Después de haber interferido en procesos electorales, operaciones militares y hasta las proyecciones del cambio climático, el mercado de apuestas acaba de adentrarse en el terreno de la salud pública con consecuencias potencialmente catastróficas, según los especialistas. El pasado mes de julio, la polémica plataforma Kalshi puso en marcha el primer programa piloto de mercados de predicción sobre los resultados de ensayos clínicos y decisiones regulatorias de la FDA. O lo que es lo mismo, permitirá arriesgar dinero eligiendo “sí” o “no” sobre el éxito de un medicamento mientras aún se está probando su eficacia en los pacientes. 

En su anuncio, Kalshi argumenta que la apertura de este mercado resuelve el grave problema de opacidad informativa de la industria farmacéutica y permite evaluar la evidencia científica de un medicamento de forma independiente y frente a la volatilidad bursátil de la compañía. Y adelanta que las dos primeras apuestas de este programa piloto ya están en marcha: una sobre el resultado del ensayo POLARIS-AD en Fase 3 para un tratamiento del alzhéimer en etapa temprana y otra sobre la decisión de aprobación de la FDA del fármaco anito-cel de Gilead/Arcellx para el mieloma múltiple recidivante o refractario.

Con el argumento de que las farmacéuticas presentan a menudo los resultados antes de la revisión científica a través de notas de prensa dirigidas a los accionistas, Kalshi propone un sistema supuestamente más independiente auditado por la firma de inteligencia de datos AppliedXL que hace de verificador neutral. Esta empresa establece de antemano los criterios e identifica los documentos oficiales de referencia —como los objetivos primarios registrados en ClinicalTrials.gov o las resoluciones de aprobación de la FDA— que determinarán si el ensayo es un éxito.

La empresa de apuestas defiende que este mecanismo incorpora como salvaguardas que las apuestas solo se abren una vez concluido el reclutamiento de pacientes en Fase 3 y requiere la verificación de dónde trabaja cada persona que apuesta para evitar que empleados de farmacéuticas, hospitales y agencias reguladoras utilicen información confidencial y privilegiada para lucrarse en las apuestas. Pero ninguno de estos argumentos convence a los especialistas.

Filtraciones e interferencias

Una de las primeras voces de alarma la dieron dos investigadores estadounidenses en un artículo editorial en la revista Science hace unas semanas. En él, Tony Yang, de la de la Universidad George Washington, y Aaron S. Kesselheim, de Harvard, advierten de dos grandes peligros de esta nueva estrategia: la posibilidad de que se filtre información confidencial al mercado y de que los participantes pierdan la confianza en el propio ensayo al ver que pierde valor en las apuestas.

Sobre la primera cuestión hay antecedentes; en 2008, recuerdan, el presidente del comité de monitoreo de un ensayo sobre alzhéimer transmitió resultados a un fondo de cobertura que obtuvo ganancias o evitó pérdidas por 276 millones de dólares. Por otro lado, las expectativas negativas pueden empeorar los síntomas y la adherencia. “Imagínese a un paciente viendo cómo se desploman las probabilidades y pensando: ¿por qué seguir tomando este medicamento?”, explica Yang a elDiario.es. “Las dosis omitidas, las visitas faltantes o los cambios en la notificación de síntomas podrían afectar el estudio”. 

Imagínese a un paciente viendo cómo se desploman las probabilidades y pensando: ¿por qué seguir tomando este medicamento?

Tony Yang — Investigador de la de la Universidad George Washington

Los investigadores creen que ningún contrato de predicción sobre el resultado de eficacia o seguridad de un ensayo debería negociarse mientras el ensayo esté en curso y antes de que el resultado sea público. “Con el programa piloto de Kalshi, la inscripción ha terminado, pero el experimento continúa”, señala Yang. Los pacientes aún podrían estar recibiendo tratamiento y los investigadores recopilando resultados. “Los iniciados podrían beneficiarse de información confidencial, mientras que las probabilidades públicas podrían influir en pacientes y personal”, insiste. “Kalshi tiene restricciones de negociación, pero estas no pueden impedir que todos vean el precio”. 

Los pacientes necesitan tener la certeza de que quienes dirigen su ensayo no tienen ningún interés financiero en influir en su resultado

Tony Yang — Investigador de la de la Universidad George Washington

¿Qué sucederá si la participación de las empresas de apuestas sigue creciendo en los ensayos? “Mi preocupación es que se produzca una predicción autocumplida”, dice Yang. “Las bajas probabilidades ahuyentan a los pacientes o la financiación, la investigación se resiente y el mercado parece haber acertado”. En cualquier casi, más allá de los datos, está la confianza. “Los pacientes necesitan tener la certeza de que quienes dirigen su ensayo no tienen ningún interés financiero en influir en su resultado”, avisa.

En España, el Ministerio de Consumo expedientó y bloqueó las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi en el pasado mes de mayo por operar sin permiso, pero su influencia en EEUU puede tener efectos colaterales. Allí no existe ninguna prohibición específica sobre las apuestas en ensayos no terminados, por lo que Yang defiende que la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos) regule este mercado cuanto antes. “Existe una restricción de las apuestas sobre lesiones de atletas porque podrían incitar al daño o al mal uso de información médica privada”, argumenta. “Creo que los pacientes en ensayos de medicamentos merecen la misma atención. Mi postura es simple: que no haya apuestas públicas sobre los resultados de los ensayos hasta que se haya recopilado y hecho pública la evidencia pertinente”.

“Una verdadera locura”

Gerard Urrutia, epidemiólogo y experto en salud pública del Hospital de Sant Pau, cree que esta situación no es extraña dentro de la cultura de capitalismo salvaje de EEUU. “Ellos lo mercantilizan y, en esa lógica, todo es vendible”, asegura. Además, coincide con que la difusión de información cuya fiabilidad es cuestionable va a condicionar el seguimiento y puede llevar al fracaso de estudios necesarios. “Aquí veo un enorme potencial de conflictos graves por intereses comerciales entre grandes multinacionales que va a repercutir negativamente en el propio sistema de la ciencia. Si la integridad del sistema se pone en entredicho y destruimos la confianza pública, damos pie a la pseudociencia y cualquier cosa puede ser verdad, lo cual es un verdadero drama”.

Hay cosas sobre las que está prohibido apostar, como la probabilidad de que alguien se muera, y esto es lo mismo: es apostar sobre la enfermedad de otros. Es una cosa horrible

Cristina Avendaño — Presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME)

De la misma opinión es el genetista y experto en bioética Lluis Montoliu, del CNB-CSIC. “Esto es una verdadera locura”, afirma. “Lo que debe determinar la aprobación de un fármaco tiene que ser la seguridad y la eficacia. Esto me parece algo absolutamente kafkiano”. Cristina Avendaño, presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), también considera que esta propuesta es totalmente contraria al interés general, además de implicar enormes riesgos. A su juicio, es indiferente que estas empresas de apuestas estén prohibidas en España, porque estos ensayos se hacen a escala global y el ensayo que se está haciendo en EEUU, también se está haciendo en Europa.

“Prohibirlo me parece imprescindible”, sostiene Avendaño. “Hay cosas sobre las que está prohibido apostar, como la probabilidad de que alguien se muera, y esto es lo mismo: es apostar sobre la enfermedad de otros. Es una cosa horrible”. Y que la empresa de apuestas se proponga como garante del proceso le parece un chiste. “Esta es la forma de cargarnos una herramienta valiosísima para la progresión del conocimiento, que es el ensayo clínico”, denuncia. “Al abrir las apuestas tras la fase de reclutamiento, las pujas se producen sin información y, en cambio, tienen un efecto supernegativo, porque si va mal, abandonas y te cargas el ensayo”.

Esta dinámica desvincula el valor de un fármaco del valor del uso real que tiene para la sociedad. Si ha ocurrido con la vivienda, puede ocurrir con los medicamentos

Javier Padilla — Secretario de Estado de Sanidad

Para Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, la apertura del mercado de apuestas a los ensayos clínicos puede tener un efecto totalmente negativo al desvincular el valor de una compañía del valor en salud. Esto se enmarca dentro de un contexto en el que la industria farmacéutica cada vez se apoya más en los mercados bursátiles y de predicción. “Y ya sabemos que todos aquellos bienes que entran en esta dinámica han perdido valor o se ha desvinculado su valor del uso real que tienen para la sociedad”, apunta. “Si ha ocurrido con la vivienda, puede ocurrir con los medicamentos, por lo que es una medida ante la cual habría que intentar actuar a nivel global en términos regulatorios”.

Otro efecto, recuerda Urrutia, es que estas empresas generan expectativas y estados de opinión favorables o no a los tratamientos para influir en la opinión pública. “Esto puede generar una presión irresistible a las autoridades sanitarias para la financiación pública de medicamentos demandados que quizás no han demostrado un efecto claramente favorable”, advierte. “Creo que hay una gran responsabilidad del sistema y de los profesionales que trabajamos en investigación pública de tomar posición respecto a esto”, concluye. “Debemos aferrarnos a principios del Código Europeo de Integridad (ALLEA) —como la fiabilidad, honestidad y responsabilidad— para defender en todos los foros que esta actividad sea percibida por el público como ilícita y perversa”.

La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, desconocida, pero con una facturación de 3.000 millones y una de las líderes del sector en España, se estrena en el asociacionismo mundial en Panamá. El presidente, Antonio Mingaronce (Lanjarón, Granada, 1957), asiste a su primera asamblea y conferencia de la Alianza de Cooperativas Internacional con la intención de darse a conocer, aprender de experiencias de otros países y hacer más fuerte el peso de España en el cooperativismo internacional. 

Bidafarma es una cooperativa que factura 3.000 millones, pero es bastante desconocida en España. ¿Cómo nace? 

La empresa nace hace diez años de la fusión de 12 cooperativas farmacéuticas. Nos fusionamos porque queremos ir hacia una sociedad más justa y a la vez necesitamos ser más eficientes. Si hacemos diez veces por separado aquello que podemos hacer una vez, podemos ser complementarios y unir sinergias. Juntas suman 1.000 años porque algunas tienen más de 100. 

¿Una fusión así se hace para que bajen los precios? 

Se consigue reducir costes, que es una forma de bajar precios, pero el mundo del medicamento está totalmente hiperregulado e intervenido, los precios dependen de la autoridad sanitaria, no los marcamos nosotros. 

¿La crisis del estrecho de Ormuz ha afectado a la distribución de medicamentos? 

No ha habido desabastecimiento, pero algunas materias primas pueden tener dificultades para llegar. Ha habido dificultades con el aluminio, cartonajes y demás, pero no ha habido una crisis con los medicamentos. 

Sí que hay problemas de desabastecimiento más crónico. 

Sí, para determinadas moléculas el desabastecimiento es un problema que convive con nosotros y creo que va a persistir. Lo bueno es que siempre tenemos alternativas de similar calidad, eficiencia y seguridad que el que está en desabastecimiento. Lo que se está haciendo en España desde la Agencia de Medicamentos y el Consejo General de Fedifar es aplicar una visión predictiva sobre qué desabastecimiento se puede producir y dónde para minimizar el impacto. 

¿A qué medicamentos afecta? 

Uno de los más afectados es Concerta, un medicamento que se utiliza para el trastorno de déficit de atención. Hay escasez, pero con una buena gestión se está resolviendo razonablemente. 

Tienen distribución en Ceuta, ¿faltan allí medicamentos? 

Estuvimos allí el jueves de la semana pasada y todo funciona con normalidad. Las farmacias siguen abiertas y no faltan medicamentos. Es verdad que ha sido doloroso para los ceutíes que viven allí y también que pueda haber países que no ayuden a sus ciudadanos. Nos reunimos con el Ministerio de Sanidad en Ceuta y las vías de comunicación están abiertas para lo que necesiten. 

En las farmacias de Ceuta hay normalidad

Ustedes son una cooperativa y son líderes en España en distribución farmacéutica, junto a otra cooperativa que es Cofares. ¿Es un sector que propicia al cooperativismo? ¿Por qué? 

