A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la suspensión de las colaboraciones entre la Universidad de Granada y las universidades e instituciones israelíes. El alto tribunal zanjará así una cuestión que hasta ahora ha suscitado dos sentencias contradictorias: un juez avaló en primera instancia la decisión adoptada por la Universidad de Granada, pero luego fue corregido por el TSJA, que entendió que la decisión era discriminatoria y vulneraba los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral.

Ahora se pronunciará el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso de la Universidad de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), al apreciar que el caso afecta a los límites de la autonomía universitaria.

Los magistrados evaluarán si una universidad puede adoptar acuerdos como la suspensión basados en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso cuando estos impliquen suspender relaciones académicas con instituciones extranjeras. Asimismo, deberá determinar si este tipo de medidas puede calificarse como discriminatorias cuando no se dirige contra personas físicas, sino contra instituciones vinculadas a un determinado Estado.

Acuerdos universitarios en el punto de mira

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acordó suspender sus programas de cooperación académica con universidades israelíes y reforzar la cooperación con universidades palestinas el 17 de mayo de 2024.

La Universidad acordó suspender la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores con universidades israelíes, así como los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad de Bal-Illan y con la Universidad de Tel-Aviv; no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales con universidades israelíes; y suspender la cooperación científico-técnica en los consorcios de investigación promovidos por la Comisión Europea con socios israelíes. También acordó intensificar sus relaciones con las universidades palestinas y ayudar a acoger estudiantes, investigadores y profesores palestinos.

Habían pasado siete meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre. En ese momento, la ofensiva israelí ya había matado a unos 35.000 y herido a unos 75.000 gazatíes, la mayoría civiles, incluyendo alrededor de 15.000 niños. Israel también obliga al desplazamiento forzoso de 1,7 millones de personas fuera de sus viviendas, en torno al 70% de la población, hacinándolos en el extremo sur de la franja. Hasta el alto el fuego de octubre de 2025 los muertos superaron los 72.000 (de ellos, 21.000 niños y niñas) y los heridos alcanzaron 172.000, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, citadas por las agencias de la ONU.

Entre mayo y junio de 2024 las protestas contra las acciones de Israel en Gaza se sucedieron en las universidades españolas, y media docena de ellas (Valencia, Málaga, Granada, Burgos, Complutense de Madrid, País Vasco y Vigo) rompieron con el país. Varias fueron demandadas por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby sionista que esta misma semana ha demandado a varios periodistas, incluida Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, por “invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Los recursos de ACOM contra las universidades españolas han seguido una suerte dispar. Por ahora, ha ganado contra la de Granada y Valencia, y perdido contra la de Burgos. Los recursos ahora llegan a la cúspide de la jurisdicción española, que deberá zanjar la cuestión.

Neutralidad o autonomía universitaria

Para fundamentar su acuerdo la institución granadina recordaba que en la esencia de las universidades está promover la paz y que sus Estatutos recogen como fin “la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia (…) el fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pueblos”. Pocos días antes, la Conferencia de Rectores y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas habían pedido el cese de las operaciones militares del ejército israelí y de “cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas”, así como que Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda ayuda humanitaria.

La Universidad citaba las palabras de la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien días antes había lamentado que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”.

ACOM recurrió el acuerdo por entender que vulnera los derechos fundamentales de la población e instituciones israelíes. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada desestimó la demanda al entender que la Universidad actuó dentro de su autonomía, reconocida en la Constitución, y sin vulnerar derechos fundamentales. El juez razonaba que la decisión de la Universidad no se dirigía “contra el pueblo israelí”, sino que se refería a instituciones concretas, estableciendo una diferencia de trato justificada, proporcional, de efectos provisionales y basada en fines legítimos de la Universidad.

Sin embargo, el TSJA revocó la decisión el pasado septiembre, subrayando que la libertad de la Universidad para establecer o suspender convenios debe ajustarse a los principios de igualdad y dignidad de las personas. A diferencia del juzgado, el TSJA concluyó que el Acuerdo establece un trato desigual hacia estudiantes, profesorado y personal vinculado a universidades israelíes “sin motivación suficiente, sin individualización y sin examinar su concreta participación o posición respecto al conflicto”. Según esos magistrados, el Acuerdo implica una “estigmatización” al asociar a las personas vinculadas a las universidades israelíes con una responsabilidad en el “conflicto entre Israel y Palestina y Gaza”.

El asunto tiene relevantes aristas jurídicas, según reconoce el Tribunal Supremo, que ha visto una oportunidad para retomar la jurisprudencia en materia de acuerdos universitarios sobre cuestiones políticas.

En primer lugar, está el alcance del principio de neutralidad de las universidades públicas. El Tribunal Supremo se cuestiona si tiene el mismo alcance que en otras administraciones y dónde debe trazarse la frontera entre ese principio y el de autonomía universitaria, reconocido en la Constitución. A su vez, los magistrados se pronunciarán sobre si la suspensión de relaciones institucionales con entidades vinculadas a un Estado puede calificarse de “acto discriminatorio” pese a que no se refieran a personas físicas o colectivos.  

Un proyecto del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada (UGR) ha puesto de manifiesto una reducción del ceceo y un ligero aumento del seseo en los acentos de Andalucía tras recopilar casi 500.000 audios de andaluces para estudiar variantes como estas y la abertura vocálica, entre otros fenómenos propios del sur. El autor del estudio atribuye el retroceso del ceceo al “estigma” asociado.

Así lo ha indicado con motivo del Día de Andalucía la UGR, en una nota en la que detalla que el ceceo es cada vez menos común en Andalucía, mientras que el seseo se mantiene más estable. Es una de las conclusiones preliminares del Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía, un proyecto que se está llevando a cabo entre enero de 2023 y diciembre de 2026 en el Departamento de Lengua Española.

El investigador Alfredo Herrero de Haro es el autor del estudio. El objetivo es describir cómo varían los acentos de Andalucía en más de 500 puntos de su geografía. Los resultados de este proyecto se compararán con los del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, desarrollado también en la UGR y publicado en 1973 con datos recogidos entre 1953 y 1958.

Mediante una mezcla de encuestas en línea y entrevistas en persona, se han obtenido 493.433 audios de 4.469 personas, de los cuales se han seleccionado 138.171 audios de 1.163 personas pertenecientes a 571 ubicaciones. Los datos elegidos se han procesado usando distintas herramientas informáticas de análisis acústico y ya se han terminado 80 de los mapas que conformarán el atlas.

El mapa del ceceo y el seseo

El mapa más difícil, y el más esperado, es el que ilustra la distribución del ceceo, seseo y distinción S/Z en Andalucía. “El estigma hace que muchos hablantes de zonas no distinguidoras sientan presión por modificar su forma de hablar durante las entrevistas, bien de manera consciente o inconsciente”, explica el investigador.

Así, algunos hablantes ceceantes terminan seseando o distinguiendo “S” y “Z”, y algunos hablantes seseantes diferencian entre “S” y “Z” durante la recogida de datos, a pesar de no hacerlo en su habla espontánea. La distribución general del ceceo, seseo y distinción S/Z no ha cambiado enormemente entre la década de los años 50 del pasado siglo y la de 2020 en adelante, pero sí se localizan algunas diferencias.

La distinción S/Z se ha extendido, especialmente en el norte de Huelva y de Córdoba. Además, algunos puntos tradicionalmente ceceantes en la costa de Málaga, Granada y Almería han pasado a distinguir entre “S” y “Z”.

Otras áreas ceceantes en Jaén, Granada y Almería parecen haber desaparecido, y la única zona “no distinguidora” en Almería es ahora el lugar ceceante del suroeste almeriense. El seseo, por su parte, se mantiene relativamente bien, aunque los datos indican que se ha reducido en el norte de Jaén, a pesar de que algunas islas de puntos seseantes siguen sobreviviendo en esta provincia.

El seseo parece haberse extendido igualmente a algunos puntos ceceantes en las provincias de Málaga y Sevilla, aunque los datos de estos lugares se están revisando debido al proceso de enmascaramiento de rasgos fonéticos. “Como se sospechaba, el estigma ha causado que la extensión del ceceo haya experimentado una mayor reducción que la del seseo. Esto es más obvio en la costa mediterránea y en el bloque tradicionalmente ceceante del oeste de Granada, donde han ido apareciendo puntos distinguidores. Las islas de ceceo son mucho menos comunes ahora. Un buen ejemplo de ello es Montalbán de Córdoba, un pueblo ceceante rodeado de pueblos seseantes”, detalla Herrero de Haro.

La “Andalucía de la ”E“”

Otro fenómeno lingüístico consiste en pronunciar “A” ante consonante apocopada (“S” o “L”) como una “E” abierta. Este efecto se conoce comúnmente como 'La Andalucía de la “E”', a pesar de que también se da fuera de esta comunidad autónoma, por ejemplo, en Murcia.

El profesor Amado Alonso publicó en 1956 'En la Andalucía de la e: dialectología pintoresca', un estudio en el que situaba el fenómeno en un triángulo entre Puente Genil (Córdoba), Estepa (Sevilla) y Alameda (Málaga), aunque también hablaba de otros puntos en los que también se daba la particularidad.

Dicho fenómeno se encuentra hoy en los límites entre las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, aunque no con tanta vitalidad como en el pasado. Sin embargo, el nuevo atlas de la UGR lo ha encontrado en 31 puntos de Andalucía. La mayor concentración de áreas en las que se identifica está en el centro-norte de la provincia de Granada.

La abertura vocálica, en expansión

“Una de las principales sorpresas que han surgido durante el análisis de los datos del macroestudio ha sido la extensión de la abertura vocálica. La tendencia universal de las lenguas es la evolución hacia la sílaba abierta, esto es, omitir consonantes al final de sílaba. Así, el 'comerse' las consonantes finales en Andalucía (y muchas otras partes del dominio hispano) no es nada más que un ejemplo de esa tendencia universal de las lenguas”, detalla el autor.

Sin embargo, en Andalucía oriental, esa omisión de consonantes al final de sílaba viene acompañada de una abertura vocálica. Un hablante de Jaén, Granada o Almería, cuando diga “los”, omitirá esa “S” final y pronunciará una “O” distinta a la de la palabra “lo”. Algo igual pasa con las otras vocales, por lo que la “A” de “las” es distinta a la de “la”, y la “E” de “ves” es distinta a la de “ve”. Algunos autores dicen que este fenómeno también se da en “I” y “U”, aunque esto todavía se debate.

“Todavía no se ha terminado de analizar este efecto, pero nuestro mapa muestra con una línea roja el límite occidental del mismo, según el atlas de 1973. Este no encontró rastros de ese fenómeno en las provincias de Cádiz y Huelva, y el nuestro ya ha encontrado numerosos ejemplos en esas dos provincias”, detalla el investigador.

Puede que la abertura vocálica, un fenómeno tradicionalmente asociado a Andalucía oriental, se haya extendido hacia el oeste desde que se recogieran las muestras para el atlas anterior en los años 50 del pasado siglo. Sin embargo, también es viable que el menor grado de abertura vocálica que se encuentra en el occidente de Andalucía, o las fuertes aspiraciones que se dan en Cádiz y Huelva, hiciesen que los creadores del antiguo atlas no detectaran la abertura vocálica durante su análisis perceptivo.

Vosotros gana terreno al ustedes

El nuevo atlas contiene solamente un mapa que no se centra en fonética ni en fonología, sino en un rasgo morfosintáctico: el uso de “ustedes” con la segunda persona del plural (ejemplo: “Ustedes veis”).

Si comparamos el mapa actual con el creado con datos de los 50, se detecta que el uso de “vosotros” se está extendiendo en zonas en las que tradicionalmente se usaba “ustedes”, han indicado desde la UGR en nota de prensa.

