El grupo municipal del PP de Carboneras (Almería) ha roto el acuerdo de gobierno que hasta ahora sostenía al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos). El regidor, que lo era a pesar de ser el único de la lista de Ciudadanos que obtuvo acta en 2023, gobernaba los últimos meses en minoría con cuatro concejales populares, gracias a la incapacidad de los demás para ponerse de acuerdo. A partir de ahora liderará un gobierno aún más exiguo: solo dos integrantes: él mismo y la concejal no adscrita y ex del PP, Ángeles Carrillo.

El movimiento añade otro nudo al fenomenal embrollo de familias y rivalidades políticas amarrado con fuerza a la gestión del delicado asunto de El Algarrobico, el hotel ilegal construido entre 2003 y 2006 en una playa (en pleno dominio público) y que invade, además, parte del parque natural de Cabo de Gata. Los matrimonios de conveniencia y traiciones políticas entre los mismos protagonistas durante los últimos veinte años son tantos que resulta difícil seguir el hilo. En Carboneras, las siglas son vehículos de las personalidades que mueven el voto, y cualquiera puede ser apoyo o puntilla de cualquiera en ese Ayuntamiento.

El Algarrobico y sus consecuencias tienen una parte muy importante de culpa. En un vídeo publicado en Facebook, el secretario general del PP almeriense Francisco Bellido explica que la ruptura se produce por la “pérdida de confianza absoluta” en la gestión de gobierno que lideraba Hernández, y concreta que tenían una “opinión distinta” de “asuntos tan importantes como El Algarrobico”, lo que ha llevado a una situación , han hecho que la situación sea “insostenible”: “Lo mejor era abandonar”.

“Criterios diferentes”

Según Bellido, el PP mantiene un “compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales” relativas al hotel ilegal, pero dentro del propio Gobierno municipal existen “criterios diferentes” al respecto, lo que pone en cuestión la voluntad real de Hernández por cumplir la resolución judicial que obliga a declarar la nulidad de la licencia y a avanzar en el derribo. El resto de motivos a los que alude Bellido son mucho más difusos, nada tan concreto como la discrepancia en relación con El Algarrobico, cuyo origen, sin embargo, no ha aclarado.

Por su parte, Hernández ha achacado la ruptura a la “sombra de las elecciones”, para la que quedan diez meses.

El Algarrobico ha sido protagonista reciente de la actualidad de Carboneras porque la semana pasada, el Pleno aprobó al fin anular la licencia de obras del hotel ilegal concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, para dar así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021, firme desde 2022. Votaron a favor el alcalde, los cuatro concejales que integran el equipo de gobierno y dos concejalas del PSOE, además de Hernández.

Era la segunda vez que se traía esa propuesta al Pleno. La primera, tres semanas antes, no llegó a votarse por una maniobra de última hora de los cinco concejales del PSOE y dos no adscritos, entre ellos los exacaldes José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. Este fiasco generó una escandalera nacional y la advertencia firme de los magistrados del TSJA para que el Ayuntamiento ejecutara de una vez su sentencia.

El origen: un alcalde histórico y un turbulento triángulo político

La mole varada en la playa del mismo nombre explica una porción sustancial de los vaivenes políticos de este municipio del Levante almeriense, donde también juegan un papel las conexiones familiares y las manifiestas enemistades personales que tienen su origen en los roces acumulados por décadas en la política municipal. Una advertencia previa: no es fácil de seguir.

La historia moderna del poder municipal en Carboneras arranca con un histórico mandatario local, proveniente de una poderosa familia de poder durante el franquismo: Cristóbal Fernández fue alcalde desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011. Primero, con un partido local; después, se recolocó en el PSOE, desde donde en 2003 concedió la licencia de El Algarrobico a pesar de que incumplía lo previsto en la Ley de Costas y en el Plan de Protección de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. En 2007 fue inhabilitado junto con su hermana Rosario por presionar a un conserje para que le votara, pero ambos fueron indultados 15 días después de empezar a cumplir la condena por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Salvador Hernández tomó el relevo de Fernández en 2011. Por entonces era el líder del partido local Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), y allí tenía como hombre de confianza a Felipe Cayuela. Gobernó siete años, hasta que en 2018 fue inhabilitado por denegar información a los socialistas, que le habían denunciado, y cedió el testigo a su delfín Cayuela. El ejercicio del poder distanció a Cayuela de su antiguo jefe: a partir de entonces, los antiguos compañeros se convertirían en rivales irreconciliables, incapaces siquiera de mirarse a la cara. Esa rivalidad reventó el grupo popular desde dentro.

El primer mandato de Cayuela duró poco. En 2019, el PSOE volvió a ganar las elecciones y José Luis Amérigo alcanzó la alcaldía. Amérigo es hijo de Rosario y sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico político local con 26 años de alcaldía, una condena y un indulto a sus espaldas. De 2019 a 2023 la cuestión de El Algarrobico se enmarañó con actuaciones inexplicables del Ayuntamiento, que generaron el convencimiento muy muy generalizado de que Amérigo, en realidad, no tenía ningún interés en que El Algarrobico se demoliera. Al contrario.

Tres gobiernos diferentes con un solo alcalde desde 2023

En los últimos años el juego de sillas se ha acelerado trazando un curioso reverso del periodo anterior. El PP y PSOE salieron de las elecciones de mayo de 2023 empatados a seis concejales. Hernández (Ciudadanos) tenía la llave: debía decidir si apoyar a quien lo denunció (Amérigo) o a quien le suplantó (Cayuela). O, ojo spoiler: trazar la carambola imposible que acabara con él mismo como alcalde.

Empezó gobernando Cayuela, para entonces fichado por el PP, que venía de fundar Carboneras Avanza tras su explosiva ruptura con Hernández. Por un breve periodo, consiguió el apoyo clave de su viejo enemigo Hernández, que a su vez había dejado GICAR para integrarse en Ciudadanos desde 2019, provocando de paso la implosión del grupo municipal naranja.

En cualquier caso, la reconciliación política de Cayuela y Hernández fue breve. Tres meses después de formar gobierno, volvieron a las andadas, y Cayuela expulsó a Hernández. Eso provocó una reacción en cadena: PSOE y Hernández se concertaron para echar a Cayuela con una moción de censura y entregarle la alcaldía a Hernández, el alcalde que no tenía más grupo político que sí mismo. El pacto era que sería alcalde hasta agosto de 2025, y Amérigo los dos años siguientes.

Esta alianza política duró algo más, pero tampoco mucho. En diciembre de 2024 rompieron acusándose mutuamente de deslealtad. Hernández se puso entonces otra vez en manos del PP, del que tuvo que salir Cayuela para no dar su voto a Hernández.

Lo había conseguido: había pasado de ser llave de gobierno a alcalde, y de paso había logrado defenestrar a Cayuela al grupo de no adscritos con otra concejala, Ángeles Carrillo. En el grupo popular quedaban cuatro de los seis ediles iniciales, que pasaron a conformar el equipo de gobierno de Hernández. Hasta este martes, que, bajo la tutela del PP provincial, se han desmarcado.

Un alcalde y una concejala en el gobierno; once ediles en la oposición

En la oposición les esperan los socialistas, y también sus antiguos compañeros en el PP Cayuela y Carrillo, ahora en el grupo de no adscritos, que podría recibir nuevas incorporaciones en breve si se convierte en definitiva la suspensión de militancia acordada por el PSOE-A contra los ediles que votaron contra la anulación de la licencia hace ahora un mes. Inicialmente, ese expediente se dirigía contra cinco de los seis concejales del PSOE, pero la dirección de los socialistas andaluces parece ahora dispuesta a “indultar” a las dos ediles que cambiaron el sentido de su voto y sí apoyaron la nulidad la semana pasada.

Fernández (tío) y Amérigo (sobrino), Cayuela y Hernández se han repartido el cargo de alcalde los últimos 30 años. Sólo Amérigo sigue en su partido, y no se sabe si por mucho tiempo. En los últimos diez años, los tres últimos se han alternado prestándose y retirándose su apoyo sin motivos claros. En los últimos tres ha gobernado un alcalde que integra un grupo político por sí mismo, y que ahora no tiene más gobierno que él y una concejala.

En este tiempo se han convertido en firmes las dos sentencias del TSJA que debían suponer la puntilla final a El Algarrobico: la primera, dictada en 2018 y firme desde 2021, obligaba a al Consistorio a clasificar la zona como no urbanizable en los planes municipales; no se ejecutó hasta febrero de este año. La segunda, dictada en 2021 y firme desde 2022, obligaba al Ayuntamiento a revisar la licencia concedida en 2003, y eventualmente declararla nula; el Pleno no ha acordado cumplirla hasta la semana pasada. De fondo está el temor de que declarar la nulidad de la licencia que concedió en su día exponga al Ayuntamiento a una imdenización millonaria a la promotora.

Las trabas, retrasos, omisiones y errores para ejecutarlas han llevado a los ecologistas a denunciar la situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; a los magistrados a advertir retieradamente con multarlos e investigarlos penalmente si seguían ignorando sus sentencias (sin llegar a materializar nunca las múltiples advertencias); y a las administraciones (tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía) a convencerse de que el Ayuntamiento no sólo no colaboraba, sino que ponía en el camino todas las piedras posibles para evitar que El Algarrobico, la mole que nunca debió construirse, siga donde está desde hace 23 años.

El PSOE de Andalucía ha forzado, a través de su dirección provincial en Almería, la suspensión temporal de militancia de sus cinco concejales en el municipio de Carboneras, después de que este miércoles unieran sus votos a dos ediles no adscritos para forzar la suspensión del pleno municipal que debía dar un paso clave en la demolición del proyecto hotelero de El Algarrobico. En concreto, en la sesión tenía que aprobarse la anulación de la licencia que permitió levantar una mole que lleva dos décadas resistiéndose a la piqueta.