La prestación farmacéutica en nuestro país es universal, el Estado da medicamentos a todos los ciudadanos para que acceda en igualdad de condiciones. La geografía española está muy dispersa, hay muchos pueblos pequeños, grandes, remotos, en algunos el acceso es difícil y requiere un gran coste. Solamente bajo un modelo cooperativo, se puede garantizar que los medicamentos lleguen a todos los ciudadanos. Si fuésemos al libre mercado, sería imposible, porque un medicamento que se sirve en las mismas condiciones, al mismo precio y con las mismas garantías en el último pueblo de España que en el centro reportaría pérdidas. Si el objeto social es servir y no el lucro, se garantiza que llegue. 

¿Cómo funciona la distribución farmacéutica? 

Después de la investigación, producción y preparación, el medicamento llega a las personas en las farmacias, distribuidas por todo el país. Tiene que haber seguridad en la cadena de suministro, en la cadena de frío y las redes logísticas de almacenes con más de 40.000 referencias son muy complejas. Era imposible que cada farmacia tomara sus medicamentos o tuviera las 40.000 referencias. Ya era complicado en una ciudad, ¿con qué medios se hace en un pueblo? Entonces se crea una red logística que es como una tela de araña, donde están los almacenes con todas las referencias que garantizan el abastecimiento. 

¿Los farmacéuticos son los dueños de la cooperativa? 

Sí, para ser socio de la cooperativa hay que tener una farmacia. 

Con los precios regulados, ¿la cooperativa se protege de la entrada de una multinacional?

Si este no fuera un sector regulado, seguramente sería otro escenario. ¿Tú entenderías que los medicamentos que van a pérdidas lleguen a pueblos de 500 habitantes? Es difícil hacerlos llegar. Entre los dos extremos de Granada hay 295 kilómetros y cientos de pueblos de 500, 800 o 900 habitantes. Todos los pueblos tienen el mismo servicio y medicamentos. ¿Tú crees que con el libre mercado una empresa que va a pérdidas va a llevar esos medicamentos durante mucho tiempo? Nuestro modelo es solidario, los farmacéuticos saben que no es rentable llevar medicamentos a algunos lugares y lo compensan con otros. 

¿Qué importancia tiene la ACI para vosotros, que asistís por primera vez? 

Sirve para reafirmar nuestra razón de ser, el beneficio social más allá del económico. Podemos aprender de otras cooperativas del mundo sanitario en otras partes del mundo e incluso de cooperativas de otros sectores y con otros modelos diferentes. También imagino que a otros les puede servir aprender de nuestro modelo, pues pocos países tienen una prestación sanitaria íntegra y universal. 

¿Y para internacionalizarse? 

No, nosotros nacimos para servir a la farmacia española y a nuestros 10.000 socios y no tenemos intención de salir a otros países. 

Hay quien asocia el cooperativismo a pequeñas empresas, pero la suya factura 3.000 millones. ¿Cómo es el equilibrio entre el idealismo y la escala, el responder a unos valores y crecer? 

Para realizar tu función social, tienes que ser rentable. Nosotros, por ejemplo, todo lo que ganamos, lo reinvertimos para ser cada vez mejores tecnológicamente. Nuestros 32 almacenes tienen un 96% de robotización e invertimos en IA y sostenibilidad. Esto nos lo podemos permitir hacer porque desde hace 10 años nos unimos todos. 

En su caso, los socios de la cooperativa son los farmacéuticos pero no, por ejemplo, un repartidor, ¿cierto?

Sí, así es, no es una cooperativa de trabajo. Pero los trabajadores tienen unas buenas condiciones y un nivel de rotación bastante bajo, con una vida laboral media dentro de la empresa de 15 años y un 40% con más de 21 años. 

Trump se ha posicionado en contra de las cooperativas en la ONU y parece que un modelo del PSOE como el de España apuesta más por ellas. ¿Este tipo de gobiernos son más proclives? 

Bueno, en España la ley de economía social la desarrolló Mariano Rajoy, aunque es verdad que luego Zapatero la desarrolló. Trump puede decir que está en contra de las cooperativas, pero Estados Unidos es el país que más cooperativas tiene. Y es un modelo en auge. 

¿Y la extrema derecha tampoco es amenaza para el cooperativismo? 

No lo creo. El cooperativismo, si no fuese eficaz, sería una amenaza para sí mismo. Pero ha demostrado que es una muy buena forma. Para amenazarlo, alguien tiene que ofrecer una alternativa mejor. Y no la hay. 

De todos modos, el cooperativismo sí que tiene unas raíces ideológicas. ¿Cómo se navega en ese término medio entre esos valores de paz y el no posicionamiento de la ACI en los conflictos? 

El mundo cooperativo está para resolver problemas sociales independientemente de su ideología. Nosotros en Bidafarma no tenemos ideología. Suministramos medicamentos a los pueblos, a las ciudades, a las personas, tenemos unos valores sociales y humanos inquebrantables, pero creemos que la salud no es de nadie, es de todos, y no tiene ideología. 

La salud es de todos, no tiene ideología

¿Han notado mejoras con el Gobierno del PSOE y sus últimos movimientos a favor del cooperativismo? 

No, siempre hemos funcionado de manera muy autonómica, y siempre hemos tenido una entente razonable con todos los gobiernos. 

¿Tal vez otros sectores con más competencia o cooperativas más pequeñas sí que pueden necesitar más esa protección?

No creo que haya que proteger, creo que la obligación de las cooperativas es hacerlo tan bien como para no necesitar esta protección. Con la sobreprotección no vamos a ningún sitio.

El prestigioso cardiólogo Kim Fox, expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), cobró más de 50 millones de libras —más de 58 millones de euros— junto a su esposa entre 2006 y 2015 a través de una empresa que gestionaba ensayos clínicos del fármaco ivabradina para la farmacéutica Servier. Todo esto, al tiempo que presidía el comité que elaboró las guías europeas que recomendaban ese medicamento, cuya utilidad ahora está en duda. Según ha revelado la revista The BMJ, tras la emisión de un documental danés y una investigación interna, la ESC ha sancionado a Fox por incurrir en una “conducta gravemente impropia”, al no haberse inhibido ante un conflicto de intereses y cobrar cifras que sus colegas consideran “monstruosas”.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia de las relaciones entre médicos e industria farmacéutica y ha puesto el foco sobre las guías clínicas, que son los documentos maestros que regulan el manejo, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes. También en España, donde un reciente análisis ha determinado que, a pesar de que la gran mayoría de los autores de las guías reciben transferencias de valor directas de los laboratorios, apenas el 17% de sus declaraciones de conflictos de interés son completamente exactas y fiables.

El trabajo consistió en comparar las declaraciones de interés de 704 autores con las transferencias de valor reportadas por la industria farmacéutica disponibles en las páginas web de las compañías. El 80% de ellos recibieron transferencias, pero solo el 16,9% presentaron declaraciones de interés precisas. “Las tasas de declaración son muy bajas; tan solo uno de cada seis autores analizados declaraban correctamente los pagos y eso que no pudimos registrarlos todos porque no existe un registro único”, explica Sergio Martín-Benlloch, primer autor del estudio. “Nosotros quisimos llamar un poco la atención sobre este aspecto. Esto es un problema de transparencia que no se había estudiado antes en España”.

Intereses no declarados

La situación, dicen los autores, se ve agravada por la fragmentación y debilidad del sistema de control y transparencia español. A diferencia de otros países, que cuentan con leyes específicas de transparencia, España carece de un registro público único, centralizado y de fácil acceso que permita fiscalizar estos vínculos financieros de forma sistemática. A ello se suma que la declaración y gestión de los conflictos de interés en las guías clínicas no responde a un estándar nacional uniforme, sino que depende en gran medida de las políticas de cada sociedad científica u organismo que las elabora.

El problema es que no sabemos si cuando dicen que no tienen conflictos de interés los autores de las guías están diciendo la verdad

Sergio Martín-Benlloch — Investigador de la Universidad Miguel Hernández y primer autor del estudio

“El hallazgo fundamental del trabajo es que se confirma algo que tristemente se espera: que las declaraciones de interés no sean veraces”, destaca Ildefonso Hernández-Aguado, director general de Salud Pública entre 2008 y 2011 y coordinador del estudio. En la memoria quedan algunos casos de conflictos de interés flagrantes, como el del oncólogo español Josep Baselga, que renunció en septiembre de 2018 como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York tras conocerse que no había declarado millones de dólares en pagos recibidos de la industria farmacéutica en decenas de sus artículos científicos. O el del hepatólogo Jordi Bruix que, según una investigación de Civio, había recibido más de 98.000 euros de Bayer mientras respaldaba y lideraba investigaciones sobre dos fármacos de la compañía para el cáncer de hígado.

“El problema es que no sabemos si cuando dicen que no tienen conflictos de interés los autores de las guías están diciendo la verdad”, subraya Martín-Benlloch. “Las guías clínicas coordinan el manejo de patologías muy frecuentes y podrían ser el elemento más vulnerable a estos intereses de la industria”.

Pablo Alonso-Coello, investigador del Centro Cochrane Iberoamericano en el Instituto de Investigación Sant Pau, y responsable del Centro GRADE de Barcelona, coincide con las conclusiones del artículo, en el que no ha participado. “Es verdad que no te puedes fiar mucho, sobre todo en España”, asegura. “Hay organizaciones que desarrollan políticas cada vez más explícitas, pero no hay un registro centralizado y no hay una política de comprobación ni nadie que vaya a contrastarlo: las guías clínicas son un coladero”.

El criterio de las sociedades científicas

Las donaciones directas están prohibidas y las formas habituales de influencia son a través de pagos individuales por asistencias a congresos, ponencias, asesorías o participaciones en comités. Las farmacéuticas se suelen centrar en lo que llaman líderes clínicos (key opinion leader o KOL), personas que tienen un buen currículum, que a veces ha crecido a la sombra de estas empresas. “Aunque las sociedades de cardiología han puesto el límite en más de 10.000 euros, nosotros hemos encontrado autores de guías clínicas que reciben honorarios superiores a estos y que dicen explícitamente que no tienen conflictos de interés”, advierte Hernández-Aguado.

Decimos que es un problema estructural porque en muchas sociedades científicas el mayor financiador no son las cuotas de los asociados, sino que son las empresas farmacéuticas

Ildefonso Hernández-Aguado — Director general de Salud Pública entre 2008 y 2011 y coordinador del estudio

Pero la mayor capacidad de influencia de la industria en estos documentos de salud pública no es a través los investigadores, sino de las sociedades científicas, que son las que redactan las guías. “Nosotros decimos que es un problema estructural porque en muchas sociedades científicas el mayor financiador no son las cuotas de los asociados, sino las empresas farmacéuticas”, señala Hernández-Aguado. “Eso hace que haya probabilidades altas de que la agenda de la sociedad esté, en cierta forma, capturada por intereses ajenos a la salud y se centren en soluciones farmacológicas”.

“Además, cada sociedad tiene sus protocolos y establece lo que es un conflicto de intereses, pero hay algunas que son mucho más exigentes, mientras que otras no lo son tanto”, destaca Martín-Benlloch. Un estudio internacional de enero de este año mostraba que solo una pequeña minoría (el 10%) de las organizaciones que elaboran guías de práctica clínica describe un proceso para verificar las declaraciones y muy pocas proporcionaban criterios específicos. “Las organizaciones que elaboran guías clínicas deberían mejorar sus políticas sobre conflictos de intereses, especialmente en lo relativo a la evaluación de los mismos, y hacer mayor hincapié en la declaración de los intereses de la organización (no solo de la guía clínica)”, concluía.

En España, una investigación de Civio mostró que entre las diez entidades que más transferencias recibieron de las farmacéuticas en 2016 siete eran sociedades médicas. “Los organismos públicos están desarrollando políticas para excluir de las etapas clave a investigadores con conflictos muy gordos, pero en algunas sociedades científicas estos expertos campan a sus anchas y no tienen unas políticas tan estrictas”, asegura Alonso-Coello. “Estas sociedades están muy financiadas por la industria y deciden cuáles son las prioridades de las guías que se hacen. ¿Y qué medicamentos eligen? Los que generan dinero”.

Manzanas podridas

Borja Ibáñez, cardiólogo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) que ha coordinado algunas guías clínicas en su campo, reconoce que son “el objetivo más goloso para la industria”, pero cree que en los últimos años se han reforzado los controles para hacer cada vez más difícil esta influencia. “En cardiología no solo se ha puesto como tope los 10.000 euros, sino que la composición de los miembros que hacen las guías es totalmente confidencial hasta el día que se publican”, señala. “Además, los coordinadores tienen que tener cero intereses por parte de la industria; este es el motivo por el que yo fui el coordinador más joven de una guía que ha habido nunca en Europa, porque necesitaban gente con la hoja de conflictos de interés limpia y no había muchos”.

