El pleno del ayuntamiento de Madridejos ha aprobado este martes por unanimidad de los tres grupos municipales una moción reclamando la construcción del tramo ferroviario Mora-Orgaz - Madridejos-Consuegra - Alcázar de San Juan dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén.

Ha sido la última iniciativa que está planteando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha (PFCM) para reivindicar el denominado 'tren de la Mancha'. “En todas las instituciones locales y provinciales de Castilla-La Mancha la moción se está aprobando por unanimidad. En las jienenses, lo está haciendo por mayoría”, asegura su portavoz José Damián García-Moreno.

El lunes hizo lo mismo el Ayuntamiento de Manzanares y la pasada semana se pronunciaron los ayuntamientos de Jaén, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y Villafranca de los Caballeros.

Es la mejor propuesta para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora

José Damián García-Moreno — Portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM)

“Son ya 12 instituciones las que en el presente curso político 2025 - 2026 reclaman mediante mociones o resoluciones esta iniciativa”, explica García-Moreno, quien subraya que la Consejería de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page también apoya la parada del tren entre Madridejos y Consuegra y, con ello, el tramo Mora-Alcázar de San Juan.

“Vamos a seguir buscando y generando consensos por el beneficio de Jaén, Castilla-La Mancha y del conjunto de España”, asegura el portavoz de la plataforma quien subraya que ahora “la pelota ya está en el tejado del Ministerio de Transportes”.

En este sentido apelan al PSOE, y en concreto a los socialistas de Jaén, a trabajar en una “propuesta común” que no es otra, recuerda, que la “propuesta histórica” del propio ministerio y que consideran “la mejor para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora”.

Manzanares recuerda que el proyecto histórico se remonta a 2001

Un día antes había sido el Ayuntamiento de Manzanares, en Ciudad Real, el que aprobase en Pleno por unanimidad un decálogo de medidas en defensa de este proyecto y de un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha.

Fue a través de una moción “urgente” presentada de manera conjunta por los grupos socialista y popular en apoyo a un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha y en defensa del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén. “Se ha hecho de manera conjunta para tratar de conseguir un acuerdo unánime que defienda los intereses de nuestra ciudad en este asunto”, justificó Pablo Camacho, portavoz del equipo de Gobierno.

Desde el PP, Rebeca Sánchez-Maroto mostró su “satisfacción” porque ambos grupos “hayamos sido capaces de dialogar, entendernos y unir nuestras propuestas” en una moción conjunta. La edil popular destacó que este acuerdo es una “muy buena noticia para nuestra ciudad”, ya que este proyecto “es clave” para el desarrollo de nuestro territorio y tiene una “gran importancia estratégica” para Manzanares. Por su parte, el concejal no adscrito también mostró su apoyo a la moción. “Suena bien”, fueron las palabras utilizadas por un José María Molina que también aprovechó para poner en duda “si el Gobierno de España tiene, en estos momentos, la capacidad económica para llevar a cabo una actuación que a Manzanares le favorecería”.

En Manzanares se recordaba esta semana que, si bien es cierto que los orígenes del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén se remontan a 2001 y ha contado con el apoyo de todos los Gobiernos de España desde entonces, “se ha ido ralentizando y no ha avanzado al ritmo que nos hubiera gustado”, explicó el portavoz socialista.

El año pasado, ante la aparición en los medios de comunicación de informaciones que apuntaban al estudio de un posible “baipás” en Montoro (Córdoba), Julián Nieva junto a otros alcaldes de la zona se reunieron con Óscar Puente para mostrar su preocupación por si esta modificación podría afectar al proyecto original.

El ministro garantizó entonces que el baipás no afectaría al desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, según recuerdan en la localidad manzanareña. “Confiamos en sus palabras, pero creemos que es necesario que este proyecto se acelere de una vez por todas porque es esencial para el futuro de nuestra provincia y región”, subrayó el portavoz socialista. “Estamos ante una infraestructura clave para Manzanares desde todos los puntos de vista, que tendría efectos muy positivos para el desarrollo económico, demográfico y social de nuestra ciudad”.

Un ambicioso decálogo de medidas

El decálogo de medidas que propone Manzanares incluye el apoyo del ayuntamiento al ferrocarril “como medio de transporte público, eficiente y sostenible que contribuye al equilibrio social y territorial de Castilla-La Mancha”. También reivindica una vez más “el impulso y mantenimiento” del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “garantizando su ejecución y su puesta en marcha”.

Se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “a que mantenga e impulse definitivamente la ejecución íntegra y definitiva” de la infraestructura ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén para la explotación modal (transporte de mercancías y viajeros) del Eje Atlántico en velocidad alta, como “proyecto estratégico para la mejora de la conectividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad y de las comarcas de la provincia de Ciudad Real y Jaén”.

Asimismo, se solicita “una dotación presupuestaria suficiente e inmediata” para la finalización de las obras de adecuación del tramo Alcázar de San Juan-Manzanares, concluyendo los pasos superiores ya construidos, finalizando la variante de la curva de Herrera de la Mancha, así como la instalación de los sistemas de seguridad y circulación compatibles con velocidades superiores a 200 km/hora y su continuación hasta Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel.

Al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se le insta a compatibilizar, mientras se avanza en la ejecución del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, y a seguir manteniendo y mejorando la línea convencional Manzanares-Madrid, “mejorando los tiempos de viaje y garantizado las frecuencias”.

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe que sigan impulsando el estudio de viabilidad de la cuadruplicación de vías entre Seseña y Madrid, estudio fruto de la reunión mantenida entre Julián Nieva y el ministro Óscar Puente en abril de 2025, ya que el desarrollo de este proyecto “vendría a mejorar la operativa ferroviaria entre el centro y sur peninsular, así como segregar los tráficos entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial para solucionar la congestión que se produce en la vía de la red de Media Distancia y Cercanías”.

En séptimo lugar, manifiesta el rechazo a cualquier actuación ferroviaria, “entre ellas el 'baipás de Montoro', que suponga la pérdida, el recorte o el empeoramiento de los servicios ferroviarios que actualmente prestan servicio a Manzanares y su comarca”.

También se apoya de forma expresa y pública la ejecución del tramo Mora-Alcázar, dentro del proyecto de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “por su carácter vertebrador y por los beneficios directos que aportaría a Manzanares, entre ellos la notable reducción de los tiempos de viaje a Madrid y la posibilidad de conectar con la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha”.

A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le insta para que, a su vez, inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “reivindicando el cumplimiento de lo ya acordado por el Gobierno de España, oponiéndose frontalmente al cambio de trazado, considerando el perjuicio que ocasiona a nuestra provincia y muy especialmente a las localidades y comarcas afectadas de Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas”. Por último, se da traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Presidencia de la Junta.

El Ayuntamiento de Jaén tendrá que pagar 7.501 euros a un letrado de su gabinete jurídico por haber vulnerado sus derechos fundamentales. Esa es la decisión que ha adoptado el Juzgado de lo Social 3 de Jaén tras la denuncia del propio trabajador al sentirse señalado.

Los hechos, que tuvieron lugar en 2023, se saldaron con la reubicación del profesional en otro departamento como “represalia” por haber demandado al Consistorio reclamando la estabilización de su puesto de trabajo, según entiende la jueza que instruye la causa. El Ayuntamiento anuncia que ya ha recurrido, aunque rechaza valorar la sentencia al considerar que se refiere a un particular.

El fallo, al que ha tenido acceso este medio, admite que el letrado pudo haber sido víctima de una persecución por parte del equipo de Gobierno, dirigido por PP y Jaén Merece Más. Lo habría sido porque el mismo trabajador denunció al ayuntamiento en enero de 2023 tras llevar 15 años ocupando el mismo puesto sin que se le estabilizara. El letrado había ingresado como asesor del gabinete jurídico en 2008.

Sin embargo, según fuentes de dicho área, el concejal encargado del mismo, Vicente Oya, decidió apartar de su puesto al letrado al considerarle incómodo por haber demandado al ayuntamiento. De hecho, fruto de la demanda, se produjeron diferentes reuniones a finales de 2023 en las que desde la Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por Oya, se les estaba trasladando a los trabajadores que habría una “reorganización” del gabinete jurídico.

Una reorganización que se llevó a cabo con el traslado del letrado al departamento de Gestión Tributaria, justo en un momento en el que el jefe de los servicios jurídicos, Luis Hernández, reclamaba que necesitaban más medios para hacer frente a la alta carga de trabajo que tienen en asuntos judiciales en el Ayuntamiento de Jaén. Por esa razón, el propio Hernández y sus compañeros, incluido el letrado apartado, entendieron el traslado como una “represalia” y no como una reorganización al uso de las funciones.

Respaldo judicial

Según explica Hernández a este medio, “necesitamos personal y no tenía justificación alguna que trasladasen a nadie a otro departamento”. De hecho, cree que la maniobra también responde al interés del equipo de Gobierno por “privatizar” el área jurídica al tener que externalizarla si no opera con normalidad.

“Consideramos que Vicente Oya se ha atribuido funciones que tampoco le corresponden porque la organización del gabinete jurídico no depende de ningún político, ya que es un órgano asesor”, apunta. Pese a todo, como el letrado fue reubicado, tanto Hernández como el propio perjudicado presentaron una demanda.

El jefe de los servicios jurídicos denunció al Ayuntamiento de Jaén ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, ganando en primera instancia y en apelación la sentencia. Razón por la que el Consistorio se vio obligado a readmitir al trabajador en su puesto anterior. Sin embargo, fruto de las presiones recibidas por parte de la Concejalía, el trabajador estuvo de baja médica algún tiempo. “Le ha costado poder reengancharse a sus funciones”, confiesa Hernández.