Fuentes socialistas han señalado que, al mantener sus concejales en el Ayuntamiento carbonero una posición “contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A”, optando por el aplazamiento del pleno sin una fecha definida, aunque desde el PSOE se da por hecho que será el próximo lunes. Esta suspensión, que llega horas después de que se les abriese expediente, afecta así a todos los miembros del grupo municipal socialista en el Consistorio, medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido.

Asimismo, el partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía “ratifica su firme voluntad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, que era lo que tenía que validar el pleno de este miércoles. “El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí”, señalan en este sentido las mismas fuentes, que insisten en que “un atentado contra el medio ambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional”. 

Llamamiento a votar a favor

De paso, se “insta” a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras, incluidos sus hasta ahora concejales, a que en la próxima sesión plenaria voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. “Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha pedido también a todos los ediles que den el necesario paso de validar el fallo del TSJA.

El Ministerio, eso sí, ha anunciado que si el pleno no procede a la anulación de la licencia de obras, el Ministerio, solicitará a través de la Abogacía del Estado la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario. Una petición similar ha hecho la Junta de Andalucía, que hace un año descartó de plano esta opción.

La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

El alcalde de Carboneras ha vuelto a evitar la sanción con la que, de manera recurrente, le advierte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por incumplir sus sentencias relativas a El Algarrobico. El tribunal había advertido al regidor Salvador Hernández (Ciudadanos) de que lo multaría e informaría a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si, en plazo de un mes, seguía sin iniciar el proceso para revisar la licencia de obra de la mole, concedida en 2003. Sobre la bocina, el alcalde presentó un escrito diciendo que había encargado un informe que le diga qué procedimiento debe seguir. Los magistrados dan por bueno el paso, aunque vuelven a poner al alcalde bajo supuesta vigilancia: deberá informar de lo que va haciendo cada diez días.

En marzo, los magistrados le advirtieron con multarlo y/o deducir testimonio a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si en el plazo de un mes no acreditaba “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”, algo que ya le habían pedido expresamente en febrero de 2024. La petición de un informe no encaja en la literalidad de lo que el TSJA exigió al alcalde en su providencia de 9 de marzo de este año. Encargar un nuevo informe municipal no supone incoar el procedimiento.

La laxitud del TSJA ha vuelto a disgustar a los ecologistas, que desde hace años sostienen que la demora del Ayuntamiento en ejecutar la sentencia que obliga a declarar no urbanizables los terrenos (dictada en 2016, firme desde 2018) y la que obliga a revisar la licencia (dictada en 2021, firme desde 2022) sólo se explica por la resistencia de los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y ahora Hernández) a cumplirlas, y la tolerancia del propio tribunal, incapaz de hacer ejecutar lo que sentenció hace años. En ocasiones anteriores, el TSJA advirtió a Amérigo con multas, pero nunca llegó a imponerlas. Y ello, a pesar de que ninguna de las dos sentencias ha sido cumplida en su integridad.

De fondo, estarían en juego las posibles responsabilidades pecuniarias frente a la promotora, Azata del Sol, S.L. En entrevistas recientes, el regidor se ha mostrado partidario de negociar una solución con la promotora, y abierto incluso al uso del inmueble como hotel o residencia.

“Una nueva tomadura de pelo”

“Es una nueva tomadura de pelo”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, la entidad que canaliza ante los tribunales la oposición ecologista al mamotreto. En su último escrito al tribunal ya advertía de que la petición de un nuevo informe era otra “estratagema” del regidor para demorar el cumplimiento. “Obviamente el Sr. Alcalde de Carboneras ha tenido tiempo durante estos tres años para instruirse sobre el conocido procedimiento de revisión de oficio. No es casualidad que pida ahora el informe justo el día en que vence el plazo conferido por la Sala”, observaba, dando ya por imposible que el Ayuntamiento revisara la licencia. Por eso, pedía al tribunal que lo hiciera él mismo ante la “contumacia” del Ayuntamiento.

Tampoco se fía más del alcalde la Junta de Andalucía, que ha pedido sancionarlo y dar traslado a la Fiscalía a la vista de que sigue sin cumplir con lo que le pide el tribunal. “No se nos ha notificado actividad alguna que acredite el cumplimiento de esa Providencia”, señala su último escrito, fechado justo después de que el alcalde comunicara su intención de pedir un nuevo informe.

“No sólo no consta el cumplimiento de la Providencia citada, sino que, de conformidad con el fallo de la Sentencia de 22 de julio de 2021, ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y anulada la licencia por ser nula de pleno derecho”, recuerda el letrado de la Junta, que subraya que el retraso en cumplir el fallo es “considerable”.

Los ecologistas han denunciado la demora en el cumplimiento de las sentencias relativas a El Algarrobico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Algarrobico empezó a levantarse en 2003 en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y en pleno parque natural de Cabo de Gata. Estaba destinado a ser un hotel de 411 habitaciones y 21 plantas, pero quedó a medio construir en 2006 tras la orden de paralización de un juzgado. Desde entonces, medio centenar de resoluciones judiciales, incluyendo 14 del Tribunal Supremo, han confirmado su ilegalidad.

También se pronunció en contra el Consejo Consultivo Andaluz: “La licencia otorgada por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 no se ajustaba a la legalidad (…) si bien los promotores, con un deslinde ya en curso, prefirieron no darse por enterados y materializar una edificación en un claro gesto de política de hechos consumados, de cuya conducta se infiere que han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la Ley, no precediendo indemnización sino la demolición de lo ilegalmente construido”.

Revisión de licencia o expropiación

Sin embargo, nadie ha materializado en más de dos décadas todas estas resoluciones y sentencias. En febrero de este año el Gobierno central abrió de nuevo un camino ya explorado sin éxito hace una década: expropiar para demoler. Para el Gobierno andaluz aquello fue una sorpresa mayúscula, con el añadido de que el anuncio a pie de mole lo hizo María Jesús Montero, vicepresidenta y futura rival de Juan Manuel Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. Dos meses después prometió que la parte sobre dominio público, que corresponde al Estado, se derribaría antes de que termine el año.

El desembarco de Montero convirtió a El Algarrobico en otro motivo para la gresca política. El Ejecutivo andaluz acusó al Gobierno central de “falta de lealtad” por el sorpresivo anuncio, augurando que traerá más bloqueo. En la Junta sostienen que lo mejor es persistir en las vías judiciales abiertas. En el Gobierno central constatan que esas vías no han dado resultados palpables en más de veinte años y acusan a la administración autonómica de cerrarse a nuevas soluciones.

De momento, la expropiación ha avanzado con la publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública de los 16.342 metros cuadrados situados sobre la zona de servidumbre, de los 32.654 que ocupa en total la parcela de Azata. El pasado febrero el Gobierno estimó en unos siete millones el coste de la expropiación. Está por ver si la promotora, que hasta ahora ha perdido todos sus intentos de obtener una indemnización, se opone a la expropiación o al justiprecio, abriendo un nuevo frente judicial, o acepta esta nueva vía. 

El alcalde de Carboneras ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los documentos necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística de Carboneras (PGOU), con el supuesto fin de cumplir con una sentencia que ordena al Ayuntamiento que declare no urbanizable de especial protección el suelo sobre el que se asienta El Algarrobico, el imponente hotel a medio construir varado desde 2006 en una playa inserta en Cabo de Gata.

La modificación, presuntamente definitiva, viene obligada por una sentencia dictada por el TSJA en julio de 2016, hace casi nueve años, ratificada el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento debía subsanar los errores en la modificación del PGOU que había aprobado hace un año, entre otros la citación errónea de los sectores no urbanizables.

La subsanación de los errores en la modificación del PGOU es, sin embargo, un paso necesario pero insuficiente para modificar el PGOU, según denuncia Greenpeace. Los ecologistas advierten de que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y quedar registrada por la Junta de Andalucía para ser efectiva, algo que no ha ocurrido. Una búsqueda en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía demuestra que aún no consta ninguna modificación al PGOU de Carboneras, vigente desde 2009. La ley del suelo andaluza (LISTA) obliga a dar el paso del registro antes de publicar en el boletín.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) acompaña los dos documentos técnicos firmados por el arquitecto de un escrito firmado por él en el que proclama su “intención de cumplir con su obligación constitucional de cumplimiento” de sentencias y resoluciones judiciales. Dice que va a “prestar toda la colaboración requerida” por los tribunales. Hernández ha sido advertido por el TSJA de que le impondrán multas y preguntarán a Fiscalía si hay delito de desobediencia en el caso de que este proceso y el de revisión de la licencia de obras de El Algarrobico no avancen.

“Esto es una corrección de erratas, nada más. Una maniobra más para no cumplir la sentencia”, protesta José Ignacio Domínguez, el abogado de los ecologistas en los procedimientos judiciales que impulsan desde hace dos décadas para acabar con la estructura.

Greenpeace pide a la Junta que estudie la expropiación

Tras años de frustraciones por la resistencia del Ayuntamiento a acabar con la mole, los ecologistas son ahora partidarios de explorar la vía de la expropiación forzosa a la promotora Azata del Sol, abierta por el Gobierno central. “Por mucho que el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía lancen las campanas al vuelo con esta actuación, la sentencia sigue sin cumplirse ya que no se ha modificado la clasificación de los terrenos”, señala Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía. “Si la junta quiere acelerar el proceso debe estudiar cuanto antes la vía de la expropiación forzosa, como ya ha iniciado el Estado”.