En general, la comunidad cardiológica, y también la médica, son mucho más limpias de lo que puede parecer con estos casos que aparecen aquí

Borja Ibáñez — Cardiólogo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)

Para Ibáñez, es cierto que hay “manzanas podridas” en la investigación, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, pero sería injusto trasladar la idea de que no se está controlando, porque se ha hecho un gran esfuerzo para evitar estas situaciones. “En general, la comunidad cardiológica, y también la médica, es mucho más limpia de lo que puede parecer con estos casos que aparecen aquí”, recalca. “No es que todos los médicos reciban dinero de la industria y por eso deciden recetarnos fármacos o no. Hay quien puede cometer tropelías, en la misma proporción que en cualquier otra profesión”.

“Es muy frustrante que ocurran estas cosas porque hay muchísima gente haciendo buena ciencia, dejándose las pestañas en las horas y los años de trabajo para que luego venga algún pirata y lo tire por tierra”, asegura Julián Palacios, cardiólogo del hospital Son Espases en Palma. “Existe esta gente y existen los corruptos, pero eso no significa que todo el mundo esté trincando y que le pongamos a los pacientes lo que paga el mejor postor. Hay muy buena ciencia en cardiología”.

Un reglamento que no llega

Aunque es injusto generalizar, los especialistas reconocen que las declaraciones de conflicto de interés se basan en la buena fe y hay quien puede mentir sobre ellas. “A veces no tienes cómo comprobarlo, es bastante complicado ahora”, admite Ibáñez. Por eso investigadores como Martín-Benlloch piden una mayor regulación. “Nosotros tuvimos que consultar documento a documento”, dice. “Un registro centralizado sería algo muy positivo para la transparencia, porque haría mucho más sencillo el poder comprobar estos conflictos de interés”.

En 2011, durante el mandato de Ildefonso Hernández-Aguado como director general de Salud Pública, se aprobó una ley que contemplaba estos controles. “En el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública de 2011 se dispuso que todas las sociedades científicas que participasen en recomendaciones que afectasen a la salud tendrían que hacer declaraciones de intereses”, apunta. “Pero para que fuera efectivo, se tenía que desarrollar el reglamento que no ha llegado”.

La ley recoge literalmente que “las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas”, que deberá conocerse la composición de los comités o grupos, así como “la declaración de intereses de los intervinientes”. Consultado por elDiario.es, el actual director general de Salud Pública, Pedro Gullón, reconoce que la ley requiere del desarrollo reglamentario y asegura que están trabajando en ello. “El desarrollo reglamentario de este artículo 11 nos parece un punto muy interesante a poder desarrollar para que ese punto de la Ley General de Salud Pública tenga un ordenamiento jurídico adecuado”, dice.

El programa GuíaSalud, que elabora, evalúa y difunde guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS), dispone de un manual para su elaboración y edición en el que exige declarar, revisar y gestionar los conflictos de interés, pero no establece un mecanismo independiente para comprobar que las declaraciones sean completas o veraces. Este medio ha intentado reiteradamente hablar con sus responsables sin obtener respuesta.

El Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica incluye entre sus principios la transparencia y la gestión adecuada de conflictos de interés, pero tampoco establece una forma de verificarlo. Para Hernández-Aguado, es imprescindible que tanto las sociedades científicas como las administraciones intervengan para que haya una mayor transparencia. “La pregunta es: ¿quién decide la agenda de investigación?”, señala. “Si las industrias te dicen que investigues algo y ponen dinero, ¿crees que estás respondiendo a las necesidades de la sociedad?”.

“Lo que hemos visto nosotros con nuestro estudio es que el sistema actual es insuficiente”, resume Martín-Benlloch. “Tenemos muchos ejemplos en nuestra serie de profesionales cobrando cantidades muy importantes de la industria que podrían incluso suponer un segundo sueldo. No son la mayoría, pero es posible”, advierte. No están diciendo que en España haya casos como el de Kim Fox, sino que con la regulación actual, podría haberlos.

“La industria farmacéutica es necesaria para la producción de fármacos, pero tenemos que conseguir un sistema donde cada uno haga su parte”, sostiene el investigador. “Y, desde luego, que las guías clínicas dependan de la evidencia científica disponible, elaborada por autores transparentes”, concluye Martín-Benlloch. “Esto no quiere decir que tengan que ser totalmente asépticos en sus relaciones con la industria, pero toda comunicación se tiene que declarar, al igual que se hace en otros sistemas y en otros países, donde sabemos que funciona”.

La victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas de Michigan, un Estado que oscila entre el apoyo a demócratas y republicanos, no solo demostró que un programa de izquierdas podría funcionar a nivel estatal. También hizo algo menos remota la posibilidad de que un defensor de la sanidad pública pueda abrirse paso hasta el Senado desde un estado clave. Aunque la posibilidad siga siendo mínima, ha bastado para que una de las principales plataformas moderadas del Partido Demócrata, que recibe dinero de las grandes aseguradoras médicas y farmacéuticas, entre en acción.

La victoria del progresista, de 41 años, fue el detonante para que la plataforma Third Way anunciara que planea destinar 15 millones de dólares en los próximos dos años para combatir el ala izquierdista del partido. El grupo está vinculado al ala demócrata más moderada y su presidente, Jonathan Cowan, explicó a The New York Times que se están “preparando para la guerra” contra candidatos marcadamente progresistas, entre ellos los que aboguen por la sanidad pública, como El-Sayed.

Third Way no acostumbra a revelar públicamente sus fuentes de financiación, pero sí que deja algunos indicios de quiénes son sus mecenas empresariales. Uno de los donantes que recientemente ha salido a la luz es Better Solutions for Healthcare (BSFH), un importante grupo de presión en el sector de los seguros de la salud.

Vínculos con cargos republicanos

En su última declaración de impuestos, a la que accedió el medio especializado Sludge, figura que el grupo BSFH realizó su primera donación de 50.000 dólares a Third Way en 2024, siendo esta la única transacción que se ha hecho pública de ese año. El grupo fue fundado por el estratega republicano Alexander Schriver, quien en 2023 se incorporó como vicepresidente sénior de asuntos públicos al gigante del lobby PhRMA, que fue cofundador, a su vez, de una campaña del sector para frenar la propuesta del “Medicare para todos”, similar a una sanidad universal gratuita. Así consta en los registros fiscales obtenidos por Sludge. Actualmente, dirige BSHF Connie Partoyan, exasesora republicana.

Pero hay más donantes vinculados a los grupos de presión del sector de la salud: la aseguradora CVS Health y la farmacéutica Johnson & Johnson han mantenido un flujo constante de donaciones. En 2024, CVS Health donó 50.000 dólares a Third Way, la misma cifra que había abonado en 2023; y en 2025 Johnson & Johnson donó 25.000 dólares.

Third Way se presenta a sí misma como una plataforma para asegurar que el Partido Demócrata se mantiene en el centro político, pero la hemeroteca señala sus conexiones con personalidades republicanas. En 2024, el grupo lideró una coalición para cambiar cómo Medicare paga por ciertos servicios ambulatorios de los hospitales, la cual contó con el apoyo de BSFH y Americans for Prosperity. Esta segunda organización conservadora está asociada con el conglomerado privado de los hermanos Koch, principal sostén del Tea Party en sus inicios.

BSFH no solo financia Third Way, también tiene fuertes vínculos con la política republicana. Entre 2020 y 2024 pagó casi 4,3 millones de dólares a Targeted Victory, una firma —como BSFH, dirigida por Connie Partoyan— entre cuyos clientes figura el Comité Nacional Republicano (RNC) e incluso el vehículo de campaña de Donald Trump en 2016.

La vieja disputa sobre cómo construir mayorías

Más allá de querer frenar el ascenso de candidatos que puedan abrir camino para implantar la sanidad pública en EEUU, Third Way es el heredero del Democratic Leadership Council (DLC), que se creó en plena guerra civil demócrata tras la derrota de Walter Mondale ante Ronald Reagan en 1984. El DLC tenía como objetivo enfrentarse explícitamente al sector más a la izquierda del partido, que bregaba en ese momento para abrirse paso.

El bloque progresista lo encarnaba entonces la Coalición Arcoíris de Jesse Jackson, que básicamente buscaba crear una gran mayoría reuniendo a distintos grupos sociales y señalando sus intereses comunes frente a las grandes empresas, la desigualdad económica y las políticas conservadoras de la época. Una estrategia que ahora mismo resulta muy familiar, ya que es la misma que están aplicando los socialistas democráticos del DSA y otros candidatos progresistas, como El-Sayed o Angie Nixon.

En este caso, la promesa de “sacar el dinero de los políticos” para crear una sanidad pública es el gran altavoz con el que se quiere llegar tanto a votantes progresistas como moderados. El establishment político es presentado como un obstáculo común para resolver las necesidades básicas que comparten grupos sociales muy distintos.

Esa lógica también se encuentra tras la gira contra los tecnooligarcas que el senador de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lideraron después de la derrota electoral de Kamala Harris en 2024. En 2011 el DLC se disolvió, pero Third Way, fundada en 2005, tomó ese relevo y se enfrentó a Sanders en 2016 para que no llegara a la candidatura presidencial. En su lugar lo hizo Hillary Clinton, exsecretaria de Estado que representaba a la élite política ante unos votantes que buscaban un cambio y acabaron apostando por un outsider como Donald Trump. Años antes de llegar a la Casa Blanca, Bill Clinton presidió el DLC.

El avance en las primarias da a la izquierda ánimos y argumentos para pelear por construir una candidatura que pueda encaramarse a una candidatura presidencial, sea como presidente o vicepresidente. Desde que El-Sayed logró desbancar a la preferida por la jerarquía del partido, Haley Stevens, no para de sonar el nombre de Alexandria Ocasio-Cortez como posible candidata. Esta posibilidad era impensable hace un año. Que el DSA dejara de ser un grupo marginal, también. Pero al sector moderado de los demócratas no le hace falta más para volver a las escaramuzas intestinas de los años 80.

Las farmacéuticas Moderna y MSD (Merck en Estados Unidos y Canadá) se están disparando en Bolsa este miércoles después de anunciar la obtención de resultados preliminares positivos en el ensayo clínico de una vacuna para el melanoma, demostrando una disminución en la recurrencia de la enfermedad (retraso en el regreso del cáncer) y una dilatación en el desarrollo de metástasis.

Pasadas las 16 horas, las acciones de Moderna se disparan más de un 150% en el Nasdaq, mientras que los títulos de MSD repuntan más de un 10% en la Bolsa de Nueva York.

Nada más informar de estos avances, los títulos del laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna rozaban un incremento del 75% en las operaciones previas de la Bolsa de Nueva York, lo que supone alcanzar los 110 dólares por acción frente a los 62,96 dólares que marcó en el pasado cierre, informa Europa Press.

Algo más moderado era el impulso de las acciones de la compañía farmacéutica estadounidense MSD , que llegaban a marcar un aumento del 8% en el mercado bursátil estadounidense, hasta alcanzar los 145 dólares por título, por encima de los 135,17 anotados al fin de la pasada jornada.

Las compañías han combinado una terapia de ARN con un medicamento ya comercializado por MSD, Keytruda, para desarrollar esta nueva terapia, cuyas pruebas suponen el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia oncológica basada en ARNm.

Los resultados arrojaron “mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes” respecto a la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia en los casos de este tipo de cáncer cutáneo.

Los datos obtenidos será presentados en una próxima reunión médica internacional y serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes.

“Estos resultados de la fase 3 representan un momento crucial para la investigación oncológica. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad”, ha destacado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

“Al intervenir en una etapa temprana de la enfermedad, cuando muchos cánceres se consideran más tratables, el objetivo de la terapia adyuvante administrada después de la cirugía es aumentar la posibilidad de curación para un mayor número de pacientes”, ha afirmado el presidente de MSD, Research Laboratories, Dean Y Li.

