòmics i locals. “Aquesta campanya ens servirà perquè els nostres candidats i candidates puguin governar el maig de 2027, de la qual cosa estic absolutament convençuda”, ha afegit.

Crítiques a Prohens pel finançament i els serveis públics

La secretària general del PSIB ha estès les seves crítiques al conjunt de les polítiques del Govern del PP. En particular, ha retret a Prohens la seva negativa a negociar millores en el finançament autonòmic, que, segons ha defensat, permetrien disposar de més recursos per als serveis públics i avançar en la condonació de part del deute.

Armengol ha acusat el PP d'anteposar els seus interessos polítics al finançament de la sanitat, l'educació i les polítiques socials. També ha sostingut que la dreta afavoreix el deteriorament dels serveis públics per justificar posteriorment l'entrada d'empreses privades.

“Promociona el caos a la sanitat, a l'educació pública, a crear llistes d'espera insuportables en dependència”, ha afirmat. En la seva opinió, aquesta estratègia respon a un model que ja s'ha desenvolupat a Madrid i que el PP pretén traslladar a les Balears.

Davant aquests plantejaments, Armengol ha defensat que els socialistes poden transformar les condicions de vida de la ciutadania mitjançant polítiques públiques d'habitatge, sanitat, educació i mobilitat. “Aquesta és la realitat i això és el que ens juguem el dia 29 de novembre”, ha conclòs.

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, encabezará la candidatura de los socialistas de Balears al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La también presidenta de la Cámara Baja ha sido ratificada por unanimidad como candidata durante el Consejo Político del partido celebrado este sábado en Palma, donde ha recibido una larga ovación. Además, ha animado a las fuerzas de izquierda de las Islas a concurrir unidas al Senado para obtener “los mejores resultados” para Balears.

Armengol ha convertido su intervención en una llamada a movilizar al electorado progresista, con la vivienda como uno de los principales ejes de la campaña. La dirigente socialista ha defendido que Pedro Sánchez volverá a ganar las elecciones y ha presentado al presidente del Gobierno como “la luz y el faro de todo el progresismo a nivel europeo”.

La líder del PSIB ha enmarcado los comicios en un contexto de retroceso de derechos y cuestionamiento de los principios democráticos, tanto en el ámbito internacional como en España. En este escenario, ha reivindicado el socialismo como “la esperanza” para defender los derechos sociales y las políticas públicas frente a los planteamientos de la derecha y la ultraderecha.

Armengol ha advertido de que la campaña estará marcada por los intentos de desacreditar al Gobierno y ha acusado al PP de no haber aceptado los resultados de las elecciones generales de julio de 2023. En relación con las dudas expresadas por PP y Vox sobre la seguridad del voto por correo, ha calificado de “vergonzoso” que se ponga en cuestión un procedimiento electoral que, según ha defendido, ambas formaciones saben que no puede manipularse como sugieren sus discursos.

“Según lo que pase el 29 de noviembre, empezarán con su discurso de que no ha sido válido, de que no es un presidente legítimo. Porque sabe, como yo y como vosotros, que el próximo presidente volverá a ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, ha afirmado.

La secretaria general del PSIB ha pedido a los socialistas que afronten la campaña con más capacidad de trabajo, empatía y propuestas, y ha insistido en que la movilización debe desarrollarse en la calle, “con propuestas, con ganas, con ilusión y con fuerza”.

La vivienda, eje de la campaña

Armengol ha celebrado la convocatoria electoral después de que las formaciones de derecha tumbaran, según su interpretación, las soluciones planteadas para afrontar la crisis de la vivienda. La dirigente socialista ha defendido que las elecciones deben servir para que los ciudadanos decidan la composición de un Congreso capaz de aprobar medidas en esta materia.

“Convocar unas elecciones para que la gente hable y vote una mayoría en el Congreso que pueda dar soluciones a la vivienda”, ha señalado, en referencia a la decisión del presidente del Gobierno. A su juicio, solo una mayoría de izquierdas puede impulsar esas políticas.

La dirigente socialista ha vinculado esta reivindicación con la situación de emergencia habitacional y con el impacto que ha tenido el caso de Maricarmen, que ha contribuido a reavivar el debate sobre las dificultades para acceder a una vivienda. Armengol ha contrapuesto las medidas impulsadas por los gobiernos socialistas con la actuación del PP en Balears, al que acusa de frenar las políticas públicas en este ámbito.

En su balance, ha recordado iniciativas desarrolladas durante anteriores gobiernos progresistas en las Islas, como la construcción de vivienda protegida, la cesión de solares municipales, las medidas de tanteo y retracto y las actuaciones sobre grandes tenedores. También ha reivindicado la adquisición de 89 viviendas de Metrovacesa para destinarlas al alquiler social.

“Nosotros batallamos para encontrar solares; hicimos la primera ley de vivienda, pusimos en marcha las viviendas de protección oficial, impulsamos que los ayuntamientos cedieran solares”, ha enumerado. Armengol ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que haya desmantelado parte de estas políticas: “Llega Prohens y se lo carga todo. Esta es la realidad, han parado la maquinaria en todos los sentidos”.

La secretaria general del PSIB también ha acusado al Ejecutivo autonómico de boicotear la aplicación de la ley estatal de vivienda y de impedir la limitación de los precios del alquiler. Según ha afirmado, durante los tres años de gobierno de Prohens los alquileres se han encarecido un 67%.

Una campaña que se prolongará hasta mayo de 2027

Armengol ha presentado las elecciones generales como el primer tramo de una campaña política que, a su juicio, se prolongará hasta las municipales, insulares y autonómicas del 23 de mayo de 2027. La dirigente ha expresado su confianza en que los socialistas puedan recuperar el poder en las instituciones de Balears.

“Vamos a una campaña electoral que tiene una primera parada en las elecciones generales y una segunda parada fundamental en las elecciones municipales, insulares y autonómicas, que también vamos a ganar”, ha asegurado.

La líder socialista ha defendido que los resultados de noviembre servirán de impulso para los candidatos del partido en los comicios autonómicos y locales. “Esta campaña nos servirá para que nuestros candidatos y candidatas puedan gobernar en mayo de 2027, de lo que estoy absolutamente convencida”, ha añadido.

Críticas a Prohens por la financiación y los servicios públicos

La secretaria general del PSIB ha extendido sus críticas al conjunto de las políticas del Govern del PP. En particular, ha reprochado a Prohens su negativa a negociar mejoras en la financiación autonómica, que, según ha defendido, permitirían disponer de más recursos para los servicios públicos y avanzar en la condonación de parte de la deuda.

Armengol ha acusado al PP de anteponer sus intereses políticos a la financiación de la sanidad, la educación y las políticas sociales. También ha sostenido que la derecha favorece el deterioro de los servicios públicos para justificar posteriormente la entrada de empresas privadas.