El Gobierno se ha comprometido a derribar en 2025 los 16.000 metros cuadrados del hotel sitos en el terreno de servidumbre de dominio público marítimo terrestre. Para el resto, sería necesaria la participación de la Junta de Andalucía, que no es partidaria de la expropiación, sino de insistir en la vía de la ejecución de las dos sentencias, firmes desde 2018 y 2021. Estas sentencias obligan por un lado a reclasificar el suelo y, por otro, a revisar la licencia de obra con la que se levantó el hotel. A día de hoy, el suelo es urbanizable y la licencia válida.

El asunto de El Algarrobico se ha convertido en primera línea de la refriega política después de que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y futura candidata a presidir la Junta, anunciase por sorpresa el inicio del trámite expropiatorio a pie de El Algarrobico. El Gobierno central acusa a la Junta de estar anclada en una vía que no ha dado resultados en la última década y la invita a sumarse a la expropiación, mientras que en el Gobierno de Moreno creen que esta nueva vía puede enredar aún más un asunto ya muy enmarañado, y observan con desconfianza la súbita aparición de Montero, futura rival electoral.

Las aparentes dificultades para modificar el PGOU

En este contexto, Carboneras envía su autocorrección. Tras incontables avatares para ejecutar la reclasificación de los suelos, el Ayuntamiento ha pasado el último año tratando de enmendarse: en la primavera de 2024 modificó su PGOU, pero lo hizo con errores que afectaban directamente al sector de El Algarrobico-El Canillar y a las citas de los artículos que aplicaba. Carboneras los calificaba de “errores tipográficos”, pero la Junta de Andalucía defendía que “podría influir” en su necesaria adecuación a la nueva ley de suelo, por lo que tanto los servicios jurídicos de la Junta como los ecologistas pidieron su corrección.

Eso es lo que el Ayuntamiento parece solventar ahora, después de que el TSJA le haya requerido en tres ocasiones (julio, octubre y diciembre de 2024), la última de ellas “de manera urgente”. En los últimos meses, el Consistorio ha alegado que no tenía secretario, luego que no tenía arquitecto, y el TSJA le ha aclarado que no era necesario para lo que estaba pidiendo.

Desde que en 2006 un juez ordenó paralizar la obra, todo lo que ocurre en torno a El Algarrobico se convierte en extraordinariamente farragoso. Y ello, a pesar de que ya está claro que la construcción es ilegal, por situarse la mitad de ella en servidumbre de dominio público marítimo terrestre e invadir superficie del Parque Natural de Cabo de Gata.

Los ecologistas denuncian que el Consistorio, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (Ciudadanos), boicotea cualquier paso que pueda agilizar el derribo efectivo de El Algarrobico. En el municipio nunca se ha descartado del todo la puesta en valor del edificio: hace apenas dos meses, Hernández se mostró favorable a estudiar un posible uso, aunque al tribunal sigue diciéndole que cumplirá con las sentencias que lo declaran ilegal y que deberían conducir a su demolición.

A pesar de esas promesas de colaboración, la sentencia que obliga a trasladar esto al PGOU de Carboneras se dictó en 2016 y es firme desde 2018, pero en casi una década el Consistorio no la ha cumplido. En 2019 pretendió cumplir de una forma insuficiente, publicándola sin más, pero el intento fue rechazado por el tribunal. De 2021 a 2023, la cuestión giró en torno a cómo se expresaba el acuerdo de Pleno para modificar el PGOU, puesto que el equipo de Gobierno (entonces liderado por Amérigo) quería hacer pasar por sobrevenida la imposibilidad de construir ahí, cuando lo cierto es que no se puede desde 1994. El acuerdo de Pleno fue anulado por el propio TSJA.

En sus últimas providencias, la Sala del TSJA exigió al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) que le informara cada diez días de los pasos que iba dando para cumplir sus resoluciones. En la revisión de la licencia le ha dado un plazo de un mes para iniciar el procedimiento, que expiraría este próximo 10 de abril. El alcalde ya ha dicho que el proceso podría llevarle cinco años. 

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no dispone de un arquitecto municipal para ejecutar la sentencia que lo obliga a declarar “no urbanizable” el paraje de El Algarrobico. El Consistorio ha indicado al alto tribunal andaluz que aunque en su plantilla no cuenta con un profesional de este tipo, se encuentra “pendiente de tramitar” un proceso selectivo para la cobertura con carácter interino de un arquitecto técnico.

En esta línea, el gobierno local ha añadido la documentación relacionada a la firma con el Ayuntamiento de Garrucha (Almería) de un convenio de encomienda de gestión para la realización de estas funciones en materia urbanística. Un acuerdo por el que Carboneras encomienda a Garrucha la emisión de informes en la tramitación de procedimientos urbanísticos, por una cuantía de 2.597,11 euros mensuales, que ya ha concluido.

Desde Carboneras se ha apuntado que ya está en tramitación otro convenio similar con Garrucha y que mientras tanto se ha solicitado la asistencia de la Diputación de Almería para que “conste la voluntad inequívoca” del ente local de cumplir el citado fallo. Tras la recepción de este nuevo escrito, el TSJA dictó una nueva providencia en la que se ha requerido otra vez al alcalde carbonero, Salvador Hernández, para que ofrezca cada diez días “información puntual” sobre la ejecución de esta sentencia.

En concreto, ha reclamado datos sobre la labor de la Unidad de Asistencia a Municipios del Área de Urbanismo de la Diputación de Almería, así como que el alcalde indique “la identidad de la autoridad o funcionario de dicha Unidad que haya asumido la prestación de tal asistencia”.

Tras esta providencia, Greenpeace ha presentado un escueto escrito en el que advierte al TSJA que “hace unos cuatro años que se está tramitando esta pieza de ejecución sin que el Ayuntamiento de Carboneras haya mostrado interés en cumplir la sentencia 2000/2016 de 18 de julio que le obliga a modificar el PGOU”.

“Dado el tiempo transcurrido, los subterfugios utilizados y los antecedentes de que el citado Ayuntamiento no ha cumplido absolutamente ninguna de las numerosas sentencias relacionada con el Hotel de El Algarrobico, obliga a concluir que el Ayuntamiento de Carboneras no va a cumplir la citada sentencia”, según Greenpeace.

Por ello, el colectivo ecologista ha reclamado al TSJA que sea el que ejecute el fallo, si bien este ha respondido a Greenpeace en una diligencia de ordenación en la que da cuenta de estas manifestaciones, pero insta a seguir lo acordado en la providencia dictada de forma previa.

El PP pierde la Alcaldía del municipio almeriense de Carboneras tras poco más de ocho meses ocupándola. Este viernes los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos han presentado, con el apoyo del concejal no adscrito, una moción de censura en el Ayuntamiento carbonero para desalojar del gobierno municipal a los populares, que gobiernan en minoría con seis concejales.

La moción propone al único edil de Ciudadanos, Salvador Hernández, como candidato a la Alcaldía que ahora ostenta Felipe Cayuela (PP), quien sucedió en el cargo al socialista José Luis Amérigo tras las elecciones locales de mayo de 2023. Posteriormente, y merced al pacto que han suscrito PSOE y Ciudadanos, tras año y medio ocupará el cargo el propio Amérigo.

El escrito se ha registrado a las 08.30 horas de este viernes, por lo que, una vez diligenciado por la Secretaría Municipal, el pleno ha quedado automáticamente convocado para las 12 horas del décimo día hábil siguiente a su registro.

Cayuela fue investido regidor tras el empate en las urnas a seis ediles entre PP y PSOE gracias a una coalición de gobierno con Hernández, quien asumió Urbanismo entre otras competencias. No obstante, hace unas semanas el propio regidor rompía el pacto y sacaba del gobierno local a Hernández, coincidiendo a su vez con la salida del grupo municipal del PSOE del ahora edil no adscrito, Andrés Belmonte.

La moción señala que los vecinos carboneros están “sufriendo” la “incompetente gestión” del gobierno en minoría del PP y reprocha a Cayuela su “nepotismo, generando beneficio solo a sus familiares, socios y amigos”. Argumenta también la “pésima” situación “económica y financiera” que está “llevando a la quiebra técnica y económica” al Ayuntamiento que, según resalta, “no ha aprobado cuentas anuales y presupuestos” para 2024.

“Deterioro de la convivencia social”

PSOE, Ciudadanos y concejal no adscrito aluden en el escrito a “contrataciones irregulares de obras y servicios” y acusan al alcalde del PP desde su toma de posesión de “destruir” las “políticas sociales progresistas”, así como de llevar a cabo sus actuaciones “para satisfacer los intereses económicos de familiares y amigos”.

“En estos meses de gobierno del PP es alarmante el deterioro de la convivencia social y el retroceso en todos los servicios conseguidos”, traslada asimismo, para concluir que “es conocido que la gran mayoría de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento carbonero se sienten acosados y abandonados”.

El edil de Ciudadanos, Salvador Hernández, ya fue alcalde de Carboneras en dos ocasiones bajo las siglas del Grupo Independiente de Carboneras (Gicar) en el que Felipe Cayuela, ahora en el PP, fue lugarteniente.

Giro en el caso Algarrobico

El ascenso de Cayuela a la Alcaldía tras las últimas elecciones locales supuso un giro de 180 grados en la línea procesal que había mantenido hasta ese momento el Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias respecto a El Algarrobico que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los planteamientos del gobierno municipal entraron en sintonía con los propugnados por el Gobierno andaluz, que sostiene que el paraje es “no urbanizable de especial protección” desde 1994 y se comunicó desde el Consistorio al alto tribunal que iniciaría “de la forma más inmediata posible” el procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel, de 2003 y ordenada por el Tribunal Supremo (TS).

Cabe recordar que, en noviembre de 2023, se llevó a cabo un pleno ordinario en el que no pudo salir adelante una corrección al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras. La modificación de la desclasificación como urbanizable que se hizo del Algarrobico bajo mandato del PSOE no salió adelante debido al gobierno en minoría del PP.

