Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.

Profesores de universidades públicas de la Comunidad de Madrid darán un total de 50 clases en la calles de la capital este jueves y sábado y el próximo miércoles 26 y jueves 27, coincidiendo con los días de huelga. La iniciativa tiene como objetivo mostrar apoyo a las concentraciones y reivindicar el papel de los docentes. En estas cuatro jornadas, de mañana y tarde, docentes de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC) ofrecerán una muestra de su trabajo en áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Tecnología, Ingenierías, y Humanidades y Comunicación, según ha informado UCM por la Pública en un comunicado.

Este proyecto, llamado 'La uni en la calle', arrancará este jueves en el Paseo de Coches del Retiro a la altura de la Plaza del Monumento a Martínez Campos. Las clases empezarán a las 17.30 horas y versarán sobre Historia, Semiótica, Discursos de Odio, Patrimonio Cultural o Movimientos Sociales LGTB, entre otras.

El sábado tendrá lugar en la plaza frente al Museo Reina Sofía desde las 11 horas, donde profesoras de la Facultad de Ciencias Físicas explicarán en clases experimentales el Cambio Climático, los fenómenos adversos meteorológicos y llevarán a cabo experimentos y demostraciones en una isla de calor. Además, habrá una clase práctica de Veterinaria con perros a cargo de profesoras de la Facultad de la UCM. Allí mismo, profesorado de las Facultades Ciencias Políticas y Sociología y el Aula de Teatro-Laboratorio Social explicarán “análisis socioeconómicos de la privatización de la universidad”, y otras docentes de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Información hablarán sobre “manipulación persuasiva y redes sociales para la movilización”.

Paralelamente, en la Cuesta de Moyano, también desde las 11 horas, un equipo de profesoras de la Facultad de Psicología de la UCM abordarán la educación universitaria y “sus violencias”, así como la función de “refugio” de la Educación. Tambiénr habrá unas clases de profesoras de la URJC sobre la narración y orden social, la fotografía o la “hipervigilancia” en la sociedad contemporánea.

Por otro lado, en el Retiro, al lado del Monumento a Alfonso XII, un equipo de profesorado en Psicología desarrollarán explicaciones en las áreas cognitivas, emocionales, salud mental, nuevas técnicas y relaciones de estos sectores del conocimiento con las dinámicas del sistema social.

Días de huelga

Ya el miércoles 26, primer día de huelga universitaria, en la Plaza de Pedro Zerolo se desarrollarán, de las 12 a las14 horas, clases de Semiótica Social, Trabajo Social y Discapacidad y un conjunto de microclases colectivas de Educación crítica e Innovación ecosocial y crítica en la Pedagogía a cargo de profesorado de CC de la Educación y otras Facultades.

El jueves 27, segundo día de manifestación, en la Plaza del Reina Sofía, también desde las 12 hasta las 14 horas, habrá clases de Físicas, Filosofía del derecho, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica, que ocuparán la plaza para “llenar de contenidos didácticos” las movilizaciones.

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de la convocatoria de dos días de huelga por la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una “financiación adecuada” que permita ofrecer un servicio público “de calidad”. Las concentraciones cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.

Por otro lado, la plataforma 'UCM Por la Pública' ha informado que la Delegación Central de Estudiantes va a convocar este tarde el paro académico en la Complutense. Ello significa que, de acuerdo con los estatutos del estudiantado en el BOUC n°23 Artículo 5, se permitirá la suspensión de la obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas establecidas.

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes, han anunciado que preparan dos días de huelga el próximo noviembre para reclamar una financiación “al 100%”. Así lo recoge Europa Press después de un comunicado emitido por la asociación UCM Por la Pública.

A falta de definir las jornadas en las que llevarán a cabo las manifestaciones, la plataforma ha cargado contra la Comunidad de Madrid por “querer hacer creer que la larga asfixia económica” que sufren los centros universitarios “es culpa de quienes trabajan en las públicas”. “Más allá de las mentiras y justificaciones de los recortes, Madrid es la comunidad autónoma que menos proporción de presupuesto aporta a sus universidades públicas, las tasas más altas de grado y máster y los salarios más bajos de las 17 comunidades autónomas”, alertan.

En este sentido, la asociación asegura que de las 49 universidades públicas que hay en España, “las cuatro que menos porcentaje de financiación reciben por estudiantes son la Rey Juan Carlos (URJC), la Autónoma (UAM), la Carlos III (UC3M) y la Complutense (UCM)”. Todas ellas están en Madrid.

“Mientras el PIB de la Comunidad de Madrid ha subido en un 8,8% en los últimos 15 años, el presupuesto dedicado a personal en la Complutense han disminuido en un 15,5%. No podemos admitir que el derecho a la educación pública dependa de préstamos o de una financiación por objetivos propia del negocio privado”, exponen.

Precisamente, este lunes se daba a conocer que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región. Junto a la básica para el normal funcionamiento y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas, conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, sobre cuyo importe total se sigue trabajando y que en principio el Ejecutivo regional quería restringir con una aportación propia no mayor al 70% del presupuesto de los centros.

Frente a ello, UCM por la Pública ha exigido “un servicio público, como es la educación, financiado al 100% y no someterse al lucro”. Ha remarcado que “no van a aceptar” que se les “culpe” del “estrangulamiento” al cual se les está “sometiendo desde la crisis de 2008”.

La Comunidad de Madrid no puede mirar más para otro lado. Tras años ignorando el problema que ella misma ha generado, la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ve obligada ahora a acudir al rescate de sus universidades, ahogadas en lustros de infrafinanciación y camino al colapso: solo un crédito extraordinario de 35 millones de euros va a permitir seguir pagando nóminas –¿por cuánto tiempo?– a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la más grande del país, mientras el propio consejero admite que la Rey Juan Carlos, el centro peor financiado de toda España de largo, está empezando a recorrer el mismo sendero que su hermana mayor.

“Hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Rey Juan Carlos, que también se encuentra en situación de déficit. Lógicamente nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario”, ha reivindicado el consejero, Emilio Viciana. Un mensaje que obvia que la relación entre ese déficit y que la Comunidad de Madrid sea la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades de toda España.

La estadística señala a Madrid se elija la cifra que se elija. La Comunidad invierte 5.362 euros al año por estudiante universitario frente a los más de 9.000 de Navarra, La Rioja o el País Vasco. Si se mira el esfuerzo autonómico, en los últimos 25 años ha pasado de estar un 25% por encima de la media nacional a estar 23 puntos por debajo, una caída de 48 puntos. Madrid es hoy la única región que financia a sus centros peor que antes de la crisis de 2008.

El futuro de los campus madrileños no pinta mejor con la ley universitaria que tramita el Gobierno regional (Lesuc). La norma pretende consagrar que el Ejecutivo no aporte bajo ninguna circunstancia más del 70% de los presupuestos universitarios y que los rectorados deban buscar en el sector privado el 30% restante, para lo que les invita incluso a crear fondos privados de inversión. Estas cifras son definitorias del estado de las universidades madrileñas: pese a que ese 70% no sería suficiente para cubrir siquiera el gasto en nóminas de las universidades –la UAM dedica el 80% de su presupuesto a salarios y otro 15% a poder abrir las puertas cada día– todavía sería mejor que la cantidad que reciben ahora.

Además, un análisis de Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España, sostiene que, si no se cambia durante el trámite parlamentario, la norma generará un agujero de 200 millones de euros cada año en los seis centros madrileños.

¿Exceso de docentes?

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, defiende que la Comunidad dedica más del 4% de su presupuesto a la financiación de las universidades públicas, y asegura que está por encima de la media de otras regiones, informa José Precedo. “Se está trabajando con los rectores y los actores de la comunidad universitaria para conseguir un marco de financiación plurianual, revisable y adaptable a las necesidades de las universidades”, asegura el portavoz popular.

Por el momento, la Comunidad propone una partida adicional de 10 millones de euros a repartir entre todas las universidades siempre que cumplan una serie de condiciones, una cifra no llega al 1% del presupuesto de los seis centros, que supera los mil millones.

El Gobierno de Ayuso no habla de infrafinanciación y atribuye el déficit de los centros a un exceso de docentes. Por eso ha pedido a la Complutense que amplíe la información del crédito que ha solicitado y las reformas con las que pretende evitar que se repita la petición en cursos futuros.

Un agujero de 140 millones en dos años

La UCM aludía mayoritariamente a la falta de ingresos en su petición del crédito. “La Universidad Complutense de Madrid soporta un déficit estructural de financiación desde hace años, que se ha visto agravado con el tiempo”, dice el documento. Según las cuentas que refleja el texto, la universidad tuvo un déficit de 64,5 millones de euros en 2023, que se fue hasta 77,8 millones de euros el año siguiente. Son 140 millones de agujero en solo dos ejercicios. El agujero es creciente porque la transferencia de la Comunidad de Madrid aumenta más despacio que el gasto en salarios.

Las cifras sí parecen respaldar la afirmación del Gobierno regional de que la universidad está sobredimensionada, aunque no mucho más que cualquier otro centro español. La UCM destinó 464 millones de euros al capítulo 1 del presupuesto (nóminas) en 2023. Eso quiere decir que el esfuerzo de personal por alumno son 8.511 euros, cuando la media del sistema público español está en 7.465 y del madrileño en 6.757. Dicho de otra manera, la Complutense está 14 puntos porcentuales por encima de la media nacional en gasto en personal y 24 puntos por encima de la madrileña en términos relativos.

Desde UCM por la Pública, la plataforma en defensa de la universidad, rechazan que el problema sea de gasto en personal porque mientras el PIB de la región ha subido un 8,8% desde 2008 (año de la crisis y principio de los grandes recortes), la transferencia del Gobierno regional ha caído un 15% en el mismo periodo de tiempo. Es un problema de financiación, insisten, y apuntan que esa supuesta sobredimensión podría explicarse por la composición de esa plantilla, como la alta edad de la plantilla (y por ello sueldos más altos), los sueldos de altos cargos de la universidad o de catedráticos o la mayor cantidad de sexenios (periodos de seis años) de investigación del personal respecto a otras universidades.

En cualquier caso, explican fuentes universitarias, realmente todas las universidades españolas tienen una estructura de gasto diferente a las europeas: mientras el reparto de estas últimas se mueve entre un 80%-82% en personal y el restante 20%-18% en el capítulo 2 (gasto corriente), la media europea se sitúa en un 70%-75% y un 30%-35%.

El de la Rey Juan Carlos sí parece un caso de falta de financiación. La URJC recibe 4.291 euros por estudiante y año, una cifra que es tres veces inferior a la de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC). Aunque las características de cada centro explican una parte de esta diferencia (es más caro impartir un grado en una politécnica que en una universidad estándar), la mayoría de la brecha no tiene justificación posible en base a parámetros objetivos, según Hernández Armenteros y Pérez García.

Comparar... y perder

Los campus de la región más rica de España palidecen cuando se comparan con sus equivalentes nacionales. “No hay ninguna universidad de Madrid que tenga una financiación superior a las universidades con las que se puede homologar” por tamaño y características, según Hernández Armenteros y Pérez García.

Por ejemplo, la UPM recibe un 36% menos de fondos por estudiante que la UPV o un 20% menos que la Politécnica de Catalunya, dos centros que manejan cifras similares de alumnado y presupuesto. Lo mismo sucede con la Carlos III, que tiene 1.400 euros menos por alumno (un 16%) que la Pompeu Fabra catalana o 2.700 euros menos que la Universidad de Cantabria (un 31%); o la de Alcalá de Henares, que se mira en Salamanca, Oviedo o Zaragoza, pero con partidas de mil euros por alumno inferiores a sus competidoras.

La URJC es la universidad peor financiada de España y con bastante diferencia. Recibe 4.291 euros por estudiante, menos de la mitad que la media, y además depende de las matrículas que estos pagan más que ninguna otra universidad, también por bastante diferencia: un tercio de sus ingresos provienen de cobrarle al alumnado. Obviando otros centros madrileños, en ninguna otra universidad se pasa del 20%.

“Cortar la yugular y poner una tirita”

La oposición clama contra el abandono del Gobierno de la Comunidad a las universidades públicas y piden un plan para garantizar su viabilidad tras culpar directamente a Ayuso y al consejero Viciana. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, defendió este lunes tras la junta de portavoces de la Asamblea que la actuación del Ejecutivo de Ayuso con las universidades públicas es como si alguien “corta la yugular y luego pone una tirita”. En la misma línea, la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Mar Espinar, lamentó que la Comunidad primero asfixie a los campus y luego “se presente como Cofidis” [una empresa de crédito rápido].