El proyecto Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía es más que un trabajo de lingüística. Contiene grabaciones de informantes de 571 puntos en los que los habitantes hablan sobre las tradiciones, comida típica y actividades turísticas de interés en su pueblo.

El estudio también ha desarrollado una nueva metodología para crear atlas lingüísticos que se puede aplicar a otras lenguas del mundo. El investigador Herrero de Haro está trabajando con un equipo de la Universidad de Macquarie (Australia) en la creación de un atlas de los acentos del inglés de Australia.

La politóloga andaluza Ana Salazar ha sido nombrada nueva presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). Experta en tecnopolítica y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, asumirá el cargo tras dos décadas de trayectoria en el ámbito de la consultoría electoral y la comunicación estratégica.

Salazar, quien ha trabajado como asesora en más de 30 procesos electorales, basa su experia en diversos campos, como el diseño de estrategias digitales, con una comprensión profunda de cómo los entornos digitales están transformando las dinámicas democráticas, el debate público y la participación ciudadana.

Durante su carrera ha desarrollado campañas y proyectos para partidos, gobiernos e instituciones, con un enfoque siempre centrado en la ética del dato, la transparencia y el impacto real en los sistemas democráticos. En los últimos años, ha centrado su perfil hacia el análisis público y la divulgación tecnopolítica, con el objetivo de “traducir” el funcionamiento de las tecnologías y su impacto político a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Este nuevo enfoque, basado en la pedagogía cívica, se alinea con el papel que ACOP representa dentro del ecosistema democrático. La presidencia de Ana Salazar marca un impulso a la dimensión analítica y académica de la comunicación política, favoreciendo una mirada crítica, plural y constructiva.

Nueva directiva

El nuevo Consejo Directivo de ACOP está formado por un equipo diverso y de alto nivel, que combina una fuerte presencia profesional y académica, de los que forman parte Paloma Piqueiras, Aner Ansorena, Francisco Seoane, Verónica Crespo, Diana Rubio, Jesús Espino, María Hernández y Óscar Álvarez. Entre ellos, cinco doctores, lo que refuerza la solidez intelectual y técnica de la nueva dirección, traslada la entidad en un comunicado.

ACOP, con 12 premios internacionales, tiene como misión fomentar el desarrollo de la profesión, el intercambio de conocimiento y el papel central de la comunicación en el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Con presencia activa en foros nacionales e internacionales, la organización promueve un enfoque interdisciplinar e independiente que conecta el mundo académico, el institucional y el profesional.

El futuro del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV) corre peligro. Así lo denuncian cientos de investigadores y científicos vinculados a esta institución, creada hace 20 años para estudiar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, en un espacio tan singular como lo es la montaña granadina. Desde noviembre de 2024 no existe un convenio que regule su funcionamiento, dejando en el aire su continuidad y provocando preocupación en toda la comunidad científica.

Mientras la Junta de Andalucía asegura que trabaja en la creación de un nuevo marco de colaboración con la Universidad de Granada (UGR), la otra institución que compone el OBSNEV, los investigadores no ocultan su inquietud. Hace más de un año que el convenio expiró y, según ellos, esta parálisis institucional coloca al observatorio en una “situación crítica”, pese a que la Consejería de Sostenibilidad lo ha señalado públicamente como ejemplo de buena práctica y referente científico internacional.

Casi 800 científicos y académicos, liderados por Regino Zamora, coordinador del OBSNEV y catedrático de Ecología de la UGR, han firmado una carta de apoyo en la que alertan de que la falta de respaldo institucional y económico amenaza una infraestructura científica que no solo genera conocimiento, sino que conecta ciencia, gestión y ciudadanía. En ese sentido, el observatorio ha desarrollado herramientas de gestión adaptativa, sistemas de información ambiental como Biblionevada, Climanevada, Histonevada o MonitorEO, y ha promovido precisamente la participación de la ciudadanía en la conservación de ríos y lagunas de Sierra Nevada.

Un proyecto referente

El OBSNEV es también un referente internacional. Tanto que fue vital para el Diploma Europeo de Áreas Protegidas otorgado al Parque Nacional de Sierra Nevada. Según la Consejería de Sostenibilidad, la existencia del observatorio fue clave para alcanzar el galardón. Además, gracias a proyectos como Smart EcoMountains, PRESINMED, Life Adaptamed o EVEREST, ha desarrollado seguimientos a largo plazo sobre nieve, productividad de la vegetación, polvo sahariano y clima, generando información que permite anticipar impactos ambientales y diseñar respuestas adaptativas.

La importancia de estos seguimientos ecológicos a largo plazo es esencial: permiten distinguir tendencias reales de fluctuaciones temporales, evaluar eventos extremos como olas de calor, sequías o turismo masivo y ofrecer datos fiables para la toma de decisiones. Los investigadores recuerdan que la continuidad institucional y científica es imprescindible para que estos datos sigan siendo útiles, así como la colaboración entre científicos, técnicos y gestores. Sin ello, advierten, se corre el riesgo de perder décadas de conocimiento acumulado y de interrumpir la infraestructura de investigación más sólida de Andalucía sobre cambio climático en montañas mediterráneas.

Pese a ello, es paradójica también la situación actual del observatorio porque la propia Junta de Andalucía estaba siendo una de sus principales impulsoras. Sin ir más lejos, además del reconocimiento por el Diploma Europeo de Áreas Protegidas, la Consejería de Sostenibilidad pretendía llevar la experiencia y conocimientos del proyecto al recién creado Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga. Además, desde que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno gestiona Andalucía, la inversión total en Sierra Nevada ha crecido año tras año. Sin embargo, en junio de este mismo año se le comunicó a los responsables del observatorio que el convenio que había regido hasta noviembre de 2024 no iba a poder continuar de la misma manera.

Sin acuerdo entre las partes

No obstante, desde la Universidad de Granada explican que se mantienen a la espera de los pasos que dé la Junta para la renovación del acuerdo que permite su funcionamiento. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por su parte, afirma que está trabajando en la adaptación del convenio para adecuarlo a las nuevas necesidades del Parque Nacional y a los marcos financieros actuales. Según explican, el personal de campo (técnicos de AMAYA y agentes de medio ambiente) sigue colaborando con la UGR y no hay intención de que deje de hacerlo. Además, se están implementando otros mecanismos de financiación, como una orden de ayudas de I+D+i por 2,4 millones de euros, publicada en consultas públicas el 5 de noviembre, destinada a proyectos desarrollados por el observatorio.

Pese a la buena voluntad que dicen mostrar las instituciones, Regino Zamora alerta de que la situación sigue bloqueada. Según él, tanto la Consejería como el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que ha emergido como mediador para asegurar la continuidad del proyecto, reconocen la importancia del OBSNEV y su carácter de referente internacional, pero ninguna de las dos instituciones ha encontrado una solución concreta para garantizar su continuidad. “Estamos pendientes de una conversación entre MITECO y la Consejera para ver si son capaces de desbloquear el tema. Ambos dicen que están muy preocupados, y a la vez, no son capaces de encontrar una solución”, explica Zamora.

El propio MITECO ha confirmado a elDiario.es Andalucía que está estudiando fórmulas para intervenir y evitar que el OBSNEV desaparezca ante “el abandono de la Junta”. Según el Ejecutivo nacional, el proceso está en marcha. No en vano, como deslizan los científicos firmantes de la carta: no se trata solo de preocupación académica, sino de un riesgo tangible de pérdida de una infraestructura científica clave para la gestión ambiental en España.

Los investigadores insisten en que la continuidad del OBSNEV requiere voluntad política real y financiación estable a largo plazo, tal y como señalan los principios fundamentales de los programas de seguimiento ecológico. Entre ellos destacan: definir objetivos claros, mantener protocolos comparables en el tiempo, asegurar la calidad y continuidad de los datos, adaptarse a nuevas preguntas y eventos extremos, garantizar la participación de científicos y ciudadanía, y mantener la financiación como base indispensable.

Si el OBSNEV desaparece, advierten los científicos, se perdería un instrumento clave para la gestión de los ecosistemas de montaña frente al cambio global, justo cuando la necesidad de información científica sólida y aplicada es más urgente que nunca. La ciencia que protege Sierra Nevada, dicen, no puede depender únicamente de la voluntad política del momento, sino de compromisos claros que aseguren su supervivencia en el futuro.

La escena se repite desde hace semanas. Vito Quiles anuncia su presencia en una universidad española, no pide permiso —o se le deniega— y se presenta igualmente en el recinto para agitar una supuesta “censura” contra sus “charlas sobre la libertad y España”. En la mayoría de los casos, el agitador ultra no ha solicitado autorización a las autoridades universitarias, según ha podido comprobar elDiario.es. En otros, como ocurrió hace unas semanas en la Universitat Autònoma de Barcelona, fue una asociación la que trató de pedir permiso sin mencionar su nombre, y fue rechazado. Luego Quiles acude para quejarse de las “prohibiciones”. “Lo que han conseguido realmente prohibiéndonos dar charlas sobre libertad y sobre España es que esta gira se haya convertido en un movimiento masivo y patriótico histórico”, proclamaba frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, una de las primeras paradas de su 'tour' universitario.

Ahora, su gira está pausada. Así lo anunció el pasado viernes después de cancelar por primera vez su charla en el campus de la Universidad de Navarra (UNAV) ante la respuesta de centenares de manifestantes y los disturbios que se generaron en las calles de Pamplona. La institución no lo había autorizado ante el temor a que se produjeran choques violentos, como finalmente ocurrió, con un periodista agredido. “Ayer la izquierda causó escenas de terror que no se pueden repetir”, escribió Quiles en la red social X. La suspensión será durante al menos una semana con el objetivo de “coordinar con las autoridades un escenario que garantice la seguridad de la gente y mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Yo no quiero violencia, quiero poder hablar en mi país”, dijo.

En sus paradas previas sí había acudido al recinto universitario, pese a no tener permiso para hacerlo, para hablar megáfono en mano y presentarse como una especie de mártir censurado. Los expertos explican los elementos que construyen su relato: la confrontación, la difusión de bulos y el papel de los medios.

Qué busca con su gira sin permisos

“El conflicto, no la charla, es el verdadero evento”, explica Ignacia Perugorría, socióloga y profesora en la Universidad del País Vasco. Y en este último suceso en Pamplona se materializa cómo también los manifestantes en contra de la presencia de Quiles en las universidades entran en su juego de polarización y, en este caso, escalan la violencia y le ponen en bandeja que ratifique su marco.

“Lejos de desplazar el foco hacia la necesidad de reforzar los valores universitarios de pensamiento crítico, diálogo informado, pluralismo y convivencia [analiza la socióloga] los recientes sucesos acaecidos en la Universidad de Navarra constituyen, muy probablemente, la reacción que Quiles buscaba generar: una respuesta que alimenta su narrativa y amplifica su visibilidad en redes”. Por ello, subraya la importancia de optar por “estrategias no confrontativas, como foros de debate, manifiestos, campañas pedagógicas o actos culturales. Estos repertorios permitirían recentrar el debate en los principios académicos, contener la polarización, y evitar la capitalización mediática de esos episodios”.

El agitador aprovechó la tensión para difundir un bulo que pusiese el foco donde más le interesaba. “La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra. La Policía ha interceptado a esta hora 16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao”, escribía en una publicación de 'X'.

Desde la Delegación del Gobierno en Navarra desmintieron estas afirmaciones en un comunicado remitido a los medios. “Es falso que Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra”, aclararon, añadiendo que también es mentira que “se haya incautado de cuchillos y navajas en autobuses procedentes de Bilbao”. “Por lo tanto, Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto”, concluyeron.