El pleno de Carboneras (Almería) ha rechazado este jueves la rectificación que exige la Junta de Andalucía al acuerdo que desclasificó como urbanizable en el planeamiento urbanístico el suelo del Algarrobico el pasado mes de abril bajo mandato del PSOE y que “facilitaría” la “anulación” de la licencia de obras del hotel de Azata concedida en 2003.

La propuesta del alcalde, Felipe Cayuela (PP), quien gobierna en minoría, ha recibido los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito, ex del grupo socialista y el único que no ha intervenido en el intenso debate, por lo que la enmienda, que supone el reconocimiento implícito de que el paraje goza de especial protección desde 1994, no ha salido adelante.

El Tribunal Supremo concluyó el pasado mes de enero que la “complejidad” que rodea al hotel impide ordenar su demolición por vía judicial, ya que la licencia municipal de obras concedida, ahora rechazada por el pleno, “sigue siendo plenamente legal casi 20 años después”, pese a la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y la Ley de Costas.

Finalmente, el PP se ha llevado el gato al agua en el municipio almeriense de Carboneras. De esta manera, el candidato popular, Felipe Cayuela, ha sido elegido este viernes nuevo alcalde al obtener siete de los 13 votos de la corporación local gracias al apoyo del único edil de Ciudadanos y exregidor independiente, Salvador Hernández.

Por su parte, José Luis Amérigo (PSOE), que también obtuvo seis concejales aunque menor número de votos en la última cita electoral municipal, pasa a la oposición tras cuatro años de mandato tras un pleno que por fin ha podido celebrarse tras ser aplazado por la interposición de un recurso contencioso-electoral de los socialistas por las presuntas irregularidades en el voto por correo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) falló que, sobre la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera por presunto fraude electoral del PP por compra de votos, debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destacó que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral. Trasladó que no se podía ”adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral“ y apuntó que los indicios que aportó el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo ”a favor del PP“ no pasan de ser ”meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral“.

'La muerte tenía un precio'

La sesión plenaria, que se ha iniciado a las 10 horas y ha sido retransmitida por el PP en sus redes sociales, se ha desarrollado en un ambiente tenso, propio del que ha sido un “final de infarto”. A pocas horas de su celebración, Cayuela transmitía “no saber quién” sería el alcalde, y aseguraba que su grupo había hecho “todo lo que consideramos justo, honesto y normal para llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes”, en alusión a Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE carbonero se reunió a última hora del jueves en asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: definir el “posicionamiento político” para el mandato de 2023-2027. Entre ambas formaciones, el concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, quien ha dado su voto finalmente al PP para decidir el duelo con una votación en urna que ha estado amenizada en hasta dos ocasiones con la banda sonora de Ennio Morricone para La muerte tenía un precio sonando en el móvil de uno de los asistentes.

En su primer discurso como alcalde, Felipe Cayuela ha destacado el “apoyo mayoritario” obtenido el pasado 28 de mayo hasta llegar a ser la fuerza política “que más respaldo ha tenido”, y ha afirmado que su mandato estará guiado por “la transparencia, el diálogo y la toma de decisiones buscando el interés general de los carboneros siempre”.

Entre la “humildad” y la “honestidad”

“Seguiremos trabajando por el bien de Carboneras, con esfuerzo y con mucha humildad, para lograr el mayor progreso y desarrollo de nuestro pueblo”, ha trasladado para añadir que su “puerta estará abierta para lo que necesitéis” ya que “esto es un trabajo de toda la corporación”.

Por su parte, el alcalde saliente, José Luis Amérigo, ha defendido el trabajo hecho por el PSOE “siempre desde la honestidad” y ha definido su etapa al frente del Ayuntamiento de Carboneras como una “aventura bonita”.

Ha indicado que, desde la oposición, estarán “vigilantes”, si bien ha asegurado que el “nuevo equipo de gobierno que se conforme tras el pleno nos tendrá a su lado en las decisiones que sean buenas para el municipio”. “Tendremos siempre ánimo de cooperar si actúan con transparencia y para el bien común”, ha finalizado.

Los ayuntamientos almerienses de Mojácar y Carboneras han convocado para este viernes los plenos para su constitución, que fueron aplazados por resolución judicial mientras se investigaban presuntas irregularidades en el voto por correo, un proceso que sigue su vía penal. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimase los recursos contencioso-administrativos que, presentados por el PSOE, impugnaban los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, los consistorios han podido dar el paso para que tomen posesión los nuevas corporaciones.

El pleno en el Ayuntamiento de Mojácar se ha convocado a las 20.30 horas de este viernes para la investidura como nuevo regidor de Fran García (PP), quien sustituye a la alcaldesa saliente y actual número 2 de la lista, Rosa María Cano. Los populares ganaron con mayoría absoluta de ocho concejales frente a cinco del PSOE, y la principal novedad en la sesión plenaria es que los dos integrantes de la candidatura socialista que fueron detenidos por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de una operación por presunto fraude electoral tres días antes de la cita electoral tomarán posesión de su acta, aunque lo harán como no adscritos.

Así lo ha indicado a Europa Press el candidato socialista, Manuel Zamora, en relación a quien fuera su número 2, Francisco Bartolomé Flores, y su número 5, Cristóbal Vizcaíno. Ambos están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera por presunta compra de votos por correo. En una pieza separada, el mismo juzgado investiga, con un detenido, hechos similares que habrían favorecido al PP. Zamora ha señalado que se mantiene la suspensión de militancia, aunque el acta “es personal” y ha apuntado que, una vez sean “absueltos” o se archive la causa penal que ahora se dirige contra ellos, “volverían al grupo municipal del PSOE”.

Al hilo de esto, y tras el rechazo del TSJA al recurso contencioso-electoral, ha asegurado que contemplan un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) que, en todo caso, no paraliza los plazos para constituir la corporación. “El objetivo a la larga es que se constituya una gestora en el Ayuntamiento, porque va a ser un gobierno del PP que sale de unas elecciones viciadas”, ha asegurado para remarcar que, de “los 700 votos intervenidos” por la UCO en la jornada electoral en Mojácar, “500 son del PP”. Asimismo, ha subrayado que, en el marco de la investigación que desarrolla la Guardia Civil en esa pieza separada, “se ha llamado a declarar ya a más de 150 testigos”.

Prevalece la conservación del acto electoral

EL TSJA rechazó anular los resultados de las elecciones municipales en Mojácar y Carboneras, tal y como solicitó el PSOE, al considerar que prevalece el “principio de conservación de los actos electorales” sobre la que aún es una “presunta compra de votos” o sobre lo que tilda de “meros indicios o conjeturas.

En el caso de Mojácar, el PSOE pidió la repetición de las elecciones y, de manera subsidiaria, que se suspendiera temporalmente el nombramiento del equipo de gobierno del PP, que obtuvo mayoría absoluta, alegando que se habían “contabilizado” votos por correo “investigados por la UCO” de la Guardia Civil mientras que otros “se habían dejado de contabilizar” al ser incautados. A juicio de los socialistas, esto supone “una restricción de la participación”, a lo que suma que las causas penales abiertas “llevan a plantearse que los votos por correo están viciados por recompensas ofrecidas por el PP, que se habría beneficiado con ocho concejales”.

Pese a ello, el TSJA desestima que las elecciones municipales en Mojácar hayan estado “viciadas” por una “presunta compra de votos por parte del PP”, ya que la existencia de una pieza abierta de investigación en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera “no comporta la destrucción de la presunción de inocencia” ni tampoco tiene “consecuencia anudada a la comisión de un delito”. “El principio de conservación de los actos electorales ha de inspirar el juicio de ponderación que haya de llevarse a efecto ante peticiones de nulidad en las que no es posible afirmar que ha quedado comprometida la legalidad del proceso electoral”, concluye.

¿Quién gobernará en Carboneras?

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Carboneras, será el municipio más madrugador ya que ha señalado para las 10 horas la sesión para conformar la corporación local para el mandato 2023-2027 y elegir alcalde entre José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (CS). El PP, que ganó como la lista más votada, y el PSOE, en el gobierno saliente, cuentan con seis concejales cada uno, por lo que será Ciudadanos y su único edil el que decida la gobernabilidad del consistorio.

Con respecto a Carboneras, el Juzgado de Instrucción 4 de Vera mantiene también abierta una investigación por presunta compra de votos. En este caso, el TSJA señala que debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destaca que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral.

Traslada que no se puede “adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral” y apunta que los indicios que aporta el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo “a favor del PP” no pasan de ser “meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado anular los resultados de las elecciones municipales en Mojácar y Carboneras (Almería) tal y como solicitó el PSOE debido a las presuntas irregularidades en el voto por correo que se investigan actualmente por vía en penal al considerar que prevalece el “principio de conservación de los actos electorales” sobre la que aún es una “presunta compra de votos” o sobre lo que tilda de “meros indicios o conjeturas.

El alto tribunal desestima los tres recursos contencioso-electorales presentados por el PSOE en ambos municipios y por un integrante de la lista socialista carbonera y declara la “validez” de la elección y de la proclamación de electos por ser los actos electorales que se impugnan “conformes a derecho”, según se recoge en las resoluciones dictadas este lunes y a las que ha tenido acceso Europa Press.

En el caso de Mojácar, el PSOE pidió la repetición de las elecciones y, de manera subsidiaria, que se suspendiera temporalmente el nombramiento del equipo de gobierno del PP, que obtuvo mayoría absoluta, alegando que se habían “contabilizado” votos por correo “investigados por la UCO” de la Guardia Civil mientras que otros “se habían dejado de contabilizar” al ser incautados, lo que es “una restricción de la participación”, y que las causas penales abiertas “llevan a plantearse que los votos por correo están viciados por recompensas ofrecidas por el PP, que se habría beneficiado con ocho concejales”.