“Promociona el caos en la sanidad, en la educación pública, a crear listas de espera insoportables en dependencia”, ha afirmado. En su opinión, esa estrategia responde a un modelo que ya se ha desarrollado en Madrid y que el PP pretende trasladar a Balears.

Frente a esta orientación, Armengol ha defendido que los socialistas pueden transformar las condiciones de vida de la ciudadanía mediante políticas públicas de vivienda, sanidad, educación y movilidad. “Esta es la realidad y esto es lo que nos jugamos el día 29 de noviembre”, ha concluido.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este sábado la “valentía” del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha agradecido que inicie en Andalucía “su ”apasionante viaje a la victoria“.

Así lo ha señalado Montero que ha participado en Dos Hermanas (Sevilla) en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y al que, según el cálculo de los organizadores, han acudido más de 5.000 asistentes.

“Vamos a por todas”, ha afirmado Montero, al tiempo que ha augurado que “el PSOE, que Pedro Sánchez, va a ganar las próximas elecciones generales”. “La mayoría social de este país va a ganar las próximas elecciones generales”, ha subrayado.

Por su parte, Sánchez ha acusado a la derecha de intentar enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos “para que no miremos arriba, a los de los aticazos y a los fondos buitre”. El Presidente y candidato a la reelección ha defendido los decretos de vivienda que, ha asegurado, protegen “a los inquilinos y también a todos los pequeños propietarios frente a la especulación”. También ha avanzado las líneas de su futura política de vivienda si es reelegido: “A nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente” y que su compromiso es que la política de vivienda “no tiene fecha de caducidad”.

Montero ha incidido en que “vivimos tiempos complejos, de incertidumbre, nos preocupa esa ola reaccionaria que está recorriendo el mundo, esa mala política que practica la derecha de este país” y “necesitamos liderazgo sólido, valores, compromiso y valentía”.

“Si en este país hay un líder con valentía se llama Pedro Sánchez”, ha subrayado la secretaria general del PSOE-A, que ha valorado las políticas y la gestión del gobierno.

“Nos quedan unas apasionantes semanas que lo vamos a dar todo para hacer posible que este país siga avanzando, que la mayoría social encuentre que sus derechos tienen reconocimiento y garantía dentro de un gobierno”, ha afirmado.

EH Bildu y ERC han acordado reeditar la coalición con la que concurrieron a las elecciones al Senado de 2023. Según detallan en un comunicado enviado por ambas formaciones, apuestan así por “la acumulación de fuerzas como herramienta para defender los derechos nacionales de Euskal Herria y Catalunya, ampliar los derechos sociales y hacer frente al bloque reaccionario”. Ambos partidos se marcan como objetivo combatir la “emergencia habitacional” al ser uno de los principales problemas de la sociedad actual.

Tanto EH Bildu como ERC valoran positivamente la colaboración desarrollada en el Senado durante esta legislatura por lo que han decidido dar continuidad a una fórmula conjunta que ha demostrado “su utilidad para defender los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales”.

“Ante la amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el próximo 29 de noviembre hay partido. Y que es posible ganarlo. Pero, para hacerlo, es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, de unas condiciones de vida dignas y de su capacidad para decidir su futuro”, afirman en un texto que han acompañado con una foto de una reunión de ambas directivas y liderada por Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

Según los partidos vasco y catalán, la experiencia demuestra que, ante “los retos que tenemos por delante”, la coyuntura histórica actual exige “altura de miras y responsabilidad para construir una alternativa capaz de plantar cara al bloque reaccionario”. “Una alternativa que sitúe en el centro las necesidades de la ciudadanía y que anteponga los intereses de nuestras naciones y sus gentes a cualquier interés partidista”, explican.

Entre estas necesidades se encuentra el derecho a la vivienda que colocan en el centro de esta coalición. EH Bildu y ERC se comprometen a hacer “todo lo que esté en su mano” para garantizarlo y “defender a quienes sufren las consecuencias de esta emergencia”.

Un total de 523.083 electores podrá votar en Cantabria en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un 3% más que en las anteriores, celebradas el 23 de julio de 2023.

De ese total, 49.873 personas residen en el extranjero, según los datos que ha dado a conocer este viernes la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con las elecciones de julio de 2023, este año podrán votar 15.265 electores más.

El censo electoral se revisa permanentemente y el vigente para los comicios del 29 de noviembre es el existente a fecha de 1 de agosto, como establece la ley. La próxima semana, desde el lunes 12 de octubre hasta el día 19, se expondrá en los ayuntamientos para que los ciudadanos puedan comprobar su inscripción y formular reclamaciones.

A falta de esa actualización, los llamados a las urnas el 29 de noviembre son 38.728.356 electores, todos de nacionalidad española ya que es un requisito imprescindible para ejercer el derecho al voto en comicios generales. Los extranjeros sólo pueden participar en municipales en las localidades donde residen.

De ese electorado, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. Entre ellos 1.615.127 jóvenes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada también de forma anticipada el 23 de julio de 2023.

Por provincias, que es la circunscripción para repartir escaños al Congreso, la que aportan más electores son Madrid, con 5.536.913 electores, 688.900 más que en las pasadas generales. Este importante incremento ha otorgado a la provincia un escaño más, hasta llegar a los 38, en detrimento de Cádiz, que ha perdido uno.

La segunda provincia española con más electores es Barcelona (4.398.757), Valencia (2.067.797) y Sevilla (1.606.972), y las que menos son Soria (77.069), Teruel (106.251) y Segovia (121.460) así como Ceuta y Melilla (65.591 y 63.968 electores, respectivamente).

A partir del 2 de noviembre se enviarán a los domicilios las tarjetas censales en la que se informará al ciudadano de la mesa y el local electoral donde podrá votar.

Voto en el extranjero

El voto de los españoles residentes en el extranjero cobra especial relevancia en estas elecciones por la polémica suscitada en torno a la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinadas inscripciones en el censo electoral de beneficiarios de esta norma, una medida que la Abogacía del Estado ha pedido levantar ante la proximidad del 29N.

A la espera de la resolución judicial de este asunto, el INE acredita a fecha de este viernes que 2.769.645 electores que viven en el extranjero podrán votar a finales de noviembre. La mayoría residen en Argentina, con 524.852 personas, 90.000 más que en las elecciones de 2023; seguido de Francia, con 267.387 electores; Estados Unidos, con 213.007; México, con 192.177; Cuba, con 169.290; Alemania, con 157.637; y Reino Unido, con 154.907 electores; entre otros.

Además, hay que recordar que por segunda vez en unas elecciones generales, tras la derogación del 'voto rogado', los españoles inscritos en el censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán votar en una generales sin tener que solicitarlo antes.

La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores del 21 al 26 de noviembre, que son los días habilitados para el depósito del voto en urna. Los electores que viven fuera de España podrán comprobar sus datos de inscripción en las oficinas consulares del 12 al 19 de octubre.