“Su identidad se alimenta de la confrontación”

Pero su relato ya estaba claro. Quiles consigue victimizarse y revivir a ETA en su discurso, un enemigo importante para él, porque, como expone Perugorria, “la extrema derecha necesita antagonismo; su identidad se alimenta de la confrontación”. Cada protesta, dice, “puede reforzar su narrativa de censura si se percibe como intolerancia o violencia”.

La UNAV fue la única universidad que recibió una solicitud de autorización expresa firmada por Vito Quiles para su charla. La institución, privada y vinculada al Opus, no autorizó el acto porque las actividades “han de estar enmarcadas en asignaturas concretas, de las que son responsables los profesores, o iniciativas aprobadas por las autoridades de la Universidad” y no en “el activismo político o intereses personales”, según argumentaron en un comunicado.

Desde la Universitat Autónoma de Barcelona, otra parada de su gira, le advirtieron de la falta de permiso antes del acto. “Si usted no se ha dirigido en ningún momento a los responsables de esta universidad para seguir el procedimiento preceptivo y vinculante para llevar a cabo conferencias, charlas, actos públicos, etc., le pedimos que se abstenga de hacer cualquier actividad en el campus sin autorización explícita”, comunicaban. La UAB recibió dos solicitudes por parte de la asociación S’ha Acabat! para actos el 16 de octubre, en ninguna de las cuales se mencionaba a Vito Quiles.

En Granada, megáfono en mano y envuelto en una bandera de España a modo de capa, Quiles lanzaba su discurso subido a los hombros de un guardaespaldas, intentando sobresalir entre la multitud de seguidores que lo rodeaban. La escena, más cercana a un mitin político que a una conferencia sobre “periodismo crítico y comunicación política”, se completaba con los manifestantes antifascistas que se concentraron en el campus para expresar su rechazo.

Pero el agitador no construye esta narrativa en solitario. Además de la colaboración de la asociación S’ha Acabat!, las redes sociales y las plataformas afines a él desempeñan un papel central en la difusión de su relato victimista, que lo presenta como un mártir censurado que desafía al poder. Es lo que refleja la campaña de la organización ultraconservadora Hazte Oír, que lanzó una recogida de firmas para exigir a la Universidad de Granada que “garantice la libertad de expresión de Vito Quiles”. En la web de la campaña se muestra al propio Quiles amordazado, bajo el lema “¡No a la censura!”.

¿Por qué esta insistencia en hacer creer que le cierra las puertas incluso cuando, en la mayoría de casos, ni siquiera intenta que se las abran? ¿Por qué no tramitar los permisos por sí mismo en todas las universidades? “La denuncia de censura es un elemento central del repertorio discursivo de las nuevas extremas derechas”, explica Perugorría. Al presentarse como víctima de un sistema “dominante” (universidades progresistas, feminismo, izquierda cultural) el agitador “se legitima moralmente como un ‘outsider’ que desafía al poder y genera simpatía apelando a la libertad de expresión”.

El rebelde de derechas: se trata de aparentarlo

Esa escenificación —banderas, provocaciones y cámaras grabando cada gesto— forma parte de una estrategia muy calculada. Como expone Perugorría, “su rebeldía es más performativa que política: no busca transformar estructuras, sino visibilizarse en el conflicto”. La investigadora define este tipo de actos como “un simulacro de rebelión, donde la transgresión se convierte en espectáculo y la confrontación en contenido viral”.

La tónica se repite en otras paradas más recientes, Málaga y Valencia. Según han informado ambos centros a este diario, la solicitud de permiso para la charla se tramitó a través de asociaciones, no en nombre de Vito Quiles, y fueron desestimadas. En los dos campus se desplegaron amplios dispositivos policiales, se enfrentaron manifestantes y seguidores, y se produjeron fotografías de toda la escena que retratan al “rebelde de derechas” que busca proyectar. “La rebeldía de derechas se apropia de los signos del inconformismo —la irreverencia, el humor provocador— pero los vacía de contenido emancipador y los reorienta hacia la defensa del orden establecido”, añade Perugorría, que define esta corriente como un “reaccionarismo supuestamente antihegemónico”.

Sosteniendo la bandera de España, con rostro triunfante y sonrisa canalla, Quiles se dirige a los manifestantes para provocarles mientras la policía le impide el paso. Pero no hay charla. Lo importante es la foto, los vídeos que se suben a redes sociales y se reproducen en televisión. En ninguno de los casos se ha celebrado la conferencia anunciada.

En Canarias, en la Universidad de Las Palmas, que no ha recibido ninguna solicitud de uso de espacios, ya le han dado portazo de forma preventiva: “Los campus son espacios de conocimiento, libertad y convivencia”. La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, ha lanzado un comunicado en términos similares, subrayando que “las universidades no deben ser instrumentalizadas como escenarios de confrontación o propaganda ajenos a su misión educativa y científica”, y según ha informado a este periódico, también recibieron una solicitud de permiso “a través de un intermediario y se le dijo que no”.

Perugorría cree que la respuesta más efectiva pasa por “reforzar la legitimidad de la institución universitaria como lugar de pensamiento crítico y diálogo informado, desplazando el foco del agitador hacia los valores de convivencia y pluralismo”. En su opinión, el reto es “mostrar cómo se construye la narrativa de victimización y de censura para reducir su capacidad de polarizar el debate público”.

Cómo se genera el personaje: la responsabilidad de los medios

Sin embargo, el análisis de la estrategia de este tipo de activistas reaccionarios no se puede completar sin el papel de los medios. En opinión de Luis García Tojar, profesor de Sociología y Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, “personajes” como Vito Quiles se multiplican y logran amplificar sus discursos victimistas gracias a los medios de comunicación, a los que responsabiliza directamente. “Más allá del caso concreto de este chico, es un problema de un espacio mediático que no funciona muy bien, donde la repercusión no es en función del interés público, sino en función del interés de la audiencia, de los clics o de lo que pueda valer un minuto de televisión donde salga este muchacho”. “No hemos puesto una frontera entre lo que es el periodismo y lo que son bromas de televisión”, añade.

“Es una práctica muy vieja de los movimientos políticos, especialmente de los movimientos políticos fascistas, que al principio de su andanza histórica no tenían seguidores y aprovechaban para generar escándalo, tumulto y hacerse conocer a partir de la polémica generada”, explica. El académico interpreta la gira de Quiles como un nuevo intento “desesperado” por mantenerse relevante: “Es la generación de un pseudo-evento para ir luego con la cámara y sacar alguna imagen de alguien dando empujones o gritando, y poder decir que están censurados”.

“Los nazis iban a las fábricas donde estaban los obreros, que casi todos eran comunistas, a organizar mítines y generar bronca en la calle para luego ponerse el cartel de víctimas”, recuerda el profesor, que compara esta escenificación con la presentación de la candidatura autonómica de Vox en Vallecas para las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021. En aquella ocasión, se repitió este mismo esquema de provocación a la que acudieron manifestantes en contra del acto y se vieron imágenes de disturbios y cargas policiales, cumpliendo su objetivo de “generar bronca y obtener espacio mediático”. 

Ante la dificultad de mostrar rechazo ante la presencia de agitadores sin entrar a su juego, el catedrático opta por “el humor”: “Puede ser una manera más inteligente. Desde luego, el enfrentamiento físico no, porque va a conseguir las imágenes que quieren. Pero, el humor, tomarse a 'chufla' del acto, grabar lo que ellos están grabando de manera que se pueda ver todo el todo el elemento escénico que tiene el asunto, puede ser otra manera de hacerlo”.

La presencia del agitador de extrema derecha Vito Quiles en la tarde de este miércoles ante la Facultad de Derecho, en el centro de Granada capital, ha conllevado un amplio dispositivo de refuerzo de seguridad de la Policía Nacional, entre centenares de partidarios y detractores que han estado separados por una calle en dos plazas contiguas.

Con momentos de tensión y algunas refriegas, los gritos a favor y en contra se han repetido hasta última hora de la tarde, después de que el activista haya abandonado la Plaza de la Universidad. En una de ellas, un hombre ha sido retirado por agentes policiales de una pelea en ciernes, y ha sido identificado, según las fuentes consultadas por Europa Press en la Policía Nacional.

La llegada de Quiles se ha producido a alrededor de las 18.15 horas, unos 15 minutos después de lo que había anunciado, desde la entrada de la Plaza de la Universidad próxima al acceso principal de Derecho. La puerta principal del edificio ha estado controlada para que sólo pudieran pasar al edificio miembros de la comunidad universitaria desde alrededor de las 17 horas, cuando comenzaba la concentración en contra de la visita del activista.

Doble cordón policial

Quiles ha llegado con sus colaboradores hasta la valla que delimitaba la Plaza de la Universidad antes del doble cordón policial que, con la calle San Jerónimo en medio cortada al tráfico, separaba a sus partidarios ante Derecho, de los que estaban en la de la Encarnación en contra, entre gritos por España y contra el fascismo en cada bando.

Con un megáfono y durante alrededor de media hora ha intervenido con una bandera de España y a hombros de un colaborador señalando, entre otras consignas, que “la Universidad es de todos los españoles”, con críticas al rector de la de Granada, Pedro Mercado, que ha explicado este miércoles por la mañana que el acto no podía celebrarse en Derecho al no haberse solicitado de forma formal.

Ha calificado de “movimiento masivo patriótico histórico” el que se está produciendo con la gira España combativa, que comenzaba esta pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene previsto continuar en la Pablo de Olavide de Sevilla este jueves, y en la de Málaga el próximo viernes.

Choque de consignas

Gritos como “fuera fascistas de la Universidad” y contra Quiles han sido la nota predominante de la concentración en contra del acto anunciado por el agitador ultra en Granada, en la que se han mostrado banderas republicanas, y se han prolongado tras su marcha. Por la otra parte, algunos de sus partidarios han seguido tras la valla de la Plaza de la Universidad, en la que ha llegado a mostrarse previamente una enseña con el escudo franquista, coreando lemas como “Pedro Sánchez a prisión”, “que te vote Txapote” y “España cristiana, no musulmana”.

Para que durante más de dos horas la tarde haya evolucionado sin incidentes en el entorno de Derecho, la Policía Nacional ha articulado un dispositivo de refuerzo de la seguridad con agentes de sus unidades de Intervención Policial y de Prevención y Reacción en prevención a las puertas de la facultad.

La Subdelegación del Gobierno en Granada había indicado por su parte en la mañana que le había sido comunicada la concentración en protesta por el acto anunciado por Quiles, pero no la convocatoria del activista, que ha difundido el lugar y la hora a través de sus redes sociales y las de su plataforma.

La Universidad de Granada, por su parte, mantuvo una reunión de coordinación con la Subdelegación del Gobierno para este dispositivo que también ha tenido como objetivo proteger los accesos a la Facultad de Derecho.

La Universidad de Granada (UGR), la de Málaga (UMA) y la Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla han rechazado el acto anunciado por el comunicador de extrema derecha Vito Quiles en sus campus esta semana. Así lo han manifestado las instituciones públicas en sendos comunicados, donde aseguran que no han recibido ninguna solicitud “oficial o extraoficial” para utilizar sus espacios universitarios.

Más allá de la falta de autorización, las tres universidades andaluzas coinciden en rechazar el evento del agitador entendiendo que “atenta” contra los principios de “la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, como se pudo observar en la Universidad Autónoma de Barcelona”. Allí arrancó la semana pasada la gira por universidades de todo el país bautizada como 'España combativa', en un acto –también carente de autorización– que provocó un altercado entre estudiantes y obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra.

La advertencia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no frenó a Quiles, que siguió adelante con el evento que tenía previsto, y ya ha anunciado su intención de acudir igualmente a la capital hispalense este jueves, pese al rechazo que ha mostrado la UPO. Por tanto, es previsible que se presente también este miércoles en la Facultad de Derecho de Granada y que piense hacer lo mismo el viernes en Málaga.