Ahora, tras varios meses de espera, la justicia le vuelve a dar la razón y condena al Ayuntamiento de Jaén a indemnizarle con 7.501 euros por haberle movido de departamento en un ejercicio de “represalia” por la demanda previa que había puesto el letrado. La jueza entiende que la actuación consistorial no ha sido correcta y que se ha vulnerado el derecho fundamental del trabajador a una tutela efectiva. O lo que es lo mismo, que se trató de impedir que pudiera demandar al Consistorio moviéndole de departamento para que desistiera en su postura.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno rechazan valorar el caso al considerar que “atañe a un particular”. No obstante, recuerdan que se ha recurrido la sentencia porque el Ayuntamiento “solo pretende que el trabajador ocupe su puesto de trabajo en el servicio en el que tiene su plaza”. Afirman a su vez que hay otra demanda interpuesta por el letrado por vulneración de derechos que ha fallado en contra de sus intereses.

Polémica en Jaén por la quema de un muñeco con la imagen del expresident catalán Carles Puigdemont en el marco de un concurso municipal. El Ayuntamiento de la capital jienense, gobernado por el Partido Popular y Jaén Merece Más, ha otorgado el primer premio a una parroquia que presentó una figura que emulaba al expresident a pesar de que en las bases del certamen se excluyen los temas relacionados con “simbología política” o “ideológicos”. Pese a ello, la edil de Cultura, María Espejo, no ve cariz político en el muñeco, pero la oposición municipal cree que se trata de un asunto que podría haber sido “perfectamente evitable”.

Todo ha ocurrido durante las fiestas de San Antón de Jaén, declaradas de interés turístico nacional desde 2019, en las que habitualmente se encienden unas lumbres en las que se quema un muñeco, llamado pelele, decorado por los vecinos de la ciudad. Esta tradición, que data del siglo XIII, tiene un carácter satírico, pero no pasaba de ser algo delimitado a la cultura popular, sin intervención institucional hasta este año. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha un concurso cuyo vencedor ha desatado una polémica que recuerda a la que en 2019 se produjo en el municipio sevillano de Coripe, donde también fue quemado un muñeco que representaba a Puigdemont en el marco de una fiesta local.

Y es que el I Concurso Municipal de Peleles de San Antón se ha saldado con la victoria de la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, que presentó un muñeco caracterizado con la imagen de Carles Puigdemont. Por ese triunfo, la parroquia se ha llevado 500 euros y el Consistorio una polémica a costa de las bases del certamen. Según las mismas, los peleles que se presentasen no podrían tener “simbología política” ni “ideológica” y en este caso concreto tanto la oposición municipal como algunos vecinos consideran que no se han respetado ambos principios.

Para el PSOE, el partido que ostenta la oposición en el Ayuntamiento, el triunfo de este pelele es una situación “absolutamente evitable, porque, como parece a tenor de lo que algunas personas están trasladando en redes sociales, no cumple con las bases del concurso”. Los socialistas consideran que la repercusión que está teniendo está “afectando a la imagen de la ciudad”.

Pese a que en el fallo del premio se dice que el llamado 'Pelelemón' no es Puigdemont, tanto la caracterización del personaje como la descripción del mismo invitan a pensar lo contrario: “Este pelele refleja una crítica social contra esas personas oportunistas que piensan que pueden realizar acciones al margen de la ley en beneficio propio y quedar impunes ante la justicia, valiéndose de su status, posición económica o situación política”. Se añade que “manifiesta un rechazo a cualquier tipo de indulto o amnistía, tanto de tipo político, como fiscal o económico (expresado en el maletín con dinero que porta y los fajos de billetes asomando por sus bolsillos)”.

“Ninguna polémica”

El muñeco, que fue quemado durante la noche del 16 al 17 de enero, se alzó con el primer premio en un concurso en el que se presentaron ocho peleles en total. Algunos, según vecinos y oposición consistorial, más relacionados con Jaén como el de un ferroviario que viene a denunciar la mala situación que sufre la provincia con respecto a los trenes. En todo caso, el fallo del jurado, compuesto por varias asociaciones y representación municipal, entendió que 'Pelelemón' era el mejor de todos. Este medio ha tratado de contactar con la parroquia que presentó a este muñeco sin éxito.

Para la edil de Cultura, María Espejo, no existe “ninguna polémica”. A su juicio, se está exagerando con algo que no es más que una “tradición satírica que se lleva celebrando desde el siglo XIII”. Preguntada por el conflicto con las bases del concurso, Espejo no ve relación directa entre el pelele y ninguna “simbología política”. Al contrario, recuerda que también hubo un muñeco en el que se mencionaba a “todos los partidos políticos”. “El jurado es libre, absolutamente libre y lo componen asociaciones culturales”.

“Al final no vamos a entrar a valorar lo que digan algunos vecinos porque esto es como un concurso de mises en el que la que gana es la más guapa y la que pierde la más fea”, apunta Espejo. La edil pone de ejemplo otras fiestas como las Fallas de Valencia o las propias chilindrinas de Jaén, que son letreros con frases ingeniosas sobre la vida local, en las que también se hacen sátiras. “Yo he aparecido en alguna de ellas”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Jaén ha dictado una resolución que obliga al Consistorio local a readmitir en su puesto a uno de los letrados del servicio jurídico. Según el auto, al que ha tenido acceso este medio, la salida del profesional del área no estaba justificada porque genera una sobrecarga de trabajo para los abogados del Ayuntamiento y puede servir de excusa para “externalizar el servicio”. Una resolución que se produce justo cuando el concejal encargado de los servicios jurídicos, el popular Vicente Oya, ha sido reprobado por los propios letrados.

El origen de este caso está en el pasado 22 de diciembre. Aquel día, el Ayuntamiento de Jaén, liderado por el Partido Popular y Jaén Merece Más, relevó de su puesto en los servicios jurídicos a uno de sus tres letrados. En concreto, el abogado consistorial fue reubicado en el área de Gestión Tributaria, lo que en esencia dejaba “muy tocada” la labor judicial del Consistorio, según fuentes de los servicios jurídicos. La decisión, amparada por el alcalde de Jaén, Agustín González, fue tomada por el concejal encargado de los abogados, Vicente Oya. Un movimiento que fue duramente criticado por los letrados, hasta el punto de que han pedido que deje sus funciones en el área.

Según el jefe de los servicios jurídicos, Luis Hernández, el edil busca socavar la independencia del área jurídica del Ayuntamiento de Jaén para “interferir” en causas judiciales concretas que afectan a los populares. Una acusación que se sustenta en el hecho de que la tensión es elevada entre las partes desde que Oya, que es decano emérito del Colegio de Abogados de Jaén, fue designado como concejal el pasado mes de junio. “Desde esa fecha, se nos ha presionado y se nos está señalando, llegando a decirnos que se están elaborando informes sobre cada uno de nosotros”, apunta Hernández.

“Situaciones jurídicas irreversibles”

En esa tesitura, el pasado 22 de diciembre, el concejal encargado del área jurídica decidió reubicar de puesto a uno de los letrados y llevarlo a Gestión Tributaria, dejando con dos profesionales el gabinete judicial del Consistorio. Para Hernández este cambio no estaba justificado, pese a que el propio Oya sostiene que su único interés es “poner orden en la asesoría jurídica”. Al no estar de acuerdo con esa apreciación, Hernández presentó un escrito ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén pidiendo que se restituyese al tercer abogado consistorial. Algo que finalmente ha conseguido tras una vista celebrada el pasado 11 de enero.

El juez que ha dictado el auto le da la razón al jefe de los servicios jurídicos de Jaén y conmina al Ayuntamiento a devolver a su puesto original al letrado apartado. El magistrado, en el escrito al que ha tenido acceso este medio, aclara que “sin discutir la potestad de autorganización de la Administración publica, no puede 'vestir a un santo para desvestir a otro'”. Continúa señalando que, de no restituir al abogado del Consistorio, “se crearían situaciones jurídicas irreversibles ante la dificultad de hacerse cargo. sólo dos letrados, de la cantidad de procedimientos en tramitación”.

Es más, según se desprende del auto, el Ayuntamiento de Jaén defendió, en la vista celebrada la semana pasada, la reubicación del abogado reconociendo su voluntad de externalizar los servicios jurídicos. Para el juez, “ello supondría un endeudamiento mayor de las arcas municipales”. Con todo, el Consistorio puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este medio ha preguntado al respecto, pero aún no ha obtenido respuesta.

Por otro lado, el letrado protagonista de este caso está preparando su propia demanda a través de la justicia ordinaria por lo sucedido. Además, este miércoles está previsto que los abogados municipales se reúnan con el alcalde, Agustín González, para trasladarle su descontento con Vicente Oya por el que piden que deje de dirigir su área.

El caso “Aqualia”

La decisión judicial supone un revés para Vicente Oya, ya que un tribunal ha frenado, de momento, su intención de reorganizar los servicios jurídicos con el fin de acabar contratándolos a través de un gabinete de abogados externo, tal y como defendió su defensa en la vista por la reubicación del tercer letrado del área. Pero también ocurre justo cuando el Ayuntamiento ha decidido darle a los propios abogados consistoriales la resolución del caso que investiga “irregularidades” en Aqualia, la empresa concesionaria del suministro de agua en Jaén.

Pese a que en septiembre se anunció que la entidad y el Consistorio habían llegado a un acuerdo para detener la causa judicial abierta por la que Aqualia, según el anterior bipartito entre PSOE y CS, debe 63 millones de euros a las arcas municipales, lo cierto es que de nuevo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Jaén ha apremiado a las partes para que se pronuncien sobre el archivo o la reanudación de la causa. Una decisión que recae, según confirman los servicios jurídicos, en los letrados consistoriales, pese a la tensión existente con el concejal Oya. Para Luis Hernández, portavoz de los abogados del Ayuntamiento, el hecho de que este tema vuelva a recaer en ellos es fruto de la “presión” ejercida para reprobar al edil.

El área de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén se ha levantado contra el concejal que la controla, Vicente Oya. Según adelanta la Cadena Ser y ha podido confirmar este medio, los abogados, que ejercen las funciones de asesoramiento e intervención judicial del Consistorio, han elevado un escrito al alcalde de la ciudad, Agustín González (PP), solicitando la retirada de Oya como responsable del área. Denuncian que el edil, que es abogado de profesión y decano emérito del colegio de letrados de Jaén, está “interfiriendo” y manteniendo una actitud de “acoso y deslealtad” contra estos trabajadores municipales. Por su parte, el edil señalado se defiende diciendo que se limita a “controlar” y “poner orden”.