La sentencia indica que la “pretensión” del PSOE mojaquero es “inconsistente” ya que declarar la “invalidez” de las elecciones municipales “entra en clara contradicción” con el argumento que dan para hacerlo, que es una supuesta “vulneración del derecho de sufragio” y, además, “no tiene cobertura legal”.

“La lesión a ese derecho de sufragio que teóricamente se trataría de reparar a través de una decisión judicial quedaría reemplazada por otra de mayor alcance numérico”, sostiene para añadir que también tendría “un efecto indeseable” el suspender el nombramiento del equipo de gobierno.

El TSJA rechaza, asimismo, que las elecciones municipales en Mojácar hayan estado “viciadas” por una “presunta compra de votos por parte del PP” ya que la existencia de una pieza abierta de investigación en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera “no comporta la destrucción de la presunción de inocencia” ni tampoco tiene “consecuencia anudada a la comisión de un delito”.

“El principio de conservación de los actos electorales ha de inspirar el juicio de ponderación que haya de llevarse a efecto ante peticiones de nulidad en las que no es posible afirmar que ha quedado comprometida la legalidad del proceso electoral”, concluye.

“Meras alegaciones insuficientes”

En el caso de Carboneras, municipio en el que se presentaron dos recursos y sobre el que hay también una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera, la sala señala que debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destaca que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral”.

Traslada que no se puede “adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral” y apunta que los indicios que aporta el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo “no pasan de ser meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral”.

Las sentencias subrayan que los datos numéricos aportados “tendentes a demostrar lo que se considera un anómalo número de solicitudes de voto por correo” no pasa de ser “una conclusión subjetiva sobre qué porcentaje de voto por correo responde a patrones de normalidad”.

“El cauce más idóneo para esclarecer tales irregularidades es la vía penal y está ya ha sido promovida, pero la inidoneidad del recurso contencioso-electoral es patente”, asegura la sala, que apuntilla que “aceptar la tesis del recurrente podría llevar a entender que todo voto emitido por correo en el municipio de Carboneras sería irregular y nulo y ello va en contra del principio de conservación de los actos jurídicos en materia electoral”

Por último, indica que “la legalidad de la mecánica de la votación por correo” en la circunscripción de Carboneras con los documentos que obran en el expediente “no puede verificarse” en el marco de este “breve” y concluye que, si no “resulta viciada la clara e inequívoca voluntad de los electores y tampoco se puede deducir que la irregularidad denunciada haya sido determinante del resultado, carece de sentido anular los votos ya que implicaría privar a los ciudadanos afectados de su derecho de voto”.

“La gravedad de los hechos, de ser ciertos, conduciría a la estimación del recurso, pero no hay prueba que los respalde y una mera denuncia ante un órgano del orden jurisdiccional penal no puede condicionar el resultado de un proceso electoral”, finaliza.

Cabe recordar que los hechos vinculados presuntamente al PP de Mojácar, con un detenido, se investigan en una pieza separada incoada a raíz de la pieza principal, en la que se investiga a otras diez personas por una supuesta trama relacionada con el PSOE. Entre los siete detenidos por la UCO de la Guardia Civil, los números 2 y 5 de la candidatura socialista, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno.

En Mojácar, el PP ha revalidado la Alcaldía aunque no repetirá en el cargo la actual alcaldesa en funciones, Rosa Mari Cano, y ha conseguido mayoría absoluta con Fran García al frente con ocho concejales frente a los cinco del PSOE.

Por otro lado, en Carboneras , el mismo Juzgado de Instrucción 4 de Vera ha oficiado a la Guardia Civil para que investiguen dos denuncias contra el PP también por un supuesta uso fraudulento del voto por correo. PP y PSOE han obtenido un mismo número de concejales, seis cada uno, mientras que CS ha cosechado un edil.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera ha ordenado a la Guardia Civil que investigue un presunto caso de delito electoral en el municipio de Carboneras (Almería), donde el PSOE ha denunciado al PP por su supuesta implicación en la compra de votos. El juez ha oficiado a la Policía Judicial para que indague si ha existido un caso de “fraude” en el “sistema de votación” tras la denuncia presentada por “un partido político”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al margen de esta denuncia, con la que se aporta una grabación y que el pasado día 25 interpuso el PSOE, la Guardia Civil ha dado trámite a una segunda denuncia interpuesta por Ciudadanos este lunes y en el mismo sentido.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la denuncia de CS relata un incidente ocurrido en un colegio electoral del municipio en el que una persona, a quien identifica, habría reconocido en presencia de apoderados y candidatos de otros partidos, así como de un agente de la Policía Local y los integrantes de la mesa, que le “habían entregado 50 euros a cambio de su voto”.

Una llamada telefónica

Ambas denuncias, las del PSOE y la de Ciudadanos, apuntan al PP. La grabación que aportan los socialistas carboneros es de una llamada telefónica en la que supuestamente el hermano de uno de los candidatos 'populares', se dirigiría a uno de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento “asegurando que el aspirante a la Alcaldía por el PP, Felipe Cayuela, está comprando votos”.

Conforme a la denuncia de la que informó el PSOE, habría sido el pasado 18 de mayo cuando un hermano del candidato del PP --que también aparece en la denuncia de Ciudadanos-- contactó con el concejal socialista a través de mensajería de Facebook. En el contenido de su mensaje, “tras identificarse por su nombre”, le habría ofrecido “tres votos, que se están comprando este año a 100 euros cada uno”.

En un comunicado, los socialistas precisaron que el edil asegura, asimismo, que habría recibido después varias llamadas de esta misma persona a través de la misma plataforma, por lo que le devolvió la llamada esta vez con dos concejalas del gobierno municipal “como testigos y siendo la llamada grabada”.

“El hermano del candidato del PP manifiesta entonces que si el PSOE quiere comprar los votos de su madre, de su hermana y de su sobrino, que otros lo están haciendo y, a pregunta del concejal de qué otros, manifiesta que Felipe”, recogía.

A esta conversación transcrita y grabada, se añadía que habría “otras evidencias” que vendrían a “ratificar los hechos” y aludía a la publicación en la red social Facebook de conversaciones por parte de particulares “denunciando el intento de compra de votos” con 'pantallazos“ adjuntos.

El PSOE informó, asimismo, al juzgado instructor del incremento “en mucho” del voto correo y de que serían “muchas las personas las que nos han trasladado que el PP estaría ofreciendo dinero a cambio”, así como de la detección “de muchos votos por correo que se han concentrado” para recibir la documentación en “dos o tres direcciones”.

La denuncia concluía que “toda esta trama estaría organizada por el hermano del candidato del PP, Felipe Cayuela, acompañado de otros candidatos del PP” y articulada en torno a “sus negocios” y “a su propia casa”.

Mismo instructor que en Mojácar

Por otro lado, los hechos que describe Ciudadanos habían ocurrido la misma jornada electoral, al ir a votar la persona que se identifica. La denuncia, que aporta la identidad de seis testigos que los habrían presenciado, señala que detalló que la “compra de voto” se habría hecho “el 21 de abril” en un hotel de Carboneras y que la persona que “le pagó fue el hermano del candidato del PP a la Alcaldía”, a su vez “gerente” del citado establecimiento.

El juez que ha oficiado a la Policía Judicial para que investigue es el mismo instructor de las diligencias por la supuesta trama de voto por correo el pueblo de Mojácar, que suma once imputados tras la detención de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE” como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en este municipio costero.

El PSOE y el PP han empatado a concejales, seis, en Carboneras, donde el acta de edil lograda por Ciudadanos (Cs) será determinante a la hora de conformar gobierno. En número de votos, el PP se ha alzado con la victoria con el 42,79% de los votos, lo que multiplica por siete el respaldo obtenido en 2019, con apenas el 6,34%, pasando de 291 sufragios a 1.910.

El PSOE, que hace cuatro años logró un 41,94% por ciento de los votos (1.923), en esta cita con las urnas, baja casi cuatro puntos hasta situarse en el 38,22%. Por otro lado, ha entrado en la corporación local Ciudadanos, con un 8,04% de los votos y un concejal.

El PSOE ha denunciado ante las autoridades supuestas irregularidades en el voto por correo ligadas al PP de Carboneras (Almería) a partir de una grabación en la que el hermano de un candidato de la lista de los 'populares' aseguraría que su alcaldable, Felipe Cayuela, estaría “comprando votos” por una cantidad de cien euros; una denuncia que se suma a la efectuada por el PSOE de Mojácar ante la Guardia Civil en la que, entre otros asuntos, apuntaban que “muchos beneficiarios de las cestas de comida que asigna los Servicios Sociales” del Ayuntamiento, gobernado por el PP, “estarían votando por correo”.

El coordinador de campaña del PSOE de Carboneras, Ramón Soto, ha indicado en una nota que se ha interpuesto una denuncia contra el PP y Cayuela en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, casualmente el mismo que investiga otra presunta trama por fraude electoral con dos candidatos del PSOE de Mojácar detenidos junto con otras cinco personas y otros tres investigados.

Entre otras cuestiones, el PSOE ha aportado la grabación de una llamada telefónica en la que, supuestamente, el hermano de Antonio Navarro Nieto, uno de los candidatos de la lista 'popular', se dirige a uno de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento y miembro de la candidatura socialista a las elecciones, “asegurando que el aspirante a la Alcaldía por el PP, Felipe Cayuela, está comprando votos”.

“Este año, a 100 euros por cada voto”

Conforme a la denuncia, fue el pasado 18 de mayo cuando un hermano del candidato del PP contactó con el concejal del PSOE a través de mensajería de Facebook y en el contenido de su mensaje, “tras identificarse por su nombre” le ofrece “tres votos, que se están comprando este año a 100 euros por cada voto”.