Las universidades, en contra

La Pablo de Olavide fue la primera de las tres universidades públicas andaluzas que figuran en la gira 'España combativa' en expresar su rechazo. Además de informar de no haber recibido ninguna petición de carácter “oficial o extraoficial” para la realización del acto, recordó su compromiso con “asegurar un marco jurídico que se identifica con los valores y principios constitucionales que ordenan nuestra convivencia, y que actúan como un límite infranqueable frente a posicionamientos que atentan gravemente contra nuestro Estado de Derecho”.

Este lunes ha sido la Universidad de Granada la que se ha sumado a su negativa de autorizar un evento que se anuncia como de “periodismo crítico y comunicación política”, en un cartel donde aparecen tachadas una estelada y una bandera de Palestina. La UGR “tiene el deber de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, principios que estarían comprometidos por el desarrollo de esta actividad tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona”, insiste la institución en su comunicado.

En el caso de la Universidad de Málaga, fuentes de la institución explican a este periódico que han recibido una solicitud a través de una organización, pero que se ha desestimado. Si bien la UMA aún no ha emitido un comunicado público como las otras dos instituciones universitarias, a preguntas de elDiario.es/Andalucía confirman que la universidad malagueña coincide con la UGR y la UPO en posicionarse contra el acto de Vito Quiles.

El antecedente más cercano en Andalucía se remonta al mes de marzo, cuando Macarena Olona visitó la Facultad de Derecho de Granada. Ese acto derivó en la detención de dos personas por agredir a los agentes que se encargaban de controlar los accesos. Una escena similar se produjo en 2022, en el mismo lugar, durante otra serie de charlas organizadas por la entonces diputada de Vox, que también se propuso recorrer varias universidades españolas.

La Universidad de Granada (UGR) no podrá romper relaciones institucionales con Israel. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) argumenta que la decisión de la institución académica es discriminatoria y vulnera varios derechos fundamentales al suspender sus acuerdos con universidades y organismos israelíes como protesta por el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza desde octubre de 2023. Pese a que en marzo la justicia sí dio la razón en primera instancia a la UGR cuando su Consejo de Gobierno adoptó esta medida, ahora el alto tribunal se la quita.

El fallo del TSJA revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 3 de Granada el pasado mes de marzo, que había avalado la legalidad del acuerdo de mayo de 2024. Entonces, la jueza entendió que la universidad actuaba dentro de su autonomía y que la suspensión de convenios no suponía discriminación, sino una respuesta legítima y proporcional al derecho internacional humanitario.

El alto tribunal andaluz, sin embargo, estima ahora el recurso presentado por la asociación proisraelí ACOM y declara nulo el acuerdo de la UGR. El tribunal considera que la decisión universitaria no fue una mera declaración política, sino un acto con consecuencias jurídicas que afectaba directamente a estudiantes, profesorado, personal investigador y de administración vinculados a instituciones israelíes. A juicio de los magistrados, la universidad vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral, limitando el alcance de la autonomía universitaria, que debe ejercerse siempre sin menoscabar derechos de terceros.

El fallo descarta, no obstante, que se hubiera lesionado la libertad de cátedra, puesto que el acuerdo no imponía contenidos doctrinales a los docentes. La anulación de los convenios estaba dirigida exclusivamente a las instituciones, no a las aulas, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. En todo caso, el TSJA condena también a abonar 1.500 euros en costas a la propia UGR.

Recurso al Supremo

Tras conocerse la resolución, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que también son codemandadas al estar defendiendo la legalidad del acuerdo que adoptó la UGR en 2024 al romper sus acuerdos con instituciones israelíes, han expresado su “profunda preocupación” y ya han anunciado que interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“Lamentamos profundamente este retroceso jurídico”, señalan ambas organizaciones, que recuerdan que la decisión de la UGR “estaba plenamente alineada con la legislación universitaria, sus estatutos y el deber de respetar el derecho internacional humanitario”.

Las entidades recalcan que la sentencia llega justo cuando la Comisión Internacional Independiente de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, documentando matanzas de civiles, ataques a hospitales, destrucción de infraestructuras esenciales y la obstaculización deliberada de la ayuda humanitaria. “La Convención de 1948 obliga a los Estados a prevenir y sancionar el genocidio, lo que incluye no colaborar con aquellos actores que lo estén perpetrando”, recuerdan.

Además, apuntan que la Fiscalía General del Estado ha autorizado la apertura de diligencias para investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, que la Comisión Europea ha propuesto suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel y sancionar a ministros y colonos violentos, y que en el ámbito cultural RTVE ha anunciado que España no participará en Eurovisión si Israel sigue en el certamen mientras persista la masacre.

“Suspender relaciones institucionales con actores implicados en graves violaciones del derecho internacional no es discriminatorio, sino un acto de compromiso y garantía de los derechos humanos”, defienden la APDHA y la Red Universitaria por Palestina.

La comisión permanente del Consejo de Universidades ha decidido este martes por unanimidad aceptar las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Jaén (UJA) respecto a la verificación de dos nuevos títulos oficiales, que la agencia de calidad andaluza había denegado en junio a las universidades públicas: el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UGR y el Grado conjunto en Ingeniería Biomédica por parte de ambas instituciones.

La decisión adoptada este martes por el órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades zanja así la polémica abierta tras la negativa adoptada por parte de la administración andaluza. La resolución desfavorable por parte de la entidad encargada de evaluar las titulaciones universitarias en Andalucía (la ACCUA) desató una contundente oleada de críticas en el sistema universitario, debido a que se dio a conocer cuando ya contaban con alumnado preinscrito. Además, se dio la circunstancia de que la agencia de calidad andaluza concedió el visto bueno a la universidad privada Loyola para implantar este curso el mismo título que había vetado en las universidades públicas de Jaén y Granada. 

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han calificado la decisión de “excepcional e inédita”, tomada ante “la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados por las universidades en sus reclamaciones”. Según el Ministerio, estos argumentos aseguraban la calidad global de los proyectos de grado en los aspectos fundamentales de cualquier proyecto universitario de formación.

Como consecuencia de esta decisión, los dos grados pasan a contar con el visto bueno de la permanente del Consejo de Universidades, conformada por una representación de rectores de las universidades españolas y un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El siguiente paso, según la normativa vigente, es que la Junta de Andalucía autorice el inicio de sus actividades académicas y ponga en funcionamiento todos los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los nuevos títulos.

La Junta lo pudo “haber resuelto antes”

A juicio del Ministerio, la polémica derivada del bloqueo a estas dos titulaciones “la podría haber resuelto antes la Junta de Andalucía a través de su agencia de calidad,” la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que emitió por dos veces informe desfavorable, pese a los argumentos académicos explicitados por las dos universidades andaluzas, “que son muy sólidos”, según el Ministerio.

De haber reconsiderado su decisión, “esta situación se podría haber resuelto satisfactoriamente antes”. Ahora, ha tenido que ser la Comisión Permanente del Consejo de Universidades la que “de forma excepcional” resuelva esta situación “garantizando la calidad de la docencia y asegurando los derechos del estudiantado”.

En una comunicación remitida este martes a la Junta de Andalucía y a las universidades afectadas, la Comisión Permanente ha instado a consensuar la temporalidad de inicio de actividad de ambos grados, teniendo en cuenta que la decisión coincide con el inicio de la actividad académica y con el estudiantado matriculado.

Ambos títulos se implantarán en el curso 2026/2027

Los rectores de la Universidad de Granada (UGR) y de la de Jaén (UJA) han manifestado este martes su “satisfacción” ante la resolución adoptada por el Consejo de Universidades, que estima su reclamación y aprueba la verificación de las dos nuevas titulaciones.

Dada la coincidencia en el tiempo con el inicio de las clases en el ámbito universitario, se ha optado por dedicar el presente curso académico a terminar de pulir los detalles necesarios para “una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027”. Ello también “en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado”, según indican desde las instituciones universitarias afectadas.

Por su parte, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha manifestado que la nueva resolución “corrige una situación a todas luces injusta”. “Estábamos convencidos de que nuestra propuesta para cursar el nuevo título es muy sólida y muy solvente”, ha apuntado Ruiz, recordando que esa fue la razón por la que el equipo de Gobierno de la UJA “decidió llegar hasta el final, siguiendo todos los cauces administrativos pertinentes, para defender los intereses de nuestra institución y de todas las personas que han trabajado en la elaboración de las memorias”.

Junto a ello, la Universidad de Granada y la de Jaén se han puesto a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para “mejorar y fortalecer” el sistema público universitario andaluz.

Una lasca de sílex, que es una suerte de cuchillo tallado en piedra, de apenas cinco centímetros y de hace 1,2 millones de años, ha devuelto la mirada de la comunidad científica sobre Orce, el conjunto de yacimientos con presencia humana más antiguos de Europa occidental, situado al norte de la provincia de Granada. La pieza, encontrada por Mayra Guajaro, estudiante de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Granada, que participa como voluntaria en las excavaciones de Fuente Nueva 3, refuerza la evidencia de que hubo personas conviviendo en este, permitiendo entender más sobre de qué forma lo hacían.

“Es cuestión de suerte que yo estuviera justo en esa cuadrícula, pero también del trabajo colectivo de muchas personas que llevan años aquí y de quienes nos enseñan a buscar”, dice Guajaro. No en vano, Fuente Nueva 3 forma parte del proyecto Orce junto a Barranco León y Venta Micena. Los tres están situados en el altiplano granadino, un territorio que hoy apenas muestra espartales y pinos de repoblación, pero que hace más de un millón de años era un espacio con clima mediterráneo menos seco que el actual, con inviernos más suaves y veranos de menor contraste térmico. Allí, en Venta Micena hace más de 40 años, se encontraron los restos del bautizado como Hombre de Orce. El responsable del hallazgo fue el paleontólogo Josep Gibert, que defendió contra buena parte de la opinión científica que aquel descubrimiento fósil era de origen humano y no animal y que tenía una antigüedad superior a los 1,3 millones de años.

Hoy, el entorno que rodea a los diferentes yacimientos de Orce poco tiene que ver con lo que era en la prehistoria. De hecho, se asume que la presencia humana de aquel tiempo sería imposible ahora por la escasez de recursos que sufrirían por ser una tierra yerma en muchos sentidos y presentar un clima especialmente árido. “Entonces este lugar era un auténtico vergel, con manantiales que creaban humedales y garantizaban el agua y la biodiversidad”, explica Juan Manuel Jiménez, responsable de los trabajos arqueológicos y profesor de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Granada.

Las excavaciones, que en esta nueva fase se han desarrollado durante el mes de julio, demuestran que ese ecosistema acogía especies que recuerdan a los grandes parques africanos actuales, aunque no compartían el mismo origen. En Orce convivían mamuts de hasta 14 toneladas, hipopótamos, rinocerontes, dos especies distintas de caballos, ciervos, seis tipos de bóvidos, hienas, tigres dientes de sable y licaones. “Aquí los humanos encontraron un hábitat excepcional. Ahora el territorio no tendría suficiente productividad como para que pudieran sobrevivir. Estamos aquí porque sobreexplotamos el medio, pero eso no es sostenible”, señala Jiménez.

El hallazgo de Mayra, sumado a otros restos en la misma zona, refuerza la idea de un poblamiento más continuado en Fuente Nueva 3 de lo que se creía. “Está apareciendo una cantidad brutal de material, lo que nos obliga a replantear el grado de ocupación humana en este yacimiento”, añade el investigador. Fuente Nueva 3 se sitúa en 1,2 millones de años; Barranco León, donde apareció un diente de leche humano, alcanza 1,4 millones y Venta Micena llega a 1,6, aunque allí el clima era bastante más hostil para la presencia humana, pese al hallazgo de los restos del hombre de Orce.