En este asunto confluyen varios factores que explican por qué el área jurídica del Ayuntamiento de Jaén es ahora mismo un polvorín. Hace tan sólo unos días, uno de los siete miembros de la misma fue trasladado de departamento, dejando de pertenecer al mismo. Algo que para el servicio es un problema porque ya tenían problemas de falta de personal, según confirman a elDiario.es Andalucía. Pero no sólo eso, sino que esta reubicación del trabajador ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los letrados consistoriales.

Si bien el nuevo equipo de Gobierno, fruto del bipartito entre el Partido Popular y Jaén Merece Más, lleva apenas medio año en el cargo, ya ha transcurrido tiempo suficiente para que desde los servicios jurídicos pidan al alcalde González que Vicente Oya deje de ser el responsable del área. Aunque Oya tiene atribuidas las competencias de Turismo, Urbanismo y Bienestar Social, entre sus funciones también está el control del gabinete judicial del Consistorio. Algo que es “una novedad en democracia porque los servicios jurídicos nunca han tenido a un edil que los controlara ya que son servicios tan generales como lo puede ser la secretaria”, señalan los letrados del Ayuntamiento de Jaén.

Esta “anomalía”, a juicio de los abogados, se explica porque el PP quiere “frenar procesos judiciales que están en marcha”. De hecho, Luis Hernández, el principal letrado del Consistorio, mantiene una relación complicada con los populares al haber sido abogado en diferentes causas que afectaban de forma directa o indirecta a los intereses del PP de Jaén. Sin ir más lejos, fue el abogado que representó al Ayuntamiento en casos como Matinsreg, por el que un exconcejal del PP, Manuel del Moral, ha acabado en prisión, o el de Autobuses Castillo, la concesionaria que operaba el servicio de transporte urbano sin tener ningún contrato. Por ello, Hernández se siente señalado por el actual equipo de Gobierno.

Según fuentes del servicio jurídico “desde que este equipo de Gobierno ha empezado a trabajar, se ha intentado interferir en el trabajo de los letrados, parando casos judiciales importantes para la ciudad”. Entre ellos, señalan el de Aqualia, la empresa concesionaria del suministro de agua en Jaén. En septiembre, el Ejecutivo local llegó a un acuerdo con esta empresa para dejar de reclamarle los 63 millones de euros que el bipartito de PSOE y Cs reclamaba desde el anterior mandato al apreciar “irregularidades” en la gestión de Aqualia por las que llevó a la entidad a juicio. Un proceso judicial que fue detenido en septiembre tras dicho acuerdo.

“Acabar con los servicios jurídicos”

Para los letrados del Ayuntamiento de Jaén es “evidente” que se están produciendo “injerencias” del concejal Vicente Oya en sus labores como abogados consistoriales. “El propio edil nos dijo que se estaban elaborando dosieres sobre cada uno de nosotros, lo que nos parece una amenaza a nuestro trabajo”, se quejan los afectados. Para estos, se trata de una actitud de puro “acoso laboral” que ha dado como resultado la reubicación de uno de los letrados en otra área, pese a que este trabajador había solicitado judicialmente que se le reconociese su puesto.

Los abogados sospechan que el nuevo equipo de Gobierno busca “acabar con los servicios jurídicos para poder contratar a un bufete externo afín a sus intereses”. Por ello, insisten en su reclamación a la Alcaldía para que cese de las funciones jurídicas a Oya. Un edil que, además, es precisamente abogado y decano emérito del colegio de letrados de Jaén. De momento, no han tenido suerte puesto que el alcalde, Agustín González, no ha atendido ninguna de sus peticiones para reunirse. “Nos han puesto excusas o no nos han contestado cada vez que hemos intentado mantener un diálogo sobre el tema con él”, señalan desde el gabinete jurídico.

El PSOE, principal partido de la oposición y el que ostentaba la Alcaldía hasta mayo contando con este servicio jurídico, ampara la gestión de los letrados y considera que la actuación del concejal Oya “compromete mucho el trabajo del área de asesoría jurídica, la defensa de los intereses municipales y que ha sido tomada atendiendo a criterios ajenos al buen funcionamiento de la misma”. Para los socialistas, el escrito elevado por los abogados tiene una “especial gravedad” por los hechos que se denuncian.

Por su parte, el concejal señalado defiende su actuación. “En este tema y por el momento, lo único que puedo decir es que como responsable del servicio mi obligación es pedir al mismo toda la información que entienda necesaria para conocer su funcionamiento. Lo que no significa, ni mucho menos, que ponga en duda la profesionalidad de los letrados de ese servicio y que en modo alguno (no es mi estilo) he imputado la comisión de ningún tipo de delito a esos letrados (prevaricación), ni he impuesto la firma de ningún escrito, pues en todo caso ello es responsabilidad de lo que firman al ser los directores de los procedimientos”, ha esgrimido.

Asimismo, Vicente Oya ha manifestado que cree que “se confunde control con acoso y que, personalmente, lo único que estoy haciendo es poner orden en la asesoría jurídica y que ellos sean conscientes de que existen unos procedimientos que obligatoriamente han de respetar como el resto de trabajadores del Ayuntamiento”. Palabras de las que se deduce que el edil no piensa renunciar a sus funciones, por lo que a los letrados les queda esperar a reunirse con el alcalde o que este decida destituir a Oya como responsable de los abogados municipales, tal y como han solicitado ellos mismos.

Tres semanas después de que la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, María Segovia (PP), pidiese dejar de “culpabilizar en exceso a los hombres” en cuanto a la violencia machista y pusiera el foco sobre las “denuncias falsas” en ese ámbito, el PSOE y los colectivos feministas de la ciudad elevan la presión para forzar la renuncia de la edil porque entienden que copia los “postulados de la ultraderecha”. Si en un primer momento fueron los socialistas quienes exigieron el cese de Segovia, ahora son también las asociaciones por la igualdad las que exigen un gesto por parte de la Alcaldía.

“Luchemos por igualdad en positivo, sin victimizar, sin culpabilizar”, decía María Segovia en sus redes sociales. La edil se pronunciaba de esa forma para promocionar unas “líneas de colaboración” con la Asociación de Mujeres Empresarias de Jaén con las que se pretende, según su concejalía, “promover la autonomía de las mujeres como herramienta para luchar contra la violencia de género”. Intenciones que chocan de frente con las propias declaraciones de Segovia, según denuncian el PSOE y los colectivos feministas.

Para empezar porque la edil de Igualdad entiende que el marco para luchar contra la violencia machista ha de pasar por políticas que “más que centrarse en denunciar lo negativo y culpabilizar en exceso al colectivo de hombres, se enfoquen positivamente en fomentar la autonomía de las mujeres”. Al tiempo que categoriza a las “verdaderas víctimas” y pone en el foco las denuncias falsas al sostener que no se tiene que culpabilizar a los hombres en respeto a la “presunción de inocencia” porque pueden sufrir el “escarnio público” de las “falsas denuncias por violencia de género”.

Esas declaraciones de principios de mes no han sido matizadas por la concejal y sus actos posteriores no han hecho más que caldear aún más el ambiente. Según confirman fuentes municipales, el Consejo Local de Igualdad no se constituirá hasta el próximo 27 de septiembre cuando para entonces hayan pasado tres meses desde la investidura de Agustín González (PP) como alcalde de Jaén en coalición con Jaén Merece Más. De acuerdo con las mismas voces, “estos consejos suelen constituirse pronto, por lo que esta tardanza puede ser una maniobra para evitar pronunciarse sobre esta polémica”.

“Postulados de la ultraderecha”

De hecho, todas las miradas se centran en el regidor. González ha tratado de salir del paso sobre la situación de su edil de Igualdad sin demasiado éxito, teniendo en cuenta que la oposición y las feministas siguen insistiendo en la marcha de María Segovia. El alcalde de Jaén se ha limitado a pedir “mayor seriedad, responsabilidad y unidad” cuando se le ha preguntado por un posible cese. Cree que la violencia machista es un asunto lo “suficientemente grave” como para reclamar esas cuestiones, pero evita pronunciarse directamente sobre Segovia.

Por ello, porque desde el PSOE y los colectivos feministas consideran que la edil está copiando “los postulados de la ultraderecha” con declaraciones que son “inaceptables”, los socialistas y las asociaciones están uniendo fuerzas para establecer una hoja de ruta que podría cristalizar este viernes en el pleno municipal. Se trabaja en varios frentes y no se descarta una moción que exija la renuncia de María Segovia. En ese sentido, María del Mar Saúl presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Jaén, afirma que no pueden aceptar “bajo ningún concepto que se ponga en el mismo nivel un número de denuncias falsas que no llega al 0,07% frente a 47 mujeres asesinadas que hoy ya tenemos encima de la mesa”.

“No es de recibo que la concejala se ponga detrás de una pancarta para que luego se reitere en que hay que mantener la presunción de inocencia. Efectivamente, la presunción de inocencia es un principio básico constitucional y se va a mantener siempre, pero cuando estamos hablando de casos cerrados con sentencias condenatorias y de las más graves que son los asesinatos de mujeres, no podemos comprender en qué se basa para hablar de esa presunción”. Al respecto, la concejal socialista Eva Funes pide al alcalde de Jaén que cese a Segovia porque no puede tener una edil “que no comparte una realidad social como la violencia machista, porque si no, él mismo se convierte en cómplice de una actitud criticada por todos los colectivos sociales además de por el PSOE”.

María Inés Casado, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (Ademur), solicita a Segovia que “pida disculpas” y diga si está dispuesta a trabajar “en pro de la igualdad”. Si es así, “que se ponga las pilas y empiece a hacerlo ya, y si no que sea apartada y que el puesto lo ocupe una persona que sea capaz de valorar el trabajo que hacen las asociaciones por la igualdad”. Declaraciones como las vertidas por María Segovia hacen que se “invalide” el trabajo diario que hacen desde los colectivos feministas, según entiende Casado. En el mismo sentido se expresan las Feministas 8M de Jaén calificando de “vergüenza” que la concejala abrace un discurso “ultra”. Lamentan también las declaraciones del alcalde por no ser tajantes al respecto de la polémica.