Consultas en la sede electrónica del INE

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.

Además, también a través de la sede electrónica del INE o en los ayuntamientos y oficinas provinciales de la OCE, los electores que podrán solicitar no recibir propaganda electoral de los partidos políticos. Lo podrán pedir hasta el 19 de octubre. Las peticiones posteriores tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

La secretaria autonómica del Partido Popular, María José González Revuelta, ha sido nombrada este jueves miembro del Comité de Campaña del PP para los comicios del próximo 29 de noviembre como representante de Cantabria.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado esta designación a la Junta Directiva Nacional de la formación, junto con la del resto de integrantes del Comité de Campaña, que estará dirigida por el secretario general del partido, Miguel Tellado.

El PP ha explicado que González Revuelta afronta esta responsabilidad “avalada por su profundo conocimiento de la organización, su capacidad de coordinación y su amplia experiencia electoral”.

“Su trabajo fue determinante en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, que permitió al Partido Popular recuperar el Gobierno de Cantabria”, ha destacado la formación.

La secretaria autonómica asume ahora este nuevo reto con responsabilidad, compromiso e ilusión, consciente de la trascendencia de una cita electoral que “va mucho más allá de la alternancia política”, asegura. “Por fin, hemos obligado a Pedro Sánchez a convocar elecciones. Él no se va. Ha sido el Partido Popular el que lo ha conseguido. Por fin a los españoles y a los cántabros se les devuelve la voz para poder hablar alto y claro y abrir una nueva etapa”, ha dicho González Revuelta tras su designación.

La secretaria autonómica de los populares cántabros ha asegurado que “nos esperan tres semanas de muchísimo trabajo, pero tenemos una maquinaria extraordinaria, con experiencia en ganar elecciones, unos equipos totalmente movilizados por todo el territorio y no vamos a confiarnos. Vamos a salir a darlo todo y a conseguir ese cambio que tanto España como Cantabria necesitan y lo vamos a hacer con muchísima humildad, con valentía y explicando puerta a puerta lo que el Partido Popular propone”.

Finalmente, González Revuelta ha añadido que “nos vamos a enfrentar a una campaña muy sucia, como sucios han sido estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez”.

Aplazado el congreso del PP de Cantabria

La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha acordado además aplazar unas semanas los 21 congresos autonómicos y provinciales que la formación tenía previsto celebrar durante el otoño, entre los que se contaba el congreso del PP de Cantabria convocado para los días 27 y 28 de noviembre.

El PSOE de Castilla y León tendrá hasta el 14 de octubre para presentar sus propuestas de listas provinciales al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, que han obligado a suspender los procesos de elaboración de las candidaturas para las municipales de mayo de 2027, con numerosas capitales de provincia todavía sin cabeza de lista.

El secretario general de los socialistas en la Comunidad, Carlos Martínez, ha explicado a los medios antes de participar en la Interparlamentaria del PSOE de Burgos que la decisión de suspender la elaboración de las listas municipales es para evitar que interfiera en las elecciones generales.

“Los tiempos orgánicos del partido los marca el partido y se ha decidido aplazar unas semanas, hasta después de las elecciones generales cualquier tipo de decisión del ámbito municipal”, ha dicho Martínez, así que la elección de cabezas de lista como los de Burgos o Valladolid se tomará después del 29N.

Mientras, el PSOE trabajará en las candidaturas provinciales al Congreso y Senado, y las ejecutivas provinciales tendrán hasta el 14 de octubre para trasladar sus propuestas; la aprobación definitiva de las listas está prevista para el 17 de octubre, cuando serán ratificadas por el Comité Federal del PSOE.

Dos mujeres, candidatas en Burgos

En la provincia de Burgos, dos mujeres han anunciado ya sus candidaturas: la secretaria general del PSOE de Burgos, y diputada provincial, Esther Peña, ha confirmado este jueves que quiere volver a ir en las listas provinciales al Congreso de los Diputados.

Por su parte, la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, anunció este miércoles a través de una carta en redes sociales que presentaba su candidatura al Senado, si bien no concretaba si volverá a repetir como candidata a la Alcaldía mirandesa.

Cuando abandoné la primera línea de la política, hace ahora tres años, me propusieron escribir un libro en el que describiera mi experiencia durante lo que había sido una de las décadas políticas más intensas en España. En mi caso, desde las movilizaciones del 15-M hasta el gobierno de España. Muchos compañeros míos que me habían precedido en la salida, e incluso todavía muchos que están en activo, se habían adentrado en esta literatura política con un producto parecido. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trataba no solo de una narración personal de lo acontecido, con sus legítimos sesgos y puntos de vista particulares, sino también un descarnado ajuste de cuentas. Y esa perspectiva a mí me disgusta porque considero que ni al país, ni a la izquierda ni a la clase trabajadora serviría de algo un conocimiento más preciso de lo que comúnmente se llaman “trapos sucios”. Por esa razón decliné tal proyecto.

Viene esto al caso de que creo que entiendo por qué a la izquierda le está costando tanto ponerse de acuerdo en un momento tan crucial como este. En teoría, la cosa no debería ser tan complicada. La mayoría de los partidos que forman la izquierda comparten el 90% del programa político, de modo que si, como decía Julio Anguita, nos atenemos a tal criterio, el acuerdo debería ser relativamente fácil. Y si esto en la práctica no es así es porque intervienen otros factores; factores que hacen mucho más complejo lo aparentemente fácil.

El principal factor de distorsión, aunque parezca una perogrullada, es que la política la hacen las personas. Y todas las personas somos presas tanto de nuestras virtudes como de nuestros vicios, donde encontramos necesidades como las de reconocimiento, identidad y respeto, sustento material, relaciones sociales… En suma, los seres humanos somos unos bichos complicados. E incluso cuando nos juntamos con gente que, como nosotros, quiere cambiar el mundo, e incluso cuando compartimos casi toda la cosmovisión y los planes de futuro, de un modo u otro al final acaban emergiendo diferencias aparentemente insalvables.

El mundo de la política que yo he experimentado está lleno de episodios que, en rigor, son completamente absurdos. Personas que, de tan afines ideológicamente acaban siendo parejas y formando familias para, al paso del tiempo, separarse y discrepar políticamente hasta en el color de las puertas. Personas que, con una asertividad envidiable dicen una cosa hoy que mañana se convierte en la contraria; y pasado mañana, si eso, se vuelve a cambiar. Personas que se posicionan después de que el debate haya terminado, siempre bajo la pregunta “¿quiénes hemos ganado?”. Personas que en principio fueron amigos amén de compañeros, pero que en ciertos devenires se convierten en las personas que niegan hasta haberte saludado en alguna ocasión. En fin, situaciones de divergencias políticas que podrían caber bajo las etiquetas de cinismo e hipocresía, pero que en el fondo expresan algo más profundo: inercias sociales de seres humanos complejos.