El edil asegura que recibió después varias llamadas de esta misma persona a través de la misma plataforma, por lo que le devolvió la llamada esta vez con dos concejalas del gobierno municipal como testigos y siendo la llamada grabada.

“El hermano del candidato del PP manifiesta que si el PSOE quiere comprar los votos de su madre, su hermana y sobrino, que otros lo están haciendo” y “a pregunta del concejal de qué otros, manifiesta que Felipe”, en referencia a Felipe Cayuela, candidato del PP a la Alcaldía de Carboneras en las elecciones locales, conforme los datos del PSOE.

A esta conversación transcrita y grabada, se añade en la denuncia que hay “otras evidencias que ratifican esto, como la publicación en Facebook de conversaciones por parte de particulares denunciando el intento de compra de votos”, de las que se han adjuntado imágenes.

Todo, organizado por el hermano

Asimismo, desde el PSOE se ha indicado al juzgado que “se ha aumentado mucho el voto por correo” y que “son muchas las personas que nos han trasladado que el PP estaría ofreciendo dinero a cambio de darles el voto por correo”. “Hemos tenido conocimiento de que muchos votos por correo se han concentrado en su recepción en dos o tres direcciones” y que “según nos trasladan, toda esta trama estaría organizada por el hermano del candidato del PP, Felipe Cayuela Hernández, que se llama Francisco Cayuela Hernández, acompañado de otros candidatos del PP”.

Para concluir, se refieren a que “la zona donde se estaría articulando toda esta trama es en los negocios del candidato Felipe Cayuela y en la propia casa del candidato” y que “aún habiendo terminado el plazo del voto por correo, sigue ofreciendo dinero a cambio del voto al PP”.

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado definitivamente con los únicos votos del equipo de gobierno del PSOE anular el sector urbanístico ST-1 en el que se levanta el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico y declarar el suelo no urbanizable de especial protección por enclavarse en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tal y como le obligaba en firme desde 2018 una sentencia del Tribunal Supremo (TS). El acuerdo suscrito este miércoles por la corporación local que preside el alcalde, José Luis Amérigo, apercibido judicialmente desde el pasado día 17 con multa de 700 euros cada 20 días, supone modificar el planeamiento urbanístico que da sustento legal a la licencia municipal de obras concedida en 2003 y daría respuesta a los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dar cumplimiento al fallo.

Se trataba de un paso necesario hacia la demolición del hotel, antes del cual no se podía hacer nada y que supone el inicio de deshacer paso a paso el camino andado: primero, cambiar la clasificación del suelo, después revisar la licencia. La sesión se ha desarrollado con reproches y críticas unánimes por parte de la oposición, que se ha abstenido, al trámite seguido por el equipo de gobierno, “saltándose todos los pasos previos” y con “prisas” tras la “amenaza” de multas al alcalde para aprobar este tipo de instrumento urbanístico. Los grupos han remarcado el “giro de 180 grados” dado en “apenas un mes” por los socialistas y ha rechazado que les hagan “copartícipes” de un “circo” en el que “ni pinchamos ni cortamos”.

“Ustedes son los responsables de este embrollo y ustedes son los responsables de ejecutar la sentencia”, han señalado los concejales de PP y Carboneras Avanza, Salvador Alarcón y Felipe Cayuela, quienes han pedido que se abra “una investigación” para depurar responsabilidades y “ante la verdadera batalla judicial” que, según han remarcado, “se abre ahora con la promotora del hotel” y su presunto derecho a ser indemnizada por “inseguridad jurídica”.

El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Soto, ha asegurado que están aquí para cumplir y acatar una sentencia“ y ha afirmado que lo están haciendo ”con todos los informes técnicos correspondientes al tiempo que ha defendido que se ha hecho “lo que nos manda la justicia como siempre”, y ha aludido a la dación de cuentas en los mismos términos que hizo al pleno en 2021 “impuesta por el equipo de gobierno” que les precedía y “”que no fue suficiente“.

El alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo (PSOE), ha convocado para este miércoles un pleno extraordinario urgente para aprobar la desclasificación como urbanizable en el PGOU del paraje de El Algarrobico sobre el que se levanta el hotel de Azata y dar cumplimiento, así, a la sentencia firme que le obliga a declarar el suelo espacio protegido.

Amérigo, apercibido de multa, ha comunicado este mismo martes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la convocatoria del pleno municipal para aprobar la modificación puntual del planeamiento que “declara” no urbanizable tanto del sector ST-1 como del adyacente, El Canillar o ST-2 y ha señalado que con esta actuación “por vía de urgencia” ya ha “realizado” como alcalde “todas las funciones que son de su ”competencia“ para ejecutar el fallo.

El pleno de la corporación local carbonera se celebrará a partir de las 13.30 horas y tiene como único punto del orden del día la desclasificación del Algarrobico, si bien adjunta al expediente un total de 97 archivos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

En el escrito de alegaciones remitido al alto tribunal andaluz en respuesta al ultimátum que hace cinco días le dio el TSJA al alcalde, a quien advirtió con sanciones de 700 euros cada 20 días, el Ayuntamiento señala que resultaría “terriblemente injusta” la imposición de multas y remarca que se ha procedido a “la conclusión diligente” del procedimiento de ejecución “que se inició en septiembre” de 2022 “en un contexto de escasísimos medios”.

“El alcalde ha desempeñado todos los esfuerzos que le eran exigible para tal cumplimiento, agotando sus posibilidades de actuación y mostrando su constante preocupación por el cumplimiento efectivo de la sentencia”, sostiene, al tiempo que reprocha que “ejercer una presión constante” para que los funcionarios municipales “concluyan su trabajo”, no constituye “la forma más adecuada de llegar a la conclusión de un expediente que incide sobre situaciones complejas que requieren un análisis prudente de las diferentes alternativas”.

El Ayuntamiento trasmite a la sala que resulta “evidente” que “en ningún momento” se ha incurrido “en pasividad alguna” y destaca en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, “la actitud proactiva particularmente” de José Luis Amérigo “dirigida a la completa, íntegra y escrupulosa ejecución de la sentencia”.

Tras subrayar que “todas” las actuaciones “emprendidas” por el consistorio carbonero desde septiembre de 2022 para ejecutar una sentencia firme de 2018 se han realizado “de forma coordinada” con la Junta de Andalucía, apunta que no hay “interés alguno” por parte del consistorio en “atribuir un uso urbanístico a los terrenos afectados” y que se ha creado un “ficticio conflicto que requería una respuesta inmediata y urgente” del tribunal “cuando en realidad” no es necesario.

“La ejecución de la sentencia es la mera constatación formal de la absoluta certeza que tienen todos los agentes que tienen relación con El Algarrobico de la imposibilidad de llevar a cabo ningún uso urbanístico del suelo en los sectores afectados”, indica para concluir que no ha existido “riesgo alguno en relación al bien jurídico afectado” como ha mantenido Greepeace y ha apreciado el alto tribunal andaluz.

La Policía vuelve a apuntar al PP de Almería como el gran nodo de una tupida red de corrupción que durante años amañó concursos, infló precios y repartió dádivas entre funcionarios y políticos, esquilmando las arcas públicas de diversas administraciones.

Así lo hacen constar en un informe remitido recientemente al juzgado de instrucción 3 de Almería, que investiga el supuesto cobro de mordidas durante años por parte de técnicos y políticos en varios municipios de Almería y en la propia Diputación Provincial de Almería, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

En el informe se analiza un recibí que refleja “pagos irregulares al Partido Popular, en el seno de la Diputación de Almería”, vinculado a la alteración del concurso público y la adjudicación de la obra del polideportivo del municipio de Carboneras. Por esa obra, la constructora habría abonado 8.500 euros al “PP de Almería (Diputación)”, según refleja el documento. Por entonces el ente supramunicipal estaba presidido por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.

Un recibí con “pagos irregulares” al Partido Popular

A petición de la jueza, los investigadores han analizado la adjudicación del pabellón de Carboneras, una mastodóntica estructura en cinco plantas de 9.604 metros cuadrados y 1.700 asientos en un pueblo que actualmente cuenta con 8.183 habitantes. En total, se ha gastado en él en torno a 15 millones de euros de dinero público en las últimas dos décadas, según han ido contando diversos regidores.

Aunque el Ayuntamiento (gobernado entonces por el PSOE) fue el promotor, la Diputación de Almería adjudicó las primeras obras, que empezaron el 2 de febrero de 1999 y no terminaron hasta el 10 de enero de 2010. Ni siquiera entonces pudo abrir: según contó entonces la prensa local, el Ayuntamiento puso en marcha el recinto y en dos días gastó 1.200 euros en electricidad. Mantenerlo era inasumible para el pueblo y aquello volvió a cerrarse.

Los investigadores creen que todo lo que rodea a la construcción de este pabellón apunta al cobro de mordidas. Su conclusión es que el proceso estaba diseñado para beneficiar a la constructora Hispano Almería, algo que ponen en relación con el posterior pago de la constructora al PP almeriense. Tienen un recibí, con la anotación “B”, que documenta “pagos irregulares al Partido Popular, en el seno de la Diputación de Almería” vinculados a la “obra 336”. Ese número coincide con el expediente del descomunal polideportivo.

Señalan que coinciden las fechas del recibí (8 de febrero de 2002) y el final de las fases de la obra adjudicada por la Diputación de Almería, “lo que podría ser indicador de la existencia de sobornos” por parte de Hispano Almería S.A. hacia cargos públicos. Además, existe un segundo recibí por 12.000 euros, pagado por Hispano Almería a favor del arquitecto técnico municipal, firmante de dos informes sucesivos relativos a una promoción de 28 viviendas: uno desfavorable a la licencia de obras, y uno posterior favorable.