El candidato del PP a la alcaldía de Jaén, Agustín González, será investido este sábado, después de que su formación haya firmado un acuerdo de Gobierno con el partido Jaén Merece Más. El pacto llega 24 horas antes de la fecha límite para constituir los ayuntamientos. Con este acuerdo, los populares gobernarán las ocho capitales de Andalucía, achicando el poder institucional del PSOE en un territorio donde reside casi el 80% de la población de la comunidad.

Las elecciones municipales del 28 de mayo dejaron un resultado muy ajustado en la capital de Jaén. El PSOE ganó por unos 300 votos al PP, pero ambos empataron en 11 concejales. La alcaldía, por tanto, quedó en manos de la tercera fuerza política, el partido Jaén Merece Más, escisión del grupo socialista, que obtuvo tres ediles, uno más que Vox.

El partido dirigido por Manuel Carlos Vallejo ha mantenido reuniones en las últimas semanas con la dirección popular y la socialista en Jaén. El PSOE ofreció la alcaldía a Jaén Merece Más hace unos días, a cambio de sellar un acuerdo de gobierno que impidiese al PP hacerse con las ocho capitales andaluzas. Vallejo, sin embargo, se ha inclinado finalmente por un pacto con los populares, en el que se ha empeñado también la dirección regional del partido, liderado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.

Ambas formaciones anunciarán en las próximas horas el reparto de carteras del próximo Gobierno local, confirman fuentes de la ejecutiva regional. Con este acuerdo, el PP evita el único pacto con Vox que podía darse en una capital andaluza, a tenor de los resultados del 28M.

El PSOE ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por “una posible compra de votos por parte de miembros del Partido Popular elegibles para el Ayuntamiento de Jaén”, como figura en el escrito al que ha tenido acceso este medio y que ha sido presentado la tarde de este 27 de mayo.

La denuncia explica y adjunta varias conversaciones de Whatsapp. Una, entre Antonio Losa Valdivieso, concejal del PP del Ayuntamiento de Jaén, y un tal Fernando. En ella, “Antonio Losa Valdivieso le manda a un tal Fernando el número de teléfono de Manuel Palomares Herrera, el cual también es concejal del Ayuntamiento de Jaén”. Y una segunda conversación entre Palomares y el desconocido.; y una segunda, entre Manuel Palomares Herrera, también concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén, y el mismo Fernando.

El Partido Socialista denuncia “que Manuel promete a Fernando ”pagarle“ a cambio de votos, recordándole que tiene hasta las 20.00 horas del día de mañana domingo (jornada electoral) para efectuar dicho voto en el colegio electoral de la Avenida Ruiz Jiménez, y se compromete a llamarle telefónicamente sobre las 21.00 horas para cumplir con lo que han hablado.

Estas son parte de las conversaciones adjuntas.

-“Estará un compañero nuestro. Si tienes alguna duda búscale (...) Después me dirán cuántos habéis sido, él hace el recuento y cuadramos nosotros luego. ¿Te parece?” - Explica Manuel Palomares

-“Pero tú no vas?”

-“Yo no, estaré con el partido. Pero no te preocupes, cumplo con lo que hemos hablado siempre”.

Jaén encara una campaña electoral abierta a la sorpresa. Aunque el PSOE del alcalde Julio Millán parte como favorito para reeditar victoria en los comicios del 28 de mayo, la correlación de fuerzas que se intuye a partir de esa fecha en el Consistorio de la Plaza de Santa María permite al Partido Popular albergar esperanzas. Su candidato, Agustín González, tiene un perfil más bajo del que tienen los líderes populares del resto de capitales de provincia de Andalucía, pero el desmembramiento de la izquierda y el hundimiento de Ciudadanos auguran que tendrá un resultado más favorable que el que su antecesor, Javier Márquez, cosechó en 2019 cuando optaba a repetir como alcalde.

En principio, la lucha entre el PSOE y el PP se espera que sea cerrada. Si bien Millán, el actual regidor, parece tener una posición más propicia porque no tiene que presentarse ante la ciudadanía jiennense al ser conocido, la inestabilidad vivida en su equipo de Gobierno le lastra. En 2019 ganó las elecciones, pero no logró los votos suficientes para gobernar en solitario, lo que le obligó a pactar con Ciudadanos en un acuerdo que a punto estuvo de fraguarse en favor del PP. Entonces, Teodoro García Egea -como representante de los populares- y Fran Hervías -por parte de Ciudadanos- maniobraron para repartirse la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de Jaén y Granada, aunque la aritmética solo fraguó en tierras granadinas y malagueñas.

Los conflictos sobre la mesa

Los 11 concejales que consiguió Millán junto con los cuatro de Ciudadanos auguraban un mandato plácido al tener un bipartito en mayoría. Sin embargo, en junio de 2021, tres de los ediles se marcharon del equipo de Gobierno, pero no dejaron su acta de concejales en el Consistorio, limando la gobernabilidad de Jaén. Algo que los populares han utilizado desde entonces como arma arrojadiza contra un PSOE al que el varapalo de la pérdida de la base logística del Ejército en favor de Córdoba o la incapacidad para aprobar un presupuesto municipal en cuatro años le han lastrado.

Pero en esta campaña electoral hay otros asuntos que están encima de la mesa y que enfrentan a PSOE y PP por el bastón de mando. De un lado, los socialistas exigen a la Junta de Andalucía que ponga en marcha el tranvía, recordando que los trámites que corresponden al Ayuntamiento de Jaén ya se han llevado a cabo. Del lado popular, Agustín González acusa el Ministerio de Transportes de ningunear a la capital jiennense al no apostar por la alta velocidad ferroviaria que sí tienen ya otras provincias andaluzas. De fondo, resuenan la paralización de las obras del Conservatorio Superior de Música o la regularización de las viviendas de Puente de la Sierra para que los vecinos puedan tener suministros legales de agua y luz. Ambos son proyectos que dependen de la Junta de Andalucía.

En todo caso, Julio Millán y Agustín González estarán muy pendientes de lo que ocurra a la derecha y a la izquierda de sus formaciones. Asumiendo que el candidato de Ciudadanos, Gabriel Soria, tiene muy difícil lograr entrar en el Ayuntamiento de Jaén, lo que complica que los naranjas puedan volver a ser muleta para cualquiera de las dos formaciones, lo que hagan Vox y las izquierdas jienenses, sin olvidar a Jaén Merece Más, puede resultar decisivo para la gobernabilidad de la capital.

La extrema derecha, encabezada por Manuel Ureña, que en 2019 fue número dos de la formación tras Salud Anguita, aspira a revalidar resultados y hacerse con dos puestos de concejal. Sin embargo, la disputa entre Anguita y Ureña, a cuenta de la dirección nacional de Vox y la escasa libertad de acción local, ha jugado en contra del partido. Por otra parte, la izquierda volverá a presentarse separada en dos formaciones: Izquierda Unida, Más País, Verdes EQUO y Recortes Cero concurren bajo Jaén Para la Gente y Podemos y Jaén Sentido y Común lo hacen con su propia lista. Carmen Soria y Francisco Javier Sánchez, sus respectivos candidatos, pueden tener la llave de la gobernabilidad si mutuamente no se restan.

Los votos decisivos

El problema es que en 2019 la izquierda representada por Adelante logró dos concejales pero apenas ha tenido un papel excesivamente destacado en estos cuatro años ante la inestabilidad de la que ha hecho gala la derecha municipal. Julio Millán apenas les ha necesitado para acuerdos puntuales y su posición de cara al 28 de mayo puede no ser la más relevante de cara a un futuro gobierno local, menos aún si en los comicios se presentan con dos listas que mermarán su capacidad para conseguir ediles.

La batalla, por lo tanto, estará en hacerse con los restos que queden de Ciudadanos y los votos que pierdan las izquierdas divididas y un Vox que ha perdido el impulso que tuvo hace cuatro años. Por eso, el Partido Popular quiere recuperar la Alcaldía de Jaén poniendo en el foco a un Agustín González, que aunque fue director general de Consumo de la Junta de Andalucía, apenas es conocido entre los jiennenses. La aspiración pasa por mejorar los ocho ediles de 2019 y alcanzar los dobles dígitos el 28 de mayo.

Pero el escenario político alberga la posible irrupción de una nueva fuerza política en el Consistorio. Jaén Merece Más, la formación que nació al abrigo de la España Vaciada y como respuesta a las demandas sociales de la ciudadanía jiennense, está logrando capitalizar parte del descontento local con asuntos muy relevantes como el aislamiento ferroviario que padece la provincia. Al mismo tiempo, esta formación fue una de las más beligerantes con el Gobierno central cuando Jaén perdió la sede logística del Ejército. Su candidato, Manuel Carlos Vallejo, aspira a reeditar a nivel local el éxito de partidos como Teruel Existe y tener voz y voto en la gobernabilidad del Consistorio.

Las más de 5.000 familias que viven en Puente de la Sierra (Jaén) miran con incertidumbre su futuro inmediato y con hastío el pasado que han vivido. 60 años después de que empezasen a construir las primeras viviendas en esta zona, los inmuebles que se han edificado en todo este tiempo están en una situación de alegalidad que hace que no pertenezcan al paisaje urbano de Jaén capital, pese a que de facto forman parte de la ciudad. Como esto no ocurre, las casas no están regularizadas y los suministros no son legales en la mayoría de casos. Tras muchos intentos por revertir la situación, la futura construcción de un colector de aguas podría acabar siendo la solución.