La política realmente existente es una trituradora de personas, así que tampoco es de extrañar que gente con conocimiento de cómo es la cuestión se niegue a asumir nuevas responsabilidades. Otros son más valientes, o inconscientes, y asumen retos imposibles aun sabiendo que hay costes elevados. Nunca fue fácil, y en otro tiempo hacer política implicaba cosas bastante más graves como la tortura o el asesinato, pero no podemos negar que los últimos quince años han sido una centrifugadora de seres humanos. Tan rápido como la política se convirtió en un atractivo y una esperanza para decenas de miles de personas, y atrajo a la primera línea a muchas de las mejores mentes de este país, pronto se convirtió también en una máquina de moler humanos que fue malogrando y expulsando a toda esa materia prima y su frescura original.

Cuando entré en política institucional en el año 2011, y como persona educada en la tradición republicana y socialista, tenía una gran desconfianza en los liderazgos; “ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador” dice uno de los textos más influyentes de la historia política. Pero, a la hora de la verdad, me temo que se necesita que alguien ponga algo de cordura, serenidad y calma en el caótico mundo de los humanos de carne y hueso. Alguien que, quizás por su carisma o por su inteligencia, sepa separar el grano de la paja y centrar el foco en lo realmente importante. Alguien que tenga la inteligencia emocional y política suficiente para abstraerse de las miserias humanas al tiempo que promueve sus virtudes. Esa es para mí la función principal de un líder; y la izquierda tiene la suerte de contar con muchos perfiles que reúnen esas características. El problema es que casi nadie quiere desperdiciar tiempo de su vida en una tarea tan tóxica e ingrata.

Se señala a menudo que los dirigentes y los partidos tienen la culpa de todo esto. Pero reconozcamos que el problema no está solamente en los dirigentes. Está también en nosotros, porque todos participamos, de una manera u otra, en los incentivos que hacen invivible el ambiente. Con nuestras miserias no dejamos que crezca la hierba. Desde los comentarios en estos artículos hasta los que se suceden en las redes sociales, completamente vampirizadas por el odio y la brutalidad, el ambiente tóxico empieza desde abajo. Yo, como cualquier otro dirigente, llegué a ser candidato siendo odiado ya por una parte considerable del electorado e incluso de mi propia gente, aunque todavía no había ni abierto la boca. Y todavía no existían las redes sociales en su configuración actual, es decir, como altavoces de las pasiones más oscuras. Y si eso pasa sólo por llegar, no hace falta profundizar en lo que ocurre cuando, como todos los seres humanos, nos equivocamos. Sea como sea, en la izquierda, y quizás igual que en otros sitios, nos despedazamos primero y luego, si acaso, reflexionamos sobre los motivos.

En estos días en los que circulan muchos rumores sobre cómo articular una candidatura del Frente Amplio, no es fácil encontrar a alguien con una idea genial pero sí es sencillísimo encontrar a miles de personas con críticas destructivas ante cualquier posibilidad: ese o esa sería el peor candidato del mundo y no votaré si tal cosa se aprueba; aquel dijo tal cosa hace cien años y para mí eso es una línea roja; ese otro es aún peor porque es un pusilánime o, peor, un traidor porque no insultó lo suficiente a los malos; pero este de aquí es casi peor, porque no es de mi partido; etc.

No solo reciben los que están en activo y dando la cara. Mi último “flame” en redes sociales —léase: linchamiento público— ha llegado por parte de militantes y dirigentes de Adelante Andalucía, a los que no les gustó que yo recordara que la ley electoral penaliza la fragmentación. Aunque yo haya sido compañero suyo hasta hace unos años, y hayamos participado juntas en muchas campañas y además nunca haya tenido mala palabra para ellas, no importa: la reacción en contra ha sido tan pasional como desproporcionada. Como la que cualquiera tendría con un enemigo a batir. Quizás incluso más.

Sería estúpido pensar que todo esto es solo psicología primaria. La izquierda quiere transformar las estructuras sociales, pero a menudo se niega a reconocer que sus propias organizaciones están atravesadas por las mismas relaciones de poder, incentivos materiales e identidades que pretende transformar. Por ejemplo, las personas tenemos que llegar a fin de mes, y aunque parezca mentira también las de izquierdas, y las afinidades ideológicas están entrelazadas a nuestra fuente de sustento. Si mi partido ha dicho que está lloviendo, y aunque yo vea por la ventana un cielo completamente despejado, quizás es inconveniente reconocer tal contradicción y, por mi bien, sea más oportuno sobreactuar y asegurar que, de hecho, está a punto de llegar la tormenta. Nosotros llamábamos “semáforos” a esas personas que se ponen en “ámbar” cuando todavía no se sabe quién gana —donde eso significa elegir a quién podrá seguir teniendo ingresos—, y que tienen el olfato político tan desarrollado que cuando se ponen en verde —apoyando a alguien o algo—, ya sabes que no hay mejor encuesta que esa. Eso lleva a la continuidad de perfiles y a la reproducción de prácticas que distorsionan cualquier debate honesto. Y otro día, si se tercia, hablamos de los incentivos que tiene la gente de dentro que, por lo demás, ha consumido sus biografías en una actividad socialmente penalizada —porque en tu currículum pone que eres el siguiente sujeto subversivo de la empresa—, para salir de la política y, qué capricho, seguir teniendo ingresos.

Las conexiones materiales no son las únicas que se establecen entre los partidos y sus dirigentes o militantes. También está la conexión emocional o simbólica, que como toda identidad despierta tanta pasión —o más— que la confraternización de pareja. Se puede entender que el militante de toda la vida, que ha dedicado décadas de su tiempo a una causa encarnada en un logo o sigla, tenga un afecto más allá de lo racional con su partido y sus símbolos. Pero también vemos lo mismo en gente que acaba de llegar al partido o en partidos que todavía están en la cuna. El patriotismo de partido no exige demasiado tiempo para asentarse, pero introduce dinámicas que nada tienen que ver con la racionalidad pulcra del programa del que hablaba Julio Anguita. Tienen más que ver, obvio, con la pulsión irracional que despierta todo nacionalismo, aunque esté disfrazado bajo la retórica de partido. Y, sobra decir, todo esto es un obstáculo de primer orden cuando se trata de poner de acuerdo a gentes diferentes, que traen de casa identidades, vivencias y relaciones muy distintas. 

Sea como sea, incluso si todo lo anterior estuviera abordado y resuelto, y estamos realmente lejos de eso, todavía quedaría el debate sustantivo: qué hacer cuando tus cartas son tan escasas y los bárbaros están a las puertas. Yo he llegado a una conclusión práctica después de tanto tiempo: lo que decida Frente Amplio será lo que yo apoye. Mis comentarios del mundo insider me los seguiré guardando, y contribuiré humildemente a apoyar a esa gente que está ahí, que es la que ha sido lo suficientemente valiente como para dar la cara por todas nosotras en un tiempo tan difícil. Eso es mucho más importante para el país que leer o escuchar al militante de izquierdas que todo lo sabe y que, sobre todo, tiene una idea mágica y un problema para cada solución.