Las conclusiones del informe apuntalan la tesis sostenida por la Policía en su investigación del caso Hispano Almería (o Términus): que en un periodo que abarca al menos desde 1998 a 2009, diversas administraciones gobernadas por el PP almeriense (y en este caso, la Diputación de Almería) adjudicaron contratos de obra pública a la constructora Hispano Almería de forma irregular. La constructora agradecía el encargo pagando a técnicos o políticos involucrados en la adjudicación o, directamente, parte de la campaña del partido.

Existen al menos ciento cuarenta recibís que reflejarían el supuesto pago con una obra pública adjudicada por alguna administración gobernada por el PP almeriense. Sin embargo, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, que denunció el asunto en 2014, cree que este sistema se prolongó por más tiempo, incluso con posterioridad a que Hispano Almería fuera declarada en concurso de acreedores.

“Irregularidades graves” en la adjudicación

En la adjudicación de las primeras fases de la obra del pabellón, realizada en la Diputación de Almería por procedimiento negociado (es decir, sin concurso público, a pesar de tratarse de una obra común), se cometieron “irregularidades graves”, incluyendo su troceamiento artificial, que evitó el control del Tribunal de Cuentas, según los investigadores. Para las siguientes fases, adjudicadas por el Ayuntamiento de Carboneras, sí se celebró concurso, pero sui generis: no se justificó la solvencia económica de los candidatos, ni su valoración técnica ni se ponderaron los criterios de adjudicación. Además, a mitad de obra se revisaron los precios en su beneficio, algo prohibido por el contrato.

Los investigadores advierten de que en el expediente, tramitado de manera urgente (sin justificación para ello), falta documentación obligatoria. Creen que todo el proceso está “regido por la arbitrariedad” y apuntan que “las graves anomalías observadas (…) van más allá de la omisión del deber de diligencia”. No son errores, dice, sino un plan para beneficiar a la constructora.

El informe, emitido por el Grupo II de Blanqueo de Capitales y fechado el pasado 8 de febrero, está ya en poder de la jueza que investiga desde hace casi ocho años la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal en varios municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería.

El sumario ha sido troceado en tres piezas separadas: una afecta a Roquetas de Mar, otra a La Mojonera y otra a las administraciones bajo jurisdicción de la ciudad de Almería (Diputación Provincial, Níjar, Félix, Carboneras, Vícar), que es a la que se ha incorporado este informe.

Un pabellón imposible de mantener

Cafetería-restaurante, un auditorio para 400 personas, gimnasio con sala de musculación de 385 metros cuadrados, pistas de squash, un rocódromo... El pabellón de Carboneras se construyó a lo grande, sin reparar en si aquello era de verdadera utilidad para el municipio, o si era razonable gastar dinero en semejante infraestructura. Poco o nada han podido utilizar los carboneros, ante las dificultades de asumir el coste de mantenerlo y ponerlo en marcha. Desde hace años lo que se intenta es darle un uso a las instalaciones que el municipio y sus habitantes puedan costear.

La propia UDEF resalta que la obra se prolongó en el tiempo “de forma excesiva” y su coste rebasaba “los límites de lo razonable”. “El 'eterno' polideportivo de Carboneras podrá abrirse parcialmente a final de año”, decía el periódico Ideal en junio de 2016. Tampoco fue así. En 2017 la Diputación de Almería volvió a abrir una licitación (con un presupuesto de 400.000 euros) para unas obras de “acondicionamiento y adaptación” que permitieran ponerlo en uso. Las obras se ejecutaron en 2018, casi veinte años después de empezar. En 2020 el Pleno aprobó el reglamento y los precios públicos para usar la piscina, aunque aún no estaba equipada. “La piscina municipal de Carboneras, a punto de abrir sus puertas”, titulaba La Voz de Almería, el pasado 16 de diciembre. 

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de julio que le obliga a iniciar la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico por posible nulidad porque estima que el fallo del TSJA se “opone frontalmente” a lo ya dicho por el propio TSJA, que, en 2014, “denegó la pertinencia” de iniciar ese procedimiento.

El recurso de casación, consultado por Europa Press, sostiene que en la última sentencia en torno al hotel “se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica y, por tanto, la ”tutela judicial efectiva“.

El consistorio carbonero discrepa del criterio que esgrimió la sala para rechazar tener en cuenta ese fallo de 2014 a la hora de dictar la resolución que le insta a iniciar la revisión de oficio de la licencia municipal de obras.

El tribunal consideró que no había prejudicialidad porque la anterior sentencia “únicamente ponderaba la existencia de posibles causas de nulidad en el planeamiento municipal” que permitió conceder la licencia de obras.

A vueltas con la nulidad

En aquella fecha, según añadió, “aún no había sido declarado nulo” en vía judicial el citado planeamiento municipal por ser el paraje de El Algarrobico parque natural y, por tanto, suelo “no urbanizable de especial protección” mientras que en la actualidad ya hay pronunciamientos firmes sobre su nulidad.

Para el Ayuntamiento, sin embargo, la sentencia de 2014 “no se limitó, ni mucho menos, a indicar la falta de constancia de la anulación de los planes urbanísticos que servían de soporte a la licencia”, sino que, “por el contrario y expresamente, denegó que la declaración de nulidad de aquellos planes pudiera servir como causa de nulidad de la licencia”.

“Señala la sentencia que aquellos vicios de planeamiento, que podrían invocarse a través del mecanismo de impugnación indirecta de disposiciones generales en un recurso directo frente al acto de aplicación, no son por sí mismos causa de nulidad en el caso de instarse un procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos, en nuestro caso la licencia”, remarca el recurso.

El Ayuntamiento de Carboneras detalla que la licencia “cuya revisión de oficio” pretende el TSJA ahora “resultó amparada por diversos instrumentos de planeamiento en los que tuvieron intervención las diferentes administraciones públicas con competencias sectoriales” y cita hasta ocho de estos instrumentos, tanto de la Dirección General de Costas como de la Junta de Andalucía.

“La presente sentencia se opone frontalmente a los pronunciamientos de la sentencia anterior, dictada por el mismo TSJA en relación a la pertinencia o posibilidad de la revisión de oficio de la misma licencia, lo que, en los términos expuestos, supone la infracción del principio de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, igualdad y derecho a la tutela judicial efectiva”, concluye.

El recurso de casación de Greenpeace

Greenpeace también ha presentado recurso de casación al Supremo en este caso para solicitar que acuerde la demolición del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras (Almería) que sí desestimó el Alto tribunal andaluz ya que considera que “no tuvo en cuenta” el “efecto de nulidad en cascada”.

El colectivo conservacionista ha advertido al TSJA de que la modificación del planeamiento urbanístico de Carboneras que califica El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección y que apareció publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en septiembre no tiene “valor alguno”, y de que se trata de una “maniobra municipal” para “eludir” la acción de la justicia.

La sala había requerido días antes al ayuntamiento para que anulase los sectores urbanísticos ST-1, donde se asienta el hotel de Azata del Sol, y ST-2 o El Canillar, que lo que se publicó en BOP el pasado día 16 es una “dación de cuentas” de la citada modificación que, sin embargo, “no ha sido aprobada provisionalmente por el pleno” de la corporación local.

El Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería) ha citado a declarar como investigado al primer teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Carboneras, Pedro López, en el marco de la causa penal abierta por presuntas amenazas a un empresario del municipio.

La jueza fija la comparecencia en sede judicial de López para el 4 de octubre, si bien, antes, el 16 de septiembre, tomará declaración al perjudicado, hermano del actual portavoz municipal del grupo Carboneras Avanza y ex regidor carbonero Felipe Cayuela, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El primer teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo (PSOE) fue denunciado por el empresario después de que, según indicó Carboneras Avanza en un comunicado, en febrero de 2020 se dirigiese supuestamente al bar que regenta en la localidad y presuntamente lo “amenazase advirtiéndole que iba a hacer todo lo posible para cerrarle el local valiéndose de su posición de concejal de Urbanismo en el ayuntamiento”.

El grupo municipal precisó que la “conversación fue grabada” y que los hechos se habrían repetido en junio con “amenazas para que abortase su intención de interponer una denuncia contra él por las presiones sufridas con anterioridad”.

Respaldo del alcalde

En noviembre del pasado año se celebró un acto de conciliación que terminó sin acuerdo para evitar llegar a la apertura de diligencias previas penales.

La denuncia que ahora se sustancia en el Juzgado de Instrucción 2 de Vera llegó también hasta el pleno, que fue convocado en sesión extraordinaria en enero y en el que se rechazó con los votos en contra del equipo de gobierno del PSOE la reprobación y cese de Pedro López que solicitaba en bloque por la oposición.

El alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), respaldó a su primer teniente de Alcalde y aseveró que “si pudiera darle más competencias se las daría” en el transcurso de un pleno que se desarrolló en un tono muy bronco, con continuos reproches e interrupciones.

Amérigo ha atribuido las acusaciones a lo largo de estos meses a que la oposición “no ha podido superar” el hecho de que “una moción de censura urdida” contra él por su socio en el gobierno, el grupo independiente Gicar, poco después de las elecciones municipales fuese frustrada por Pedro López.

El primer teniente de Alcalde concurrió a las elecciones bajo las siglas de Gicar, partido que alcanzó un pacto de gobierno con el PSOE, aunque posteriormente el alcalde destituyó al entonces segundo de a bordo y ahora portavoz del grupo independiente, Salvador Hernández, por ese motivo.

Medio campo de fútbol. Es la superficie que ocupan centenares de sacas de ceniza de carbón instaladas desde hace año en el puerto de Carboneras (Almería). Se encuentran a la intemperie, contienen metales pesados y su manipulación genera nubes tóxicas. Así, al menos, lo han denunciado los vecinos de esta localidad del litoral almeriense ante la Guardia Civil y la Fiscalía.