Todo esto sucede en la misma semana en la que se conoció la destitución de la viceconsejera de Universidades, Ana Ramírez, que será sustituida por la hasta ahora diputada de la Asamblea, Mercedes Zarzalejo, de la máxima confianza que Ayuso y que lideró la investigación a Begoña Gómez en el parlamento autonómico. El Gobierno de Ayuso resto importancia a ese cambio, que atribuyó a “un relevo natural ”en el ecuador de la legislatura.

Fuentes del Ministerio de Universidades advierten de que el modelo de financiación que propone la comunidad “erosiona la autonomía universitaria, favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”, además de recordar que “el Gobierno de España ha incrementado en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas (...) con la expectativa de que ese esfuerzo repercuta en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad”.

Toda una generación de jóvenes de Higueruela no conoce el paisaje del pueblo sin sus molinos de viento. Cariñosamente, en el municipio de Albacete, se les llama la 'Generación de la Molineta' y es que hace un cuarto de siglo, la instalación del primer parque eólico de Castilla-La Mancha cambió la historia de esta localidad. Hoy día, Higueruela es un auténtico referente de desarrollo rural basado en las energías renovables.

No andaba muy desatinada la periodista Ester Pérez, cuando en aquel tiempo y en un medio de esta provincia, vaticinó: “En un futuro no muy lejano, el perfil del paisaje castellano-manchego experimentará un llamativo cambio, que no dejará indiferente a quien se pare a contemplarlo”.

De alguna manera, esta región siempre fue terreno de gigantes. En Higueruela se alzan 243 aerogeneradores en un complejo eólico repartido en cinco parques. Cuando se presentó en sociedad, en mayo de 1999, se hablaba del parque más grande del mundo. “El pueblo y la comarca dieron un giro de 180 grados”, recuerda la alcaldesa actual del municipio, Isabel Martínez Arnedo.

De repente, un municipio agrícola y ganadero pasó a incorporar la industria eólica y muchos que se habrían marchado a Almansa, Albacete, Valencia o Madrid se quedaron en el pueblo. Un gran número de jóvenes se formó en el sector mientras desde el Ayuntamiento tenían clara la oportunidad que se les ofrecía.

Comentaba con humor uno de los responsables de la empresa energética en la inauguración del primer parque: “Si bien es cierto que todos los pueblos tienen viento, no todos los pueblos tienen un alcalde capaz de apostar por una cosa rara”.

A principios del milenio, la energía eólica estaba por desarrollarse. En esta historia breve, la provincia de Albacete también había sido la primera en España donde se desarrolló un experimento real. En concreto, sucedió en diciembre de 1987, en la sierra de Ontalafía, en el término municipal de la capital. Allí se exploraron las posibilidades comerciales de la energía eólica.

Muchos vientos después, aquella rareza energética se ha hecho realidad. Según datos de Red Eléctrica Española, en 2024, la producción renovable creció en España un 10,3%. Otro titular del informe: “La eólica ha pasado a ser la segunda fuente de generación renovable de España, con una potencia instalada de 32.104 MW”. En Castilla-La Mancha, la cifra de potencia alcanza los 5.036 MW. En la región, las renovables han incrementado un 12,6% respecto a 2023. En Albacete, ya funcionan unos 80 parques eólicos. Datos que en municipios como en Higueruela se traducen en mayor calidad de vida para sus vecinos.

“Aquí se ha conseguido un equilibrio entre naturaleza y vida en el pueblo y las energías renovables”, comenta la alcaldesa de Higueruela. El próximo 30 de mayo participa en una mesa redonda sobre 'Renovables y Territorio' en la Universidad Rey Juan Carlos.

La experiencia de este municipio de Albacete ha sido reconocida, entre otros, por la Asociación Empresarial Eólica por su capacidad de integración rural. Explica Isabel Martínez Arnedo la fórmula: “Hemos invertido en futuro, en servicios sociales; tenemos 1.170 habitantes y disponemos de residencia de mayores, aula matinal, comedor escolar, transporte todos los días a Albacete para grados superiores y enseñanzas no obligatorias, escuela de música, escuela de deportes, ludoteca, biblioteca, centro joven y escuela de verano a la que asisten más de 200 niños”.

Más del 40% del presupuesto municipal proviene de los impuestos a las eólicas. “Invertimos en el futuro”, insiste la alcaldesa y ofrece tres claves más para el desarrollo de Higueruela. La residencia de mayores consiguió “dejar por los suelos el desempleo femenino”.

La tecnificación agrícola ha conseguido excelentes calidades de la uva y prestigio a sus bodegas. Y, por último, un paquete turístico que fusiona dos elementos patrimoniales de primera clase: la Laguna del Salobralejo y el yacimiento arqueológico de la alquería andalusí de La Graja.

En Higueruela, se está dando una simbiosis entre servicios sociales, patrimonio, agricultura y energías renovables. Una convivencia posible y necesaria en el medio rural. O como dice Isabel: “La idea es reducir las diferencias entre lo que puede ser una gran ciudad y un pueblo”. 

Todos los centros educativos de primaria y sencundaria de la Comunidad de Madrid reabren este martes 29 de abril, después del apagón nacional que este lunes afectó al desarrollo normal de la actividad lectiva. Lo harán en su horario habitual, aunque no se impartirán las clases previstas, según informó el Gobierno regional por la noche en un comunicado.

Esto significa que centros de educación infantil, colegios, institutos y otros centros educativos madrileños estarán operativos y todos sus alumnos podrán acudir en su horario habitual de funcionamiento. Sin embargo, las clases no se impartirán con normalidad.

La decisión ha sido tomada por el Ministerio del Interior, que desde esta madrugada ha asumido el mando de la Comunidad de Madrid y de otras siete regiones, en las que sus gobiernos pidieron elevar al nivel 3 la emergencia, lo que transfiere el mando único al Gobierno de España.

El cese de la actividad lectiva en los centros de primarias y secundaria ha obligado a retrasar las pruebas de conocimientos previstas pasra este martes y miércoles. Según ha informado la Comunidad de Madrid, quedan aplazadas “hasta nueva fecha”.

Por su parte, todas las universidades públicas de la región han decidido suspender la actividad lectiva y académica de este martes. Esta decisión afecta a la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad Complutense (UCM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Los seis centros universitarios se mantinen cerrados para evitar desplazamientos de los alumnos y docentes hasta que el transporte no se haya restablecido con normalidad. En el caso de la Complutense, según informó en un comunicado a última hora de la noche del lunes, la biblioteca María Zambrano se mantendrá abierta para que puedan acceder los estudiantes que lo puedan necesitar y recomiendan facilitar el acceso a los centros a aquellos docentes e investigadores que así lo requieran.

Además, en este mismo comunicado, indicaban que la presencia del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) será imprescindible para garantizar la actividad esencial de la universidad, por lo que los trabajadores han tenido que recuperar la actividad una vez que los Servicios Informáticos han conmunicado la restauración del teletrabajo esta mañana.

La Universidad Rey Juan Carlos ha acordado aplazar la votación para elegir nuevo rector prevista para este martes. Según han informado en un comunicado, la Junta Electoral Central comunicará la nueva fecha en los próximos días. Este centro universitario mantene abiertas las escuelas, las facultades y las bibliotecas, pudiéndose llevar a cabo actividades de estudio, reuniones de trabajo e investigación. Respecto a los estudiantes de prácticas externas, han informado de que deberán enviar un correo a las empresas avisando si no pueden asistir.

En cualquier caso, todas las universidades públicas irán actualizando las novedades respecto a la apertura y el restablecimiento de los serivicios a través de sus canales oficiales.

Algunos centros universitarios privados también se han sumado al cierre y cese de la actividad lectiva, es el caso de la Universidad CEU San Pablo que ha decidido mantener abiertas sus facultades pero no se impartirán clases y se cancelan todos los exámanes y prácticas previstos. De la misma manera, se suma a esta decisión la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), que abrirá pero no impartirá clases.

No solo uno, siento cientos de profesores podrían verse beneficiados tras la última condena en los tribunales contra la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El Juzgado de lo Social dictaminó a primeros de diciembre que la institución académica debería indemnizar con hasta 19.000 euros a una profesora que trabajó con ellos en calida de visitante desde 2017.

Según la sentencia, quedaron probadas unas diferencias salariales de nada menos que 1.120,10 euros al mes entre el salario que percibía la denunciante y el que, según las actualizaciones del convenio, tendría que haber obtenido. Pero no será la única afectada. CSIF, el principal sindicato de funcionarios y el que ha estado a cargo de la denuncia, estudia otros posibles casos de profesores visitantes que hayan estado ingresando un sueldo inferior al que les corresponde.

El fallo judicial, con fecha del 26 de noviembre, sentaría jurisprudencia para que más docentes puedan reclamar una compensación similar, estipulada en base al tiempo que lleven trabajando para la URJC. De momento no se conoce ningún otro caso oficial ni se sabe la cifra que por ahora tantea CSIF. “Volvemos a poner el foco en la abusiva contratación temporal por parte de las administraciones, en este caso, en la universidad pública”, ha celebrado el órgano sindical en un comunicado emitido este martes, casi un mes después de anunciar esta sentencia.

Denunció tras tener que irse de la URJC

La denuncia, en este caso, se presentó a raíz de que la Universidad Rey Juan Carlos tramitara la baja de la demandante “por fin del período del contrato”. Es decir, que su relación laboral acabó ahí. Fue entonces cuando la docente, a través de CSIF, decidió ir a los tribunales. “Después de suscribir un último contrato entre la universidad y la profesora desde el 12 de septiembre de 2024 hasta el 1 de septiembre de 2025, ella considera que su despido a finales de agosto fue improcedente”, señalan desde el sindicato.

Añaden, además, que esta sentencia “aduce que la contratación temporal, bajo la modalidad de profesor visitante, excedió los límites legales y no cumplió con los requisitos de la normativa, y fue utilizada para cubrir necesidades permanentes”. En total, la condena asciende a 17.438,19 euros que la URJC tendrá que pagar a la empleada, además de un interés del 10% por las demoras en su ingreso, cuando se oficializó la demanda. Así que la suma final será de unos 19.000 euros. Contra la sentencia aún cabe recurso de suplicación.

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid pagó de menos hasta 1.400 euros mensuales a una de sus profesoras durante dos años. El centro universitario pierde una demanda pilotada por CSIF, el sindicato de funcionarios, que condena a la URJC a devolver las cantidades no percibidas desde julio del año pasado, cuando la docente presentó la denuncia.

Si en el verano de 2023 se probaron diferencias salariales de 1.120,10 euros al mes, esta sentencia demuestra que la entidad tendría que haberle abonado unos 2.500 euros en esos momentos. En total, la condena asciende a 17.438,19 euros que la URJC tendrá que pagar a la empleada, además de un interés del 10% por las demoras en su ingreso desde el 10 de julio de 2023, cuando se oficializó la demanda. En total, unos 19.000 euros.

El Juzgado de lo Social número 50 de Madrid, que lleva el caso, falló a finales de noviembre en favor de la demandante y obliga a la universidad a pagarle el dinero que no recibió en su día, pero que por convenio tendría que haber percibido en sus nóminas.

Las condiciones por las que se rige el sector, y que se extrapolan a la Comunidad de Madrid, datan de un pacto sellado en 2003. No obstante, el sindicato de funcionarios explica a Somos Madrid que únicamente podrán compensarle por los pagos del año pasado y los del período actual, pues es lo que dictamina la ley laboral: quedarán exentos de subsanar el resto.

Trabaja en la URJC desde 2018

La docente entró a trabajar a la Universidad Rey Juan Carlos en 2018 en calidad de profesora visitante, pero buena parte de lo ocurrido desde entonces ha prescrito. “Con los incrementos anuales que se han venido aprobando para estos funcionarios, el salario del profesor visitante asciende para el año 2023 a 2.569,82 euros mensuales y, para el año 2024, a 2.659,76 euros”, cita textualmente la sentencia, con fecha del 26 de noviembre y contra la que aún cabe recurso.

En un comunicado, CSIF indica que en estos momentos aún investigan los pagos a otros docentes que trabajan en calidad de visitantes y que también podrían haber percibido de menos en sus cobros. Su asesoría jurídica analizó hace unos meses la documentación de estos profesores, cuando la URJC decidió no renovar sus contratos.

El curso ha empezado movido en el único Grado de Lengua de Signos y Comunidad Sorda que hay en España, que se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Los estudiantes de este grado llevan semanas sin recibir clases porque no hay suficientes docentes para cubrir las asignaturas, según han denunciado varios de ellos y ha admitido parcialmente la universidad.