La gente corriente ha logrado imponer para esta campaña electoral 2026 los temas que importan, por eso va a ser singular y por eso ha pillado al PP desprevenido: noqueado por la fecha y porque la calle habla mientras Feijóo manzanas trae. Ya no vale Cataluña, la inconstitucional amnistía que no lo era, ni el feminismo radical, ni los jueces, ni la prioridad nacional que no evita desahucios. El eje de la campaña de 2019 fue territorial. El de 2023 fue ideológico. El de 2026 va de un modelo de estado que interviene para proteger y compensar las desviaciones del capitalismo salvaje o de un estado que permite todo y no regula, dejando sin árbitros los jugosos negocios de la vivienda, educación o sanidad.

De repente, Maricarmen ha hecho cristalizar y elevarse preguntas básicas que han dejado en un segundo plano la construcción ideológica sobre si eres ultra, qué significa ser progre, las maldades de lo woke o incluso la corrupción. ¿Podré independizarme? ¿Alguien pondrá freno a las redes sociales para proteger a nuestros hijos? ¿Tendré que pagar una universidad privada porque se está dejando de apostar por la pública? ¿Me van a dar ayudas para comprar casa? ¿Por qué faltan plazas de FP en muchas comunidades? ¿Me van a apoyar como propietario si dejan de pagarme el alquiler? ¿Se va a invertir en bomberos forestales para los próximos incendios? ¿Por qué mi ciudad no topa los precios? Muchas de estas respuestas no están en el Gobierno, sino en ayuntamientos o comunidades autónomas. Habrá que dar clases más profundas sobre la compleja estructura del Estado español.

De repente, sin aviso, todo esto es importante y convierte en ridículo, inoportuno y extemporáneo hacer memes con el cuádriceps de un ministro o hablar de traición de Puigdemont. Feijóo parece no haber entendido que le han cambiado la pantalla del videojuego mientras esperaba sentado a que los sumarios y los informes de la UCO le hicieran el trabajo de oposición. Sin caer en que, además de oponerse, tenía que proponerse.

El inicio de la precampaña, con la siempre estimable colaboración de Isabel Díaz Ayuso, no ha podido ser peor y más errático para los populares. Feijóo empezó cuestionando las ganas de trabajar de los españoles con datos engañosos de bajas laborales: si los lunes hay muchas es porque se acumulan las de sábados y domingos. Pero él, que ya perdió puntos frente a Silvia Intxaurrondo por mentir en 2023, no parece haber aprendido que es mejor no ser displicente con los trabajadores o pensionistas, sobre todo con datos falsos. Siguió la semana proponiendo que los médicos pagados por las empresas decidan cuándo vuelve un trabajador de su baja y dando una lección magistral sobre energías llamando nitrógeno al hidrógeno. También, dando alas a la teoría conspirativa de Ayuso sobre el voto por correo con el que ella misma llegó a presidenta con mayoría absoluta. Qué buen plan desincentivar (también para los tuyos) que se use la herramienta democrática del voto a distancia para quienes no pueden hacerlo en persona.

Aunque Feijóo y Ayuso se empeñan a veces en hacernos creer que el peor enemigo del PP es el Partido Popular, la verdad más incómoda está más a la derecha. En las elecciones de 2023 había dudas sobre el alcance de la amistad que habría entre PP y Vox –Feijóo eludió siempre las posibilidades de pacto, aunque luego vino Mazón a darle un bofetón desde València–. En estas elecciones no hay duda. Todo lo que diga Abascal podrá ser utilizado en contra de Feijóo, porque se da por hecho que, si suman, los populares tendrán que ceder para pactar.

Cuantas más ideas para desmantelar el estado del bienestar lanza Vox, más efectos secundarios para el PP. El partido de Abascal ha propuesto esta semana mandar de vuelta a inmigrantes (¿a cuántos y con qué base legal?), desregular todo lo posible o incluso privatizar pensiones. Aunque no lo haya dicho Feijóo, es normal que su votante piense si llegaría a hacerlo a cambio de ser presidente.

En el peor de sus escenarios, Pedro Sánchez ha digerido su derrota parlamentaria y la ha lanzado como pregunta de futuro, proponiéndose como quien ha escuchado y sabe qué hacer para arreglarlo. Ha cambiado el campo de juego, los tiempos y ha sabido agarrar el balón que estaba botando en la calle, aunque falta por ver si esa calle confía en la izquierda, quiere un cambio a lo que sea distinto o ve al Gobierno como parte del problema que nos ha traído hasta aquí. Mientras, un PP nervioso persigue y ladra al perro Pedro que, cuando menos se lo esperaban, se les ha escapado.

El PRC decidirá el próximo viernes 16 de octubre si se presenta o no a las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha anunciado el secretario general de la formación, Miguel Ángel Revilla, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, tras la reunión del Comité Ejecutivo del PRC. “De momento no hay fumata blanca”, ha dicho Revilla sobre la posibilidad.

Para la toma de decisión de cara a las generales, el Comité Ejecutivo ha acordado ampliar la consulta a todos los comités locales y comarcales para que cada uno traslade la opinión de los militantes.

Tras la ejecutiva, Revilla ha explicado que, en el encuentro, ha intervenido la mayoría de los miembros de la Ejecutiva y ha reconocido que hay opiniones “variadas”: “desde los que piensan que tenemos que ir porque dejar una urna sin la papeleta del PRC es un hándicap; hasta aquellos que argumentan que unas elecciones como éstas, (...) donde va a haber un voto muy polarizado, van a ser muy complicadas”.

“Creemos que un tema tan delicado como éste debe tener más participación que el Comité Ejecutivo”, ha dicho el expresidente cántabro, que ha asegurado que no se ha barajado ningún nombre ante la posibilidad de ir a las elecciones.

El otro acuerdo que ha tomado el el PRC ha sido posponer el XIV Congreso, previsto para el 15 de noviembre, y que abordará la elección del secretario general y la reforma de los estatutos, a la última semana de enero: “En medio de toda una campaña electoral iba a quedar completamente diluido”.

Junto a Revilla ha comparecido también la candidata a la Presidencia autonómica, Paula Fernández. Ambos han recalcado que el partido tiene “siempre” como objetivo Cantabria. “Vamos a hacer una campaña muy fuerte para intentar que la ausencia mía no se note para nada en el resultado electoral”, ha sostenido Revilla, que ha destacado que Fernández es “una gran candidata”, así como lo son los candidatos a las alcaldías.