Décadas de investigación

Los trabajos del equipo de la Universidad de Granada en Orce comenzaron en 2017, aunque la zona es conocida desde los años 70 por su potencial. “Trabajamos en yacimientos que ya sabemos que son caballos ganadores, pero apenas hemos abierto pequeñas ventanas. No sabemos qué puede aparecer 100 metros más allá”, dice Jiménez. En estos días, el grupo extrae sedimentos para analizar microfauna y restos vegetales que permitan reconstruir el clima y el paisaje, un punto clave para entender por qué nuestros antepasados eligieron este lugar.

Las herramientas halladas en Orce también ofrecen información sobre el comportamiento humano. “Aquí encontramos conjuntos líticos -herramientas hechas con piedra- muy amplios, con una diversidad que no tenemos en otros sitios de Europa occidental. Nuestros antepasados tallaban buscando formas concretas, como los esferoides, piedras moldeadas hasta casi esferas, probablemente para machacar o fracturar huesos. Eso demuestra planificación, tareas complejas, no golpes al azar”, detalla Jiménez.

En Barranco León, por ejemplo, abundan los restos procesados por humanos junto a marcas de pequeños lobos, lo que apunta a una convivencia sin grandes conflictos con las hienas, que eran más agresivas. En Fuente Nueva 3, sobre un mamut casi completo, hay marcas de tigres dientes de sable y también cortes hechos por humanos. “Eso indica que aprovecharon el mismo cadáver en distintos momentos. Competían, sí, pero no necesariamente de forma directa. Con un animal de 4.000 kilos sobraba para muchos”.

Los investigadores trabajan con tiempos que poco tienen que ver con la escala humana. Cada datación, cada análisis de sedimentos o de marcas microscópicas en huesos puede tardar años. Y cuando nuevos hallazgos en otros puntos del planeta adelantan cronologías, como ocurrió en China con un yacimiento de 2,1 millones de años, toca reinterpretar el papel que juega Orce en la historia del poblamiento fuera de África. “La ciencia es lenta y hay veces que un solo dato obliga a reordenar el mapa completo, pero Orce sigue siendo esencial para entender cómo vivieron los primeros europeos y cómo fueron capaces de adaptarse a un entorno tan diferente al africano”, apunta Jiménez.

A pie de yacimiento, sin embargo, la ciencia se mezcla con la curiosidad humana más sencilla. Estudiantes, técnicos y voluntarios que pasan días analizando sedimentos bajo el sol buscan el mismo sueño: el roce de la espátula contra algo que no es simple tierra. “Aquí no hay destino, ni para animales ni para humanos de hace un millón y medio de años”, reflexiona Jiménez. “Se movían siguiendo el clima, el agua y los recursos. Y eso nos deja una lección que quizá estemos tardando demasiado en comprender: la vida depende siempre de que el medio pueda sostenerla”.

El estudio de Orce también ofrece un recordatorio sobre el presente. “Antes, si el clima se volvía hostil, nuestros antepasados se marchaban. Nosotros seguimos aquí a costa de sobreexplotar acuíferos y suelos y eso no es una solución, sino un problema grave para el futuro”, advierte el investigador. “Cuando esquilmas un acuífero no solo agotas el agua, sino que puedes alterar la estabilidad del terreno. Y en zonas tan áridas como esta, el impacto es mucho mayor”.

Mientras tanto, en Orce siguen retirando tierra con pinceles y cubos, esperando la próxima sorpresa. “Quiero encontrar más restos humanos. Una mandíbula, un cráneo… algo que vuelva a poner Orce en el centro. Porque aquí todavía quedan muchas historias que descubrir” confiesa Jiménez, que tiene claro que lo que la tierra nos devuelve es material esencial para poder entender y tratar mejor al mundo actual que nos rodea porque las huellas del pasado siempre hablan.

¿De qué nos reíamos hace cien años? ¿Y hace treinta? ¿Quién contaba los chistes, qué temas estaban permitidos y cuáles ni se rozaban? A esas preguntas intenta responder HumCor, un ambicioso proyecto que dirige la profesora Doina Repede en la Universidad de Granada. Un trabajo que combina la lingüística, la historia cultural y la arqueología tecnológica para reconstruir cómo ha evolucionado el humor en España en los últimos 120 años.

Más que una investigadora, Repede actúa como una arqueóloga del chiste: escarba en archivos, rebusca entre casetes y vinilos, restaura cintas que crujen al tocarlas y rescata monólogos olvidados para clasificarlos, datarlos y analizarlos. El resultado: más de 10.000 muestras reunidas en un corpus informatizado que documenta el humor oral en español desde 1902 hasta nuestros días. Un archivo único que permite trazar cómo han cambiado los formatos, los límites y los discursos de eso tan escurridizo que llamamos risa.

“Empecé investigando la cita directa, eso de ‘me dijo’, ‘le contesté’… Y pensé: ¿por qué no aplicarlo a los chistes? Empecé a buscar materiales y acumulé tanto que decidí hacer un corpus. Era la única forma de ordenarlo”, recuerda Repede. Aunque HumCor nació oficialmente en septiembre de 2024, llevaba ya tiempo gestándose. A día de hoy, incluye materiales en soportes tan diversos como radio, televisión, discos de pizarra, casetes, vinilos y plataformas digitales. Algunos archivos han sido comprados de segunda mano y muchos han tenido que ser restaurados: digitalizados, limpiados de ruidos y preservados sin alterar la voz original del humorista. “Nos llegaban cintas en un estado deplorable. Teníamos miedo de ponerlas por si se rompían”, cuenta entre risas.

De chistes elaborados a humor rápido

La búsqueda ha sido exhaustiva: programas míticos como Saque bola (1989), catálogos de discos antiguos, grabaciones de coleccionistas y humoristas olvidados. El archivo se ha vuelto tan amplio que ya supera las 10.000 piezas clasificadas por más de 20 criterios distintos: género, año, lugar de origen, tipo de humor o el sexo de quien actúa.

Entre los hallazgos más interesantes está la duración de los chistes. En las primeras décadas del siglo XX, un chiste podía durar tres minutos. Hoy algunos se resuelven en seis segundos. El ritmo se ha acelerado y también ha cambiado el formato: donde antes había un relato, ahora hay una ráfaga. La temática también ha mutado. Si en los años 40 el humor giraba en torno a escenas del médico, del transporte o de la familia, a partir de los años 70 se amplía el repertorio: sexualidad, política, religión, violencia. El humor se diversifica a medida que la sociedad se libera. “El boom fue entre 1970 y 2000. Tras la dictadura, la gente necesitaba expresarse, romper cadenas. Y el humor fue una vía de escape. Hoy en día, en cambio, hay menos producción y más fragmentación”, explica Repede.

Una de las grandes preguntas que sobrevuelan el archivo es si el humor antes era más inocente y ahora es más transgresor. La respuesta, según Repede, es compleja: hay de todo. “Sí, hay un humor más blanco en el pasado, pero también tenemos piezas tan groseras que no podemos subirlas abiertamente. Algunas están bajo contraseña porque hoy serían imposibles de publicar sin que nos cerraran la web”. En una cinta de los años 80, por ejemplo, se oye al propio Señor Barragán decir que no le van a dejar publicar el monólogo porque el contenido “es demasiado fuerte”. Y lo es.

El machismo del humor

Una de las líneas de investigación más llamativas del proyecto es la presencia femenina en el humor. O, más bien, su ausencia. Las mujeres aparecen muy pocas veces actuando solas, y cuando lo hacen es sobre todo a partir de los años 2000. Incluso hoy, muchas actúan en dúo con hombres o dentro de grupos mixtos. “Nos llamó muchísimo la atención. Las mujeres humoristas casi siempre aparecen acompañadas por un hombre. Hasta en 2020 sigue siendo poco representativo ver a una mujer sola contando chistes”, lamenta Repede. Otro hallazgo: los hombres imitan a mujeres, pero las mujeres no imitan a hombres. Un sesgo de género que atraviesa décadas de comedia.

Entre tanta evolución, hay algo que permanece: la vida cotidiana. El cuñado, la suegra o el vecino. Esos personajes siguen apareciendo desde principios del siglo XX hasta hoy. A veces con variaciones, a veces con el mismo chiste contado de forma diferente por distintos humoristas. “Lo cotidiano no pasa de moda. Se adapta, cambia el tono, cambia el contexto, pero siempre está ahí”, explica Repede.

Una de las partes más innovadoras del proyecto es la geolocalización de los humoristas. En los mapas interactivos que ya están disponibles en la web del corpus, se puede ver el lugar de origen de cada muestra. Andalucía, por ejemplo, lidera con mucha diferencia. “Tenemos muchísimas muestras de Andalucía, incluso de pueblos pequeños. Pero en Saquebola, por ejemplo, no hay nadie de Almería. Intuyo que en 1989 no había ni carretera para llegar”, bromea.

Y sobre los siempre debatidos límites del humor, Repede lo tiene claro: “No creo que haya límites. Todo depende del contexto, de quién lo cuenta, de cómo se cuenta. Hay chistes que hoy serían impensables, pero en su momento funcionaban. El archivo está lleno de esas tensiones”.

HumCor no es solo un proyecto lingüístico: es una herramienta para mirar de frente a nuestra historia cultural. Para entender de qué nos reímos, cuándo dejamos de hacerlo y cómo el humor ha servido, muchas veces, para decir lo que no se podía decir. “El humor cobra más importancia cuando una sociedad ha pasado por un periodo difícil. Es una forma de liberarse. Por eso merece ser estudiado y preservado”, concluye Repede.

La Universidad de Granada (UGR) ha deseado a la comunidad universitaria un feliz verano con un original vídeo titulado “Necesitas unas vacaciones, ¡disfrútalas!”. La pieza está protagonizada por estudiantado, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión, administración y servicios (Ptgas) de la institución académica. Participan también diversos miembros del equipo de Gobierno de la UGR, incluido el rector Pedro Mercado, quienes se han sumado al vídeo para reivindicar la necesidad de descansar para volver en septiembre con las pilas bien cargadas.

Esta campaña, según el centro universitario, ha sido producida por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, perteneciente al Vicerrectorado para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación. En ella, se recrean situaciones cotidianas de la vida universitaria como un acto Honoris Causa, una clase o una biblioteca con un toque de humor y guiños al periodo de vacaciones.

Los tonos cálidos y coloridos propios del verano componen la estética de las distintas escenas, que han sido grabadas en espacios de la institución como el Hospital Real, el estanque de la Facultad de Traducción e Interpretación, una clase de la Facultad de Farmacia, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras o el hall de la Facultad de Ciencias.

El rector jugando al ajedrez con vistas a la Alhambra

El vídeo comienza con el catedrático del departamento de Física Teórica y del Cosmos de la UGR Fernando Cornet en pleno discurso de un acto de entrega de Honoris Causa. La intervención académica sobre las llamaradas de los agujeros negros acaba derivando en el famoso estribillo veraniego de 'La barbacoa' de Georgie Dann, ante los aplausos de la mesa institucional compuesta por distintos vicerrectores y la secretaria general de la UGR, ataviados con ropas muy veraniegas.

Las siguientes escenas transcurren en una clase de la Facultad de Farmacia, donde el catedrático Javier Díaz Castro imparte docencia con gafas de buceo empañadas y ante un estudiantado que también necesita un descanso, y en la Facultad de Traducción e Interpretación, donde Guillermo, que es Ptgas de la UGR, practica sosegadamente la pesca en el estanque.

Seguidamente, el rector de la UGR, Pedro Mercado, disputa una partida de ajedrez con el gerente, Miguel Ángel Guardia en la terraza del Carmen de la Victoria, con vistas a la Alhambra. A continuación, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, las sombrillas, las gafas de sol, los sombreros y los flotadores se adueñan del espacio, en el que el personal hace una conga entre estanterías repletas de libros.

