La actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria de la que se cumplen ahora 50 años, el 3 de marzo de 1976, dejó cinco fallecidos. Sus nombres eran Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral.

Algunos participaban en la asamblea obrera que se celebraba por las huelgas en las que se encontraba inmersa Vitoria desde el 9 de enero de ese año.

Otros estaban en los aledaños y los alcanzaron los disparos de los agentes. Los nombres de los cinco asesinados han quedado ligados indisolublemente a la fecha del 3 de marzo y su rostro se reproduce en murales, pintadas y pancartas. La que sigue es su historia:

Los cinco asesinados en Vitoria

Los fallecidos de Tarragona, Basauri y Roma

Después de los hechos del 3 de marzo, ya con tres fallecidos confirmados y la constancia de que había habido muchos más heridos por la actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís, se desencadenaron las protestas en varios puntos de la geografía española e incluso más allá de las fronteras, con ecos hasta en ciudades como Roma. El diario 'Pueblo' recogía, por ejemplo, que en la vecina provincia de Bizkaia más de 150.000 trabajadores se habían lanzado a la huelga en solidaridad con los asesinados. En las protestas, la actuación de diversos cuerpos policiales dejó tres muertos más: Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona, Vicente Antón en Basauri y Mario Marotta en Roma.

Los heridos en Vitoria

Además de los cinco fallecidos, hubo decenas de personas que resultaron heridas en Vitoria el 3 de marzo de 1976. Se registraron 41 heridos de bala y cerca de otra cuarentena de heridos de diversa consideración, si bien la mayoría leves. Contusiones, heridas, conmociones, intoxicación por gas... Son diagnósticos que se suceden en una lista confeccionada a partir de los partes médicos expedidos en diferentes centros médicos, como el hospital de Santiago Apóstol, la residencia sanitaria del Instituto Nacional de Previsión y la policlínica La Previsora. Los datos están en el memorando elaborado sobre los sucesos de Vitoria por el Parlamento Vasco en 2008.

En torno a medio centenar de personas se han congregado en la Plaza de Oriente de Madrid, el lugar predilecto por parte de Francisco Franco para sus baños de masas, para homenajear al dictador y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Tres días después de que se cumpliera medio siglo de la muerte del primero, y 89 años después del fusilamiento durante la Guerra Civil del segundo, los nostálgicos han criticado duramente la Ley de Memoria Democrática, a la que han tildado de “diabólica”. Saludos fascistas, la entonación del ‘Cara al sol’ y un continuo blanqueo del régimen dictatorial imperante en España durante casi cuatro décadas han sido la tónica general de la cita.

Denominado “acto de afirmación nacional y en protesta por la Ley de Memoria Democrática”, entre los pocos asistentes se encontraban varios menores acompañados de sus progenitores, entre los que han sobresalido dos de ellos: uno, sosteniendo la bandera franquista junto a las demás; otro, a su lado, ataviado con la indumentaria de gala falangista que ondeaba la bandera rojinegra del nacional-sindicalismo. Ambos no han dudado a la hora de realizar el saludo fascista al entonar el ‘Cara al sol’.

Antes del comienzo de esta movilización, varios policías nacionales han identificado a dos mujeres, presumiblemente activistas de Femen, aunque la Delegación del Gobierno ha asegurado a elDiario.es que no constan identificaciones a activistas de este colectivo. 

Pasadas las 13.00 horas y bajo un sol que calentaba a los presentes, el acto ha comenzado tras un rezo “por las almas de los caídos”. El primero en intervenir ha sido el falangista Adrián González Ruiz, quien tenía a su izquierda un puesto con parafernalia franquista y con simbología neonazi junto a otro puesto de libros que exaltaban la figura de Franco y su régimen sobre una sábana en el suelo. Varios de los concentrados también se han dedicado a vender participaciones de lotería para destinar lo recaudado con el donativo “para el Valle” de Cuelgamuros.

Del porvenir al último discurso de Franco

Algunos con banderas carlistas, otros con brazaletes con la rojigualda, los menos vestidos de camisa azul falangista y guantes de cuero negro, los más sin ningún icono que les identificara como afectos al régimen, han escuchado atentamente las palabras de los diferentes intervinientes. Según Delegación del Gobierno, el seguimiento de la convocatoria ha llegado a las 50 personas como máximo. 

Uno de los falangistas concentrados vestía con una sudadera de las Waffen-SS, uno de los cuerpos de combate más sanguinarios del Tercer Reich alemán dirigido por Heinrich Himmler y dedicado a controlar el Ejército nazi y actuar en la represión de las retaguardias en Europa.

A pesar de que estaba anunciada la presencia de Isabel M. Peralta, conocida neonazi ligada a Núcleo Nacional, por motivos laborales no ha podido acudir a la movilización, tal y como ha asegurado José Luis Corral, líder del Movimiento Católico Español, el mismo que ha leído el discurso escrito por esta joven que llegó a afirmar que “el judío es el culpable”. En este caso, Peralta ha dejado por escrito que “Franco ha muerto, pero no España. Unámonos pues para no repetir consignas del pasado sino para conquistar el porvenir”.

Más tarde ha tomado la palabra Pablo Gasco de la Rocha, que ha comenzado su diatriba pronunciando el último párrafo del último discurso de Franco, leído el mismo 20 de noviembre de 1975 por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. “Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡Arriba España! ¡Viva España!”, ha recitado este orador ligado a la Fundación Nacional Francisco Franco.

La Ley como una distorsión sectaria y demagógica

Jaime Serrano de Quintana, presidente de la asociación Gerona Inmortal, también ha intervenido en este acto que ha estado flanqueado por cinco furgones de Policía. Delegación del Gobierno, por el momento, no ha respondido a elDiario.es si denunciarán o investigarán el posible enaltecimiento de la dictadura cometido hoy en la parte trasera del Palacio Real. 

La Ley de Memoria Democrática consideran su artículo 38 actos contrarios a la norma aquellos “efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

El representante de Gerona Inmortal ha asegurado que esta ley es “una distorsión sectaria, demagógica y diabólica”, mientras varias decenas de chavales jugadores de la cantera de un equipo de fútbol pasaban a escasos metros. 

Asimismo, ha defendido el franquismo circunscribiéndose a Catalunya en sus palabras y, según él, ha desmentido algunas de las ideas que prevalecen sobre el dictador y su política en esta región. Frente a sus soflamas, algunas de las caras habituales en esta concentración anual, como Pilar Gutiérrez, hija del ministro franquista de Planificación al Desarrollo entre 1974 y 1975, Joaquín Gutiérrez Cano.

Objetivo: “Vencer a toda esta gentuza”

Corral ha sido el último en intervenir. Achacado por su avanzada edad, ha defendido que “el marxismo atiza la lucha de clases, de unos contra otros, y utiliza esa lucha para hacer prevalecer su forma de pensar”. También ha descrito lo sucedido el 14 de abril, día de proclamación de la Segunda República, como un “golpe de Estado”. Asimismo, ha añadido que “hay muy pocos españoles que en 2025 no tengan familiares, antepasados, muertos en los dos bandos”.

El discurso de líder del Movimiento Católico Español ha llegado a asegurar que “a Durruti le mataron ellos también”, acusando al Gobierno republicano de terminar con la vida del combatiente anarquista también un 20 de noviembre, pero de 1936. “Reclamamos los ideales con los que vivió una generación. Condenar a Franco es condenar a toda una generación de españoles, los mejores, los patriotas”, ha aseverado micrófono en mano. “Si Dios con nosotros [sic], España vencerá de toda esta gentuza y volverá a reír la primavera”, ha comentado en referencia al actual Gobierno de coalición.

Pasadas las 14.00 horas los allí presentes han entonado varias canciones franquistas y han cerrado con el ‘Cara al sol’ que, brazo en alto, han coreado al unísono, menores incluidos. Varios vivas al dictador, a Primo de Rivera y a Blas Piñar, líder ultraderechista de Fuerza Nueva, parecían cerrar esta convocatoria. Sin embargo, el último hecho reseñable ha tenido apenas dos minutos después, cuando una joven ha afeado a los franquistas su ideario. “Roja de mierda” y “vete a follarte moros”, es la respuesta que ha recibido.

Iñaki Gurtubai, del PNV y diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza en Álava, ha tildado de “bobada” un comentario de Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, en el que aseguraba que, de haber sido él lehendakari, no habría autorizado la concentración de la Falange Española y de las JONS de este pasado domingo en Vitoria. “Nadie autorizó la manifestación de la Falange, tonto. Las manifestaciones sólo se comunican y sólo pueden prohibirlas los jueces”, ha escrito Gurtubai en Facebook, en respuesta a una publicación de Otxandiano. Después, ha editado el mensaje para retirar la palabra “tonto”.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Otxandiano aseguraba que no hubiese autorizado la concentración de la Falange en Vitoria. “La Falange vino a Gasteiz pertrechados [sic] con armas, con bates de béisbol o palos y cascos, precisamente con una intención clara de enfrentarse a aquellos que tuviesen la intención de hacer frente a esa concentración fascista”, aseveraba el portavoz de EH Bildu. A raíz de una contramanifestación, los dos grupos acabaron enfrentados físicamente, lo que resultó en heridos, diecinueve detenidos y daños al mobiliario urbano que el Ayuntamiento de la ciudad, concretamente un departamento en manos del PNV, ha cifrado en 10.000 euros.