“[A principios de curso] empezamos a ver cómo habían desaparecido los nombres de los profesores en el Aula Virtual e intentamos contactarles por correo sin éxito. No entendíamos la situación, la Universidad no nos había notificado nada”, explica Roger Reig, uno de los estudiantes afectados. Él está matriculado en seis asignaturas este cuatrimestre y en tres no tiene profesor.

El problema viene porque la URJC ha cortado el contrato de muchos profesores visitantes, una maniobra que ha afectado especialmente a estos estudios. La URJC tenía un número inusualmente elevado de docentes con este tipo de contrato –al menos en comparación con otras universidades–, una política que en parte se utilizó de manera irregular para sortear la prohibición de contratar personal que se estableció tras la crisis de 2008.

Un portavoz del rectorado argumenta que la nueva ley de Universidades (LOSU) exige que los profesores que se habían contratado como visitantes dejen de estarlo. La norma no elimina la figura –está en el artículo 83: es para contratar durante dos años a profesionales de prestigio externos a la universidad sin necesidad de que pasen un proceso selectivo–, pero sí ha endurecido las condiciones, exige reducir la temporalidad de las plantillas y como consecuencia de todo ello la URJC ha decidido reducir el número de visitantes.

En su lugar, la LOSU propone abrir estas plazas a concurso público, una circunstancia que ha provocado un pequeño enfrentamiento entre el rectorado y los departamentos universitarios. Según la URJC la puesta en marcha de la normativa ha pillado a algunos centros con el pie cambiado –“la contratación depende de los departamentos”, ha explicado el portavoz– y lo han pagado los alumnos en este inicio de curso.

Según explicó el coordinador del grado que se ha quedado sin profesores a sus estudiantes: “Tenemos una situación irregular que, desgraciadamente, va más allá de lo que podemos hacer desde la coordinación del Grado o la propia Facultad y tenemos un conjunto de profesores que no han sido, aún, contratados por la Universidad”.

Un 12% de visitantes

La Universidad Rey Juan Carlos contaba con un número significativamente alto de profesores visitantes: según el Portal de Transparencia, en 2023 había 321 plazas de este tipo, lo que representaba casi el 12% de todo su personal docente, una cifra alta comparada con otras universidades españolas, donde se cuentan con cifras de un solo dígito. Con todo, la URJC no es la única que atraviesa por dificultades: otro campus madrileño, la Universidad Carlos III en Getafe también tiene un alto número de estos contratos.

El 31 de agosto, la URJC tomó la decisión de eliminar de forma directa la figura de profesor visitante, notificando a estos docentes que sus contratos terminaban ese mismo día. Como resultado, muchas de las asignaturas del Grado de Lengua de Signos y Comunidad Sorda no pudieron comenzar. Los afectados insisten en que nadie les informó hasta el mismo día del comienzo de las clases. Lo único que recibieron fue el email del coordinador elevando culpas al rectorado.

Desde de la Universidad Rey Juan Carlos han confirmado a elDiario.es que “solo hay 11 asignaturas sin profesores” –de las 37 que tiene la carrera– y que la situación esperan que se arregle esta semana, cuando se resuelvan los concursos públicos.

Los alumnos llevan semanas pidiendo explicaciones. “Lo único que hemos obtenido ha sido silencio”, ha asegurado Víctor Castaño, delegado de los Grados de Lengua de Signos y Trabajo Social. No fue hasta que se reunieron en un asamblea el pasado 26 de septiembre que recibieron una oferta para hablar este lunes con el Decano de la Facultad.

En esa reunión, la Universidad ha informado que ha activado dos bolsas de empleo: una para profesores asociados y otra para profesores doctores. Se prevé que la resolución con la puntuación definitiva se publicará mañana; el miércoles comenzarán a contactar a los primeros seleccionados y la próxima semana el proceso estará finalizado.

Una vez resuelta la cuestión del personal docente, queda pendiente negociar cómo se recuperará el mes de clases perdido. “Se han planteado diversas soluciones, pero todas implican que tanto alumnos como profesores hagamos un esfuerzo adicional, extendiendo de alguna manera los horarios para recuperar las clases perdidas. No creo que lleguemos a una solución que satisfaga a todos”, lamentaba Víctor Castaño. Además, añadió que lo más preocupante es que la Universidad no tiene intención de asumir responsabilidades. No emitirá un comunicado oficial ni pedirá disculpas, dejando a los afectados la tarea de resolver un problema que no les corresponde.

El personal –profesorado y administrativo– del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso (ISDAA), que gestiona el grado universitario oficial de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Artes Visuales y Danza, lleva siete meses sin cobrar su nómina. Esta situación es la última consecuencia de un conflicto que se viene arrastrando desde 2020 a raíz del convenio que firmó décadas atrás la universidad con el centro, privado, para que gestionara ese grado, una disputa que se ha enquistado en los tribunales en los últimos años tras el intento (fallido) de la URJC de retomar el control sobre los estudios.

Fuentes de la URJC explican que no pueden pagar el casi millón de euros que cada año venían abonando al centro porque el convenio no está vigente y no hay ningún soporte para realizar ese pago de dinero público a un instituto privado, razón por la que el Consejo Social (una entidad que fiscaliza los presupuestos universitarios) ha paralizado el abono. Alberto García Castaño, director del Alicia Alonso, replica que la Justicia ha dictaminado en reiteradas ocasiones que mientras no resuelva sobre el fondo (si la universidad puede recuperar la gestión de los estudios y cuándo) no cambia la situación (que la URJC debe abonar el canon anual). Lo inequívoco, admitido por ambas partes, es que la URJC no ha pagado y, consecuentemente, 32 trabajadores del IDAA no cobran desde que arrancó el curso, allá por septiembre.

Un conflicto de cinco años

Aunque la URJC ya llevaba al menos un año intentando resolver la situación a su favor, el origen de este conflicto se remonta a 2020. Ese año la universidad, inmersa en pleno escándalo Cifuentes, intentó poner orden en su estructura. Entonces el rectorado decidió que el convenio que había firmado en 2002 Gustavo Villapalos, mandatario de la universidad en aquel momento, con el ISDAA para que este instituto gestionara su grado oficial de Artes Visuales y Danza y dos másteres era excesivamente opaco y oneroso (960.000 euros al año), por lo que la URJC se haría cargo del mismo a partir de ese momento.

“La Universidad no quiere seguir poniendo el dinero, sin controlarlo, en un instituto que es el único que opera dentro de sus instalaciones, con un título que es de la propia Universidad”, explicaron fuentes oficiales del centro en su momento. Dado que el espacio físico que ocupa el instituto es de la universidad, la mayoría de ese dinero –que el ISDAA recibe en concepto de “precio de servicio”, porque las tasas que paga el alumnado se las queda la URJC– se destina a las nóminas del profesorado y el resto del personal.

La URJC ofreció al instituto convertirse en centro adscrito, según su propia versión, para que pudiera conservar su oferta formativa privada bajo el paraguas de la universidad, pero ya sin los estudios oficiales. Sin embargo, según el rectorado, el ISDAA no aceptó. García Castaño replica que el instituto ofreció a la Universidad dar por finalizado el convenio, pero ajustándose a la ley, lo que implicaba un periodo de seis años, lo que dura el proceso de extinción de un título para que el alumnado que lo está cursando lo pueda finalizar.

No hubo acuerdo y la universidad que dirige Javier Ramos emitió una resolución por la que requería al centro privado que abandonara el aulario IV del campus de Fuenlabrada que viene ocupando y le retiraba la gestión de los títulos oficiales.

Pero la Justicia rechazó la decisión del rector al considerar que había “prescindido total y absolutamente” de todos los trámites legalmente establecidos y declaró la nulidad del procedimiento. Además, adujo el juez, con el curso académico ya comenzado no se podía andar tocando el grado porque se perjudicaría el estudiantado. El Instituto de Danza Alicia Alonso podía seguir impartiendo las titulaciones de la URJC.

Al año siguiente la universidad volvió a la carga. Comunicó al ISDAA que retomaba el control de su grado, y como tal empezó a actuar incluida la contratación de personal para impartir las materias. Pero el Alicia Alonso no estaba de acuerdo y se acabó llegando a una situación en la que durante unos días de octubre, en la URJC se estuvieron impartiendo dos grados paralelos de Artes Visuales y Danza, destinados ambos a obtener el mismo título. Luego se pasó de dos grados a ninguno, dejando a 400 alumnos tirados. En algún momento se llegó al extremo de que se ofrecieran dos asignaturas el mismo día a la misma hora y en la misma clase con distinto profesor, uno de la universidad y otro del instituto, según denuncian los alumnos.

Cada año un poco más tarde

La Justicia volvió a dar la razón al ISDAA, que mantuvo el control sobre los estudios, situación que se ha mantenido hasta este curso. El director del instituto denuncia que cada año que ha pasado se han postergado más los pagos. “En 2021 nos pagaron en enero, en 2022 en febrero, el año pasado el 5 de marzo y este el pago brilla por su ausencia”, explica.

García Castaño asegura que tienen 19 autos y una sentencia que les dan la razón. Que la URJC no puede hacerse cargo de los estudios porque el plan está aprobado por el Consejo de Ministros con una determinada estructura (el ISDAA imparte el 90% de la docencia, la URJC el 10%; la universidad ingresa las tasas y a cambio le paga un “precio por servicio” al ISDAA de 960.000 euros anuales, una cuota que se calcula a partir del coste de las matrículas más una compensación) y que solo el mismo Consejo de Ministros puede cambiar si no hay acuerdo entre las partes, como es el caso.

García Castaño sostiene que no pagarles es “una estrategia de acoso” porque el ISDAA, que es un centro sin ánimo de lucro, no tiene fondos propios y por tanto no ha podido abonar las nóminas del personal y además está incurriendo en deudas con Hacienda.

La situación ahora es que el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso ha pedido medidas cautelares al juzgado para recibir el dinero que, creen, les corresponde. Cinco años después, el conflicto está exactamente en el mismo sitio, los juzgados, que serán los que acaben dirimiendo quién tiene razón. Mientras tanto, 32 profesionales están trabajando gratis y 400 estudiantes cursan unos estudios de futuro incierto.

Hay horrores tan traumáticos que cuesta pensar en la posibilidad de su olvido. Con 192 víctimas mortales, en torno a 2.000 personas heridas y una sociedad marcada para siempre, los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 siguen incrustados en el recuerdo de un país que aquel día vivió el peor ataque terrorista de su historia. Pero también fue una desgracia rodeada del engaño político y la manipulación mediática. En este contexto, mantener la memoria se vuelve imprescindible. A ello contribuye combatir la mentira informativa y discursivamente, pero también hacerlo de una forma tangible y física.

Es la función de los monumentos o placas conmemorativas, una manera de acompañar a supervivientes y allegados de los asesinados. Algunos homenajes son individuales, focalizados en alguna de las personas que murió por su especial vinculación a una calle, un barrio o un pueblo. La mayoría, en cambio, mantienen vivo el recuerdo colectivo de aquel jueves.

Como escenario de los atentados que fue, Madrid es con diferencia la región que concentra un mayor número de estos tributos. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha recopilado 33 conmemoraciones en toda la Comunidad*, que pueden consultarse en el siguiente mapa.

Todas ellas rinden memoria a quienes sufrieron una acción terrorista que conmocionó todo el país, pero que tuvo lugar en su corazón y su centro. Es por ello que aquí se concentran más de un tercio de los 85 homenajes que la entidad constata a nivel nacional.

Eulogio Paz, presidente de la Asociación, matiza en conversación con Somos Madrid que el conteo “puede ser incompleto o estar desactualizado” por mucho que intenten mantenerlo al día. Apostilla además que optan por considerar también como monumento o placa en memoria del 11M “todos los erigidos en honor a víctimas del terrorismo sin especificar un atentado concreto”, siempre y cuando se hayan levantado a partir de aquel infame 11 de marzo de 2004.

“Es vital que la memoria se pueda tocar y permanezca”, señala Paz, que perdió a su hijo en los atentados. Desde su Asociación han editado el libro 11M Memorial, que lista esos 85 homenajes, los clasifica por comunidades autónomas y los acompaña con fotografías más códigos QR con los que comprobar su ubicación exacta. Pueden adquirirse ejemplares en este enlace.