La farmacéutica británica AstraZeneca mantiene conversaciones con la estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) para una posible fusión valorada en 400.000 millones de dólares (348.000 millones de euros). De prosperar las negociaciones, que revela este lunes el diario Financial Times, el gigante resultante de la operación sería la cuarta compañía del mundo de este sector por valor de mercado.

Ambas compañías han evaluado la posible alianza en los últimos meses y los contactos podrían llevar a un acuerdo, aunque también es posible que no prosperen, añade el FT.

AstraZeneca, cuyas acciones bajaban este lunes un 6,5% en la Bolsa de Londres, tiene un valor de mercado de unos 264.000 millones de dólares, mientras que BMS está valorada en 133.000 millones de dólares.

Una eventual fusión se situaría entre las mayores operaciones del sector farmacéutico de la historia, subraya el periódico británico.El acuerdo impulsado por Pascal Soriot, consejero delegado de AstraZeneca, ampliaría la presencia de la farmacéutica en el mercado estadounidense. Esta compañía ha crecido hasta convertirse en un gigante del sector farmacéutico con una cartera líder en medicamentos oncológicos, pero BMS también cuenta con una importante división de oncología.

La farmacéutica británica se ha fijado un ambicioso objetivo de ingresos de 80.000 millones de dólares para 2030, frente a los 58.700 millones generados el año pasado.

Tal nivel de crecimiento dependería en gran medida del mercado estadounidense, donde la compañía ya obtiene casi la mitad de sus ingresos, dice el FT.

La empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk, fabricante del medicamento contra la obesidad Ozempic, ha presentado una demanda contra la farmacéutica Eli Lilly este martes en Nueva Jersey, al alegar que ésta utiliza publicidad engañosa para inducir a error a los consumidores.

La demanda acusa a Eli Lilly de emplear estudios desactualizados para promocionar en Estados Unidos sus medicamentos de la clase GLP-1 -Mounjaro y Zepbound-, que afirman que ayuda a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk, informa EFE.

Según Novo Nordisk, los datos más recientes demuestran que los medicamentos de la compañía permiten a los pacientes perder una cantidad de peso comparable.

La demanda de Novo Nordisk pide al tribunal que impida a Eli Lilly emitir los anuncios y que exija al fabricante de medicamentos que emita publicidad correctiva.

La empresa danesa también solicita daños económicos, aunque no está claro a cuánto ascienden, de acuerdo con CNBC.

Los Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. pasarán a formar parte del Centro Regional de Innovación Digital (CRID) de Castilla-La Mancha que tiene sede en Talavera de la Reina.

La empresa ha suscrito hoy un protocolo “de intenciones” con la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para “explorar oportunidades de colaboración en iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito sanitario”, según ha dado a conocer la compañía.

“En este marco, ROVI se integra en el reforzando su colaboración con el ecosistema regional de innovación y el impulso de iniciativas tecnológicas en salud”, según asegura.

¿Qué es ROVI?

ROVI es una compañía farmacéutica internacional, especializada y dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades biológicas.

Cuenta con filiales en Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Austria, y con una cartera diversificada de más de 40 productos comercializados, en la que destaca su producto de referencia, Bemiparina, que está presente en más de 60 países de todo el mundo.

Otra de sus líneas de investigación tienen que veer con el campo de la liberación prolongada de fármacos, y ha dado lugar, entre otros avances, a Risperidona ISM®, para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos.

Aportar “soluciones” para atender “prioridades estratégicas” del SESCAM

El protocolo que hoy se ha suscrito establece una colaboración orientada a “identificar líneas de acción conjunta que puedan contribuir a la modernización de servicios y a la incorporación progresiva de soluciones avanzadas, atendiendo a las prioridades estratégicas del Servicio de Salud de Castilla‑La Mancha (SESCAM). En concreto, alude a ”la capacidad tecnológica del grupo ROVI, por medio de su filial Cells IA Technologies, pionera en la transformación de la anatomía patológica mediante inteligencia artificial“.

Según el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, la colaboración “va a reforzar la estrategia en materia de salud digital”, un área al que en el último presupuesto se han destinado 80 millones de euros, que son gestionados a través de la Agencia de Transformación Digital.

En concreto, la compañía farmacéutica desarrollará y validará modelos de IA aplicados a la anatomía patológica con un impacto en la atención al paciente, “promoviendo la eficiencia del sistema sanitario”. Con el objetivo de facilitar diagnósticos más rápidos y precisos, mejorar los procesos clínicos y reducir la carga de trabajo de los profesionales sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El Centro Regional de Innovación Digital (CRID) ha cumplido seis años desde su puesta en marcha y el laboratorio farmacéutico es la empresa “número 20” que se incorpora a sus instalaciones.

Pedro Carretero, director de Área Hospitalaria y de Relaciones Institucionales de ROVI, cree que “la innovación sanitaria avanza más rápido y con mayor impacto cuando se construye desde la colaboración público‑privada”.

Por su parte, Ignacio Jiménez-Carlés, director de Operaciones y Desarrollo de Negocio de Cells IA, ha explicado que la compaís se centra en “aplicar la inteligencia artificial de forma responsable y evaluable en procesos clínicos, especialmente en anatomía patológica”. Ahora el protocolo “abre la puerta a colaborar con el SESCAM en la validación y evaluación conjunta de herramientas que puedan integrarse en la práctica asistencial con garantías, aportando soporte al profesional y contribuyendo a la mejora continua de los flujos de trabajo”.

En concreto, CellsIA desarrolla plataformas de software médico y algoritmos avanzados para el análisis de imágenes digitales, con especial foco en anatomía patológica y diagnóstico de precisión, contribuyendo a mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales y la capacidad diagnóstica de los profesionales sanitarios.

La Guardia Civil, en un operativo conjunto con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz, ha desmantelado una supuesta trama delictiva que operaba con cargo al Servicio Extremeño de Salud (SES). La denominada 'Operación Nihilum' se ha saldado con la detención de un médico de familia y una farmacéutica acusados de orquestar un fraude que supera provisionalmente los 600.000 euros.

La investigación penal se inició después de que la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud y Apoyo a la Dependencia encendiera las alarmas tras detectar graves anomalías en la prescripción y facturación de medicamentos financiados con fondos públicos públicos. El rastro del dinero y las recetas llevó a los agentes a investigar actividades ilícitas que se habrían desarrollado de manera continuada entre los años 2015 y 2022.

Según ha informado la Benemérita, las pesquisas confirmaron que existía una “actuación concertada” entre el facultativo de medicina general y la titular de una oficina de farmacia situada en el partido judicial de Zafra. Ambos detenidos presuntamente utilizaban los nombres de usuarios del sistema sanitario público para emitir recetas a sus espaldas, logrando obtener los fármacos gratis o subvencionados a costa del erario extremeño.

El alcance de la estafa es masivo: hasta la fecha ya se han identificado a unas 600 personas potencialmente afectadas. Para llevar a cabo el fraude sin levantar sospechas, los implicados no dudaron en alterar datos muy sensibles de los historiales clínicos de estos pacientes con el fin de justificar la necesidad de los tratamientos expedidos. Esto convierte el caso en una de las mayores investigaciones sobre fraude farmacéutico registradas en la historia de Extremadura.

Registro en la farmacia y destino de los fármacos

Coordinados por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Zafra, los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera procedieron al registro de la farmacia implicada. En el establecimiento se intervino una ingente cantidad de documentación sanitaria, económica y soportes informáticos cuyo minucioso análisis aún continúa bajo estricta dirección judicial. Tras recabar los indicios, se procedió a la inmediata detención de los dos profesionales sanitarios.

Las diligencias ya han sido entregadas formalmente en los juzgados de Zafra, aunque el caso sigue completamente abierto. Los investigadores se centran ahora en dos objetivos prioritarios: determinar el destino final de los miles de medicamentos retirados ilegalmente del mercado y comprobar si existen terceras personas o intermediarios relacionados con esta red de corrupción sanitaria.

La economía social aporta el 11% del Producto Interior Bruto español. Uno de cada 10 euros que se generan en el país proviene de una red silenciosa que, sin embargo, se ancla al territorio y hace llegar al último rincón del estado productos y servicios que no llegarían de otra manera. Esta realidad ha quedado plasmada en la jornada 'Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega', organizada por elDiario.es, en colaboración con Bidafarma. Durante el coloquio, todas las voces expertas han coincidido en defender el llamado “derecho a habitar”.

“Somos ciudadanos y la decisión de residir en una gran ciudad, en una pequeña capital de provincia o en un territorio más rural, debe ir más acompasada con los intereses personales o familiares y no verse mermada por la falta de oportunidades”, ha señalado la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángeles Marín.

Marín ha destacado algunas de las palancas que está activando el ministerio, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una estrategia “de visión amplia que sirva de hoja de ruta para que el resto de administraciones, actores, asociaciones, tejido empresarial, grupos de acción local, la universidad o los centros de investigación alineen sus actuaciones”. El objetivo es llegar al “país de los 30 minutos”, en el que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación, tenga acceso a servicios básicos.

Uno de esos servicios básicos es el que presta Laura Maíllo, que es farmacéutica en un pequeño pueblo de montaña de unos 500 habitantes en la provincia de Ávila. Este es uno de los miles de municipios de esa España despoblada que vertebran el territorio. Según datos oficiales, en el 83,7% de los municipios viven menos de 5.000 personas. En estos territorios, normalmente envejecidos, el hecho de que haya una farmacia abierta o una tienda, “les da calidad de vida”, explica Maíllo.

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, Antonio Mingorance ha explicado durante el encuentro que la economía social hace “de la necesidad virtud”. Es “un modelo solidario de distribución”, que persigue que no haya “ciudadanos de primera ni de segunda”: “Es muy fácil traer un medicamento al centro de Madrid, lo difícil es distribuirlo entre los 7.500 pueblos que hay en toda España”.

En este sentido, los modelos cooperativistas suman la fuerza de todos sus socios para actuar con un único músculo, que permita compensar las dificultades en ciertas zonas o momentos con las fortalezas en otras áreas.

El presidente de la cooperativa de distribución alimentaria Unide, Carlos Jiménez, ha destacado que este modelo está profundamente arraigado en el territorio y, a diferencia de otras empresas, no se deslocalizan. Pero, más allá del rendimiento económico, ha hecho hincapié en el valor de la proximidad. “Cuando tienes una tienda con un surtido de 1.200 productos en un pueblo, estás garantizando una alimentación variada, mientras otros se alimentan de mercadillo o de lo que les lleva una furgoneta, sin poder elegir. Ese intangible de calidad de vida es importante, hacemos un servicio público”, defiende.

Es una idea con la que coincide Maíllo, quien no solo suministra medicamentos, sino que ejerce una labor de vigilancia entre sus vecinos e incluso de atención en determinados momentos, cuando no hay un médico o no puede acudir. La relación, en cualquier caso, es simbiótica: “Hay una necesidad tanto mía de atenderles, como suya de que les atienda”, reconoce.

Para blindar a estas cooperativas y favorecer la cohesión territorial, los ponentes han hecho un llamado a la concienciación, pero también han pedido medidas específicas. Jiménez ha reclamado una reforma fiscal urgente que promueva estos modelos, sometidos actualmente a una ley de 1990 que considera obsoleta. Mingorance ha pedido incentivos al arraigo y que se trabaje para que las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudadanos desaparezcan, garantizando la igualdad total, con independencia del código postal.

Laura Maíllo, por su parte, ha reivindicado la necesidad de apoyar a la farmacia rural y una atención sostenible y sostenida por parte de las instituciones, así como facilitar el desarrollo profesional de los y las farmacéuticas en los entornos rurales, para que puedan evolucionar académica y económicamente sin verse forzadas a mudarse a las ciudades.

Hola

Deseo que estés bien.

Esta temporada de graduaciones, en Estados Unidos está dejando una escena incómoda para Silicon Valley: jóvenes abucheando a los evangelistas de la inteligencia artificial (IA). No a políticos, ni a rectores, ni a empresarios tradicionales, sino a los apóstoles de la nueva economía. Eric Schmidt, exconsejero delegado de Google, fue recibido con silbidos por miles de estudiantes en Arizona cuando habló del impacto de la IA en el trabajo. Algo parecido ocurrió días antes en Florida. El contraste es revelador: la generación que debería abrazar la revolución tecnológica observa la IA con una mezcla de miedo y escepticismo. Muchos de esos graduados acumulan currículos sin respuesta mientras escuchan que deberán “aprender a colaborar con la IA”, una frase que empieza a sonar más a amenaza que a promesa de prosperidad.