La concentración de la Falange, coincidiendo con la fiesta nacional de España del 12 de octubre, se celebró en la plaza de la Provincia, junto al palacio de la Diputación de Álava, el que fuera primer Ministerio de Justicia durante la dictadura y desde donde se organizó la represión en las cárceles y el trabajo forzado, así como la derogación de los derechos civiles conquistados en la II República. Se da la circunstancia, además, de que en la trasera del lugar de los hechos hay un monumento en memoria de las víctimas del franquismo, dictadura de la que la Falange fue el partido único.

Otxandiano, en la entrevista, aludía al carácter simbólico del lugar. “Vinieron al centro de Gasteiz, a un lugar simbólico, hicieron apología al fascismo, enseñaron simbología preconstitucional y por tanto ilegal, cantaron el 'Cara al sol', que es uno de los himnos oficiales del régimen franquista, hicieron el saludo nazi, mancillaron la memoria de las víctimas del franquismo, hicieron exhibición de una ideología ilícita como es el fascismo...”, resumía.

Señalaba Otxandiano, además, que actos como ese “no se pueden permitir”. “El autogobierno vasco también se tiene que hacer valer a la hora de defender los valores democráticos. Este país tiene memoria histórica y ha sido víctima del fascismo en la historia reciente. No se pueden normalizar este tipo de actos”, abundaba. Y resumía: actos como estos podrían evitarse “no autorizando esa concentración”. “De esa manera, hubiéramos impedido todo lo que ha sucedido después”, defendía.

Gurtubai, que fue viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco y también dirigió las áreas de Policía y Emergencias en el Ayuntamiento de Vitoria, ha reprendido a Otxandiano por esa insinuación de que podría haberse no autorizado la concentración. “Nadie autorizó la manifestación de la Falange”, ha asegurado. Antes, ya le había hecho comentarios similares en redes sociales a la portavoz de la coalición en Vitoria, Rocío Vitero.

En casa de Teresa Usaola, como en muchas otras, la historia de qué ocurrió con su tío abuelo, el hermano de su abuela desaparecido en la Guerra Civil, ha sido siempre un tabú. Hasta que ella, que desde pequeña fue curiosa por naturaleza, empezó a preguntar por él. “Mi amama, viendo el interés que tenía, empezó a hablarme de la historia del tío Felipe. En la última etapa de su vida, cuando se mudó a nuestra casa, empezó a contarme mucho más y a transmitirme la angustia y el miedo que sintieron cuando desapareció y, sobre todo, la tristeza de sus padres y hermanos por no haber podido encontrarlo ni haber podido rescatar de él alguna de sus pertenencias. No pudieron tener ni su placa de identificación, ni siquiera su reloj”, explica Usaola a este periódico.

Felipe Bediaga fue un gudari, comandante del batallón Arana Goiri, que murió en la batalla del monte Saibi, situado en el parque natural de Urkiola (Bizkaia). Iniciada el 31 de marzo de 1937 la ofensiva franquista definitiva sobre Bizkaia con el bombardeo de Durango, Otxandio cayó el 4 de abril. En los días siguientes siguió la ofensiva con el objetivo de capturar los puertos de montaña. El objetivo de la I Brigada de Navarra fue concretamente el puerto de Urkiola, donde se encuentra el monte Saibi, también llamado Saibigain, que se trataba de una posición clave. Tras un duro combate, los franquistas consiguieron tomarlo, pero los gudaris y republicanos reaccionaron con fuerza. Durante la segunda semana de abril la posición cambió varias veces de manos.

El 14 de abril, sexto aniversario de la II República, el batallón Arana Goiri, encabezado por su comandante Felipe Bediaga, reconquistó la cumbre. Sin embargo, los franquistas devolvieron el golpe con fuego aéreo y artillería y Bediaga, según detalla el investigador memorialista Aitor Miñambres, que lleva años documentándose y divulgando sobre memoria histórica, “murió de un disparo en el mismo instante en que colocaba la ikurriña en la posición recién tomada”. Finalmente, el bando fascista tomó la estratégica cima. “En medio de una tormenta y de las complicaciones de la guerra, el cuerpo del comandante y los de sus hombres muertos jamás fueron encontrados, siendo muy probable que aún permanezcan en el terreno”, sostiene Miñambres.

Han pasado 88 años desde que asesinaran a Bediaga y la familia sigue sin tener rastro de su paradero. Sin embargo, gracias al trabajo realizado por Usaola, han conseguido que cada vez más gente se interese por ese capítulo de la historia y cada año realicen un homenaje en su memoria. El encuentro de este año, además de a familiares, ha reunido a la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, al exvicekehendakari Josu Erkoreka, a representantes de distintos ayuntamientos de Durangaldea y miembros de asociaciones memorialistas en un evento que ha contado con ikurriñas, banderas de Asturias (debido a que algunas víctimas tenían origen asturiano) y enseñas tricolores republicanas y que ha concluido con el canto del Eusko Gudariak. “Nos reunimos cada 14 de abril para hacerles un homenaje en el monte Saibi, en recuerdo de nuestros familiares que están allí aunque no sepamos dónde. Se trata de un homenaje emotivo y en recuerdo de nuestros familiares, pero también de un trabajo que se realiza para conseguir encontrarles”, reconoce Usaola.

En este sentido, destaca la labor realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea sobre el terreno en el marco del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil que desarrolla el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora). Tras tres exhumaciones realizadas durante 2024, han logrado recuperar los restos óseos completos de un combatiente de la Guerra Civil, además de restos no completos, es decir, fragmentos, de otros combatientes. Junto a los restos óseos completos de la persona encontraron también restos de la indumentaria, como fragmentos del chaquetón y del cinturón con la hebilla del Ejército Vasco, una pistola de la marca Astra, munición, y algunos objetos personales, como un mechero, dos monedas y dos ampollas de medicamento. “El hallazgo se sitúa en una de las laderas de la cima del monte Saibi (954 m.), próxima a la línea de una trinchera cavada en zigzag, en una zona baja, que podría ser una especie de refugio”, explican desde Aranzadi.

Para poder identificar a estas personas, Usaola destaca la importancia de que las familias que sospechen que algún familiar pudo haber desaparecido por la zona aporten su ADN. “Quiero hacer un llamamiento a las familias que puedan intuir que tienen un familiar allí. Que entreguen su ADN, porque es indispensable para poderles llevar a donde les corresponde”, insiste.

“En la zona de Saibigain tuvieron lugar duras batallas durante la Guerra Civil, entre el 6 y el 15 de abril de 1937, con muchos combatientes fallecidos según la documentación y los testimonios que se conservan. No en vano la cima tiene el sobrenombre de ‘monte de la sangre’ en referencia a cómo quedó el lugar, plagado de cadáveres, tras los diferentes combates para hacerse con el control de la cima, un lugar estratégico desde el punto de vista militar. De ahí el interés y la necesidad de llevar a cabo en esta zona una prospección sistemática y exhaustiva, siguiendo una metodología científica, que ha permitido recuperar los restos pertenecientes a tres personas, aun sin identificar. Tras el análisis de los restos óseos se procederá a la toma de muestras de ADN para su estudio genético”, sostienen desde Aranzadi.

El sueño de Usaola es poder encontrar a su tío abuelo, pero su búsqueda no es solo suya, se ha convertido en una lucha por defender los derechos humanos. “Yo siempre digo que no es una búsqueda únicamente personal. Si aparece mi tío abuelo me doy por satisfecha, pero también me sentiría satisfecha si aparece uno solo que pueda volver con su familia. Puedo estar equivocada, pero creo que es una herida que nunca se va a poder cerrar hasta que lo emocional no esté curado. Entonces, para curar las heridas emocionales necesitamos que toda esa gente esté donde le corresponde y podamos crear una sociedad menos polarizada políticamente. Ya va siendo hora, que son 88 años, ya somos otra generación. Tenemos que conseguir un poco de estabilidad, de hacer las cosas con coherencia. No estamos hablando de derechas o de izquierdas, estamos hablando de derechos humanos”, concluye.

Una bandera franquista ha ondeado en la Cruz de Malpica de Nájera desde el pasado sábado 12 de octubre. En la localidad creyeron que, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, alguien habría colgado la bandera española constitucional en esta emblemático monte. Sin embargo, al subir unos vecinos vieron que se trataba de la bandera franquista, con el escudo del águila de San Juan.

El PSOE de Nájera ha condenado estos hechos y ha reclamado al Ayuntamiento del PP que retire con urgencia la bandera franquista de Malpica, una peña que se ve desde todos los ángulos de la población.

Este miércoles por la tarde, después de la denuncia del PSOE y de que la bandera de la dictadura haya estado colocada cuatro días, un grupo de jóvenes han subido al subido al cerro y la han quitado.