De parques, placas y raíles

Los monumentos son de estilo, enfoque, tratamiento y ambición completamente diversos. Los más conocidos se ubican en escenarios de la masacre: el de Atocha, actualmente inmerso en una remodelación profunda; el de El Pozo o el asentado sobre la estación de Santa Eugenia. Se incluyen también espacios naturales, como los Árboles para la Memoria del Parque de los Cerros de Alcalá de Henares, el Parque 11 de marzo de Loeches o el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro en Madrid (con 22 olivos y 170 cipreses, un árbol por cada víctima mortal).

La Asociación no se olvida de placas conmemorativas como la de la fachada de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Colocada ya en marzo de 2004, en ella reza el siguiente mensaje: “Madrid agradecido a todos los que supieron cumplir con su deber en el auxilio a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a todos los ciudadanos anónimos que las ayudaron. Que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezca siempre”.

Una inscripción semejante se encuentra en la pared del Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde, en el barrio de Pacífico. En este caso, la plancha resalta que las víctimas “fueron trasladadas al hospital de campaña que se estableció en esta Instalación Deportiva” y muestra el “agradecimiento al coraje y generosidad de todos los servicios y personas que acudieron en su socorro”.

Aunque sin duda uno de los tributos más especiales, por el concepto y por su materialización, es el de Ciudad Universitaria. En el jardín del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid se encuentra la obra (porque la memoria también puede ser arte) A tu ausencia le hacía falta un rostro, a ese rostro, probablemente, un destino, de los profesores de la Facultad de Bellas Artes José de las Casas y Pablo de Arriba.

Estos versos del poeta egipcio Edmond Jabès dan nombre a la pieza y están grabados sobre nada menos que una vía de tren retirada de Atocha. El homenaje se compone de un bloque de granito hueco, cuadrado por fuera y circular en su interior, del que mana agua que cae en el citado raíl hasta llegar a otro bloque cuadrado de piedra. El camino del agua está marcado por un lagarto y una ranita de bronce al principio y al final del recorrido, sobre los bloques de piedra. Finalmente, el agua deriva en un estanque donde se detiene.

Así funciona cuando no sufre desperfectos, porque Paz lamenta que tanto en este como en muchos otros espacios deben estar vigilantes para que la conservación sea la apropiada: “Tuvimos que pedir que limpiaran y arreglaran las letras de la inscripción porque apenas se leía”.

Incluidos los memoriales a todas las víctimas del terrorismo

En cuanto a los homenajes a todas las víctimas del terrorismo, no específicamente las del 11M, uno de ellos se encuentra en otro centro universitario: el patio central del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. La escultura de Diana García Roy, que presenta a un hombre tambaleándose y que aparenta estar a punto de darse por vencido, comparte protagonismo en el recinto con otra estatua dedicada a Miguel de Cervantes.

Una fuente en Parla, una placa en Torrelodones o una glorieta en Alpedrete son otros de estos memoriales que la Asociación considera que son parte de su propia memoria por haberse erigido con posterioridad a aquel fatídico 11 de marzo.

Un recuerdo que también ha cruzado fronteras. No solo las madrileñas, con homenajes en otros puntos del país e incluso en pueblos pequeños de Sevilla o Ávila donde alguna de las víctimas nació o contaba con estrechos vínculos. Eulogio Paz menciona el caso de una placa inaugurada en Rumanía, país de origen de hasta 16 de las 192 víctimas (de Ecuador, tercer país por número de asesinados, procedían seis).

Como apunta el presidente de la asociación, estos ejercicios de memoria, justicia y mínima reparación “ayudan a que no se pierda el relato objetivo de lo que ocurrió”. Que no se diluya ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en el ruido, ni en las mentiras. Porque “hace falta mucha fantasía para soportar la realidad”, como recoge la frase inscrita en la contraportada del libro 11M Memorial, pero a veces también hace falta una verdad tangible y visible.

*El mapa incluye 34 homenajes en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el obelisco erigido en San Agustín del Guadalix en 2005 por iniciativa de un Gobierno municipal socialista fue posteriormente trasladado a otro punto de la localidad y todas las menciones al 11M quedaron eliminadas. Sobre la placa original, el Ayuntamiento del PP colocó en 2018 otra dedicada a Guardias Civiles asesinados en la lucha contra el terrorismo.

La Universidad Rey Juan Carlos ha dado créditos durante varios años a estudiantes de Ciencias de la Salud por acudir a unos seminarios de bioética y antropología organizados por el capellán de la facultad y la asociación católica Veritas. Los cursos duran 20 horas, según los carteles distribuidos entre el alumnado. A cambio, el centro público otorgaba un crédito de libre elección al alumnado. Un portavoz de la institución, ante las preguntas de elDiario.es, confirma que se ha puesto fin a esta política porque “se está siendo más estricto en la aceptación de solicitudes para conceder créditos”. Es decir, en la selección de las actividades que son reconocidas.

El proceso está reglado: los organizadores de las charlas, seminarios o voluntariados externos deben solicitarlo al decanato y este elevar la propuesta al rectorado, que en un plazo de 15 días, según el reglamento, debe responder. La URJC asegura que no ha dado contestación a la propuesta del capellán este curso y, por tanto, el silencio administrativo es negativo.

Los documentos informativos de los dos cursos, que ya han comenzado, conservan la promesa de sendos créditos. elDiario.es se ha puesto en contacto con el capellán, que también es párroco de una iglesia vinculada al Opus Dei del municipio de Alcorcón (San Josemaría Escrivá de Balaguer). Javier Contreras asegura que siempre se han dado –se hacen al menos desde 2020– e insiste en que seguirán dándose porque lo tienen “autorizado”, en contraposición a la información que da la Universidad. Se requieren seis de esta categoría, créditos de libre elección, en toda la carrera.

En los seminarios de este curso hay al menos 40 estudiantes matriculados, según las cifras que maneja Contreras. El curso introductorio es online y se desarrolla por Teams. El práctico se hace de manera presencial en el campus, según el documento que ha llegado a los alumnos y alumnas. La Universidad, sin embargo, sostiene que no se ha cedido ningún espacio para tal fin.

¿En qué consisten exactamente? El temario del curso introductorio incluye, entre otras cosas, “la muerte como fin de la vida”, “el estatuto del embrión humano” o “¿y si mi hijo no viene perfecto?”. El objetivo es “promover el estudio sobre las cuestiones éticas de la profesión sanitaria/asistencial centrada en el respeto al ser humano”. El seminario práctico comparte el propósito pero difiere ligeramente en los temas que trata: “discapacidad y respeto”, “estado vegetativo persistente”, “paternidad responsable”, “final de la vida (sedación, nutrición e hidratación)” o “trasplantes”, según los documentos informativos que circulan por la facultad. Este tipo de seminarios se han repetido al menos desde 2020, de acuerdo con las comprobaciones que ha hecho este medio a través de la sección de eventos de la universidad.

“No tienen sesgo religioso”, responde el capellán, que centra las enseñanzas en la dimensión “humana y espiritual de la persona” más allá de la academia, que cubre la parte más “científica”. Los cursos están pensados sobre todo para estudiantes de medicina y enfermería, aunque cualquier alumno o alumna de la universidad puede apuntarse.

“No hay intercambio económico de ningún tipo”, afirma el portavoz de la URJC. El capellán defiende que no recibe contraprestación alguna por la realización de los seminarios; tampoco, añade, por su labor en la capellanía de la facultad. La asociación de estudiantes Veritas no ha respondido a las preguntas de este medio.

Los profesores del curso no aparecen en el organigrama de la URJC. Dos de ellos–Ricardo Abengózar y Miguel Ortega– forman o han formado parte de la Universidad Francisco de Vitoria, un centro privado administrado por los Legionarios de Cristo. La tercera docente, Encarna Pérez-Bret, es la responsable de formación del Hospital Centro de Cuidados Laguna, vinculado también al Opus Dei, según la última memoria económica de la organización. Los tres son voluntarios, según la capellanía.

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El 21 de marzo de 2018 la ola feminista del 8M más multitudinario, el que marcó para siempre el movimiento en España, todavía no había decaído. Faltaban dos años para que toda la población estuviese confinada en los días más duros de la pandemia, y algo más de dos meses para que una moción de censura (y la corrupción del PP) tumbasen el Gobierno de Mariano Rajoy y auparan a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pablo Iglesias y Albert Rivera aún lideraban los partidos que habían cuestionado los cimientos del bipartidismo. En un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso todavía no copaba titulares, el futuro político de una de sus predecesoras al frente de la Comunidad de Madrid comenzaba a resquebrajarse. Y con él se torcía también, o al menos sufría algún bache, el de miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cuando elDiario.es comenzó a publicar las informaciones sobre las notas falsificadas en el máster de Cristina Cifuentes, el alumnado se vio sumido en una mezcla de vergüenza, indignación, resignación y en algunos casos hasta reafirmación personal de aquello que ya intuían sobre su propio centro de estudios. Porque aunque estudiantes que conversan con Somos Madrid reconocen el “injusto estigma” que les acarreó, hay quienes no consideran que se trate de un caso aislado, aunque sí “excepcionalmente grave, mediático y dantesco”.

Así lo define Álvaro (26 años), que por aquel entonces cursaba tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de Vicálvaro. El centro del escándalo, ya que en él se ubicaba el polémico y ya desaparecido Instituto de Derecho Público. Ahora prepara unas oposiciones al cuerpo de funcionarios del estado, alejado del ámbito en el que se formó.

Es una de las personas que comparten para este medio su visión sobre lo ocurrido hace un lustro y un balance sobre cómo les ha influido en estos cinco años. Álvaro recuerda que, pocos días antes de que saltaran las primeras noticias, entrevistó junto a un amigo al rector, Javier Ramos, para un trabajo de la carrera. El contraste entre las loas a la gestión universitaria del dirigente y el día a día que ellos experimentaban ya le resultó “chocante” de entrada, pero le resultó particularmente evidente cuando se conoció el máster con notas falsificadas de Cifuentes.

Alumnos “vilipendiados” con la eterna “coña del café”

Álvaro creía por entonces, y no ha cambiado de opinión con la perspectiva del tiempo, que el caso Máster “no es más que el síntoma de toda una institución podrida”. Y añade: “Probablemente lo estén muchas universidades de nuestro país y del mundo, pero eso no le quita importancia y gravedad, no es ninguna excusa. Además, creo que la nuestra lo está con especial énfasis. Nos hacemos un flaco favor si usamos eso para restarle peso a las diversas corruptelas que la URJC en particular hizo (y hace). En el resto de mi experiencia universitaria, tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad Carlos III, el panorama era muy distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado”.

Menciona otras controversias previas en la Rey Juan Carlos, como la concesión del título honoris causa a Rodrigo Rato (y las reticencias para retirárselo) o los plagios académicos que provocaron la dimisión del anterior rector. Pero nunca hubo tantos focos sobre los campus de la URJC como aquel marzo de 2018. La frase “esta tarde salgo en la tele” dejó se ser excepcional en las aulas. Se convirtió en habitual ver a periodistas alrededor de las instalaciones, microfonando estudiantes que respondían preguntas con rabia, aunque sin dejar de tomárselo con humor: “Nos llegan memes, pero el verdadero meme somos nosotros”, es una de las grandes frases que dejó aquello. Que todavía perdura.

Habla de ello Guillem (27), que por entonces cursaba cuarto de Matemáticas e Informática (grados de los que era representante estudiantil) en Móstoles, otro foco de atención ya que en ese campus se encuentra rectorado: “Con los compañeros de trabajo siempre está la coña cuando tomamos el café”. A nivel puramente profesional dice “tener suerte”, ya que supone que “en muchos sitios donde se preocupan por la imagen pública te descartan más fácilmente”.

En el resto de mi experiencia universitaria el panorama era distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado

Guillem trabaja como científico de datos mientras prepara su tesis (en la Universidad Carlos III). Cree que al buen discurrir de su trayectoria profesional que ha contribuido su máster de inteligencia artificial (en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). “No quise repetir en la Rey Juan Carlos para prevenir”, reconoce. Es, al igual que Álvaro, una encarnación de la sangrante pérdida de alumnado de másteres en la URJC, que alcanza el 40% desde el Caso Cifuentes.

El lugar donde cuecen “todavía más habas”

Con la perspectiva que le otorga haber pasado por otras dos universidades, Guillem sostiene que “en todos los sitios cuecen habas”, aunque en la Rey Juan Carlos “todavía más”. En su memoria lo ocurrido “fue bastante más gordo de lo que se ve en otras partes”, pero coincide con Álvaro en que “llegado un momento no te sorprende nada” porque “había muchas movidas muy turbias en la universidad”.