Esta semana, el Papa León XIV ha advertido de que la IA puede terminar condicionando procesos democráticos y ampliando dinámicas de control social. Que puede distorsionar a la humanidad. La Iglesia, tradicionalmente lenta para reaccionar ante las disrupciones tecnológicas, percibe ya un problema político y humano detrás de la euforia empresarial.

Y, sin embargo, el dinero sigue votando justo en dirección contraria. Nvidia volvió a pulverizar expectativas con unos ingresos trimestrales disparados y quince trimestres consecutivos batiendo previsiones. Su consejero delegado, Jensen Huang, habló de la “mayor expansión de infraestructuras de la historia de la humanidad”. La frase podría parecer exagerada si no fuera porque los mercados siguen comportándose como si fuera literalmente cierta. Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank se dispararon un 20% en Tokio ante las expectativas ligadas a la IA y a su exposición a OpenAI (la matriz de ChatGPT), de la que ostenta el 13% del capital. Mientras tanto, Google presentó nuevas herramientas capaces de automatizar tareas cada vez más complejas y Huawei asegura haber encontrado un camino alternativo para fabricar chips avanzados sin depender de la tecnología occidental vetada por Estados Unidos. La supuesta burbuja lleva demasiado tiempo resistiéndose a pinchar.

De hecho, el problema para los escépticos es que cada semana aparecen nuevos datos que dificultan sostener la tesis del colapso inminente. Anthropic ya habla de beneficios antes de lo previsto. SpaceX (de Elon Musk) prepara una salida a Bolsa (OPV) que podría convertirse en la mayor de la historia. Y OpenAI acelera sus propios planes para cotizar. Hay algo profundamente paradójico en todo esto: la sociedad expresa ansiedad creciente sobre el impacto laboral y democrático de la IA mientras los mercados siguen interpretando cualquier avance como el anuncio de una nueva edad dorada. La profecía de la burbuja incumplida empieza a parecerse a aquellas crisis anunciadas cada año que nunca terminan de llegar.

Eso no significa que no haya motivos para la prudencia. Las advertencias sobre las futuras OPV de OpenAI, Anthropic o SpaceX son significativas. Muchos pequeños inversores podrían entrar tarde en compañías cuyos primeros accionistas llevan años esperando una vía de salida. La advertencia que publicaba hace unos días Axios AI+ es directa: “solo porque puedas no significa que debas”. El exgestor de carteras Tyler Gardner afirma que nada le convencería de comprar estas OPV: hacerlo sería el mayor regalo que se puede hacer a los insiders (los directivos, consejeros o accionistas mayoritarios de una empresa que tienen acceso a información confidencial antes de que se haga pública) y a los inversores privados que llevan años esperando poder salir. Y hay otro elemento menos visible: la automatización financiera: los fondos indexados y el capital pasivo podrían inflar todavía más estas cotizaciones de forma casi mecánica, alimentando un círculo donde el precio deja de reflejar expectativas racionales y pasa a reflejar pura inercia financiera.

Quizá el dato más importante de esta semana no sea bursátil, sino cultural. La IA ya no genera únicamente fascinación; empieza a producir rechazo social visible. Y eso cambia el tablero. Durante años, Silicon Valley asumió que cualquier tecnología capaz de generar riqueza terminaría siendo aceptada por la sociedad, aunque provocara disrupciones temporales. Pero los abucheos en las universidades estadounidenses apuntan a otra cosa: una generación que sospecha que la revolución puede estar diseñada para beneficiar sobre todo a quienes ya están arriba no para repartir la prosperidad.

El dato

1.800

Son los millones de euros de ahorro anual que se lograría si se impulsara el usos de los fármacos genéricos hasta niveles europeos, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado de distribución de medicamentos en España. La patronal de los genéricos, Aeseg, asegura que en España estos medicamentos se sitúan aún lejos de la media europea, que está en torno al 65% en unidades y al 25% en valores, porcentajes que se reducen en nuestro país al 21% y 40 %, respectivamente.

Eso en cuanto al ámbito mayorista; en cuanto al minorista, la CNMC propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio. Dice este organismo que, si se flexibilizara la apertura de farmacias, se crearían, en una década, 20.000 nuevos establecimientos y 45.000 nuevos empleos, la mayoría cualificados. El Consejo General de Farmacéuticos rechaza esta liberalización.

El gráfico

La industria europea del automóvil atraviesa una transición que ya no gira solo alrededor de la electrificación. La batalla real se libra en otro terreno: quién controla la tecnología, las cadenas de suministro y la capacidad industrial del coche del futuro. Y ahí China ha tomado ventaja. Los fabricantes europeos, presionados por los costes y la transición verde, recurren cada vez más a fábricas chinas para producir vehículos más baratos y competitivos. Volkswagen reconoce que fabricar un eléctrico en China puede costar hasta la mitad que en Europa, mientras Bruselas teme perder no solo producción, sino también innovación y control tecnológico.

En este gráfico de Agenda Pública, puede apreciarse quién gana y quién pierde en esta nueva realidad en la última década. Se observa un cambio de peso muy significativo en la cuota de mercado de los países productores. Este cambio beneficia a China e India, cuyas cuotas en 2025 —35,8% y 6,7%, respectivamente— suponen un aumento del 32,5% y del 46,5%, respectivamente, con relación a las de 2015. Algunos países, como la propia India o México, han ganado protagonismo al actuar como polos industriales emergentes, integrándose en cadenas regionales.

Según datos recogidos por el Financial Times, China ya exporta más de siete millones de vehículos al año, frente al millón escaso de 2020. Solo en los cuatro primeros meses de 2026, las exportaciones crecieron un 61%. Basta con echar un ojo a los coches que circulan por nuestras ciudades y pueblos. Las marchas chinas crecen como la espuma.

En medio de esa sacudida, España intenta posicionarse como uno de los grandes polos europeos del coche eléctrico. La combinación de plantas ya instaladas, costes más bajos que Alemania o Francia, renovables y fondos europeos ha atraído el interés de fabricantes chinos y alianzas como la de Stellantis y Leapmotor en Zaragoza. El sector confía –como hemos contado esta semana en el diario-- en que esas inversiones permitan renovar el viejo “milagro español” de la automoción, aunque el movimiento también plantea un dilema incómodo para Europa: reindustrializarse apoyándose precisamente en la tecnología china que intenta contener.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Josep Maria Recasens, nuevo consejero delegado de Indra. ‘Reca’, como se le conoce en los despachos del sector de automoción, llega a Indra con un perfil que, sobre el papel, encaja bien en la nueva etapa de la compañía: discreto, técnico, internacional y con fama de estratega tranquilo. En Renault ha sido una de las piezas clave de Luca de Meo y uno de los ejecutivos españoles con más peso en la transformación del automóvil eléctrico europeo. No tiene experiencia directa en defensa, pero tampoco la tenían antes Marc Murtra, Ángel Simón o el propio José Vicente de los Mozos. Lo que busca ahora Indra no es un militar industrial, sino alguien capaz de ordenar una compañía atrapada durante dos años en un gran conflicto de gobernanza.

Su principal reto no será tecnológico, sino político y corporativo. Recasens aterriza en una Indra todavía marcada por la crisis provocada por la irrupción y salida de los hermanos Escribano, la frustrada operación con EM&E y la continua batalla por el control ejecutivo del grupo. Y ahí aparece la figura de Ángel Simón. Aunque el nuevo presidente proyecta un perfil institucional y no es ejecutivo, en sus dos meses en el cargo ha demostrado que manda y mucho, con la incorporación de su lugarteniente, Ciril Rozman, y la salida del predecesor de Recasens, De los Mozos.

 ‘Reca’ tendrá que gestionar ese equilibrio delicado: construir liderazgo propio sin entrar en colisión con un presidente que parece decidido a pilotar directamente la transformación del grupo.

Porque el momento de Indra es probablemente el más ambicioso —y también el más inestable— de su historia reciente. La compañía quiere convertirse en campeón nacional de defensa en plena explosión del gasto militar europeo, liderar programas estratégicos como el FCAS o el 8x8 Dragón y redefinir el mapa industrial español alrededor de la defensa y la tecnología. El problema es que esa expansión coincide con una empresa todavía tensionada internamente y bajo vigilancia política constante. Ahí es donde el estilo Recasens puede convertirse en ventaja: menos ejecutivo agresivo y más operador de consenso. Justo lo que necesita una compañía que lleva demasiado tiempo funcionando como un avispero.

No todo nos parece mal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medidas “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

Quienes, desgraciadamente, no pueden jubilarse por mucho que quieran (y lo necesiten) son las trabajadoras del hogar. Para muchas de ellas la vejez y una larga carrera laboral no dan paso a la jubilación ni al descanso. “La mayoría de compañeras siguen trabajando porque es lo único que te queda para sobrevivir tú y los tuyos. No nos queda otra”, explica Marga Martínez, empleada del hogar y de cuidados desde hace 26 años a Laura Olías en esta información. Esta realidad queda analizada en un informe de Oxfam Intermón, que pone el acento en los problemas generalizados para acceder a una pensión suficiente en este colectivo, de más de medio millón de trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí termino. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín.

Mientras puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Un abrazo!

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria exige que los datos de los voluntarios del proyecto Cohorte no se utilicen para “encarecer seguros o excluir a colectivos vulnerables”. En la misma línea, solicita al Gobierno de Cantabria la publicación íntegra del acuerdo, y de la memoria jurídica y ética que lo sustenta, con la farmacéutica estadounidense a la que se van a ceder los datos de los voluntarios que participaron en este estudio. El colectivo pide una explicación “en lenguaje comprensible” de qué implica para las 51.000 personas y la creación de un comité para permitir o no usos secundarios de datos sanitarios en Cantabria.

En conversación con elDiario.es, el colectivo considera que hacen falta “políticas claras de conflicto de interés” para investigadores y responsables públicos, así como cláusulas que impidan que los modelos genómicos se utilicen para discriminar, encarecer seguros o excluir a colectivos vulnerables. Para ello, proponen un órgano que supervise los convenios y evalúe los posibles riesgos de usos secundarios. “Una gobernanza independiente” que debería contar con la participación de pacientes, expertos en bioética y protección de datos y representantes de la sociedad civil, precisan.

En opinión de los portavoces de la plataforma, son pasos “mínimos” para preservar la confianza en el proyecto. “Sin transparencia, sin garantías y sin participación social, cualquier acuerdo público-privado en un terreno tan sensible corre el riesgo de erosionar precisamente aquello que se necesita fortalecer: la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, explica Antonio Jiménez, exjefe de Neumología y exdirector médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.

Cohorte Cantabria es un proyecto público que se sostiene sobre la confianza de miles de voluntarios “y esa confianza se alimenta de transparencia radical”, estima este experto. El colectivo subraya que la ciudadanía tiene derecho a saber qué va a hacer exactamente Regeneron Pharmaceuticals -una farmacéutica con sede en Boston propiedad de uno de los mayores fondos de inversión a nivel mundial- con los datos, qué obtiene la sanidad pública a cambio y qué riesgos existen. “Publicar el convenio -con las mínimas reservas comerciales- y los informes que lo sustentan no debería ser visto como una concesión, sino como un deber democrático”, apunta Jiménez en declaraciones a este periódico.

La plataforma reclama “hechos concretos” que avalen la afirmación de que el convenio entre Cohorte y el laboratorio farmacéutico estadounidense “se ajusta escrupulosamente a la legalidad y a la ética”, tal como han asegurado los impulsores del proyecto. “Cuando hablamos del uso de información de salud que se transfiere a una empresa privada, no basta con invocar buenas intenciones”, advierten.

Nuevo consentimiento

Desde el punto de vista jurídico, desde la plataforma consideran que un convenio de estas características exige una base legal bien definida “compatible con el consentimiento original”. Respecto a la cesión de datos de Cohorte, el colectivo considera necesario acreditar “que la finalidad es la investigación biomédica y la medicina de precisión, no una explotación comercial amplia”.

En su opinión, si los fines son comerciales o para desarrollar productos inaccesibles para el sistema público de salud, debería plantearse un nuevo consentimiento de los voluntarios en el proyecto. Así, la plataforma defiende que para respetar la autonomía de los participantes “se debe ofrecer un mecanismo sencillo de oposición o retirada para quienes no deseen que sus datos se utilicen en acuerdos con empresas privadas, sin perjuicio en su atención sanitaria”.