Dicho proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Jaén, con una inversión estimada de 9 millones de euros y presentado el pasado mes de octubre, tendrá una función doble que los vecinos de Puente de la Sierra ansían. Por un lado, será la solución al saneamiento de agua potable que necesitan y que la gran mayoría de viviendas no tienen y, por otro, la infraestructura permitirá dotar de legalidad a las viviendas, permitiendo la urbanización del entorno y acabando con una situación compleja. Tan compleja como prolongada en el tiempo, ya que las primeras viviendas que se construyeron datan de los años 60 del pasado siglo.

Lo que ocurre en la actualidad en Puente de la Sierra es que la mayoría de las casas construidas carecen de un registro legal y por lo tanto, sus inquilinos han de ingeniárselas para contar con los suministros de agua y luz. Hay viviendas que al ser más antiguas y ubicarse cerca de tomas de agua o luz que se levantaron hace décadas, sí están regularizadas y pueden obtener estos recursos básicos, pero esto no es la normalidad que viven a diario las 5.000 familias de este futuro barrio de la capital de Jaén. Lo más habitual es que para el consumo humano hagan uso de agua embotellada y que las aguas fecales acaben en fosas sépticas, pozos secos o los ríos que discurren por la zona. Además, la luz se gestiona a través de enganches a postes para los mismos pozos o con contadores comunitarios que revenden las asociaciones vecinales.

Precisamente el hecho de estar rodeados de los ríos Jaén y Frío es otra de las razones por las que los vecinos quieren que se regularicen sus viviendas. Como están en una situación de alegalidad, el cuidado de los arroyos es deficiente y al estar en una zona inundable, temen que una crecida del cauce por fuertes lluvias pueda provocar riadas como las que tuvieron lugar a finales de los años 90. La limpieza corresponde al Consistorio, a través de financiación autonómica, pero como el entorno está en un vacío legal, los lugareños protestan porque se sienten ignorados.

Décadas de lucha vecinal

Para arreglar todo este entramado, en 2006 se constituyó la llamada Mesa de Protocolo. En ella están representadas todas las organizaciones que buscan la regularización de las viviendas y su urbanización. En dicha mesa también tienen representación las administraciones públicas y en los últimos años ha habido diferentes reuniones para tratar soluciones con las que acabar con la situación de alegalidad de la mayoría de inmuebles de Puente de la Sierra. Pese a que ha habido acercamientos, ninguno ha cristalizado, salvo cuando en 2014 estuvo a punto de aprobarse un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén que regularizaba estas viviendas.

Sin embargo, diferentes conflictos entre promotores urbanísticos de Jaén capital metieron el PGOU en el cajón del olvido por culpa de tretas judiciales que llevaron a la desesperación a estos vecinos. Uno de ellos es José Sánchez, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal (UGV) que representa a todos los lugareños en este proceso. Cuenta que llevan “años luchando para que se les reconozcan las viviendas”. Explica que el origen del lugar eran campos aislados con propietarios agrícolas que en un momento dado empezaron a edificar casas para familiares en sus parcelas y que, dada la belleza del entorno, las edificaciones empezaron a proliferar.

“Se construyó sin licencia del Ayuntamiento, sin planos y sin nada. Muchas viviendas dicen que tienen escrituras de las casas, pero estas no reconocen que sean legales porque no hay licencia de primera ocupación. No son ilegales porque cuando pasan 6 años sin que haya denuncia, la vivienda consolida su derecho de estar en pie”, explica Sánchez. De hecho, hay casas sobre las que pesa una orden de derribo que no se ha ejecutado porque el Consistorio pretende antes reconocerlas, por lo que carece de sentido que se destruyan. Por ello, la futura construcción del colector de aguas se asume como una oportunidad.

La clave de la LISTA

Es una oportunidad porque su puesta en marcha permitiría adecuarse a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que puso en marcha la Consejería de Fomento en 2021 con el fin de resolver problemas legales como el de Puente de la Sierra. La LISTA contempla que se deben hacer PGOU especiales en cada zona y que para que eso suceda hay que crear proyectos alrededor. Una figura en la que encaja perfectamente el colector jiennense, salvo por el detalle de que el dinero para su construcción debe llegar desde el Ejecutivo regional, aunque lo promueva el Ayuntamiento de Jaén.

El otro problema que surge a raíz de esta cuestión es que las viviendas de esta zona tienen que cumplir con la Ley de Aguas aprobada en 1985 y, por lo tanto, contar con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Los vecinos daban por hecho que muchas viviendas se habían construido después de dicha ley y que, por lo tanto, las casas no tendrían el informe positivo que permitiría regularizadas y así conectarse al colector a través de planes especiales individuales que ha de pagar cada propietario.

Sin embargo, explica José Sánchez, se está en la tesitura “de que se pensaba que muchas viviendas fuesen posteriores a 1985 y que no iba a interesarle a los vecinos desarrollar el plan especial, puesto que las viviendas no tendrían informe positivo”. Pero han comprobado que al menos un 60% de las viviendas son anteriores a esa fecha, por lo que no tendrían que tener el visto bueno de la CHG para ser dadas de alta gracias a la construcción del colector. Lo que ocurre es que sin que Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía se pongan de acuerdo, de nada sirve que la normativa les haya hecho este guiño. “Nosotros apoyamos y queremos que las administraciones hablen entre ellas y se ejecute la obra”, asegura Sánchez.

Un asunto de competencias

El entendimiento no es sencillo. Por una parte, el Ejecutivo regional explica que “el Ayuntamiento de Jaén debe dar los pasos necesarios, a través de las herramientas que la Junta de Andalucía le facilita con la Ley LISTA, para regularizar esta zona y convertirla en zona urbana”. Desde la Junta de Andalucía insisten en que “mientras que el Ayuntamiento no asuma su responsabilidad, la Junta no tiene competencias. El Ayuntamiento tiene competencias para hacerlo y en ningún momento puede escudarse en otra administración para no asumir la responsabilidad que está dentro de su ámbito competencial”. Dicho de otro modo, la Junta argumenta que hasta que el Consistorio no regularice, que solo podría hacerlo a través de un PGOU que data de los años 90, no actuarán en el ámbito de la depuración de las aguas residuales.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Jaén se muestran dispuestos a resolver este tema “en el primer trimestre de este año”. Urgen a ello porque aseguran que, si no se regularizan las viviendas y se les dota de saneamiento, la normativa europea puede llevar a cabo sanciones que afectarán directamente a los bolsillos de unos vecinos que ya pagan contribución a pesar de no tener servicios públicos. Desde el Consistorio dicen que “la Junta de Andalucía es la que tiene la responsabilidad de solventar este problema porque tiene la competencia en depuración”.

A pesar de ello, argumentan que si el Ejecutivo regional no quisiera hacerse cargo de esta obra, que puede costar 9 millones de euros alegando cuestiones normativas, “se buscarán soluciones”. Porque, dicen, “el proyecto ha de salir hacia adelante para evitar sanciones”. Es un punto de inflexión para la regularización de las viviendas. Desde el Consistorio argumentan que “el colector es muy bueno porque construye una red que conecta desde el Puente de la Sierra hasta las aguas residuales de Santa Catalina. Se trata de un proyecto que tiene 18 meses de ejecución y que se puede pagar con el dinero que la Junta recoge vía impuestos. Está además en su mayor parte por terreno público. Además, al aprovechar la pendiente, coge la propia inercia del terreno y es menos costoso”. Motivos por los que la Junta y el Ayuntamiento están condenados a entenderse. Los vecinos lo exigen cuanto antes.

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha anunciado que se tomará “unos días” para concretar la reestructuración del gobierno local tras la salida de tres de los cuatro concejales de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento jiennense. “Me voy a tomar unos días porque hay que revisarlo, analizarlo y no tenemos una urgencia para desarrollar esta remodelación”, ha dicho el primer edil.

La idea, según ha indicado Millán en rueda de prensa, es tenerlo todo cerrado “la semana que viene”, de manera que se pueda dar a conocer cómo quedan las áreas una vez que las concejalías de los ediles de Cs que han roto el pacto de gobierno deben ser asumidas por los once concejales socialistas y la única concejala de Cs que se mantiene en el equipo de gobierno.

En este sentido, el alcalde ha avanzado que la concejala de Cs, María Orozco, mantendrá la Concejalía de Hacienda y asumirá “alguna responsabilidad más”, al igual que el resto de concejales socialistas para cubrir los huecos que han dejado los tres ediles de Cs, María Cantos, Francisco Díaz y Miguel Castro.

Ha señalado que no se ha barajado ofrecer a los dos concejales de Adelante Jaén entrar a formar parte del gobierno local. En este sentido, Millán ha subrayado que hay “una hoja de ruta” con Cs y esa es la que se va a seguir apoyándose en apoyos puntuales para aquellas cuestiones que sean necesarias.

Desde el punto de vista personal ha reconocido sentirse “triste” y con sensación de “frustración personal” por lo ocurrido con estos tres concejales, con los que lleva “varias semanas” sin tener ningún tipo de contacto, al tiempo que ha cerrado la puerta a que la situación se pueda reconducir máxime cuando en las últimas semanas “no ha habido voluntad de acuerdo, ni de diálogo” frente a dos años de mandato en los que la tónica imperante ha sido la del “acuerdo y diálogo”.

Sobre los motivos argumentados por los tres ediles para abandonar el pacto de gobierno, Millán ha dicho que “no hay un motivo específico” aunque a estas alturas “me sorprenden pocas cosas”. El primer edil ha incidido en que los tres concejales “no han pensado en el interés general” y han optado por dar un paso encaminado a “un proyecto propio que ya se verá” y que “responde a una estrategia personal al margen de su propio partido” y que estaba “premeditada”.

Sobre el futuro del grupo municipal de Cs, Millán se ha mostrado confiado en que el partido adopte de forma “rápida” una decisión que permita clarificar el panorama ya que “ahora mismo hay una disfunción que tiene que resolverse pronto en los próximos días”. En este sentido, se está a la espera de lo que comunique Cs ya que si se adopta la medida de expulsión, los tres ediles pasarían al grupo de concejales no adscritos.