Además, hace apenas diez días que la sede del PSOE de esta misma localidad fue vandalizada por cuarta vez en un año, después de dos veces en octubre de 2023 y una más en enero de este año. Actos a los que hay que sumar “puñetazos que hacen que salte la alarma, escupitajos y palillos y puntas que colocan en las cerraduras y mensajes anónimos amenazantes”, denunciaron los socialistas.

La agrupación de Nájera denunció que estos hechos “cometidos personas enemigas de la democracia y de la libertad”, a la vez que aseguraron que este tipo de actos no les van a quebrar porque seguirán “luchando con más fuerza aún” por todo en lo que creen y defienden.

Guillermo Torrijos Goyarzu (Bilbao, 1876/París, 1942) fue una de las personas que hizo posible la creación de las Juventudes Socialistas que hacia ya 1909 era una de las entidades juveniles más importantes. Fue elegido concejal del Ayuntamiento de Donostia, llegando a ser primer teniente de alcalde. Profesionalmente era propietario de un taller de carpintería en el barrio de Gros con cincuenta operarios que producía muebles para las máquinas de coser de la Cooperativa Alfa de Eibar. Sus obreros trabajaban una jornada menor que en otros talleres, los salarios eran superiores a los de las bases del oficio y todos los años repartía beneficios con los empleados. Por pertenecer al Comité Revolucionario de Guipúzcoa durante la revolución de octubre de 1934 fue condenado a veinte años de cárcel, permaneciendo en el penal del Dueso hasta la amnistía tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Durante la Guerra Civil fue presidente de la Comisión de Hacienda de Guipúzcoa y delegado militar del Gobierno vasco en Eibar. Al caer el frente norte se trasladó a Barcelona, donde llegó muy enfermo de tuberculosis viviendo en casa de Indalecio Prieto y siendo cuidado por su médico. Finalmente se exilió en Francia donde murió en agosto de 1942.

Las villas de Anaka fueron unas viviendas obreras construidas entre 1925 y 1936 en Irún por la Cooperativa Irunesa para la construcción de Casas Baratas, de la que fue presidente Florencio Iracheta Quilez (Madrid, 1895/Burgos, 1938), concejal socialista de Irún y, después, presidente local de UGT. Al comenzar la Guerra Civil Iracheta fue nombrado presidente de la Junta de Defensa de Irún. Ante la caída de la ciudad fronteriza en manos de los sublevados se trasladó a Hendaya con su familia y el 18 de octubre de 1936 solicitó trasladarse a Bilbao. El 5 de marzo de 1937, día que tuvo lugar el combate del cabo Matxixako, embarcó junto con otros pasajeros entre los que figuraba Manuel Carrasco Formiguera (miembro de Unió Democrática de Catalunya y delegado de la Generalitat ante el Gobierno vasco) y los concejales iruneses Gerardo Bienabe (Partido Republicano Radical Socialista) y Evaristo Larrañaga (Izquierda Republicana) y fue capturado y conducido a la cárcel donostiarra de Ondarreta.

Tras su detención fue trasladado a Burgos y juzgado en un consejo de guerra el 23 de julio de ese mismo año. Fue acusado de ser el instigador del asesinato de varios presos de derechas en Irún y del incendio de la localidad fronteriza y fue condenado a muerte. Pese a las intensas gestiones llevadas a cabo por el embajador francés Jean Herbette, en las que llegó a intervenir el jefe de la Comandancia de Irún, Julián Troncoso, Iracheta fue fusilado, junto con su compañero de corporación Evaristo Larrañaga, el 10 de marzo de 1938 en el penal de Cardeñas (Burgos).

A día de hoy no hay ninguna calle que recuerde a Guillermo Torrijos Goyarzu. En el caso de Florencio Iracheta Quilez sí que hay una plaza junto a las villas de Anaka que impulsó construir. Sin embargo, ambos comparten una historia “desconocida” para la sociedad, según sostiene Pedro Barruso Barés, profesor y doctor especializado en la Historia Contemporánea del País Vasco en los periodos de la II República, Guerra Civil y primer franquismo. Con el objetivo de poner fin a ese desconocimiento, Barruso, con el apoyo de la Fundación Ramon Rubial y el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha elaborado las biografías de los dos socialistas.

Memoria histórica contra el fascismo

“No son los socialistas más destacados ni salen en todos los libros de historia, pero su trabajo a nivel local fue importante y su memoria debe permanecer. Son héroes de la democracia”, ha reconocido Barruso en una presentación en la que han estado presente la directora de Cultura de la Diputación, María José Telleria y la vicepresidenta de la Fundación Ramón Rubial, Blanca Roncal.

“Al sacar a la luz la biografía de Florencio Iracheta Quilez, y de Guillermo Torrijos Goyarzu saldamos una deuda con nuestra historia. Se trata de un acto de justicia y reparación a las víctimas porque Iracheta Quilez y Torrijos Goyarzu representan una parte fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y lucha por la libertad. Divulgar sus biografías es un ejercicio de justicia y de memoria frente al olvido, un acto de la reparación, además de una manera de que formen parte de nuestra memoria colectiva”, ha destacado la directora de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, María José Tellería.

Según ha indicado la vicepresidenta de la Fundación Ramon Rubial, Blanca Roncal, uno de los objetivos de este tipo de trabajos es “garantizar que el fascismo no se repita”. “La memoria histórica democrática debe ser un saber básico para las futuras generaciones para garantizar la no repetición del fascismo y la consolidación de los valores democráticos de convivencia, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. La historia debe ocupar un puesto protagonista en nuestra memoria para quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. En la Fundación Ramón Rubial seguiremos impulsando diversos proyectos que consideramos muy necesarios si queremos construir una sociedad que pueda sonreír al futuro desde la verdad, la dignidad, el respeto a las víctimas olvidadas y la recuperación de la memoria”, ha concluido.

El Tribunal Supremo ha sentenciado las numerosas cruces franquistas que, en todo el país, recuerdan solo a los fallecidos del bando golpista durante la Guerra Civil y avala su retirada. Los jueces han estudiado el caso de la cruz franquista de la localidad alicantina de Callosa de Segura y entienden que si solo ensalza al bando golpista va en contra de la Ley de Memoria Histórica y debe ser retirada: “Supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, explica la resolución. “No se pretende más que retirar del primer plano cuanto signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil. Ese propósito no es incompatible con la libertad religiosa ni supone negar o desconocer las creencias de nadie”.

El caso de Callosa de Segura es uno de los más polémicos del país. Levantada en 1942 para homenajear el golpe y a los 80 vecinos de la localidad que murieron mientras luchaban en las filas del bando franquistas, su retirada de la fachada de la iglesia de San Martín se convirtió en la gran batalla política de este municipio alicantino de casi 19.000 habitantes. Un caso que llegó hasta el Supremo después de que un juzgado de Elche y el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana avalaran la negativa del consistorio a considerar una propuesta del PP para mantener la cruz.

El Tribunal Supremo confirma estas decisiones judiciales anteriores. “Estamos ante un símbolo religioso que contiene elementos que impiden reconocerle un valor neutral como mero símbolo artístico o artístico-religioso”, dicen los jueces. Por contra, tener una cruz franquista en un espacio público, sigue, “permite apreciar un acto de exaltación en cuanto contribuye a realzar el mérito de aquella contienda civil con la inclusión del listado de fallecidos de un solo bando, lo que, implícitamente, también conlleva la reprobación del bando contrario en la percepción social”.

Tal y como explicó elDiario.es cuando este recurso fue admitido a trámite, no existe una estimación ajustada de cuántas de estas cruces existen en España, aunque historiadores entienden que eran muy habituales, sobre todo en los municipios pequeños, instaladas tras el final de la Guerra Civil. En este caso, una asociación de defensa de estos símbolos de la dictadura denunciaba que los tribunales habían tomado decisiones contradictorias en casos similares en Navarra y en Galicia.

No afecta a la libertad religiosa

El primer caso es el de un monolito de Buñuel: una cruz con una veintena de nombres de miembros del bando franquista que, en el pasado, había tenido la inscripción habitual de “Caídos por Dios y por España”. Los tribunales dijeron que era “una relación de nombres y apellidos, ni más ni menos” y la lista “no implica, por sí sola, exaltación alguna del franquismo”. En el caso de Monte do Castro, en Vigo, la retirada de los símbolos franquistas y la insignia relativa a los “Caídos por Dios y por España” hizo desaparecer, para los jueces, “su carga política, y puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuera su significado originario”.

Ahora el Supremo establece que una cruz o un monumento con una lista de fallecidos del bando franquista “supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Este caso no es como el de Navarra o el de Galicia, añade, porque en esos monolitos se retiraron los elementos que exaltaban la Guerra y la dictadura. Retirar esa cruz y su exaltación de la dictadura pretende “retirar del primer plano cuanto signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil”. Eso, añade, “no es incompatible con la libertad religiosa ni supone negar o desconocer las creencias de nadie”.