De hecho, advierten que debe garantizarse un beneficio recíproco y medible: acceso preferente a resultados para el sistema público, coautoría científica, participación en patentes o licencias y un retorno económico cuantificable. “No es aceptable que una farmacéutica reciba un activo enorme a cambio de contraprestaciones vagas”, concluye Antonio Jiménez.

El proyecto Cohorte Cantabria, una iniciativa para analizar la salud de más de 50.000 voluntarios cántabros, también ha sucumbido a la colaboración público-privada que defiende el Gobierno del PP en Cantabria en el ámbito de la sanidad. Tras la polémica privatización de servicios sanitarios durante 16 años prorrogables a 20 con el hospital privado Santa Clotilde por 256 millones de euros, el consejero de Salud, César Pascual (PP), anuncia ahora un acuerdo de Cohorte con la empresa estadounidense Regeneron Pharmaceuticals ubicada en Boston (Massachusetts), “responsable del mayor banco genómico del mundo occidental”. “Alcanzar 50.000 voluntarios no era el objetivo ni el final del proyecto. En realidad es el comienzo”, ha declarado Pascual.

El acuerdo, que se firmará en las próximas semanas, supone que Cohorte pone los datos sanitarios y sociodemográficos de los voluntarios cántabros a disposición de este laboratorio farmaceútico de Estados Unidos. Pascual ha precisado que “no es un acuerdo económico, sino de colaboración” y que “cada una de las partes corre con sus gastos”. En este sentido, ha puesto como ejemplo que enviar las muestras hasta la empresa con sede en Estados Unidos tiene un coste elevado que pagará Cohorte Cantabria. “No se pueden enviar por Amazon”, ha ironizado ante los medios de comunicación convocados para dar a conocer la noticia.

Por lo demás, no se han desvelado los aspectos concretos de la colaboración más allá de que el proyecto Cohorte va a entrar en una “segunda fase” en la que van a adquirir protagonismo las investigaciones vinculadas a la genómica de las muestras extraídas y que Cantabria obtendrá en un futuro —dado que los resultados serán a largo plazo— una información genómica de “primer nivel” para avanzar en el estudio de algunas enfermedades raras. En paralelo, se ha anunciado que a partir de abril se iniciará una fase de seguimiento de los voluntarios.

El director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, ha puesto como ejemplo que este futuro estudio permitirá conocer “si un diabético que tiene un determinado perfil genético, tiene un riesgo mayor o menor de desarrollar una insuficiencia renal o una ceguera”. A la vez, ha reconocido que muchos datos pertenecerán exclusivamente al ámbito de la investigación y tendrán que pasar muchos años antes de que tenga una repercusión clínica.

Crespo ha explicado que la combinación de esas más de 1.500 variables de datos de salud, pero también geográficos, demográficos e incluso catastrales, con un análisis “de máxima finura” molecular, va a permitir comprender con mayor profundidad por qué algunas personas desarrollan determinadas enfermedades, cómo evoluciona el riesgo a lo largo del tiempo y qué factores biológicos influyen en esa evolución, entre otros aspectos.

Crespo ha considerado prioritario poner en marcha las investigaciones ligadas a la genómica para, con los miles de datos que se van a reunir, establecer perfiles de riesgo en la población cántabra para que la medicina se adelante a la enfermedad y se transforme en una “medicina de prevención”. Con unas tecnologías que, según el consejero de Salud y los responsables científicos del proyecto, ahora mismo son “inalcanzables” de otra forma. “Cantabria no está capacitada para hacer esos estudios”, ha dicho Marcos López Hoyos, director del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL), porque “van a ser cientos de miles de datos por cada voluntario y para manejar eso necesitas gente con el conocimiento que ayude en esa colaboración científica”, ha subrayado.

Viaje a Estados Unidos

En marzo del año pasado, el consejero de Salud y otros tres directivos sanitarios estuvieron seis días en Estados Unidos para establecer colaboraciones internacionales con el proyecto Cohorte. Un viaje que no se anunció y del que solo se informó días más tarde desde el Gobierno con una nota de prensa huérfana de imágenes gráficas. No se difundió ni una sola fotografía de las reuniones que mantuvieron al otro lado del Atlántico. Tampoco de los resultados de la misión.

La delegación estuvo integrada por el consejero de Salud, César Pascual; el director científico del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Marcos López Hoyos; el jefe del Servicio de Cardiología de Valdecilla, José María Fernández de la Torre; y el director de Gestión de IDIVAL y coordinador de la serie de visitas, Galo Peralta.

La agenda incluyó reuniones en centros de referencia internacional como el MedStar National Center for Human Factors in Healthcare y el MedStar Washington Hospital Center en Washington D.C., así como al Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Johnson & Johnson Innovation Center y el Mass General Hospital en Boston.

Coste del proyecto

César Pascual ha recordado que para lograr la viabilidad económica de Cohorte Cantabria, el Gobierno autonómico lo declaró proyecto estratégico y ha reconocido que en esta nueva fase es previsible que se vayan incrementando los gastos, con lo que se espera un aumento del presupuesto, que ahora está en medio millón de euros.

Cohorte Cantabria alcanza aproximadamente al 20% de los cántabros con edades entre 40 y 70 años, lo que es “algo poco frecuente”, y la convierte en “una de las cohortes poblacionales más completa y avanzada en Europa”, lo que ofrece, además, una “gran disponibilidad de datos” y “marca la diferencia”, según sus responsables. El director científico del proyecto ha aclarado que la inscripción de voluntarios, una vez superada la cifra de 50.000, está limitada y se centra sobre todo en zonas de la comunidad donde la representación poblacional es baja.

Los directores del proyecto y el consejero de Salud han señalado que es ya la cohorte “más importante del sur de Europa” y que el reto ahora es convertirlo en una herramienta para “atraer talento” a Cantabria y lograr formar un 'hub' [centro de operaciones] en el ámbito sanitario.

“Afán privatizador del PP”

Hace apenas un mes, los responsables del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y de Cohorte Cantabria comparecieron en rueda de prensa para recalcar que los datos de este proyecto de investigación biomédica, en el que participan más de 50.000 voluntarios, están “totalmente protegidos”. “No se vende, no se trafica, solo se colabora con investigadores e investigaciones”, señalaron entonces Marcos López Hoyos y Javier Crespo.

Estas declaraciones públicas se produjeron, según sus palabras, para zanjar lo que consideraron “especulaciones”, “falsedades” e “insidias” a raíz de unas declaraciones realizadas por el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, después de la reunión mantenida unas horas antes por el Gobierno de Cantabria con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). En este momento, los regionalistas denunciaron el “afán privatizador” del PP y rechazaron la “venta al mejor postor” del historial sanitario de los más de 50.000 cántabros inscritos en Cohorte.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk se ha desplomado este miércoles en la Bolsa de Copenhague, con caídas que han llegado a alcanzar el 17%, tras presentar unos resultados anuales en los que rebaja las previsiones de ventas y ganancias para 2026, ante la mayor competencia frente a su fármaco estrella: Ozempic.

Las acciones de la firma se situaban a mediodía en el entorno de las 303 coronas danases, unos 40,5 euros por título, al cambio actual, según recoge EFE.

La farmacéutica registró un beneficio de 102.434 millones de coronas (13.715 millones de euros) en 2025, un 1,4% más, según los resultados publicados por la compañía este miércoles. Los datos, positivos, se han visto empañados por las previsiones de que su ebit (ganancias antes de intereses e impuestos, el beneficio neto de explotación) bajen entre un 5 y un 13% este año.

Se convirtió en la empresa más valiosa de Europa en 2025

La razón: el Ozempic, el fármaco que disparó a esta cotizada danesa hasta convertirla en una de las empresas más valiosas de Europa, cada vez enfrenta más competencia en el mercado de medicamentos frente a la obesidad. Además, el rápido crecimiento de la compañía para hacer frente al 'boom' del mercado ha aumentado mucho los costes y la complejidad de la compañía en muy poco tiempo.

Las ventas el año pasado ascendieron a 309.064 millones de coronas danesas (41.379 millones de euros), un 6% más contabilizadas en moneda local y un 10% más en tipos de cambio constante.

El beneficio neto de explotación fue de 127.658 millones de coronas de danesas (17.092 millones de euros), un 1% menos en términos reportados pero un 6% más en tipos de cambio constante, debido a los costes relacionados con el programa de reestructuración de la firma.

En el último ejercicio, la farmacéutica danesa renovó su cúpula -con la salida de su consejero delegado, Lars Fruergaard- y anunció que eliminará 9.000 empleos, algo más del 11% de su plantilla total.

La Intersindical de Aragón (IA) ha denunciado el despido de una trabajadora de la planta de la farmacéutica Teva instalada en el polígono de Malpica de Zaragoza por motivos ideológicos, tras participar en un juicio por desahucio, así como en dos huelgas por Palestina. La empresa ha negado las acusaciones y asegura que “respeta la opinión de cada trabajador”.

La trabajadora, M.B., ha explicado a este diario que recibió un burofax de la empresa en plenas fechas navideñas tras haber solicitado un permiso retribuido para asistir a un juicio los días 18 y 19 de diciembre por tratar de impedir pacíficamente un desahucio de una familia con menores a cargo. Dicho permiso fue concedido, pero nada más conocerse los motivos del proceso judicial y ver la foto de la trabajadora en la prensa, esta sostiene que “la empresa actuó rápidamente redactando una carta de despido procedente 'prototipo', totalmente vacía de contenido, donde se alega ”disminución de rendimiento“.

Aunque ella trató de demostrar que es un despido nulo, finalmente se llegó a un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (Sama) por despido improcedente con derecho a indemnización tras tres años en la empresa.

Según relata la trabajadora, “es evidente que Teva ha vulnerado mi libertad ideológica y garantía de indemnidad” y sostiene que, además de la asistencia al juicio, la empresa ha tomado represalias contra ella también por haber participado durante dos años en huelgas por Palestina, convocatorias que solo fueron secundadas por dos de los 600 trabajadores de la planta zaragozana, y razón por la que, según la Intersindical, también impuso una sanción grave al otro trabajador y afiliado que participó en dichas protestas de 2024 y 2025.

Ambos trabajadores denuncian las prácticas de esta multinacional, “que desde el 7 de octubre de hace dos años ha estado enviando correos corporativos internos, declarándose abiertamente sionistas o dando la 'oportunidad' de donar parte del sueldo como trabajador de Teva para Israel”.

“Respeto a la opinión de cada trabajador”

Fuentes de la empresa zaragozana, la más productiva del grupo farmacéutico, han negado las acusaciones asegurando que Teva “respeta la opinión de cada trabajador, no se mete, ni conoce ni le interesa sus opiniones o manifestaciones”. Añaden que las decisiones relacionadas con la gestión de personas “se adoptan siempre conforme a la legalidad vigente y a criterios estrictamente profesionales, nunca por motivos ideológicos”.

Por su parte, la Intersindical de Aragón se reafirma en su denuncia e ironiza sobre la “casualidad” de que la empresa haya despedido a la compañera y, además, haya puesto una sanción grave al otro afiliado que secundó las movilizaciones. Con respecto al despido, considera “inadmisible” que una empresa cometa represalias hacia su trabajadora por motivos ajenos al laboral y critica que tampoco comunicara a la trabajadora la apertura del correspondiente expediente disciplinario contradictorio donde se podía defender de estos hechos y que supone un requisito formal.

Por otro lado, IA esgrime que el 10% de los trabajadores de Teva en Israel fueron enviados al frente desde aquel 7 de octubre y estos fueron recompensados económicamente por la farmacéutica. Además, el sindicato recuerda que no es el primer caso de represión por parte de esta farmacéutica por no apoyar el genocidio: “El médico Pablo Simón en Granada fue denunciado por Teva por no querer vender sus fármacos, pero la presión popular obligó al Colegio de Médicos a archivar la querella”, señalan.

Teva tributa en Israel

Según relata el sindicato aragonés IA, esta multinacional, incluida en la lista de empresas implicadas en el negocio de la ocupación por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), obtuvo tan solo en 2024 un total de 16.400 millones de dólares en ingresos, que tributa en Israel y que sirven para inflar las arcas de un Estado basado en la ocupación ilegal de territorio palestino y la voluntad supremacista de exterminar a su población.

