El adelanto electoral deja en el aire las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura pese a los múltiples avales del Supremo

La historia del trasvase Tajo-Segura no encuentra su fin tras décadas de polémica y confrontaciones entre Castilla-La Mancha, como región con la cuenca cedente, y la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía, como las receptoras. Y no parece que la vaya a tener tampoco en la presente legislatura. Este es el escenario que se vislumbra tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que hará prácticamente imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dé luz verde a una de sus asignaturas pendientes: las nuevas reglas de explotación de este acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló los caudales ecológicos del río Tajo en su nueva planificación hidrológica.

Se trata de una petición que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha dejado de exigir desde que la sentencia se hizo firme, hasta el punto de que demandó al Gobierno central por la vía judicial para hacer públicas estas nuevas normas. Sin resultado hasta ahora.

Ese es uno de los múltiples frentes que Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con Pedro Sánchez, tiene abiertos con el Gobierno central. Su postura al respecto es clara: el trasvase debe acabarse o, en su defecto, cambiar sus normas para garantizar sus caudales ecológicos.

La férrea defensa que el Gobierno castellanomanchego ha hecho de esta cuestión viene además avalada por el hecho de que todos los recursos presentados contra la sentencia del Supremo han sido desestimados, parcial o totalmente. El último de ellos, el interpuesto por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pero antes de este último, el Alto Tribunal ha ido tumbando otros muchos: el de la Comunitat Valenciana, el de la Región de Murcia o el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entre otros.

Ahora, con el adelanto electoral, el Ejecutivo de Page afirma que va a seguir defendiendo esas nuevas reglas “gobierne quien gobierne”. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Merces Gómez, quien ha reafirmado su compromiso de “no dar ni un paso atrás” en la defensa del Río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha.

El caudal ecológico, una “condición obligatoria”

Porque el principal argumento del Supremo hasta ahora ha sido que el caudal ecológico no es un uso del agua comercial, sino una “condición obligatoria” de protección medioambiental. Pero no ha servido para que el ministerio haya podido aprobar las nuevas reglas de explotación antes del final de la legislatura porque, según alega, todavía quedan recursos por resolver.

¿Qué queda en el aire entonces? El Tribunal Supremo sentenció que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas y obliga al MITECO al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Ese tramo medio incluye de forma directa el paso del río por ciudades principales como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir, toda la masa de agua a su paso por el territorio castellanomanchego se encuentra bajo este mandato de obligado cumplimiento.

Con la anulación judicial del escalonamiento, el calendario progresivo que aplazaba los máximos niveles hasta 2027 quedó sin efecto, obligando a la aplicación de nuevos volúmenes de caudal mínimo histórico: seis metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez (frente a los 8,65 establecidos), diez metros cúbicos en el tramo de Toledo (frente a 17,23) y lo mismo para el tramo de Talavera de la Reina (frente a 18).

Estas son las cifras que las nuevas reglas de explotación debían garantizar y así lo han recordado también de manera reiterada desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (en la cabecera del trasvase) tras los últimos pronunciamientos del Supremo.

“Vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de este colectivo, Borja Castro.

La asociación ya advirtió que estas sentencias no impiden que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando, pero considera que esa posibilidad “no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”.

Mientras tanto, la situación del Tajo es cada vez peor. A su paso por Toledo y tras un verano extremadamente seco y caluroso, las imágenes de playas e islas de arena cada vez más grandes en el cauce, y de peces cuya aleta dorsal sobresale del agua por falta de espacio con el lecho, se han difundido por redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la cantidad de agua que lleva este río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

Se da también la circunstancia de actualmente el trasvase está parado por obras. El acueducto permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Lo que no ha parado ha sido el debate político. Coincidiendo con las últimas resoluciones judiciales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que defienda los derechos hídricos de esta comunidad autónoma. Es una petición también histórica, porque la situación de Núñez no es fácil. El PP gobierna en la Comunitat Valenciana y en Murcia, y Alberto Núñez Feijóo ha apoyado en varias ocasiones las demandas de sus presidentes en materia de agua.

¿Hay un pacto oculto en el PP?

Los socialistas han aprovechado esta cuestión para denunciar el “silencio” del PP castellanomanchego a este respecto y a insinuar un “pacto oculto” con Génova para que Núñez pueda ser candidato frente a Page en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de agosto, Núñez se comprometió a que, si llegaba al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicaría el “principio de prioridad de la cuenca cedente” para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos. Pero este discurso nunca ha sido avalado por Núñez Feijóo.

Es de esperar, por tanto, que el agua, sin unas reglas claras de explotación del trasvase, vuelva a ser tema recurrente en Castilla-La Mancha durante la campaña electoral para el 29 de noviembre, sin que apenas se haya avanzado en la aplicación de los caudales ecológicos del río Tajo durante la presente legislatura. Es decir, mientras, según las plataformas y asociaciones que lo defienden, “agoniza”.