Asegura que “no le extrañó a nadie que dieran ese paso más de directamente regalar másteres”, en referencia también al caso de Pablo Casado. Lamenta que la gente empezara a conocer el nombre de la universidad, algo diluido entre la oferta formativa de la Comunidad de Madrid, a raíz de estas maniobras. La URJC quedó ligada para siempre, o al menos para un tiempo que alcanza ya los cinco años, a la corrupción y la falta de esfuerzo.

Álvaro no quiere olvidarse de todo el profesorado y el personal “que intenta hacer su trabajo lo mejor posible”, pero considera que es una universidad “oscura” ya desde su origen. Surgió por iniciativa del entonces dirigente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, que se materializó en 1996. Por aquel entonces era consejero de Educación Gustavo Villapalos, exrector de la Complutense y precisamente un amigo personal de Cristina Cifuentes.

Entre 2002 y 2013, el rector de la URJC fue nada menos que Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado diciembre, durante su etapa más polémica y turbulenta entre acusaciones de injerencia del poder judicial en el legislativo. “Nombres propios surgidos de nuestra universidad como el de González-Trevijano han llegado incluso a denigrar, aún más si cabe, instituciones como el Tribunal Constitucional, y con ello la Rey Juan Carlos”, explica Álvaro.

La URJC después de la tormenta

Javier Ramos revalidó su cargo como rector en marzo de 2021, tres años después de vivir sus días más complicados al frente del puesto. Aunque en un principio respondió con tibieza en una controvertida rueda de prensa donde defendió la integridad de la expresidenta de la CAM y los responsables de la falsificación, pronto inició una investigación interna y acabó confirmando el fraude.

Pese a ello, en su mandato la URJC ha atravesado turbulencias, comenzando con una huelga de estudiantes contra las “prácticas mafiosas de la universidad” en el curso 2018-19, en la que el alumnado llegó a ocupar el edificio de rectorado. Destacan además un caso de acoso sexual en el que no se aplicaron los protocolos oportunos, el enfrentamiento legal con el Instituto de Danza Alicia Alonso o las críticas a la gestión de las clases durante la pandemia, con una importante supresión de la docencia presencial en el curso siguiente al confinamiento también para los estudiantes de primero. Esto dificultó enormemente su introducción en la vida universitaria.

Precisamente en otoño de 2020 Clara (20) comenzó sus estudios en el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública con Periodismo. Su día a día transcurre en la Facultad de Políticas y Jurídicas de Vicálvaro, esa misma que era un auténtico hervidero hace ya cinco años en torno la estatua del Cervantes (ideal para una situación tan quijotesca).

Cuenta que eligió estudiar aquí porque le pilla bien desde su casa y porque le interesaba compaginar esas dos carreras (lo de la URJC con los dobles grados es una historia de amor que empieza a torcerse). Sin embargo, no niega que una tormenta mediática como la del caso Cifuentes “te hace pensar y replantearte cosas”. Afirma estar satisfecha de momento, “especialmente con los compañeros”, aunque “todo se puede mejorar”. Que así sea, siempre que no haya falsificaciones mediante.

Cristina Cifuentes logró salir indemne judicialmente en su batalla por el caso máster, pero la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aún sigue pagando los platos rotos por el desprestigio que provocó el amaño de las notas de la exmandataria popular. Cuatro años después de que se destapara cómo la expresidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo de forma fraudulenta su título en Derecho Autonómico por la URJC, las cifras de alumnos matriculados se han resentido, especialmente en los másteres.

Según datos del Portal de Transparencia de la propia universidad, desde el año académico 2017-2018, cuando estalló el caso, las cifras de alumnos matriculados en estos posgrados descendieron notablemente. La Universidad tenía 5.885 alumnos matriculados en másteres en marzo de 2018, cuando elDiario.es reveló el caso Cifuentes; hoy son 3.525, según los datos provisionales del curso 2021-2022. La caída es de 2.360 estudiantes. Dicho de otra forma, la URJC ha perdido el 40% de su alumnado de esta etapa en cuatro años.

La caída se registra principalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (precisamente a la que pertenecía el máster de la expresidenta), que perdió la mitad de su alumnado (de 4.639 a 2.315 estudiantes) desde el curso en que estalló el escándalo. El resto de ramas se mantuvieron constantes o sufrieron leves cambios en el número de matriculados.

Desde la URJC atribuyen esa caída de alumnos a la desadscripción de centros que ofertaban algunos másteres, como el EAE o ESIC. Sin embargo, la universidad no ofrece datos que respalden que una caída de casi la mitad del alumnado se deba a la pérdida de estos dos centros. Fuentes del centro también explican que la pandemia de COVID-19 ralentizó muchos de los acuerdos con alumnos extranjeros –que suponen se irán retomando poco a poco– aunque esto sucedió dos años después del caso Cifuentes y la caída de alumnado ya se había producido. En cualquier caso, justifican que todo se enmarca en un proceso de racionalización voluntario del centro. “Se mantienen las ratios que se quieren mantener. No es que los alumnos no vengan, sino que ya nos va bien como estamos”, aseguran.

Pero tras las primeras explicaciones sobreviene la crisis de imagen que ha supuesto el máster regalado a la expresidenta, de la que el centro es consciente, y la posterior gestión del escándalo: “No nos engañemos. La universidad tiene un historial y para subir su reputación solo sirven los hechos. Puedes contar muchas historias pero lo que vale es lo que haces”, reconocen fuentes de la universidad.

El caso Cifuentes dañó la imagen de la Universidad, como admite el propio centro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, hoy tertuliana, acabó dimitiendo tras acreditarse que sin ir a clase y sin presentarse a los exámenes, la Universidad expidió de forma irregular su titulación y que incluso se modificaron algunas de sus notas académicas. Después, para corroborar el relato de que la exdirigente del PP había defendido correctamente su trabajo final, se elaboró un acta de TFM falsa. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a Cifuentes, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. El fallo de la sentencia concluía que no se podía probar ninguna intervención de la expresidenta en la fabricación del acta. Según los magistrados, no se acreditaba que Cifuentes “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”, pero en cambio sí condenaron a dos años de cárcel a una profesora y a la exasesora de Educación del Gobierno regional.

Consecuencias también en los grados

Los grados también han sufrido el golpe. Las preinscripciones para grado como primera opción para estudiar en la URJC se vieron afectadas desde el curso académico 2018-2019, aunque no sufrieron tantas bajas como los que luego se matricularon efectivamente como primera opción, que desde el curso 2017-2018 hasta 2021-2022, cayeron casi un 18%.

Los matriculados como primera opción son aquellos que, tras terminar la prueba de Selectividad, desean acceder a la URJC como opción preferente, por lo que se puede intuir que la universidad pagó también en este nivel las consecuencias del escándalo. Sin embargo, los datos del total de alumnos matriculados en grado apenas varían en comparación a la abismal caída de los matriculados en máster.

En paralelo se ha producido, a tenor de los datos, el movimiento contrario con el profesorado contratado: la suma de personal docente ha aumentado desde el curso 2017-2018 a la vez que descendía el número de estudiantes. Así, a diciembre de 2021, había un total de 788 contratados de personal PAS (personal de administración y servicios) y 2.615 de PDI (personal docente e investigador). Tres años antes en pleno escándalo Cifuentes, había 671 empleados PAS y 2.126 PDI. Esto supone que hay 606 profesores más ahora.

Ante el incremento de profesorado, la URJC informa que el rector manifestó en el plan estratégico 2020-2025, su voluntad de mejorar la calidad de la enseñanza incrementando la relación profesores/estudiantes entre otras medidas. Desde la URJC dicen estar asumiendo mayormente el control de lo que se hace desde la propia universidad y segmentando las áreas de conocimiento para “esforzarse en la transparencia y la calidad de la universidad”.

El conflicto entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el centro artístico que imparte titulaciones oficiales con el sello del campus madrileño se enquista en los tribunales. La Justicia ha desestimado la resolución del Rectorado, liderado por Javier Ramos, emitida en septiembre de 2020 y por la que requirió a la Fundación de Danza ‘Alicia Alonso’ que se abstuviera de realizar cualquier actividad relativa al grado universitario sobre Artes Visuales y Danza que se da en las instalaciones de la Universidad desde 2002.

La Justicia rechaza ahora la decisión del rector porque considera que se ha incurrido en la nulidad del procedimiento. Se ha “prescindido total y absolutamente” de los “trámites legalmente establecidos”, según la sentencia, a la que ha accedido elDiario.es, y que ha sido recurrida por la URJC.

El embrollo administrativo estalló en el curso 2018/19, cuando la Universidad quiso retomar la gestión de estos estudios. En los meses posteriores, la URJC llegó a emitir una resolución para que la fundación –que gestiona el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso (ISDAA)– desalojase los locales de la Universidad e impidió a los profesores del centro artístico el acceso a las aulas. Aquella primera resolución, que también fue desestimada, es el origen de un proceso que se ha enquistado a lo largo de los años con decisiones judiciales que han ido dando la razón alternativamente a las dos partes. Esta última batalla la ha ganado el ISDAA.

La relación “se torció en 2019”

“A lo largo de la historia hemos tenido una relación muy cordial [con el Rectorado]. Se torció en 2019 y no sabemos por qué”, reconocen fuentes del ISDAA. El centro educativo lleva dos décadas vinculado a la URJC mediante la firma de un convenio, que fue ratificado en junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid. 

Su origen está vinculado al empeño de un consejero del PP (Gustavo Villapalos) a principios de los 90 por impulsar con dinero público el centro privado de danza Alicia Alonso. Esta institución educativa se materializó al otorgarle, tras otros pasos intermedios, la gestión en la URJC del grado de Artes Visuales y Danza a cambio de un pago anual. Actualmente, la URJC desembolsa por este concepto 960.000 euros al año. 

La dirección del instituto ha intentado encauzar la situación, recurriendo incluso a “mediadores y gente de prestigio en la Universidad para conseguir una entrevista con el gerente general”, detallan las fuentes consultadas. Intentos que no han surtido efecto porque actualmente “no hay diálogo” entre las direcciones de Rectorado y el centro artístico.

El rector renunció a que ese centro continuase en terreno de la URJC impartiendo y emitiendo títulos oficiales, tal y como publicó elDiario.es en enero de 2020. En ese momento, fuentes oficiales de la Rectorado aseguraron a esta redacción que no querían “seguir poniendo el dinero, sin controlarlo, en un instituto que es el único que opera dentro de sus instalaciones, con un título que es de la propia Universidad”. Pero un juez impuso medidas cautelares y le impidió recuperar la gestión de los estudios.

La URJC se ampara en una sentencia previa

Desde la URJC justifican su actuación. Fuentes oficiales del centro aseguran que consideran que “todos los convenios que regían la relación entre la Fundación y la URJC perdieron vigencia”. Y se amparan en otra sentencia, emitida el 3 de diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en esta ocasión falló a su favor.

Los magistrados del TSJM se pronunciaron hace un año sobre esas medidas cautelares impuestas por un juzgado de primera instancia para paralizar aquel primer intento del Rectorado de recuperar la gestión de los estudios. En esa resolución, de 2019, la dirección de la URJC requería que fuese la Universidad la que asumiese de forma exclusiva la docencia de las titulaciones oficiales que impartía el instituto. La decisión judicial concluyó entonces –aunque ya a toro pasado, por lo que no tuvo efecto– que “la prolongación” del convenio firmado por las dos instituciones educativas se excedía “del objeto del recurso contencioso administrativo” presentado en ese momento por la fundación.

Un año después de aquel primer intento que no fructificó, ya en septiembre de 2020, la URJC repitió procedimiento administrativo. Mediante un burofax informó a la fundación que pasaba a impartir en exclusiva el grado de Artes Visuales y Danza a partir del curso 2020/21. Fuentes oficiales de la URJC explican que al considerar que ya no estaba vigente el convenio que amparaba la relación entre las instituciones educativas “debía ser la Universidad la que impartiera con sus propios medios los títulos” oficiales. El ISDAA recurrió el procedimiento de esta decisión y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 32 de Madrid ha fallado ahora a su favor.

El magistrado considera que la actuación del Rectorado no ha sido ajustada a Derecho. La sentencia determina que la dirección de la Universidad “carece de competencia material para disponer la desadscripción” del ISDAA y la URJC. Asimismo, recuerda que los estatutos de la URJC determinan que es la Comunidad de Madrid –“bien por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de ésta”– la administración encargada de realizar la desadscripción de un centro privado y una universidad pública. 