Este caso de Callosa de Segura es el primero que llega a manos del Supremo y establecen de forma explícita su jurisprudencia: “Una Cruz, con un listado de personas fallecidas de uno solo de los bandos contendientes en la Guerra Civil, supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. La resolución, por tanto, afectaría también a cruces con solo nombres de fallecidos del bando republicano. En municipios como Cariñena, en 2021, las autoridades inauguraron un nuevo monumento que no distinguía entre los bandos de procedencia de las víctimas.

Los cargos nombrados el pasado jueves en Aragón ya han inaugurado las polémicas. Esmeralda Pastor, la nueva Directora General de Justicia, aparecía en su perfil de Facebook en una fotografía con la bandera franquista de fondo. Tras conocerse la noticia, la foto ha sido recortada.

La oposición al completo ha criticado el nombramiento de Pastor, que fue aprobado este jueves en Consejo de Gobierno junto al de otros 26 altos cargos de la nueva estructura del gobierno PP-Vox en Aragón.

Podemos ha exigido a Azcón “que cese de manera fulminante e inmediata”. Desde la formación afirman en un comunicado que han visto con “estupor y extrema preocupación”, cómo en sus redes sociales “la nueva máxima responsable en la Administración autonómica en materia de Justicia posa orgullosa delante de la bandera del régimen franquista, bandera completamente ilegal y que simboliza los más de 40 años en los que nuestro país se vio sumido en un régimen de terror, aislado del mundo tras una cruenta guerra civil que dejó cientos de miles de muertos, desaparecidos, exiliados, hambre y retrocesos a todos los niveles”. Haciendo referencia al discurso de investidura de Andoni Corrales, la formación expone que “hoy comprobamos que Jorge Azcón ha ido mucho más allá de sentarse en una mesa con una reconocida fascista sino que, como premio, le ha nombrado directora general en su gobierno”. 

El Partido Socialista también ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el cese “inmediato” de su directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, por “no reunir los valores constitucionales” y hacer “ostentación del franquismo” a través de sus redes sociales. Así lo ha subrayado la portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, que ha lamentado “profundamente” este nombramiento de Esmeralda Pastor como directora general de Justicia, a la que señala de posar “sin reparos con una bandera inconstitucional en sus redes sociales”.

Pérez se ha cuestionado qué tipo de perfil profesional es el elegido por Jorge Azcón para representar un sector que, ante todo, “debe velar por preservar los principios democráticos y el Estado de Derecho”. Asimismo, ha responsabilizado al presidente del Gobierno de traer “un nuevo perfil similar al de la presidenta de las Cortes”, Marta Fernández.

Las críticas de la oposición también han venido por parte de Chunta Aragonesista. Su presidente, Joaquín Palacín, ha pedido a Azcón “explicaciones públicas y urgentes por el nombramiento de Esmeralda Pastor, nueva Dir. General de Justicia del Gob. Aragón, dado que en sus redes sociales hace apología del franquismo”.

En la misma línea se ha pronunciado Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, que ha dicho en su twitter que para su partido es “franquismo” y que debe ser destituida “inmediatamente”.

Aragón Existe ha pedido también el cese “inmediato” de Pastor y han reivindicado que “No podemos tener a franquistas que no creen en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía dirigiendo la administración aragonesa”. Además, en su cuenta de Twitter han rescatado una publicación del Facebook de Pastor del año 2018 en la que compartía un post que ponía “Viva Franco y viva España”.

Sumar, la coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz, ha exigido este sábado la dimisión de la directora general de Justicia de Aragón por hacer “apología del franquismo” tras aparecer en sus redes sociales una fotografía de ella con la bandera franquista. A través de una publicación en la red social X (anteriormente Twitter), la formación política ha señalado que Vox “quiere llevarnos a la España en blanco y negro” y, a la par, ha apuntado que “hay límites democráticos que no deben sobrepasarse”. “Es intolerable que PP y Vox hayan nombrado directora general de Justicia de Aragón a una persona que hace apología del franquismo. Exigimos su cese inmediato”, ha agregado la petición de Sumar.

Desde el Gobierno de Aragón han declinado por el momento hacer ningún tipo de valoración ante esta petición.

Otras publicaciones

Debido a la polémica, se están borrando o haciendo privadas publicaciones de Esmeralda Pastor, sin embargo, aún quedan vestigios del tipo de contenido que solía compartir. Muchas de sus publicaciones están dedicadas a la Legión y, además, es muy aficionada a la tauromaquia, hasta el punto de compararla con el aborto. En una publicación compartía una imagen de un toro con la frase “¿Matarlo? Crueldad?” y otra de un feto con “¿Matarlo? Derecho?” y debajo de ambas “Que fácil es confundir”.

Pastor también ha compartido varias publicaciones de la Asociación Nacional del Arma de España. En 2020, al principio de la pandemia, también compartió una publicación de otra persona en la que se ironizaba sobre la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, haciendo ver que todo era un montaje.

Como en el caso de Pastor, otro nuevo miembro del gobierno de Aragón, el Director General de Caza y Pesca del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Jorge María Valero Sinués, también había publicado mensajes en el pasado haciendo apología del franquismo. En el verano de 2018, Valero publicó en su perfil de Facebook un mensaje de Twitter de la Legión en el que se recordaba el nacimiento de su fundador, José Millán-Astray, en el que también se lee ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión!

El programa de gobierno de Partido Popular (PP) y Vox en Aragón, que desde este fin de semana conforman una alianza conservadora en la comunidad autónoma, presenta entre sus puntos principales la derogación de la Ley de Memoria Democrática que había entrado en vigor en febrero de 2019. Una medida que se toma con “preocupación” por parte de las asociaciones que han trabajado durante este periodo amparadas por un marco legal que ahora va a desaparecer y afectará, sobre todo, a las exhumaciones de fosas comunes registradas durante la guerra civil y el periodo inmediatamente posterior. El hallazgo de estos restos, su identificación y entrega a sus familiares más próximos se encuentran en peligro. “Quieren volver a enterrar la dignidad de las víctimas”, reflejan.

Así lo indican las 19 entidades memorialistas integradas en la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que ya habían denunciado previamente el “poco desarrollo” de la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón. Señalan que “la memoria democrática es, además de un derecho democrático, una exigencia de la ciudadanía que aspira a una sociedad democrática, plural y diversa en la que sea un principio básico la garantía de no repetición del fascismo y sus consecuencias”.

También, “la base fundamental para desarrollar los valores de una sociedad que convive en paz, que respeta la pluralidad y la diferencia y que recurre a fórmulas democráticas para resolver los posibles problemas”. Y “patrimonio de la ciudadanía, no es patrimonio de ningún partido político y, lejos de ser un problema que la derecha reaccionaria quiere erradicar, es una aportación que eleva el nivel de una democracia”. La PAMA entiende que se han de garantizar los derechos de las víctimas del franquismo como “elemento imprescindible para avanzar en democracia”.

Con esta marcha atrás, el ejecutivo autonómico dejará de prestar un apoyo económico a las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los restos hallados en fosas comunes, bien en cementerios o en otros espacios estudiados a lo largo del tiempo por asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que inventarió con el respaldo del Gobierno de Aragón y del programa Amarga Memoria la existencia de 1.026 fosas comunes de la guerra y la posterior dictadura difuminadas por todo el territorio aragonés.

Supuso un ingente trabajo de localización, visita y estudio de los enterramientos. Asimismo, en la medida de lo posible, se documentaron las circunstancias históricas y las víctimas vinculadas con cada uno de ellos mediante información oral o publicaciones. La ley estatal supone un paraguas para que estos trabajos se puedan seguir realizando, aunque se enfrentarán a la traba de la falta de financiación autonómica. También se pondrá coto, según insisten estas asociaciones, a la eliminación de símbolos, denominaciones y nombres franquistas de las calles de las ciudades y pueblos aragoneses.

En un comunicado firmado por los organizadores de las Jornadas de Lucha y Represión Durante el Franquismo, de carácter anual, se refleja que “hay acuerdos políticos que denigran, que escombran el camino que nos permite ir hacia delante, que frenan el progreso y la decencia. Partido Popular y Vox acaban de suscribir uno de esos acuerdos en los que, entre otras regresiones sociales, culturales y económicas, proponen derogar uno de los instrumentos con los que por fin cuenta nuestra comunidad para devolver la dignidad y la justicia a todos quienes todavía tienen pendiente encontrar un lugar entre nosotros, después de haber sido expulsados de nuestra sociedad y de nuestro recuerdo durante tantos años de ignominia”.

La Ley de Memoria Democrática impulsada por Javier Lambán había sufrido un recorte en 2023, quedándose en la mitad de la partida que se había fijado para el año anterior: 262.000 euros. La Diputación de Zaragoza aporta en torno a 150.000 euros, mientras que las de Huesca y Teruel no la contemplan en sus cuadros presupuestarios. Solo para realizar el análisis genético de los restos de un represaliado pueden necesitarse mil euros, y la cifra aproximada de aragoneses enterrados en esta clase de emplazamientos puede alcanzar los 10.000.