No es la primera vez que Cs tiene problemas con sus concejales en el Ayuntamiento de Jaén. En el anterior mandato (2025-2019) Cs obtuvo tres concejales a los que expulsó a los ocho meses de tomar posesión después de que en febrero de 2016 votaran a favor de subirse el sueldo, algo que hicieron con el apoyo del Grupo Popular, que entonces gobernaba con mayoría simple.

Los tres ediles pasaron entonces al grupo de concejales no adscritos y Ciudadanos se quedó sin representación en el Ayuntamiento de Jaén. Ahora, la decisión de estos tres ediles de salirse del gobierno podría suponer también su expulsión de la formación ya que, según el coordinador provincial de Cs, Miguel Moreno, “la infracción es muy grave”.

En lo que respecta a la posibilidad de que estos tres concejales optaran por abandonar su acta de concejal, Millán ha manifestado que “por coherencia personal con lo que se ha debatido en este mismo pleno, sería coherente con lo que ellos han trasladado que cuando no asumen la representación o los postulados de su propio grupo político, deberían dejar el acta e irse a su casa”, pero “veremos a ver si lo hacen o no”.

Un juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Jaén por negar el uso de sus instalaciones para celebrar una conferencia crítica con la visión israelí de la cultura sefardí. La conferencia debía pronunciarse el 21 de marzo en el Salón Mudéjar del Palacio de Cultura de Jaén, pero el Ayuntamiento, que había confirmado la reserva, denegó el espacio un día antes, pidiendo documentación que no había exigido antes. Ahora, el juzgado confirma que el Consistorio vulneró el derecho fundamental de reunión al cancelar sin un motivo válido la cesión del espacio.

La activista judía Liliana Córdova, fundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, tenía previsto pronunciar la conferencia Sefarad, patrimonio universal. Sefarad no es Israel en el Salón Mudéjar. Se trataba, según explicó a este medio, de una charla para cuestionar el pensamiento dominante sobre la cultura sefardí y las juderías en las ciudades españolas.

El evento había sido anunciado públicamente, y cuando se produjo la denegación, la Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, programadora de la conferencia, denunció que se trataba de un acto de censura por ser una conferencia crítica con Israel. En los últimos años, el Ayuntamiento de Jaén, gobernado hasta mayo por el Partido Popular, ha impulsado la ciudad como destino turístico en Israel, vendiendo precisamente el atractivo de su judería y la recuperación del legado sefardí. Javier Márquez, entonces alcalde, había llegado a reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Sin motivo

La sentencia, dictada por el juzgado contencioso-administrativo 3 de Jaén, confirma ahora que denegó sin motivo la reserva del Salón Mudéjar. El juez considera que está probado que la asociación pidió la cesión del espacio por los cauces previstos, y que el ayuntamiento confirmó la reserva telefónicamente. Un día antes, el ayuntamiento cambió de parecer y alegó que no había recibido la documentación necesaria. “Sin embargo, no consta que previamente se le hubiera requerido documentación alguna”, recuerda la sentencia.

La resolución confirma que el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución, concebido como una “manifestación colectiva de la libertad de expresión” que pone “al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones”.

La sentencia recuerda que este derecho, como todos, no es absoluto, pero para limitarlo los poderes públicos deben ofrecer “razones fundadas” en el propio artículo 21 (alteración del orden público) o en otros valores constitucionales, sin que basten las “meras sospechas”.

“Nunca lo va a ceder para actos políticos”

Eldiario.es/Andalucía publicó la denegación del Ayuntamiento cuando se produjo, incluyendo la explicación que había recibido por parte de una portavoz municipal, que leyó la respuesta de un responsable: “El Ayuntamiento siempre ha tenido como principios que las instalaciones municipales se utilizan para actos educativos o culturales, pero nunca lo va a ceder para actos políticos o que supongan enfrentamientos de carácter social”. Es decir, una justificación por motivos políticos, diferente a la que el consistorio había dado a la asociación.

El Ayuntamiento nunca ofreció a la asociación ninguna razón válida para denegar el espacio, ni entonces ni durante el procedimiento judicial, más allá de la supuesta falta de documentación, que no era tal. El reglamento de participación ciudadana recoge el derecho de todos a usar los locales y equipamientos públicos, sin más límites que las ordenanzas, pero el Ayuntamiento nunca alegó razones organizativas o de horario. “Tampoco comunicó por escrito a la asociación recurrente razones fundadas de alteración del orden”, recuerda la sentencia.

La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Jaén impidió a Al Quds usar el Salón Mudéjar, donde habitualmente se celebran reuniones y conferencias similares, vulnerando por tanto el derecho de reunión recogido en la Constitución.

El Ayuntamiento de Jaén ha censurado una conferencia que cuestiona la visión dominante sobre la cultura sefardí, titulada Sefarad, patrimonio universal. Sefarad no es Israel. La conferencia iba a ser impartida por la activista judía Liliana Córdova, también fundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, en el Salón Mudéjar del Palacio de Cultura de Jaén. Sin embargo, un día antes de su celebración, prevista para este jueves, el Ayuntamiento (gobernado por el PP) envió un correo a los organizadores informando de que no cedería el espacio. El evento se celebró finalmente en un espacio privado.

La asociación Al Quds había solicitado el espacio por escrito con sello de registro del pasado 1 de marzo, aunque pidió cambiar la fecha pocos días después. Según asegura David Peñafuerte, socio de Al Quds en Jaén, inicialmente la encargada de la gestión del espacio les aseguró verbalmente que no habría problema para concederlo, de modo que el pasado 15 de marzo la asociación lanzó el cartel anunciando el evento, con fecha y hora: 21 de marzo a las siete de la tarde.

“La siguiente noticia fue un correo electrónico informándonos de que nos denegaban la petición”, relata Peñafuerte. En ese correo, el Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas deniega la solicitud porque, según dice, no ha recibido la documentación necesaria para ceder el espacio. Además, reenvía un correo (al que denomina “informe”) de la persona encargada de la gestión del espacio. Esta técnico asegura que no puede emitir informe favorable porque no se han recibido los Estatutos de Al Quds ni el seguro de responsabilidad civil.

Desde la asociación señalan que nunca recibieron requerimiento alguno para presentar estos documentos, y que inmediatamente aportaron los Estatutos y copia del seguro de responsabilidad civil que tiene contratado el propio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento admite que fue una excusa

Preguntado por eldiario.es/Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén ha admitido que estos requisitos fueron solo una excusa. Una portavoz asegura que el motivo de denegar el espacio es que el Ayuntamiento no cede sus locales para actos de tipo político. “El Ayuntamiento siempre ha tenido como principios que las instalaciones municipales se utilizan para actos educativos o culturales, pero nunca lo va a ceder para actos políticos o que supongan enfrentamientos de carácter social”, ha explicado una portavoz, leyendo la respuesta que le había transmitido un responsable.

El artículo 11 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén dispone que “todas las personas y entidades ciudadanas tienen derecho a usar los locales, equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de reunión (…) sin más condicionantes que los derivados de las características del espacio y las ordenanzas municipales al respecto”.

“Es censura y pura dura. ¿Quién dilucida qué es crear enfrentamiento social?”, protesta Peñafuerte, que argumenta que, en todo caso, la conferencia también merece la consideración de “acto cultural”. “Es una conferencia sobre Sefarad. Es inevitable hablar de algunas cosas, pero el título de la conferencia no es ”Las malditas políticas de Israel“, sino Sefarad,patrimonio universal”.

Liliana Córdova, una activista antisionista argentina afincada en Madrid que ha vivido 14 años en Israel, explica que su charla tiene por objeto explicar cómo la cultura sefardí existió también bajo el califato de Abderramán III y cuestionar el pensamiento dominante sobre las juderías en las ciudades españolas. “Sería mucho más interesante que las rutas en las juderías sean rutas de conocimiento de la cultura andalusí, pero como Israel es el que da el dinero para las juderías todo está viciado”.

El objetivo de la charla era mostrar el carácter universal (y no israelí) de la cultura sefardí. “Diferencio mucho la historia de los judíos del relato que Israel quiere vender de esa historia”, dice Córdova. La activista judía da charlas y conferencias habitualmente. Está habituada a las críticas, y explica que es la primera vez que se siente censurada.

Javier Márquez, alcalde de Jaén, está impulsando Jaén como destino turístico en Israel, y por eso se reunió el pasado verano en Tel Aviv con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Entre los atractivos de Jaén para los israelíes está su judería y el pretendido impulso a la recuperación del legado sefardí emprendido por el Consistorio. Según denunció el PSOE entonces, la promoción de la judería se confió a la asociación Andalucía-Israel, que preside Erik Jiménez, secretario de Comunicación del PP de Jaén.

El Ayuntamiento de Jaén utiliza ese y otros espacios para organizar eventos. En 2011 se celebró allí un curso de conferencias titulado “Los judíos de España: historia y cultura”, organizado por la Delegación Andaluza del Consorcio Sefarad-Israel en Andalucía.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Jaén ha resuelto en contra de PSOE e Izquierda Unida las denuncias que ambos partidos presentaron ante este órgano por entender que un comunicado del Ayuntamiento de Jaén implicaba un uso de la institución para arremeter contra los adversarios políticos. En el escrito de IU se apelaba a que la nota “viola los principios de independencia y neutralidad que el Ayuntamiento de Jaén debe observar con carácter general y, en mayor medida aún, en período electoral como el actual”.

El PSOE también argumentaba que el tono del comunicado hacía un uso de la institución para fines partidistas al descalificar a formaciones que están representadas o podrían estarlo en breve. En esa línea apuntaban que existen otros estamentos para la batalla política como el grupo municipal popular o el propio partido.

Ambos partidos se amparaban en el artículo 50 de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) y la JEZ ha emitido una resolución casi idéntica para ambos en la que insiste en que los contenidos de la nota “no conculcan la legalidad vigente” y por tanto “no procede procede requerir para la retirada al citado ayuntamiento”. El escrito sigue colgado en la web municipal.

El artículo en el que se amparan ambos partidos y el que esgrime la JEZ para resolver regula el proceso referido a la campaña electoral, el periodo de campaña, qué tipo de actos la regulan e incluso quienes pueden realizar. En este sentido, en el apartado cuarto del artículo se especifica que una campaña electoral es “el conjunto de actividades licitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”.