“En el supuesto analizado no se ha cumplimentado ninguno de estos dos trámites [propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y el informe previo favorable del Consejo Social], tratándose, por el contrario, de una decisión adoptada unilateralmente y a título individual por el Rectorado”, detalla el magistrado. 

El magistrado recuerda que la URJC aludía al centro como adscrito

La sentencia es un varapalo judicial para la forma de proceder de la dirección de la URJC en este asunto. En ella, se expone que el Rectorado del campus público ha “prescindido total y absolutamente” de los “trámites legalmente establecidos”. Sin embargo, la URJC sostiene que “el acto administrativo anulado es acorde con el ordenamiento jurídico”.

En su defensa, la URJC considera que “la mera suscripción de un convenio no supone la adscripción legal de un centro privado” a un campus público. Es una argumentación que desmonta el magistrado. Para ello, destaca que en los presupuestos anuales el Rectorado no ha dudado “en calificar dicho Instituto Superior de Danza como un ‘instituto adscrito’ a la Universidad, no pudiendo ahora la propia Universidad demandada desconocer tales manifestaciones”. 

En esa misma línea, el magistrado tampoco ampara la petición de desalojo de los locales propiedad de la URJC. En los fundamentos jurídicos destaca que la URJC ratificó un convenio en 2001 en el que se establecía que “la sede del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos radicará en la Comunidad de Madrid y será procurada por la Consejería de Educación”. 

Ante esta situación, la Justicia también tiene en cuenta que “en ejecución de lo acordado” – “sin cambio de titularidad pero reconociendo su derecho de uso y disfrute compatible con el de la misma Universidad”– la memoria de verificación describe “las instalaciones del campus de Fuenlabrada como medio material para la impartición del grado de Artes Visuales”.

960.000 euros anuales para cubrir la docencia

Otro conflicto abierto es el pago anual de 960.000 euros de las arcas públicas al centro de danza por la docencia vinculada a la URJC. La sentencia explica que “esa cantidad no implica gasto alguno para la Universidad, pues se paga con cargo a los precios de matrícula que abonan los estudiantes”. Sin embargo, tal y como apuntan fuentes vinculadas al ISDAA, en los últimos años el pago de esa cantidad se ha retrasado y solo se ha realizado mediante sentencia judicial.

Así está sucediendo este curso, en el que el abono de esa cantidad “se está discutiendo en el marco de la ejecución provisional” de la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 32, apuntan fuentes de la URJC. Desde el instituto explican que esta situación ha impactado en el día a día de su plantilla. “Ha habido años” en los que los profesores “han estado” sin cobrar “dos meses” y otros “cuatro meses”, inciden fuentes del ISDAA. Y resumen: “Es un sinsentido lo que está ocurriendo desde 2019”.

La justicia ha archivado la denuncia presentada por la Fiscalía contra Fernando Suárez, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que tuvo que abandonar en 2017 el puesto después de que elDiario.es desvelase que había copiado en al menos once ocasiones a otros académicos en sus publicaciones. La Audiencia Provincial de Madrid considera que después de “la larga instrucción practicada no resultan indicios de haberse obtenido por el señor Suárez beneficio punible con la publicación de las obras”, según el auto emitido el 23 de noviembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El catedrático tenía abierto un procedimiento judicial por un presunto delito contra la propiedad intelectual, que fue archivado por la vía penal en diciembre, según confirman fuentes conocedoras de la causa. La sección número 23 de la Audiencia Provincial ha sido menos contundente contra la actuación académica de Suárez que el juzgado de instrucción que investigó la causa y la prueba pericial encargada por ese juzgado. En ese último informe se llegó a plantear que podía “afirmarse con toda seguridad que los textos de Don Fernando Suárez Bilbao incluidos en los cotejos contienen múltiples e innegables coincidencias no casuales con los textos de los autores señalados en las diligencias”.

Por su parte, el magistrado de instrucción llegó a asegurar que existían “indicios sólidos de la conducta de plagio”, aunque también abogaba por el archivo de la causa porque descartaba que existiese ánimo de lucro por parte del catedrático de Historia del Derecho en la URJC. En ese auto se destacó que “el propósito” del exrector “al plagiar obras ajenas” no era “obtener un beneficio económico”, “sino realizar una carrera profesional a costa del esfuerzo intelectual ajeno”.

Tras un recurso del Ministerio Público, el caso llegó a la Audiencia Provincial, que ha optado por cargar contra la prueba pericial y cuestionar las afirmaciones sobre los “indicios sólidos de la conducta de plagio”. “No ha resultado justificado de la pericial practicada que esa semejanza en los párrafos con los textos que el perito destaca en su informe justifique la existencia de indicios racionales de criminalidad para entender cometido el delito del artículo 270.1 [delitos relativos a la propiedad intelectual] del Código Penal”, apunta el tribunal.

La prueba pericial encargada por el juzgado de instrucción consideró “acreditado de forma indiciaria que el investigado sr. Suárez en 15 libros o artículos, ha plagiado sustancialmente su contenido, al copiar literalmente varias páginas de artículos y libros de otros autores, sin citarlos expresamente”, según recoge el auto emitido en septiembre por el juzgado de instrucción número 35.

Esta afirmación es desmontada por la Audiencia Provincial, que defiende que la “semejanza en los párrafos, no casuales con los textos de los autores señalados en las diligencias no concluyen ni mucho menos el plagio de la obra publicación o texto objeto de análisis y mucho menos que firme tales publicaciones el investigado como propias no siéndolo”. El tribunal destaca que “el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales”. 

Mantiene plaza en la URJC

Suárez tuvo que abandonar el puesto de rector debido a la publicación en elDiario.es de al menos once casos en los que había copiado a otros autores. Entre los casos desvelados por esta redacción se encuentra el copia y pega de la tesis de una alumna de la Complutense, también copió a su propio padre, a un profesor de Harvard, a un historiador y rabino de la Universidad Hebrea de Jerusalén o a un exdirector de la Real Academia de la Historia. Por todo ello, Suárez tuvo además que dimitir como vocal de la Conferencia de Rectores, como académico de la Real Academia de la Historia y como director de un prestigioso anuario que publica el Ministerio de Justicia. Actualmente, Suárez mantiene plaza como funcionario, según confirman fuentes universitarias. De hecho, tras desvelarse el escándalo, en 2019 recibió un plus de 2.000 euros por sus “méritos” en la investigación.

El tribunal que ha dictado el auto carga contra las conclusiones del análisis pericial realizado. Por un lado, los magistrados destacan que no se puede “concluir la existencia de indicios racionales de criminalidad de la comisión de un delito contra la propiedad intelectual por el hecho de existir semejanza entre párrafos de textos de historia o artículos sobre el tema a tratar”. Por otro lado, apuntan que no pueden “saber a la vista del citado informe pericial la concurrencia de los dos presupuestos que al menos deben de darse en vía civil para entender la existencia de plagio y es que lo plagiado sea original y relevante”

La “ausencia de rigor” no se puede asumir como plagio

Y finalmente concluyen que echan de menos “una pericial comparativa de los textos” analizados. “La transcripción de una frase ajena, sin la correspondiente nota a pie de página, evidencia una ausencia de rigor en el autor, pero no es incardinable sin más en la figura del plagio típico, que si (sic) lo sería en cambio la reproducción sustancial de parte de un texto ajeno incorporado a la obra propia, la abierta suplantación de la personalidad de un autor respecto de su obra”, añaden citando a varios autores. 

Otro de los puntos en el que se detienen los magistrados es la existencia o no de lucro en la actuación de Suárez. El tribunal concluye que “no parece deducirse” la “existencia directa de un rédito económico; a lo que hay que añadir, que de los distintos perjudicados sólo dos mantienen su personación en actuaciones”.

La defensa del exrector incidió en ese punto para impugnar el recurso de la Fiscalía. Su abogado destacó que Suárez “no ha percibido cantidad alguna” por las publicaciones investigadas, con la salvedad de 1.400 euros “que cobró de una obra publicada por la Editorial Planeta para la que contaba con la pertinente autorización que le había dado su padre”. 

El catedrático “niega tajantemente haberse atribuido como propios artículos y libros escritos por otras personas, sin perjuicio de que en alguno de ellos hubiera coincidencias con el contenido de obras de terceros autores”, según consta en el último auto emitido por la Audiencia Provincial. 

Para la Fiscalía la conducta de Suárez fue “defraudatoria”

Ante el archivo decretado por el juzgado de instrucción, la Fiscalía se opuso a esa decisión, llegando a calificar la actuación de Suárez como una “conducta defraudatoria” centrada “en presentar como méritos propios las obras plagiadas”, tal y como figura en el recurso emitido en octubre, al que ha accedido esta redacción. Asimismo el Ministerio Público insiste en que “sí concurren los requisitos exigidos por el artículo 270 del Código Penal”, porque las editoriales publicaron ejemplares de los libros del exrector de la URJC. 

Al confirmar el sobreseimiento de la causa, la Audiencia expone que toma esa decisión “sin perjuicio de la reserva expresa de acciones civiles a las partes que se consideren perjudicadas”. Sobre el enjuiciamiento de estos hechos por la vía penal, el tribunal destaca que “sólo se incluirán” en este ámbito “las conductas que ostenten una cierta entidad por su potencialidad dañosa quedando relegadas al ámbito civil las demás”.

El abogado que ha representado a los herederos de Víctor Fairen, un académico ya fallecido, cuyos familiares se personaron en la causa, explica que su cliente acepta la sentencia “dentro del marco de la legislación española”, si bien “se lamenta de la falta de una respuesta de la Universidad URJC, que no debería haber dejado impune este tipo de actuaciones, penalizado de forma contundente en otros países”. Para el letrado Jaime Doreste el resultado de este caso es un ejemplo “de lo que decía el filósofo griego Anacarsis: la ley es una tela de araña que atrapa a las moscas y deja pasar a los pájaros”.

“El sobreseimiento se produce porque se entiende que el delito contra la propiedad intelectual requiere un expreso ánimo de lucro. Termina siendo un delito que no se aplica contra gente que ha fundado una carrera académica a base del trabajo de otros, pero a quién sí pilla es a aquellos que, por ejemplo, tienen un locutorio y no pagan las licencias”, lamenta Doreste. Por su parte, el abogado que ha defendido a Suárez asegura que él y su cliente hacen suyos los “acertados asertos y fundamentos legales” de la Audiencia Provincial.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha sancionado al fundador y director de la orquesta y coro del centro, A.P., por la “comisión de una falta de carácter continuado de grave desconsideración con los administrados” y le ha impuesto un castigo de cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo. En un principio fue investigado por un presunto caso de “acoso” por “abuso de superioridad”, según confirmaron fuentes universitarias a elDiario.es en diciembre, aunque finalmente en la resolución emitida no se menciona el acoso. 

La investigación se inició en el mes de junio y se ha hecho sin un protocolo de acoso sexual del que la Universidad aún carece. En ese procedimiento varias alumnas coincidieron “en señalar que recibían numerosos comentarios afectuosos” por parte de A.P., en los “que elogiaba su aspecto físico”, según la documentación revisada por esta redacción. Los responsables de la instrucción escucharon a las comparecientes y tuvieron acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron con el expedientado.

“Eres nerviosa, lo sé, te ayudaré a relax...”, “eres muy guapa”, “me caes muy bien”, “yo creo que caes bien a la gente mayor que tú”, “no sabes cuánto te aprecio”, “mmm chica inteligente”, “sales muy bien en la foto”, “dónde compras esas medias… Me encantan” o “qué pasa, tienes miedo?” (sic), son algunos de los mensajes que las alumnas facilitaron en este procedimiento, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Actualmente, el trabajador del campus madrileño se encuentra en excedencia, aunque sigue figurando como responsable de la orquesta en la web de la agrupación universitaria. 

La URJC ha analizado el comportamiento que el profesional investigado ha tenido en un amplio periodo de tiempo, concretamente en los años 2015, 2018 y 2019, siempre según la documentación revisada por esta redacción. En la instrucción, los funcionarios detectaron — entre la documentación aportada — comentarios enviados de madrugada a las alumnas por el trabajador de la URJC o que el investigado sabía dónde vivían algunas estudiantes sin que ellas se lo hubiesen comunicado. Asimismo, en algunos casos los instructores observaron que llegó a proponerles “clases particulares” individuales.