La ley también incluye la obligatoriedad de eliminar todo vestigio franquista, so pena de que los ayuntamientos que se negasen a hacerlo perdieran el acceso a subvenciones de naturaleza autonómica. Se puso en marcha un protocolo de exhumaciones y la creación de un depósito de ADN homologado mientras el PP discutía su concepción desde el origen. La diputada popular Ana Alós ha tildado la ley de “sectaria e incompleta”, por lo que “votamos en su contra en su día” y es “perfectamente posible su derogación. Después ya veremos qué se puede hacer”.

En 2014, cuando era alcaldesa de Huesca, Alós facilitó el levantamiento de memoria de las víctimas de la represión franquista en el parque de los Mártires de la Libertad. El texto original de la ley, discutido por las derechas, indicaba que su objetivo era “facilitar la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra civil y de la dictadura franquista”; un deseo compatible “con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana”, lo que incluía la “exhumación e identificación por parte de descendientes de las personas asesinadas”.

A mí me parece bien que la derecha salga a la calle a manifestarse porque no le gusta lo que hace la izquierda cuando gobierna. Me proporciona una enorme sensación de estabilidad democrática y me transmite el reconfortante convencimiento de que todo está, más o menos, donde debiera estar.

Cierto es que podrían ahorrarse las banderas con el aguilucho por la caspa que sueltan, poniéndolo todo perdido; o dar cobijo a los antivacunas, en vez de decirles que se callen y den las gracias a los que les hemos salvado del COVID vacunándonos; o esa fijación casi infantil con quien sea presidente del Gobierno, que acaba convirtiendo la manifestación en un remake delirante de la escena de quemar a la bruja en Los Caballeros de la Tabla Cuadrada de los Monty Python.

Además, conviene ser justos y reconocer que, al menos esta temporada, amén de esa reconfortante sensación de normalidad democrática, la tradicional manifestación de la derecha extrema protestando fundamentalmente porque no gobiernan ellos y gobiernan los otros ha traído excitantes novedades.

La primera y más llamativa es que, al menos esta vez, no se quiere romper España, destrozar la Constitución y entregarse a los enemigos de la patria por pura maldad, o por pura corrupción, o por puro odio a España, o porque alguien en provincias tiene un astuto plan para acabar con España del cual la izquierda es cómplice.

Esta vez, según los propios organizadores de la marcha, todos los que no somos ni pensamos como ellos y por lo tanto somos traidores, corruptos o cómplices, tenemos un plan…. Y no cualquier cosa. Nada menos que “un plan oculto de mutación constitucional”; poca broma. No es un invento de la propaganda sanchista. Lo confirmaron los convocantes en el manifiesto oficial. No sé a ustedes, pero a mí, que soy una persona de orden, saber que hay un plan me tranquiliza mucho y me da seguridad y confianza en el futuro.

La segunda novedad es que nadie que tenga verdaderas aspiraciones de gobernar en algo después de mayo, en las municipales o autonómicas, o después de cuando sean las elecciones generales, estaba ayer en Cibeles. Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso, una de las mentes preclaras que hace tiempo ya nos viene advirtiendo del plan oculto de mutación constitucional.

Que tanta gente distinguida tuviera tantas cosas que hacer el sábado y sólo gente con mucho tiempo libre, como Rosa Díez o Inés Arrimadas, o pocas ganas de trabajar como las diputadas y diputados de Vox, estuvieran con ánimo de ir a Cibeles, únicamente puede tener una lectura. Además de manifestarse contra el Gobierno de los otros, una parte de los manifestantes lo hacían contra los suyos propios. Es su manera de resistirse a estar deslizándose lenta pero inexorablemente hacia la irrelevancia. La siguiente etapa en este viaje a ninguna parte de la extrema derecha española ya tiene trazado, únicamente falta poner la fecha: se llama moción de censura.   

La joven de 26 años inventó una personalidad para robar las propiedades que los 'rojos' dejaron en su huida y durante dos años María Teresa Álvarez Herreros de Tejada se llevó pianos de cola, cubertería, porcelanas y 30 pinturas, entre los casi 400 bienes requisados a los represaliados por el franquismo. Lo hizo sin problemas porque era la marquesa de Arnuossa, título que se había creado y que le abrió las puertas del expolio de las piezas que se exponían como “arte recuperado” en la posguerra. Con esta tarjeta de visita, desvalijó y se dedicó a venderlo por los anticuarios de Madrid. Parecía el plan perfecto hasta que una de las víctimas, el diplomático republicano Ricardo Baeza Durán, denunció en 1941 a la mujer por apropiarse de un cuadro que le pertenecía.

El 5 de junio de 1957 la Audiencia Provincial de Madrid declaró a María Teresa Álvarez autora de un delito de falsedad de documento oficial y otro de malversación. La Justicia franquista condenó a la falsa marquesa a un año de prisión menor y a 10.000 pesetas de multa por el primer delito, con arresto sustitutorio de seis meses si no pudiera pagar. Por la malversación, otro año de prisión menor con iguales condiciones. Además, debía indemnizar a Ricardo Baeza Durán con el pago de 35.000 pesetas por el único robo por el que fue denunciada, el de un tríptico con la Sagrada familia, atribuido a Bernard van Orley, en agosto de 1941. El tribunal declaraba en el mismo fallo la insolvencia de la procesada, liberándola de cualquier pago.

Lo más llamativo de la sentencia es que los tres magistrados de la Audiencia Provincial entregaron “definitivamente” el objeto de litigio “a su actual y legítimo propietario”: Bartolomé March (1917-1998). El menor de los dos hijos del banquero que sufragó el golpe de Estado de Francisco Franco contra la República había comprado la obra del pintor flamenco al anticuario e intermediario, Apolinar Sánchez Villalba, por 25.000 pesetas. Y el cheque lo extendió a nombre de su padre, Juan March. Eran 5.000 pesetas más de lo que el anticuario había pagado a la falsa marquesa por la preciada pieza, que había sido evacuada a Ginebra como parte del tesoro artístico español.

Más clemencia que castigo

Los jueces reconocían que el delito contemplaba la restitución del objeto ilícitamente sustraído, pero no ordenarían esta solución porque el tríptico había pasado “legalmente” al patrimonio del pequeño de los March. A su entender la compra fraudulenta era irrevocable porque cuando la adquirió en el comercio de Apolinar Sánchez frente al Congreso de los Diputados, el pequeño de los March no era consciente del delito. Esta justificación no sirve, por ejemplo, ante la justicia internacional que dirime los casos de expolio nazi.

María Teresa había sido declarada en rebeldía por no presentarse en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Madrid para ingresar en prisión provisional, ante los indicios del delito de estafa. Finalmente, la localizaron en Barcelona y perdió la libertad entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 1952, en la cárcel de mujeres de la ciudad condal. El Arxiu Nacional de Catalunya conserva la inscripción interna en el libro de altas y bajas, pero no su expediente porque “a diferencia de la cárcel Modelo, apenas se conservan registros de la cárcel de mujeres”, explican a este diario.

Así que llegó al juicio en libertad provisional y los magistrados de la Audiencia Provincial —que definieron a la Guerra Civil como “guerra de liberación”— rebajaron la pena de la condenada al máximo “en atención a la buena conducta de la reo, a su carencia de antecedentes penales, a su carácter de viuda madre de familia [aseguraba que tenía dos, uno enfermo de epilepsia] y naturaleza de los delitos”. Decidieron que separarían los castigos de ambos delitos “a fin de eludir el evidente perjuicio” de aplicarse en grado máximo. ¿Por qué eran tan clementes?

Víctima sin reparar

El Ministerio Fiscal había reclamado una condena triple por delitos de estafa, malversación y falsedad documental. Pedía imputarla seis años de prisión, multarla con 10.000 pesetas, indemnizar a Baeza con 35.000 pesetas (precio de la tasación de los peritos) y entregar el cuadro a Bartolomé March. El abogado de la familia propietaria reclamaba lo mismo y la devolución del cuadro a sus legítimos dueños. Además, aseguraba que el mercado habría pagado hasta 300.000 pesetas por la pintura. El letrado acusó a María Teresa Álvarez Herreros de Tejada de presentarse en el Museo del Prado “atribuyéndose indebidamente el título de marquesa de Arnuossa, que ni existe ni por tanto podría usar”.

El peor parado con la sentencia —que conserva el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares— fue el propietario legítimo del tríptico, Ricardo Baeza, escritor, masón y embajador de la República en Chile (1931-1935). Se quedó sin el cuadro que había adquirido en 1932, en la subasta de los bienes del fallecido Víctor Echaurren Valero, cónsul de Chile en España. La puja enfrentó aquel sábado a Baeza contra el embajador español en Roma, José Antonio Sangróniz. La obra estuvo en España, al menos, en los años veinte, cuando José Aleminos Aleminos, pintor restaurador de 63 años, la restauró en el número 1 de la calle San Pedro, hogar del cónsul chileno que regresó a su país, donde falleció. El tríptico volvió a España en 1933, con el matrimonio Baeza. En su chalé de la colonia del Viso, en Madrid, montaron una vitrina para conservar la pieza.