“La importancia del descanso”

Para finalizar, dos estudiantes juegan a las palas en el hall de la Facultad de Ciencias, mientras en una sala de reuniones del Hospital Real se celebra una reunión en la que, al finalizar, algunos miembros del equipo de Gobierno se colocan sus atuendos vacacionales, incluidas unas aletas de buceo. El vídeo concluye así con el lema de la campaña: “Necesitas unas vacaciones, ¡disfrútalas!”.

El vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación de la UGR, Salvador del Barrio, explica que “con este vídeo queríamos despedir el curso de una forma diferente, creativa y cercana. Hemos optado por el humor como vía para conectar con nuestra comunidad universitaria y lanzar un mensaje muy necesario: la importancia del descanso”.

“Después de un año intenso de esfuerzo académico, científico y administrativo, todos y todas necesitamos parar, recargar energías y reconectar con lo esencial. Esperamos que este vídeo arranque una sonrisa, pero también que sirva para poner en valor el derecho al descanso como parte esencial del bienestar universitario”, ha trasladado.

En palabras del director de Comunicación de la Universidad de Granada, Carlos Centeno, quien agradece la participación de todas las personas que han formado parte de este vídeo, tanto delante como detrás de las cámaras, “no hay nada más sano que reírse de uno mismo, y con este vídeo, en el que hemos jugado con el surrealismo en espacios universitarios, queremos que la gente se divierta y comience las merecidas vacaciones de verano con un mensaje optimista por parte de la UGR”.

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía(ACCUA) ha concedido el visto bueno a la universidad privada Loyola para que implemente este próximo curso 2025-2026 el Grado en Ingeniería Biomédica. Se da la circunstancia de que la entidad encargada de evaluar las titulaciones universitarias ha denegado ese mismo título a las universidades públicas de Jaén (UJA) y Granada (UGR), a pesar de que contaban con alumnado ya preinscrito.

La resolución de rechazo de la ACCUA –entidad adscrita a la Consejería de Universidad– ha desatado una contundente oleada de críticas en las provincias de Jaén y Granada. La decisión, anunciada el pasado 25 de junio –misma fecha en la que se emitió el informe favorable de Loyola al que ha tenido acceso este periódico–, ha sido especialmente polémica por el momento escogido: apenas días antes del inicio del proceso de matrícula universitaria y con cerca de 800 estudiantes que ya habían formalizado su preinscripción.

La comunidad universitaria ha calificado la resolución de “arbitraria”, “perjudicial” y “carente de justificación técnica suficiente”, desencadenando una movilización social e institucional sin precedentes en defensa de las universidades públicas, encabezada por los rectores de la UJA y la UGR. “Exigimos las mismas reglas de juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para que podamos competir en igualdad de condiciones”, ha manifestado el rector jiennense, Nicolás Ruiz, cuestionando que “en Andalucía hayamos pasado, en muy poco tiempo, de una a seis universidades privadas”.

Todo ello en un momento crítico para la agencia de calidad universitaria andaluza, cuestionada por su falta de independencia y su “deficiente funcionamiento”, y sin director, desde que Antonio José Cubero Atienza dimitió el pasado marzo “por motivos personales”, dejando desierto hasta la fecha el cargo para el que fue nombrado en febrero de 2023. El propio Cubero Atienza alertó en un informe –firmado dos meses antes de dimitir– de la “falta de independencia y autonomía” que padecía por entonces la ACCUA.

Las privadas en el punto de mira

Entre los argumentos esgrimidos para conceder el nuevo grado a la Loyola, ACCUA destaca que la institución privada ha justificado ampliamente “la demanda del título en Andalucía”. Un razonamiento que ha agravado el malestar de la comunidad universitaria, al contemplar cómo universidades públicas consolidadas han visto denegadas propuestas similares, pese a contar con la correspondiente autorización previa de la Consejería de Universidad, concedida en el último cuatrimestre de 2024.

Ante la reacción que ha suscitado la negativa a las públicas, el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha querido subrayar que la agencia –perteneciente a su propio departamento– “es total y absolutamente independiente”, garantizando que la Consejería no interviene “en ningún momento en la verificación”. En ese sentido, Villamandos ha manifestado que la Junta respeta los criterios técnicos de los evaluadores, “que son totalmente ajenos a la comunidad autónoma”.

Lejos de calmar las aguas, las palabras del responsable de Universidad han reavivado las tensiones con los rectores de la pública, a cuenta de la privatización del sistema universitario que llevan años denunciando. “En los próximos días, presentaré un análisis del informe remitido a la Universidad Loyola que seguro que no dejará indiferente a nadie”, avanzó el rector de la UJA en una rueda de prensa convocada esta semana para expresar su rechazo ante el informe negativo del Grado de Ingeniería Biomédica.

Pérdida de credibilidad

La Universidad de Granada también ha expresado su “profunda sorpresa y desacuerdo”, no solo por el rechazo al grado compartido con Jaén, sino también por la negativa a otras tres propuestas: el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, un Máster en Inteligencia Artificial aplicada a la Salud, y un Programa de Doctorado en Arquitectura.

“La situación es claramente anómala”, ha señalado la UGR, que recuerda que en los últimos 15 años ha logrado acreditar con éxito más de 200 títulos oficiales. “Resulta incomprensible que se cuestione la capacidad de una universidad líder en investigación en IA”, añaden desde la institución universitaria de Granada, que ha presentado una reclamación ante el Consejo de Universidades del Ministerio.

Fuentes universitarias con más de 30 años de trayectoria aseguran a este periódico que nunca antes habían atendido a un descontento y una crítica tan dura por parte de los rectores hacia la administración andaluza. El máximo responsable de la UGR, Pedro Mercado, ha dicho esta semana haber perdido la confianza en la agencia para la calidad universitaria en Andalucía y ha reclamado una reforma profunda del ente evaluador “para que recupere su credibilidad”.

“Quiero que cuando se verifiquen títulos, por ejemplo, de una universidad privada de golpe de doce títulos, se miren tan minuciosamente como se han mirado cada uno de los títulos que se han presentado por parte de la Universidad de Granada”, ha defendido Mercado, aludiendo al hecho de que los centros privados logran ampliar progresivamente su oferta académica, gracias al aval que le concede la administración andaluza.

Procedimiento de evaluación

En total, este año se han sometido a evaluación de ACCUA 48 títulos de grado y máster del sistema público andaluz. Las universidades públicas enviaron sus solicitudes tras obtener la autorización previa de la Consejería en el último cuatrimestre de 2024, paso imprescindible para que una titulación sea aprobada.

De esas 48 solicitudes, seis han sido rechazadas “por no cumplir los criterios técnicos exigidos”, según un comunicado oficial de la agencia evaluadora. De acuerdo con ACCUA, actualmente la normativa europea exige que, para que un título tenga carácter oficial y sea reconocido dentro de la UE, debe pasar por un procedimiento de evaluación independiente y externo del que no pueden formar parte ni la Junta, ni las universidades andaluzas, ni su profesorado. Tanto es así que, según la agencia, la comisión evaluadora está formada por más de un centenar de profesores universitarios ajenos a Andalucía.

Los seis títulos que han recibido informe desfavorable son dos másteres de la Universidad de Córdoba (Enseñanzas Artísticas de Música e Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, este último junto a la UJA); dos grados coordinados por la Universidad de Granada (Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el Grado de Ingeniería Biomédica); así como el máster en Intervención e Investigación Logopédica de la Universidad de Málaga con la de Chile. Cierra esta lista el máster en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a Ciencias de la Salud de la UNIA (coordinadora) con la Universidad de Granada.

Las instituciones universitarias pueden recurrir la decisión de la ACCUA ante el Consejo de Universidades –órgano adscrito al Ministerio– que trasladará los casos a una comisión independiente dentro de la propia agencia andaluza. Dicha comisión será distinta a la que ha evaluado en primera instancia y se encargará de realizar un nuevo informe. Si es favorable, podrán implantar los títulos en cuanto lo decidan. Si no, deberán esperar a septiembre para volver a presentar la solicitud. Pese a que las universidades de Jaén y la de Granada han presentado sendas reclamaciones, los rectores han descartado ya implantar la formación el próximo curso.

“Algo no funciona” en la ACCUA

En este contexto, el PSOE ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento de Andalucía. Su portavoz en materia de Universidad, Antonio Ruiz Sánchez, ha avanzado que su grupo registrará la próxima semana una proposición no de ley para exigir mejoras sustanciales en la agencia de calidad universitaria porque “algo no funciona”, según el parlamentario socialista.

Ruiz ha recordado que la agencia lleva meses sin dirección, ya que su anterior responsable advirtió por escrito del riesgo de que la nueva ley de universidades de la Junta desdibujara su autonomía. “Se plantea su integración en un órgano superior que, de facto, desdibujaría su autonomía al suprimir su personalidad jurídica”, señala el parlamentario socialista, en alusión al informe que emitió la agencia en contra de la nueva ley de la ciencia, promovida por el Gobierno del PP.

El diputado socialista apunta, además, a una falta de personal que estaría provocando tanto la tardanza como la forma en que ACCUA gestiona la verificación de nuevos títulos: “En el caso de la UJA y la UGR, los informes llegaron demasiado tarde, impidiendo reaccionar y afectando a cientos de estudiantes ya inscritos”, apostilla Ruiz.

El PSOE también solicitará la comparecencia del consejero de Universidad para pedirle explicaciones sobre por qué se deniega el grado de Inteligencia Artificial a la UGR —“una universidad puntera en investigación en este campo”— mientras se aprueba para una universidad privada de reciente creación (UAX Mare Nostrum); o por qué se permite a Loyola ofrecer Ingeniería Biomédica y se veta a las universidades de Jaén y Granada.

Nuevo motivo de fricción entre la Junta y los rectores

La relación entre los rectores de las universidades públicas y el Gobierno andaluz arrastra años de fricciones, marcados por la falta de financiación que exigen los responsables universitarios, y la crítica a la “deriva privatizadora del sistema universitario” que le achacan al Ejecutivo dirigido por Juan Manuel Moreno.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha lamentado la “estrategia de confrontación” de los rectores y les ha instado a “respetar la integridad y la independencia” de la agencia. Sin embargo, para buena parte de la comunidad académica del sistema público, este nuevo episodio ha puesto en evidencia una creciente desconfianza hacia el sistema de verificación universitaria en Andalucía y la necesidad urgente de una reforma que garantice transparencia, equidad y rigor técnico, sin distinciones entre lo público y lo privado.

Desde este lunes, Escúzar ya no es sólo una localidad granadina poco conocida de menos de mil habitantes. En sus afueras, dentro de la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (CITAI), se empieza a levantar la gran instalación científica del proyecto IFMIF-DONES, el acrónimo inglés de International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source. El acelerador de partículas granadino. Un nombre largo, el inglés, para una apuesta estratégica que vincula el nombre de Granada a uno de los retos más complejos que afronta la ciencia: la energía de fusión.

Las obras, que han comenzado con la colocación simbólica de la primera piedra -aunque ya hay edificios construidos- por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como la de Ciencia, Diana Morant y otras autoridades, empiezan tras un proceso de una década en el que la implicación de las administraciones ha sido clave. En ese tiempo, han logrado convencer a Europa de que Granada debía ser la sede de esta infraestructura y lograr consensos políticos, técnicos y científicos que hicieran viable el proyecto. Desde entonces, se han construido ya varias infraestructuras ligadas a la iniciativa, como el UGR-DONES o los primeros edificios administrativos.