No se pide al Ayuntamiento que retire el comunicado

Y en el siguiente se dice que “ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones”. Para este punto solo establece una salvedad, la campaña institucional para informar a los ciudadanos sobre la convocatoria de elecciones, la fecha o el procedimiento para votar, que deben realizar las instituciones públicas.

La JEZ no ha argumentado su rechazo a las denuncias de ambos partidos, se ha limitado a señalar que no conculca el artículo en el que se amparan y que no pedirá al Ayuntamiento que retire el comunicado ni, como pedía Izquierda Unida, que “depure las responsabilidades a que hubiere lugar por la presunta comisión del delito electoral denunciado”.

Ambas denuncias se presentaron el pasado martes y se referían a un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Jaén el pasado jueves, 23 de abril. Encabezaba el texto el siguiente titular: 'El Ayuntamiento advierte que un gobierno de PSOE, IU y la extrema izquierda “pondría en peligro la regularización de las viviendas” de las zonas residenciales'.

Las reacciones políticas se produjeron casi de inmediato, aunque las denuncias tardaron en plantearse casi cinco días, dado que la experiencia de ambas formaciones es que la JEZ “no suele entrar” en valoraciones sobre el trato que las instituciones otorgan a los adversarios políticos del partido que las gobierna en ese momento.

En noviembre pasado la empresa Multiservicios Jabalcuz –responsable de la atención a domicilio en Jaén- tenía 204 empleadas. Según UGT, la renuncia a la prestación de la dependencia por parte del Ayuntamiento ha acarreado al pérdida de 45 empleos. Quedan en torno a 160 empleadas. De ellas, la cuarta parte -40- tienen contratos que oscilan entre las 10 y las 15 horas semanales.

“La empresa está facturando casi 6.000 horas menos al mes, de las que facturaba a comienzos de 2013”, explica Miguel Ángel Cazalilla, secretario de Salud y Servicios Sociales de UGT. A lo largo de 2013 se produjeron 78 bajas de usuarios –por fallecimiento- que no se han ido cubriendo con nuevos beneficiarios. A eso se suma que el decreto de exclusión –que añadió horas y propició el mantenimiento de contratos- finalizó en noviembre y la paralización del reconocimiento de nuevos usuarios -derivada de la polémica denuncia del convenio. La ecuación es simple: a menos usuarios, menos horas de trabajo y menos empleo. O más precario.

No es su único problema. “Vivimos una agonía. Todos los meses la misma pregunta ¿cobraremos o no?”, ha señalado la presidenta del comité de empresa de Multiservicios Jabalcuz, Maria del Carmen García. La semana pasada cobraron la nómina de enero y marzo ya está avanzado sin que haya noticias sobre la de febrero. El conflicto judicial entre el Ayuntamiento y Junta de Andalucía, a cuenta de la dependencia, acrecienta esas dudas.

El pasado 18 de febrero el alcalde reconoció que habían recibido 318.000 euros de la Junta por los pagos pendientes de noviembre y diciembre. Aseguró que una parte, algo más de 100.000 euros, se habían transferido a la empresa. Dijo que el resto había sido depositado en el juzgado número 3 de Jaén, que instruye la querella de la Junta contra el Consistorio por el abandono de la prestación. Al parecer no fue tan inmediato como dijo el alcalde. El ingreso se hizo varios días más tarde. El 27 de febrero, el empresario se personó en el juzgado con sus representantes legales para reclamar ese dinero.

Las trabajadoras se movilizan

Aún no ha recibido respuesta. Lo que sí sabe es que el juzgado ha pedido al Consistorio que explique por qué ha consignado el dinero en sede judicial. Cuando tenga la respuesta decidirá si entrega los fondos al empresario o los devuelve al Ayuntamiento. UGT cree que esta circunstancia facilitará que el depósito realizado en febrero sea el primero y el último que efectúa la Administración local. Sin embargo, el sueldo llega irregularmente a las trabajadoras. Por eso, han decidido en asamblea que van a movilizarse. Están tramitando los permisos para convocar concentraciones a las puertas de la empresa y ante el Ayuntamiento para exigir un procedimiento que les garantice regularidad en los pagos.

En su contacto diario con los usuarios del servicio, las trabajadoras perciben dos tipos de sensaciones. “Algunos están tranquilos porque ven que, a pesar de lo que está ocurriendo, nosotras no hemos dejado de atenderles ni un día”, explica María del Carmen García. Pero también los hay “con incertidumbre, porque vivieron el conflicto con Macrosad, cuando llegamos a convocar una huelga indefinida y tienen miedo por si se alarga el conflicto”. Por el momento, según García, la huelga no es una opción porque “el mayor coste recae sobre las trabajadoras, que lo pagan con su sueldo, y los usuarios que no reciben atención”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Junta siguen echando balones fuera sobre el proceso judicial. El primero acusa a la segunda de dilatar el procedimiento porque aún no ha formalizado la demanda que permitiría al juez dictar sentencia. Una nota de prensa con ese contenido fue la respuesta a la pregunta de eldiario.es/Andalucía sobre las explicaciones que el juez había pedido a propósito de la consignación de fondos.También reprocha que hace más de un mes que hay una propuesta de convenio en el que se pide una cuenta restringida para garantizar que el dinero de la dependencia se destina exclusivamente a este fin.

La Junta, por su parte, aventura sobre la formalización de la demanda que aún está en plazo y que, mientras tanto, “hay un auto judicial” al que debe atenerse el Ayuntamiento, según fuentes de la Administración autónoma, para que la prestación esté normalizada en tanto se resuelve el conflicto en los tribunales. Sobre la propuesta de modificación del convenio realizada por el Ayuntamiento a comienzos de febrero, la Junta no tiene respuesta.

Mientras sigue el tira y afloja, las empleadas de Multiservicios Jabalcuz vuelven a una situación que les es familiar: las movilizaciones ante la sede de la empresa y el Ayuntamiento. Algo que muchas de ellas vivieron cuando eran plantilla de Macrosad, la empresa que gestionaba el servicio de ayuda a domicilio hace tres años.

El futuro de José Enrique Fernández de Moya, alcalde de Jaén y senador del PP, está en el aire. Ha reconocido que no sabe qué será de su vida “dentro de media hora”, a propósito de su posible incorporación a la dirección regional del PP, que podría suponer el abandono de la alcaldía. Éste está siendo un mandato de renuncias para él. Va con el cargo. Sus aspiraciones políticas eran otras, pero tuvo que aplazarlas para asumir la cabeza de la lista del PP en Jaén. Su sacrificio se vio compensado al convertirse en la candidatura del PP que más votos ha recibido en la ciudad. Y a partir de ahí, el espíritu abnegado ha determinado sus pasos.

En el último pleno del año materializó una nueva renuncia. El Ayuntamiento de Jaén devolvía a la Junta de Andalucía las termas de Jabalcuz. El consistorio obtuvo la cesión de uso del balneario en 2009, cuando PSOE e IU gobernaban la ciudad. Cuatro años y cero intervenciones más tarde, los votos del PP en el pleno han devuelto el conjunto a la Junta de Andalucía, con el argumento de su “estado de ruina” y que “debe ser el propietario quien proceda a su rehabilitación y puesta en valor”.

Unas tres semanas antes, y previo aviso, el Ayuntamiento de Jaén renunció también a la prestación de servicio de dependencia. El argumento del alcalde, en esa ocasión, fue la demora en los pagos por parte de la Junta de Andalucía. Retrasos que han ido aumentando la deuda con la empresa que acomete el servicio y de ésta con las trabajadoras que atienden a los más de 400 usuarios. Durante meses, en diferentes comparecencias, el alcalde advirtió de la renuncia. Denunció el convenio a comienzos de octubre y dos meses más tarde firmó el decreto por el que se desentendía de la prestación.

Meses antes, en julio, también devolvió las llaves de las cocheras donde se guarda el tranvía a la administración autonómica: también devolvió las llaves de las cocheras donde se guarda el tranvíaantes de alcanzar la alcaldía ya había anunciado que no pensaba montarse, así que se daba casi por hecho que el tranvía no funcionaría si ganaba las elecciones. Dicho y hecho. Desde que tomó posesión atribuyó la propiedad a la Junta de Andalucía, definiéndolo como “su criatura”. Sobre la titularidad dijo que se ha bía producido una “puesta a disposición política” pero que “técnicamente nunca ha sido recepcionado”. De modo que un proyecto de 4,7 kilómetros de catenaria y 120 millones de euros sigue en vía muerta.

La siguiente renuncia parece que será el Conservatorio Superior de Música. La antigua sede del Banco de España -un edificio diseñado por Rafael Moneo- es propiedad de la ciudad desde julio de 2013. De este modo, a comienzos de enero, mientras la Junta de Andalucía anunciaba que tardará cuatro años, a partir de la cesión, para adaptar el edificio, el Ayuntamiento de Jaén proponía usar el sótano y la cámara acorazada como Archivo Municipal. Y arrancaba otra trifulca política sobre la forma legal para la cesión del inmueble, su uso compartido y el plazo de ejecución de obras que el Ayuntamiento de Jaén zanjará en el próximo pleno con su propuesta de “mutación demanial externa”. En esta fórmula, el consistorio impone sus condiciones: cede el uso del edificio por 50 años, se queda con el sótano para ubicar el archivo y las obras tienen que estar acabadas en tres años. Parece que se perfila una nueva renuncia: a una sede emblemática para los estudios superiores de música.

Mientras tanto, en los mentideros políticos gana peso la posible marcha del alcalde. En navidad, ya dejó entrever que no repetirá como candidato en 2015. Una decisión en la que la última palabra depende de dos frentes: “Mi partido y mi familia”. Si el primero habla en las próximas semanas y le propone un traslado a Sevilla, todo apunta a que rehusará al “inmenso caudal de confianza” que los jiennenses depositaron en él en 2011, pese a su “propósito ineludible de agotar el mandato”. Esa podría ser su última renuncia como alcalde de Jaén.