Las tres tablas ya no forman parte de la colección de la Fundación Bartolomé March y desde la institución tampoco saben cuándo dejó de pertenecer a la misma. Es probable que ni siquiera sea un Van Orley, señala Ana Dieguez, del Instituto Moll, un centro de investigación de pintura flamenca. Al recibir la imagen que tenemos de la obra, Dieguez lo cataloga de inmediato como de un seguidor de Pieter Coeck van Aelst (1502-1550), y advierte de que podría haber salido a la venta en el mercado internacional. El año pasado la casa de subastas Durán vendió un tríptico similar por 160.000 euros.

Los hechos

Aleminos recibió de María Martos, esposa de Ricardo Baeza, el encargo de pasar por la exposición del Museo del Prado a buscar el tríptico al que habían perdido el rastro desde su exilio a Argentina. El matrimonio había entregado la obra atribuida a Bernard van Orley a la Junta del Tesoro Artístico republicana, para su custodia, en Valencia, en 1936. El funcionario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) del Prado contó a Aleminos que la pieza se la habían entregado a María Teresa Álvarez Herreros de Tejada, que había jurado por Dios y por su honor que era de su “absoluta” propiedad.

El restaurador se puso en contacto con la falsa marquesa, a la que cogió por sorpresa. Debió de contestarle lo que pudo para salir del paso “de forma incoherente”.

María Teresa le contó que el tríptico no le pertenecía a ella. Que como tenía muchos cuadros, más de 140, “no tenía mucha certeza” de si ese era o no suyo. Así se recoge en el extenso sumario 491 realizado por el Juzgado de Primera Instancia, en el que aparecen las declaraciones de hasta 15 testigos, que descubren con sus testimonios la verdadera personalidad de la marquesa de mentira. Solo dos de ellos declararon a favor de los intereses de esta mujer que durante más de dos años se dedicó al expolio y venta de bienes de los represaliados por el franquismo.

Robar a los 'rojos'

Desde Chile María Martos pidió al restaurador Aleminos que se enterara de si había vendido ya el cuadro y a quién. Para no levantar sospechas el restaurador escribió a María Teresa con la excusa de que había gente interesada en adquirir el tríptico. Esta contestó que para dar informes antes tendrían que abonarle 1.300 pesetas. Lo repartirían: 1.000 para ella y 300 para el restaurador. Él no aceptó el trato y le inquirió entonces que le dijera si lo había vendido y la comisión se la llevaría ella. María Teresa no fue clara y entonces los Baeza pusieron la denuncia contra Álvarez Herreros de Tejada.

Mariano Robles Romero fue el abogado que defendió la causa de la familia republicana expoliada y quiso citarse con la marquesa, pero le contestó con evasivas. Hasta que un día mandó al despacho del letrado a un tal doctor Romero Espínola al que le contó el caso y le indicó que deseaba recuperar el cuadro. Le mostró hasta la foto que apareció en la prensa chilena anunciando la subasta, con el tríptico en primer plano. El tal Espínola se asustó y dijo no saber nada, pero prometió hablar con María Teresa para aclarar lo ocurrido, porque él era “un hombre honorable y recto y no podía amparar esta situación”.

A los pocos días, Espínola entró en contacto de nuevo con Robles para informarle de que se retiraba del asunto. Y se despachó sin filtros: la marquesa de Arnuossa le había contado que había retirado ese cuadro con la firma de otros amigos [mandó a un septuagenario llamado Federico Ferrándiz] al saber que era de un “rojo”, “en compensación por los perjuicios que los rojos le habían hecho a ella”. Por si le quedaba alguna duda, Espínola aclaró que no era su administrador, sino su “habilitado”. Entonces pasó a confesar al letrado que había tenido muchos otros disgustos con ella “por asuntos similares al del cuadro en cuestión”. Ya no quería saber nada más de María Teresa, entonces de 26 años.

En esta historia cada línea se vuelve más inverosímil que la anterior. Rafael Romero Espínola tenía 63 años y conoció a la marquesa tres años antes, cuando se presentó en su casa “con el propósito de que su esposa le educase la voz”. Una vez dejó de ir por el domicilio regresó otro día con una tabla que ella atribuía a Goya, acreditada con un documento del SDPAN. María Teresa le pidió que lo guardara por un día. A la mañana siguiente se presentó en la puerta un restaurador interesado que determinó que no había Goya por ninguna parte. “Especulando con su título de marquesa se dedica a la compra-venta de porcelanas y cuadros, siendo de lo que vive”, le dijo Espínola a Robles.

Un negocio redondo

Sacaba para vivir robando los bienes “huérfanos” de los republicanos, que vendía en los anticuarios donde los privilegiados encontraron en esos años una fuente de enriquecimiento a buen precio. Maria Teresa mantenía su tinglado gracias a la complicidad de muchas personas en la cadena expoliadora que había montado. Al abogado Robles le había quedado claro que el cuadro ya estaría liquidado.

Y así había sido. Apolinar Sánchez, uno de los anticuarios de confianza de María Teresa, recibió una llamada de la marquesa para hablarle del tríptico. Cuando estuvo delante de la obra le pareció buena compra, pero al parecer ella no quiso vendérselo en ese momento. Aunque antes de salir del apartamento, le pidió 8.000 pesetas, que Apolinar le concedió. No explicó por qué tenía tanta confianza en ella pero sí recordó que pasado el tiempo volvió a llamarle. Había decidido vender el tríptico por 20.000 pesetas (a descontar las 8.000). “Y efectuó la compra con la vehemente sospecha o seguridad de su ilegítima procedencia”, aseguró el abogado de los Baeza sobre la transacción.

El cuadro no era de su propiedad y nunca sabremos si el anticuario lo sabía o lo sospechaba, pero Apolinar aseguró en los juzgados que “no tuvo la menor duda de legitimidad de la propiedad puesto que se trataba de una marquesa”. El comerciante llamó de inmediato a Bartolomé March, a quien la Sagrada Familia le gustó. Y le pagó las 25.000 a nombre de su padre.

Un ciclón de mentiras

La falsa marquesa tuvo que declarar el 7 y el 23 de enero de 1948. Tenía 34 años, vivía en la calle de Santiago, 34, en Alcalá de Henares, y demostró no temer al falso testimonio. El relato que improvisó ante el juez fue un delirio sin freno. Contó que el cuadro llegó a su poder por una herencia de su tía Yecla Herreros de Tejada, antes de la guerra. No pudo precisar el año, pero sí fue “después de la República”. Primera contradicción. Ese día se presentó en su casa una supuesta familiar que nunca antes había visto. “Una señora que según se enteró era su tía y que se llamaba Yecla, de la cual no supo nada porque sus padres le prohibieron estar presente en las conversaciones que sostuvieron, y la cual dejó en casa un gran baúl y dijo que todo lo que había en su interior era para la niña”, puede leerse en el sumario.

Ni siquiera fue capaz de recordar el parentesco con Yecla, que debía ser prima hermana de su madre, indicó. Sí recordó lo primero que dijo su padre cuando Yecla entró por la puerta de´su casa: “Ya está aquí el ciclón, la vergüenza de la familia”. María Teresa suponía que por el acento y el habla de la señora, debía ser de Cuba... En la instrucción del caso no pudieron contactar con la tía Yecla porque desde ese día no volvió a verla nunca más y desconocía su paradero.

La cuestión es que la tía Yecla traía un baúl en el que, al parecer, contenía objetos valiosos y raros. Y el dichoso tríptico. Sus padres colocaron el cuadro en su casa, cuando vivían en Alfonso XII, 56. En esta casa se encontraba la pieza “cuando se inició el alzamiento y donde apareció todo lo demás”. En todo este proceso, María Teresa, que se hizo tarjetas sin datos de localización, llegó a dar hasta cinco direcciones diferentes. El cuadro, como ya se sabe, se encontraba evacuado en Ginebra. Era imposible que estuviera en la casa de sus padres. Volvió a cruzarse con el cuadro, dijo, visitando la exposición del Museo del Prado e hizo la papeleta de la reclamación.

En 1942, como se vio necesitada de dinero, trató de venderlo pero quienes lo vieron le dijeron que no valía gran cosa. Entonces hace acto de presencia otra aparición inesperada: el pintor Ignacio Zuloaga (1870-1945), de quien dijo que les unía una gran amistad. El artista, al contemplar el tríptico, le aseguró que se trataba de “una copia muy mala y que no le interesaba”, sostuvo la marquesa ante el secretario del juez.

Entonces le preguntaron por su marido. Ella respondió que no tenía parientes próximos y que su marido había sido asesinado en Barcelona “por los rojos”. Pero no hizo nada para que se inscribiera su defunción. Contó a los funcionarios que se llamaba Fernando Díaz Trenor, que se casaron en la parroquia de Los Jerónimos, el 16 de julio de 1936 y que, según había oído decir, se dedicaba con sus hermanos a vender barcos de fruta, en Valencia. María Teresa también sostuvo que se enteró del fusilamiento de su marido a los pocos días de ser detenido, cuando residían en Barcelona, pero no hizo nada para denunciar su asesinato, ni le dio entierro.