La instalación que se empieza a construir en Escúzar será la infraestructura científica más importante en España en su ámbito y una de las más relevantes a nivel europeo. Movilizará 700 millones de euros para su construcción y otros 50 para su puesta en marcha. El coste de operación anual, una vez en funcionamiento, rondará también los 50 millones. Una factura en la que el Gobierno central se ha comprometido a financiar la mitad del coste de construcción y el 10% del operativo, aunque la inversión se considera estratégica y muy rentable a largo plazo cuando la energía de fusión llegue a ser clave. Está previsto que el Ejecutivo central aporte ya esta semana 200 millones de euros, según ha anunciado Morant. Algunas estimaciones hablan de un retorno económico de 1.000 millones de euros que generarán 15.000 empleos directos que repercutirán sobre todo en la provincia de Granada.

No obstante, la ceremonia de colocación de la primera piedra también se ha podido leer en clave de política regional. No solo por la presencia de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta -que ha llegado una hora tarde-, sino por la de María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda y vicepresidenta del Ejecutivo central, pero también la nueva líder del PSOE de Andalucía que aspira a recuperar el Palacio de San Telmo ante el PP de Moreno. De ahí que su participación se haya leído en esa clave, teniendo en cuenta además que el Gobierno de España ya estaba representado por la ministra Diana Morant, responsable de la cartera de Ciencia.

“Te veo ahora más que nunca”, le ha dicho Montero al presidente andaluz a la llegada de este en un tono de cercanía que se ha apreciado durante todo el evento. Ambos han puesto en valor las sinergias y el entendimiento entre instituciones, con agradecimientos mutuos lejos del barro político. Al tiempo que Montero ha aprovechado para recordar que el IFMIF-DONES empezó a caminar bajo el anterior gobierno socialista de Susana Díaz del que ella formaba parte.

Más allá de las implicaciones políticas del acto en sí, el inicio de las obras se ha produciro en paralelo a la firma de un acuerdo estratégico vital para el futuro del IFMIF-DONES: Japón se ha unido al proyecto, después de ser uno de sus principales competidores. El embajador nipón en España, Takahiro Nakamae, ha acudido a la firma del Memorándum de Contribución entre ambos países, acompañado de representantes del Gobierno japonés. Una alianza esencial para que esta infraestructura sea vista como clave a nivel internacional. De hecho, en la cita han participado también representantes de los 17 países y organizaciones que forman parte del Dones Steering Committee, así como autoridades políticas, científicas y diplomáticas, incluyendo al recrtor de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Un proyecto de años

El inicio de las obras del acelerador de partículas supone la culminación de un trabajo de diez años por parte de las administraciones. De hecho, desde que en 2015 se empezó a hablar de una candidatura granadina, el proyecto ha tenido que competir contra Croacia y Polonia, imponiéndose a ambos y contando con el respaldo de la Unión Europea en 2017, cuando se oficializó definitivamente la planta de Escúzar como la representante europea. En ese momento, Croacia decidió unir fuerzas y hoy es uno de los socios principales del IFMIF-DONES.

Por otro lado, el Consorcio IFMIF-DONES España se constituyó en junio de 2021 mediante un convenio entre el Gobierno central -a través del Ministerio de Ciencia- y la Junta de Andalucía. La ejecución técnica corre a cargo del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), con el respaldo de empresas surgidas de grupos de investigación granadinos, lo que está generando ya empleos e inversión a nivel local, dinamizando la economía alrededor de la ciencia. Un plan en el que Granada está intentando situarse desde hace tiempo, con la construcción por ejemplo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y el fomento de la IA por parte de la Universidad de Granada.

La instalación de Escúzar será clave en la cadena internacional de proyectos para estudiar la viabilidad de la energía de fusión. Entre el ITER -el reactor experimental que ya se construye en Francia- y el DEMO -la futura planta demostradora de producción eléctrica-, el IFMIF-DONES se encargará de probar los materiales que deben soportar las condiciones extremas de los reactores. Como explican desde el propio proyecto, se trata de un paso “imprescindible” para avanzar hacia una fuente de energía más limpia, abundante y estable. Sus aplicaciones también podrán extenderse a campos como la medicina, la física o la industria.

Además, la ubicación del acelerador de partículas ya está transformando la vida de Escúzar. La llegada del proyecto ha llevado a la creación de la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (CITAI), ha frenado la pérdida de población, ha atraído empresas auxiliares y ha hecho llegar servicios impensables hace unos años, como la fibra óptica. Por otro lado, ha mejorado las comunicaciones por carretera, acercando a Granada capital a una localidad hasta hace no mucho aislada. Los terrenos fueron cedidos por el propio ayuntamiento, que aspira a que el municipio se convierta en un entorno tecnológico y científico de referencia. Y lo está consiguiendo.

Ocurrió en el mismo lugar en 2022 y ha vuelto a ocurrir en 2025. Esta vez la protesta en la Universidad de Granada contra la exdiputada de extrema derecha Macarena Olona, antigua dirigente de Vox, se ha saldado con dos detenidos, que posteriormente han sido puestos en libertad provisional. En esta ocasión, sin embargo, varios vídeos muestran cómo Olona, ayudada por dos acompañantes, agrede a los estudiantes que le bloqueaban el paso. “¡Fuera fascistas de la Universidad!” y “¡resistencia!” gritaban los congregados que bloqueaban la entrada al paraninfo. En ese momento, Olona ha sido aupada por dos de sus acompañantes y se ha dejado caer a plomo sobre los manifestantes. Ante esa agresión, los estudiantes han intentado quitársela de encima, momento en el que ella ha comenzado a agarrarse a la cabeza y al pelo de algunos jóvenes. Es entonces cuando agentes antidisturbios de la Policía han cargado violentamente contra los estudiantes, y han empezado a sacarlos a rastras. Pese a la agresión de Olona y la carga policial, los estudiantes intentaban resistir al grito de “aguantamos”.

La Policía Nacional ha arrestado finalmente a dos personas por la presunta comisión de atentado contra agentes de la autoridad tras los supuestos golpes que habrían recibido los agentes desplegados en la Facultad de Derecho de Granada, en el casco histórico de la capital granadina. Así lo han indicado fuentes consultadas por Europa Press en Subdelegación del Gobierno en Granada y en Policía Nacional, que ha detallado que unas 25 personas “en actitud hostil” han intentado que la ponente no entrara en el lugar donde estaba convocado el acto, el Paraninfo de Derecho, por lo que ha necesitado de ayuda policial para hacerlo. Nada dice la información de la Subdelegación del Gobierno sobre el momento en que Olona es aupada por sus acompañantes y se arroja contra los estudiantes, que hasta ese momento permanecían estáticos. Tampoco ha trascendido si los estudiantes han presentado denuncia contra Olona o sus acompañantes.

Fuentes judiciales consultadas han detallado a Europa Press que los dos hombres detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, habiéndoles impuesto la autoridad judicial una orden de alejamiento de al menos 300 metros de Olona y otras tres personas. Tienen obligación también de comparecer ante el juzgado en los días que se han estipulado para ello, y prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, han añadido las mismas fuentes.

Las medidas preventivas de la Policía Nacional se tomaban para evitar que se produjeran altercados como los que se vivieron hace dos años y medio con la participación en un acto público de Olona en el mismo lugar. El 15 de septiembre de 2022 centenares de personas protestaron a última hora de la tarde contra la presencia de Olona, que también consiguió acceder para dar una conferencia pese a un 'escrache' en el que se vivieron momentos de tensión y refriegas entre partidarios y detractores de la abogada del Estado.

Este lunes, el acto había suscitado el rechazo de 11 entidades, según ha divulgado a través de sus redes sociales la que fuera también candidata del partido de Santiago Abascal a la Junta de Andalucía, que ha entrado al coloquio para su inicio a las 18.00 horas, con presencia de efectivos de la Policía Nacional en los accesos de este centro universitario.

El coloquio había sido convocado bajo el título 'Feminismo y derecho', con “entradas limitadas por capacidad de aforo”, y organizado por ReGeneración, según el cartel del encuentro difundido en redes sociales por Olona, provocando el rechazo de organizaciones como Asamblea de Estudiantes Permanente o la Coordinación Sindical de Trabajadores/as de Andalucía.

Estas organizaciones entienden que este tipo de convocatorias “legitiman posiciones reaccionarias que atacan directamente los derechos LGTBI, de la mujer y la clase trabajadora”.

Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) demuestra que las mujeres jóvenes de la capital granadina están expuestas a una mayor violencia callejera por el acoso que sufren que sus compañeros varones. La investigación pone cifras a una sensación que muchas mujeres comparten en sus círculos cotidianos, pero que hasta la fecha no estaba tan definida y que evidencia una brecha de género notable en la percepción de seguridad que hay en las calles de Granada. Los datos revelan que el 70% de las mujeres jóvenes han sufrido acoso callejero mientras caminaban, frente a un 20% de los hombres. Además, un 42% de ellas han sido perseguidas por la calle, en comparación con un 14,5% de los hombres.

Las autoras del estudio, Carmen Lizárraga (profesora del Departamento de Economía Aplicada) e Isabel Castillo (profesora Departamento de Organización de Empresas I), junto con el profesor Alejandro Luis Grindlay (profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio), han identificado 413 puntos de la ciudad percibidos como inseguros por el estudiantado universitario. De estos, en 116 se han producido experiencias de victimización directa (53%) o indirecta (47%).

Además, el estudio revela que el 70% de las mujeres jóvenes encuestadas han sufrido acoso callejero en algún momento de sus vidas, frente al 20% de los hombres. Por otro lado, un 42% de ellas han sido perseguidas por la calle, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje se reduce al 14,5%. Números que ponen de relieve el peligro al que se siguen enfrentando las mujeres en una sociedad que no acaba de liberarse del machismo.

Según la investigación, las zonas más “peligrosas”, al ser las principales señaladas por las mujeres que han participado en el estudio son las que coinciden precisamente con el ocio nocturno. Se trata de calles que todos los granadinos conocen para este fin y son, sobre todo las calles Elvira y Pedro Antonio de Alarcón, el parque Federico García Lorca, los alrededores de la estación de tren de Andaluces y algunas calles estrechas del centro de la ciudad con escasa iluminación. “Las mujeres se sienten más inseguras, tanto de día como de noche, y perciben más riesgo que los hombres”, explica Lizárraga. Y no es solo una cuestión de percepción: “Un 76% de las experiencias de victimización directa en el espacio público las sufren ellas, y en su mayoría se trata de violencia sexual”.

El estudio

El estudio se llevó a cabo mediante cuestionarios aleatorios a mujeres y hombres jóvenes que llevasen más de un año viviendo en Granada. Se dividió en dos fases: en la primera, se realizó una encuesta convencional sobre percepciones de inseguridad y experiencias de victimización. En la segunda, se utilizó un enfoque microgeográfico en el que las personas participantes señalaban en un mapa los puntos de la ciudad donde habían sentido inseguridad o habían sufrido acoso.

“No queríamos solo saber qué zonas parecían inseguras en términos generales, sino identificar los lugares específicos donde las mujeres han tenido experiencias reales de acoso o violencia”, explica Lizárraga. El análisis muestra patrones claros, como la relación entre inseguridad y el ocio nocturno o la incidencia del acoso en calles estrechas y mal iluminadas, pero también la dispersión de los puntos inseguros por toda la ciudad.

Pese a que esta investigación pone de relieve que el acoso callejero es una realidad cotidiana, las estadísticas oficiales no la recogen. Este medio ha consultado tanto a la Policía Local de Granada como a la Policía Nacional sin obtener estadísticas concretas al respecto. Fuentes de ambos cuerpos afirman que no están contabilizados casos de acoso callejero. En el caso de la policía municipal porque no son de su competencia y en el caso de la nacional porque, de acuerdo con la información consultada, en Granada no se han registrado denuncias de este tipo.