El juez que investiga si hubo prevaricación en el rescate público de 475 millones de la aerolínea Air Europa ha acordado citar como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados Íñigo Errejón en plena campaña electoral. Ha fijado el 23 y el 24 de noviembre para celebrar la testifical de una decena de personas.

Fue en junio cuando trascendió que el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid admitía las querellas interpuestas por los partidos políticos PP y Vox. Como primera diligencia citaba como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -quien era máximo responsable del órgano que dio luz verde a ese rescate-.

Entre los citados está también la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva;  la subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque; el secretario general y directo de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Francisco Javier Loriente; el ex secretario General de Industria y Pyme, Räul Blanco; el subsecretario para la Transición Ecológica, Miguel Ángel González Suela; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el ex secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura; quien fuera director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Manuel de la Rocha Vázquez; y el director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo.

La citación de Errejón encuentra razón, según informa Europa Press, en que en 2020, cuando era diputado y líder de Más País, denunció en una pregunta parlamentaria que el rescate a Air Europa incumplía “de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica” aprobado en el pleno del Congreso el 29 de julio de ese mismo año, puesto que entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había “ninguna de carácter climático o ambiental”.

La imputación de Lora

En el auto por el que el juez José María Escribano acordaba la declaración como investigado de Lora, se acordaba tambié requerir a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para que aportaran una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate público, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y todos los detalles relativos al consejo gestor que participó en decisiones sobre el rescate de la aerolínea.

Lora es un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y que fue mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando compareció en el Senado sostuvo que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”.

La querella del PP, a la que tuvo acceso elDiario.es, sostiene que Air Europa no cumplía con los requisitos legales para acogerse a ese préstamo público porque, según información publicada en prensa, Globalia -matriz de la aerolínea- “mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015”. Lamenta así que, pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado que fue favorable.

Los 'populares' recordaban en la querella que el apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una “sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones”. Y sumaban a esto que el rescate por importe total de 475 millones de euros se estructuró en dos tramos diferenciados para así evitar “la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea”.

El PP entendía que los hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa porque se trata, a su juicio, de “una resolución arbitraria” en un asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Explicaba que fue el consejo gestor del FASEE el órgano administrativo que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.

Esta nueva ronda de citaciones de testigos llega después de que este mismo martes trascendirea también que el PP solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que imputara al PSOE en el caso Leire Díez. Previsiblemente, la decisión del juez se conocerá también antes de las elecciones.

El coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, como partido integrante de 'Frente Amplio', confía en que finalmente haya más agrupaciones se sumen a este proyecto de la izquierda para sacar adelante una candidatura “amplia” en Cantabria.

Así lo ha señalado Ruiz Salmón este martes a declaraciones a la prensa sobre el adelanto electoral de las generales al 29 de noviembre, en las que ha indicado que en los próximos días se celebrarán reuniones a nivel federal y autonómico para elegir al candidato de la formación, que será “un perfil ya conocido por todo el mundo”.

Según ha apuntado, Izquierda Unida está “preparada” dado que “no es la primera vez que afronta unas elecciones generales de esta magnitud”. Así, “progresivamente” en los próximos días se realizarán encuentros para elegir a las personas que vayan a integrar la lista de 'Frente Amplio' y, en el momento en que se sumen otras organizaciones, habrá “ese encaje”, que se va a llevar a cabo con “normalidad” como ya se hizo en anteriores ocasiones.

De esta forma, ha reiterado que la candidatura de 'Frente Amplio' está “preparada” y van a “salir a por todas para poder revalidar el gobierno de coalición”.

Ruiz Salmón espera poder presentar “cuanto antes” a la persona que va a representar a ese 'Frente Amplio', en un momento, además, en el que “se bloquean medidas tan importantes” como la paralización de desahucios o la estabilización de los alquileres.

A su juicio, “hay que dar estabilidad para poder tener proyectos de vida dignos”. Y es que el modelo que defiende 'Frente Amplio', ha explicado, es apostar por más derechos, no solo en materia de vivienda, sino también para la clase trabajadora.

El presidente de la gestora que está al frente del PP de Navarra tras la salida de Javier García, Sergio Sayas, ha asegurado este martes que su pasado en UPN no va a suponer un impedimento para que ambas formaciones puedan alcanzar un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El 16 de octubre culmina el plazo para que los partidos que acudan en coalición a las urnas lo comuniquen y UPN y PP apuran las negociaciones, si bien Sayas ha apuntado que no le “consta” que ambos partidos hayan fijado un calendario de reuniones.

Sayas, que dio el salto al PP tras ser expulsado de UPN por haber mentido y votado en contra de la reforma laboral cuando el presidente regionalista, Javier Esparza, había acordado con el PSOE apoyarla, lidera ahora el Partido Popular en la comunidad foral y busca un acuerdo de coalición con su antiguo partido para las elecciones del 29 de noviembre, así como para las forales y municipales de mayo de 2027.

“Estamos dispuestos a concurrir a las elecciones con UPN, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ese pacto se produzca”, ha asegurado Sayas en una comparecencia en la que ha considerado que su pasado en el partido regionalista y las circunstancias en las que se produjo su salida no dificultarán en acuerdo. “No creo que las personas tengan que impedir un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos”, ha aseverado.

En 2023, tras la expulsión de Sayas y Adanero, UPN rompió su acuerdo con el PP y acudió por primera vez desde 1982 en solitario a unas generales. Esa división del voto en la derecha, permitió al PSN ganar las elecciones en Navarra, logrando dos escaños en el Congreso. PP y UPN lograron uno cada uno, si bien Sayas superó en votos al candidato regionalista, Alberto catalán, y EH Bildu se llevó el otro escaño que reparte la comunidad foral.

Ahora UPN y PP tratan de alcanzar a contrarreloj un acuerdo que unifique el voto de la derecha en una única candidatura, sin contar a Vox. El propio Sayas ha descartado esta posibilidad que contaría con el rechazo de los regionalistas por su defensa de la foralidad navarra. “Evidentemente, el modelo que tiene Vox respecto a Navarra es distinto al que tienen el Partido Popular y UPN. Eso nos puede permitir pactar unas líneas de un gobierno, pero no un acuerdo electoral. Sin embargo, con UPN podemos tener, sin ningún tipo de problema, un acuerdo electoral”, ha subrayado Sergio Sayas.

Sayas, que en 2023 fue el candidato del PP al Congreso, no ha confirmado si repetirá el 29 de noviembre o, si por el contrario, será el candidato a la presidencia de Navarra en 2027. “Estaré donde el Partido Popular decida que debo estar”, ha apuntado.

Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los últimos comicios del 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve.

Así lo refleja el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, y que fija la constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, el miércoles 23 de diciembre.

En concreto, Andalucía elegirá el próximo 29N a 60 diputados al Congreso y 32 representantes para el Senado por las ocho provincias de la comunidad autónoma. La circunscripción en la que se vuelve a elegir el mayor número de escaños al Congreso de los Diputados es Sevilla, con 12, seguida por Málaga, con 11.