La última bala

María Teresa estaba acorralada y decidió usar el comodín de la dictadura: una delación sin pruebas. Mandó al juez un extenso escrito con el único propósito de denunciar a “la esposa del embajador rojo”, para desviar la atención de sus latrocinios. Su relato incriminatorio arranca por el “embajador comunista” en Chile, “hombre de pocos o ningún escrúpulo, según referencias de personas honorables de aquel país”, que se dedicó a “toda clase de ideas avanzadas y de una absoluta falta de religión, predicó en mítines y conferencias el amor libre y otras cosas que llevó a la práctica”.

La acusación contra María Martos, a la que llama “la Baeza”, y su marido continuó: “Al estallar el glorioso alzamiento, se encontraba en su casa de Madrid y desde el primero momento colaboraron con el gobierno rojo durante los tres años de guerra, donde el señor Baeza obtuvo pingües beneficios y cargos”. A María Martos le señaló también por cooperar con Margarita Nelken (1894-1968), escritora, crítica de arte y política feminista del PSOE y del PCE, exiliada en México.

El ventilador delator que encendió la falsa marquesa tuvo un efecto favorable en los jueces de la Audiencia Provincial, que apreciaron en la ladrona de los bienes de los represaliados por el franquismo una evidente “buena conducta”. María Teresa fue una ciudadana ejemplar del régimen a ojos de la Justicia franquista.

Y ofreció al juez una nueva justificación para sus actos usando a uno de sus supuestos hijos. El que padecía epilepsia también sufrió una “bronconeumonía doble”. Así justificó la venta del cuadro: no fue con ánimo de lucro, sino para pagar el tratamiento de su criatura. “Yo sabía que solo la consulta con Jiménez Díaz eran 2.000 pesetas. El señor Zuloaga, con quien desde antaño nos unía gran amistad, me dijo que, por desgracia, lo que quedaba de mi casa era de escasísimo valor. Entonces yo le hablé del tríptico y él contestó que era el peor de todos, pues a su entender era una copia”, relató María Teresa. También acusó al anticuario de pagarle por partes una cantidad insuficiente para el tratamiento.

Antes de acabar su acusación, pidió al magistrado que localizara el tríptico, porque estaba, dijo, en poder de los Baeza. Y una vez se encontrara propuso entregarlo al orfelinato de San José de la Montaña. En el alegato final de su desvarío aseguró que Bartolomé March era un invento creado entre todos para quedarse con el cuadro y abusar de ella. Así lo recordaba la falsa marquesa de Arnuossa: “Por lo que salí llorando de la tienda y diciéndoles que eran una cuadrilla de sinvergüenzas”.

Varias banderas franquistas y de Falange se pudieron ver este jueves frente al Ayuntamiento de Almería, durante la celebración del Día del Pendón, que conmemora la toma de la ciudad de los Reyes Católicos.

La celebración tiene lugar cada 26 de diciembre y este año se conmemoró el 530 aniversario. Además de la lectura de un pregón, los actos consisten en pasear el estandarte que los Reyes dejaron en la ciudad por el centro histórico, hasta llegar a la Catedral, donde se celebra una misa en recuerdo del hecho. Esta es, a grandes rasgos, la celebración canónica, a la que en los últimos años se ha sumado la presencia de banderas preconstitucionales y símbolos falangistas.

Ocurrió también este jueves, tal y como denunció en su cuenta de Twitter Juan Francisco Colomina. “El facherío almeriense haciendo gala del aguilucho y la Falange. Luego se preguntan por qué no tiene arraigo esta celebración en Almería. Una de las causas es esta”, escribió, acompañando el texto de dos imágenes tomadas en la Plaza de la Constitución, frente al ayuntamiento de Almería, donde se observan la bandera con el Águila de San Juan (utilizada originariamente en el escudo de los Reyes Católicos y luego por el régimen franquista) y dos banderas de la Falange.

“Ocurre todos los años. Siempre aparecen ocho o diez con la bandera franquista o la falangista, y algún sector que se vincula a la independencia de Almería de Andalucía”, explica por teléfono Colomina, que fue en las listas del PSOE en las últimas elecciones municipales. Es el día en el que aparecen “sin complejos”: “Hacen comentarios en alto: Viva España Grande… Y si les dices algo te miran atravesado”.

Las reivindicaciones de Vox

Este año, Vox ha intentado capitalizar la celebración. Su grupo municipal, cuyo apoyo fue clave para que Ramón Fernández-Pacheco retuviera la alcaldía, ha pedido que la Legión participe en el acto para dotarlo de “mayor solemnidad”. También ha solicitado la vuelta al “texto original”, que decía: “Almería por España y por los Reyes Católicos”. Bajo la actual fórmula el alcalde pronuncia las palabras “Almería por Andalucía, por España, por los Reyes Católicos y la integración de todos los pueblos” mientras tremola tres veces el pendón.

Además, Rocío de Meer y Carlos Fernández, los dos diputados almerienses de Vox, han registrado una petición al Gobierno para que inste a la UNESCO que declare el Día del Pendón como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, según anunció el partido. “Vox siempre defenderá la cultura y las tradiciones que hacen a la provincia de Almería única, velando por su identidad y su historia”, señaló el partido de extrema derecha en un comunicado.

El partido de Santiago Abascal lleva tiempo anunciando su interés por realzar esta celebración. Ya en enero, el presidente provincial Juan Francisco Rojas mostró su pesar por el escaso seguimiento de la fiesta en Almería, en contraste con la celebración de la Toma de Granada el 2 de enero. “Es una pena quedarse con esa sensación agridulce, yo creía que sería una festividad más concurrida”, declaró Rojas a Almería Hoy.

Sin embargo, el Día del Pendón no tiene arraigo popular en la capital almeriense. Se trata de una celebración protocolaria, que ni siquiera ha sido festivo local en 2018 y 2019. Sí lo fue en 2017, tras un acuerdo del Pleno. Durante el Franquismo se convirtió en un día para mostrar adhesión al régimen, pero tampoco tuvo especial seguimiento, según Colomina. “Sigue sin tener mucha incidencia porque está apropiada por la gente más conservadora y la ultraderecha”. Este año ha sido el más concurrido de los últimos tiempos, y habría rondado los 200 asistentes, según su estimación.  

Un hito histórico con fecha confusa

En puridad, Almería no fue tomada, sino rendida de manera incruenta. El fin del dominio musulmán sobre la ciudad de Almería se produjo después de las capitulaciones de El Zagal (penúltimo rey nazarí del Reino de Granada) ante los Reyes, que se firmaron en Baza (Granada) el 10 de diciembre y hoy se exponen, tras el hallazgo casual en los años 90, en el Museo de Almería. Es un cuadernillo bifolio que recoge un acuerdo de 28 puntos. 

También parece claro que la entrada de los católicos en la ciudad no fue el 26 de diciembre, sino el 22, cuando llegaron los lugartenientes del monarca, Pedro Sarmiento y Gutierre de Cárdenas. Hasta el 23 no llegó Fernando, y un día después llegó Isabel. Los acuerdos no se elevaron a definitivos hasta el 11 de febrero de 1490.

María Dolores de Cospedal puede acordarse durante mucho de tiempo de una de sus primeras fotografías oficiales tras anunciar que quiere liderar el PP ante el adiós de Mariano Rajoy. La actual líder de la formación en Castilla-La Mancha se ha hecho un selfie junto a un hombre que tiene en su móvil una pegatina de la bandera franquista.

eldiario.es ha podido confirmar que el dueño del teléfono con la enseña de la dictadura es César García de la Cruz, un abogado y promotor inmobiliario que también ha sido tertuliano en televisiones privadas de la región castellano-manchega.

La imagen ha sido distribuida por el propio PP castellano-manchego, y estaba incluida dentro de un pack de fotos de Cospedal de este martes. Todas han sido tomadas en distintos momentos de la Junta Directiva Regional del partido conservador que se ha celebrado en Toledo. Ha sido en este acto donde, tras un discurso lleno de suspende, la expresidenta de Castilla-La Mancha ha confirmado su candidatura al congreso del PP de julio.

Posteriormente, los populares han enviado un email de “rectificación” en el que han vuelto a enviar imágenes del acto. Pero en esta ocasión no estaba la imagen del hombre con la bandera franquista posando junto a Cospedal. “Pedimos disculpas por el anterior envío remitido por error y este nuevo envío de fotografías sustituye el anterior”, ha escrito el PP en el mensaje remitido a los medios.

Esta fotografía con alguien que presume de una bandera franquista es otra de las primeras anécdotas de la candidatura de Cospedal a ser la sucesora de Mariano Rajoy. Antes, había fallado al definirse como la “primera mujer secretaria general de un partido”, ya que Dolores Ibarruri lo fue del PCE entre 1942 y 1960.

Cospedal ha entrado en una pugna en la que también están ya Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado o José Manuel García-Margallo.

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El alcalde de Tormos, Jerónimo Bermúdez, del Partido Popular, ha vuelto a colgar como imagen de portada en su perfil de Facebook la bandera preconstitucional española con el escudo franquista dos días después de levantar una polvoreda por la misma razón. Podría decirse que, inasequible al desaliento, Bermúdez desafía ahora a todos aquellos que lo han criticado, y a la vez a su propio partido, que se proclama constitucionalista.

