La directora del máster ratifica ante el tribunal que una asesora de Cifuentes la amenazó: "Si no me envías el acta la presidenta os va a matar"

Cecilia Rosado, la profesora que falsificó el acta con la que Cristina Cifuentes intentó justificar que había defendido su Trabajo de Fin Máster (TFM) ha ratificado este lunes ante el tribunal que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, María Teresa Feito, la amenazó cuando elDiario.es desveló el escándalo. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, ha asegurado Rosado que le trasladó.

"Esa frase nunca la dije", ha rebatido durante su interrogatorio Feito, que entonces era profesora en excedencia en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a quien la Fiscalía señala con quien supuestamente presionó para elaborar esa coartada. Feito ha insistido en que apenas conocía a la expresidenta y ha negado cualquier relación "personal o profesional" con ella.

Rosado ha expuesto que hubo dos personas que, en uso del poder que tenían sobre ella, la presionaron para falsificar el acta. La principal, Enrique Álvarez Conde, responsable del máster fallecido en 2019, quien ejercía sobre ella una "absoluta jerarquía" y de quien dependía su situación laboral, según ha explicado. "Me limité a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acta", ha dicho Rosado. El catedrático Álvarez Conde desarrolló parte de su promoción académica al calor del poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

La otra persona que la presionó, ha declarado Rosado, fue Feito. Rosado se ha ratificado en las declaraciones que hizo en fase de instrucción y ha afirmado que el 21 de marzo de 2018, cuando elDiario.es publicó en exclusiva que Cifuentes había obtenido el máster con notas falsificadas, Feito la llamó hasta en 15 ocasiones y le mandó cinco SMS "que probablemente eran saltos de contestador" indicándole que aquella situación tenía que resolverse.

"No era una conversación coloquial. Eran órdenes directas y en esa frase, que sucedió una vez ["la presidenta os va a matar"] , fue en un tono, desde mi punto de vista, bastante superando la asertividad. Lo podría calificar de agresivo", ha declarado Rosado. Feito, sin embargo, ha asegurado que esas llamadas fueron en tono “muy bueno” aunque sí ha reconocido que le pidió “por favor” que buscara el trabajo. "¿Qué interés tenía en encontrar el trabajo? Sigo sin entenderlo", le ha preguntado en varias ocasiones la fiscal Pilar Santos, a lo que ha respondido que era “por un interés personal de saberlo” porque Álvarez Conde le había dicho que estaba.

Previamente, el abogado de Feito había intentado restar influencia su defendida. Rosado ha insistido que Feito era amiga personal de Álvarez Conde, su jefe directo, y asesora en un Gobierno del que dependen las convocatorias laborales y los proyectos de un investigación, "que son parte de nuestra vida universitaria", ha dicho. "Sentí que me iban a hacer la vida imposible", ha añadido. Previamente había asegurado que recibió la orden "arreglar ya" la situación por parte de Álvarez Conde, que la amenazó con que, si no lo hacía, tendría "consecuencias graves a nivel laboral".

El interés de la asesora del Gobierno regional

Por su parte, Feito ha presentado su intervención en los hechos como circunstancial pese a la insistencia con la que llamó a Rosado tras conocer los hechos. Se trataba, simplemente, de instar a la profesora a buscar el trabajo porque Álvarez Conde le había dicho previamente que no había ningún problema con él. Ni Cifuentes, ni su jefa de gabinete, ni el consejero de Educación, para el que trabajaba Feito, le pidieron nunca que hiciera ninguna gestión, según ha dicho ella al tribunal. La fiscal Santos ha insistido en varias ocasiones a Feito para que explicara tanto interés en que Rosado buscara el trabajo si nadie se lo había pedido y ella no estaba en ese momento vinculada a la universidad.

Su relato pasa porque la jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, y una funcionaria de la URJC le preguntaron por los hechos el día antes de la exclusiva, cuando ya sabían que se iba a dar, y que al día siguiente ella acudió a primera hora de la mañana la universidad porque había quedado previamente para preparar una charla sobre feminismo. Ha añadido que ya el día 21, con la noticia publicada, no habló con Van Grieken, ni con Álvarez Conde, ni con Marisa González. Además ha asegurado que las insistentes comunicaciones con Rosado se produjeron en un tono cordial, con la que llevaba cuatro años sin hablar.