“No puedes caminar tranquila”

Sin embargo, los testimonios de las víctimas sí avalan la realidad que describe el estudio. Una de esas mujeres jóvenes que encaja con los datos de la investigación de la UGR es Claudia, estudiante universitaria: “A lo mejor no te va a pasar nada, pero el miedo te bloquea. Una vez un hombre me seguía tan de cerca que sentía su respiración en mi oreja. Me paralicé. Mi amiga tuvo que empujarme con un paraguas para sacarme de ese estado”. Pero esa no ha sido la única vez que ha sentido miedo: “Muchas veces me han gritado desde un coche, me han silbado o insultado. Se creen que es un juego, pero a nosotras nos condiciona la vida”.

Casos como el suyo se repiten con frecuencia. Esther, estudiante de Ciencias Políticas, relata cómo un coche se detuvo a su lado cuando era niña, el conductor le abrió la puerta e intentó que subiera cuando vivía en Murcia: “Corrí en dirección contraria y luego hacia una mujer para refugiarme. Desde entonces, cada vez que veo un coche en la calle, se me acelera el corazón”. Ahora, al vivir en Granada, ha sufrido situaciones similares: “Vas sola por la calle y el miedo te bloquea. No sabes si reaccionar, si correr, si gritar. Solo piensas en llegar a casa”.

Ambas coinciden en que la sensación de inseguridad es constante. “Aunque no nos hagan nada, nos hacen sentir pequeñas, vulnerables. A ellos les parece divertido, pero nosotras evitamos ciertas calles, cambiamos rutas, caminamos con las llaves en la mano”, explica Claudia. “No podemos ni ponernos los auriculares porque tenemos que estar alerta”, añade Esther.

Una “violencia normalizada”

Estos casos permiten ilustrar con hechos la realidad que se señala en el estudio de la UGR: que esta violencia está normalizada en los espacios públicos, generando un entorno hostil que afecta al bienestar y la libertad de las mujeres. “Es imperativo abordar las disparidades de género en la seguridad pública con políticas efectivas, planificación urbana y protocolos específicos”, concluye Carmen Lizárraga.

Lizárraga subraya que los datos evidencian que “las diferencias en percepción de inseguridad tienen una base real relacionada con la victimización, tanto directa como indirecta”. La profesora de la UGR explica que los testimonios recogidos en el estudio reflejan un patrón común: “Las mujeres sufren un miedo constante a la agresión, no por paranoia, sino porque han vivido experiencias de acoso o han visto a otras mujeres vivirlas”. Según la investigadora, este tipo de violencia no solo afecta al bienestar psicológico de las mujeres, sino que limita su movilidad y su uso del espacio público: “Las mujeres adaptan su comportamiento, evitan ciertos lugares y modifican sus hábitos diarios por miedo”.

Para las víctimas, la solución pasa por visibilizar el problema y educar en igualdad: “No es cuestión de que las mujeres aprendamos defensa personal o nos protejamos entre nosotras. Es cuestión de que los hombres dejen de hacerlo”, reclama Claudia. Esther coincide: “Nos han enseñado a protegernos, pero nunca se les enseña a ellos a no acosar”.

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Análisis multimetodológico de la movilidad peatonal y la percepción del miedo en el espacio público con enfoque de género” (MOMIGEN), financiado por la Junta de Andalucía y FEDER Andalucía.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Granada ha desestimado el recurso presentado por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la Universidad de Granada (UGR) por suspender su colaboración académica y científica con instituciones israelíes. El acuerdo impugnado se adoptó en mayo de 2024 tras numerosas movilizaciones impulsadas por el estudiantado de la universidad y la Red Universitaria por Palestina de Granada, que reclamaban una postura institucional frente al genocidio en Gaza. 

La sentencia recoge que la medida de la UGR se fundamentó en pronunciamientos internacionales, entre ellos las declaraciones de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien en abril de 2024 afirmó que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”. Además, se alude a las exigencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) que también en mayo del año pasado reclamaron “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí”. 

El fallo judicial sostiene que la UGR actuó dentro de su autonomía universitaria, avalada por la legislación vigente y sus estatutos, que priorizan “la cultura para la paz, la no violencia y la cooperación entre pueblos”. La sentencia subraya que la suspensión no constituye discriminación, sino una medida proporcional para alinearse con el derecho internacional humanitario. 

En este sentido, la resolución judicial comparte las valoraciones de la UGR y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), codemandada en este proceso y que ha dado a conocer la sentencia este lunes, en referencia a la guerra y a la pertinencia de la medidas adoptadas, dado el “limitadísimo efecto de las decisiones adoptadas, su carácter provisional, su motivación en los fines expuestos en relación con la situación de conflicto asimétrico que se ha apreciado por organismos internacionales y la necesidad de tomar algún género de medida para, siquiera sea, intentar tales propósitos, aunque evidentemente con ello no vaya a finalizar la guerra”.  

La resolución cierra la vía contenciosa en primera instancia, aunque permite recurso de apelación ante el TSJ de Andalucía. La UGR mantendrá así la suspensión de colaboraciones con entidades israelíes, en línea con su compromiso institucional y las demandas de la comunidad universitaria.

Los organizadores de la acampada en solidaridad con Palestina que arrancó en la Universidad de Granada (UGR) el pasado 8 de mayo han dado por concluida la protesta, “habida cuenta del cumplimiento” de sus “demandas inmediatas a la UGR tras meses de intensa presión”. Con estas palabras aludían a la decisión aprobada el pasado viernes por el consejo de gobierno de la UGR de suspender toda colaboración con las instituciones israelíes mientras dure el asedio a Gaza.

Tras haber logrado este objetivo, los estudiantes han considerado levantar el campamento “con la cabeza bien alta” y celebrando que “la Universidad de Granada ha sido la primera en todo el Estado español en romper relaciones académicas con Israel gracias a la presión efectiva de la comunidad universitaria mediante la acampada”.

Así pues, ya este martes el campus de Fuentenueva, en el entorno del centro de esta ciudad andaluza, ha amanecido sin tiendas de campaña. Aun así, los promotores de la acampada, en la que han participado estudiantes y también profesores que dieron clases y charlas en los paseíllos, indican que su “lucha contra el genocidio en Gaza, contra los ataques a Cisjordania y contra la ocupación sionista de Palestina prosigue con más fuerza, intensidad, inspiración y entereza que nunca”.

“Esta lucha no acaba”

Si bien la UGR ha determinado suspender la colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes que no hagan una “condena firme de la violación de derechos humanos” y hasta que no cesen las operaciones militares en la guerra en Gaza, los universitarios que han secundado las acampadas propalestinas durante doce días prevén acciones para seguir presionando a la universidad a fin de que “ponga fin a sus convenios con empresas españolas y extranjeras que financian” lo que también denominan como “proyecto colonial del Estado de Israel”, y supervisar “el cumplimiento de los acuerdos con los que se comprometió el rector Pedro Mercado” y garantizar así “que no sean revertidos o alterados por sus sucesores en el cargo”.

En paralelo a la acampada estos últimos días, sus promotores han protagonizado también manifestaciones como las que se llevaban a cabo en la primera jornada de la misma hacia el Rectorado, o este último domingo en coordinación con otras protestas similares en España y Europa, así como en concentraciones como la que se desarrolló a las puertas de la Subdelegación del Gobierno pidiendo el fin del comercio de armas con Israel.

La Universidad de Granada (UGR) ha anunciado este viernes que suspende toda colaboración con las universidades e instituciones israelíes hasta que no cesen las operaciones militares contra la franja de Gaza. Así lo ha indicado la institución universitaria en el marco de “un firme compromiso con la paz, la justicia social, la salvaguarda de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos” anunciado tras la reunión extraordinaria del consejo de gobierno de la UGR convocada para abordar este asunto.

En paralelo a la reunión, los estudiantes que llevan más de una semana acampados en el campus de Fuentenueva en apoyo a Palestina se han concentrado a las puertas del edificio donde se celebraba el consejo de gobierno. Al conocer la decisión de romper la colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes que no hagan una “condena firme de la violación de derechos humanos” que está sufriendo el pueblo palestino, los universitarios lo han aplaudido al grito de “la lucha es el único camino”.

Ya el pasado 8 de mayo, justo el día que comenzaba la acampada solidaria en los paseíllos universitarios, el rector de la UGR, Pedro Mercado, apostó por que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) fijara la posición del sistema universitario español sobre una posible “eventual suspensión” de “las relaciones académicas con universidades e instituciones de educación superior israelíes que no condenen de forma expresa la agresión a la población civil palestina”.

Contribuir “al fin de esta masacre”

Esa misma semana la Junta Rectora de CRUE se posicionó en el sentido de “revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

En la misma línea, las diez universidades públicas andaluzas mostraron su “compromiso inquebrantable” con el “respeto íntegro a los derechos humanos y la paz”. En concreto, la UGR, “ante el agravamiento de la situación en la Franja de Gaza” y condenando “las violaciones de los derechos humanos que está sufriendo la población civil” gazatí, se comprometió a tomar conocimiento del resultado de la Junta Rectora de la CRUE “para su debate y la aprobación de una propuesta de declaración institucional”.

Los acuerdos del consejo de gobierno extraordinario de la UGR celebrado este viernes se toman para “contribuir” en el marco de sus competencias al “fin de esta masacre y hasta tanto no se produzca el cese de las operaciones militares o la condena firme de la violación de derechos humanos por parte de las universidades e instituciones con las que se mantienen relaciones académicas o de investigación”.

Medidas adoptadas

La decisión adoptada pasa por suspender, según ha detallado la UGR, “la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador”, así como técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes, en concreto los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus+ K171“, y ”los convenios de lectorado y cursos de verano suscritos“ con las universidades de Bal-Illan y de Tel-Aviv.

Pedro Mercado, en unas declaraciones a los periodistas tras el consejo de gobierno de este viernes, ha referido solo un caso de una persona afectada en la UGR, que terminará su curso y volverá a su país, mientras “se suspenden todos los acuerdos correspondientes” que seguían en vigor al igual que las movilidades que se habían aprobado.

Se acuerda también “no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica con universidades israelíes” e “intensificar las relaciones con universidades palestinas y cooperar con las ONG que trabajan sobre el terreno para ayudar y acoger a estudiantes, investigadores y profesores palestinos”.

Mientras tanto, la UGR seguirá impulsando, según ya detallaron desde la institución académica, un “plan extraordinario de actuación para atender a personas vulnerables” de la comunidad universitaria granadina, que hasta la fecha ha llevado a cabo actuaciones como la atención social a través del Servicio de Asistencia Estudiantil, o la ayuda psicológica desde el Gabinete Psicopedagógico.

Ayudas para refugiados

Por otro lado, el Vicerrectorado Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de esta institución académica andaluza mantiene en su plan propio de cooperación al desarrollo 2024 un programa, con un presupuesto de 26.267 euros, que parte de la base de que “las crisis que padecen diversos países han creado situaciones de emergencia académica”, según consta en dicho documento, consultado por Europa Press.

Ello conlleva una “la grave alteración o quiebra de sus sistemas de educación superior y la aparición de grandes obstáculos que deben enfrentar sus estudiantes e investigadores, dando lugar a la necesidad urgente de proporcionarles asistencia para que puedan continuar con sus labores académicas, lo que resulta dramático en el caso del colectivo de estudiantes, docentes e investigadores” refugiados o demandantes de asilo.

Este programa se articula en dos acciones fundamentales. Por un lado, contempla el apoyo a estudiantado, personas docentes e investigadoras refugiadas o demandantes de asilo, con becas y ayudas, así como acciones de mentoría y acompañamiento y para el desarrollo habilidades lingüísticas, asesoramiento jurídico, atención psicosocial o traducción.

Por otro, conlleva acciones en materia de personas refugiadas dirigidas a la comunidad universitaria y sociedad en su conjunto, con actividades de sensibilización y concienciación sobre la “situación de personas refugiadas o demandantes de asilo, y del voluntariado en entidades de apoyo a dichos colectivos”.