Además, con su capacidad de injerencia en la legislación israelí, Teva disfruta de todo el mercado de Jordania y Palestina debido a que las farmacéuticas palestinas no pueden competir gracias a las restricciones israelís, como prohibir que se envíen farmacéuticos desde el aeropuerto Ben Gurion o añadir impuestos abusivos a productos que entran a Cisjordania.

También recuerda que desde la organización HealthWorkers4Palestine “se ha informado de que el Ministerio de Salud de Israel ha permitido que grandes empresas farmacéuticas israelíes prueben sus productos en prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. En 1997, se reportó que se habían realizado más de 5.000 pruebas en prisioneros palestinos”.

Intersindical de Aragón va más allá y sostiene que “estamos en el deber de denunciar que esta empresa de Malpica de más de 600 trabajadores es una empresa que financia el genocidio y reprime a los y las trabajadoras por estar en contra de ello. La denuncia popular puede presionar para hacer un boicot realmente efectivo, como se demuestra en la cancelación de contratos con Teva por parte del gobierno asturiano o el navarro. Por otro lado, defender a una familia que se le está arrebatando un derecho fundamental como es la vivienda no debería ser un motivo ni por el que ir a juicio, ni de despido, sino un acto de solidaridad de clase”.

A principios de noviembre de 2025, numerosos medios publicaron la noticia de los posibles riesgos cardíacos asociados con el uso prolongado de melatonina. Se leyeron titulares como “Cuidado con la melatonina: descubren un efecto secundario inesperado y peligroso” o “Alerta científica: consumir melatonina más de un año puede poner en riesgo tu corazón”. El caso es un buen ejemplo de sobrerreacción mediática, porque el estudio aún no estaba publicado en una revista científica ni revisado por pares y era de carácter observacional, lo que significa que muestra una asociación, no una relación de causalidad directa que permita hablar de “alerta”.

Cuando el estudio es observacional, es posible que haya otras variables ocultas, como la propia gravedad del insomnio o comorbilidades, que estén influyendo en los resultados. Existen varios casos históricos bien documentados en los que estudios observacionales encontraron una asociación que luego fue desmentida o matizada radicalmente por ensayos más rigurosos. 

La fortaleza de este trabajo, de la Asociación Americana del Corazón, estaba en el tamaño de la muestra, con datos médicos electrónicos de más de 130.000 adultos con insomnio. Esto es útil para poner en aviso a los médicos y poner en marcha un ensayo prospectivo, pero no es concluyente. Los propios expertos pedían interpretar los resultados con cautela, ya que hay una señal que merece investigación adicional, pero no una prueba definitiva de que la melatonina cause ningún daño.

Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si leemos titulares llamativos sobre salud? Estas son algunas claves para saber de qué fiarse.

Observacional vs. aleatorizado

El primer filtro, como hemos apuntado, es distinguir qué tipo de estudio estamos leyendo. La mayoría de las noticias que generan alarma se apoyan en estudios observacionales, que detectan asociaciones entre variables, pero no pueden demostrar causalidad. Que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra. En cambio, los estudios de intervención —como los ensayos clínicos aleatorizados— sí permiten afirmaciones más firmes, pero son menos frecuentes, más caros y más difíciles de hacer.

Un estudio observacional solo hace un seguimiento de las personas en su vida normal, sin intervenir. Se registra lo que hacen y qué les sucede, y luego se buscan asociaciones entre factores (como dieta o hábitos) y resultados de salud. No se puede probar causalidad porque pueden existir otros factores que expliquen la asociación. Cuando se publica un estudio de este tipo, como el reciente trabajo que asocia el historial de infecciones por el virus del herpes labial (VHS-1) con un mayor riesgo de padecer alzhéimer, esta asociación no causal debe estar bien indicada en la información y, si es posible, en el propio titular. 

Un ensayo clínico aleatorizado es un estudio en el que los participantes se asignan al azar a diferentes grupos y permite comparar los resultados de manera justa

Un ensayo clínico aleatorizado es un estudio en el que los participantes se asignan al azar a diferentes grupos: por ejemplo, uno recibe un tratamiento o intervención y otro recibe un placebo o tratamiento estándar. Esto permite comparar los resultados de manera justa y minimizar sesgos, de modo que se pueda determinar si la intervención causa realmente un efecto.

Volviendo al ejemplo del herpes y el alzhéimer, otro estudio de este mismo año consiguió resultados más concluyentes de la relación, al existir circunstancias que lo hacían similar a un estudio aleatorizado. En este caso, un programa de vacunación contra el herpes que comenzó en 2013 en Gales (Reino Unido) convocó a cualquier persona que tuviera 79 años y dejó fuera a quienes tenían 80 años o más. Esto creó dos poblaciones con condiciones de vida muy similares, lo que permite una mejor comparación para aislar el efecto de la vacuna sobre la evolución de las demencias.

El sesgo del abstemio

Existen otros posibles sesgos y el más frecuente es la confusión de las causas: personas que consumen un producto, toman un suplemento o siguen un hábito suelen diferir en muchas otras cosas (edad, nivel socioeconómico, enfermedades previas) que también influyen en la salud. En nutrición y estilos de vida, aislar una sola causa es especialmente complicado. Ajustar estadísticamente ayuda, pero nunca elimina del todo el problema.

Un ejemplo son los estudios que asocian el consumo de café con un “menor riesgo de mortalidad”, pero no tienen en cuenta que los bebedores de café suelen tener otros hábitos como una dieta más saludable, mayor nivel educativo y socioeconómico o mayor actividad física.

En nutrición y estilos de vida, aislar una sola causa es especialmente complicado. Ajustar estadísticamente ayuda, pero nunca elimina del todo el problema

Otro sesgo clásico se produce en los estudios sobre los efectos del alcohol en la salud que concluyen engañosamente que beber alcohol de forma moderada tiene efectos positivos. Lo que ocurre es que no tienen en cuenta que entre la población abstemia se incluyen quienes dejaron de beber por enfermedad. De este modo, parece que los bebedores moderados tienen menor riesgo de enfermedades o muerte, cuando en realidad la diferencia se debe a la composición del grupo de abstemios, no a un efecto protector real del alcohol.

Este mismo mes de diciembre, un estudio vinculaba el consumo de queso graso con un menor riesgo de demencia, en un ejemplo claro en el que se sumaban dos factores: era observacional y era muy fácil confundir las causas. “Es importante señalar que las personas que consumían más queso y nata con alto contenido en grasas tenían, en promedio, un mayor nivel educativo”, señalaba Naveed Sattar, catedrático de la Universidad de Glasgow al SMC. Esto plantea la posibilidad de que exista una confusión residual, por la que otras características ‘saludables’ asociadas a un mayor nivel educativo, y no el queso o la nata en sí, puedan explicar las menores tasas de demencia observadas“.

“Solo en ratones”

Otro factor a tener en cuenta al interpretar un resultado es en qué fase está el ensayo clínico o cómo se han realizado los experimentos. Cuando un estudio se realiza in vitro (en células en cultivo) o en animales como ratones, los resultados muestran cómo reacciona un sistema biológico en condiciones controladas o en un organismo distinto al humano, pero no garantizan que ocurrirá lo mismo en personas.

Las diferencias son muchas: metabolismo, dosis, interacción con otros sistemas, y complejidad del cuerpo humano. Por eso, aunque estos estudios son útiles para generar hipótesis y entender mecanismos biológicos, sus resultados son menos fiables para predecir efectos reales en la salud humana y requieren ensayos clínicos posteriores para confirmarlos.

El riesgo real

Otro punto clave es el tamaño real del efecto. Un aumento del “50% del riesgo” puede sonar dramático, pero ser irrelevante si el riesgo absoluto pasa de dos a tres casos por cada diez mil personas. Muchos estudios son estadísticamente significativos pero clínicamente modestos. Si el artículo no explica riesgos absolutos o magnitudes concretas, conviene desconfiar del énfasis alarmista.

Si el artículo no explica riesgos absolutos o magnitudes concretas, conviene desconfiar del énfasis alarmista

Es igualmente relevante tener en cuenta el sesgo de publicación (se publican más fácilmente los estudios con resultados positivos, lo que da una visión distorsionada de la evidencia), el sesgo de recuerdo (común en encuestas o estudios retrospectivos, donde los participantes recuerdan de manera imperfecta hábitos pasados) o el sesgo de medición (cuando el estudio se basa en autoinformes, que son poco fiables).

También importa el contexto de la evidencia. Un solo estudio —sobre todo si contradice lo anterior— rara vez cambia el consenso. La ciencia avanza por acumulación, no por golpes de efecto. Preguntarse si los resultados encajan con lo ya conocido, si han sido replicados o si se trata de una excepción es una forma sencilla de evitar sobresaltos innecesarios.

El lenguaje de los titulares

Por último, conviene leer con atención el lenguaje del titular y de la nota de prensa. Cuando se habla de “demostrar”, “confirmar definitivamente” o “crisis sanitaria” a partir de datos preliminares, suele haber un salto injustificado entre la prudencia científica y la necesidad de impacto mediático. Un buen estudio suele ser cauto; si el mensaje no lo es, quizá el problema no esté en la ciencia, sino en cómo se está contando.

Un buen estudio suele ser cauto; si el mensaje no lo es, quizá el problema no esté en la ciencia, sino en cómo se está contando

Un ejemplo reciente muy interesante es el estudio que indicaba que los betabloqueantes no son necesarios en la mayoría de casos de infarto. En esta ocasión el diablo estaba en los detalles. Algunos titulares daban a entender que se había tratado mal a los pacientes durante años, por negligencia o interés de las farmacéuticas, y hablaban de que no son necesarios tras un infarto, cuando en realidad no lo son en los casos de infarto no complicado (alrededor del 70%) y como consecuencia de las mejoras en el tratamiento temprano de este tipo de casos.

En general, es raro que los estudios de salud afirmen que “esto es bueno” o “esto es malo” de forma tajante. Aprender a distinguir tipos de estudios, sesgos y tamaños de efecto no elimina la incertidumbre, pero ayuda a no correr en círculos cada vez que la ciencia —o su versión mediática— aporta nuevos datos sobre un asunto de salud que preocupa a muchas personas.

En países como el Reino Unido los pacientes disponen de herramientas específicas, como el portal Understanding Health, para poner a prueba la solidez y fiabilidad de un estudio. En España no existe nada parecido, pero este pequeño test puede ser útil para comprender el alcance de una noticia de salud cuando la encontremos en los medios:

1. ¿Qué tipo de estudio es?

• Observacional. Detecta asociaciones, no prueba causas.

• Intervención / ensayo clínico aleatorizado. Permite inferir causalidad, si está bien diseñado.

Consejo: si es observacional y el titular habla de “causa”, no es fiable.

2. ¿Quiénes son los participantes?

• ¿Cuántas personas participaron?

• ¿Son representativos de la población general?

Consejo: muestras pequeñas o muy específicas conducen a conclusiones limitadas.

3. ¿Qué se mide exactamente el estudio?

• ¿Resultados clínicos reales (mortalidad, enfermedad) o marcadores intermedios (niveles hormonales, encuestas, test)?

Consejo: cambios en marcadores no siempre se traducen en efectos reales sobre la salud.

4. ¿Se han tenido en cuenta los factores de confusión?

• Edad, sexo, nivel socioeconómico

• Hábitos (tabaco, dieta, ejercicio)

• Enfermedades previas

Consejo: si no se ajusta bien por estos factores, la asociación puede ser engañosa.

5. ¿Cuál es el verdadero alcance del efecto?

• ¿Habla de riesgo absoluto o solo de porcentajes llamativos?

• ¿El aumento del riesgo es grande o marginal?

Consejo: afirmaciones como “aumenta el riesgo un 50%” puede significar pasar de 2 a 3 casos por cada 10.000.

6. ¿El estudio es preliminar?

• ¿Es un preprint o un abstract de congreso?

• ¿Ha pasado revisión por pares?

• ¿Es el primer estudio sobre el tema?

Consejo: resultados preliminares son solo una señal para investigar, no conclusión definitiva.

7. ¿Es in vitro o en ratones?