En el periodo investigado, al menos dos alumnas expusieron a la Universidad que el profesional les propuso “vestirse de country” llegando a enviarles fotos de otras mujeres disfrazadas de esa temática, recoge la información consultada por esta redacción. En conversación con esta redacción en el mes de diciembre, el expedientado aseguró que esos disfraces forman parte de “teatros musicales”, que incluyen “danza, vestuario y música”, al tiempo que negó que propusiese esas pruebas de forma individual. “Lo que solemos hacer son [ensayos] en grupo”, añadió.

Tras la imposición de la sanción, A.P. ha rechazado atender a elDiario.es. En diciembre aseguró que en la instrucción se aportaron “cosas que no son verdad”. Aún así, reconoció algunos mensajes y se limitó a plantear que “se han sacado de contexto”. “La verdad es que pido excusas, pido perdón”, expuso tras ser repreguntado sobre la pertinencia de los comentarios enviados a sus alumnas. 

El investigado, que es funcionario y tiene una plaza como personal de administración y servicios, se encuentra de excedencia. En caso de que se reincorpore “se ejecutará la sanción”, apuntan fuentes universitarias. En el año 2000, A.P. fundó el coro y la orquesta de la Universidad Rey Juan Carlos, también ha dado clase en el máster de Creación Musical en el mismo centro, como recoge la web de esta actividad de extensión universitaria. Los alumnos pueden recibir créditos universitarios por participar en ella, según explican las estudiantes consultadas. En noviembre de 2019 la Universidad entregó un reconocimiento a A.P. por su “enorme labor al frente” de las agrupaciones musicales, coincidiendo con el vigésimo aniversario del nacimiento de esos grupos.

Para una de las alumnas que impulsó la investigación la sanción impuesta “es ridícula”. “Están minimizando el problema”, asegura. Considera que la base del problema es que en la URJC no existe un protocolo de acoso sexual y para emitir la resolución los funcionarios del campus “se han ido pasando la bola”. Desde el momento en el que elDiario.es informó sobre la incoación del expediente les “dejaron abandonadas”, asegura. “No volvimos a saber nada, no recibimos ningún tipo de ayuda”, insiste. 

A pesar de haber sido parte en el procedimiento, porque dirigió un escrito y declaró ante la inspección de servicios, no ha tenido acceso al contenido íntegro de la resolución, solo le han comunicado en qué consiste la sanción. “Hasta que no me quejé al defensor universitario, no me lo notificaron”, insiste. “Nos sentimos bastante desoladas e impotentes. Sentimos más que hemos perdido, que ganado”, añade.

Hace un año, cuando se conoció que otro profesor estaba siendo investigado por acoso, esta redacción informó de que la URJC es una de las universidades públicas que no tiene un protocolo específico contra el acoso sexual a pesar de que la ley le obliga a ello desde 2007. En ese momento, el rectorado aseguró que actualizarían la estrategia para combatir contra el acoso. 

Actualmente, el protocolo específico no ha sido implementado. En diciembre fuentes universitarias aseguraron que la nueva estrategia llegaría al Consejo de Gobierno en enero de 2021. Ahora, en mayo de 2021, estas mismas fuentes estiman que “antes del verano se aprobará una reforma” que regule el acoso sexual.

El catedrático Javier Ramos ha revalidado su mandato al frente de la Universidad Rey Juan Carlos y se ha impuesto de forma muy ajustada a Rafael Van Grieken, también catedrático de la URJC, y consejero de Educación del Gobierno de Cristina Cifuentes cuando estalló el Caso Máster. El vencedor de estas elecciones también tuvo protagonismo en este escándalo, ya que él estaba al frente de la Universidad cuando elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un máster con notas falsificadas.

La comunidad universitaria ha respaldado al rector actual y asumirá un segundo mandato al frente de la universidad pública madrileña. Ramos ha obtenido el 51,12% del voto ponderado, frente al 48,88% de apoyos cosechados por Van Grieken. Como ya sucedió en la primera vuelta, la participación ha variado dependiendo del colectivo universitario. Este jueves solo el 5,29% de los alumnos han acudido a las urnas. Entre los docentes los porcentajes son superiores. El 88,67% de los miembros del denominado 'sector a' — profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente — ha participado en estos comicios. Por su parte, 58,20% de los profesionales del 'sector b', personal docente e investigador, también han votado. La tendencia ha sido mayor (84,86%) entre los profesionales de administración y servicios. No vale lo mismo el voto de estos colectivos, el de los profesionales del sector a y los alumnos tienen una mayor ponderación que el resto. Desde la URJC no han facilitado todavía el número de votos recibido por cada uno de los candidatos.

En una entrevista publicada hace un par de meses por elDiario.es, Ramos exponía algunas de las claves de su mandato, más allá de su gestión del Caso Máster. “Creo que he demostrado que el equipo que tenemos es capaz de transformar una organización tan compleja como es la Universidad. Hemos pasado de no aparecer a estar en el ránking de Shanghái, de no tener transparencia a ser número uno en transparencia, en empleabilidad y en investigación”, indicó el rector de la URJC. El catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que ha renovado su mandato, pretende consolidar en este segundo periodo al frente de la Universidad el programa implementado durante sus cuatro años al frente del rectorado.

A Ramos el Caso Máster le estalló cuando llevaba poco más de un año en el cargo. En un primer momento avaló a Cifuentes y a Enrique Álvarez Conde, director del posgrado de la expresidenta, aunque finalmente terminó llevando la investigación interna promovida por la Universidad a la Fiscalía. La confesión de la profesora Alicia López de los Mozos fue el punto de inflexión del cambio de actitud del máximo responsable del campus. “Lo que pasó con Cifuentes tuvo un coste altísimo para nuestros estudiantes”, reconoció en la entrevista concedida a elDiario.es.  

Van Grieken no descarta “ejercer” su “derecho a reclamaciones”

Ramos ha asegurado, tras conocer los resultados, que a su candidatura le “ha perjudicado” la baja participación entre los alumnos y achaca a esta situación la escasa diferencia de votos que se ha producido entre los dos candidatos. “Ha habido una respuesta contundente de la universidad en positivo por el trabajo realizado en los últimos cuatro años”, ha destacado.

Por su parte, desde la candidatura de Van Grieken aseguran que todavía no pueden “tomar una postura definitiva” porque el exconsejero de Cifuentes tiene “más de 500 votos a su favor” y ha ganado en tres de los cuatro sectores que fueron llamados a las urnas. “Está esperando que la Junta Electoral Central publique los resultados, y que a la vista de esos resultados y las irregularidades que se hayan podido producir consideraremos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a reclamaciones”, apuntan desde el equipo del candidato a rector.

El caso Máster revive en las elecciones al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El rector que gestionó aquella crisis y el responsable de Educación del Gobierno de Cifuentes cuando estalló el escándalo se verán las caras en los comicios que se celebrarán el 3 de marzo. Rafael Van Grieken, exconsejero autonómico de Educación y catedrático de la URJC, anunció su candidatura en redes sociales un día después de que se conociese la sentencia del tribunal que ha absuelto a Cifuentes, la que fue su jefa durante más de dos años. 

Ese mismo fallo —conocido este lunes— ha condenado a tres años de cárcel por un delito de falsificación de documento público a María Teresa Feito, una de sus asesoras en la Consejería de Educación, situada en la calle Alcalá, a escasos metros de la Puerta del Sol. La sentencia reconoce la “participación activa” de esta docente de la URJC en la elaboración de una coartada para Cifuentes —que terminó siendo un acta falsa que acreditase que había presentado su Trabajo Final de Máster— pocas horas después de que elDiario.es publicase el 21 de marzo de 2018 que la expresidenta había obtenido un posgrado de forma irregular. 

“Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, fueron las palabras que Feito trasladó esa mañana a la profesora Cecilia Rosado, según declaró esta última ante el tribunal el pasado 18 de enero. En sede judicial, Feito reconoció que conoce al que fue su jefe desde hace más de 20 años, cuando los dos eran profesores de la recién estrenada Universidad Rey Juan Carlos. Fue Van Grieken quien le propuso incorporarse a su equipo como especialista en asuntos de bilingüismo, ya que ella está formada en Filología Inglesa y también tiene plaza en la Universidad. 

Exasesora condenada a tres años de cárcel

“Esa mujer estaba presente en nuestras reuniones del acuerdo educativo. Era una de sus asesoras más directas”, apuntan fuentes sindicales consultadas por esta redacción sobre la relevancia de Feito en la Consejería de Educación de Van Grieken. El candidato, por su parte, evita pronunciarse sobre la condena a su exasesora. “Mi opinión no es relevante”, indica a elDiario.es, para destacar posteriormente que su antigua subordinada “va a recurrir” la sentencia. 

A pesar de que hace dos semanas que acabó el juicio, que la sentencia se conoció este lunes y que en ella se condena a tres años de cárcel a una de sus asesoras, Van Grieken trata de que la URJC y la sociedad pase página del caso Cifuentes. “Hay que pasar ya capítulo a la gestión de aquellos momentos”, destaca. “Esos meses no fueron fáciles para nadie. Una situación de incredulidad manifiesta. Para mi es impensable muchas de las cosas que sucedían. Creo que la Universidad ha puesto todo lo necesario para que ese tipo de comportamientos no se vuelvan a producir”, recuerda el exconsejero sobre los meses en los que se prolongó el caso Máster, que trata de limitar a un suceso “puntual”.

Van Grieken asegura que es capaz de llevar a cabo un “proyecto ilusionante”, a pesar del papel que tuvo en el Gobierno de Cifuentes cuando estalló el caso. “Llevo en la URJC desde 1998. La gente sabe de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mi prestigio. Son capaces de aislar ese asunto con respecto a mi candidatura. Tenemos que hablar de futuro, de proyecto. Sé cómo hacerlo. Tengo una experiencia dilatada en el tablero universitario”, alega.

Este docente universitario llegó a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la mano de Cristina Cifuentes en junio de 2015. Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos, tenía experiencia en la gestión académica ya que había estado al frente de la Aneca (el organismo dependiente del Ministerio de Educación que evalúa al profesorado universitario). Llegó a una Consejería que durante los gobiernos previos, especialmente durante el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, se había situado en el centro de la polémica. 

Su antecesora en el cargo, Lucía Figar, había optado por una abrir una guerra contra los colectivos que defendían la educación pública. Posteriormente se conoció que en 2011 este departamento autonómico llegó a pagar con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Este encargo fue encomendado a uno de los principales imputados en la Operación Púnica, Alejandro de Pedro. En junio de 2015 Figar dimitió por su imputación en esta investigación judicial. 

Las organizaciones educativas destacan su carácter dialogante

La entrada de Van Grieken en la Consejería rebajó las tensiones con los colectivos educativos. Tanto organizaciones que defienden la educación pública como aquellas que abogan por la enseñanza concertada coinciden en señalar el carácter “dialogante” del candidato a rector de la URJC. “De todos los años en los que yo he coincidido con el Gobierno del PP, la época de Van Grieken fue en la que hubo mayor posibilidad de hablar y de interactuar con la Consejería”, recuerda José Luis Pazos, que estuvo durante diez años al frente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

Fuentes sindicales añaden que la llegada del catedrático de la URJC a la Consejería no marcó “una diferencia en los elementos esenciales” de la agenda del PP en lo relativo a las políticas educativas, pero destacan que en ese “periodo se firmó el acuerdo sectorial, aunque fue incapaz de generar un consenso en materia de acuerdo educativo”. Por su parte, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de padres de alumnos (Cofapa), destaca que el exconsejero mantuvo una “colaboración muy estrecha” con ellos “para la implantación de las distintas leyes”. Desde Escuelas Católicas (el brazo educativo de la Iglesia) recalcan “el perfil técnico” y su “carácter sencillo, amable y dialogante”.

A pesar de la interlocución que abrió con las organizaciones educativas, los colectivos más progresistas inciden en que “priorizó la agenda del PP”. “Se ahondó en el trato desigual a la enseñanza pública en comparación con la concertada”, lamentan fuentes sindicales. Durante su mandato se aprobó la creación de tres nuevas universidades privadas: Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), la Universidad Internacional Villanueva y la Escuela de Negocios y Centro Universitario (Esic). Ante las críticas de los rectores de universidades públicas, Van Grieken defendió que las “solicitudes” realizadas por los campus que querían impartir educación privada “cumplían los requisitos”. “Por lo tanto teníamos que darles salida”, destacó en febrero de 2019. 

Ahora que pretende dar el salto al equipo de gestión de una universidad pública, Van Grieken confiesa que “a las universidades públicas les hace falta más financiación para realizar más proyectos y que puedan hacer el papel que tienen en la sociedad”. Y asegura que en el caso particular de la URJC el primer paso para mejorar la inversión pasa por ejecutar entre el 98% y el 99% del presupuesto. “No tiene ningún sentido que 2019 se cerrase con superávit de 25 millones de euros”, apunta. Y destaca que esta es una actuación generalizada ya que en años anteriores se dejaron sin gastar 18 millones por ejercicio. 