Feito ha dicho que si la funcionaria Amalia Calonge pudo llamarla el día anterior fue porque ella acompañó a Cifuentes a recoger el título en 2012. Alguien del Gobierno de la Comunidad de Madrid se lo pidió porque conocía las instalaciones, como profesora en excedencia, pero ha añadido que solo había visto una vez brevemente a la presidenta con anterioridad y que ya había acompañado a buscar títulos a "estudiantes" y antiguas "compañeras" suyas.

Por su parte, la profesora Rosado ha reproducido su confesión en instrucción en la que explicó cómo contactó con las otras dos profesoras cuya supuesta firma aparece en el acta falsa del TFM de Cifuentes para copiar su rúbrica. En este sentido, ha asegurado que era "habitual" que en el Instituto de Derecho Público unos profesores firmaran por otros documentos oficiales. "Era la manera de hacer de Enrique Álvarez Conde", ha señalado. Rosado se enfrenta a una posible condena a 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Rosado ha ratificado igualmente que nunca vio a Cifuentes por las clases que ella impartía en el máster y que tampoco recuerda que se pudieran convalidar asignaturas. Igualmente ha asegurado que el 2 de julio de 2012, cuando Cifuentes asegura que defendió su TFM, ella no pudo asistir a dicha comparecencia porque estaba en su casa preparando una ponencia. También se ha referido a esta versión fabricada de la defensa de Cifuentes expuesta en una reunión en el domicilio de Álvarez Conde con posterioridad a la exclusiva de elDiario.es.

De otro lado, el abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, ha centrado parte de su interrogatorio a Rosado en si era algo “recurrente” que en el Instituto de Derecho Público que dirigía Álvarez Conde se falsificaran actas de los Trabajos de Fin de Máster. La profesora ha reconocido que es algo que ocurrió “alguna vez más”, si bien ha insistido en que, en esas ocasiones, el catedrático confirmaba que sí constaba ese trabajo, algo que no ocurrió en el caso de Cifuentes. 

Durante las cuestiones previas con las que ha arrancado el juicio, la defensa de Cifuentes ha aportado un peritaje de los actos programados que tuvo mientras era delegada de Gobierno en 2012 y que contiene el 2 de julio del 2012 a las 15:45 una cita guardada con el nombre "Master URJC", según el informe al que ha accedido elDiario.es. También ha presentado un certificado académico que verifica que superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó. El 2 de julio fue la fecha en la que se basó la coartada de Cifuentes cuando estalló el caso máster: es el día que figuraba en el acta aportado en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el Trabajo Fin de Máster (TFM). Toda esa documentación aparece a los dos años de que arrancara la causa por el falso máster de la expresidenta madrileña. El tribunal valorará dicho peritaje, realizado de parte.

Un juicio de solo una parte del escándalo

La Audiencia Provincial de Madrid retomará el juicio el próximo viernes con la declaración de Cifuentes, que se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial en el caso Máster, la trama académica desvelada por elDiario.es en la que alumnos VIP obtenían títulos de posgrado sin esfuerzo en la Universidad Juan Carlos I (URJC) de Madrid. 

Cifuentes se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el Trabajo Fin de Máster (TFM); sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se la juzga a partir de este lunes no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de este periódico, que reveló que sus notas habían sido falsificadas

La Fiscalía, que pide para ella tres años y tres meses de cárcel, la considera inductora de la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de TFM "que jamás se produjo" y que exhibió públicamente "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". La representación letrada de la Universidad Rey Juan Carlos eleva su petición a cuatro años de cárcel por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.

Lo que se juzga son las maniobras con las que la se intentó tapar el escándalo, no el supuesto sistema de regalo de títulos a personajes VIP que desveló este periódico. Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos "escogidos" que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. 

La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. El Alto Tribunal rechazó admitir a trámite la exposición razonada en la que Rodríguez-Medel solicitaba la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a esos estudios al no apreciar "indicios consistentes" de actuación delictiva por parte de Casado. Los jueces de la Sala de lo Penal, sí admitieron, no obstante, la existencia de "indicios" de que el líder del PP recibió un "trato de favor". 

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

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18 de enero de 2021 - 11:32 h

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