Consejo: Si está muy lejos del ensayo en humanos la conclusión es menos fiable.

8. ¿Encaja con el resto de la evidencia?

• ¿Confirma lo que ya se sabía o contradice décadas de estudios previos?

Consejo: un solo estudio rara vez cambia el consenso científico.

9. ¿Quién financia el estudio?

• ¿Industria, administración pública, fundaciones?

• ¿Se declaran conflictos de interés?

Consejo: la financiación por parte de la industria no invalida el estudio, pero exige más cautela. 

10. ¿Cómo es el lenguaje del titular?

• ¿Aparecen términos como “demuestra”, “prueba”, “definitivo”? 

• ¿Se habla de “crisis”, “bomba”, “peligro oculto”?

Consejo: la ciencia sólida suele expresarse con prudencia, no con términos absolutos y grandilocuentes.

Hacen falta más de un millón de ensayos, de pruebas farmacéuticas, para dar con una molécula que luego pueda convertirse en candidata para un medicamento. Pero después de ese millón de pruebas, sólo se logra eso, una molécula que quizá funciona.

En este capítulo nos disponemos a recorrer, desde cero, todos los pasos que se necesitan para descubrir un nuevo medicamento. Entraremos en docenas de laboratorios y conoceremos de primera mano en qué consiste la investigación farmacéutica.

Agradecimientos: Javier Burgos (FIBAO), Juan Diego Unciti (Nanogetic), Manuel Bioque, José Marqués, Pedro Torres y José Riquelme de la fundación AVITE. Voces: Ana y Rosalía, Murielle Lo, José María del Río y Stephen Hughes, Ana González y David Martínez.

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística, ya que cuenta con ambientaciones y músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir.

Estrenado a principios de 2014 y ganador de un premio Ondas, Catástrofe Ultravioleta es un podcast pionero en español, con una enorme comunidad de seguidores. Un proyecto innovador que explora el formato sonoro para contar historias, cuyo regreso despierta una gran expectación.

La cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta se podrá escuchar en elDiario.es a principios de 2026.

En la época de la búsqueda de la rentabilidad inmediata y el máximo beneficio económico, una nueva forma de entender la economía va ganando peso en España. Este no es menor: en todo el país hay unas 24.000 cooperativas, con unos ocho millones de socios. Naciones Unidas ha declarado 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas y elDiario.es, en colaboración con Bidafarma, ha celebrado este martes el coloquio 'El beneficio es para todos: el modelo cooperativo que une el éxito y el compromiso', con voces expertas del ámbito institucional, empresarial y asociativo.

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, que se unen para satisfacer un conjunto de necesidades económicas, pero también sociales. “Es una empresa de personas, más que de capitales. Cada socio tiene voz y voto, independientemente de su aportación, lo que garantiza que puedan participar activamente en el proyecto y en la redistribución de la riqueza”, explicaba la directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Aicha Belassir.

Estas pueden ser de varios tipos, como se ha visto en los ejemplos que se han ido desgranando a lo largo del coloquio. Desde una gran distribuidora farmacéutica, como Bidafarma, con implantación nacional que permite llevar un medicamento al pueblo donde una empresa capitalista no lo haría, hasta un grupo de familias que se unen para construir viviendas y comunidad en cesión de uso. Pero todas tienen algo en común. “El fin social está por encima del capital. Prácticamente, todo lo que ganamos se reinvierte y no repartimos dividendos, sino servicios y facilidades para ser cada vez mejores y prestar un mejor servicio a la sociedad”, indicaba el presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance.

¿Cómo puede extenderse este modelo? El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) y de la Federación Andaluza de Empresas Cooperaitvas (Faecta), Luis Miguel Jurado, señalaba tres ejes de actuación. La educación, con la inclusión de estos contenidos desde primaria hasta postgrados; la prescripción en los dispositivos de emprendimiento, tanto públicos como privados; y a través de políticas públicas, con marcos jurídicos y fiscales adecuados. “Las cooperativas aportamos más de lo que recibimos”, indica Jurado.

Una de las dificultades que estos modelos tienen para dar a conocer sus beneficios fuera de las lógicas habituales es, precisamente, la dificultad para medir el retorno más allá de los macroindicadores habituales, como la productividad o el Producto Interior Bruto, y valorar su impacto social. En este sentido, tanto Jurado como Mingorance han coincidido en que desde el cooperativismo no siempre han sido capaces de “demostrar hacia afuera las bondades del modelo”, en términos de cohesión, conciliación, bienestar de los empleados o en materia medioambiental. “Nos dedicamos a hacer muchas cosas, pero tal vez deberíamos dedicar un poco de esfuerzo a contarlas”, bromeaban. Porque, como ha indicado Jurado, “donde hay cooperativas, hay cohesión social”.

Precisamente, impulsar el cooperativismo es una prioridad estratégica del Ministerio de Trabajo, que desde 2020 es también de Economía Social. Entre las líneas de actuación están la de visibilizar este modelo, con dos estrategias en este sentido, la última hasta 2027, o la creación de una secretaría de Estado específica; la renovación del marco normativo, con la ley de Cooperativas, la de Empresas de Inserción y la de Economía Social, que según ha desarrollado Belassir, “fue pionera en Europa”. Además, se realiza una convocatoria anual de subvenciones y se ha puesto en marcha un plan específico con fondos Next Generation.

Entre esas actuaciones, el Ministerio está “promoviendo la producción y actualización de datos estadísticos y desarrollando estudios técnicos” que permitan medir el retorno de estos mecanismos. En ese sentido, Belassir ha avanzado que “a finales de año o principios de 2026”, verá la luz la primera cuenta satélite de la economía social, junto al Instituto Nacional de Estadística, para que “ese impacto positivo en la sociedad tenga un reconocimiento tanto económico como político”.

Durante el coloquio, se ha abordado también la capacidad de estos modelos cooperativos para innovar en sectores emergentes, como la digitalización, la economía verde o los cuidados, pero también para ser competitivos en materia de desarrollo tecnológico. En Bidadarma, “el 50% de los almacenes tienen placas fotovoltaicas, hay un alto nivel de digitalización y se busca la eliminación absoluta del papel”, explicaba su presidente. No solo eso, como enumeraba Belassir, “la economía social lleva años a la vanguardia dando respuesta a sectores como la vivienda, las comunidades energéticas o las finanzas éticas”. Además, los ponentes han defendido la capacidad de las empresas cooperativas para garantizar empleo estable y anclar población en los territorios.

Por último, los participantes han dejado unos consejos para todo aquel que quiera emprender en el cooperativismo. “Primero, hay que tener claro el fin social: qué se quiere hacer y con quién”, ha indicado Mingorance, que ha recomendado tener “mucha paciencia y perseverancia para conseguir adeptos”, porque “no vale con tener la razón, tienes que lograr que te la den”. La directora general de Economía Social, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un buen plan empresarial y formarse en emprendimiento colectivo. Y Jurado ha aconsejado cuidar y equilibrar las dos almas del modelo: la viabilidad económica y la parte social.

Nuevo capítulo en la crisis de Novo Nordisk. El presidente del consejo de administración de la farmacéutica danesa, Helge Lund, y varios directivos de la compañía anunciaron este martes su renuncia por desacuerdos con el principal accionista de la compañía. Novo Nordisk es el fabricante de medicamentos para bajar de peso, con sus populares Ozempic y Wegovy.

Lund aludió en un comunicado difundido por la empresa que no ha sido posible alcanzar un “entendimiento común” con la Fundación Novo Nordisk sobre la futura composición del consejo de administración, ya que ésta quería una reconfiguración “más extensa”.

Junto a Lund dejarán la compañía el vicepresidente, Henrik Poulsen, y cinco miembros independientes del consejo.

La fundación ha propuesto como nuevo presidente al exdirector ejecutivo de la firma Lars Rebien Sørensen y ha convocado una junta general extraordinaria para el próximo 14 de noviembre. Fundación Novo Nordisk controla el 100% de Novo Holding, sociedad que mantiene el 77,28% de los derechos de voto y el 28,05% del capital del laboratorio danés a través de acciones clase A, no cotizadas, y acciones clase B.

Novo Nordisk había anunciado el mes pasado la eliminación de 9.000 empleos dentro de un proceso de reestructuración interna, reduciendo además sus previsiones de crecimiento anuales, debido a la creciente competencia en el sector de los productos para la diabetes y la pérdida de peso en EEUU, básicamente procedente de Eli Lilly

La firma danesa, que llegó a ser hace unos años la compañía europea con mayor valor bursátil, ha perdido más de la mitad de su valor en lo que va de 2025.

Novo Nordisk ya había prescindido en mayo pasado de su consejero delegado Lars Fruergaard, en un contexto marcado por “desafíos” y una cotización a la baja de las acciones de la compañía.

El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo investiga al gerente de la empresa farmacéutica de Lugo Farmadismo S.L. por un delito de corrupción en las transacciones internacionales, que estaría vinculado con un supuesto soborno a un miembro del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Así lo han ratificado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consultadas por Europa Press, que confirman, además, que el caso permanece en fase de instrucción, de forma que se continúan practicando diligencias.

Un auto de julio de este año del Tribunal Supremo (TS) para dirimir una cuestión de competencias y aclarar si es el juzgado lucense u otro ligado a la Audiencia Nacional el que se debía ocupar de seguir el caso (que finalmente atribuye al de Lugo) relata una serie de actuaciones que se iniciaron mediante una denuncia.

Asimismo, el documento judicial refleja que la conducta denunciada y atribuida al gerente de Farmadismo S.L. consistiría “en el abono de cantidades de dinero” a un ministro de Guinea Ecuatorial (se cita el área de Sanidad, pero no el nombre) “a fin de sobornarlo en relación con una venta de productos” realizada por Farmadismo a Centramed, “organismo dependiente del Ministerio de la Seguridad Social” del país.

Dicha gestión con el ministro, según se relata, se habría realizado en una reunión mantenida en un hotel de la capital de Madrid donde este estaba alojado. Además, se alude a una visita a las instalaciones de Farmadismo, en calidad de director general de Centramed, habiéndose alojado en un hotel de Lugo durante varios días.

“Igualmente, y en concepto de soborno para lograr contratos de venta de productos farmacéuticos, el gerente le entregó otra cantidad de dinero en una cuenta a su nombre”, se agrega en un auto que también cita un atestado policial que confirmaría que las gestiones denunciadas se habrían realizado supuestamente mietnras que el alto cargo estaba alojado en el Gran Hotel y en el Hostal Lucus de Lugo.

Finalmente, al desarrollarse en Lugo los “elementos principales del delito objetivo de la investigación y ser esta ciudad ”donde radican las cuentas“ a las que se habrían transferido las cantidades y la empresa ”desde la que se realiza la acción“, la Sala de lo Penal del Supremo acuerda otorgar la competencia al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en manos del que sigue el caso.

“No existe ningún acto de soborno”

La empresa, a través de su abogado, Xosé Manuel Fernández Varela, con el que ha contactado Europa Press, ha reconocido la existencia de la investigación, aunque defiende que “no existe ningún acto de corrupción internacional en Farmadismo”.

Asimismo, ha agregado que el pago que se está investigando como si fuera un soborno se hizo “para el mantenimiento de los negocios” en este país, con el que llevan trabajando varios años, exportando medicamentos de parafarmacia de forma continuada.

Eso sí, precisa el representante legal de la farmacéutica lucense que “no se hizo ese pago a ningún ministro ni dirigente, sino a una empresa constructora para la adecuación de dos almacenes (uno en Bata y otro en Malabo), adonde eran enviados y adonde se siguen enviando los pedidos hechos desde Guinea Ecuatorial”.

Farmadismo informa de que actualmente están en proceso de probación ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo de esta situación recalcando su “absoluta convicción” de que la causa “será archivada una vez que se terminen las diligencias”.

La farmacéutica es conocedora de que la investigación se inició por una denuncia, que ellos califican de “falsa” y aseguran que se emprenderán acciones legales contra el denunciante una vez que se termine la investigación.

Fernández Varela indicó que la empresa colaboró “en absolutamente todo” durante el registro de las instalaciones y que su gerente estuvo en libertad todo este tiempo sin llegar a entrar en prisión y “sin que se le impusiera ningún tipo de medida restrictiva ni a él ni a la empresa”, ya que esta ha estado funcionando con normalidad.