El Ayuntamiento de Jaén sigue devolviendo cosas a la Junta de Andalucía bajo el argumento de la asfixia económica. El pasado verano fue el tranvía y ahora es el servicio de atención a la Dependencia. El pasado 1 de octubre, el Ayuntamiento denunció el convenio con la Administración autonómica, renunciando a la prestación del servicio por tratarse de una “competencia exclusiva” de la Junta de Andalucía. El argumento es, según el alcalde, Enrique Fernández de Moya, que la Junta le adeuda al Ayuntamiento dos millones de euros por impagos en esta materia.

Pero la Administración regional explica que el escrito se ha presentado fuera de plazo. La delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Purificación Gálvez, apela a “la sensibilidad” del alcalde para que “todas las instituciones trabajemos conjuntamente para buscar soluciones”. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la misma línea que la delegada territorial, dice que la denuncia del convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Junta para la prestación de la Dependencia “no es efectiva” porque se ha interpuesto dos días tarde. Sin embargo, el alcalde sostiene que el convenio fue denunciado “en tiempo y forma” y así lo ha trasladado a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en una carta remitida este mismo martes.

Lo que se está convirtiendo en una guerra de fechas es, para los empresarios, un problema que encierra otras dudas: ¿Van a seguir recibiendo esa prestación? ¿Cómo? ¿Qué institución la asumirá? Para la Junta, es el Ayuntamiento el que debe ofrecer el servicio, “porque la colaboración de los ayuntamientos es fundamental, sobre todo, como en este caso, con más de 20.000 habitantes y con autonomía”, según la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez. El alcalde, por su parte, se ciñe a la denuncia para exigir a la Junta “que asuma sus competencias y que garantice la continuidad del servicio a partir de la finalización del convenio, que es el próximo 3 de diciembre”.

Según UGT, “hay mucha gente que no puede prescindir de lo mínimo”

La empresa Multiservicios Jabalcuz, que presta el servicio de Dependencia en Jaén, emplea a unas 200 personas. Hace poco más de un año que se ocupa de la prestación, después de que el Ayuntamiento rescindiera el contrato con Macrosad. Cerraba así una azarosa relación motivada por el retraso en los pagos del Consistorio a la empresa y el impago de nóminas de la entidad a los trabajadores. El propietario de Multiservicios Jabalcuz, Rafael Cabera, no ha querido hacer declaraciones sobre la nueva situación, si bien indica que las empleadas continúan y continuarán su trabajo “con normalidad; no, mejor todavía”.

El representante de UGT, Miguel Angel Cazalilla, explicaba que a día de hoy el Ayuntamiento jiennense debe a la empresa 2,7 millones de euros que no puede atribuir en exclusiva a la Junta porque “el Ayuntamiento se ha estado beneficiando del dinero de la Junta, gastándose casi la mitad en otros menesteres y se lo hemos demostrado con papeles”, a través de “la caja única”. Desde su punto de vista, la posición del equipo municipal de Gobierno con relación a esta prestación es que “ni se la cree ni se la ha creído y lo que quiere es cargársela”.

Según los datos del sindicato, el servicio atiende a 800 personas. La Administración autonómica restringe esa cifra a las 429 acogidas a la ayuda domiciliaria de la que, a partir del 4 de diciembre, no se sabe qué sucederá. UGT considera que la Junta deberá asumir el servicio o decidir la fórmula más adecuada para mantenerlo. “Hay mucha gente que no puede prescindir de lo mínimo que le aporta la ayuda: la comida, la medicación, el aseo personal y la higiene en su casa”.

Para IU, la decisión municipal es un intento de “acelerar la aplicación de la reforma local, liquidando el convenio de la Dependencia de la Junta”, ha señalado la concejal Isabel Mateos, quien ha acusado al PP de emplear la devolución de competencias en “elemento estratégico” para “erosionar a los pequeños municipios, tradicionalmente un territorio electoral desfavorable al PP”.

¿Nuevo frente político?

La decisión de Jaén podría abrir un nuevo frente político entre los consistorios gobernados por el PP y la Junta de Andalucía. El alcalde Fernández de Moya se ha mostrado convencido este martes de que “detrás de la denuncia del Ayuntamiento de Jaén van más ayuntamientos porque no podemos hacer frente a los continuos impagos y abusos sistemáticos de la Junta al no pagar lo que debe porque son cantidades millonarias”.

Mientras tanto, el portavoz del Gobierno andaluz recordaba que el Gobierno de la nación lleva una “merma en los ingresos” dirigidos a la Junta en este aspecto que supera los 314 millones de euros. Según Vázquez, el Ejecutivo autonómico está sufragando el 78% de los gastos relativos a la Dependencia y que “el que no está cumpliendo la Ley es el Gobierno central”, que está aportando el 22% restante.

También ha destacado el “esfuerzo” de Andalucía por “mantener un pilar básico del Estado de Bienestar”. Además, ha insistido de cualquier forma en que no deben ser los 429 usuarios de Dependencia en Jaén los que “sufran las consecuencias” de las “dificultades presupuestarias” que golpean a las administraciones, apostando por “seguir colaborando juntos” en sustentar a los beneficiarios de la Dependencia.

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Hace un año y cuatro meses que expiró el contrato entre el Ayuntamiento de Jaén y la empresa FCC, que se ocupa de la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad. El equipo de gobierno prepara un pliego de condiciones técnicas orientado a rebajar el coste del servicio. En las últimas horas, el concejal de Hacienda, Miguel Contreras, ha explicado que “en las próximas semanas” presentará el documento a los colectivos sociales y la oposición para “recabar las aportaciones convenientes”. Uno de los aspectos que ha trascendido de la propuesta municipal es la reducción de un día a la semana en la recogida. Contreras ha justificado que “es sólo una idea”, que “no es una medida novedosa” y que “otros ayuntamientos la están aplicando”.

Eldiario.es/Andalucía se ha puesto en contacto con la federación vecinal mayoritaria Objetivos Comunes (OCO). Su presidenta, María Cantos, explica que desde su perspectiva “la ciudad no está preparada para suprimir un día de recogida” y propone la elaboración de un estudio que ajuste las medidas a las necesidades reales de la capital, para corregir las carencias que ahora mismo detectan.

Pero si la reducción se produce, Cantos aduce que “sólo se está hablando de recorte en una parte: si se suprime un día de servicio también tendrán que reducir la factura que paga el ciudadano, que ahora mismo paga una tasa por 365 días de recogida”. En cualquier caso, Cantos advierte que no tienen información suficiente para pronunciarse sobre el alcance de los cambios y que todavía los colectivos no han sido convocados para analizar el pliego de condiciones municipal.

El PSOE argumenta que el año pasado la tasa de recogida de basura creció entre un 50 y un 300 por ciento, subida que repercutió sobre todo en comerciantes y hosteleros. Por ello, se niega a aceptar una reducción de las jornadas que entienden que repercutiría sobre una ciudad “que cada día está más sucia y deteriorada”, en palabras del concejal socialista José Manuel Colmenero.

Este partido alerta que si se deja de recoger la basura los domingos habrá consecuencias en el empleo para la plantilla de FCC. No tienen datos concretos pero aseguran que podría afectar a los contratados temporales. Macarena Arribas, del área de servicios básicos de UGT, señala que a los representantes de los trabajadores del servicio no ha llegado información sobre el futuro de la concesión. Ni siquiera sobre si existen o no contactos entre el Ayuntamiento y la empresa (eldiario.es/andalucia ha preguntado a FCC si existen contactos al respecto, pero aún no ha habido respuesta). No obstante, por las informaciones aparecidas en prensa, UGT teme que los recortes afecten a la plantilla aunque “hasta que no haya un documento del pleno, todo es susceptible de cambios”.

Nueve millones más de lo previsto

El plazo para conocer el borrador es “las próximas semanas”. Actualmente el Ayuntamiento de Jaén paga unos 15 millones de euros anuales porel servicio de limpieza y recogida de basuras; es el contrato más importante que mantiene. El equipo de gobierno quiere que el concurso fije ese coste entre los 12 y 13 millones de euros. El PSOE señala que para ahorrar lo mejor habría sido sacar el pliego con antelación. Según la liquidación del presupuesto de 2012, el servicio costó a los jiennenses 19 millones de euros. Colmenero explica que eso supone 4 millones más que en el pliego vigente hasta junio del año pasado. “Con el Partido Popular estamos derrochando, regalando 19.000 euros más al día a la empresa”, explica Colmenero.

Sus cálculos se basan en que el PP anunció una reducción de 3 millones para 2012, sin embargo, al no haber pliego de condiciones la empresa factura por trabajo realizado a un coste diferente. “Facturas y gastos que repara sistemáticamente el interventor, porque no hay contrato”, añade. El PSOE estima que, en el último año, el gobierno municipal ha gastado 9 millones de euros más de lo previsto en el anterior pliego de condiciones.

Al referirse al contenido del futuro contrato, el concejal de Hacienda ha señalado que “no estamos casados con nadie” y “no queremos plegarnos a las condiciones de la empresa”. Para el PSOE no habrá obstáculos para cambiar de empresa “siempre que se garantice la subrogación de los trabajadores”. Este partido recuerda que la empresa que reparaba los semáforos (IMES), rompió el contrato con el Ayuntamiento por impago, meses después de haber recibido 25 millones de euros del plan de pago a proveedores. Los trabajadores quedaron en un limbo legal y la nueva empresa sólo ha contratado a algunos, loque ha dejado sin empleo a más de 30 familias.

En años anteriores, la deuda municipal con FCC ha jugado encontra del Ayuntamientos en la negociación del pliego de condiciones. Sinembargo, FCC fue la principal beneficiaria del segundo plan de pago a proveedores,del que recibió cerca de 100 millones de euros (casi la mitad del montante total).UGT advierte que la empresa ha explicado a los representantes de los trabajadores que este año el Ayuntamiento ha comenzado a acumular nuevos pagos pendientes. El PSOE insiste en que no consentirá una reedición del caso IMES.