Por detrás se sitúan Cádiz, con ocho; Granada, con siete; Almería y Córdoba, con seis; y Huelva y Jaén, con cinco escaños en el Congreso cada una.

El Senado

Con respecto a los miembros que se eligen en el Senado por el conjunto de la comunidad autónoma, ascienden a 32 y por cada circunscripción se designan cuatro, al margen de los elegidos por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Actualmente, los senadores en representación de Andalucía son Javier Arenas, Jesús Aguirre, Fran Oblaré y Virginia Pérez, a propuesta del PP-A; María Jesús Montero, Juan Espadas y Susana Díaz, a propuesta del PSOE-A; y Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor, a propuesta de Vox.

Cantabria elegirá cinco diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que menos escaños disputa, mientras que la Comunidad de Madrid ganará un diputado, hasta 38, y Cádiz lo perderá, según los datos que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de la misma cifra de señorías con la que cuenta Cantabria en la presente legislatura. Los representantes resultantes de las elecciones generales de 2023 fueron: Félix de las Cuevas y Javier Noriega, por el PP, junto a Pedro Casares y Noelia Cobo, por el PSOE, y Emilio del Valle, por Vox. Cabe recordar que Pedro Casares dejó su escaño en 2025 por para ocupar el cargo de delegado del Gobierno en Cantabria. El socialista fue sustituido por Pablo Antuñano.

Por su parte, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso tenía hasta la fecha 37 diputados, sin embargo, a partir de los próximos comicios contará con uno más, es decir, con 38 parlamentarios elegidos por los madrileños.

Por el contrario, la provincia de Cádiz, que contaba con 9 diputados, pasará a tener uno menos, es decir, tendrá 8, con lo que Andalucía verá reducida también su representación en el Parlamento en un diputado y contará con 60 parlamentarios en lugar de 61.

El número de diputados por circunscripción consta en el Real Decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 29 de noviembre, publicado hoy por el BOE.

Las provincias que más diputados eligen son Madrid, donde se vota a 38; Barcelona, con 32 y Valencia, con 16; seguidas de Sevilla y Alicante con 12 cada una; Málaga, 11 diputados y Murcia, 10. Baleares, Vizcaya, Cádiz, Coruña y Las Palmas, contarán con ocho diputados cada una de ellas.

Con siete diputados contarán Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, mientras que tendrán seis diputados Almería, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Tarragona y Toledo. Otras ocho circunscripciones tendrán 5 diputados cada una. Se trata de: Badajoz, Huelva, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Navarra y Valladolid.

Tendrán cuatro diputados Albacete, Alava, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Orense, La Rioja y Salamanca. Las circunscripciones de tres son: Avila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora. Mientras que Soria tendrá dos y Ceuta y Melilla, uno cada una.

Cuatro senadores

En cuanto al número de senadores por cada provincia, en aplicación del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, será de cuatro; en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.

Constitución de las cortes el 23 de diciembre

Otra de las fechas clave en el calendario electoral que confirma este martes el BOE, en el real decreto de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, es la jornada de constitución de las Cortes resultantes de los comicios: “Celebradas las elecciones convocadas por este real decreto, las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el día 23 de diciembre, a las diez horas”, señala la publicación oficial.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, despeja cualquier duda y apuesta por Gabriel Rufián para liderar la formación de cara a las elecciones del 29 de noviembre. “Seguro que será el candidato”, ha afirmado en una entrevista en SER Catalunya.  Junqueras ha defendido que la figura de Rufián, diputado en la Cámara baja desde 2016, es la “mejor” baza que tiene hoy su partido para disputar los comicios en Catalunya.

En este sentido, el presidente de ERC se ha mostrado convencido de que Rufián aceptará este planteamiento, después de que el diputado haya apostado desde hace meses por un a candidatura más amplia de las izquierdas estatales y soberanistas. “ERC es el partido que asume la responsabilidad de defender el país en todas las circunstancias, tanto frente a PP y Vox como frente a los socialistas, que no tienen suficiente ambición nacional”, ha argumentado.

Las palabras de Junqueras no esconden sin embargo las desavenencias que han marcado su relación con el grupo que lidera Rufián en Madrid desde hace meses.Este lunes, Rufián aseguraba que debía “reflexionar” sobre su posible candidatura y fuentes de su entorno señalaban que escucharía a distintas partes antes de decidir, mientras podría exigir “un mínimo de condiciones” para repetir como cabeza de lista.

La convocatoria electoral deja a ERC con buena parte de sus principales reivindicaciones pendientes: la reforma de la financiación y la condonación del FLA han quedado sin recorrido, mientras el traspaso de Rodalies tampoco se ha completado. Junqueras ha culpado de ello directamente a Pedro Sánchez y a Junts: “Nosotros somos responsables de lo que negociamos, no de los disparates que hacen los demás”.

Su crítica se ha centrado sobre todo en el nuevo modelo de financiación que queda ahora congelado. “Catalunya se jugaba 4.700 millones más al año y Junts y Sánchez han reventado esta opción”, les ha acusado. “Es muy grave porque era dinero que iba a las escuelas y a los hospitales de nuestro país”, se ha lamentado.

En el mus, aceptar un órdago supone jugar al todo o nada y jugarse la partida. Con cartas o sin ellas. En política, ocurre lo mismo. Se puede ir de farol o se puede estar seguro de una apabullante victoria. Es un juego de engaño, de contención, de apuestas y de riesgo. Y, aunque hasta el momento, Pedro Sánchez había optado por “ir pasando” o “achicarse” ante los envites de la oposición y de sus socios para mantener viva la partida legislativa con sucesivas prórrogas, ahora cambia radicalmente la estrategia y acepta la apuesta. ¿Elecciones? Ahí las tienen, serán el domingo 29 de noviembre. 

El presidente del Gobierno, que no empieza la partida con las mejores cartas dada la adversa demoscopia, rompe en todo caso con meses de resistencia en un Parlamento sin mayoría de izquierdas, pero también desmiente todas las estrambóticas cábalas de la trompetería de la derecha que auguraron por activa, pasiva y perifrástica que no llamaría a las urnas o que prepararía un pucherazo para perpetuarse en el trono monclovita. 

En lugar de prolongar una agonía insoportable y desgastarse en una legislatura bloqueada por sus propios socios de investidura, ve el órdago y devuelve la palabra a los ciudadanos. No era la respuesta que esperaba Junts ni la que más le convenía dada la irrelevancia en el que le sitúan las encuestas, pero en el pecado de votar “no” a los decretos de vivienda y provocar que fueran tumbados, los de Puigdemont llevarán probablemente su penitencia en forma de papeletas. Hasta entonces, se espera una campaña de alto voltaje en la que los bloques de izquierda y derecha echen el resto.