En su denuncia ante la Guardia Civil. plataforma 'Muévete por Carboneras' alega que el pasado 12 de junio llamaron a la policía municipal porque “se estaban moviendo unos sacos llenos de ceniza procedentes de la quema de carbón en la Central Térmica Litoral de Almería, que llevan años depositados en la terminal del puerto de graneles”.

Gestión de residuos

La asociación, compuesta por organización vecinales, ecologistas y empresariales de la localidad, critica la negligencia con la que se gestionan estos residuos en el puerto de Carboneras. “Debido al abandono, estos sacos se han deteriorado hasta tal punto que ya no pueden contener esas cenizas”, apunta.

Denuncian que la carga en camiones de las sacas, al carecer de asideros, se realizó mediante un buldócer que vertía “en cada movimiento inmensas cantidades de pulverulento generando en el medio y en la atmósfera una nube tóxica de grandes dimensiones”. Las cenizas procedentes de la quema de carbón concentra metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, cromo...) y residuos radioactivos, como radón o uranio.

No es la única emisión tóxica que denuncian. El 17 de junio, en la terminal del puerto de graneles se manipularon yesos con una grúa de cuchara “dando lugar a grandes emisiones de polvo en la atmósfera”. Días antes, se cargaron yesos en un buque, “volcando el material desde una altura de unos seis metros, generando también unas emisiones a la atmósfera muy graves”.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía este viernes 21 de junio apuntan que las operaciones de carga y descarga de yeso se realizan “sin existir medidas preventivas efectivas de las emisiones de polvo que se producen con la manipulación, carga y descarga, realizadas abiertas al entorno, sin ningún tipo de sistema que las cierre, como sí ocurre con la descarga del carbón en el mismo puerto y terminal (sistema cerrado), el cual debería ser el mismo para el yeso”.

Cenizas de carbón al aire libre

Según los denunciantes, estas actividades de carga y descarga no tienen autorización de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible y no se toman las medidas correctoras obligatorias para evitar las emisiones a la atmósfera.

Además, la carga y descarga de estos residuos se produce “a menos de 500 metros del campo de fútbol municipal (donde entrenan todos los equipos infantiles y alevines de Carboneras) y del tanatorio”, así como la desaladora de agua potable, la playa del Corral y una reserva marina del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Alegan que desconocen que “exista ningún sistema de control que determine la concentración de estas partículas en el «Muelle de la Ribera I» durante el tiempo que se han estado realizando las emisiones a la atmósfera en la zona, sin saber cuál es la calidad del aire que inhalan los residentes de Carboneras”.

Según Juan José Alférez, portavoz de la plataforma y presidente de la Asociación de Empresarios de Carboneras, se trata de “miles de toneladas acumuladas desde hace más de tres años al aire libre y las sacas se han deteriorado. Las están moviendo, porque necesitan el espacio para el acopio del mineral procedente de la mina de Alquife (Granada)”.

Según la Fundación Bahía Almeriport, entidad de interés público que engloba la Autoridad Portuaria de Almería y a las empresas que operan en el Puerto de Carboneras, “las actividades que se desarrollan en el Puerto de Carboneras cumplen con la normativa, y se está en un proceso permanente de actualización ante las nuevas normativas que se van produciendo, y que en ningún caso en el Puerto de Carboneras se produce tránsito de ningún residuo peligroso”.

Por su parte, la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería (Junta de Andalucía) asegura que “no nos consta que se esté incumpliendo la normativa sectorial. En concreto, un decreto del año 2012 de actividades contaminantes al aire”, pero que “se va a volver a hacer una comprobación por parte del técnico de la situación de la actividad que se está desarrollando en la actualidad”. La Junta de Andalucía añade que se está adaptando la normativa actual, pero que eso no significa que se esté incumpliendo la normativa por la que se regía“.

Aunque señalan que “las cenizas de carbón no tienen condición de residuo peligroso”, un estudio científico apunta que “las cenizas de estos procesos no deben ser dejadas en espacios abiertos sino depositarse adecuadamente para evitar tanto su volatilización como su dispersión por el viento y de este modo disminuir los riesgos a la salud de los seres vivos”.

José Luis Amerigo, alcalde de Carboneras, asegura que están “preocupados” con el movimiento de graneles en el puerto y que están investigando “qué está pasando, si se cumple la normativa y que no afecte a la salud de los ciudadanos”.

¿El futuro puerto de la mina de Alquife?

Según informa Europa Press, en mayo, la Junta de Andalucía inició la tramitación del expediente para autorizar la salida del mineral de hierro procedente de la explotación de las minas de Alquife, en la comarca granadina del Marquesado, desde el puerto de Carboneras. La empresa J. Ronco solicitó permiso “para la manipulación de 100.000 toneladas de mineral de hierro”. Se trata de una prueba que permitiría producir y distribuir cuatro millones de toneladas de mineral al año.

Minerva Aragón, miembro de la plataforma y de Ecologistas en Acción, denuncia que los ciudadanos de Carboneras están “hartos. En el polígono industrial de Carboneras tenemos de todo y no queremos más. Se está incumpliendo la normativa para manipular yeso, hierro y ceniza. No tienen autorización desde 2015 y, por tanto, la actividad en el puerto es ilegal”. Sobre la mina, critica que “el beneficio sea para Granada y el perjuicio, aquí”.

Consultada por este diario, la empresa J. Ronco & CIA S.L, que opera en el puerto de Carboneras, ha declinado hacer ningún tipo de comentarios sobre la denuncia y la carencia de autorización ambiental para esta actividad.

Antes de las elecciones, el pleno municipal apoyó una moción de 'Muévete por Carboneras' en contra de una actividad industrial que consideran que podría perjudicar la actividad turística de este pueblo del litoral almeriense. Según la plataforma, tras la última denuncia, el alcalde de Carboneras, Jose Luis Amerigo (PSOE), “nos ha manifestado su total apoyo a la plataforma y a sus reivindicaciones”.

Debía ser un imán para el turismo que atrajera a cientos de turistas a una de las últimas playas vírgenes del litoral español, pero terminó convirtiéndose en un simbólico cadáver de hormigón: el de la destrucción de la costa.

El Algarrobico, el hotel de 21 plantas y 500 habitaciones construido por la constructora Azata del Sur, en la playa del municipio de Carboneras (Almería), sigue erguido un año más, una nueva campaña electoral. Sin que ninguna administración se atreva a ponerle, al gato, el cascabel del derribo.

Es imposible saber cuándo caerá el coloso. Mañana, en un mes o dentro de diez años. Organizaciones ecologistas como Greenpeace creen que el hotel quedará reducidos a escombros en unos cinco años. Muchas sentencias judiciales, poca voluntad política y un enredo judicial que ni siquiera los expertos son capaces de descifrar por completo tras 15 años de pleitos en los juzgados de Almería, Granada y Madrid.

Lo que, en cualquier caso, está claro es que al consistorio que salga tras las elecciones de este domingo le tocará enfrentarse, por acción u omisión, con la demolición de este hotel ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata.

Inacción de las administraciones

En Greenpeace denuncian que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Carboneras siguen “esperando procedimientos judiciales del caso con mayor número de sentencias judiciales para derribar un inmueble. No comprendemos qué mas necesitan para hacer lo que tienen que hacer, que es cumplir con las sentencias”.

Hace más de un año, el Tribunal Supremo confirmó la anulación el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras: el hotel se levantaba en suelo ilegal. El ayuntamiento de la localidad almeriense está obligado desde entonces a rehacer su PGOU y ordenar el derribo del edificio. Pero no lo ha hecho.

“El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley y modificar su PGOU. Tiene un suelo calificado como urbanizable y las sentencias le han dicho que ese suelo es natural y, por tanto, no cabe que tengan ese suelo como urbanizable”, apunta Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace. El hotel no solo está demasiado cerca del mar, sino que está construido en espacio protegido.

Greenpeace volvió a acudir a los tribunales para agilizar los trámites. “A finales de 2017, como no se estaba haciendo caso a las sentencias, le pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligara al Ayuntamiento de Carboneras a modificar su PGOU y adoptar las sentencias”, señala la ONG verde.

Junta y Gobierno asumieron los gastos del derribo

Aunque durante más de una década, el embrollo judicial se ha enredado por los recursos y alegaciones de la constructora, Azata del Sur, el Ayuntamiento y la Junta, las administraciones han llegado, eso sí, a un acuerdo para asumir los gastos del derribo.

En 2011, el expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, y la exministra socialista de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, acordaron que los gastos de la demolición correrían a cargo del Gobierno central y los del reciclaje de los escombros y la restauración del paraje, a cargo de la Junta.

En 2018, con una Junta socialista y un Gobierno central popular, ambas administraciones le manifestaban a este diario que el acuerdo seguía “vigente” y que se mantenía el “compromiso” de derribarlo.

La Junta de Andalucía indicó que el protocolo de colaboración “sigue vigente y en su cláusula segunda se indica que el Ministerio abordará la financiación de la demolición y que la Junta abordará el desescombro y la correcta gestión de los residuos que esta demolición genere”.

Por su parte, el Gobierno de España apuntaba que “el Ministerio firmó un Protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico. El Ministerio ha manifestado su compromiso de colaborar en la cofinanciación de esta recuperación, que supone la demolición del hotel”.

Ambos gobiernos, de nuevo signo, deberán corroborar un acuerdo que se remonta ocho años atrás.

La demolición saldría por unos siete millones de euros. La Junta de Andalucía se comprometió a crear un “plan de empleo extraordinario”, mientras el consistorio local reclama medidas económicas sociales, como “la instalación de grandes empresas que crearán centenares de puestos de trabajo en el levante almeriense” o evitar el derribo y emplear el hotel como residencia de ancianos. Los tribunales ya han hablado al respecto: el Algarrobico debe caer.