Preguntado sobre las motivaciones que le han animado a presentar su candidatura, Van Grieken incide en ese carácter abierto a la conversación destacado por las organizaciones educativas. “A la Universidad le hace falta un nuevo rumbo, otra manera de gobernar, escuchar más a los profesores, a los estudiantes y al personal de administración y servicios. Tener un diálogo que no existe. Una discusión de distintas ideas y de las diferencias que existen en la Universidad”, responde el candidato sobre su proyecto de gestión para la URJC. Hasta que no llegue el 24 de febrero, fecha en la que se inicia la campaña, el exconsejero no puede concretar las medidas de su programa. “Ahora solo puedo dar directrices”, indica.  

Reprobado por la Asamblea de Madrid por el caso Máster

Al catedrático de Ingeniería Química y expresidente de la Aneca el mayor caso de corrupción universitaria conocido en nuestro país le pilló al frente de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma que que se convirtió en epicentro del caso, siendo subordinado de una de las alumnas afectadas y con plaza fija en la universidad en la que se produjeron las irregularidades. 

Por la gestión de este caso, el exconsejero fue reprobado por la Asamblea de Madrid con los votos de Podemos, PSOE y Ciudadanos. “Se dedicó a hacer de abogado defensor de Cristina Cifuentes en lugar de actuar como consejero de Educación, en un momento en el que los medios de comunicación pedían explicaciones por los medios y también lo hacían los estudiantes de la URJC”, recuerda Eduardo Fernández Rubiño, el diputado autonómico que promovió esa moción y que ahora forma parte de Más Madrid. 

Al desvelarse las irregularidades detectadas en el título de Cifuentes, el ahora candidato a rector de la URJC se mostró “absolutamente convencido” de que la expresidenta “asistiría a clase” del máster como cualquier alumna, de que “cumplió con todo”, informó a sus profesores de su “situación especial” como cargo público y no recibió “trato de favor”. Con el paso de los años, el avance de la investigación periodística y la judicialización del asunto, la expresidenta ha tenido que reconocer que no fue a clase, que sólo tenía interlocución con el director del Instituto de Derecho Público y que al resto de sus profesores no les conocía. La sentencia del tribunal del caso Máster constata que “el desarrollo” de la actividad académica de la expresidenta “ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.

El nombre del consejero de Educación durante el Gobierno de Cifuentes fue pronunciado por varios de los comparecientes que declararon en el juicio. El propio Van Grieken tuvo que declarar como testigo. En su intervención ante el tribunal aseguró que el día que estalló el caso no habló por teléfono ni con la que era su asesora en ese momento ni con la que era su jefa. Sí que estuvo en contacto con “Marisa González”, la que era directora de gabinete de la presidenta en aquel momento, porque “querían asesoramiento de la situación”: “Decían que teníamos que conseguir la documentación en que se habían basado en la URJC para hacer las declaraciones que se hicieron”.

El candidato a la dirección de la URJC expuso ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que el 21 de marzo de 2018 también estuvo en contacto directo con el que ahora es uno de sus rivales en las elecciones del 3 de marzo, con el rector Javier Ramos. “Le llamé en reiteradas ocasiones pidiéndole la documentación a la que había hecho alusión en esa rueda de prensa”, alegó en el juicio, en alusión a la comparecencia que realizó Ramos junto a dos de los profesores de Cifuentes ese 21 de marzo para asegurar que no existían irregularidades en la obtención del máster de Cifuentes. 

Ramos y Van Grieken, viejos conocidos

“La documentación que estaba digitalizada la remitimos a la Secretaria del consejero de Educación según la vamos teniendo”, replicó ante el juez el rector actual, que se presenta a la reelección. Van Grieken justificó su insistencia en localizar los documentos que justificaban el buen hacer académico de Cifuentes porque el asunto “afectaba al Gobierno regional”, la alumna cuestionada “era la presidenta de la Comunidad de Madrid”, “y por supuesto, se ponía en entredicho el comportamiento de las universidades públicas”, apuntó. Reviviendo la actuación de aquellos días, Van Grieken asegura que “nunca” puso en duda que lo que les estaban enviado no tuviese el aval de la Universidad. “Creo que muchas veces estas cosas se analizan con el paso del tiempo sin realmente ponerse en la situación”, destaca. 

Van Grieken y Ramos se vuelven a ver las caras en las elecciones al rectorado de la URJC. Son viejos conocidos. A pesar de que pertenecen a especialidades distintas —Van Grieken es químico y Ramos es Ingeniero de Telecomunicaciones— el primero fue miembro del tribunal que le otorgó la cátedra al segundo. Los dos fueron también compañeros en el equipo Pedro González Trevijano, cuando el actual magistrado del Tribunal Constitucional estuvo al frente de la Universidad pública madrileña. En ese momento, cada uno asumió un vicerrectorado. De hecho, el último año en el que el exconsejero de Educación de Cifuentes estuvo al frente de ese departamento coincidió con el curso en el que la expresidenta obtuvo el título sobre derecho autonómico. Junto al rector y al exconsejero de Educación tres candidatos más concurren en estos comicios: los catedráticos Marta Losa, Enrique Cabello y Joaquín Rams.

Cristina Cifuentes ha expuesto este viernes ante el juez su peculiar experiencia universitaria en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). No iba a clase, no conocía ni a sus profesores ni a sus compañeros, no intercambiaba correos electrónicos con el director de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), no ha hecho referencia a apuntes, su secretaria era la encargada de intermediar con la URJC para fijar la fecha de entrega del TFM y los trabajos llegaban a la Universidad a través de un familiar, personas de su equipo o empresas de mensajería. 

“Me ha parecido un despropósito. Básicamente echa por tierra las pautas de esfuerzo y estudio que todos tenemos que seguir”. Así ha resumido Natalia Gómez, graduada en Historia y Periodismo por la URJC, la declaración judicial de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como imputada por un delito de falsedad en documento oficial por instigar la elaboración del acta de su TFM, después de que elDiario.es desvelase que obtuvo un posgrado con notas falsificadas.

La experiencia de Leda D. por los pasillos de la URJC no tiene nada que ver con lo que ha expuesto Cifuentes este viernes en sede judicial. “Mi máster fue duro. Me acuerdo de todos los trabajos que realicé. Obviamente, no coincide la forma de entrega de esos documentos. Nosotros los subíamos a una plataforma”, reseña esta economista que terminó en 2019 un posgrado sobre Big Data en el campus de Quintana de la Rey Juan Carlos. No es el único título que acompaña a la licenciatura de esta antigua alumna de la URJC. En su currículum hay varios. En 2005 comenzó a cursar másteres y de todos ellos conserva los trabajos y los apuntes. Un relato diferente al de Cifuentes, que ha asegurado que no guarda esos ejemplares. “No he encontrado ni mi primer borrador de tesis doctoral”, ha destacado la expresidenta autonómica.

“Parece que ella ha hecho un máster en una academia y yo lo he hecho en Harvard. Todos los trámites que yo he seguido han sido mucho más serios. Sinceramente, no parece que hayamos estudiado en la misma Universidad”, sentencia Leda D., que no comprende el desconocimiento de los procedimientos académicos expuesto este viernes en el juicio ya que la política retirada es funcionaria de una universidad pública. 

Cifuentes tiene una plaza en una universidad pública

Más allá de su carrera política, la única experiencia laboral que figuraba en el currículum que la exlideresa del PP tenía publicado cuando estaba al frente de la Comunidad se limitaba al mundo educativo. Esa pequeña biografía recogía que Cifuentes “pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores” de la Universidad Complutense. Además, destacaba que la expresidenta regional estaba “vinculada al mundo universitario” y había “desempeñado distintas responsabilidades institucionales en las universidades Complutense, Carlos III y Rey Juan Carlos”. 

Su hermana también es funcionaria en la URJC, como la propia imputada ha expuesto este viernes ante preguntas de la fiscal. Aún así, a pesar de ese contacto directo con la burocracia universitaria, Cifuentes ha defendido a lo largo de dos horas de declaración que le permitieron matricularse fuera de plazo, que no presentó dispensa académica para no acudir a clase y no ha sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando, siempre según su versión, lo había superado en julio de ese año.

La coartada escogida por Cifuentes no ha sido bien acogida por la comunidad universitaria. El catedrático de Ecología Adrián Escudero es contundente. Asegura que la declaración de la política retirada “no merece ninguna discusión”. “Una persona que se matricula en un máster oficial sabe el esfuerzo tanto económico como de trabajo que implica. Hay una guía de evaluación en la que se exponen cuáles son los pasos. Todo el mundo sabe en qué consiste la defensa de un TFM. Todo es mentira”, sentencia. Y recalca: “Es un insulto a los profesores, al personal de administración y servicios y, sobre todo, a los estudiantes a los que les cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. 

“El procedimiento soy yo”

Los privilegios académicos descritos y reconocidos por la expresidenta son criticados por Concha Mateos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC. Define como “el procedimiento soy yo” a la conducta expuesta por Cifuentes y totalmente dispar a los trámites exigidos a los alumnos anónimos. “No existe el procedimiento. Nadie conoce el procedimiento. Nadie puede dar información. Esto es altamente preocupante para la universidad y para la sociedad”, destaca. 

Se trata de un comportamiento que “está sirviendo para escudarse” a las “personas que han estado esta mañana [por este viernes] en el juicio”, alega Mateos. Ante esta situación, defiende la obligación de la administración por velar para que “todas las personas de la institución conozcan, apliquen y sigan de la manera más estricta y transparente el procedimiento”. “Es fácil querer matar al muerto”, remarca en alusión al señalamiento que se está realizando de la actuación del fallecido Enrique Álvarez Conde, responsable del instituto que impartió el máster investigado.

El juicio gira en torno a la reconstrucción del acta con el que Cifuentes trató de justificar que había defendido su TFM. El rector, Javier Ramos, que ha declarado como testigo, ha reconocido que Rafael Van Grieken, consejero de Educación del Gobierno madrileño cuando estalló el caso, le pidió “reiteradamente” el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de su jefa el día que elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un posgrado de forma irregular. Desde la Universidad accedieron y le facilitaron al Ejecutivo autonómico esa documentación, que le sirvió a la expresidenta como coartada a la que se aferró para tratar de desmentir la información publicada por esa redacción. 

“Es una anomalía que un alumno tenga un acta de una defensa de TFM. Los estudiantes no tienen acceso a esos documentos”, insiste Mateos. Con esta afirmación, expone que el trato de favor existió desde el primer momento en el que estalló el escándalo: “Las declaraciones en el juicio por una vía y por otra ponen de manifiesto que ha habido un proceder administrativo anómalo y favorecedor para Cifuentes. La universidad no ha gestionado de manera eficaz la aclaración de esta anomalía”. 

Reivindican que es un caso excepcional

Desde los despachos de la URJC tratan de limpiar el nombre de la Universidad e insisten en remarcar que lo sucedido en el Instituto de Derecho Público es una excepción. “El funcionamiento de la mayor parte de los estudios era correcto antes de que saliera este escándalo y después lo sigue siendo. Ahora es cierto que hay más regulación para que no se puedan cometer estas irregularidades, aunque antes también había supervisión”, apunta Rosa Viejo, directora del departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Esta docente asegura que en los másteres en los que ella da clase los TFM “se defienden ante un tribunal y luego hay un acta”. Este viernes Cifuentes ha reconocido que ella no realizó ese trámite. “Yo no defiendo ni leo. Entrego un trabajo y expongo las líneas generales”, ha destacado la imputada.

Por su parte, los alumnos y antiguos estudiantes continúan asistiendo a la estigmatización de sus titulaciones. “A Cifuentes no le ha importado el prestigio de la universidad para mantener su defensa. Ella se ha aprovechado de unos privilegios que le han dado desde la universidad”, reivindica Sara López, graduada en Relaciones Internacionales. Actualmente está opositando y se gana la vida trabajando como camarera. A Alba Agraz le ha sacado de “sus casillas” el relato de la expresidenta autonómica. Esta joven que a falta del TFG ha terminado la doble titulación de Ciencia Política y Economía reconoce que “las redes clientelares [de la URJC] tienen parte de culpa”, pero también apunta a Cifuentes: “Está menospreciando a una institución pública, que funciona gracias a los impuestos de los españoles”.