“V de vivienda y B de buitres” es el lema ya propuesto por Óscar Puente, que Sánchez hizo propio en otros términos: “Los españoles tendrán que decidir si desean sumarse a la ola ultraderechista o que España siga siendo un baluarte de apertura, de justicia social y de responsabilidad medioambiental”. Lo que está en juego, en definitiva, es si España sigue la inercia de medio mundo y cabalga a lomos de la desinformación, los bulos y los intereses de los poderosos o, por el contrario, apuesta por avanzar en materia de derechos y protección social. Y en el PSOE aseguran haber detectado una movilización en su electorado hasta ahora desmotivado, además de estar en disposición de controlar el relato.

Lo que viene es una campaña a cara de perro en un marco económico en el que se atisba claramente un empeoramiento de los indicadores en los próximos meses, pero la bandera de la izquierda será sin duda la vivienda aprovechando las recientes movilizaciones que otorgan un argumento de campaña para movilizar al electorado de izquierdas bajo un relato de “avances frente al bloqueo” y de protección frente a los recortes. De ahí que este mismo martes , el Consejo de Ministros tenga intención de aprobar de nuevo los decretos tumbados el pasado viernes en el Congreso para que los convalide después, no ya el pleno de la Cámara Baja, sino la Diputación Permanente, donde los votos de Junts no son necesarios. Este último trance, con los decretos ya en vigor, no será inminente. Hay 30 días hábiles para ello y la intención es hacerlo en plena precampaña para que las derechas vuelvan a retratarse.

Feijóo, por su parte, celebra con la boca pequeña una convocatoria que no esperaba, a tenor de las señales emitidas desde Génova durante todo el fin de semana. Sabe que se la juega, que la del 29N es su última bala, que no entusiasma al electorado, que su futuro está inexorablemente atado al de Abascal y que su partido no le concederá una nueva oportunidad. Y en el PSOE, todo sea dicho, le ven con la misma cara que a “Susana Díaz el día después de perder las primarias contra Sánchez en 2017”. 

El envite estaba echado y el presidente del Gobierno acaba de redoblar la apuesta con un órdago a la grande cuyo resultado se verá en poco más de mes y medio. En 2023, ya hizo un planteamiento casi idéntico con un plebiscito nacional para frenar la entrada de Vox en un hipotético Gobierno del PP y, la jugada, contra todo pronóstico demoscópico, le permitió armar una nueva mayoría de investidura. Esta vez, está por ver...

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha reclamado este lunes, tras conocer el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, que este hecho no frene la agenda social, a la vez que ha alertado del “riesgo” que supondría para el país un gobierno de PP y Vox.

En un comunicado, Fernández de los Muros ha sostenido que la parálisis legislativa no es un mero debate de partidos, sino “un problema real que termina afectando de forma directa a la ciudadanía” cuando se frenan medidas urgentes en materias clave como la vivienda.

Sobre la agenda social que defiende su formación, la dirigente sindical ha indicado que la prioridad absoluta pasa por garantizar “salarios dignos, contener los precios y aplicar medidas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda a la clase trabajadora de la Comunidad”.

Fernández de los Muros ha insistido en que las dificultades para llegar a fin de mes “no se detienen por los tiempos institucionales” y exigen “respuestas inmediatas para evitar situaciones extremas como los desahucios”.

Sobre un hipotético gobierno de coalición de PP y Vox, la responsable de CCOO ha recordado que en Castilla y León “conocen bien las consecuencias de un Ejecutivo con presencia de Vox”, tras los “recortes, el menoscabo del diálogo social y los ataques a los derechos laborales” vividos durante la pasada legislatura autonómica.

Frente a las “propuestas de retroceso de la derecha y la extrema derecha”, la dirigente de CCOO ha defendido los avances logrados en los últimos años, como “el incremento del SMI, la estabilidad en el empleo o las oportunidades que abre la transición energética hacia el pleno empleo”.

CCOO Castilla y León ha hecho un llamamiento a “la participación masiva de los trabajadores y trabajadoras en las urnas” para evitar que a nivel estatal se repita el modelo de “retroceso social que ya ha sufrido la Comunidad”.

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que Pedro Sánchez puede tener “un resultado muy digno” en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre por las movilizaciones de la vivienda. Aunque la coalición PP-Voz “está cantada”, el expresidente de Cantabria considera que “puede tener un pequeño respiro en cuanto a que la derrota no sea por goleada y que pueda haber partido”. “No en cuanto a quién va a gobernar, que yo creo que hay un cambio de ciclo, pero sí a tener un resultado digno, incluso en poder competir con el PP en cuanto a ser el primer partido”, ha precisado.

En su opinión, el adelanto electoral “llega tarde” y es “inevitable” porque “hace tiempo que la legislatura estaba acabada”. “No ha habido mayoría para aprobar presupuestos, que es un hándicap para cualquier Gobierno que debiera haberle imposibilitado continuar gobernando; pero es que luego, dentro de la propia coalición que le dio los votos, ha sido una guerra permanente de unos contra otros”, ha apostillado.

“Aunque tarde” -ha subrayado Revilla- “es el momento de que los ciudadanos en las urnas recompongan un panorama político parecido o distinto” en las urnas, y ha anunciado que la Ejecutiva de su partido, el PRC, se reunirá esta semana para decidir si concurren a las elecciones generales, como ya hizo en 2019 cuando José María Mazón representó los intereses de los votantes del Partido Regionalista de Cantabria en el Congreso y José Miguel Fernández Viadero en el Senado. “La mejor etapa que ha tenido Cantabria, con resultados palpables”, ha enfatizado.

Aunque, ha advertido de que las elecciones más importantes para el partido son las autonómicas. En cualquier caso, ha admitido que “sería maravilloso” volver a tener representación nacional.

Revilla se ha descartado como candidato a diputado por el PRC al Congreso -“alguno ya me ha llamado diciéndomelo”, ha desvelado- y dice que en la reunión de la cúpula del partido se militará “a escuchar”. Pero, a la vez, ha dicho que sería “muy bueno” que el PRC se presente a las generales.

También ha advertido de la dificultad del escenario actual, marcado por “una bipolarización feroz” entre los dos grandes bloques, una dinámica en la que no está el PRC, cuya prioridad política es lograr que la candidata a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández, consiga “un gran resultado” en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. “Más que estas elecciones son las de mayo”, ha agregado.

En su intervención ante los medios de comunicación ha subrayado que gracias al diputado del PRC en el Congreso durante la legislatura de 2019 a 2023, se saldó “la deuda entera de Valdecilla” y se obtuvo financiación para la estación intermodal de La Pasiega, el Museo de Prehistoria y para la protonterapia. Ninguno de estos proyectos están todavía acabados.

En su opinión, fue una legislatura “extraordinaria” que demostró que, salvo un candidato que esté al margen del PP y PSOE, “los demás da igual que vayan o que no vayan porque siguen la norma del partido”.