Esta vez no sólo ha colgado la imagen de la bandera con el escudo del águila. Además, ha llenado su perfil de mensajes e imágenes en el mismo sentido. Ya días atrás comentó que le “encanta” esa bandera, y ahora hace gala de esa debilidad por ella.

En otra de sus publicaciones, sube la imagen de la primera página de la Constitución española original de 1978, presidida por el escudo con el águila de San Juan. No añade ningún comentario, pero parece intentar dar a entender con ello que el escudo franquista es constitucional, aunque no sea así. Efectivamente, la Constitución fue sancionada con ese escudo, ya que todavía no se había modificado sustancialmente el del régimen anterior. Eso vendría después. Ahora bien, tampoco es igual el que admite el águila de San Juan que el del régimen franquista. Ya había sido modificado por Real Decreto de 21 de enero de 1977.

El caso es que desde que dos días atrás de que fuera noticia por exhibir en su perfil la bandera franquista, Bermúdez, en lugar de rectificar, se ha venido arriba. Ya antes de volver a subir la imagen, utilizó el Facebook para lanzar mensajes con los que, inequívocamente, pretendía defenderse de las críticas. “Tengo ese don único y envidiable de hacer que las personas me odien sin conocerme”, publicó el jueves, cuando ya era noticia a nivel nacional.

Sólo unos minutos después elevaba el tono hasta lo soez, subiendo la siguiente imagen a su perfil.

También declaró en su Facebook el alcalde de Tormos que no se arrepiente de expresar su admiración por esa bandera del régimen de Franco. No sólo por volverla a subir como imagen de portada, sino también con una cita de El Quijote: “Si los perros ladran, Sancho, es señal de que cabalgamos”.

El pasado mes de diciembre, en vísperas de las elecciones catalanas del 21-O, un vecino colgó en su balcón en la localidad valenciana de Alaquàs una bandera preconstitucional con el escudo franquista, una circunstancia que fue denunciada en redes sociales por un “conocido hostelero” local que se preguntaba cómo el ayuntamiento consentía la presencia de simbología franquista en las calles.

Desde el PSPV-PSOE, al igual que también hicieron desde otras formaciones, se hicieron eco de la polémica y solicitaron la retirada de la enseña utilizada durante la dictadura al vecino que la había colgado. El ciudadano en cuestión la retiró inicialmente, aunque el pasado lunes la volvió a colgar de su balcón.

El concejal y secretario local socialista de comunicación, Toni Saura, lamentaba que este tipo de símbolos “sólo vienen a tratar de enturbiar la convivencia pacífica” en la localidad, al tiempo que puntualizaba que la Ley de Memoria Histórica no contempla la ilegalidad de esta clase de símbolos si corresponde a particulares, por lo que desde el consistorio -que gobierna la socialista Elvira García- “no había forma legal de actuar”.

Ordenanza Ciudadana

El PSPV-PSOE, que pretende remitir un escrito firmado por todos los grupos municipales a este vecino para solicitarle de nuevo la retirada de la bandera franquista, trabaja en el borrador de una Ordenanza de Convivencia Ciudadana en la que se incluya algún tipo de sanción por la exhibición de este tipo de símbolos constitucionales.

La normativa, que se encuentra bastante avanzada, podría llevarse al pleno en los últimos meses, aunque Saura reconoce que las competencias municipales son bastante limitadas: “Según la Ley de Memoria Histórica, ni siquiera podemos retirar el yugo y las flechas de una fachada, algo que depende de la comunidad de vecinos”. No obstante, el equipo de gobierno pretende “aprovechar al máximo los resquicios legales para restringir al máximo estas expresiones preconstitucionales que pueden afectar a la convivencia”.

El contenido y las competencias que pueda asumir el ayuntamiento en esta futura Ordenanza de Convivencia Ciudadana dependerán de lo que dicten los informes jurídicos municipales: “Por el momento, lo que hemos conseguido es abrir el debate entre partidos políticos y colectivos sociales locales”.

Miles de personas se concentraron el pasado sábado en la Plaza de Colón de Madrid por la unidad de España, en una movilización inundada de banderas españolas. Organizadores -entre los que estaba la Fundación DENAES para la defensa de la nación española- y asistentes querían evitar que entre ellas se colase alguna franquista, como ha ocurrido en otras movilizaciones del mismo signo, y su empeño acabó en un enfrentamiento entre dos manifestantes.

La Policía investiga el altercado tras una denuncia presentada en la comisaría de Ciudad Lineal, según informan fuentes policiales a eldiario.es. Un ciudadano de 30 años acudió a ella tras la manifestación para relatar a los agentes que otro participante le había amenazado, empujado y arrebatado la bandera que llevaba.

La enseña que provocó la disputa lucía el Águila de San Juan sobre el rojo y el amarillo gualda. Es decir, era la bandera franquista, que ya se ha visto en diversas concentraciones a favor de la unidad de España.

Según el relato de la denuncia, cuando el manifestante sacó ese símbolo preconstitucional, otro asistente se le acercó para recriminarle su actitud. El presunto agresor le espetó: “tú no tienes que estar aquí con esa bandera” y “vas a acabar detenido o en el hospital”. Molesto con su actitud, le arrebató la bandera.

En la denuncia, presentada por robo e intimidación, el denunciante identifica a su agresor como un miembro del partido de ultraderecha VOX. Al acto asistieron varios miembros de esta formación, incluido su portavoz, Santiago Abascal, patrono de DENAES, que intervino desde la tribuna para cerrar el acto.

La Policía investiga ahora ese incidente, que se produce después de que en varias concentraciones por la unidad de España sus participantes mostrasen banderas franquistas y hasta entonasen el 'Cara al Sol'.

Así ocurrió en la concentración del pasado 30 de septiembre frente al Ayuntamiento de Madrid. Organizada también por DENAES, los asistentes cerraron el acto brazo en alto mientras entonaban los versos del himno de Falange Española. Algunos portaban también banderas franquistas, sin que en esta ocasión consten incidentes al respeto.

Seis días después de envolverse en una bandera franquista en una plaza de toros, el torero Juan José Padilla visitará el próximo jueves Figueroles, un pequeño municipio de la provincia de Castellón. Padilla dará una conferencia en la comarca del Alcalatén titulada “Vuelta a la vida” dentro de la programación cultural de las fiestas patronales de la localidad. 

En un vídeo publicado en su perfil de una red social, Padilla invita a los vecinos a acudir a la conferencia en la que hablará de los “recuerdos” acumulados en su trayectoria como torero. El sábado, el torero se envolvió en una bandera con un gran escudo franquista en el centro y se paseó por el ruedo en Villacarrillo (Jaén). 

Después, se justificó en declaraciones a El Mundo: “La bandera no era mía. Me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas”. Preguntado por si se sentía incómodo llevándola, contestó que “para nada”. “¿Por qué iba a sentirme incómodo? Ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente. El problema que tenemos los españoles no es si la bandera tiene el águila o no”.

Poco más tarde, Padilla emitió un comunicado en el que explicó que “yo me puse la bandera sin saber si era la constitucional o no. No vi ni miré a mi espalda”. “Soy torero y español pero nunca he querido voluntariamente ofender a nadie”, añadió. 

Banderas franquistas y saludos fascistas para conmemorar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 con una caravana de coches. Eso es lo que se pudo ver el pasado sábado en la localidad cordobesa de Lucena, donde un desfile de una docena de vehículos recorrió el municipio con altavoces y exhibiendo la bandera preconstitucional el día en que se cumplían 79 años de aquel 18 de julio en el que se derrocó al Gobierno de la II República y se dio inicio a la Guerra Civil.

La marcha de coches –que sorprendió a los vecinos de la localidad- no había sido comunicada ni, por tanto, autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, según ha explicado públicamente el propio subdelegado, Juan José Primo Jurado. “Confirmo que era una manifestación no comunicada (…) No había sido comunicada y por tanto será sancionada”, ha adelantado.

En ese sentido, Primo Jurado ha informado de que el comisario provincial de la Policía Nacional en Córdoba ha ordenado que se realice un informe sobre la caravana franquista de manera que se investiguen los hechos y que “se identifique a los que participaron” en ella, quienes además de portar banderas franquistas exhibían símbolos similares y proclamaban “vivas” a Franco.

La Subdelegación del Gobierno basa su postura para sancionar la marcha en que “todas las concentraciones y manifestaciones que superen las veinte personas tienen que ser comunicadas a las sedes de la Subdelegación del Gobierno, salvo que sean con carácter de urgencia como un accidente laboral o un atentado terrorista”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lucena ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, sobre los que ha dicho no disponía de información ni comunicación previa sobre su celebración. Desde el grupo municipal de IU, su portavoz Miguel Villa, ha denunciado los hechos en redes sociales y ha pedido que se condenen expresamente. Ha calificado la caravana de coches franquistas como “vergonzosa y cruel ofensa a la democracia y a nuestra memoria histórica”. Y, en ese sentido, ha considerado que estos hechos están “prohibidos por la Ley de Memoria Histórica”, según ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales.